N° 8220<br />
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA<br />
Decreta:<br />
PROTECCIÓN AL CIUDADANO DEL EXCESO DE<br />
REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS<br />
Artículo 1°- Ámbito de aplicación. La presente Ley es aplicable<br />
a toda la Administración Pública, central y descentralizada, incluso<br />
instituciones autónomas y semiautónomas, órganos con personalidad jurídica<br />
instrumental, entes públicos no estatales, municipalidades y empresas<br />
públicas. Se exceptúan de su aplicación los trámites y procedimientos en<br />
materia de defensa del Estado y seguridad nacional.<br />
Para los efectos de esta Ley, se entenderá por administrado a toda<br />
persona física o jurídica que, en el ejercicio de su derecho de petición,<br />
información y/o derecho o acceso a la justicia administrativa, se dirija a<br />
la Administración Pública.<br />
Artículo 2°- Presentación única de documentos. La información<br />
que presenta un administrado ante una entidad, órgano o funcionario de la<br />
Administración Pública, no podrá ser requerida de nuevo por estos, para ese<br />
mismo trámite u otro en esa misma entidad u órgano. De igual manera,<br />
ninguna entidad, órgano o funcionario público, podrá solicitar al<br />
administrado, información que una o varias de sus mismas oficinas emitan o<br />
posean.<br />
Para que una entidad, órgano o funcionario de la Administración<br />
Pública pueda remitir información del administrado a otra entidad, órgano o<br />
funcionario, la primera deberá contar con el consentimiento del<br />
administrado.<br />
Quedan exceptuadas de la aplicación de este artículo las personerías<br />
jurídicas.<br />
Artículo 3°- Respeto de competencias. La Administración no podrá<br />
cuestionar ni revisar los permisos o las autorizaciones firmes emitidos por<br />
otras entidades u órganos, salvo lo relativo al régimen de nulidades.<br />
Únicamente podrá solicitarle al administrado, copia certificada de la<br />
resolución final de un determinado trámite. Tampoco podrán solicitársele<br />
requisitos o información que aún se encuentren en proceso de conocimiento o<br />
resolución por otra entidad u órgano administrativo; a lo sumo, el<br />
administrado deberá presentar una certificación de que el trámite está en<br />
proceso.<br />
Artículo 4°- Publicidad de los trámites y sujeción a la ley.<br />
Todo trámite o requisito, con independencia de su fuente normativa, para<br />
que pueda exigirse al administrado, deberá:<br />
a) Sujetarse a lo establecido por ley y fundamentarse estrictamente<br />
en ella.<br />
b) Estar publicado en el Diario Oficial, La Gaceta, junto con los<br />
instructivos, manuales, formularios y demás documentos<br />
correspondientes y estar ubicado en un lugar visible dentro de la<br />
institución. Asimismo, en un diario de circulación nacional,<br />
deberá publicarse un aviso referido a dicha publicación.<br />
Dichos trámites o requisitos podrán ser divulgados también<br />
recurriendo a medios electrónicos.<br />
Artículo 5°- Obligación de informar sobre el trámite. Todo<br />
funcionario, entidad u órgano público estará obligado a proveer, al<br />
administrado, información sobre los trámites y requisitos que se realicen<br />
en la respectiva unidad administrativa o dependencia. Para estos efectos,<br />
no podrá exigirle la presencia física al administrado, salvo en aquellos<br />
casos en que la ley expresamente lo requiera.<br />
Cuando un ente, órgano o funcionario público, establezca trámites y<br />
requisitos para el administrado, estará obligado a indicarle el artículo de<br />
la norma legal que sustenta dicho trámite o requisito, así como la fecha de<br />
su publicación.<br />
Para garantizar uniformidad en los trámites e informar debidamente al<br />
administrado, las entidades o los órganos públicos, además, expondrán en un<br />
lugar visible y divulgarán por medios electrónicos, cuando estén a su<br />
alcance, los trámites que efectúan y los requisitos que solicitan, apegados<br />
al artículo 4° de esta Ley.<br />
Artículo 6°- Plazo y calificación únicos. Dentro del plazo legal<br />
o reglamentario dado, la entidad, órgano o funcionario deberá resolver el<br />
trámite, verificar la información presentada por el administrado y podrá<br />
prevenirle, por una única vez y por escrito, que complete requisitos<br />
omitidos en la solicitud o el trámite o que aclare información. Tal<br />
prevención suspende el plazo de resolución de la Administración y otorgará,<br />
al interesado, hasta diez días hábiles para completar o aclarar;<br />
transcurridos los cuales, continuará el cómputo del plazo previsto para<br />
resolver.<br />
Artículo 7°- Procedimiento para aplicar el silencio positivo.<br />
Cuando se trate de solicitudes para el otorgamiento de permisos, licencias<br />
o autorizaciones, vencido el plazo de resolución otorgado por el<br />
ordenamiento jurídico a la Administración, sin que esta se haya<br />
pronunciado, se tendrán por aprobadas. Producida esta situación, el<br />
interesado podrá:<br />
a) Presentar una nota a la Administración donde conste que la<br />
solicitud fue presentada en forma completa y que la Administración<br />
no la resolvió en tiempo. La Administración deberá emitir, al día<br />
hábil siguiente, una nota que declare que, efectivamente, el plazo<br />
transcurrió y la solicitud no fue aprobada, por lo que aplicó el<br />
silencio positivo o bien.<br />
b) Acudir ante un notario público para que certifique, mediante<br />
acta notarial, que la solicitud fue presentada en forma completa y<br />
que la Administración no la resolvió en tiempo.<br />
Artículo 8°- Procedimiento de coordinación inter-institucional.<br />
La entidad u órgano de la Administración Pública que para resolver requiera<br />
fotocopias, constancias, certificaciones, mapas o cualquier información que<br />
emita o posea otra entidad u órgano público, deberá coordinar con esta su<br />
obtención por los medios a su alcance, para no solicitarla al administrado.<br />
Las entidades o los órganos públicos que tengan a su cargo la<br />
recaudación de sumas de dinero o el control de obligaciones legales que<br />
deban satisfacer o cumplir los administrados, deberán remitir o poner a<br />
disposición del resto de la Administración, mensualmente o con la<br />
periodicidad que establezcan por reglamento, los listados donde se<br />
consignen las personas físicas o jurídicas morosas o incumplidas. Esta<br />
obligación únicamente se refiere a las entidades que requieran esa<br />
información para su funcionamiento o para los trámites que realizan.<br />
Artículo 9°- Trámite ante una única instancia administrativa.<br />
Ningún administrado deberá acudir a más de una instancia, entidad u órgano<br />
público, para la solicitud de un mismo trámite o requisito, que persiga la<br />
misma finalidad. Las diferentes entidades u órganos de la Administración<br />
Pública que, por ley, están encargados de conocer sobre un trámite o<br />
requisito cuyo fin es común, complementario o idéntico, deberán llegar a<br />
un acuerdo para establecer un trámite único y compartido, así como la<br />
precedencia y competencia institucional.<br />
De no llegarse a un acuerdo dentro de los tres meses siguientes a la<br />
publicación de esta Ley el Poder Ejecutivo, mediante decreto, procederá a<br />
regular el trámite, para lo cual contará con otros tres meses.<br />
Artículo 10.- Responsabilidad de la Administración y el<br />
funcionario. El administrado podrá exigir responsabilidad tanto a la<br />
Administración Pública como al funcionario público por el incumplimiento de<br />
las disposiciones y los principios de esta Ley.<br />
La responsabilidad de la Administración se regirá por lo establecido<br />
en los artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración<br />
Pública; la responsabilidad civil y administrativa del funcionario público,<br />
por sus artículos 199 y siguientes, y 358 y siguientes; la responsabilidad<br />
penal del funcionario público, conforme lo ordena la legislación penal.<br />
Para los efectos de responsabilidad personal del funcionario público,<br />
se considerarán como faltas graves los siguientes incumplimientos<br />
específicos de la presente Ley:<br />
a) No aceptar la presentación única de documentos.<br />
b) No respetar las competencias.<br />
c) No dar publicidad a los trámites ni sujetarse a la ley.<br />
d) No informar sobre el trámite.<br />
e) No resolver ni calificar dentro del plazo establecido.<br />
f) Incumplir el procedimiento del silencio positivo.<br />
g) No coordinar institucionalmente.<br />
h) Irrespetar el trámite ante única instancia administrativa.<br />
Transitorio único.- Todos los órganos y las entidades públicas<br />
deberán remitir los documentos referidos en el artículo 4° de la presente<br />
Ley, dentro del plazo de tres meses calendario contados a partir de su<br />
publicación, para ser publicados en La Gaceta.<br />
Rige a partir de su publicación.<br />
Comunícase al Poder Ejecutivo<br />
Asamblea Legislativa.- San José, a los diecinueve días del mes de<br />
febrero del dos mil dos.<br />
Ovidio Pacheco Salazar,<br />
Presidente.<br />
Vanessa de Paúl Castro Mora, Everardo<br />
Rodríguez Bastos,<br />
Primera Secretaria. Segundo<br />
Secretario.<br />
Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los cuatro<br />
días del mes de marzo del dos mil dos.<br />
Ejecútese y publíquese<br />
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA.<br />
Ministro de Economía, Industria y Comercio, Ministro de la<br />
Presidencia,<br />
Gilberto Barrantes Rodríguez; Danilo<br />
Chaverri Soto.<br />
___________________________________________________<br />
Actualizada al: 20-03-2002<br />
Sanción: 04-03-2002<br />
Publicación: 11-03-2002 Gaceta: 49 Alcance: 22<br />
Rige: 11-03-2002<br />
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