Ley 8130

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N° 8130 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Decreta: DETERMINACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS PARA LA POBLACIÓN AFECTADA POR EL "DBCP" CAPÍTULO I Indemnizaciones Artículo 1°- El Estado indemnizará a quienes comprueben haber sufrido un daño físico y/o moral objetivo, como consecuencia de haber sido utilizado en el país el producto "1.2 dibromo, 3 cloropropano", conocido como DBCP. Para los efectos de esta Ley, se entenderán como daño moral objetivo las disfunciones de la personalidad que afecten las relaciones familiares o sociales de la persona, originadas como consecuencia del DBCP y que puedan determinarse por medio de los exámenes psicológicos pertinentes. Quienes pretendan obtener esta indemnización deberán cumplir lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento y acatar las disposiciones tomadas por la unidad ejecutora técnica referida en el Decreto Ejecutivo N° 28530, de 2 de marzo del 2000. Artículo 2°- Las personas a que se refiere el artículo anterior deberán cumplir las siguientes obligaciones mínimas: a) Presentar, ante la unidad ejecutora técnica, un reclamo administrativo. b) Aportar tanto los documentos fijados en esta Ley como los que la unidad ejecutora técnica considere necesarios. c) Realizarse los exámenes físicos, de laboratorio y psicológicos, necesarios para determinar la existencia de un daño físico y/o moral objetivo, vinculado con el uso del DBCP o asociado a ello, según lo determine el Instituto Nacional de Seguros (INS). d) Permitir la realización de los estudios sociales que la unidad ejecutora técnica determine y facilitar la información que se les requiera. Artículo 3°- Para efectos de esta Ley, se establecen las siguientes categorías: 1. Ser o haber sido, durante el período comprendido entre 1967 y 1979, cónyuge de un trabajador al que el INS le haya reconocido el derecho a una indemnización, en razón de haber sido afectado por el uso del DBCP. 2. Ser hijo, nacido en el período 1967-1979, de un trabajador a quien el INS le haya reconocido el derecho a una indemnización, en razón de haber sido afectado por el uso del DBCP. 3. Ser compañera de un trabajador o compañero de una trabajadora a quien el INS le haya reconocido el derecho a una indemnización, en razón de haber sido afectado por el uso del DBCP, siempre que la relación haya ocurrido entre 1967 y 1979. 4. Haber sido trabajador durante el período 1967-1979 de una empresa bananera que haya utilizado el DBCP, a quien el INS no le haya reconocido el derecho a una indemnización, en razón de haber sido afectado por el uso del DBCP y que no pueda formular el reclamo de indemnización con fundamento en la legislación de riesgos del trabajo. 5. Haber sido un trabajador en la estación experimental Los Diamantes durante el período de 1967 a 1979, a quien el INS no le haya reconocido el derecho a una indemnización, en razón de haber sido afectado por el uso del DBCP. Artículo 4°- Quienes acrediten su pertenencia a la primera categoría, deberán aportar los siguientes documentos: a) Certificación que compruebe que al cónyuge se le reconoció el derecho a una indemnización a cargo del INS, por haber sido afectado por el uso del DBCP. b) Certificación en la que se acredite la unión matrimonial en el lapso de tiempo indicado. Artículo 5°- Para acreditar la pertenencia a la segunda categoría, deberán aportarse los siguientes documentos: a) Certificación que compruebe que a alguno de sus progenitores se le reconoció el derecho a una indemnización a cargo del INS, por haber sido afectado por el uso del DBCP. b) Certificado de nacimiento. Artículo 6°- Para acreditar la pertenencia a la tercera categoría, la unidad ejecutora técnica o quien ella designe, realizará un estudio para determinar esa condición; con este propósito, se utilizarán los parámetros de admisibilidad establecidos en los Reglamentos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para otorgar los beneficios que corresponde a esa Institución en los casos de unión de hecho. Además, deberá aportar certificación que compruebe que al compañero o la compañera se le haya reconocido el derecho a una indemnización a cargo del INS por haber sido afectado por el uso del DBCP. Artículo 7°- La pertenencia a la cuarta categoría podrá acreditarse mediante la presentación de prueba documental o testimonial, obtenida con observancia del Artículo 300 de la Ley General de la Administración Pública. En estos casos, deberán constar los testimonios de al menos cuatro extrabajadores que hayan laborado en la misma empresa bananera, en la misma época en que lo hizo el trabajador gestionante. Además, será requisito indispensable que la CCSS, por medio de certificación, indique que el trabajador gestionante no aparece laborando para ninguna otra empresa por el tiempo indicado en la prueba testimonial. La calificación sobre la pertinencia de esta prueba será responsabilidad de la unidad ejecutora técnica, que para su reconocimiento podrá hacer las constataciones que estime necesarias, incluso mediante la recepción de pruebas adicionales. Artículo 8°- Para acreditar la pertenencia a la quinta categoría, deberá aportarse certificación expedida por la CCSS en la que conste la condición de trabajador del Estado y el tiempo laborado entre 1967 y 1979. Los solicitantes que no puedan probar su condición de trabajadores del Estado de conformidad con este Artículo, podrán plantear su solicitud según lo dispuesto para la cuarta categoría en el Artículo 7 de esta Ley. Artículo 9°- Las solicitudes y los documentos requeridos deberán ser entregados en la oficina de la unidad ejecutora técnica como se describe a continuación: a) En los casos de las categorías 1, 2 y 3 del Artículo 3: 1. Cuando el INS le haya reconocido a un trabajador el derecho a la indemnización y éste sea requisito para admitir la solicitud, ésta deberá presentarse en el plazo de tres meses a partir de la publicación de esta Ley. 2. Cuando el INS le reconozca el derecho a la indemnización a un trabajador con posterioridad a la fecha de publicación de esta Ley, y el reconocimiento sea requisito para admitir la solicitud, ésta deberá presentarse en el plazo de tres meses, contados a partir del día siguiente a la firmeza del acto que reconozca el derecho. b) En los casos de las categorías 4 y 5 del Artículo 3, el plazo de tres meses empezará a regir a partir de la publicación de esta Ley. Artículo 10.- Verificado el cumplimiento de los requisitos, la unidad ejecutora, mediante resolución aprobatoria, remitirá el expediente respectivo al INS en un plazo de cinco días hábiles. Si la unidad ejecutora estima que no se cumplen los requisitos fijados para cada categoría, el expediente pasará al Departamento Legal del Ministerio de Trabajo, para que se pronuncie sobre la admisibilidad de la solicitud, mediante los procedimientos administrativos correspondientes. Recibido el expediente, si el INS considera que no se presentan las condiciones de admisibilidad previstas por la ley, señalará sus objeciones y devolverá el expediente al Ministerio de Trabajo, para que proceda conforme al párrafo anterior. Artículo 11.- Recibido el expediente administrativo, se fijará la fecha para realizar las pruebas médicas, de laboratorio o psicológicas, que el INS considere pertinentes. Artículo 12.- El INS efectuará las pruebas referidas en el Artículo anterior. Para estos efectos, se autoriza a dicha Institución para que tome las medidas pertinentes con el objeto de garantizar la celeridad de tales pruebas. Artículo 13.- Si los estudios realizados por el INS demuestran la existencia de un daño físico y/o moral objetivo, vinculado con el uso del DBCP o asociado a éste, dicha Institución emitirá la resolución administrativa en la que se haga el reconocimiento de la indemnización. En caso contrario, se procederá a ordenar el archivo del expediente. Artículo 14.- Los parámetros para establecer la indemnización son los siguientes: a) Cuando se compruebe solo un daño moral objetivo, el monto de la indemnización no podrá ser superior a un cuarenta por ciento (40%) del monto indicado en el párrafo final de este Artículo. b) Cuando se compruebe solo daño físico, el monto de la indemnización será el siguiente: 1. En los casos de las categorías 1, 2 y 3 del Artículo 3, el monto de la indemnización no podrá exceder de un sesenta por ciento (60%) del monto indicado en el párrafo final de este Artículo. 2. En los casos de las categorías 4 y 5 del Artículo 3, el monto de la indemnización será igual al que le corresponda cancelar al INS, en aplicación de la legislación de riesgos del trabajo. En ningún caso, el monto total de la indemnización que se reconozca de conformidad con esta Ley, será superior a la suma de seiscientos ochenta y tres mil colones (¢683.000,00), determinada según el estudio actuarial elaborado por el INS en el que se consideró el salario devengado por los trabajadores bananeros calculado al valor actual. Este monto deberá ser indexado en el momento en que se reconozca el derecho a la indemnización prevista en esta Ley. Artículo 15.- Autorízase al INS para que cancele las indemnizaciones referidas en esta Ley con los recursos de la reserva de reparto del seguro de riesgos del trabajo y/o cualquier otra reserva que el INS considere conveniente utilizar para tal fin. En ningún caso, el INS podrá poner en riesgo los seguros que administra para hacer frente a lo previsto en esta Ley. Artículo 16.- Exclúyese de la aplicación de estas disposiciones a los trabajadores que ya hayan sido indemnizados por el INS por haber sido afectados por el DBCP o los que, a la fecha de vigencia de esta Ley, tengan reclamos presentados por este concepto, con fundamento en la legislación de riesgos del trabajo. CAPÍTULO II Pensiones Artículo 17.- La unidad ejecutora técnica creada mediante el Decreto Ejecutivo Nº 28530, de 2 de marzo del 2000, podrá presentar a la CCSS los listados de los trabajadores afectados por el DBCP que requieran la aprobación de una pensión del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. Dicha Institución tramitará esas solicitudes de acuerdo con los reglamentos vigentes y procurará la mayor celeridad en los trámites. En igual forma, la CCSS tramitará las solicitudes para el Régimen no Contributivo de Pensiones que le remita la unidad ejecutora técnica. Artículo 18.- La unidad ejecutora técnica podrá presentar a la CCSS los listados de los trabajadores afectados por el DBCP que requieran la revisión de sus pensiones, contributivas o no contributivas, con el fin de que dicha Institución resuelva lo pertinente, de conformidad con la normativa aplicable y procurando la mayor celeridad de los trámites. CAPÍTULO III Prestación de servicios médicos Artículo 19.- A las empresas empleadoras de los trabajadores afectados por el uso del DBCP, el Estado les cobrará el subsidio que esta Ley otorga, como parte del impuesto sobre la renta, dentro de los tres períodos de renta siguientes a la promulgación de la presente Ley. Esta norma afecta solo a las empresas que usaron el DBCP a sabiendas de su carácter dañino, de conformidad con la experiencia, la información sobre el producto y las normas internacionales vigentes. Artículo 20.- Autorízase a la CCSS para que fortalezca al personal de salud encargado de efectuar los diagnósticos de los afectados por el DBCP, así como la atención de los daños ocasionados a la salud por este producto, en los diferentes niveles de atención. Artículo 21.- Autorízase a la CCSS para que promueva la coordinación interinstitucional necesaria, a fin de facilitar la suscripción de convenios con instituciones públicas o privadas, orientados a atender la problemática de los afectados por el DBCP. Rige a partir de su publicación. Comunícase al Poder Ejecutivo Asamblea Legislativa.- San José, a los veintisiete días del mes de agosto de dos mil uno. Ovidio Antonio Pacheco Salazar, Presidente. Everardo Rodríguez Bastos, Gerardo Medina Madriz, Segundo Secretario. Primer Prosecretario. Presidencia de la República.- San José, a los seis días del mes de setiembre del dos mil uno. Ejecútese y Publíquese MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA. El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, El Ministro de la Presidencia, Bernardo Benavides Benavides, Danilo Chaverri Soto. _________________________________________________ Actualizada al: 28-11-2001 Sanción: 06-09-2001 Publicación: 20-09-2001 Gaceta: 181 Alcance: 67-A Rige: 20-09-2001 LMRF.-