Ley 7988

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Nº 7988 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA DECRETA: TARIFA DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL CANTON DE NICOYA Artículo 1º.- Obligatoriedad del impuesto. Las personas físicas y jurídicas que se dediquen al ejercicio de actividades lucrativas de cualquier tipo, en el cantón de Nicoya, estarán obligadas a pagar un impuesto de patentes conforme a esta ley. Artículo 2º.- Requisitos para la licencia municipal. En toda solicitud de otorgamiento, traslado y traspaso de licencia municipal, será requisito indispensable que los interesados estén al día en el pago de los tributos y otras obligaciones fijadas en las leyes, en favor de la Municipalidad. Artículo 3º.- Factores determinantes de la imposición. Establécense como factores determinantes de la imposición, los ingresos brutos anuales que perciban las personas físicas o jurídicas afectas al impuesto, durante el período anterior al año que se grava. Los ingresos brutos no incluyen lo recaudado por el impuesto sobre las ventas. En el caso de los establecimientos financieros y de correduría de bienes muebles e inmuebles, se consideran ingresos brutos los percibidos por concepto de comisiones e intereses y los servicios prestados. Artículo 4º.- Porcentaje aplicable a los ingresos brutos. Los ingresos brutos anuales, producto de la actividad realizada, determinarán el monto del impuesto de patentes que corresponda pagar a cada contribuyente. Se aplicará el uno y medio por mil (1,5x1000) sobre los ingresos brutos, a partir del segundo año. Esta suma dividida entre cuatro determinará el impuesto trimestral por pagar. El total del ingreso bruto anual por las actividades realizadas solo durante una parte del período fiscal anterior, se determinará con base en el promedio mensual de los meses declarados. El promedio anual se obtendrá al dividir el monto total declarado entre el número de meses presentados en la declaración y multiplicado por 12. Artículo 5º.- Declaración jurada municipal. Cada año, a más tardar el 9 de enero, las personas referidas en el artículo 1 de esta ley, presentarán a la Municipalidad una declaración jurada de sus ingresos brutos y una copia sellada de la declaración del impuesto sobre la renta, presentada a la Dirección General de Tributación. Con base en esta información, la Municipalidad calculará el impuesto por pagar. Para tales efectos, deberá poner a disposición de los contribuyentes los respectivos formularios, a más tardar un mes antes de la fecha establecida. Cuando las empresas hayan sido autorizadas por la Dirección General de Tributación, para presentar la declaración en fecha posterior a la fijada en la ley, estas empresas podrán presentarla dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha autorizada. Artículo 6º.- Documentos requeridos para la declaración jurada municipal Cuando los patentados no sean declarantes del impuesto sobre la renta y en los casos de duda sobre la información brindada en la declaración jurada, la Municipalidad podrá solicitarles una fotocopia del último recibo de pago de planillas a la Caja Costarricense de Seguro Social o una constancia de la agencia respectiva de esa Institución o, en su defecto, una nota explicativa de las razones que los eximen de cotizar para el seguro social. Artículo 7º.- Confidencialidad de la información. La información suministrada a la Municipalidad por los contribuyentes tiene carácter confidencial, de acuerdo con el artículo 117 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Esta información se brindará únicamente al patentado o a una persona debidamente autorizada o por requerimiento de un juez de la República. Artículo 8º.- Impuesto determinado de oficio. La Municipalidad está facultada para determinar, de oficio, el impuesto de patentes municipales del contribuyente o el responsable cuando: a) Revisada su declaración jurada municipal, se presuma que los datos consignados tienen errores que modifican el monto del tributo por pagar en contra de la Municipalidad, o que los montos no están acordes con la realidad. Esta situación podrá determinarse con los siguientes parámetros: 1) Analogía con otros negocios cuyos registros posea la Municipalidad. 2) Solicitud de información, a los proveedores, sobre el volumen total de las ventas anuales; es deber de los proveedores brindar esa información a la Dirección General de Tributación. 3) Análisis del comportamiento económico de la empresa durante los cinco años anteriores. 4) Aplicación de los artículos 116, siguientes y concordantes del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. b) No haya presentado la declaración jurada municipal dentro del término establecido en el artículo 5; en este caso, deberá pagar una suma extra equivalente al diez por ciento (10%) del impuesto de patentes correspondiente al año anterior. c) Exista duda y no se aporten los documentos que sirven de base para determinar el impuesto, la Municipalidad lo establecerá con los elementos a su alcance. Su fijación constituirá presunción que admite prueba en contrario. d) Aporte una copia alterada de la declaración que presentó a la Dirección General de Tributación. e) La Dirección General de Tributación haya recalificado los ingresos brutos declarados ante ella. En tal caso, el tributo se establecerá con base en la recalificación. f) Se trate de una actividad recién establecida, sujeta al procedimiento previsto en el artículo 15 de esta ley. g) Se trate de otros casos considerados en la presente ley. Artículo 9º- Licencias y patentes en un establecimiento. Cuando en un establecimiento realicen actividades varias sociedades o personas físicas, el monto de la imposición se determinará de la suma total del impuesto que le corresponde a cada una. Artículo 10.- Actividades en cantones diferentes. Las personas físicas o jurídicas cuyas actividades se realicen en uno o más cantones, deberán determinar qué proporción del volumen de sus negocios se genera en el cantón de Nicoya, para efectos del pago del impuesto. Artículo 11.- Notificaciones. La calificación de oficio o la recalificación efectuada por la Municipalidad, deberá ser notificada al contribuyente, con las observaciones o los cargos que se le formulen y las infracciones que se estime ha cometido. Artículo 12.- Recursos. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación, el contribuyente o el responsable puede presentar por escrito los recursos que le faculte la ley contra las observaciones y los cargos formulados. En ese caso, debe señalar los hechos y las normas legales que fundamentan su reclamo y alegar las defensas que considere pertinentes, proporcionando y ofreciendo las pruebas respectivas. Si dentro del plazo señalado no se presenta ninguna oposición, la resolución quedará en firme. En caso contrario, los recursos deberán resolverse dentro de los diez días hábiles siguientes; de lo contrario, la Municipalidad no podrá cobrar multas ni intereses. Salvo lo expuesto en el párrafo anterior, la Municipalidad cobrará multas e intereses, a partir del período en que debió pagarse el impuesto de patentes, haya o no oposiciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 69 del Código Municipal. La resolución final dictada por el Concejo no tendrá recurso de revocatoria ni de apelación; en consecuencia, quedará agotada la vía administrativa. El interesado podrá interponer la demanda correspondiente ante la autoridad judicial competente. El Departamento de Patentes determinará el tributo por pagar; contra su resolución cabrán los recursos ordinarios de revocatoria y apelación. La apelación tendrá, igualmente, los recursos ordinarios de revocatoria y apelación. En este caso, la apelación será presentada ante el Concejo Municipal, que resolverá en definitiva y dará por agotada la vía administrativa. Artículo 13.- Revisión y recalificación. Toda declaración queda sujeta a ser revisada por los medios establecidos en la ley. Si se comprueba que los datos suministrados son incorrectos, por cuya circunstancia se determina una variación en el tributo, se procederá a la recalificación correspondiente. Asimismo, los patentados quedan sujetos a lo dispuesto en el título III, "Hechos ilícitos tributarios", del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, así como en el Código Penal. Artículo 14.- Actividades lucrativas afectas al impuesto. Las actividades lucrativas que seguidamente se señalan, comprendidas en la clasificación internacional de actividades económicas, pagarán conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 4 anteriores, excepto que alguna ley específica disponga lo contrario. a) Silvicultura, pesca, agricultura y ganadería. Quedan excluidos los pequeños pescadores, así como los productores agrícolas y agropecuarios, cuyos ingresos brutos anuales no excedan de los tres millones de colones (3.000.000,00). b) Industria. Se refiere al conjunto de operaciones materiales ejecutadas para extraer, transformar o manufacturar uno o varios productos. Incluye el procesamiento de productos agrícolas y la transformación mecánica o química de sustancias orgánicas o inorgánicas en productos nuevos, mediante procesos mecanizados o no, en fábricas o domicilios. Implica tanto la creación de productos, como los talleres de reparación y acondicionamiento. Comprende la extracción y explotación de minerales y no metálicos, en estado sólido, líquido o gaseoso; la construcción, reparación o demolición de todo tipo de edificios, instalaciones y vías de transportes; las imprentas, las editoriales y los establecimientos similares, las construcciones y los bienes muebles e inmuebles. c) Comercio. Comprende la compra y la venta de toda clase de bienes, mercaderías y propiedades; además, los actos de valoración de los bienes económicos, según la oferta y la demanda, tales como casas de representación, agencias o sucursales y, en general, todo lo que involucre transacciones de mercado de cualquier tipo, bancos y establecimientos financieros, casas de banca y de cambio, correduría de bolsas y similares e instituciones aseguradoras. d) Servicios. Comprende los servicios prestados al sector privado, al sector público o a ambos, atendidos por organizaciones o personas privadas. Incluye el transporte, el almacenaje, las comunicaciones, los arrendamientos o alquileres de cinco o más unidades (apartamentos, casas de habitación, oficinas, edificios de tres o más oficinas), la correduría de bienes inmuebles, los establecimientos de esparcimiento y los de enseñanza privada, excepto los semioficiales. Artículo 15.- Verificación de las declaraciones juradas. Cuando la Municipalidad dude de la veracidad de la declaración jurada, podrá exigir a las personas físicas o jurídicas, declarantes o no del impuesto sobre la renta, una certificación sobre el volumen de los ingresos brutos anuales, extendida por un contador público autorizado. El costo de la certificación será asumido por el contribuyente. Si se encuentra que efectivamente existen inexactitudes, la Municipalidad, de oficio, podrá determinar las tarifas. Artículo 16.- Autorización. Autorízase a la Municipalidad de Nicoya para que adopte las medidas administrativas necesarias, para la adecuada fiscalización de los alcances de esta ley. Disposiciones finales Artículo 17.- Aplicación irrestricta de esta ley. Los procedimientos fijados en esta ley para cobrar el impuesto de patentes no excluyen las actividades sujetas a licencia que, por características especiales, sean objeto de gravámenes impositivos creados por leyes de alcance nacional. Artículo 18.- Derogación. Derógase la Ley de impuestos municipales del cantón de Nicoya, N°. 7163, de 5 de junio de 1990. Artículo 19.- Plazo para normalizar situaciones. A los establecimientos que están funcionando sin la respectiva licencia municipal o se encuentren con uno o más trimestres de atraso, se les otorgará un plazo de ocho días hábiles para normalizar su situación con la Municipalidad. Transcurrido el plazo otorgado al contribuyente, sin que haya normalizado su situación, se procederá a la cancelación de la licencia y al cierre inmediato del establecimiento o a impedir la realización de dicha actividad. Transitorio único.- Autorízase, por una única vez, a la Municipalidad de Nicoya para que condone intereses, recargos y multas de ley de los impuestos, tasas y servicios, a los contribuyentes que cancelen sus obligaciones en mora dentro de los dos meses calendario posteriores a la publicación de la presente ley. Rige a partir de su publicación. Comisión Legislativa Plena Primera.- Aprobado el anterior proyecto el día dos de febrero del año dos mil. Jorge Eduardo Sánchez Sibaja, Presidente. Joycelyn Sawyers Royal, Secretaria. Comunícase al Poder Ejecutivo Asamblea Legislativa.- San José, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil. Carlos Vargas Pagán, Presidente. Manuel Ant. Bolaños Salas, Rafael Angel Villalta Loaiza, Primer Secretario. Segundo Secretario. Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los dieciséis días del mes de febrero del dos mil. Ejecútese y publíquese MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ECHEVERRIA. El Ministro de Gobernación, Lic. Rogelio Ramos Martínez. _________________________ Actualizada: 11-06-2001 Sanción: 16-02-2000 Publicación: 02-03-2000 Rige. 02-03-2000 RZC.