Normas De Ejecución

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NORMAS DE EJECUCIÓN ARTÍCULO 7: Establécense las siguientes regulaciones para ejecutar, controlar y evaluar lo dispuesto en los artículos anteriores. Estas disposiciones tendrán vigencia, exclusivamente, durante el ejercicio económico del año 2002. SECCIÓN I AUTORIZACIONES Autorización para recodificar 1. Autorízase al Poder Ejecutivo para que, por medio de decreto elaborado por la Dirección General de Presupuesto Nacional, recodifique los presupuestos ordinarios y extraordinarios, según la codificación general vigente. Autorización para comprometer automáticamente las transferencias y otros gastos 2. Autorízase al Poder Ejecutivo para comprometer en forma automática, con la carga inicial de la Ley de Presupuesto Ordinario y sus modificaciones, los créditos presupuestarios por concepto de transferencias, alquileres y de las partidas contenidas en el título 124, Servicio de Deuda Pública. Autorización para revalidar automáticamente los saldos provenientes de los recursos de crédito público y donaciones 3. Autorízase al Poder Ejecutivo para revalidar en forma automática, según el criterio técnico de la Dirección General de Presupuesto Nacional y en consulta con las unidades ejecutoras de los respectivos programas, los saldos disponibles y compromisos pendientes de los recursos del crédito público y de las donaciones incluidas en el presupuesto nacional que, al 31 de diciembre de 2001, hayan quedado en estas condiciones. La Dirección General de Presupuesto Nacional, con la aprobación de la Contraloría General de la República, elaborará, durante el segundo trimestre del año 2002, el correspondiente decreto ejecutivo, previa certificación sobre la efectividad de esos recursos y los generados por el diferencial cambiario, que la Contabilidad Nacional emitirá, para el efecto, a más tardar el 30 de marzo. De ser necesario, en este decreto se desincorporarán los recursos rescindidos, inutilizables o vencidos. Para los anteriores efectos, se autoriza al Poder Ejecutivo para incluir en dicho decreto, un inciso al artículo 1º de la presente Ley, a fin de incorporar las fuentes de financiamiento que respaldan la revalidación automática de los saldos disponibles y los compromisos pendientes enunciados en los párrafos anteriores. Autorización para el pago de revaloraciones salariales 4. Autorízase al Poder Ejecutivo, a los otros Poderes de la República, las instituciones adscritas a estos, el Tribunal Supremo de Elecciones, las dependencias administradoras de regímenes de pensiones y las instituciones descentralizadas que, por medio del presupuesto nacional, cubran los rubros de servicios personales y pensiones autorizadas en la presente Ley y en los presupuestos particulares de estas Instituciones para que, con cargo a las partidas existentes, efectúen el pago de las revaloraciones salariales del primer y segundo semestres del año 2002, de conformidad con los que se acuerden por incremento en el costo de la vida y las revaloraciones resueltas por el Servicio Civil y la Autoridad Presupuestaria. Autorización para efectuar traslados y modificaciones 5. Facúltase al Poder Ejecutivo para que, mediante decreto elaborado por el Ministerio de Hacienda, realice lo siguiente: a) Efectuar, dentro de cada programa, traspasos de recursos entre las subpartidas y crear las subpartidas necesarias dentro del título 124-00, Servicio de la Deuda Pública. b) Trasladar, previa autorización de la Contraloría General de la República, los sobrantes de las partidas de servicios personales y sus correspondientes cargas sociales, sobrantes en prestaciones legales, sobrantes en las partidas destinadas a la erogación de los diferentes regímenes de pensiones cargados al presupuesto nacional y los sobrantes en partidas de transferencias que incluyan el pago de salarios, para dar financiamiento a las partidas del servicio de la deuda pública, a las partidas para pagar pensiones y prestaciones legales con cargo al Gobierno central, o al pago de servicios personales y sus correspondientes cargas sociales y trasferencias que incluyan el pago de servicios personales, en los programas presupuestarios en que se generen faltantes. De la misma manera, se autoriza realizar en forma inversa, los traslados antes mencionados. Para realizar la rebaja de sobrantes en partidas de transferencias que incluyan el pago de salarios, se deberá de previo contar con la certificación de cada dependencia involucrada, de que los recursos por trasladar se consideran sobrantes presupuestarios, así como el que la rebaja propuesta no afectará el normal desarrollo de sus funciones. 6. Autorízase al Poder Ejecutivo para que, con la finalidad de adecuar los recursos presupuestarios a la programación, a partir del segundo trimestre del año, mediante decreto elaborado por la Dirección General de Presupuesto Nacional, previa autorización de la Contraloría General de la República, puedan ordenarse, dentro de un mismo programa o subprograma, traspasos entre los gastos autorizados en la presente Ley. Asimismo, sin modificar el monto de los recursos asignados al programa, podrán reordenarse traspasos por medio de la creación de un nuevo tipo de gasto, cuando este resulte indispensable para conseguir los objetivos y las metas de producción establecidas por cada programa o subprograma presupuestario. Sin embargo, para lo anterior se atenderán las siguientes restricciones: a) No se rebajarán las siguientes partidas y subpartidas: las destinadas a cubrir servicios personales, ni transferencias que incluyan el pago de salarios, excepto lo dispuesto en el inciso b) de la norma anterior; tampoco las partidas destinadas al pago de telecomunicaciones, energía eléctrica, productos alimenticios de los Ministerios de Seguridad Pública y de Justicia y Gracia, cuentas pendientes de ejercicios anteriores, ni las partidas destinadas a la ejecución de obras inconclusas y de carácter prioritario. b) No podrán aumentarse las sumas autorizadas en esta Ley para las subpartidas de: gastos de representación, artículos y gastos para recepciones, gastos de viaje al exterior, gastos de transporte de o para el exterior y las subpartidas pertenecientes a la partida de asignaciones globales. Las solicitudes de traspaso de partidas de un mismo programa o subprograma, sin perjuicio de las disposiciones internas que establezca el superior jerárquico de la institución, deben presentarse por escrito, firmadas por el jefe del programa o del subprograma, según corresponda, y ser autorizadas por el superior jerárquico de la institución. Deberán estar acompañadas por las respectivas justificaciones y la certificación de los saldos disponibles en las subpartidas sujetas a rebajo, firmada por el oficial presupuestal, así como de la reprogramación que, en los productos, objetivos, metas de gestión e indicadores, ocasionará la solicitud de traslado planteada. Se autoriza el traslado de partidas entre subprogramas, con las excepciones aquí establecidas, siempre y cuando dichas modificaciones presupuestarias no afecten el monto total del presupuesto asignado al programa mediante la presente Ley. En cualquier momento, los traspasos citados podrán efectuarse para atender situaciones de emergencia o calamidad pública, previamente declaradas por el Poder Ejecutivo. 7. Autorízase al Poder Ejecutivo para que, mediante decreto elaborado por el Ministerio de Hacienda y a solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones, efectúe traspasos entre las partidas correspondientes al Tribunal, sin exceder el monto total de cada programa presupuestario. Asimismo, sin modificar el monto de los recursos asignados al programa, podrán reordenarse traspasos mediante la creación de un nuevo tipo de gasto, cuando resulte indispensable para una mejor ejecución. Además, se autoriza el traslado de partidas entre subprogramas, siempre y cuando dichas modificaciones presupuestarias no afecten el monto total de presupuesto asignado ni el equilibrio entre las fuentes de financiamiento, de conformidad con la normativa vigente. Para estos efectos, el oficial presupuestal o su designado, certificará el saldo efectivamente disponible de las subpartidas que se rebajen. 8. Autorízase al Poder Ejecutivo para que mediante decreto elaborado por el Ministerio de Hacienda y cuando lo determinen las leyes y los convenios, las enmiendas o cartas de entendimiento en tal sentido, se permita cualquier tipo de traspaso en los programas financiados con recursos provenientes de crédito externo o donaciones. Autorización para la creación de un Fondo Rotatorio 9. Autorízase al Poder Ejecutivo para constituir, en la Proveeduría Nacional, un fondo rotatorio hasta de cien millones de colones (¢100.000.000,00) que servirá para atender, oportunamente, las demandas de suministros y materiales de uso común y continuo de la Administración Pública. El fondo se administrará de conformidad con las disposiciones que, al efecto, establezca la Tesorería Nacional, en procura de la más eficiente gestión de los recursos y en consonancia con el principio de caja única. Periódicamente y con intervalos máximos de seis meses, la Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda realizará un estudio de auditoría para evaluar la eficiencia con que se ha administrado dicho fondo y emitirá un informe con las recomendaciones que considere necesarias, a fin de garantizar el buen funcionamiento del fondo y el uso óptimo de los recursos públicos. La Proveeduría Nacional no proporcionará los materiales y suministros adquiridos con los recursos de ese fondo, hasta el momento en que las solicitudes de mercancías estén debidamente aprobadas y tramitadas por las oficinas respectivas. Autorización para la creación de un fondo para el Poder Judicial 10. El Poder Judicial constituirá, para su funcionamiento, un fondo rotatorio, con el objeto de facilitar la adquisición de materiales, mercaderías y servicios, por el monto fijado en la Ley de Contratación Administrativa para las compras directas de carácter indispensable y urgente, así como para atender el pago de salarios del personal que ingresa al servicio judicial, durante el tiempo que demore el trámite de formalización y pago efectivo, por medio del sistema de pagos de la Dirección General de Informática del Ministerio de Hacienda. El monto autorizado será de cincuenta millones de colones (¢50.000.000,00) y podrá incrementarse hasta ciento cincuenta millones de colones (¢150.000.000,00). Cualquier modificación del reglamento del fondo rotatorio, incluso la creación de subfondos rotatorios y la definición del monto de operación, corresponderá a la Corte Plena. Este fondo se manejará en una cuenta corriente en un banco del Estado, contra la cual solo podrán girarse cheques u órdenes de pago con las firmas de los funcionarios que determine la Corte Plena, mediante reglamento. Corresponde a la auditoría judicial llevar el control del fondo. La Contraloría General de la República, periódicamente y con intervalos máximos de seis meses, efectuará una auditoría para evaluar la eficiencia con que se ha administrado dicho fondo y emitirá las recomendaciones que considere necesarias, a fin de garantizar su buen funcionamiento y el uso óptimo de los recursos públicos. Autorización para la creación de un fondo rotatorio en la Asamblea Legislativa 11. El Poder Ejecutivo, por medio de la Tesorería Nacional, constituirá un fondo rotatorio para el funcionamiento de la Asamblea Legislativa, con el objeto de facilitar la adquisición de bienes y servicios, por el monto fijado en el reglamento de la contratación administrativa para las compras directas. El monto autorizado para adquirir los bienes y servicios será de diez millones de colones (¢10.000.000,00). Este fondo se administrará en un banco del Estado, en cuenta corriente contra la cual solo podrán girarse cheques con las firmas de los funcionarios que el Directorio Legislativo determine mediante reglamento. Corresponderá al Departamento Financiero de la Asamblea Legislativa llevar el control del fondo rotatorio. La Contraloría General de la República, periódicamente y con intervalos máximos de seis meses, efectuará una auditoría para evaluar la eficiencia con que se ha administrado dicho fondo y emitirá las recomendaciones que considere necesarias, a fin de garantizar el buen funcionamiento del fondo y el uso óptimo de los recursos públicos. Para la operación del fondo rotatorio, la Asamblea Legislativa dictará un reglamento que deberá ser aprobado por el Directorio Legislativo. SECCIÓN II REGULACIONES ADMINISTRATIVAS REGULACIONES SOBRE EL PERSONAL Y LA RELACIÓN DE PUESTOS Servicios Especiales 12. Los sueldos del personal pagado por medio de la subpartida de servicios especiales de los ministerios, no podrán ser superiores a los devengados por el personal incorporado al Régimen del Servicio Civil, por el desempeño de funciones similares. Además, el personal pagado por servicios especiales deberá cumplir con los requisitos del citado Régimen. Los nombramientos deberán ajustarse a lo indicado en la relación de puestos de cada ministerio o en la clasificación de la Dirección General de Servicio Civil. La relación de puestos de servicios especiales podrá modificarse, siempre que sea dentro del mismo programa y mediante decreto elaborado por el Ministerio de Hacienda. 13. Los sueldos del personal pagado por medio de la subpartida de servicios especiales de la Defensoría de los Habitantes de la República, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, no podrán ser superiores a los contenidos en el índice salarial vigente de cargos fijos de cada una de estas instituciones, para puestos con funciones similares. 14. Mensualmente, la Junta Administrativa del Registro Nacional depositará, en el Fondo General del Gobierno, los recursos necesarios para cubrir los gastos contenidos en la presente Ley y sus modificaciones, por servicios personales, cargas sociales y otros extremos salariales de los funcionarios nombrados al amparo del Decreto Ejecutivo Nº 16697-J, publicado en La Gaceta Nº 229, de 29 de noviembre de 1985, y reformado por los Decretos Ejecutivos Nº 17012-J, de 15 de mayo de 1986; Nº 17729- J, de 11 de setiembre de 1987; Nº 18637-J, de 25 de noviembre de 1988; Nº 18801-J, de 10 de febrero de 1989 y Nº 19361-J, de 20 de diciembre de 1989. Modificaciones de las Relaciones de Puestos 15. Autorízase al Poder Ejecutivo para que, por medio del Ministerio de Hacienda, aplique, en la relación de puestos de la presente Ley, las modificaciones de los salarios de cada una de las clases de puestos contenidas en ella, producto de la revaloración por costo de vida, resuelta por la Dirección General de Servicio Civil, la Autoridad Presupuestaria y los que se deriven de ellas. Para este fin, se utilizarán los recursos indicados en las coletillas Nº 82 y Nº 83, según corresponda, incluidas en las relaciones de puestos de cada programa presupuestario. 16. El Poder Ejecutivo, a solicitud del Ministro de Educación Pública y mediante decreto confeccionado por los Ministerios de Hacienda y de Educación Pública, podrá modificar la relación de puestos de cargos fijos de los centros educativos de los subprogramas presupuestarios : 01 Enseñanza Preescolar I y II Ciclos, 02 Tercer Ciclo y Educación Diversificada Académica, 03 Tercer Ciclo y Educación Diversificada Técnica, 04 Enseñanza Especial y 05 Educación para Jóvenes y Adultos, todos contenidos en el programa presupuestario 573-Implementación de la Política Educativa, considerando que: a) Fluctúe la matrícula de los centros educativos. b) Las condiciones de cada centro educativo ameriten ampliar la nómina de personal administrativo, administrativo-docente, técnico-docente y docente. c) Los cambios sean necesarios para dar continuidad a los programas prioritarios de la Administración (Informática Educativa, Idioma Extranjero, Escuelas de Excelencia y Mejoramiento de la Educación Secundaria). d) Se necesite crear nuevos centros educativos para ampliar la cobertura de la educación en los diferentes niveles de enseñanza. e) La ampliación de la cobertura del servicio educativo y la emisión de un acuerdo de la Comisión Nacional de Nomenclatura ameriten cambiarle el nombre a las instituciones educativas. Para efectuar dichas modificaciones en la relación de puestos de cargos fijos docentes, podrán trasladarse puestos y lecciones entre los diferentes subprogramas y los centros educativos, siempre que: i) El número de plazas y lecciones que se aumentan sea igual al de las que se rebajan. ii) El traslado o cambio de puesto que se efectúe no perjudique los derechos adquiridos por los servidores de los centros educativos. A fin de cumplir lo enunciado en el inciso e) de esta norma, el cambio de denominación de los centros educativos se incluirá como un artículo adicional en los decretos ejecutivos que se elaboren en el transcurso del año. Para efectos de la emisión de pagos y en garantía del control presupuestario de la relación de puestos de cargos fijos de los centros educativos, el Ministerio de Hacienda, por medio de la Dirección General de Informática, aplicará en el Sistema de Pagos la relación de puestos y sus correspondientes modificaciones (decretos ejecutivos). Para ello, utilizará la información documental y electrónica que el Departamento de Estudios y Programación Presupuestaria, del Ministerio de Educación Pública, le suministre para tal efecto. Por razones de conveniencia y oportunidad en el pago de los servidores del Ministerio de Educación Pública, se autoriza a la Dirección General de Personal de dicha institución para que aplique al sistema de pagos del Gobierno central, previa publicación en La Gaceta, los movimientos de personal derivados de los decretos ejecutivos. 17. El Poder Ejecutivo, a solicitud del Ministerio de Educación Pública y mediante decreto confeccionado por los Ministerios de Hacienda y de Educación Pública, podrá modificar la relación de puestos de cargos fijos de los centros educativos de los subprogramas presupuestarios: 01 Enseñanza Preescolar I y II Ciclos, 02 Tercer Ciclo y Educación Diversificada Académica, 03 Tercer Ciclo y Educación Diversificada Técnica, 04 Enseñanza Especial y 05 Educación para Jóvenes y Adultos, contenidos en el Programa Presupuestario 573- Implementación de la Política Educativa, convirtiendo puestos en lecciones o lecciones en puestos, según se requiera, en los distintos centros educativos del país, considerando que: a) Fluctúe la matrícula de los centros educativos. b) Se amplíe la cobertura por los programas prioritarios. c) Las condiciones de cada centro educativo ameriten ampliar la nómina de personal administrativo, administrativo-docente, técnico- docente y docente. 18. Autorízase al Poder Ejecutivo para que, mediante decreto y a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, modifique en el transcurso del año la relación de puestos del Programa 081-00, Servicio Exterior, para adecuarla a las necesidades de las situaciones políticas y económicas que lo demanden, sin sobrepasar la cantidad de puestos ni el monto de la cuota anual autorizada para este fin en la ley. Sin embargo, no podrá rebajar las dotaciones mensuales de los puestos ocupados. Además, se autoriza al Ministerio para que, por el medio antes señalado, proceda a distribuir los gastos de representación, los gastos de oficinas consulares y de oficinas de cancillerías. 19. A solicitud de la Corte Suprema de Justicia, el Poder Ejecutivo, mediante decretos preparados por el Ministerio de Hacienda, le practicará las modificaciones necesarias al presupuesto del Poder Judicial, en todo lo relacionado con traslados, creación y reasignación de plazas, u organización de oficinas indispensables para aplicar los distintos códigos procesales y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, Nº 3667, de 12 de marzo de 1966, así como lo referente a la aplicación de las Leyes Nº 6332, de 8 de junio de 1979, Nº 7046, de 6 de octubre de 1986, y Nº 7333, de 5 de mayo de 1993, cuando sea necesario para el óptimo funcionamiento del Poder Judicial. Para lo anterior, se tomarán los recursos presupuestarios de la subpartida de sueldos para cargos fijos, de acuerdo con el desglose incluido en la parte final de la relación de puestos y de las subpartidas modificadas por los decretos que se dicten. B. PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 20. El Ministerio de Hacienda podrá autorizar la ejecución hasta de tres doceavos de los gastos aprobados en la presente Ley de Presupuesto Nacional. Además de las autorizaciones habituales, las solicitudes de reserva de crédito especial y las de mercancías o servicios que impliquen ampliar la cuota máxima de tres doceavos, requerirán la autorización del Tesorero Nacional o su designado. Esta autorización podrá realizarse electrónicamente, siempre que se establezcan los controles pertinentes. Asimismo, se autoriza al Ministerio de Hacienda para ejecutar, de una sola vez, las subpartidas del presupuesto cuyos montos anuales sean iguales o inferiores a quinientos mil colones (¢500.000,00). Créditos presupuestarios destinados a gastos fijos 21. Los créditos presupuestarios destinados a gastos fijos, se considerarán comprometidos al producirse los actos que generen la obligación prevista en ellos, por tanto, el hecho mismo de devengar los sueldos constituye legalmente el compromiso. Para pagar los compromisos pendientes al 31 de diciembre de 2001, las oficinas encargadas de la liquidación presupuestaria deberán establecer y tramitar, de oficio, las reservas de crédito especial de los rubros estimados en estos créditos, de acuerdo con los saldos disponibles en esa fecha. 22. Las sumas aprobadas para gastos de representación de los miembros de los Supremos Poderes se girarán como gastos fijos, para pagarlos no se requerirá presentar comprobante. Igual procedimiento se seguirá para tramitar los gastos de representación del Servicio Exterior, los viceministros y oficiales mayores. Los demás funcionarios a quienes se les paguen gastos de representación, deberán cumplir los procedimientos establecidos por la Contraloría General de la República. Créditos presupuestarios destinados a gastos variables 23. No se incurrirá en ningún compromiso con cargo a una partida de gastos variables si, previamente, no ha sido reservado el contenido presupuestario para atender dicha obligación. Subpartidas para gastos en el exterior 24. De las subpartidas para gastos de viaje en el exterior y transporte de o para el exterior, únicamente se cubrirán los gastos realizados por los servidores públicos, los asesores técnicos de organismos internacionales y las comitivas de la Presidencia de la República. Subpartida de gastos de viaje: Servicio Exterior 25. Para el traslado de embajadores concurrentes que, en el ejercicio de su cargo, deban presentar cartas credenciales en sedes distintas de la permanente, se utilizará la subpartida "Transporte de o para el exterior". También se tomarán de esta subpartida los recursos para trasladar a los representantes o delegados que designe el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto para asistir a congresos, conferencias o reuniones efectuados en sitios distintos de la sede donde estos servidores ejercen sus funciones. Las subpartidas "Gastos de viaje en el exterior" y "Transporte de o para el exterior", se utilizarán para trasladar a los funcionarios del programa 081-00 Servicio Exterior. Trámite de solicitudes de crédito especial y de mercancías 26. Las solicitudes de reserva de crédito especial y de mercancías o servicios requerirán, para su trámite, la firma de autorización del jefe de programa; sin embargo, cuando el programa esté estructurado por subprogramas, la autorización corresponderá al jefe de cada subprograma, sin perjuicio de las disposiciones internas que establezca el superior jerárquico de la institución. Subpartida para prestaciones legales 27. Los órganos del Gobierno central utilizarán el rubro "prestaciones legales" para cubrir obligaciones jurídicas a cargo del Estado, en aplicación del Código de Trabajo y el Estatuto de Servicio Civil, excepto compensación de vacaciones a los funcionarios. Deberán pagarse las cuentas en estricto orden de presentación al Departamento Financiero de cada uno y por el monto total. Sin embargo, en el pago de las cuentas tendrán prioridad las presentadas por servidores que fallecieron antes de que el pago se hiciera efectivo y las presentadas por concepto de prestaciones laborales, por causahabientes de los fallecidos; en ambos casos, siempre que queden viudos e hijos menores. Asimismo, serán prioritarias las cuentas de personas que no puedan seguir laborando por incapacidad permanente y tengan derecho a prestaciones. Ejecución de transferencias presupuestarias 28. Los recursos que se asignen en la presente Ley, mediante transferencias presupuestarias en favor de sujetos de derecho público y privado, sin menoscabo de sus derechos constitucionales y su naturaleza jurídica, se mantendrán en la caja única del Estado y serán girados a sus destinatarios conforme a la programación que para ejecutarlos presenten los respectivos beneficiarios, previa presentación de la conciliación bancaria correspondiente al mes anterior a la solicitud y la programación del flujo de recursos financieros establecida por el Ministerio de Hacienda. Esta disposición no se aplicará a las municipalidades que reciban transferencias por medio del presupuesto nacional, cuando los recursos incorporados se originen en una ley ordinaria que defina, específicamente, el destino de ellos. En caso de necesidades urgentes o imprevistas, tratándose de guerra, conmoción interna o calamidad pública debidamente declarada, podrán obviarse los trámites de programación y pago señalados en los párrafos anteriores, durante el plazo de dicha declaratoria. Liquidación de presupuestos extraordinarios financiados con recursos externos 29. De la liquidación del presupuesto al 31 de diciembre de cada año, cuyos ingresos se originen en crédito externo, se tomarán como recursos los gastos efectivos no reembolsados antes de esa fecha por los organismos correspondientes. Entre los reembolsos por recibir se incluirán los gastos reconocidos para obras que ejecute el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, mediante su administración. Una vez efectuadas las obras, el reembolso deberá solicitarse a los organismos del exterior. Acuerdos de pago y ejecución del presupuesto de órganos constitucionales 30. Los Poderes Legislativo y Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Contraloría General de la República emitirán o autorizarán los acuerdos de pago para girar, de sus presupuestos, partidas de gastos variables. Para tal efecto, deberán aprobarse previamente las solicitudes de mercancías o de servicios y las reservas de crédito especial, por parte de las oficinas competentes. Financiamiento y ejecución de la actividad de auditoría 31. Las modificaciones presupuestarias que afecten los rubros asignados a la actividad de auditoría interna, serán tramitadas siempre que estén acompañadas de la respectiva autorización del auditor interno o del funcionario designado por él para esta función. 32. Para ejecutar las partidas que correspondan a la actividad de auditoría interna, se requiere que los documentos de ejecución presupuestaria contengan la autorización previa del auditor interno o la del funcionario designado por él para esta función. Control sobre el uso de los fondos transferidos a entidades y organismos públicos y privados 33. La Contraloría General de la República deberá ejercer un control estricto sobre el uso de los fondos autorizados en el presupuesto nacional, otorgados por medio de subvenciones y transferencias giradas a entidades y organismos públicos o privados. Cuando la Contraloría General de la República determine cuáles entidades deben someterle un presupuesto para disponer de los fondos a los que se refiere esta norma, comunicará el dato a la Dirección General de Presupuesto Nacional y a la Tesorería Nacional, para que no autoricen la emisión de transferencias a entidades que no hayan cumplido este requisito ni suministrado información referente a la aplicación de fondos públicos. Las entidades públicas o privadas receptoras de subvenciones deberán remitir, a la Contraloría General de la República, a más tardar el 31 de enero de cada año, la liquidación de los presupuestos correspondientes al año anterior. Control del uso y destino de las partidas específicas 34. Las partidas específicas, incluso durante su ejecución efectiva, estarán sujetas a la fiscalización de la Contraloría General de la República. Por ello, al final de esta ejecución, los beneficiarios deberán rendir un informe detallado a dicho órgano contralor, con las copias de los contratos suscritos y un desglose minucioso de los gastos. La Contraloría General de la República siempre tendrá acceso a los registros contables de las entidades que gocen de tales partidas. Las iniciativas presupuestarias a las que se refiere el párrafo anterior se sujetarán a las siguientes reglas: a) Los diputados no podrán tramitar partidas específicas que los beneficien, directa ni indirectamente, ya sea en su carácter personal o como socios o miembros de juntas directivas o consejos de administración de entidades jurídicas. b) La prohibición del inciso anterior comprende también al cónyuge, hijos, padres, hermanos, suegros, yernos, nueras y cuñados de los diputados. Igualmente estarán inhibidos de favorecerse con estas partidas asistentes, asesores y secretarias de las fracciones políticas de la Asamblea Legislativa 35. El Ministerio de Hacienda no emitirá órdenes de pago por concepto de partidas específicas, a entidades públicas ni privadas que no estén constituidas legalmente. Cuando los recursos girados correspondientes a tales partidas no puedan utilizarse en forma inmediata y sean invertidos por sus beneficiarios, los intereses que genere su inversión financiera deberán ser agregados al principal, con el mismo destino. 36. Preparación y remisión de informes de avance físico y financiero Las entidades sujetas al presupuesto nacional realizarán una evaluación semestral y una anual en el nivel programático. La metodología y los requerimientos de información que se utilizarán para la evaluación semestral y anual, serán determinados y comunicados con antelación por la Dirección de Presupuesto Nacional. Con base en la información suministrada por cada programa, las instituciones elaborarán un informe de autoevaluación institucional, con la estructura y el nivel de detalle que solicite la Dirección General de Presupuesto Nacional, a más tardar quince días hábiles después de haberse cumplido el período de evaluación. Cuando para las instituciones resulte estrictamente necesario variar la programación contenida en esta Ley, en razón de haberse producido cambios relevantes en los procesos productivos, deberán enviar, durante el primer trimestre del año, su programación ajustada, acompañada de la debida justificación, la cual, una vez analizada por la Dirección General de Presupuesto Nacional, de ser procedente se convertirá en la base para evaluar la institución. La Dirección General de Presupuesto Nacional analizará los resultados presentados en estos informes y preparará un informe de evaluación para el ejercicio, con los comentarios que considere pertinentes al efecto, el cual se remitirá a los jerarcas quince días hábiles después de la recepción de los informes anuales de evaluación institucional, con el objetivo de que se realicen las aclaraciones y observaciones que la institución considere necesarias; para ello contarán con cinco días hábiles a partir de su recibo. Las aclaraciones y las observaciones correspondientes serán analizadas e incorporadas al informe, de conformidad con el criterio técnico que establezca al respecto la Dirección General de Presupuesto Nacional. Una vez ajustados los informes institucionales de evaluación para el ejercicio económico, la Dirección General de Presupuesto Nacional los remitirá nuevamente a los jerarcas y, con base en aquellos, emitirá un informe consolidado de evaluación, que incluirá comentarios generales de los resultados alcanzados por las instituciones en el período. Los informes consolidados de evaluación correspondientes al término de cada semestre serán remitidos al Ministro de Hacienda, a la Comisión Permanente Especial para el Control de Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa y a la Contraloría General de la República. Serán remitidos a más tardar quince días hábiles después de la fecha en que la Dirección General de Presupuesto Nacional haya comunicado los resultados definitivos a los jerarcas de las dependencias. 37. Para lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Administración Financiera de la República, Nº 1279, de 2 de mayo de 1951, se transforman en subvenciones todos los productos de rentas con destino específico, según el detalle especial contenido en esta Ley. 38. Las modificaciones presupuestarias que se efectúen con base en las disposiciones de los artículos 3, 4, 5 y 6 de la presente Ley, deberán ser aprobadas por la Contraloría General de la República, según lo establece el artículo 184 de la Constitución Política; no obstante, para efectos de seguimiento y análisis de la Dirección General de Presupuesto Nacional, las instituciones deberán remitir a esta una copia del documento, una vez aprobado por la Contraloría General de la República. 39. La Contraloría General de la República contará con un plazo máximo de quince días hábiles, contados a partir del recibo de cada proyecto de decreto de modificación al presupuesto, para emitir por resolución su criterio técnico, la cual remitirá al Ministerio de Hacienda. Vencido este plazo, el proyecto se tendrá por aprobado y se procederá a su trámite y publicación. 40. Autorízase al Poder Ejecutivo para que, mediante decreto elaborado por el Ministerio de Hacienda, modifique el número de cédula jurídica de los beneficiarios de transferencias cuando, a solicitud del oficial presupuestal del respectivo ministerio, se determine que, evidentemente y de conformidad con pruebas fehacientes, el número consignado en la Ley de Presupuesto Ordinario se encuentra incorrecto. SECCIÓN III NORMAS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA EL 2002 41. Los fondos de las divisas provenientes del crédito externo, otorgados al Gobierno central o las instituciones descentralizadas, deberán transformarse en moneda nacional, según el tipo de cambio vigente en ese momento para la compra de divisas (tasa de referencia calculada por el Banco Central de Costa Rica) o al tipo de cambio vigente en el momento de la conversión. 42. Hasta donde las partidas presupuestarias lo permitan, los efectos de las devaluaciones monetarias efectuadas por el Banco Central de Costa Rica, no deberán repercutir en las asignaciones en moneda extranjera, dispuestas en la presente Ley para los servidores y las oficinas del Servicio Exterior de la República y los servidores del programa 796-00 Política Comercial Externa. Mediante decreto, el Ministerio de Hacienda utilizará los saldos mensuales del Programa 081-00, Servicio Exterior y 796-00 Política Comercial Externa que no se hayan usado para cubrir esas diferencias cambiarias. La Contabilidad Nacional coordinará con la Dirección General de Presupuesto Nacional, el cargo al presupuesto, en cuanto reciba el informe mensual del Banco Central de Costa Rica sobre las diferencias anteriores. La Dirección General de Presupuesto Nacional, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el Ministerio de Comercio Exterior, velará porque las partidas asignadas en colones cubran esos ajustes. Las diferencias que, por variaciones del tipo de cambio, se presenten entre la asignación en dólares para los cargos del Servicio Exterior y del Programa 796-00 Política Comercial Externa, aprobadas en la Ley de Presupuesto, y las órdenes de pago en colones que la Tesorería Nacional remite mensualmente al Banco Central de Costa Rica, podrán cubrirse con cargo directo al fondo general del Gobierno, previa aprobación de la Tesorería Nacional; además, el ajuste correspondiente se realizará en las partidas presupuestarias que originaron estas diferencias. 43. Con el fin de cubrir posibles faltantes del Servicio de la Deuda Pública, se autoriza al Poder Ejecutivo para que, mediante decreto, incorpore en el presupuesto nacional, los siguientes recursos: a) Los que el Gobierno reciba del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el Banco Central de Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social y Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago, como repago por los servicios de la deuda que el Ministerio de Hacienda haya contraído con los organismos, por créditos otorgados a estas instituciones. b) Los originados en la deuda bilateral del Gobierno con las instituciones del sector público, como producto de los convenios amparados en las Minutas de París, para el faltante de la deuda externa del Gobierno central, según la documentación respectiva. c) Los que reciba el Gobierno del Banco Nacional de Costa Rica como repago, según el contrato de préstamo subsidiario con este Banco, derivado del contrato de préstamo suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento Nº 2764-O-CR, aprobado en la Ley Nº 7090, de 10 de febrero de 1988. El mismo procedimiento se seguirá con los recursos provenientes de la Cooperativa Agroindustrial de Productos de Palma Aceitera, según la Ley Nº 7062, de 2 de abril de 1987, por el traspaso de las instalaciones financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo y de la Commonwealth Development Corporation. Mientras se procede con el decreto ejecutivo correspondiente, estos recursos se trasladarán a la cuenta "Saldos del presupuesto por ejecutar de la Contabilidad Nacional". ASAMBLEA LEGISLATIVA.- San José, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil uno. COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO Ovidio Antonio Pacheco Salazar PRESIDENTE Vannesa de Paúl Castro Mora Everardo Rodríguez Bastos PRIMERA SECRETARIA SEGUNDO SECRETARIO dr.-