ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA<br />
REPÚBLICA DE COSTA RICA<br />
COMISIÓN CON POTESTAD LEGISLATIVA<br />
PLENA PRIMERA<br />
EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES PENALES JUVENILES<br />
DECRETO LEGISLATIVO N.º 8460<br />
EXPEDIENTE N.º 13.001<br />
SAN JOSÉ - COSTA RICA<br />
8460<br />
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA<br />
DECRETA:<br />
EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES PENALES JUVENILES<br />
TÍTULO I<br />
DISPOSICIONES GENERALES<br />
CAPÍTULO I<br />
ÁMBITO DE APLICACIÓN<br />
ARTÍCULO 1.- Sanciones reguladas por esta Ley<br />
La presente Ley regula la ejecución y el cumplimiento de las sanciones<br />
previstas en la Ley de justicia penal juvenil, N.º 7576.<br />
ARTÍCULO 2.- Ámbito de aplicación<br />
Esta Ley se aplica a todas las personas menores de edad sancionadas,<br />
con edades entre los doce años cumplidos y menores de dieciocho años, y a<br />
las personas jóvenes adultas, sancionadas por delito cometido durante su<br />
minoridad, que comprende a los mayores de dieciocho años y menores de<br />
veintiún años cumplidos. Para los efectos de esta Ley, a estos grupos<br />
etarios se les conocerá como personas jóvenes.<br />
CAPÍTULO II<br />
PRINCIPIOS GENERALES<br />
ARTÍCULO 3.- Principio de legalidad durante la ejecución<br />
La ejecución de toda medida y sanción penal impuestas deberá regirse<br />
por las disposiciones de la presente Ley y las demás que rijan la materia.<br />
Ninguna persona joven sancionada podrá sufrir limitación alguna de su<br />
libertad ni de otros derechos que no sean consecuencia, directa e<br />
inevitable, de la sanción impuesta.<br />
ARTÍCULO 4.- Principio de tipicidad de la ejecución<br />
Ninguna persona joven sancionada podrá ser sometida a medidas<br />
disciplinarias ni a la restricción de sus derechos, si la conducta<br />
atribuida no se encuentra descrita en esta Ley.<br />
ARTÍCULO 5.- Principio de proporcionalidad e interés superior de la<br />
persona joven<br />
En la ejecución de las sanciones penales juveniles, cuando proceda<br />
imponer una medida disciplinaria o cualquier otra disposición<br />
administrativa, deberá escogerse la que perjudique menos a la persona joven<br />
y sea acorde con la falta cometida.<br />
ARTÍCULO 6.- Jóvenes adultos<br />
Los derechos y principios establecidos en la presente Ley se aplicarán<br />
a las personas mayores de edad, cuando el hecho haya sido cometido durante<br />
su minoridad.<br />
Al cumplir los veintiún años de edad, las personas jóvenes sujetas a<br />
esta Ley podrán ser trasladadas del centro penal juvenil en que se<br />
encuentran, a un centro penal de adultos, para que terminen de descontar<br />
ahí la sentencia impuesta. A esta población mayor de veintiún años se le<br />
seguirá aplicando la Ley de justicia penal juvenil.<br />
No obstante lo anterior, cuando la persona joven ostente la doble<br />
condición jurídica de sentenciada con la Ley de justicia penal juvenil y<br />
sentenciada con la legislación penal para adultos, en cualquier momento y a<br />
solicitud de la administración penitenciaria, el juzgado ejecutor de la<br />
pena podrá hacer cesar la sanción penal juvenil y autorizar que la persona<br />
sea ubicada en un centro penal de adultos, para que ejecute la sentencia<br />
pendiente.<br />
ARTÍCULO 7.- Interpretación e integración<br />
Esta Ley deberá interpretarse e integrarse con los principios y<br />
derechos contenidos en la Constitución Política, la Ley de justicia penal<br />
juvenil, el Código de la niñez y la adolescencia, la Ley de la persona<br />
joven, la Ley de igualdad de oportunidades, el Código Penal, el Código<br />
Procesal Penal, las disposiciones legales sobre la ejecución y el<br />
cumplimiento de las sanciones fijadas para los adultos, así como en la<br />
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y en los<br />
demás instrumentos internacionales referentes a la justicia juvenil<br />
aprobados por Costa Rica. Subsidiariamente, se utilizarán la costumbre y<br />
los principios generales del Derecho.<br />
CAPÍTULO III<br />
OBJETIVOS, CONDICIONES MÍNIMAS Y PLAN DE EJECUCIÓN<br />
ARTÍCULO 8.- Objetivo de la ejecución<br />
Durante el cumplimiento de la sanción, deberán fijarse y fomentarse<br />
las acciones necesarias que le permitan, a la persona joven sometida a<br />
algún tipo de sanción, su desarrollo personal permanente, su reinserción en<br />
la familia y la sociedad, así como el desarrollo de sus capacidades y<br />
sentido de responsabilidad. Deberán brindarse, además, los instrumentos<br />
necesarios para la convivencia social, de manera que la persona joven pueda<br />
llevar una vida futura exenta de conflictos de índole penal; para ello,<br />
cada institución del Gobierno y las organizaciones no gubernamentales sin<br />
fines de lucro, deberán garantizar los programas, proyectos y servicios<br />
destinados a la población sujeta a esta Ley.<br />
ARTÍCULO 9.- Condiciones mínimas para alcanzar los objetivos<br />
Para alcanzar los objetivos señalados en el artículo 8 de esta Ley, a<br />
la persona joven se le garantizarán las siguientes condiciones mínimas:<br />
a) Satisfacer sus necesidades educativas, de salud y recreación.<br />
b) Posibilitar su desarrollo personal.<br />
c) Reforzar su sentimiento de dignidad y autoestima.<br />
d) Hacerla partícipe, en forma activa, en la elaboración y<br />
ejecución de su plan individual.<br />
e) Minimizar los efectos negativos que la condena pueda tener en su<br />
vida futura.<br />
f) Fomentar, cuando sea posible y conveniente, los vínculos<br />
familiares y sociales que contribuyan a su desarrollo personal.<br />
g) Promover contactos abiertos entre la persona sancionada y la<br />
comunidad local.<br />
ARTÍCULO 10.- Plan individual para cumplir la sanción<br />
En todos los casos en los que la sanción impuesta amerite seguimiento,<br />
previo al inicio de su ejecución, se elaborará un plan individual para<br />
cumplirla, el cual deberá ser discutido con la persona joven, y se le dará<br />
audiencia al defensor o a la defensora para que se pronuncie al respecto.<br />
Este plan, cuya elaboración estará a cargo de la Dirección General de<br />
Adaptación Social, deberá contener una descripción clara de los pasos por<br />
seguir y de los objetivos pretendidos con la sanción correspondiente, según<br />
lo dispuesto por esta Ley.<br />
Cuando se refiera a sanciones privativas de libertad, este plan deberá<br />
estar terminado en un plazo máximo de ocho días hábiles a partir del<br />
momento en que la persona joven ingrese al centro de privación de libertad<br />
y, respecto de cualquier otra sanción, deberá concluirse en un plazo máximo<br />
de un mes, contado desde la firmeza de la sentencia.<br />
El plan individual deberá estar apegado a las sanciones impuestas en<br />
sentencia y deberá considerar las ofertas de las instituciones<br />
gubernamentales y no gubernamentales sin fines de lucro.<br />
ARTÍCULO 11.- Evolución del plan individual para cumplir la sanción<br />
El plan de ejecución deberá mantenerse acorde con los resultados<br />
obtenidos y el desenvolvimiento de la persona joven sancionada. Por ello,<br />
deberá ser revisado por la Dirección General de Adaptación Social cada tres<br />
meses, como mínimo.<br />
ARTÍCULO 12.- Informes al juez de ejecución sobre el plan individual<br />
En la etapa de ejecución de la sanción, los funcionarios de la<br />
Dirección General de Adaptación Social deberán informar, al menos<br />
trimestralmente, al juzgado de ejecución de las sanciones penales<br />
juveniles, sobre los avances u obstáculos para el cumplimiento del plan<br />
individual de ejecución; asimismo, sobre el ambiente familiar y social en<br />
que la persona joven se desarrolla. De ser necesario, el juez de ejecución<br />
podrá ordenar a los entes públicos el cumplimiento de los programas fijados<br />
o establecidos en el plan individual de ejecución.<br />
ARTÍCULO 13.- Informes a la familia de la persona joven sancionada<br />
Los funcionarios competentes de la Dirección General de Adaptación<br />
Social encargados de ejecutar la sanción, deberán procurar el mayor<br />
contacto con los familiares de la persona joven sancionada. Para ello, en<br />
forma periódica y como mínimo cada tres meses, deberán informar al núcleo<br />
familiar de la persona joven sobre el cumplimiento, el desarrollo, las<br />
ventajas o desventajas del plan individual de ejecución.<br />
CAPÍTULO IV<br />
AUTORIDADES DE LA EJECUCIÓN<br />
ARTÍCULO 14.- Órganos encargados<br />
El control de la ejecución y el cumplimiento de las sanciones penales<br />
juveniles estarán a cargo de los siguientes órganos:<br />
a) El juez de ejecución de las sanciones penales juveniles.<br />
b) El Tribunal Superior Penal Juvenil.<br />
c) La Dirección General de Adaptación Social.<br />
d) Las entidades públicas o privadas autorizadas de previo por el<br />
juzgado de ejecución de las sanciones penales juveniles.<br />
ARTÍCULO 15.- Personal especializado<br />
El personal encargado de la ejecución de las sanciones, deberá ser<br />
competente y suficiente; estará integrado por especialistas en justicia<br />
penal juvenil, niñez, adolescencia y juventud, además de la especialidad<br />
propia de su profesión; esta disposición se aplicará para los cargos de<br />
jueces penales juveniles que participen en cualquier etapa del ámbito de<br />
esta Ley, fiscales y defensores públicos, así como en el caso de<br />
educadores, orientadores, instructores, trabajadores sociales, psiquiatras,<br />
psicólogos, abogados, y el personal de seguridad. Esta disposición no<br />
excluye la posibilidad de contratar a auxiliares o asistentes a tiempo<br />
parcial, así como a personal voluntario, siempre y cuando tengan reconocida<br />
experiencia y capacitación en trabajo con personas jóvenes.<br />
El personal de seguridad que, en el ámbito de esta Ley, trabaje<br />
directa o indirectamente con la población penal juvenil, deberá ser<br />
rigurosamente seleccionado y capacitado en materia de derechos de la niñez<br />
y la adolescencia, y mantener siempre un apego estricto a las funciones<br />
establecidas. Para estos efectos, se mantendrá siempre la debida<br />
supervisión técnica por parte de los directores de los centros penales<br />
juveniles, de forma que se cumpla y respete el objetivo de la presente Ley.<br />
ARTÍCULO 16.- Competencia y funciones del juez de ejecución de las<br />
sanciones penales juveniles<br />
Además de las funciones establecidas en la Ley de justicia penal<br />
juvenil, el juez de ejecución de las sanciones penales juveniles tendrá las<br />
siguientes atribuciones:<br />
a) Resolver, mediante auto fundado, los incidentes de ejecución que<br />
formulen las partes.<br />
b) Atender las solicitudes de las personas jóvenes; dar curso a sus<br />
gestiones y resolver con prontitud lo que corresponda.<br />
c) Visitar los centros de ejecución o cumplimiento de las sanciones<br />
penales juveniles, así como el Programa de Sanciones Alternativas,<br />
por lo menos una vez al mes.<br />
d) Vigilar que la estructura física de los centros especializados<br />
de internamiento esté acorde con los fines socioeducativos de la Ley<br />
de justicia penal juvenil.<br />
e) Establecer, mediante resolución, el final de la sanción<br />
impuesta.<br />
f) Llevar el cómputo de la sanción impuesta y modificar las<br />
condiciones de ejecución, cuando corresponda.<br />
g) Velar por que se respeten los derechos de las personas jóvenes<br />
sancionadas.<br />
h) Cumplir las demás atribuciones que le asigne esta u otra ley.<br />
ARTÍCULO 17.- Asistencia de un profesional en Derecho<br />
Durante toda la etapa de ejecución de la sanción, a la persona joven<br />
sancionada deberá garantizársele la defensa legal, mediante un profesional<br />
acreditado en Derecho. Si la persona joven sancionada no puede nombrar a<br />
un defensor particular, se solicitará el nombramiento de un defensor<br />
público. El defensor asignado al caso en particular estará obligado a<br />
atender, con la celeridad que amerita, los requerimientos formales de su<br />
defendido, por las vías que correspondan.<br />
ARTÍCULO 18.- Participación del Ministerio Público<br />
Dentro de la etapa de ejecución penal, el Ministerio Público actuará<br />
de conformidad con su respectiva ley orgánica y según la Ley de justicia<br />
penal juvenil, esta Ley y las demás disposiciones legales vigentes. Para<br />
ello, deberán nombrarse fiscales especializados en ejecución penal juvenil.<br />
ARTÍCULO 19.- Tribunal Superior Penal Juvenil<br />
El Tribunal Superior Penal Juvenil será el órgano jurisdiccional<br />
competente encargado de resolver, en segunda instancia, los recursos<br />
interpuestos contra las resoluciones que causen gravamen irreparable,<br />
dictadas por el juez de ejecución de las sanciones penales juveniles. Lo<br />
resuelto por dicho juez de ejecución no se ejecutará hasta la resolución<br />
final de dicho Tribunal, salvo casos de excepción fijados en esta Ley.<br />
ARTÍCULO 20.- Recursos legales<br />
Contra las resoluciones del juzgado de ejecución de las sanciones<br />
penales juveniles procederán los recursos de revocatoria, apelación y<br />
casación. Son resoluciones apelables, ante el Tribunal Superior Penal<br />
Juvenil, las siguientes:<br />
a) Las que resuelvan incidentes de ejecución.<br />
b) Las que aprueben o rechacen el plan individual de ejecución.<br />
c) Las que resuelvan, en fase de ejecución, modificaciones al<br />
cómputo de la sanción.<br />
d) Las que constituyan ulterior fijación de pena.<br />
e) Las que ordene un cese de sanción.<br />
f) Cualesquiera otras que causen gravámenes irreparables.<br />
El recurso de casación procede ante el Tribunal de Casación Penal, solo<br />
contra las resoluciones que constituyan ulteriores modificaciones a la<br />
pena.<br />
ARTÍCULO 21.- Funciones de los órganos administrativos de la ejecución<br />
La Dirección General de Adaptación Social será la entidad responsable<br />
de ejecutar las sanciones penales juveniles y tendrá las siguientes<br />
funciones:<br />
a) Elaborar el plan individual de ejecución de la sanción<br />
jurisdiccionalmente impuesta en cada caso concreto, y velar por el<br />
cumplimiento estricto de la sanción impuesta por el juez.<br />
b) Implementar proyectos y actividades en procura de cumplir los<br />
fines de las sanciones comprendidas en la Ley de justicia penal<br />
juvenil; en especial, fomentar en la persona joven su sentido de<br />
responsabilidad y una vida en comunidad, sin la comisión de delitos.<br />
c) Informar al juez de ejecución de las sanciones penales juveniles<br />
sobre cualquier obstáculo para el cumplimiento de las sanciones<br />
impuestas, en especial, de la falta de cooperación o el<br />
incumplimiento de deberes de los funcionarios públicos que participen<br />
de la ejecución de la sanción impuesta.<br />
d) Velar por el respeto de los derechos fundamentales de las<br />
personas jóvenes sancionadas e informar al juez de ejecución de las<br />
sanciones penales juveniles, de cualquier violación de sus derechos o<br />
del peligro de que estos sean afectados.<br />
e) Investigar las posibles faltas disciplinarias cometidas por las<br />
personas jóvenes que se encuentren cumpliendo una sanción penal<br />
juvenil e imponer las sanciones disciplinarias correspondientes.<br />
f) Comunicar, al juez de ejecución de las sanciones penales<br />
juveniles, con un mes de anticipación, la finalización del<br />
cumplimiento de la sanción ejecutada.<br />
g) Contar con un registro de las instituciones públicas y de las<br />
organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, que<br />
contribuyan, apoyen o ejecuten programas y/o proyectos para el<br />
cumplimiento de las sanciones penales juveniles.<br />
h) Autorizar y supervisar los programas que ejecuten las<br />
organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, para cumplir<br />
las sanciones penales juveniles no privativas de libertad.<br />
i) Dar seguimiento a las sanciones privativas de libertad, en las<br />
que se haya concedido el beneficio de ejecución condicional de la<br />
sanción de internamiento.<br />
j) Cumplir cualquier otra función que se le asignen en esta o en<br />
otras leyes.<br />
ARTÍCULO 22.- Sistema de protección integral durante la ejecución<br />
Las autoridades administrativas de ejecución y cumplimiento de las<br />
sanciones penales juveniles deberán orientarse y estar en armonía con la<br />
política general en materia de protección integral en el ámbito nacional,<br />
desarrollada por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Consejo<br />
Nacional de la Persona Joven y las juntas de protección de la niñez y la<br />
adolescencia y la política pública de la persona joven.<br />
CAPÍTULO V<br />
PROCEDIMIENTO Y RECURSOS<br />
ARTÍCULO 23.- Expediente de ejecución<br />
Siempre que una persona joven sea sancionada y deba ejecutarse la<br />
sanción impuesta, deberá llevarse un expediente administrativo completo y<br />
fiable que contendrá, por lo menos, la siguiente información:<br />
a) La boleta de tener a la orden de la Dirección General de<br />
Adaptación Social, emitida por la autoridad judicial competente, así<br />
como el auto de liquidación de la pena y el testimonio de sentencia.<br />
b) La ficha técnica de ingreso que contendrá por lo menos: los<br />
datos personales, la situación jurídica, la síntesis de los hechos<br />
probados, el nombre del defensor, la fecha de inicio y la posible<br />
conclusión de la sanción.<br />
c) Toda persona joven, previo a su internamiento o libertad<br />
asistida, deberá recibir un diagnóstico médico completo y un examen<br />
clínico. Los registros sobre los problemas en la salud física y<br />
mental de la persona sentenciada, así como la presencia de adicción a<br />
sustancias psicotrópicas o a alcohol quedarán indicados en el<br />
expediente administrativo, para su respectivo seguimiento y<br />
tratamiento.<br />
d) El plan individual de ejecución y sus modificaciones homologados<br />
por el juez de ejecución.<br />
e) Los informes trimestrales sobre la situación del sentenciado y<br />
el desarrollo del plan de ejecución individual, con las<br />
recomendaciones para el cumplimiento de los objetivos de la Ley de<br />
justicia penal juvenil.<br />
f) Los procesos disciplinarios que haya enfrentado la persona<br />
sentenciada.<br />
g) Cualquier otro hecho de relevancia que se considere conveniente<br />
incluir en el expediente administrativo.<br />
ARTÍCULO 24.- Fundamentación de las resoluciones de las autoridades<br />
administrativas<br />
Toda resolución de las autoridades penitenciarias deberá ser<br />
debidamente fundamentada y notificada estrictamente al interesado, a más<br />
tardar tres días hábiles después de dictada. En el lapso de tres días<br />
hábiles posteriores a esa notificación, contra dicha resolución cabrá<br />
recurso de revocatoria ante el órgano que dictó el acto y, de apelación,<br />
ante el Instituto Nacional de Criminología, los que deberán resolverse en<br />
el término de ocho días hábiles posteriores. Interpuestos los recursos<br />
mencionados, no se ejecutará la medida o resolución administrativa hasta<br />
que el recurso se resuelva en definitiva, salvo situaciones de difícil<br />
reparación o que causen un grave daño a la integridad física o mental de la<br />
persona joven. Queda a salvo la posibilidad de la persona afectada de<br />
recurrir a la vía judicial para hacer valer sus intereses.<br />
ARTÍCULO 25.- Control judicial de la ejecución<br />
Toda medida disciplinaria o de cualquier otro tipo, lesiva para los<br />
derechos fundamentales, podrá ser revisada por el juez de ejecución de las<br />
sanciones penales juveniles a solicitud de parte. La solicitud o petición<br />
no requiere formalidad alguna, bastará que dicho juez de ejecución conozca,<br />
por cualquier medio, la voluntad de la persona joven. Cuando el juez lo<br />
considere necesario, citará a la persona joven para que aclare su petición<br />
o la ratifique.<br />
ARTÍCULO 26.- Procedimientos judiciales de control<br />
El procedimiento para tramitar estas peticiones será el previsto para<br />
los incidentes de ejecución del Código Procesal Penal.<br />
ARTÍCULO 27.- Recursos legales, plazos y competencia<br />
Los recursos de revocatoria y apelación procederán contra las<br />
resoluciones del juzgado de ejecución de las sanciones penales juveniles<br />
que afecten los derechos fundamentales de la persona sancionada. Ambos<br />
recursos podrán ser interpuestos por la persona sancionada, su abogado<br />
defensor o el Ministerio Público y la Dirección General de Adaptación<br />
Social, en la persona del director general o del director del centro de<br />
internamiento especializado, y deberán ser presentados, a más tardar,<br />
dentro del tercer día hábil posterior a la notificación respectiva.<br />
El juzgado de ejecución deberá resolver la revocatoria en un plazo<br />
máximo de tres días hábiles y el Tribunal Superior Penal Juvenil deberá<br />
resolver la impugnación en un plazo máximo de quince días hábiles. La<br />
interposición de estos recursos suspenderá la ejecución de la resolución o<br />
medida administrativa hasta que se resuelvan definitivamente. El recurso<br />
de casación deberá ser interpuesto dentro de los diez días siguientes a la<br />
notificación y resuelto por el Tribunal de Casación Penal, en un plazo<br />
máximo de un mes.<br />
ARTÍCULO 28.- Recursos contra la libertad anticipada<br />
Serán recurribles por el Ministerio Público, mediante apelación ante<br />
el Tribunal Superior Penal Juvenil, las resoluciones del juzgado de<br />
ejecución de las sanciones penales juveniles que concedan algún beneficio<br />
que implique la liberación de la persona joven sancionada con privación de<br />
libertad. La interposición del recurso no suspenderá la ejecución de lo<br />
resuelto.<br />
ARTÍCULO 29.- Consecuencias por incumplimiento injustificado de las<br />
sanciones alternativas a la privación de libertad<br />
Cuando el Ministerio Público considere que la persona joven ha<br />
incurrido en el incumplimiento injustificado de cualquier sanción<br />
socioeducativa u orden de orientación y supervisión, así como de los<br />
internamientos domiciliarios y en tiempo libre, podrá solicitarle al juez<br />
de ejecución de las sanciones penales juveniles su revocatoria. Esta<br />
solicitud deberá presentarse con la prueba respetiva que acredite el<br />
incumplimiento, por parte de la persona joven, de cualquiera de estas<br />
sanciones.<br />
El juez de ejecución, previa audiencia obligatoria, oral y privada con<br />
la participación de la persona sancionada y su defensor, podrá ordenar la<br />
revocatoria y decretar el cumplimiento de la sanción privativa de libertad,<br />
la cual se cumplirá de acuerdo con lo estipulado en la sentencia<br />
condenatoria. En este acto, el juez solicitará a la Dirección General de<br />
Adaptación Social un informe sobre las causas de incumplimiento de la<br />
sanción alternativa. El juez deberá resolver esta modificación en un plazo<br />
máximo de tres días.<br />
La admisión o el rechazo de esa solicitud tendrá recurso de apelación,<br />
en ambos efectos, ante el Tribunal Superior Penal Juvenil.<br />
ARTÍCULO 30.- Interrupción de la prescripción<br />
El dictado de la sentencia, aunque no esté firme, interrumpe la<br />
prescripción de la acción penal. En los delitos de acción pública y de<br />
acción pública a instancia privada, la declaratoria de rebeldía suspende el<br />
plazo de prescripción de la acción penal por un período que en ningún caso<br />
será superior a un año. Vencido ese período, la prescripción seguirá<br />
corriendo, aunque el estado de rebeldía se mantenga.<br />
Además de lo señalado en el artículo 110 de la Ley de justicia penal<br />
juvenil, la prescripción de la sanción se interrumpe con el dictado de la<br />
resolución que revoque el beneficio de ejecución condicional o declare el<br />
incumplimiento de la sanción alternativa, aunque esas resoluciones no estén<br />
firmes o posteriormente sean declaradas ineficaces.<br />
También se interrumpe la prescripción de la sanción penal, y queda sin<br />
efecto el tiempo transcurrido, en caso de que el joven sentenciado se<br />
presente o sea habido, o cuando cometa un nuevo delito antes de completar<br />
el tiempo de la prescripción.<br />
Cuando en una o más sentencias se hayan impuesto sanciones penales que<br />
deban cumplirse en forma sucesiva, el cómputo de la prescripción de las<br />
sanciones pendientes se suspenderá por el tiempo que dure el cumplimiento<br />
de las que deban ejecutarse previamente.<br />
TÍTULO II<br />
EJECUCIONES DE LAS SANCIONES SOCIOEDUCATIVAS Y<br />
ÓRDENES DE ORIENTACIÓN Y SUPERVISIÓN<br />
CAPÍTULO I<br />
EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES SOCIOEDUCATIVAS<br />
ARTÍCULO 31.- Concesión de la libertad condicional<br />
El juez de ejecución de la pena juvenil podrá decretar la libertad<br />
condicional como reconocimiento para la persona joven condenada a una pena<br />
privativa de libertad por más de un año, que por su conducta y<br />
comportamiento adecuados en el establecimiento penal en que cumple su pena,<br />
su interés en instruirse y su empeño en adquirir un oficio y formar un<br />
proyecto de vida, sin comisión de nuevos delitos, haya demostrado que se<br />
encuentra apto para seguir una vida respetuosa de la ley. El período de<br />
libertad condicional durará todo el tiempo que le falte al penado para<br />
cumplir su condena.<br />
ARTÍCULO 32.- Forma de ejecución y cumplimiento de la amonestación y<br />
advertencia<br />
Una vez firme la sentencia en la cual la persona joven sea sancionada<br />
con amonestación y advertencia, el juez penal juvenil que dictó la<br />
sentencia la citará a una audiencia, a la cual podrán comparecer los padres<br />
y/o encargados, y ejecutará esta sanción. Se dirigirá a la persona joven<br />
en forma clara y directa, le indicará el delito o la contravención que haya<br />
cometido y la prevendrá de que, en caso de continuar con su conducta,<br />
podrán aplicársele sanciones más severas; además, la invitará a aprovechar<br />
las oportunidades que se le conceden con este tipo de sanción.<br />
En el mismo acto, el juez, de considerarlo procedente, podrá recordar<br />
a los padres de familia sus responsabilidades y deberes relativos a la<br />
formación, educación y supervisión de la persona joven, en especial si es<br />
menor de edad.<br />
De la ejecución de la amonestación y advertencia se dejará constancia<br />
por medio del acta, la cual será firmada por el juez y la persona joven,<br />
si esta última puede o sabe firmar.<br />
ARTÍCULO 33.- Forma de ejecución y cumplimiento de la libertad asistida<br />
Una vez firme la sentencia en la que se impone a la persona joven la<br />
sanción de libertad asistida, la autoridad jurisdiccional competente deberá<br />
comunicar lo resuelto a la Dirección General de Adaptación Social,<br />
remitiendo la ficha de referencia y el testimonio de sentencia.<br />
Los funcionarios de la Dirección General de Adaptación Social<br />
elaborarán un plan individual para el cumplimiento de dicha sanción. La<br />
libertad asistida se ejecutará bajo este plan, que deberá contener los<br />
programas socioeducativos o formativos a los que la persona joven deberá<br />
asistir, el tipo de orientación requerida y el seguimiento para cumplir los<br />
fines fijados en esta Ley.<br />
Esta sanción se empezará a ejecutar a partir del momento en que el<br />
joven se presente al Programa de Sanciones Alternativas o a la Dirección<br />
General de Adaptación Social.<br />
ARTÍCULO 34.- Formas de ejecución y cumplimiento del servicio a la<br />
comunidad<br />
Una vez firme la sentencia que impone la sanción de prestación de<br />
servicios a la comunidad y referido el caso a los funcionarios de la<br />
Dirección General de Adaptación Social, se citará a la persona joven<br />
sancionada para elaborar el plan de ejecución individual. Este plan deberá<br />
contener, por lo menos, lo siguiente:<br />
a) El lugar donde deberá realizarse este servicio.<br />
b) El tipo de servicio que deberá prestarse.<br />
c) El encargado de la persona joven dentro de la entidad donde se<br />
prestará el servicio.<br />
d) El horario diario en que deberá cumplirse la prestación de<br />
servicios a la comunidad.<br />
e) El mecanismo y la metodología con los que se evaluará la<br />
prestación de servicios a la comunidad y el logro de los objetivos.<br />
En todos los casos, el servicio deberá estar acorde con las cualidades<br />
y aptitudes de la persona joven y fortalecer, en ella, los principios de<br />
la convivencia social.<br />
ARTÍCULO 35.- Entidades para la prestación del servicio comunal<br />
Los responsables de las entidades sin fines de lucro, interesados en<br />
participar en la ejecución de la sanción de prestación de servicio comunal,<br />
deberán comprobar la idoneidad de los programas que ofrecen ante la<br />
Dirección General de Adaptación Social, la cual deberá autorizar y<br />
supervisar a estas entidades.<br />
Para el cumplimiento de esta sanción se preferirán los programas<br />
comunales del lugar de origen de la persona joven o su lugar de residencia.<br />
ARTÍCULO 36.- Formas de control y ejecución de la reparación de daños a<br />
la víctima<br />
Una vez firme la sentencia en la que se sanciona a la persona joven<br />
con la reparación de los daños a la víctima, los funcionarios encargados de<br />
la Dirección General de Adaptación Social elaborarán un plan individual<br />
para el cumplimiento de esta sanción; cuando la restitución no sea<br />
inmediata, este plan deberá contener por lo menos lo siguiente:<br />
a) La forma en que se restituirá el daño. Las maneras de<br />
restituirlo necesariamente deberán estar relacionadas con el daño<br />
provocado por el hecho delictivo.<br />
b) El lugar donde se deberá cumplir la restitución o el<br />
resarcimiento del daño en favor de la víctima.<br />
c) Los días que la persona joven le dedicará a tal función, la cual<br />
no deberá afectar su trabajo ni su estudio.<br />
d) El horario diario en que se deberá cumplir la restitución o el<br />
resarcimiento del daño.<br />
ARTÍCULO 37.- Sustitución de la reparación por una suma de dinero<br />
Para sustituir la reparación de los daños por una suma de dinero, en<br />
todo caso se procurará, con el acuerdo de las partes, que el dinero<br />
provenga del esfuerzo propio de la persona joven. Cuando esta sustitución<br />
proceda, se tratará de que no se provoque un traslado de la responsabilidad<br />
personal de la persona joven hacia sus padres o representantes.<br />
Si procede la sustitución y el juez de sentencia no lo ha determinado,<br />
el juez de ejecución penal deberá valorar los daños causados a la víctima,<br />
con el fin de fijar el monto por pagar, cuando este no haya sido fijado en<br />
la sentencia, para ello, podrá valorarlos por medio de documentos que<br />
demuestren el monto de los daños y perjuicios, mediante un dictamen<br />
pericial o por regulación prudencial.<br />
CAPÍTULO II<br />
EJECUCIÓN DE LAS ÓRDENES DE ORIENTACIÓN Y SUPERVISIÓN<br />
ARTÍCULO 38.- Limitación o prohibición de residencia<br />
La limitación o prohibición de residencia consiste en prohibirle a la<br />
persona joven residir en un lugar determinado, cuando se compruebe, en<br />
sentencia, que el ambiente del lugar en el que la persona joven se<br />
desenvuelve resulta perjudicial para su sano desarrollo.<br />
ARTÍCULO 39.- Formas de control y ejecución de la prohibición de<br />
residencia<br />
El juez de sentencia, al imponer esta sanción, deberá determinar en<br />
qué lugar deberá residir la persona joven o bien dónde se le prohíbe<br />
habitar. Los funcionarios de la Dirección General de Adaptación Social<br />
deberán informar al juez, por lo menos una vez cada tres meses, sobre el<br />
cumplimiento y la evaluación de esta sanción.<br />
ARTÍCULO 40.- Colaboración para cumplir la prohibición de residencia<br />
Cuando la sanción de prohibición de residencia no pueda cumplirse por<br />
imposibilidad económica, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el<br />
PANI, en caso de que sea menor de edad, o cualquier otra institución de<br />
asistencia social, deberán contribuir con los gastos del traslado y la<br />
manutención, según las posibilidades y necesidades de la persona joven.<br />
Cuando esta sanción no se pueda cumplir por no contarse con un lugar de<br />
residencia, en el caso de las personas menores de edad, el PANI deberá<br />
brindar las alternativas de residencia o albergue.<br />
ARTÍCULO 41.- Prohibición de relacionarse con determinadas personas<br />
La sanción de prohibición de relacionarse con determinadas personas,<br />
consiste en ordenarle, a la persona joven, abstenerse de frecuentar a<br />
otras personas, mayores o menores de edad, quienes hayan contribuido a que<br />
ella lleve una forma de vida delictiva. La misma prohibición se aplicará<br />
cuando se trate de la persona ofendida o testigos de la causa que puedan<br />
verse afectados por esa relación.<br />
ARTÍCULO 42.- Formas de control y ejecución de la prohibición de<br />
relacionarse con determinadas personas<br />
Al imponer la sanción de prohibición de relacionarse con determinadas<br />
personas, el juez de sentencia deberá indicar, en forma clara y precisa, a<br />
cuáles personas deberá abandonar la persona joven en su trato o su<br />
convivencia, mientras la sanción esté vigente.<br />
Cuando la prohibición de relacionarse con determinada persona se<br />
refiera a un miembro del núcleo familiar de la persona joven o a cualquier<br />
otra persona que resida con ella, esta sanción deberá combinarse con la<br />
prohibición de residencia. En este caso, tendrá derecho a la protección y<br />
asistencia técnica por parte del PANI, cuando sea menor de edad.<br />
Durante el cumplimiento de la sanción, los funcionarios de la<br />
Dirección General de Adaptación Social encargados del seguimiento de la<br />
sanción, deberán programar las acciones o actividades tendientes a que la<br />
persona joven comprenda las inconveniencias y desventajas que implica, para<br />
su convivencia social y su sano desarrollo, relacionarse con las personas<br />
determinadas en la sentencia.<br />
ARTÍCULO 43.- Prohibición de visitar determinados lugares<br />
La sanción de prohibición de visitar determinados lugares consiste en<br />
ordenarle, a la persona joven, que no asista a los lugares o<br />
establecimientos señalados en la Ley de justicia penal juvenil o los<br />
indicados por el juez penal juvenil, cuando resulten inconvenientes para su<br />
sano desarrollo.<br />
ARTÍCULO 44.- Formas de control y ejecución de la prohibición de visitar<br />
determinados lugares<br />
Al imponer la sanción de prohibición de visitar determinados lugares,<br />
el juez de sentencia deberá indicar, en forma clara y precisa, cuáles<br />
lugares deberá dejar de visitar o frecuentar la persona joven.<br />
El juez de ejecución deberá comunicarle la prohibición al propietario,<br />
el administrador o el responsable de los locales a los que la persona joven<br />
tiene prohibido el ingreso. El incumplimiento de esta orden acarreará las<br />
consecuencias penales y administrativas correspondientes.<br />
Los funcionarios de la Dirección General de Adaptación Social<br />
encargados del seguimiento de esta sanción, se informarán con el<br />
propietario del establecimiento, los familiares de la persona joven o<br />
cualquier otra persona que les merezca credibilidad bajo apercibimiento de<br />
ley, sobre el cumplimiento o incumplimiento de esta sanción; eso se lo<br />
informarán al juez de ejecución, cuando sea necesario.<br />
ARTÍCULO 45.- Medidas de enseñanza y formación<br />
La medida de matricularse en un centro educativo consiste en<br />
ordenarle, a la persona joven, que ingrese y permanezca en algún centro de<br />
estudio, de educación formal, vocacional o técnica. En caso de que esta<br />
medida no pueda cumplirse por imposibilidad económica, el Ministerio de<br />
Educación Pública (MEP), el IMAS, el Fondo Nacional de Becas o cualquier<br />
institución de asistencia social, deberán colaborar para sufragar los<br />
gastos que conlleve cumplir esta sanción. Esta medida deberá corresponder<br />
y ser viable con los respectivos ciclos lectivos de la educación formal,<br />
salvo que existan, de manera comprobada, otras alternativas de matrícula<br />
fuera del cronograma normal de la educación primaria y secundaria.<br />
ARTÍCULO 46.- Formas de control y ejecución de las medidas de enseñanza<br />
y formación<br />
Al imponer la medida socioeducativa de la obligación de matricularse<br />
en un centro educativo, el juez de sentencia deberá indicar el centro<br />
educativo formal, vocacional o técnico al que la persona joven deberá<br />
ingresar o el tipo alternativo de programa educativo que deberá seguir. En<br />
todo caso, se preferirán los centros educativos que se encuentren cerca del<br />
medio familiar y social de la persona joven.<br />
ARTÍCULO 47.- Selección del centro educativo<br />
Para elegir el centro educativo deberán tomarse en cuenta, sobre todo,<br />
las aptitudes y capacidades de la persona joven para el tipo o la modalidad<br />
de educación, así como los requisitos exigidos por el centro educativo.<br />
El centro escogido quedará obligado a aceptar a la persona joven como<br />
estudiante y a no divulgar las razones por las cuales ella se encuentra en<br />
ese centro. Por ningún motivo podrá realizar diferenciación o<br />
discriminación alguna respecto de los demás estudiantes del centro<br />
educativo.<br />
ARTÍCULO 48.- Informes sobre la evolución y el rendimiento académico<br />
Durante el transcurso de la sanción socioeducativa de matricularse en<br />
un centro educativo, los funcionarios de la Dirección General de<br />
Adaptación Social encargados del seguimiento de esta sanción deberán<br />
informar periódicamente, cada tres meses, al juez de ejecución de las<br />
sanciones sobre la evolución y el rendimiento académico de la persona joven<br />
en el centro de enseñanza o en el programa educativo en el que se encuentre<br />
matriculado. Para ello, el centro educativo deberá remitir informes<br />
periódicos del avance académico que reflejen los servicios de apoyo<br />
recibidos por el joven sancionado. Deberá considerarse que los problemas<br />
de rendimiento que puedan presentarse podrán ser por necesidades<br />
psicoeducativas específicas y no solo por aspectos económicos.<br />
ARTÍCULO 49.- Adquisición de un trabajo<br />
La sanción socioeducativa de adquirir un trabajo consiste en<br />
ordenarle, la persona joven mayor de quince, que se ubique y se mantenga en<br />
un empleo, el cual está regulado en el Régimen especial de protección al<br />
trabajador adolescente, del Código de la Niñez y la Adolescencia y en la<br />
legislación laboral vigente, en el caso de los mayores de edad. Este<br />
trabajo deberá estar acorde con las cualidades y capacidades de la persona<br />
joven, con el objetivo de que desarrolle en él actitudes positivas de<br />
convivencia social y aumente tanto su productividad como su autoestima.<br />
ARTÍCULO 50.- Formas de control y ejecución de la obligación de adquirir<br />
un trabajo<br />
El juez de sentencia, al imponer la sanción de adquirir un trabajo,<br />
indicará qué tipo de labor deberá desarrollar la persona joven y dónde<br />
deberá cumplirla, a efectos de que se incluya en el plan individual. En<br />
todo caso, se preferirán los centros de trabajo ubicados cerca del medio<br />
familiar o social en el que se desarrolle la persona joven mayor de quince<br />
años. Para estos efectos, la Dirección General de Adaptación Social, con<br />
la colaboración del Ministerio de Trabajo, deberá contar con una lista de<br />
las empresas públicas o privadas interesadas en emplear a las personas<br />
jóvenes a las que se les haya sometido a esta sanción.<br />
El empleador no deberá divulgar la condición de condenado de la<br />
persona joven, ni podrá discriminarla, por ninguna circunstancia, cuando<br />
se encuentre en situaciones semejantes a las de otros trabajadores.<br />
La actividad deberá cumplirse respetando las regulaciones dispuestas<br />
en la legislación laboral para el trabajo, tanto de las personas menores<br />
de edad como de los jóvenes adultos. Por ningún motivo se permitirá el<br />
desempeño de trabajos peligrosos o insalubres.<br />
ARTÍCULO 51.- Abstención de ingerir bebidas alcohólicas o sustancias<br />
psicotrópicas no autorizadas<br />
La sanción de abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas o sustancias<br />
psicotrópicas no autorizadas consiste en prohibirle a la persona joven<br />
consumirlas, durante el tiempo de ejecución de esta sanción, en lugares<br />
tanto públicos como privados, asimismo en enviar a la persona joven a<br />
seguir un tratamiento para subsanar su problema de alcoholismo o<br />
drogadicción.<br />
ARTÍCULO 52.- Formas de control y ejecución de la abstinencia<br />
Al imponer la sanción de la abstinencia, el juez de sentencia indicará<br />
el tipo de sustancias o drogas que la persona joven deberá dejar de<br />
consumir. Para ello, ordenará el internamiento o tratamiento en un centro<br />
residencial o ambulatorio que genere cambios cognitivos conductuales hacia<br />
el problema de adicción de la persona joven. Para estos efectos, la<br />
Dirección General de Adaptación Social, con el asesoramiento y apoyo del<br />
Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el<br />
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y el Instituto<br />
Costarricense sobre Drogas, elaborará un plan para ejecutar esta sanción,<br />
que promueva la eliminación del consumo y de la adicción de ese tipo de<br />
sustancias o drogas. Previa autorización del juez de ejecución, podrán<br />
realizarse los exámenes clínicos correspondientes, para constatar la<br />
eliminación del consumo o la adicción de sustancias psicotrópicas.<br />
ARTÍCULO 53.- Internamiento o tratamiento ambulatorio en un centro de<br />
tratamiento por adicciones a sustancias psicotrópicas y alcoholismo<br />
La sanción de internamiento o tratamiento en un centro residencial o<br />
ambulatorio, consiste en ordenarle a la persona joven a participar en un<br />
programa, público o privado, que provoque cambios cognitivos conductuales<br />
hacia el problema de las adicciones. Para estos efectos, se contará con<br />
el apoyo de la CCSS, el Ministerio de Salud, el IAFA y el Instituto<br />
Costarricense sobre Drogas. Cuando se trate de un centro de<br />
desintoxicación privado, para ingresar al centro o participar en los<br />
programas, se requerirá la anuencia de la persona joven. Los gastos y<br />
cualquier costo de estos programas y centros privados serán cubiertos por<br />
la persona sancionada.<br />
ARTÍCULO 54.- Formas de control y ejecución en centros de tratamiento<br />
por adicciones a sustancias psicotrópicas y alcoholismo<br />
Al imponer la sanción de internamiento o tratamiento en un centro<br />
residencial o ambulatorio, el juez de sentencia deberá indicar el lugar de<br />
internamiento de la persona joven o el tipo de tratamiento al que deberá<br />
sometérsele. Los funcionarios de la Dirección General de Adaptación Social<br />
deberán informar, al juez de ejecución de las sanciones, sobre el<br />
cumplimiento y la evolución del plan de ejecución de esta sanción.<br />
ARTÍCULO 55.- Consideraciones en el plan individual para el cumplimiento<br />
de la sanción para personas jóvenes con adicciones a sustancias<br />
psicotrópicas y alcoholismo<br />
Los funcionarios de la Dirección General de Adaptación Social, con la<br />
colaboración de expertos del IAFA, deberán considerar, en el momento de<br />
elaborar el plan individual para el cumplimiento de la sanción, lo<br />
siguiente:<br />
a) El diagnóstico clínico-médico de la persona joven objeto de esta<br />
sanción.<br />
b) El diagnóstico psicosocial previo de las causales de la<br />
drogadicción o el alcoholismo, el que de ser posible, permita<br />
establecer el tipo y grado de dependencia de las drogas o alcohol que<br />
presenta la persona joven.<br />
c) La relación y el impacto entre la dependencia y la comisión de<br />
delitos.<br />
d) Las experiencias anteriores de la persona joven en programas de<br />
desintoxicación.<br />
e) La conveniencia o inconveniencia de mantener los vínculos<br />
familiares durante el cumplimiento de esta ejecución.<br />
f) Las condiciones económicas de la persona joven, para la<br />
ejecución de la sanción en un centro privado.<br />
g) Las implicaciones económicas de cumplir el plan individual.<br />
h) Cualquier otro dato que los funcionarios de la Dirección General<br />
de Adaptación Social y del IAFA consideren conveniente.<br />
En todo caso, de ser posible y conveniente, se consultará a la persona<br />
joven para seleccionar el tipo de tratamiento y el lugar en el que se<br />
practicará.<br />
ARTÍCULO 56.- Derechos de las personas jóvenes durante el internamiento<br />
en un centro de tratamiento por adicciones a sustancias psicotrópicas y<br />
alcoholismo<br />
Cuando la sanción de internamiento se practique bajo la modalidad del<br />
internamiento, en un centro de salud público o privado, a la persona joven<br />
se le respetarán los derechos señalados para la ejecución de la sanción<br />
privativa de libertad en un centro de internamiento especializado, siempre<br />
y cuando no se afecten las reglas de convivencia del centro de salud, ni<br />
los fines propios de la ejecución de esta sanción.<br />
ARTÍCULO 57.- Tratamiento en centros privados<br />
Cuando se ordene el internamiento de una persona joven en un centro de<br />
salud privado, el director del centro deberá informar al juez de ejecución<br />
de las sanciones sobre la evolución o los progresos de la persona joven en<br />
este tipo de sanción. El director del centro será el responsable, ante el<br />
juez de ejecución, por la violación de cualquiera de los derechos<br />
fundamentales de la persona joven.<br />
Los funcionarios de la Dirección General de Adaptación Social, junto<br />
con expertos del IAFA, deberán ejercer las labores de supervisión del<br />
internamiento en los centros de salud privados, para constatar el<br />
cumplimiento de los fines de la sanción. Cualquier anomalía o<br />
irregularidad que se encuentre deberá ser informada, inmediatamente, al<br />
juez de ejecución de las sanciones penales juveniles, quien lo notificará<br />
al defensor y a la persona joven.<br />
ARTÍCULO 58.- Término de la sanción para personas jóvenes con adicciones<br />
a sustancias psicotrópicas y alcoholismo<br />
Cumplido el plazo por el cual haya sido impuesta esta sanción, la<br />
persona joven podrá continuar, de manera voluntaria, con el tratamiento<br />
que le haya sido asignado, a fin de que el objetivo último de la sanción no<br />
pierda efecto. Cumplida la sanción cesarán todas las restricciones a sus<br />
derechos, ordenadas en la sentencia condenatoria.<br />
La Dirección General de Adaptación Social, con el apoyo del PANI y el<br />
IAFA, podrá recomendar, en casos de personas menores de edad, su inclusión<br />
voluntaria en programas oficiales de internamiento o tratamiento en un<br />
centro residencial o ambulatorio, lo anterior de conformidad con el<br />
objetivo socioeducativo que busca la Ley y la prevención del delito para<br />
menores de edad que se encuentran en este riesgo social y de salud.<br />
TÍTULO III<br />
SANCIONES PRIVATIVAS DE LIBERTAD<br />
CAPÍTULO I<br />
INTERNAMIENTO DOMICILIARIO Y EN TIEMPO LIBRE<br />
ARTÍCULO 59.- Formas de ejecución y cumplimiento del internamiento<br />
domiciliario<br />
Una vez firme la sentencia que impone la sanción de internamiento<br />
domiciliario, los funcionarios de la Dirección General de Adaptación Social<br />
elaborarán el plan de ejecución; en él fijarán las medidas de control a las<br />
que la persona sancionada deberá someterse, las cuales deberán respetar el<br />
tiempo que la persona joven dedique a su estudio, trabajo y descanso, lo<br />
mismo que su dignidad e integridad física y mental.<br />
Dentro de este plan se programarán, además, actividades en el<br />
domicilio donde se ejecuta la sanción, con el objetivo de fomentar en la<br />
persona joven actitudes sanas de convivencia social.<br />
ARTÍCULO 60.- Formas de control y ejecución del internamiento durante<br />
tiempo libre<br />
Firme la sentencia que ordene el internamiento durante tiempo libre,<br />
el juzgado de ejecución remitirá a la persona joven a la Dirección General<br />
de Adaptación Social, para que se elabore el plan de ejecución individual,<br />
el cual deberá concluirse y comunicársele a la persona joven en el plazo<br />
máximo e impostergable de un mes a partir de su ingreso al centro. El plan<br />
fijará al menos lo siguiente:<br />
a) El establecimiento público o privado en el que deberá cumplir la<br />
sanción.<br />
b) El horario semanal en que deberá concurrir al establecimiento.<br />
c) Las actividades que deberá realizar en el establecimiento.<br />
d) Otras que se consideren pertinentes.<br />
ARTÍCULO 61.- Establecimientos para el internamiento durante tiempo<br />
libre<br />
Los establecimientos para internamiento durante tiempo libre no<br />
tendrán seguridad extrema. Podrán ser públicos o privados, pero deberán ser<br />
especializados y contar con el personal, las áreas y las condiciones<br />
adecuadas para el cumplimiento efectivo de la sanción. En todo caso, para<br />
cumplir esta sanción, se preferirán los establecimientos más cercanos a la<br />
comunidad donde reside la persona joven.<br />
ARTÍCULO 62.- Informes al juez de ejecución<br />
El director o la directora, o bien, la persona encargada del<br />
establecimiento en el cual se encuentre cumpliendo la sanción de<br />
internamiento durante tiempo libre la persona joven, deberá rendir al juez<br />
de ejecución de las sanciones un informe mensual que contendrá, por lo<br />
menos, la siguiente información:<br />
a) Si ha cumplido los horarios que se le establecieron.<br />
b) Si ha cumplido las actividades fijadas.<br />
c) La disposición de la persona joven hacia estas actividades.<br />
d) Los obstáculos presentados para el cumplimiento de las<br />
actividades y las formas de superarlos.<br />
e) Los trabajos o estudios que la persona joven esté realizando.<br />
f) La disciplina de la persona sentenciada y su mejoramiento<br />
personal.<br />
g) El estado emocional y de salud de la persona joven.<br />
h) El no consumo ni portación de sustancias psicotrópicas o<br />
alcohol.<br />
i) Cualquier otro asunto relevante que el centro considere<br />
importante informar.<br />
CAPÍTULO II<br />
INTERNAMIENTO EN CENTROS ESPECIALIZADOS<br />
SECCIÓN I<br />
CONSIDERACIONES GENERALES<br />
ARTÍCULO 63.- Estructura física de los centros especializados de<br />
internamiento<br />
Todo centro de internamiento especializado donde se cumpla una sanción<br />
privativa de libertad, deberá tener determinada su capacidad o el máximo de<br />
plazas para albergar a las personas jóvenes en condiciones adecuadas y sin<br />
hacinamiento. La determinación será fijada por los órganos competentes de<br />
la Dirección General de Adaptación Social, tomando en cuenta la capacidad<br />
preestablecida y la opinión de los expertos en la materia. Además, el<br />
diseño de los centros de internamiento deberá responder a su finalidad, es<br />
decir, a la rehabilitación de las personas jóvenes, teniendo en cuenta,<br />
debidamente, su necesidad de intimidad, estímulos sensoriales,<br />
posibilidades de asociación con sus compañeros y participación en<br />
actividades deportivas, ejercicios físicos y de esparcimiento. El diseño y<br />
la estructura de los centros de internamiento deberán ser tales que<br />
reduzcan al mínimo el riesgo en casos de desastres naturales y garanticen<br />
una evacuación segura de los establecimientos.<br />
ARTÍCULO 64.- Limitación del número de personas jóvenes privadas de<br />
libertad<br />
El número de personas jóvenes en centros cerrados no deberá exceder la<br />
capacidad de atención personalizada, a fin de que la atención que deben<br />
recibir sea individualizada. El tamaño de estos centros deberá ser<br />
suficiente para facilitar el acceso de las familias de las personas<br />
jóvenes y su contacto con ellas; preferiblemente deberán estar ubicados en<br />
un entorno social, económico y cultural que facilite la reinserción de la<br />
persona joven en la comunidad.<br />
ARTÍCULO 65.- Indemnización por privación ilegítima de libertad<br />
Toda persona joven privada de libertad ilegítimamente, tendrá derecho<br />
a recibir del Estado una indemnización por los daños y perjuicios que se le<br />
provoquen. El funcionario que, actuando con dolo o culpa, haya ordenado o<br />
mantenido la privación de libertad ilegítima, será responsable<br />
solidariamente.<br />
ARTÍCULO 66.- Contenido mínimo del plan individual para el cumplimiento<br />
de la sanción<br />
El plan individual para el cumplimiento de la sanción de internamiento<br />
en un centro especializado contendrá, al menos, los siguientes datos:<br />
a) La asignación del lugar o la sección donde la persona joven<br />
deberá cumplir la sanción.<br />
b) La determinación de los criterios para fijar los posibles<br />
permisos a que tendrá derecho la persona joven para salir del centro.<br />
c) La definición de los ejes temáticos o las actividades en las<br />
cuales participará la persona, sean formativos, educativos, grupales<br />
o individuales, terapéuticos, deportivos, de convivencia u otros.<br />
d) Las medidas especiales de asistencia o tratamiento.<br />
El contenido del plan individual para el cumplimiento de la sanción<br />
habrá de mantenerse acorde con la evolución del sancionado y con los<br />
resultados ulteriores de la investigación de su personalidad, y respetará<br />
los plazos dispuestos para la revisión del plan.<br />
ARTÍCULO 67.- Actividades colectivas<br />
Al elaborar el plan individual para el cumplimiento de la sanción,<br />
deberá procurarse la realización de actividades colectivas entre las<br />
personas privadas de libertad, para fomentar una convivencia más acorde<br />
con la vida en libertad.<br />
ARTÍCULO 68.- Limitaciones de las actividades colectivas<br />
La actividad colectiva podrá limitarse cuando:<br />
a) Lo solicite, justificadamente, la persona joven.<br />
b) Lo requieran la seguridad y el orden del centro de atención<br />
especializada.<br />
c) La persona joven se encuentre sometida a medidas rigurosas de<br />
seguridad.<br />
d) La persona joven esté sometida a un tratamiento médico que<br />
obligue a aislarla temporalmente.<br />
Las actividades en común podrán limitarse, según el inciso b)<br />
anterior, solo por plazos fijos y razonables, a efecto de que las<br />
personas jóvenes puedan participar en la mayor cantidad posible de<br />
actividades colectivas.<br />
ARTÍCULO 69.- Información y petición<br />
Desde el momento del ingreso de la persona joven al centro<br />
especializado, la administración deberá suministrarle información escrita,<br />
en forma clara y sencilla, que contenga una explicación sobre los derechos<br />
y deberes de dicha persona y sobre las reglas y rutinas de la convivencia<br />
en el centro. Cuando los funcionarios del centro constaten que la persona<br />
joven no sabe leer o tiene un deficiente nivel cognitivo, esta información<br />
deberá presentársele oralmente o, si no comprende el idioma oficial o<br />
requiere un lenguaje especial, se recurrirá a un intérprete.<br />
La persona joven sancionada tendrá derecho de presentar sus quejas por<br />
escrito u oralmente ante el director del centro especializado; estas<br />
deberán ser resueltas en un plazo máximo de diez días hábiles o de<br />
inmediato, si está en riesgo la integridad personal de la persona joven.<br />
Asimismo, la persona joven tendrá derecho a una amplia comunicación con los<br />
demás funcionarios de la institución y con su defensor, durante todo el<br />
tiempo de su condena. Las quejas también podrán ser presentadas por medio<br />
de su defensor.<br />
ARTÍCULO 70.- Permisos especiales<br />
La dirección de los centros de internamiento especializado podrá<br />
otorgar salidas transitorias a las personas privadas de libertad, previa<br />
autorización del juzgado de ejecución de las sanciones penales juveniles,<br />
por razones propias de salud, ante demostrada enfermedad grave o terminal<br />
de un familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de<br />
afinidad, y para asistir a las honras fúnebres de una persona incluida en<br />
las categorías anteriores. Estas licencias transitorias podrán concederse,<br />
además, de manera razonada, para que la persona joven participe en alguna<br />
actividad cultural, artística, deportiva o religiosa, siempre y cuando se<br />
encuentren estrictamente justificadas por la evolución del plan de<br />
ejecución. La administración del centro definirá las medidas de vigilancia<br />
apropiadas para cumplir estos permisos, sin que signifique un riesgo para<br />
el cumplimiento de la sanción o provoque un cambio cualitativo de esta.<br />
ARTÍCULO 71.- Reconocimiento de los permisos como tiempo de condena<br />
El tiempo durante el cual la persona joven se encuentre disfrutando de<br />
permisos para estudio o trabajo, o de los otorgados por cualquiera de los<br />
motivos señalados en el artículo anterior, deberá considerarse tiempo de<br />
cumplimiento de la sanción, de acuerdo con las reglas de la conmutación de<br />
la sanción establecidas por esta Ley.<br />
ARTÍCULO 72.- Medidas para garantizar el cumplimiento de los permisos<br />
La dirección del centro dispondrá las medidas de seguridad, para<br />
garantizar que la persona joven sancionada cumpla la finalidad para la cual<br />
se otorgan los permisos. Estas medidas pueden estar referidas a limitar la<br />
concurrencia a determinado lugar o la visita a determinada persona, lo<br />
mismo que al horario de egreso de la institución y de ingreso a ella. El<br />
incumplimiento de estas medidas conllevará la revocatoria de los permisos<br />
de salida y deberá ser ordenada por el juez de ejecución penal juvenil.<br />
ARTÍCULO 73.- Ubicación de las personas jóvenes con discapacidad<br />
privadas de libertad<br />
La dirección del centro, previo estudio técnico-profesional, deberá<br />
determinar una ubicación apropiada para las personas jóvenes con<br />
discapacidad. Cuando la persona discapacitada solicite ubicación a la<br />
administración del centro y no sea aceptada, podrá recurrir ante el juez de<br />
ejecución de las sanciones penales juveniles. La permanencia de personas<br />
sentenciadas y con discapacidad en centros privativos de libertad, deberá<br />
cumplirse según los requisitos y las condiciones señalados en la Ley de<br />
igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.<br />
ARTÍCULO 74.- Tratamiento de las personas jóvenes con enfermedad<br />
cognitiva, volitiva o física<br />
La persona joven a quien durante la privación de su libertad le<br />
sobrevenga una disminución de la capacidad cognitiva o volitiva, deberá ser<br />
trasladada a una institución especializada, a fin de que reciba un<br />
seguimiento adecuado. Podrán adoptarse medidas de aseguramiento de acuerdo<br />
con el centro de salud, para que la persona joven pueda recibir el<br />
seguimiento necesario así como lo que requiera desde el punto de vista<br />
psicológico o psiquiátrico. El director del centro hospitalario deberá<br />
informar al juez de ejecución, al menos una vez al mes, sobre las<br />
condiciones y la salud mental de la persona joven ingresada a dicho centro.<br />
El plazo del internamiento no podrá exceder el período máximo que se<br />
estableció en la eventual pena, salvo que la persona por propia voluntad,<br />
de la familia o de encargados decida mantenerse en el centro de salud.<br />
Cuando se presente una enfermedad grave o crónica de la persona joven<br />
privada de libertad, el juez podrá ubicar al joven en su domicilio<br />
familiar; para ello establecerá el procedimiento y la supervisión que<br />
corresponda, conforme a la sanción impuesta.<br />
ARTÍCULO 75.- Personas jóvenes en detención provisional<br />
Los principios y derechos establecidos en esta Ley se aplicarán a las<br />
personas jóvenes que se encuentren en detención provisional. Se respetarán<br />
las exigencias de la presunción de inocencia, la duración de la detención,<br />
la condición jurídica y cualquier otra circunstancia de las personas<br />
jóvenes.<br />
ARTÍCULO 76.- Egreso de la persona joven del establecimiento<br />
La fecha aproximada del egreso de la persona joven deberá ser<br />
informada tanto a ella como a sus familiares o encargados. El propósito de<br />
esta disposición será facilitar su reinserción a la sociedad; asimismo,<br />
conforme se aproxime esa fecha, la administración del centro podrá otorgar<br />
permisos más frecuentes a la persona privada de libertad.<br />
Con el objeto de que la persona joven continúe con la formación o<br />
educación recibida durante su permanencia en el centro, deberá informársele<br />
de las opciones educativas o formativas en las cuales puede ingresar en<br />
libertad. Además, se le deberá garantizar la continuidad de los beneficios<br />
otorgados durante su privación de libertad como becas, bonos de estudio y<br />
otros. Igualmente, se le informará tanto sobre los posibles empleos o<br />
trabajos que pueda desempeñar como sobre los lugares convenientes donde<br />
pueda vivir o, de ser necesario, sobre la búsqueda de una familia sustituta<br />
de la propia. Para buscarle una familia sustituta o un lugar de empleo,<br />
deberá coordinarse, en caso de que sea menor de edad, con el PANI.<br />
SECCIÓN II<br />
DERECHOS Y DEBERES ESPECÍFICOS DURANTE<br />
LA EJECUCIÓN DE LA SANCIÓN PRIVATIVA DE<br />
LIBERTAD EN UN CENTRO ESPECIALIZADO<br />
ARTÍCULO 77.- Derecho a la educación y formación profesional<br />
La educación será un derecho y un deber de toda persona joven. La<br />
administración del centro deberá disponer de las facilidades necesarias<br />
para que la persona joven curse la educación primaria hasta completarla;<br />
las mismas condiciones deberán ser facilitadas en el caso de la educación<br />
secundaria. Asimismo, procurará, en los casos en que la educación formal<br />
no sea factible o conveniente, que la persona joven pueda recibir una<br />
educación técnica o prepararse para desempeñar algún oficio. Los programas<br />
de estudio deberán ser los establecidos por el MEP para todo el país.<br />
Eventualmente, el MEP podrá diseñar programas especiales para mejorar las<br />
deficiencias que presentan estas personas.<br />
El INA tendrá una participación preponderante en la formación técnica.<br />
Para ello, desarrollará y ejecutará programas permanentes para la<br />
población penal juvenil, que correspondan a las necesidades de formación y<br />
capacitación requeridas y a las condiciones particulares que esta población<br />
presenta.<br />
Las personas jóvenes analfabetas o que presenten problemas cognitivos<br />
o de aprendizaje, tendrán el derecho de acceder a la enseñanza especial.<br />
Todas las personas jóvenes tendrán el derecho de recibir educación<br />
sexual acorde con la edad y sus necesidades; esta deberá ser impartida por<br />
profesionales del MEP, del Ministerio de Salud o de alguna otra entidad<br />
autorizada y competente.<br />
En todo centro deberá existir una biblioteca bien provista de libros,<br />
periódicos y revistas instructivas y recreativas adecuadas para las<br />
personas jóvenes, a quienes se les deberá estimular la lectura y se les<br />
permitirá que utilicen al máximo los servicios de la biblioteca.<br />
ARTÍCULO 78.- Certificados de estudios<br />
Los certificados o diplomas que acrediten la aprobación o culminación<br />
de los estudios, deberán ser extendidos en forma tal que en ellos no conste<br />
ni sea reconocible que las personas jóvenes han estado privadas de<br />
libertad.<br />
ARTÍCULO 79.- Actividad ocupacional<br />
La actividad ocupacional es un derecho de la persona joven mayor de<br />
quince años privada de libertad, y deberá ser desempeñada, de ser posible,<br />
en el ámbito de su comunidad. La actividad ocupacional buscará complementar<br />
la capacitación y formación profesional impartida, a fin de aumentar las<br />
posibilidades de que la persona sancionada encuentre un empleo de calidad<br />
cuando se reintegre a su comunidad; con ese objetivo, la organización y<br />
los métodos de trabajo de los centros deberán asemejarse lo más posible a<br />
los trabajos realizados en libertad.<br />
En la asignación de la actividad ocupacional, deberán tomarse en<br />
cuenta las capacidades y aptitudes de la persona joven. Por ninguna<br />
circunstancia se permitirán actividades ocupacionales insalubres ni<br />
peligrosas, según lo disponen la legislación laboral costarricense y las<br />
normas internacionales de protección que se aplican, en materia de salud<br />
ocupacional, tanto para menores de edad como para adultos.<br />
Las personas menores de edad que se encuentren realizando algún tipo<br />
de actividad ocupacional, no podrán ser sometidas a jornadas laborales<br />
superiores a cuatro horas diarias, todo conforme a lo que establece la ley.<br />
Las actividades ocupacionales serán aplicables especialmente a los<br />
jóvenes a quienes se esté preparando para el egreso.<br />
La actividad ocupacional que desempeñe la persona joven, podrá ser<br />
considerada como tiempo de descuento de la pena.<br />
ARTÍCULO 80.- Retribución económica<br />
Por las actividades ocupacionales desarrolladas en el centro, las<br />
personas jóvenes podrán recibir un incentivo económico establecido por la<br />
administración penitenciaria, según el artículo 55 del Código Penal. Un<br />
porcentaje de este incentivo podrá reservarse, si la persona joven está de<br />
acuerdo, para constituir un fondo de ahorro que se le entregará en el<br />
momento de cumplir la pena. La persona joven tendrá derecho a utilizar el<br />
remanente de esa remuneración para adquirir objetos destinados a uso<br />
personal, indemnizar a la víctima perjudicada por el delito o enviárselo a<br />
la propia familia o a otras personas fuera del centro.<br />
ARTÍCULO 81.- Derecho al reposo<br />
Toda persona joven tendrá el derecho de disfrutar un descanso mínimo<br />
de ocho horas diarias, en condiciones básicas que respeten la dignidad<br />
humana. Salvo situaciones de carácter especial, no deberá interrumpirse ni<br />
perturbarse el sueño de las personas sancionadas.<br />
ARTÍCULO 82.- Prácticas religiosas<br />
La administración del centro deberá respetar las creencias religiosas<br />
y los preceptos morales del grupo al que pertenece la persona joven; no<br />
podrá obligarla a asistir a actos contrarios a su credo ni prohibirle tener<br />
objetos de su culto, siempre que no afecten la seguridad del centro y no<br />
atenten contra la moral y las buenas costumbres.<br />
La persona joven internada en el centro tendrá el derecho de ser<br />
asistida y visitada por un sacerdote o líder de su comunidad religiosa. La<br />
administración de los centros facilitará, cuando corresponda, que los<br />
representantes de los cultos religiosos oficien servicios. Toda persona<br />
joven tendrá el derecho de rehusarse libremente a la enseñanza y el<br />
asesoramiento religioso.<br />
ARTÍCULO 83.- Salud y asistencia médica<br />
La salud y la atención médica preventiva y correctiva, son derechos de<br />
toda persona joven, incluso la atención odontológica, oftalmológica y de<br />
salud mental; asimismo, todas estas personas tienen el derecho de recibir<br />
los productos farmacéuticos y las dietas especiales que hayan sido<br />
recetadas por el médico.<br />
Preferiblemente, la atención médica deberá prestarse en los servicios<br />
y las instalaciones sanitarias de la comunidad en la cual esté ubicado el<br />
centro de internamiento. Asimismo, las personas referidas en este artículo<br />
tendrán el derecho de ser asistidas, por cuenta propia, por médicos y<br />
otros profesionales de la salud privados, así como a recibir atención de<br />
parte de asociaciones privadas o de profesionales voluntarios.<br />
ARTÍCULO 84.- Apertura del expediente médico al ingreso<br />
Inmediatamente después de ingresar a un centro de internamiento, y<br />
como parte de la información que se incluirá en el expediente<br />
administrativo, toda persona joven deberá ser examinada de forma completa<br />
por un médico, lo cual implicará practicarle los respectivos exámenes<br />
clínicos, con el objeto de que se haga constar cualquier prueba de malos<br />
tratos anteriores y se verifique el estado físico o mental que requiera<br />
seguimiento médico, así como la posible presencia de adicción a drogas,<br />
estupefacientes o alcohol. Si se encuentran evidencias o signos de malos<br />
tratos, alteraciones del estado físico o mental y adicción, el médico se lo<br />
reportará inmediatamente al director del centro y al juez de ejecución de<br />
las sanciones para las medidas del caso. El director del centro deberá<br />
notificar tal situación a los familiares de la persona joven o al<br />
encargado.<br />
ARTÍCULO 85.- Instalaciones y equipos médicos<br />
Todo centro de internamiento deberá tener acceso inmediato a<br />
instalaciones y equipos médicos adecuados que guarden relación con el<br />
número y las necesidades de sus ocupantes; además, deberá contar con<br />
personal capacitado en atención sanitaria preventiva y tratamiento de<br />
urgencias médicas; igualmente, con transporte adecuado que permita<br />
trasladar, rápida y eficazmente, a cualquier persona que requiera atención<br />
en un centro médico.<br />
ARTÍCULO 86.- Programas de prevención del uso indebido de drogas y<br />
estupefacientes<br />
Los centros de internamiento deberán organizar programas preventivos<br />
sobre el uso de sustancias psicoactivas ilícitas y coordinar con las<br />
instituciones designadas por la ley para su tratamiento. Dichos programas<br />
deberán adaptarse a la edad, el sexo y otras circunstancias de las personas<br />
jóvenes interesadas; deberán ofrecerse servicios de desintoxicación a cargo<br />
de personal calificado para trabajar con toxicómanos y/o alcohólicos. Para<br />
estos efectos se contará con el apoyo de las instituciones públicas<br />
especializadas en tratamiento para adicciones, que se crea mediante la Ley<br />
de justicia penal juvenil, N.º 7576.<br />
ARTÍCULO 87.- Derecho a tratamiento médico<br />
Solo se suministrarán medicamentos para un tratamiento necesario o por<br />
razones médicas y después de obtener el consentimiento de la persona joven<br />
debidamente informada, cuando esto último sea posible. Las personas<br />
jóvenes nunca servirán como objeto de experimentos para el empleo de<br />
medicamentos o tratamientos. El suministro de medicamentos siempre deberá<br />
ser autorizado y estar a cargo de personal médico calificado.<br />
ARTÍCULO 88- Fallecimiento de la persona joven<br />
De fallecer la persona joven durante el período de privación de<br />
libertad, el padre, la madre o el encargado, o bien, el pariente de mayor<br />
proximidad, tendrá derecho a examinar el certificado de defunción, pedir<br />
que se le muestre el cadáver y disponer su último destino, en la forma que<br />
él mismo decida. Además, sobre las causas de la defunción deberá<br />
practicarse una investigación independiente, cuyas conclusiones deberán<br />
quedar a disposición del pariente más próximo. La investigación deberá<br />
practicarse también cuando la persona joven fallezca dentro de los seis<br />
meses siguientes a la fecha de su liberación del centro de internamiento, y<br />
cuando haya motivos para creer que el fallecimiento guarda relación con el<br />
período de reclusión.<br />
ARTÍCULO 89.- Pertenencias de la persona joven<br />
A la persona joven se le deberá respetar el derecho de poseer objetos<br />
de valor afectivo y pertenencias personales, siempre que no se trate de<br />
objetos que pongan en peligro la seguridad del centro, o de objetos<br />
prohibidos por esta Ley y los reglamentos del centro de internamiento.<br />
ARTÍCULO 90.- Objetos prohibidos<br />
Además de los objetos que pongan en riesgo la seguridad del centro,<br />
las personas jóvenes no podrán tener consigo lo siguiente:<br />
a) Armas de cualquier tipo.<br />
b) Joyas u otros objetos de oro o valor análogo.<br />
c) Medicamentos que no hayan sido autorizados por un médico.<br />
d) Bebidas alcohólicas.<br />
e) Sustancias psicoactivas y sus precursores.<br />
f) Dinero en cantidad que supere la que se pueda necesitar para<br />
pequeños gastos personales, según el reglamento del centro.<br />
g) Todos los objetos que se establezcan en los reglamentos<br />
penitenciarios.<br />
Los objetos mencionados en los incisos b), c) y f) deberán decomisarse<br />
y se levantará un acta, en la que la persona joven podrá manifestar su<br />
voluntad de que lo decomisado sea entregado en custodia a la dirección del<br />
centro, conforme a los procedimientos y las regulaciones establecidos en<br />
los reglamentos penitenciarios.<br />
ARTÍCULO 91.- Inspecciones<br />
El personal del centro podrá inspeccionar las pertenencias de la<br />
persona joven para garantizar que no posee objetos prohibidos por esta Ley<br />
y los reglamentos penitenciarios. Las inspecciones aludidas deberán<br />
realizarse conforme a las normas penitenciarias vigentes, cuidando no<br />
someter a la persona a un tratamiento cruel y degradante, y respetando su<br />
pudor. Las inspecciones deberán realizarse en presencia de la persona<br />
joven y con su colaboración, de la siguiente manera:<br />
a) Al ingresar al centro por primera vez, así como cuando reingrese<br />
por razones de permisos, o en cualquier otro momento, si se considera<br />
conveniente.<br />
b) En horas del día, salvo si existen controles de seguridad que,<br />
excepcionalmente, justifiquen controles nocturnos.<br />
c) Las pertenencias de cada persona privada de libertad se<br />
revisarán con cuidado de no dañarlas y se dejarán en orden.<br />
d) Cuando las inspecciones sean en el cuerpo de las personas<br />
privadas de libertad, deberán ser realizadas por personas de su mismo<br />
sexo y con la presencia de un testigo, como mínimo. Se preferirá que<br />
el testigo sea una persona de confianza de la persona joven.<br />
Se prohíbe practicar, en el cuerpo de la persona joven, cualquier<br />
examen físico que se considere abusivo y excesivo respecto de la integridad<br />
física y moral.<br />
ARTÍCULO 92.- Comunicación con el exterior<br />
Las personas jóvenes tendrán el derecho de mantener una pertinente<br />
comunicación con el exterior; para ello podrán utilizar la correspondencia,<br />
los teléfonos públicos del centro y el acceso a programas de radio y<br />
televisión, así como visitas de organizaciones de carácter lícito que estén<br />
interesadas. El uso del teléfono o de otro medio tecnológico de<br />
comunicación también será regulado reglamentariamente por la<br />
administración.<br />
ARTÍCULO 93.- Visitas<br />
La persona joven podrá recibir visitas ordinarias y extraordinarias,<br />
de acuerdo con la reglamentación de visitas de la Dirección General de<br />
Adaptación Social.<br />
La persona joven tendrá derecho a recibir visitas, como mínimo dos<br />
días a la semana durante dos horas cada día, previa regulación de la<br />
administración del centro. Excepcionalmente, este derecho podrá limitarse<br />
por razones de seguridad institucional.<br />
Podrá prohibirse la visita de determinadas personas, cuando haya<br />
razones fundadas para suponer que su presencia interfiere, directa o<br />
indirectamente, con el proceso de atención técnica o causa problemas de<br />
orden o seguridad, así como cuando la persona joven así lo solicita. La<br />
persona joven afectada con esta limitación podrá recurrirla ante el juez de<br />
ejecución.<br />
ARTÍCULO 94.- Visita íntima<br />
Previo a un estudio psicosocial por parte de las autoridades<br />
penitenciarias, toda persona joven mayor de quince años, podrá solicitar<br />
visita íntima de su cónyuge o de su conviviente de hecho, una vez cada<br />
quince días, por un mínimo de cuatro horas y en un lugar debidamente<br />
adecuado, todo acorde con la ley y los reglamentos que rigen la materia,<br />
en especial sobre menores de dieciocho años. Las condiciones y el horario<br />
serán determinados por la administración penitenciaria, y se ajustarán a<br />
las posibilidades de los visitantes y del centro. La visita íntima podrá<br />
prohibirse, de pleno, por las razones señaladas en el artículo 93 de esta<br />
Ley.<br />
Esta materia estará regulada por el Reglamento que debidamente emita<br />
la Dirección General de Adaptación Social.<br />
ARTÍCULO 95.- Derecho a actividades recreativas<br />
Toda persona joven privada de libertad podrá disponer diariamente de<br />
tiempo suficiente para practicar ejercicios físicos; normalmente se le<br />
proporcionará la educación recreativa y física adecuada. Para estas<br />
actividades se pondrán a su disposición terrenos suficientes, así como las<br />
instalaciones y el equipo necesarios. Toda persona joven podrá disponer<br />
diariamente de tiempo adicional para actividades de esparcimiento, parte<br />
del cual deberá dedicar, si lo desea, a desarrollar aptitudes en artes y<br />
oficios. La administración del centro deberá verificar que esta persona es<br />
físicamente apta para participar en los programas de educación física<br />
disponibles. Además, el centro podrá ofrecer educación física correctiva y<br />
terapéutica, bajo supervisión médica, a las personas jóvenes que la<br />
necesiten.<br />
SECCIÓN III<br />
MEDIDAS COERCITIVAS<br />
ARTÍCULO 96.- Obligaciones de la persona joven<br />
Las personas adolescentes y jóvenes privadas de libertad deberán<br />
ajustar su conducta a las normas reglamentarias del centro y cumplir las<br />
órdenes provenientes del personal facultado para darlas. Además, deberán<br />
mantener en orden y bien cuidados los bienes de la institución, así como<br />
informar de cualquier circunstancia que signifique un peligro para la vida<br />
o un grave riesgo para la integridad física propia o de terceros.<br />
ARTÍCULO 97.- Detención por fuga<br />
Las personas jóvenes que sin autorización hayan salido del centro de<br />
internamiento, y las que permanezcan fuera de él por un tiempo que exceda<br />
el permiso o no regresen en el momento indicado, deberán ser detenidas por<br />
las autoridades o por quien sea comisionado por ellas. Para estos<br />
efectos, los funcionarios de la Dirección General de Adaptación Social<br />
deberán solicitar, en forma inmediata, al juez de ejecución de las<br />
sanciones penales juveniles que ordene la detención de la persona joven, a<br />
fin de remitirla al centro correspondiente.<br />
ARTÍCULO 98.- Medidas extraordinarias de seguridad<br />
Las medidas extraordinarias de seguridad serán de utilización<br />
excepcional; únicamente procederán cuando, por el comportamiento o estado<br />
psíquico de la persona joven, existan razones serias para temer la fuga o<br />
violencia contra sí mismo, contra terceros o sobre cosas.<br />
Se consideran medidas extraordinarias de seguridad las siguientes:<br />
a) El decomiso o la retención de objetos de tenencia permitida.<br />
b) El esposamiento.<br />
c) La ubicación en un espacio de mayor contención.<br />
d) La ubicación en una celda unipersonal.<br />
e) Otras que considere pertinentes la administración penitenciaria.<br />
Toda medida extraordinaria de seguridad deberá ser comunicada<br />
inmediatamente al juez de ejecución, quien podrá ordenar su cese. Cuando<br />
la medida de seguridad exceda de veinticuatro horas, se requerirá la<br />
autorización del órgano jurisdiccional competente. De todo lo actuado<br />
deberá notificarse al defensor de la persona sancionada y al PANI en caso<br />
de que sea menor de edad. Esta notificación deberá realizarse por los<br />
canales de comunicación más expeditos.<br />
ARTÍCULO 99.- Competencia para ordenar medidas extraordinarias de<br />
seguridad<br />
Las medidas extraordinarias de seguridad deberán ser dispuestas por el<br />
director del centro de internamiento especializado o la persona que esté a<br />
cargo de él durante su ausencia. En el expediente del sancionado se dejará<br />
constancia escrita de los motivos o las razones por los cuales se tomó la<br />
determinación.<br />
Toda persona joven sometida a las medidas a que se refieren los<br />
incisos b), c), d) y e) del artículo anterior, deberá ser valorada por el<br />
personal de salud del centro penitenciario.<br />
ARTÍCULO 100.- Excepcionalidad del esposamiento para transporte y<br />
conducción<br />
El transporte y la conducción de las personas jóvenes deberá<br />
realizarse sin utilizar esposas, salvo que resulte indispensable para su<br />
seguridad o la de terceros. Los conductores de reos deberán tener<br />
conocimientos o formación básica en materia penal juvenil.<br />
ARTÍCULO 101.- Coerción física proporcional<br />
Únicamente podrá usarse la coerción física, cuando se hayan agotado<br />
todos los demás medios de control. La coerción física será aplicable a las<br />
personas cuando se requiera proteger su integridad, la de terceros o de las<br />
cosas, o restaurar el orden y la seguridad institucional; deberá emplearse<br />
de forma restrictiva y solo durante el período estrictamente necesario. De<br />
entre todos los medios disponibles para cumplir este objetivo, deberá<br />
elegirse el menos gravoso para la persona joven.<br />
Deberá interrumpirse o no emplearse la coerción física, cuando pueda<br />
producir un resultado perjudicial, que no guarde proporción razonable con<br />
lo que se quiere evitar o hacer cesar.<br />
ARTÍCULO 102.- Utilización de armas de fuego<br />
La portación de armas de fuego, cuando se esté en contacto directo con<br />
las personas, será autorizada, en forma excepcional, cuando esté en riesgo<br />
la integridad física de estas y la seguridad institucional.<br />
CAPÍTULO III<br />
MEDIDAS DISCIPLINARIAS<br />
ARTÍCULO 103.- Principio general<br />
Todas las medidas y los procedimientos disciplinarios deberán<br />
contribuir a la seguridad y a una vida comunitaria ordenada, y ser<br />
compatibles con el respeto a la dignidad inherente de la persona joven.<br />
Toda sanción disciplinaria deberá aplicarse considerando los fines rectores<br />
de esta Ley, a efecto de infundir en la persona joven disciplina y respeto<br />
por sí misma, y por los derechos fundamentales de todas las personas.<br />
Estarán estrictamente prohibidas todas las medidas disciplinarias que<br />
constituyan un trato cruel, inhumano y degradante, incluso los castigos<br />
corporales y el aislamiento como castigo, así como cualquier otra sanción<br />
que pueda poner en peligro la salud física o mental de la persona. Ninguna<br />
persona joven privada de libertad podrá tener a su cargo funciones<br />
disciplinarias.<br />
ARTÍCULO 104.- Procedencia de la medida disciplinaria<br />
Las medidas disciplinarias proceden aun cuando el hecho pueda dar<br />
lugar a un proceso penal. Sin embargo, no se aplicarán cuando sean<br />
sustituidas por abordaje técnico como medida alternativa a la sanción.<br />
No deberá sancionarse a ninguna persona joven más de una vez por la<br />
misma infracción disciplinaria. Se prohíben las sanciones disciplinarias<br />
colectivas.<br />
ARTÍCULO 105.- Medidas disciplinarias<br />
Ante la comisión de cualquiera de las infracciones disciplinarias<br />
previstas en esta Ley y según su gravedad, a la persona privada de libertad<br />
se le impondrá una amonestación verbal o escrita o, en su defecto, una<br />
limitación temporal de cualquiera de los siguientes derechos:<br />
a) Ver televisión o escuchar radio.<br />
b) Llamar o recibir llamadas por teléfono o emplear algún medio de<br />
comunicación tecnológica.<br />
c) Realizar alguna actividad en el tiempo libre.<br />
d) Participar en actividades con las demás personas jóvenes<br />
privadas de libertad.<br />
e) Permanecer con las demás personas privadas de libertad durante<br />
el tiempo libre.<br />
f) Restringir visitas, salvo las de los abogados.<br />
g) Remitir más de cuatro cartas mensuales.<br />
h) Participar en actividades especiales extraordinarias.<br />
i) Disponer de permisos de salida.<br />
j) Ser reubicada en el centro.<br />
k) Obtener los incentivos contemplados en el plan de ejecución, los<br />
cuales podrán ser suspendidos temporalmente.<br />
l) Suspensión de los beneficios penitenciarios.<br />
La duración de las medidas disciplinarias estará acorde con la falta y<br />
no podrá exceder de quince días cuando se trate de faltas leves; hasta de<br />
un mes, cuando se trate de faltas graves, y hasta de dos meses, si se trata<br />
de faltas muy graves. Un plazo superior a dos meses será aplicable para<br />
casos excepcionales y deberá desarrollarse bajo consulta con el juez de<br />
ejecución.<br />
No podrán imponerse más medidas disciplinarias que las enumeradas en<br />
esta Ley. No obstante, podrán imponerse varias medidas disciplinarias, en<br />
forma conjunta, a la misma persona, siempre que concurran los respectivos<br />
presupuestos y las medidas no sean contrarias entre sí, ni tampoco<br />
desproporcionadas en relación con las faltas.<br />
ARTÍCULO 106.- Cumplimiento de las medidas disciplinarias<br />
Las medidas disciplinarias podrán cumplirse de inmediato, una vez<br />
firmes administrativamente; no obstante, podrán suspenderse a prueba por un<br />
término que no podrá exceder de dos meses.<br />
ARTÍCULO 107.- Clasificación de las faltas<br />
Para los efectos de la aplicación de esta Ley, las faltas se<br />
clasifican en leves, graves y muy graves.<br />
a) Faltas leves:<br />
1. Perturbar el curso normal de las actividades colectivas<br />
organizadas por el personal del centro.<br />
2. Simular una enfermedad con el fin de sustraerse de las<br />
obligaciones propias.<br />
3. Utilizar cualquier equipo, instrumento de trabajo o<br />
maquinaria, cuyo uso no esté autorizado.<br />
4. Permanecer en lugares no autorizados dentro del centro.<br />
5. Incumplir los horarios y las condiciones establecidos para<br />
las actividades que se realizan en el centro.<br />
6. Alterar el orden del centro.<br />
7. Incumplir las órdenes del personal del centro.<br />
8. Irrespetar el descanso y la recreación de las otras<br />
personas jóvenes privadas de libertad.<br />
9. Ingresar al centro fuera del horario establecido.<br />
10. Ingresar al centro con evidente olor a licor.<br />
11. Realizar transacciones económicas prohibidas.<br />
12. Someter a otra persona joven privada de libertad para que<br />
realice, por cuenta de ella, tareas o actividades propias de la<br />
rutina de la institución.<br />
b) Faltas graves:<br />
1. La contumacia en la comisión de tres o más faltas leves en<br />
un período de un mes calendario.<br />
2. Dañar o destruir bienes de la institución.<br />
3. Agredir, en forma verbal o por escrito, a las demás<br />
personas privadas de libertad, familiares, personal del centro o<br />
visitantes.<br />
4. Amenazar a las otras personas jóvenes privadas de libertad,<br />
al personal del centro o a los visitantes.<br />
5. Establecer relaciones de explotación física, sexual o<br />
laboral con otras personas jóvenes privadas de libertad.<br />
6. Ingresar a las dependencias del centro o permanecer en<br />
ellas en estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias<br />
estupefacientes, psicotrópicas o drogas enervantes.<br />
7. Introducir, poseer, elaborar, consumir, suministrar o<br />
vender bebidas alcohólicas u otras sustancias o productos no<br />
autorizados.<br />
8. Introducir, poseer, elaborar, suministrar o utilizar<br />
objetos punzocortantes, armas o explosivos.<br />
9. Transgredir la modalidad de custodia o de ejecución de la<br />
sanción a que se encuentre sometido.<br />
10. Sustraer, vender, adquirir u ocultar ilegítimamente las<br />
pertenencias de otras personas privadas de libertad, las del<br />
personal del centro o las de los visitantes.<br />
11. Brindar al personal del centro información falsa que afecte<br />
la dinámica institucional.<br />
12. Realizar actos crueles contra animales.<br />
13. Violar la correspondencia ajena.<br />
14. Contravenir las disposiciones referentes a la visita.<br />
15. Incumplir las pautas fijadas en la ubicación laboral, ya<br />
sea por hacer abandono de las labores desempeñadas o por ejecutar<br />
un cambio laboral, sin comunicación previa al personal del<br />
centro.<br />
16. Resistirse a las inspecciones que se realizan en el centro<br />
u obstaculizarlas.<br />
17. Utilizar indebidamente las salidas o licencias.<br />
18. Injustificadamente, no asistir a un curso o una lección en<br />
la que en forma voluntaria se haya matriculado o ausentarse de<br />
él.<br />
c) Faltas muy graves:<br />
1. Atentar contra su integridad física o la de otras<br />
personas.<br />
2. Ejercer violencia sexual contra otras personas.<br />
3. Retener por la fuerza a otras personas.<br />
4. Reunirse o agruparse para planear o efectuar actos no<br />
permitidos, que desequilibren la estabilidad del centro o<br />
provoquen un peligro inminente para sus funcionarios, las<br />
personas privadas de libertad o los visitantes.<br />
5. Extorsionar a otras personas.<br />
6. Adulterar alimentos o medicamentos de manera tal que<br />
provoquen un peligro para la salud.<br />
7. Alterar, sustraer o usar sellos o documentos del centro con<br />
el objetivo de procurar, ilegítimamente, un beneficio para sí o<br />
para otros.<br />
8. Suplantar la identidad de otra persona, con el fin de<br />
lograr algún beneficio propio o ajeno.<br />
9. Favorecer la evasión con violencia de un tercero.<br />
CAPÍTULO IV<br />
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO<br />
ARTÍCULO 108.- Principio de legalidad administrativo<br />
El procedimiento disciplinario se aplicará conforme a los principios y<br />
procedimientos establecidos en esta Ley y los reglamentos penitenciarios<br />
vigentes que estarán adecuados a la Ley de justicia penal juvenil.<br />
ARTÍCULO 109.- Debido proceso<br />
La persona objeto de un procedimiento disciplinario deberá ser<br />
informada sobre la falta que se le imputa, tener oportunidad de presentar<br />
sus argumentos de descargo, ofrecer pruebas y ser recibida en audiencia<br />
antes del dictado de la resolución, la que en todos los casos deberá ser<br />
fundada.<br />
El procedimiento disciplinario debe concluirse por acto final, dentro<br />
de los dos meses posteriores a su iniciación y la resolución será<br />
notificada a la persona entregándole la copia respectiva, con indicación<br />
de los recursos que contra esta puedan interponerse.<br />
ARTÍCULO 110.- Derecho de defensa<br />
Toda persona joven tendrá el derecho de ejercer su defensa durante<br />
todo el proceso en el cual se le atribuya la comisión de una falta<br />
disciplinaria. Con tal objetivo, la persona joven podrá hacerse representar<br />
por un profesional en Derecho, costeado por la persona o, en su defecto,<br />
por un defensor público.<br />
ARTÍCULO 111.- Reformas<br />
Refórmase la Ley N.º 7576, en las siguientes disposiciones:<br />
a) En el artículo 125, se sustituye la frase "dos años", por la<br />
frase "cinco años".<br />
b) En el último párrafo del artículo 129, se sustituye la frase "no<br />
será mayor de un año", por la frase "no será mayor de tres años".<br />
c) El primer párrafo del artículo 130, se sustituye la frase "no<br />
podrá exceder de un año", por la frase "no podrá exceder de tres<br />
años".<br />
d) En el artículo 140, se sustituye la frase "deberá ser<br />
trasladado" por la frase "podrá según corresponda ser trasladado".<br />
ARTÍCULO 112.- Órganos competentes<br />
Los órganos competentes para la aplicación del procedimiento<br />
disciplinario para las personas jóvenes, serán los establecidos en los<br />
reglamentos penitenciarios vigentes y estarán adecuados a la Ley de<br />
justicia penal juvenil.<br />
DISPOSICIONES FINALES<br />
ARTÍCULO 113.- Normas prácticas<br />
El Poder Ejecutivo, junto con la Corte Suprema de Justicia, promulgará<br />
las normas prácticas y directrices necesarias para aplicar esta Ley.<br />
ARTÍCULO 114.- Supervisión extraordinaria<br />
La Defensoría de los Habitantes, mediante su oficina especializada en<br />
materia de derechos de la persona joven, podrá ingresar, en cualquier<br />
momento y cuando lo considere pertinente, a todo centro penal juvenil, con<br />
el objeto de verificar cualquier hecho relacionado con posibles violaciones<br />
a los derechos humanos de las personas jóvenes privadas de libertad. Para<br />
realizar esta labor de inspección, la Defensoría podrá conformar una<br />
comisión integrada por las personas funcionarias de instituciones del<br />
Estado y de organizaciones no gubernamentales que tengan como misión<br />
legítima la defensa de los derechos de estas personas. En caso de<br />
encontrarse eventuales violaciones a los derechos humanos de las personas<br />
jóvenes privadas de libertad, la Defensoría de los Habitantes deberá<br />
levantar un acta y efectuar la denuncia respectiva ante el órgano judicial<br />
correspondiente.<br />
ARTÍCULO 115.- Reglamento<br />
El Poder Ejecutivo reglamentará esta Ley en un plazo de seis meses,<br />
contados a partir de su publicación.<br />
TRANSITORIO I.-<br />
Para la puesta en marcha de las nuevas atribuciones que se le asignan<br />
a la Dirección General de Adaptación Social, en fiel cumplimiento de las<br />
nuevas funciones que se le asignan mediante la presente Ley, el Ministerio<br />
de Hacienda deberá tomar las previsiones necesarias en el momento de<br />
preparar la Ley de Presupuesto Nacional.<br />
TRANSITORIO II.-<br />
Al entrar en vigencia esta Ley, el procedimiento previsto en ella<br />
deberá aplicarse a todos los procesos pendientes, excepto los que se<br />
encuentren listos para dictar sentencia, los cuales seguirán tramitándose<br />
de conformidad con la legislación anterior.<br />
TRANSITORIO III.-<br />
Todo el personal del Poder Judicial, incluso jueces, fiscales,<br />
defensores públicos, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales,<br />
orientadores y otros que participen en forma directa en las diferentes<br />
etapas que contempladas en la presente Ley, deberán recibir la debida<br />
capacitación, por parte de la Escuela Judicial, en materia penal juvenil;<br />
para ello, deberán diseñarse y programarse los cursos necesarios.<br />
Rige a partir de su publicación.<br />
COMISIÓN LEGISLATIVA PLENA PRIMERA.- Aprobado el anterior proyecto el día<br />
veintiuno de setiembre de dos mil cinco.<br />
Federico Vargas Ulloa María Elena Núñez Chaves<br />
PRESIDENTE SECRETARIA<br />
ASAMBLEA LEGISLATIVA.- San José, a los diez días del mes de octubre de dos<br />
mil cinco.<br />
COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO<br />
Juan José Vargas Fallas<br />
VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO<br />
DE LA PRESIDENCIA<br />
Daisy Serrano Vargas Luis Paulino Rodríguez Mena<br />
PRIMERA SECRETARIA SEGUNDO SECRETARIO<br />
daa.-<br />
Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los veinte días<br />
del mes de octubre del dos mil cinco.<br />
Ejecútese y publíquese<br />
ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA<br />
Patricia Vega Herrera<br />
MINISTRA DE JUSTICIA Y GRACIA<br />
Sanción: 20-10-2005<br />
Publicación: 28-11-2005 Gaceta N.º: 229
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