Régimen Privado De Pensiones Complementarias Y Reformas De La Ley Reguladora Del Mercado De Valores Y Del Código De Comercio

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7507 (VETADA) LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA DECRETA: REGIMEN PRIVADO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS Y REFORMAS DE LA LEY REGULADORA DEL MERCADO DE VALORES Y DEL CODIGO DE COMERCIO ARTICULO I.- Se crea el régimen privado de pensiones complementarias, cuyo texto dirá: REGIMEN PRIVADO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1.- Objetivos La presente Ley tiene por objeto autorizar y regular la creación de los sistemas o planes privados de pensiones complementarias y de ahorro individual, destinados a brindar a los beneficiarios, protección complementaria ante los riesgos de la vejez y la muerte. Artículo 2.- Definiciones Para los efectos de esta Ley, se presentan las definiciones siguientes: a) Planes privados de pensiones complementarias (en adelante denominados planes): programas orientados a otorgar beneficios complementarios a los que ofrecen la Caja Costarricense de Seguro Social y los distintos regímenes estatales de pensiones, de conformidad con lo establecido en la presente Ley. b) Régimen privado de pensiones complementarias: conjunto de sistemas o planes privados de pensiones complementarias orientados a otorgar la protección a la que se refiere el artículo 1 de esta Ley. c) Fondo privado de pensiones complementarias (en adelante denominado fondo): fondo que constituyan las operadoras de planes de pensiones con las contribuciones de los afiliados y los cotizantes de los diversos planes que ellas ofrezcan. El fondo también incluirá los rendimientos o los productos de las inversiones, una vez deducidas las comisiones. El fondo será patrimonio de los afiliados, independiente y separado del patrimonio de la operadora. El valor del fondo será igual a la suma de las distintas cuentas individuales que lo conforman y sus respectivos rendimientos financieros. d) Operadoras de planes de pensiones (llamadas en adelante operadoras): entidades que se encargan de recibir los aportes, constituir los fondos, administrarlos y otorgar los beneficios correspondientes, conforme a las normas de esta Ley y sus reglamentos. e) Afiliado: persona física que se mantiene adscrita a un plan, con el propósito de recibir los beneficios previstos en los planes ofrecidos por las operadoras. f) Cotizante: persona física o jurídica que contribuya voluntariamente a un plan determinado, con la intención de fortalecerlo y ampliar los beneficios en favor de los trabajadores afiliados. g) Comisión ordinaria: porcentaje de las contribuciones de cada cuenta individual, con el que se pagará los gastos administrativos y la utilidad de cada operadora. h) Comisión extraordinaria: cargo que se cobre por encima de la comisión ordinaria por servicios o garantías adicionales, distintos del manejo normal del fondo, que puedan ser autorizados por esta Ley y su Reglamento. i) Ingreso voluntario: facultad de cualquier persona física de optar por un plan de los ofrecidos por una operadora determinada, así como la facultad de afiliarse a la operadora de su elección. j) Libre transferencia: facultad del afiliado para trasladar los fondos capitalizados en su cuenta a otra operadora de su elección, sin costo alguno y sin menoscabo de los beneficios que esta Ley le otorga. k) Reserva para pérdidas de capital: reserva que para cada fondo constituyan las operadoras con parte de los rendimientos devengados por la cartera de inversiones de ese fondo, para responder ante eventuales pérdidas de su capital, según los lineamientos que dicte el ente regulador. l) Porcentaje de descuento: el que la operadora cobra al afiliado en caso de anticipar su retiro. Se determina sobre la diferencia entre el saldo total del fondo y los aportes totales del afiliado. CAPITULO II OPERADORAS DE PLANES DE PENSION Artículo 3.- Operadoras Podrán constituirse como operadoras de planes de pensiones complementarias, las sociedades anónimas establecidas con el único objeto de administrar planes privados de pensiones complementarias. El ente regulador determinará los requisitos y las condiciones que deberán cumplir las sociedades anónimas para ser autorizadas a funcionar como operadoras de fondos de pensiones, con arreglo a las disposiciones de esta Ley y a las del Código de Comercio en lo relativo a la constitución de sociedades anónimas. Los bancos del Estado, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, el Instituto Nacional de Seguros, la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, cuando operen fondos de pensiones, deberán hacerlo mediante departamentos especializados, a cargo de un gerente específico. En estos casos, la operación y la administración de los fondos de pensiones serán separadas de las propias de la institución a la que pertenecen, manejarán fondos independientes, llevarán una contabilidad separada y se regirán por lo establecido en la presente Ley. No podrán realizarse transferencias de fondos entre las actividades propias del banco o la institución y los fondos de pensiones. Las reservas, los criterios de inversión y de riesgo, y las demás garantías para que operen los fondos de pensiones a que se refiere esta Ley, se aplicarán igualmente a los departamentos citados. Asimismo, quedarán sujetos al régimen de sanciones y a las medidas cautelares previstas en la presente Ley. Las entidades o las empresas públicas a que pertenecen quedarán sujetas al régimen de tutela y a las directrices del ente regulador. Artículo 4.- Publicidad Las operadoras sólo podrán efectuar publicidad una vez dictada la resolución que autorice su existencia. Toda información que se brinde deberá ser firmada por el representante legal de la operadora que la suministra. Artículo 5.- Capital mínimo de una operadora El capital mínimo necesario para la formación de una operadora de fondos de pensiones no podrá ser inferior a una cuarta parte del capital mínimo establecido para los bancos privados y deberá ser íntegramente suscrito y pagado en dinero efectivo. Las entidades citadas en el párrafo segundo del artículo 3 deberán constituir una provisión de reserva patrimonial por el mismo monto. Si el Banco Central de Costa Rica, en el ejercicio de la potestad contemplada en el artículo 151 de su Ley Orgánica modifica el capital mínimo de los bancos privados, el de las operadoras variará automáticamente en concordancia. Si a juicio del ente regulador, las inversiones de alguna operadora reportan un crecimiento acelerado y significativo, se ordenará aumentar el capital en concordancia, según los lineamientos de aplicación general que ese ente regulador deberá dictar. Si el capital de la operadora se redujera de hecho a una cantidad inferior al mínimo exigido, deberá completarlo dentro de un plazo máximo de tres meses, de conformidad con el procedimiento que, para tal efecto, establecerá el ente regulador. Artículo 6.- Ofertas de las operadoras Las operadoras podrán administrar uno o más fondos de pensión y únicamente podrán ofrecer: a) planes de capitalización individual e invertir esos recursos de acuerdo con lo que se dispone en esta Ley y b) planes de pensiones complementarias. Artículo 7.- Destino del fondo El fondo se destinará a financiar los beneficios previstos en los respectivos planes y responderá a las cuentas individuales que se acumulen. En las cuentas individuales, deberán registrarse la totalidad de los aportes de los afiliados y los cotizantes y el producto de las inversiones del fondo. Sólo podrán efectuarse giros destinados a la adquisición de títulos para el mismo fondo, al pago de las comisiones respectivas y a cumplir con el servicio de las prestaciones debidamente acreditadas de sus afiliados. Artículo 8.- Patrimonio de los afiliados El fondo será patrimonio de los afiliados, independiente y separado del patrimonio de la operadora. El valor del fondo de pensiones será igual a la suma de las distintas cuentas individuales que lo conforman y sus respectivos rendimientos financieros. El fondo no podrá cederse, ni gravarse, ni enajenarse, ni disponerse de él para propósitos distintos de los establecidos en esta Ley. La operadora deberá llevar una contabilidad separada del fondo. Artículo 9.- Establecimiento de la comisión ordinaria Las operadoras tendrán derecho a una comisión ordinaria destinada a financiar la administración de cada fondo de pensiones. Esa comisión se deducirá de las respectivas cuentas de capitalización individual. Cada operadora establecerá la comisión ordinaria, sobre la base de un porcentaje fijo máximo establecido por el ente regulador, que se aplicará sobre el rendimiento de las inversiones del fondo durante el período fiscal respectivo, en forma individual sobre una base mensual. Cada operadora informará oportunamente a sus cotizantes, afiliados y al ente regulador de las variaciones que experimente su comisión ordinaria. Artículo 10.- Establecimiento de la comisión extra- ordinaria Las operadoras podrán cobrar una comisión extraordinaria por servicios de carácter voluntario, adicionales a los derivados de la administración del fondo. Esos servicios deberán detallarse y justificarse siempre y cuando el cobro de la comisión haya sido aprobado por el ente regulador y, posteriormente, comunicado a todos los afiliados y los cotizantes. Artículo 11.- Confidencialidad de la información Los miembros de la Junta Directiva, los apoderados, los gerentes, los administradores y cualquier persona que, en razón de su labor en una operadora, tengan acceso a información de las inversiones de los recursos de un fondo que aún no se haya divulgado oficialmente en el mercado y que, por su naturaleza, sea capaz de influir en las cotizaciones de los valores de dichas inversiones, deberán guardar estricta confidencialidad respecto de esa información. Asimismo, se prohíbe a las personas mencionadas valerse, directa o indirectamente, de la información reservada para obtener, para sí o para otros distintos del fondo de pensiones, ventajas mediante la compra o venta de valores. Ninguna información registrada en las cuentas individuales podrá ser suministrada a terceros, excepto en los casos previstos en esta Ley. CAPITULO III INVERSIONES DEL FONDO Artículo 12.- Inversiones Los fondos que constituyan las operadoras deberán ser invertidos para el provecho primordial de los afiliados, procurando el necesario equilibrio entre seguridad, incremento de su valor, rendimientos reales, rentabilidad y liquidez. Artículo 13.- Modos de inversión Para salvaguardar la seguridad de la inversión, los recursos del fondo deberán invertirse en: a) Títulos emitidos, avalados o afianzados por el sector público. b) Depósitos a plazo y otros títulos representativos de captaciones de instituciones financieras debidamente reguladas por la Auditoría General de Entidades Financieras. c) Títulos garantizados por entidades financieras. d) Letras de cambio emitidas o avaladas por instituciones financieras. e) Bonos y otros instrumentos de renta fija de empresas públicas y privadas, inscritas en la Comisión Nacional de Valores. f) Acciones de sociedades anónimas inscritas en la Comisión Nacional de Valores. g) Otros instrumentos financieros autorizados por la Comisión Nacional de Valores. Las instituciones financieras mencionadas en los incisos b), c) y d) deberán estar autorizadas para funcionar en el país. Todos los instrumentos indicados en este artículo deberán ser de oferta pública y estar clasificados en alguna de las categorías de riesgo que establezcan las compañías clasificadoras de riesgos, autorizadas al efecto por la Comisión Nacional de Valores. Las resoluciones de las clasificadoras de riesgos serán consideradas para el único efecto de determinar la diversificación de las inversiones. Artículo 14.- Topes de inversión Al ente regulador, le corresponderá fijar reglamentariamente los topes máximos y mínimos de inversión, en títulos emitidos por el sector público, así como la diversificación de las inversiones entre los distintos tipos de instrumentos mencionados en el artículo anterior. Sin embargo, esa inversión nunca podrá ser superior al tope fijado en los siguientes casos: a) No más de un cinco por ciento (5%) de la totalidad del fondo podrá ser invertido en valores emitidos por una misma empresa, grupo o concentración de interés económico, según las definiciones que al respecto emita el ente regulador. b) En ningún caso un fondo podrá adquirir más del cinco por ciento (5%) del total de valores de oferta pública, emitidos por una determinada empresa, grupo o concentración de interés económico. c) No se podrá realizar ningún tipo de inversión en otras operadoras. Se exceptúan de esta limitación los títulos emitidos por el Estado o sus entidades. Artículo 15.- Prohibición para invertir Los recursos del fondo no podrán invertirse en títulos de empresas o sociedades en las que los miembros de la Junta Directiva, los apoderados y los gerentes de las operadoras tengan participación accionaria o un control efectivo mayor al cinco por ciento (5%). Artículo 16.- Condiciones para transar Las operadoras únicamente podrán transar instrumentos financieros por medio de las bolsas de valores o en las ventanillas de las entidades financieras reguladas y a precios de mercado. Para las situaciones de plazo, de tipo de título, monto u otra condición, que dificulten establecer un precio de mercado, el ente regulador definirá el procedimiento para determinar la razonabilidad del precio establecido. En caso de infracción, así calificada por el ente regulador, o de dolo o negligencia, establecidos mediante sentencia firme de los tribunales de justicia, la diferencia que se produzca deberá ser reintegrada al fondo por la operadora, de acuerdo con las disposiciones que establezca el ente regulador. Artículo 17.- Contabilidad de excesos Si, por cualquier razón, una inversión realizada con recursos del fondo de pensiones sobrepasa los límites o deja de cumplir con los requisitos establecidos para su procedencia, el exceso deberá ser contabilizado en una cuenta especial en el fondo afectado. Mientras esa situación se mantenga, la operadora correspondiente no podrá realizar nuevas inversiones en los mismos instrumentos, sin perjuicio de la facultad del ente regulador para aplicar las sanciones administrativas correspondientes, incluida la adopción de planes de reducción de riesgo que la operadora deberá cumplir. Artículo 18.- Establecimiento de la reserva para pérdidas Cada operadora deberá constituir una reserva para pérdidas de capital, de conformidad con lo establecido en el inciso k) del artículo 2 de la presente Ley, para responder en los casos en que, por razones extraordinarias, calificadas así por el ente regulador, se presente una pérdida de capital por las inversiones del fondo o los fondos que la operadora administre. El ente regulador establecerá la normativa para la constitución de la reserva, el origen de los recursos, su administración, su inversión y su utilización. Artículo 19.- Rendimientos Los rendimientos, sean intereses, ganancias de capital u otros obtenidos por las inversiones de un fondo, no estarán sujetos a ningún tipo de impuesto o retención, salvo lo establecido para los casos en que los afiliados los retiren anticipadamente, según lo fijado en el artículo 24 de esta Ley. CAPITULO IV PLANES OFRECIDOS, TERMINOS Y BENEFICIOS Artículo 20.- Afiliados Toda persona física podrá afiliarse a un fondo de pensiones. Quienes no estén cubiertos por la Caja Costarricense de Seguro Social también podrán participar en estos planes. Artículo 21.- Compromiso contractual El mecanismo para ejercer el derecho de ingreso voluntario será un compromiso contractual entre el afiliado y la operadora y entre ella y el cotizante cuando sea necesario. Ninguna operadora podrá rechazar la solicitud de afiliación de una persona, formulada conforme a esta Ley y que cumpla con los requisitos exigidos de forma general a los demás afiliados. Artículo 22.- Libre transferencia El afiliado podrá utilizar la facultad de libre transferencia, a que se refiere el inciso j) del artículo 2, una vez transcurridos seis meses de su afiliación a una operadora o del último traslado. La operadora contará con un plazo máximo de cuarenta y cinco días, contados a partir de la solicitud de transferencia, para proceder a transferir los recursos del afiliado a la operadora que éste designe. No obstante, la operadora podrá efectuar la transferencia antes de transcurrido el plazo de los cuarenta y cinco días. Esa transferencia deberá realizarse en efectivo o cheque y sólo podrá usarse otra forma de pago si así lo acuerden ambas operadoras. Si la operadora no transfiere los recursos en el plazo máximo de cuarenta y cinco días, el afiliado adquirirá frente a ella un derecho de crédito por las sumas e intereses respectivos, que podrá ejercer en la vía ejecutiva correspondiente, sin perjuicio de las demás acciones con que esta Ley y otras leyes lo faculten. La presentación del contrato de afiliación y de la respectiva solicitud de transferencia constituirán título ejecutivo en vía jurisdiccional. Artículo 23.- Disposición de recursos Los planes de pensión se sujetarán a los requerimientos de edad y cotización que establezcan, libremente, el afiliado, la operadora y, en su caso, el cotizante. Cumplidos los requisitos pactados, el afiliado podrá disponer de los recursos acumulados en su cuenta individual, de acuerdo con alguna de las siguientes formas, sin que por ello deba cancelar ninguna comisión: a) retiro total, b) retiro parcial, con derecho de mantener su cotización mensual y c) compra de una pensión vitalicia, aportando lo acumulado total o parcialmente. Cuando exista aporte de un cotizante, el afiliado podrá transferir libremente sus fondos, siempre que se mantengan en la nueva operadora los mismos beneficios y condiciones establecidos originalmente entre afiliado y cotizante. Artículo 24.- Retiros anticipados El afiliado podrá retirar sus fondos anticipadamente solo después de cumplir el quinto año de ingreso al régimen. La operadora girará al afiliado el monto acumulado en su cuenta individual, incluida la respectiva capitalización, conforme a los rendimientos financieros del fondo. En este caso, la operadora podrá aplicar un porcentaje fijado por el ente regulador, que no podrá exceder de un seis por ciento (6%), para compensar sus gastos administrativos. Asimismo, la operadora deberá trasladar al Estado las sumas correspondientes de los impuestos que no haya pagado el afiliado, para lo cual se establecerá una tasa fija del seis por ciento (6%). No corresponderá aplicar el descuento, como tampoco el reintegro de los impuestos, cuando se compruebe fehacientemente que el retiro es para destinar los fondos a la pensión para la cual se constituyó el ahorro. Lo señalado en este párrafo se aplicará de igual manera a lo dispuesto en el artículo 27 de esta Ley. Artículo 25.- Aportes deducibles de la renta imponible Los aportes del afiliado al fondo de pensiones serán deducidos de la renta imponible, para efectos del impuesto sobre la renta, hasta un diez por ciento (10%) de su ingreso bruto mensual, en el caso de impuesto sobre trabajo personal dependiente, y un diez por ciento (10%) de su ingreso bruto anual, en el caso de personas físicas con actividades lucrativas. Las sumas de dinero que se acumulen en su cuenta individual serán inembargables. Artículo 26.- Fortalecimiento de beneficios Con el propósito de fortalecer los beneficios en favor de los trabajadores afiliados, todo patrono podrá contribuir, voluntariamente, como cotizante, con un porcentaje sobre el salario de cada uno de ellos, que no podrá ser retirado salvo que se trate de lo dispuesto en el artículo 23 de esta Ley, la muerte o la invalidez del propio trabajador. Mientras se mantenga el compromiso entre el cotizante y la operadora, la contribución deberá pagarse en forma mensual a la operadora en la que el trabajador se encuentre afiliado. En ningún caso, la empresa podrá deducir, como gasto por este concepto, para efecto del cálculo del impuesto sobre la renta de su empresa o negocio, un porcentaje sobre el salario del trabajador, superior a la tasa máxima de cotización patronal al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social. Ningún cotizante gozará de los beneficios de un afiliado. Se prohíbe al Estado, a las instituciones autónomas, las semiautónomas y a los demás entes descentralizados del sector público cotizar como patrono a estos sistemas de pensiones. Artículo 27.- Fondos adicionales En adición a lo indicado en el artículo anterior, todo patrono podrá destinar, de común acuerdo con cada trabajador y con cargo a la cuenta de auxilio de cesantía, un porcentaje de esa obligación contingente para crear un fondo de pensión complementaria en favor del empleado. Esta contribución será deducible como gasto, para fines del cálculo del impuesto sobre la renta del empleador. El trabajador tendrá libre elección, en cuanto a la operadora que administrará estos recursos, los que se contabilizarán en una subcuenta de la cuenta individual que el afiliado mantenga en el fondo de su elección. Artículo 28.- Servicios adicionales Toda operadora podrá ofrecer, como un servicio adicional, planes de invalidez y muerte a los afiliados del fondo, que serán de carácter voluntario y se regirán por las normas reguladoras del mercado de seguros u otros de previsión social. La operadora deberá informar, adecuadamente, al afiliado sobre las condiciones y los beneficios que se le otorgarán. Artículo 29.- Condiciones en caso de muerte Todo plan deberá incluir detalladamente las condiciones en caso de muerte del afiliado. La operadora se liberará de toda responsabilidad al pagar los beneficios correspondientes al beneficiario o los beneficiarios designados por el afiliado y en caso de no haberlo hecho, de acuerdo con las reglas de las sucesiones. CAPITULO V OBLIGACIONES Artículo 30.- Obligaciones de las operadoras Además de las otras establecidas en esta Ley, son obligaciones de las operadoras: a) Informar, claramente, al ente regulador sobre los términos y las condiciones de los sistemas y planes que ofrece. b) Cumplir, estrictamente, los términos del plan en que se inscriban los afiliados. c) Suministrar sus estados financieros, un detalle de lo cobrado por concepto de comisiones ordinarias y extraordinarias y cualquier otra información del fondo administrado, que le sea solicitado por el ente regulador. d) Publicar, por lo menos treinta días después del cierre del último día hábil de cada semestre natural, los estados financieros y un detalle de lo cobrado por concepto de comisiones ordinarias y extraordinarias. La última publicación semestral deberá ser auditada por auditores externos y refrendada por el representante legal de la operadora. Además, deberá enviarse copia de esa documentación al afiliado que así lo solicite. e) Suministrar al afiliado, por lo menos treinta días después del cierre del último día hábil de cada semestre natural o, ante su solicitud expresa, un informe de todos los movimientos registrados en su cuenta de capitalización individual, incluyendo las aportaciones, el rendimiento, las comisiones y cualquier otra información pertinente. f) Mantener por lo menos una agencia u oficina en el territorio nacional, destinada a la atención del público. g) Mantener los títulos correspondientes a las inversiones del fondo, bajo la custodia de los depósitos de valores autorizados conforme a la Ley Reguladora del Mercado de Valores o en otras entidades autorizadas por el ente regulador. Las tarifas de esa custodia se fijarán, libremente, entre la operadora y la institución autorizada. En caso de extravío de un título representativo de una inversión del fondo, la operadora no podrá obtener un duplicado sin comunicarlo, previamente, a la Comisión Nacional de Valores. h) Establecer los sistemas contables y financieros acordes con las normas señaladas por el ente regulador. i) Realizar evaluaciones actuariales periódicas de los sistemas y planes vigentes y cuando sea necesario a juicio del ente regulador. j) Las demás que se estipulen en esta Ley y los reglamentos respectivos. Artículo 31.- Obligaciones del afiliado Serán obligaciones del afiliado: a) cotizar según lo pactado en el respectivo contrato de afiliación, b) proveer a la operadora la información que requiera, en relación con la cuenta que decida mantener con ella y c) designar a los beneficiarios para el caso de muerte. Artículo 32.- Obligaciones de los cotizantes Será obligación de los cotizantes recaudar y pagar a la operadora, puntualmente, las cuotas que le deduzcan a sus trabajadores y las que, como cotizantes, se hayan comprometido a contribuir, dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que devengaron las remuneraciones. Este plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente, si expira un día inhábil. CAPITULO VI SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES Artículo 33.- Regulación del régimen El Régimen de pensiones será regulado y fiscalizado por una Superintendencia de pensiones, como órgano de máxima desconcentración, con personalidad y capacidad jurídicas instrumentales, y adscrito al Banco Central de Costa Rica. Para su financiamiento y operación, las operadoras autorizadas en el país deberán contribuir con un veinte por ciento (20%) de los gastos totales establecidos en forma proporcional a sus activos financieros reales. El Banco Central de Costa Rica presupuestará y asignará el restante ochenta por ciento (80%) del financiamiento. Esos recursos se girarán, en forma trimestral vencida, dentro de los treinta días siguientes. Artículo 34.-Integración de la superintendencia La superintendencia estará compuesta por un superintendente y un intendente, quien suplirá al titular en sus ausencias temporales. Ambos nombrados por la Junta Directiva del Banco Central, con votación calificada y por un plazo de seis años. Además, contará con un Consejo Directivo, compuesto por cinco personas que serán: a) El Ministro de Hacienda, quien lo presidirá y podrá ser sustituido, en sus ausencias, por el Viceministro de esa cartera. b) El superintendente de pensiones. c) El Auditor General de Entidades Financieras. d) El Gerente de la Comisión Nacional de Valores . e) Un miembro de nombramiento del Poder Ejecutivo. Los miembros del Consejo Directivo de la Superintendencia no percibirán dietas por su asistencia a las sesiones. El ente regulador establecerá el cuerpo técnico y las dependencias que considere estrictamente necesarias para cumplir con sus fines. También estará facultado, bajo su responsabilidad, para contratar estudios técnicos y actuariales con terceros. Las operadoras y los fondos regulados contribuirán al sostenimiento financiero de las dependencias de la Superintendencia que se dediquen en forma exclusiva a la fiscalización del régimen privado de pensiones, de acuerdo con los criterios que emitirá, reglamentariamente, el Poder Ejecutivo. Artículo 35.- Funciones del ente regulador El ente regulador tendrá las siguientes funciones: a) Autorizar el funcionamiento de las personas jurídicas que se constituyan como operadoras y llevar un registro de ellas. b) Fiscalizar el funcionamiento de las operadoras autorizadas. c) Fiscalizar la inversión de los recursos de los fondos y la composición de la cartera de inversiones, así como solicitar información a los administradores de los demás regímenes públicos de pensiones sobre la composición de su cartera de inversiones. d) Fiscalizar la constitución, el mantenimiento, la operación, la aplicación y la inversión de los recursos destinados a la reserva para pérdidas de capital. e) Exigir a las operadoras el suministro, al público y al ente regulador, de informes sobre su situación financiera y los resultados de operación, así como cualquier otra información que considere de importancia, con la periodicidad, por los medios y bajo las condiciones que el propio ente regulador indique. Podrá solicitar la misma información sobre los fondos administrados. Toda información requerida por el ente regulador será de interés público. f) Velar porque toda publicidad o promoción de las actividades de una operadora, del fondo que administra y de los planes de pensiones que ofrece, esté dirigida a proporcionar información que no induzca a equívocos o confusiones. Para tal efecto, podrá obligar a las operadoras a modificar o suspender su publicidad, cuando no se ajuste a las normas generales que él haya dictado. g) Dictar las resoluciones de carácter general para que las operadoras ajusten sus actividades y operaciones a la Ley, sus reglamentos y a los usos y sanas prácticas del mercado. h) Ordenar la intervención administrativa o la suspensión de una operadora, según corresponda, de acuerdo con la gravedad de la infracción, cuando la operadora incumpla con los requisitos y las obligaciones estipuladas en esta Ley, sus reglamentos o con las disposiciones de carácter general emitidos por el propio ente regulador. i) Cancelar la autorización de funcionamiento de una operadora, cuando deje de cumplir con los requisitos establecidos en esta Ley, sus reglamentos o con las disposiciones de carácter general emitidas por el ente regulador. j) Efectuar la liquidación de las operadoras, de acuerdo con lo fijado en el Código de Comercio. k) Autorizar los planes de pensiones, dictar normas y evaluar la solidez financiera de los fondos de pensiones. l) Coordinar sus políticas con el Banco Central de Costa Rica y las demás entidades supervisoras e informar, periódicamente, a la Junta Directiva de este Banco, de la situación financiera del sistema. m) Las demás que establezca esta Ley y sus reglamentos. Artículo 36.- Proceso de intervención Cuando una operadora incumpla con las obligaciones previstas en el artículo 5, en el párrafo segundo del artículo 8, en los artículos 13, 14 y 18 y en los incisos c), d), f), g), h), i) del artículo 30, el ente regulador procederá a la intervención de la operadora para lo cual deberá seguir el siguiente proceso: a) La resolución en la que se ordene tendrá recurso de reconsideración ante el Consejo Directivo, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación; pero será ejecutoria a partir de la notificación al personero legal de la entidad de que se trate, si no existe personero legal a quien notificarle la resolución, ello no será motivo para impedir la práctica de la intervención. La resolución del recurso de reconsideración o la resolución inicial, si el recurso no fuera interpuesto en tiempo y forma, agotará la vía administrativa. Contra la resolución que ordene la intervención de una entidad fiscalizada no procederá la suspensión de los efectos en vía judicial. b) La representación judicial y extrajudicial de la entidad, en la forma acordada por el Consejo Directivo, se acreditará mediante la publicación del acuerdo respectivo en el Diario Oficial. Además, el Consejo Directivo ordenará avisar inmediatamente al registro mercantil para que, de oficio, se practiquen las anotaciones correspondientes. c) Mientras dure el estado de intervención, ningún bien de la entidad intervenida podrá ser embargado o rematado ni podrá ser declarado ningún procedimiento concursal contra ella. d) La intervención no podrá exceder de un año. Treinta días naturales antes de vencer el plazo por el que se haya ordenado la intervención, el Consejo Directivo deberá decidir, previa consulta a los interventores designados, si permite a la entidad continuar con sus operaciones o si solicita al juez competente la liquidación o quiebra. e) Todos los gastos que demande la intervención de una entidad financiera correrán con cargo a los activos de ella. Los interventores designados deberán presentar mensualmente al Superintendente de pensiones un informe pormenorizado de todos los gastos en que se haya incurrido. El Superintendente determinará el monto de la remuneración de los interventores, si es del caso. Los gastos de la intervención serán cancelados, mensualmente, conforme lo permita el flujo de caja de la entidad. En caso de quiebra, los gastos de la intervención que sean aprobados y que no hayan sido cancelados se considerarán a cargo de la masa, conforme a los artículos 886 y 887, párrafo segundo, del Código de Comercio; la legalización de tales créditos corresponderá a los interventores designados. f) El Superintendente deberá vigilar el proceso de intervención y velar por el cumplimiento de las condiciones de la intervención acordadas por el Consejo Directivo. Este podrá, en cualquier momento, previa consulta al Superintendente, sustituir al interventor o a los interventores, si considera que no cumplen adecuadamente con sus funciones. g) Las entidades sujetas a la fiscalización de la Superintendencia no estarán sujetas a los procedimientos de administración por intervención judicial o a convenios previos, sino exclusivamente a los previstos en esta Ley. Artículo 37.- Suspensión de las operadoras La operadora que incumpla las disposiciones de esta Ley o su Reglamento, de manera que comprometa la seguridad del fondo, será suspendida en forma inmediata por el ente regulador, el cual ordenará, a la vez, el traslado inmediato del fondo a la operadora que determine. En todo caso, la operadora así como sus directores y apoderados -estos últimos si se demuestra la existencia de dolo en su intervención- responderán solidariamente con su patrimonio, por cualquier faltante que haya en el fondo y los daños y perjuicios que se ocasionen. Artículo 38.- Liquidación de las operadoras Al ente regulador le corresponderá proceder a la liquidación de una operadora y del fondo de pensiones que administre, cuando ésta se disuelva por cualquier causa, con excepción de la fusión de dos o más operadoras. El ente regulador estará investido de todas las facultades necesarias para la adecuada liquidación de los bienes del fondo, la cual se equiparará con el procedimiento de liquidación que, para las sociedades anónimas de capital abierto, establece el artículo 144 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores. En lo no previsto, se estará a lo dispuesto en el Código de Comercio sobre liquidación de sociedades. El ente regulador deberá avisar oportunamente, a cada uno de los afiliados y cotizantes acerca del proceso de liquidación en el que se encuentra sometida la operadora, así como de la situación del fondo. Producida la disolución o la quiebra de la sociedad, los afiliados del fondo deberán incorporarse, dentro del plazo de noventa días desde el aviso del ente regulador, a otra operadora de fondos de pensiones. Si no lo hacen, el liquidador transferirá los saldos de las cuentas a la operadora que se determine, de conformidad con los procedimientos que establecerá el ente regulador. Artículo 39.- Fusiones No procederá la liquidación en el caso de fusión de dos o más operadoras. En tal caso, el ente regulador deberá autorizar la fusión de las sociedades y los fondos de pensiones. La fusión se hará efectiva sesenta días después de publicarse la autorización de fusión en el Diario Oficial. En ningún caso, la fusión disminuirá el saldo de la cuenta de cada uno de los afiliados. CAPITULO VII SANCIONES Artículo 40.- Datos falsos En caso de que los datos proporcionados por una operadora al ente regulador sean falsos o engañosos, a los responsables de tal falsedad o engaño se les aplicará lo estipulado en el artículo 358 del Código Penal, relativo a la falsedad ideológica. En caso de que el engaño sea dirigido a sus afiliados, cotizantes o al público en general, se aplicará a los responsables lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 216 del Código Penal. Artículo 41.- Falta de autorización Los responsables de la persona jurídica que se dedique a la administración de planes de pensiones complementarias, o la persona física que brinde esos servicios sin la debida autorización del ente regulador, serán reprimidos con prisión de uno a tres años. Artículo 42.- Faltas a la confidencialidad Quienes contravengan las prohibiciones estipuladas en el artículo 11 de esta Ley serán sancionados con una multa en beneficio del propio fondo, que aplicará el ente regulador, por un monto equivalente al doble del beneficio obtenido determinado por el propio órgano regulador, previa audiencia al personal involucrado. Las personas que incurran en una de las infidencias a que se refiere el artículo 11, a solicitud del ente regulador, deberán ser destituidas por la operadora, mediante la aplicación de la legislación laboral correspondiente. Sin perjuicio de las sanciones penales que puedan aplicarse, al tenor de lo establecido en el artículo 203 del Código Penal. Artículo 43.- Retención de lo recaudado Todo patrono, vencido el plazo de diez días que se menciona en el artículo 32 que no entregue lo recaudado por concepto del régimen de pensiones complementarias incurrirá en el delito previsto y sancionado en el artículo 223 del Código Penal, sin perjuicio de su obligación de pagar al fondo una multa por incumplimiento igual a la tasa pasiva a seis meses del Banco Central de Costa Rica vigente a la fecha, más veinte puntos porcentuales por los días de atraso. A igual sanción, estará sujeta la operadora que no transfiera los fondos de sus afiliados en el caso previsto en el artículo 22. En este caso, el importe de la multa se acreditará al afiliado perjudicado y se computará como pago de intereses por concepto de atraso. CAPITULO VIII DISPOSICIONES FINALES Artículo 44.- Todo interesado tendrá un plazo de un año, a partir del agotamiento de la vía administrativa, para efectuar el reclamo correspondiente ante los tribunales de justicia, de acuerdo con las normas que, sobre competencia, establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. En todo lo no dispuesto expresamente en esta Ley, se aplicará en forma supletoria la Ley General de la Administración Pública y, en particular, los principios del procedimiento administrativo, prescritos en el Libro II de esa Ley, en lo referente al Régimen Sancionatorio del Capítulo VII de esa Ley. Artículo 45.- La presente Ley es de orden público y será reglamentada por el Poder Ejecutivo dentro de los tres meses siguientes a su aprobación. ARTICULO II.- Se reforma la Ley reguladora del mercado de valores y reformas del Código de Comercio de la siguiente manera: Se deroga el Transitorio X y se reforman los artículos 10 y 13 de la Ley No. 7201 del 10 de octubre de 1990 y sus reformas, la Ley Reguladora del Mercado de Valores y Reformas al Código de Comercio, cuyos textos dirán: "Artículo 10.- En materia de regulación, fiscalización y vigilancia del mercado de valores, además de las atribuciones que se le confieran en otros artículos de esta Ley y sus reglamentos, la Comisión Nacional de Valores tendrá las siguientes funciones: a) Autorizar y vigilar el funcionamiento de los intermediarios en el mercado de valores, sin perjuicio de las facultades concomitantes de las bolsas de valores respecto a los puestos de bolsa y agentes de bolsa. b) Autorizar y vigilar, en el territorio nacional, la oferta pública de los títulos valores u otros documentos asimilables emitidos por entidades privadas con domicilio en el país o en el extranjero. c) Suspender o retirar la autorización a que se refieren los incisos a) y b) anteriores y suspender las operaciones con títulos valores de las entidades que realicen su oferta y las actividades de los intermediarios del mercado de valores, cuando no estén debidamente autorizados o la continuidad de sus actividades puedan afectar los intereses de los inversionistas. En estos casos, previamente se aplicarán a la resolución del acto final, los procedimientos administrativos correspondientes que aseguren a las partes el cumplimiento del debido proceso, de conformidad con la Ley General de la Administración Pública. En el supuesto de que la continuidad de las actividades pongan en peligro el interés de los inversionistas, la suspensión podrá aplicarse como una medida preventiva en forma inmediata. Quien realice oferta pública de títulos valores u otros documentos a ellos asimilables, u ofrezca servicios de intermediación, sin autorización por parte de la Comisión Nacional de Valores, será reprimido con prisión de treinta y siete meses a diez años. Para que el delito se tipifique, será necesario que el responsable haya sido apercibido debidamente por la Comisión Nacional de Valores. Si se trata de personas jurídicas, además de responder por ese delito sus representantes legales, deberá pagar una multa de cinco millones de colones (5.000.000,00), ajustables anualmente según el aumento en el índice de precios. d) Exigir de los emisores que realicen oferta pública de títulos o de las personas físicas o jurídicas que ofrezcan sus servicios de intermediación en el mercado de valores, el suministro, al público y a la Comisión, de un prospecto que contendrá, entre otras informaciones sobre su situación financiera, sus resultados de operación, los hechos relevantes que puedan afectar el interés de los inversionistas, así como cualquier otra información que la Comisión considere necesaria. Adicionalmente, la Comisión Nacional de Valores podrá solicitar cualquier otra información en el momento que lo considere oportuno, con la periodicidad, por los medios, bajo las condiciones y las características que requiera. Toda información que se brinde en el cumplimiento de esta disposición, deberá ser firmada por el representante legal de la entidad que la suministra. Por lo menos una vez al año, los emisores e intermediarios deberán publicar esos datos, debidamente auditados por un contador público autorizado independiente y refrendado por el representante legal de aquellos. Si se comprueba que los datos son falsos o engañosos, el responsable será reprimido con prisión de treinta y siete meses a diez años. e) Ordenar la suspensión inmediata de la propaganda o la información publicitaria de las personas físicas o jurídicas que presenten oferta pública de títulos o servicios de intermediación, cuando sean contrarias a la reglamentación que dicte la Comisión o cuando ésta considere que es engañosa o que se afirman o suministran datos que no son verídicos; además, aplicar las sanciones correspondientes, que podrían llegar hasta la cancelación de la autorización para operar o la desinscripción de los títulos emitidos. f) Vigilar y fiscalizar el cumplimiento y la observancia del ordenamiento jurídico por parte de todos los participantes del mercado de valores, y suspender o cancelar la autorización, cuando compruebe su inobservancia. Deberá establecer criterios de aplicación general acerca de los actos u operaciones que se consideren contrarios a la ley, a los usos bursátiles o sanas prácticas del mercado; además, dictará las medidas necesarias para que los puestos de bolsa, los agentes de bolsa, las bolsas de valores, las centrales para el depósito de valores, las sociedades de inversión, y los demás participantes del mercado de valores, ajusten sus actividades y operaciones a esta Ley, a las disposiciones de carácter general que de ella deriven y a los referidos usos y las sanas prácticas del mercado. Para ejercer esta facultad, podrá investigar actos que hagan suponer la ejecución de operaciones violatorias de esta Ley o de las disposiciones de carácter general que emita la Comisión; para eso podrá ordenar visitas de inspección a los presuntos responsables, quienes deberán poner a disposición toda la información requerida; también podrá recibir declaraciones bajo la fe del juramento, no solo a los presuntos responsables, sino también a las personas que se considere pueden rendir testimonios importantes sobre las situaciones objeto de investigación. Quien suprima, oculte, destruya documentos o se niegue a brindar la información requerida por la Comisión, será reprimido con prisión de treinta y siete meses a diez años. Asimismo, la Comisión tendrá la facultad de publicar, en los medios de comunicación colectiva, las sanciones impuestas, con el detalle de las personas físicas o jurídicas sancionadas y de los motivos que las provocaron. g) Aprobar la creación de las bolsas de valores, su pacto constitutivo y sus reglamentos, así como las modificaciones de estos. La Comisión Nacional de Valores quedará facultada para modificar los reglamentos adoptados por las bolsas de valores, que anteriormente hubiesen sido aprobados por ella. h) Vigilar el funcionamiento de las bolsas de valores y sus intermediarios para que se ajusten, en todo, a las leyes y reglamentos que rigen la materia, así como a las disposiciones de carácter general que emita la Comisión; para eso podrá solicitar, en cualquier momento, la información que considere necesaria por los medios y bajo las condiciones que señale; también podrá ordenar visitas de inspección y auditorías sin previo aviso. i) Cancelar la autorización acordada a las bolsas, cuando no cumplan con el ordenamiento jurídico. j) Conocer en apelación las resoluciones de las bolsas de valores y de todas las entidades que la ley someta a su vigilancia, recurso que se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 74 de esta Ley. k) Establecer las normas contables y de auditoría, a las que deben ajustarse las empresas que realicen oferta pública de títulos, los intermediarios y los demás participantes del mercado, en lo referente a la presentación de estados financieros que sean remitidos a las instancias que determine la Comisión Nacional de Valores para fines informativos propios del mercado de valores, todo de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Esos estados y cualquier otro tipo de información deberán ser certificados o dictaminados exclusivamente por contadores públicos autorizados, ajenos a las empresas interesadas. l) Ejecutar las resoluciones que dicte al amparo de la ley y solicitar la actuación de las autoridades administrativas competentes, cuando sea necesario. m) Dictar, con agotamiento de la vía administrativa, las sanciones previstas en esta Ley. n) Formar y mantener la estadística nacional de valores y efectuar las publicaciones sobre el mercado de valores. ñ) Formar el registro de emisores, valores e intermediarios y otros registros cuando lo considere necesario. Estos registros podrán ser creados y modificados por medio de acuerdos de su Junta Directiva. El registro ante la Comisión obliga al emisor de los títulos valores de que se trate, a divulgar, en forma veraz, suficiente y oportuna, toda la información esencial o los hechos relevantes respecto de sí mismo, de los valores ofrecidos y de las ofertas. Se entiende por información esencial o hecho relevante, la que un inversionista o asesor de inversión considere indispensable para su toma de decisiones. La Comisión Nacional de Valores podrá emitir normas que regulen la obligación de registrarse ante ella, de empresas con determinado número de socios y un volumen de capital, esto en virtud del interés público que estas entidades alcanzan y la protección de los inversionistas. o) Ejercer, mediante disposiciones de carácter general, las facultades que esta Ley le concede, así como dictar los reglamentos para su funcionamiento y organización. p) Autorizar y vigilar el funcionamiento de clasificadoras de riesgo, para lo cual establecerá, con disposiciones generales, los requisitos de constitución y funcionamiento. Toda persona física o jurídica o entidad que realice oferta pública de títulos valores o de cualquier otro documento que, por sus características, resulten asimilables a ellos, deberá someterlos previamente a una clasificación de riesgo, en los plazos que indique o señale la Comisión Nacional de Valores. q) Autorizar, inspeccionar y vigilar el funcionamiento de las centrales para el depósito de valores, así como autorizar y vigilar los sistemas de compensación, de información centralizada y otros mecanismos tendientes a facilitar operaciones o perfeccionar el mercado de valores. r) Promover, autorizar, regular y fiscalizar los futuros y opciones, así como otros derivados que lleguen a desarrollarse en el territorio nacional, referentes a instrumentos del mercado de valores y suspender o cancelar esas negociaciones, según las disposiciones que se establezcan en su Reglamento. s) Nombrar funcionarios que participen con voz pero sin voto, en las asambleas de accionistas de las empresas con títulos valores registrados en la Comisión, así como dictar disposiciones tendientes a proteger los intereses de los accionistas minoritarios, tales como distribución de dividendos, plazos de convocatoria, quórum de asambleas, acceso a información y otros. t) Vigilar que no se presenten en el mercado por medio de ningún intermediario u otros participantes, mecanismos tendientes a desarrollar, directa o indirectamente, prácticas monopolísticas. u) Servir de órgano de consulta respecto de la aplicación de las disposiciones que tengan relación con el mercado de valores. La Comisión podrá desarrollar cualquier otra actividad de control y promoción no detallada en este artículo o en otras disposiciones de la presente Ley, que le permitan cumplir con el fin de su creación." "Artículo 13.- La Junta Directiva de la Comisión Nacional de Valores será nombrada por el Consejo de Gobierno, por un período de seis años, y sus miembros podrán ser reelegidos por una sola vez. Esta Comisión estará integrada de la siguiente forma: a) El Ministro de Hacienda, quien la presidirá y quien podrá ser sustituido en sus ausencias por el Viceministro de esa misma cartera. b) El Presidente del Banco Central, quien podrá ser sustituido en sus ausencias por el Gerente de esa misma institución. c) El Ministro de Planificación Nacional y Política Económica, quien podrá ser sustituido por el Viceministro de esa misma cartera. d) El Auditor General de Entidades Financieras. e) El Superintendente de pensiones. f) Dos representantes del sector privado, con absoluta solvencia moral, amplia experiencia en materia económica, financiera, bancaria o bursátil, quienes no representarán a ningún sector o gremio. No podrán ocupar estos últimos cargos: 1.- Los directores, las fiscales, los apoderados o los funcionarios, ni los empleados de las entidades fiscalizadas por la Comisión, o las personas que mantengan relaciones de asesoramiento, o de servicio con esas entidades. 2.- Quienes tengan participación de más de un dos por ciento (2%), en forma directa o mediante sus cónyuges o hijos en el capital de cualquiera de las entidades fiscalizadas por la Comisión o la hayan tenido durante el año anterior. 3.- Quienes, durante el año anterior a su nombramiento, hayan sido demandados en la vía ejecutiva por responsabilidades directas por cualquiera de las entidades participantes en el mercado de valores o del sistema bancario, en el cobro de las operaciones de crédito directas no satisfechas o que hayan sido declaradas en estado de quiebra o insolvencia. 4.- Los inhabilitados para ejercer su profesión o los que hayan sido condenados por delitos contra la propiedad. 5.- Las personas que posean, directa o indirectamente, una participación accionaria dentro de alguna empresa emisora o de alguna de las subsidiarias, que conlleve el control de estos o supere un cinco por ciento (5%) de ese capital individualmente o en conjunto." ARTICULO III.- Vigencia Rige a partir de su publicación. TRANSITORIO I.- Los planes de pensiones complementarias existentes a la entrada en vigencia de esta Ley, deberán adaptarse a las normas establecidas en la presente normativa, en un plazo no mayor de un año, así como cumplir con las disposiciones y los requisitos que, reglamentariamente, establezca el ente regulador en cuanto a la administración, la gestión y las finanzas de los fondos de pensiones. TRANSITORIO II.- La Superintendencia de pensiones deberá estar constituida y operando plenamente en un plazo improrrogable de un año, a partir de la publicación de esta Ley. Las funciones propias del ente regulador serán encargadas, durante ese plazo y en forma provisional, a la Auditoría General de Entidades Financieras (AGEF), la cual deberá crear un departamento especializado en su seno para tales fines. La AGEF deberá acatar lo dispuesto en esta Ley, en lo aplicable. TRANSITORIO III.- Durante los primeros cinco años después de aprobada esta Ley, el ente regulador no autorizará a las operadoras ninguna inversión en valores emitidos por emisores extranjeros sin domicilio en el país. Transcurrido este plazo, no más de un veinte por ciento de la totalidad del fondo podrá ser invertido en valores emitidos por emisores extranjeros sin domicilio en el país. En dicho caso, los títulos que se adquieran deben cumplir con los requisitos establecidos en el párrafo final del artículo 13 de esta Ley y la respectiva inversión debe estar autorizada previamente por el ente regulador. TRANSITORIO IV.- Las organizaciones sociales, sean asociaciones solidaristas, cooperativas, profesionales o sindicatos, podrán constituir, en forma individual o conjuntamente, operadoras de planes de pensiones, bajo la modalidad de una sociedad anónima, para lo cual deberán constituirse por mandato de sus respectivas Asambleas Generales y por mayoría calificada de por lo menos dos terceras partes de sus miembros. Deberán cumplir con todos los requisitos y disposiciones establecidos en esta Ley y podrán constituir la operadora, en un plazo de tres años a partir de la entrada en vigencia de esta Ley. ASAMBLEA LEGISLATIVA.- San José, a los treinta días del mes de abril de mil novecientos noventa y cinco. COMUNIQUESE AL PODER EJECUTIVO Alberto F. Cañas PRESIDENTE Juan Luis Jiménez Succar Mario A. Alvarez G. PRIMER SECRETARIO SEGUNDO SECRETARIO dr.-