Nº 7983<br />
LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR<br />
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA<br />
DECRETA:<br />
TÍTULO I<br />
DISPOSICIONES GENERALES<br />
ARTÍCULO 1.- Objeto de la ley<br />
La presente ley es de orden público e interés social y tiene por<br />
objeto:<br />
a) Crear y establecer el marco para regular los fondos de<br />
capitalización laboral propiedad de los trabajadores.<br />
b) Universalizar las pensiones para las personas de la tercera edad<br />
en condición de pobreza.<br />
c) Establecer los mecanismos para ampliar la cobertura y fortalecer<br />
el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de<br />
Seguro Social (CCSS) como principal sistema de solidaridad en la<br />
protección de los trabajadores.<br />
d) Autorizar, regular y establecer el marco para supervisar el<br />
funcionamiento de los regímenes de pensiones complementarias, públicos<br />
y privados, que brinden protección para los casos de invalidez, vejez<br />
y muerte.<br />
e) Establecer los mecanismos de supervisión para los entes<br />
participantes en la recaudación y administración de los diferentes<br />
programas de pensiones que constituyen el Sistema Nacional de<br />
Pensiones.<br />
f) Establecer un sistema de control de la correcta administración<br />
de los recursos de los trabajadores, con el fin de que estos reciban<br />
la pensión conforme a los derechos adquiridos por ellos.<br />
ARTÍCULO 2.- Definiciones<br />
Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes términos:<br />
a) Fondos de capitalización laboral. Los constituidos con las<br />
contribuciones de los patronos y los rendimientos o productos de las<br />
inversiones, una vez deducidas las comisiones por administración, para<br />
crear un ahorro laboral y establecer una contribución al Régimen de<br />
Pensiones Complementarias.<br />
b) Fondos de pensiones complementarias. Los constituidos con las<br />
contribuciones de los afiliados y los cotizantes de los diversos planes<br />
de pensiones y con los rendimientos o los productos de las inversiones,<br />
una vez deducidas las comisiones.<br />
c) Régimen de Pensiones Complementarias. Conjunto de regímenes de<br />
pensiones complementarias al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la<br />
CCSS o de los regímenes públicos sustitutos.<br />
d) Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias. Sistema de<br />
capitalización individual, cuyos aportes serán registrados y<br />
controlados por medio del Sistema Centralizado de Recaudación de la<br />
CCSS y administrado por medio de las operadoras elegidas por los<br />
trabajadores.<br />
e) Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias. Sistema<br />
voluntario de capitalización individual, cuyos aportes serán<br />
registrados y controlados por medio del Sistema Centralizado de<br />
Recaudación de la CCSS o directamente por la operadora de pensiones.<br />
f) Entidades autorizadas. Organizaciones sociales autorizadas para<br />
administrar los fondos de capitalización laboral y las operadoras de<br />
pensiones.<br />
g) Entidades supervisadas. Todas las entidades autorizadas, la CCSS<br />
en lo relativo al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y todas las<br />
entidades administradoras de regímenes de pensiones creados por leyes o<br />
convenciones colectivas, antes de la vigencia de esta ley.<br />
h) Entidades reguladas. Entidades supervisadas, con excepción de<br />
la CCSS.<br />
i) Operadoras de pensiones. Entidades encargadas de administrar<br />
los aportes, constituir y administrar fondos de capitalización laboral<br />
y fondos de pensiones correspondientes al Régimen Complementario de<br />
Pensiones y los beneficios correspondientes, conforme a las normas de<br />
esta ley. Denominadas en adelante operadoras.<br />
j) Organizaciones sociales autorizadas. Entidades encargadas de<br />
administrar los fondos de capitalización laboral, conforme a las normas<br />
establecidas en esta ley.<br />
k) Planes de pensiones. Conjunto de condiciones y beneficios<br />
complementarios a los ofrecidos por el Régimen de Invalidez, Vejez y<br />
Muerte de la CCSS y los regímenes públicos sustitutos de pensiones, de<br />
conformidad con la presente ley, denominados en adelante planes o<br />
planes de pensiones.<br />
l) Cotizante o aportante. Persona física o jurídica que contribuye<br />
a un plan determinado, con la intención de fortalecerlo y ampliar los<br />
beneficios en favor de los afiliados.<br />
m) Libre transferencia. Derecho del afiliado de transferir los<br />
recursos capitalizados en su cuenta a otra entidad autorizada o al<br />
fondo de su elección.<br />
n) Superintendencia. Superintendencia de Pensiones, órgano de<br />
máxima desconcentración del Banco Central de Costa Rica.<br />
o) Régimen público sustituto. Regímenes establecidos por ley, en<br />
sustitución del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, a la<br />
entrada en vigencia de esta ley.<br />
TÍTULO II<br />
FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL<br />
ARTÍCULO 3.- Creación de fondos de capitalización laboral<br />
Todo patrono, público o privado aportará, a un fondo de capitalización<br />
laboral, un tres por ciento (3%) calculado sobre el salario mensual del<br />
trabajador. Dicho aporte se hará durante el tiempo que se mantenga la<br />
relación laboral y sin límite de años.<br />
Para el debido cumplimiento de esta obligación por parte de la<br />
Administración Pública, ningún presupuesto público, ordinario ni<br />
extraordinario, ni modificación presupuestaria alguna podrá ser aprobado<br />
por la Contraloría General de la República, si no se encuentra debidamente<br />
presupuestado el aporte aquí previsto. El Ministro de Hacienda estará<br />
obligado a incluir, en los proyectos de ley de presupuesto nacional de la<br />
República, los aportes previstos en este artículo. Se prohíbe la<br />
subejecución del presupuesto en esta materia.<br />
Del aporte indicado en el párrafo primero, las entidades autorizadas<br />
indicadas en el artículo 30 deberán trasladar anualmente o antes, en caso<br />
de extinción de la relación laboral, un cincuenta por ciento (50%) para<br />
crear el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, en las<br />
condiciones establecidas en esta ley.<br />
El restante cincuenta por ciento (50%) del aporte establecido y los<br />
rendimientos, serán administrados por las entidades autorizadas, como un<br />
ahorro laboral conforme a esta ley.<br />
ARTÍCULO 5.- Protección de los derechos concedidos<br />
Los recursos depositados a nombre de los trabajadores en las cuentas<br />
individuales de ahorro laboral, estarán sujetos a los siguientes<br />
principios:<br />
a) Serán aplicables los incisos a), c) y d) del artículo 30 del<br />
Código de Trabajo.<br />
b) Son un derecho de interés social de naturaleza no salarial,<br />
exento del pago del impuesto sobre la renta y de cualquier tipo de<br />
carga social; su contenido económico se utilizará para el beneficio<br />
exclusivo de los trabajadores y sus familias, de acuerdo con los<br />
propósitos de la presente ley.<br />
ARTÍCULO 6.- Entidades autorizadas<br />
Los fondos de capitalización laboral solo podrán ser administrados<br />
por las entidades indicadas en el artículo 30 de la presente ley.<br />
ARTÍCULO 7.- Retiro de los recursos<br />
El trabajador o sus causahabientes tendrán derecho a retirar los<br />
ahorros laborales acumulados a su favor en el fondo de capitalización<br />
laboral, de acuerdo con las siguientes reglas:<br />
a) Al extinguirse la relación laboral, por cualquier causa, el<br />
trabajador lo demostrará a la entidad autorizada correspondiente para que<br />
esta, en un plazo máximo de quince días, proceda a girarle la totalidad del<br />
dinero acumulado a su favor.<br />
b) En caso de fallecimiento, deberá procederse según el artículo 85 del<br />
Código de Trabajo.<br />
c) Durante la relación laboral, el trabajador tendrá derecho a retirar<br />
el ahorro laboral cada cinco años.<br />
ARTÍCULO 8.- Inversión de los recursos de capitalización laboral<br />
Los recursos de los fondos de capitalización laboral serán invertidos<br />
de conformidad con las disposiciones establecidas en el título VI de la<br />
presente ley.<br />
ARTÍCULO 9.- Aportes de cesantía en casos especiales<br />
Los aportes de cesantía realizados por los patronos a asociaciones<br />
solidaristas o cooperativas de ahorro y crédito, regulados por lo dispuesto<br />
en la Ley No. 7849, de 20 de noviembre de 1998, así como los anteriores a<br />
la vigencia de esta ley que se otorgan en virtud de leyes especiales,<br />
normas, contratos colectivos de trabajo o convenciones colectivas, se<br />
considerarán realizados en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3<br />
de esta ley y estarán regulados por todas sus disposiciones. Si los<br />
aportes son insuficientes para cubrir el porcentaje señalado en ese<br />
artículo, el patrono deberá realizar el ajuste correspondiente.<br />
El aporte patronal depositado en una asociación solidarista, en<br />
cuanto supere el tres por ciento (3%), mantendrá la naturaleza y la<br />
regulación indicadas en el inciso b) del artículo 18 de la Ley No. 6970.<br />
El aporte patronal depositado en una cooperativa de ahorro y crédito se<br />
regulará por lo dispuesto en la Ley No. 7849, cuando supere el tres por<br />
ciento (3%). En los demás casos, los aportes que superen el tres por<br />
ciento (3%) referido continuarán rigiéndose por las condiciones pactadas<br />
por las partes.<br />
Los empleadores que antes de la vigencia de esta ley tengan la práctica<br />
de pagar, anualmente o durante la relación laboral el auxilio de cesantía,<br />
podrán continuar pagándolo conforme al artículo 29 del Código de Trabajo,<br />
pero deberán cumplir con el aporte referido en el artículo 3 de esta ley.<br />
TÍTULO III<br />
RÉGIMEN DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS<br />
CAPÍTULO I<br />
RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS<br />
ARTÍCULO 10.- Creación<br />
El Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias será un régimen de<br />
capitalización individual y tendrá como objetivo complementar los<br />
beneficios establecidos en el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la<br />
CCSS o sus sustitutos, para todos los trabajadores dependientes o<br />
asalariados.<br />
Los aportes al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias serán<br />
registrados y controlados por medio del Sistema Centralizado de<br />
Recaudación, de conformidad con el artículo 31 de la Ley Orgánica de la<br />
Caja Costarricense de Seguro Social, No. 17, de 22 de octubre de 1943; el<br />
sistema deberá trasladarlos a la operadora, escogida por los trabajadores.<br />
Los aportes al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias se<br />
calcularán con la misma base salarial reportada por los patronos al Régimen<br />
de Invalidez Vejez y Muerte de la CCSS.<br />
ARTÍCULO 11.- Transferencia entre operadoras<br />
Los trabajadores tendrán libertad para afiliarse a la operadora de su<br />
elección. El afiliado podrá transferir el saldo de su cuenta, sin costo<br />
alguno, entre operadoras. Las transferencias deberán ser solicitadas<br />
personalmente y por escrito ante el sistema de centralizado de recaudación<br />
de la CCSS. La Superintendencia establecerá, vía reglamento, el plazo y<br />
las condiciones en que se solicitarán y efectuarán las transferencias.<br />
Si la operadora no transfiere los recursos en el plazo establecido<br />
por la Superintendencia, el Superintendente ordenará el traslado. El no<br />
cumplimiento de dicha orden se considerará como falta muy grave para los<br />
efectos sancionatorios de esta ley, sin perjuicio de las demás acciones<br />
facultadas por la ley, así como de la reparación de daños y perjuicios que<br />
hayan sido causados por el incumplimiento. Se prohíbe toda forma de<br />
obstaculizar el ejercicio de este derecho, sin menoscabo de las<br />
bonificaciones de comisiones cobradas a partir del incumplimiento,<br />
previstas en la presente ley.<br />
ARTÍCULO 12.- Afiliación del trabajador al régimen obligatorio de<br />
pensiones complementarias<br />
Al contratar a un nuevo trabajador, el patrono deberá comunicar a la<br />
CCSS la operadora de pensiones elegida por el trabajador y toda la<br />
información necesaria para el funcionamiento adecuado del Sistema<br />
Centralizado de Recaudación, dentro del plazo que fije la Superintendencia.<br />
Asimismo, deberá comunicar a la CCSS los retiros de trabajadores de su<br />
empresa.<br />
En caso de que el trabajador no elija la operadora, será afiliado en<br />
forma automática a la operadora del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.<br />
Cuando se trate de los trabajadores afiliados al Sistema de Pensiones del<br />
Magisterio, serán afiliados a la operadora autorizada del Magisterio<br />
Nacional. En ambos casos la Superintendencia publicará en un periódico de<br />
circulación nacional una lista de los trabajadores que hayan sido afiliados<br />
en esta condición.<br />
ARTÍCULO 13.- Obligación de afiliarse solo a una operadora<br />
El trabajador seleccionará una única operadora, que administrará sus<br />
recursos para el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias. Las<br />
operadoras no podrán negar la afiliación a ningún trabajador, una vez que<br />
este cumpla con todos los requisitos establecidos para este efecto.<br />
Las operadoras están obligadas a abrir y mantener, para cada<br />
trabajador afiliado, una cuenta individual de pensiones a su nombre. Esta<br />
cuenta puede tener varias subcuentas para el ahorro obligatorio, para el<br />
ahorro voluntario, para los ahorros extraordinarios y otras que se<br />
dispongan por medio de otras leyes o con la autorización del<br />
Superintendente.<br />
ARTÍCULO 14.- Recursos del Régimen<br />
El Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias se financiará con<br />
los siguientes recursos:<br />
a) El uno por ciento (1%) establecido en el inciso b) del artículo<br />
5 de la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, No.<br />
4351, de 11 de julio de 1969, luego de transcurrido el plazo fijado<br />
por el artículo 8 de esa ley.<br />
b) El cincuenta por ciento (50%) del aporte patronal dispuesto en<br />
el inciso a) del artículo 5 de la Ley Orgánica del Banco Popular y de<br />
Desarrollo Comunal,<br />
No. 4351, de 11 de julio de 1969, luego de transcurrido el plazo<br />
fijado por el artículo 8 de esa misma ley.<br />
c) Un aporte de los patronos del uno coma cinco por ciento (1,5%)<br />
mensual sobre los sueldos y salarios pagados, suma que se depositará<br />
en la cuenta individual del trabajador en la operadora de su elección.<br />
d) Los aportes provenientes del Fondo de Capitalización Laboral,<br />
según lo establecido en el artículo 3 de esta ley.<br />
Sobre los recursos referidos en el inciso a) del presente artículo,<br />
el Banco Popular y de Desarrollo Comunal reconocerá una tasa de interés<br />
fijada por su Junta Directiva Nacional. Dicha tasa no podrá ser inferior a<br />
la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor, ni mayor que la<br />
tasa activa para préstamos de vivienda de interés social del Banco.<br />
CAPÍTULO II<br />
RÉGIMEN VOLUNTARIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS<br />
Y AHORRO VOLUNTARIO<br />
ARTÍCULO 15.- Aporte de los trabajadores al Régimen Voluntario de<br />
Pensiones Complementarias<br />
Los trabajadores afiliados al Régimen Obligatorio de Pensiones<br />
Complementarias, en forma individual o por medio de convenios de afiliación<br />
colectiva, podrán afiliarse al Régimen Voluntario de Pensiones<br />
Complementarias de conformidad con esta ley. Los patronos podrán acordar<br />
con uno o más de sus trabajadores, la realización de aportes periódicos o<br />
extraordinarios a las respectivas cuentas para pensión complementaria. Los<br />
convenios de aportación deberán celebrarse por escrito y con copia a la<br />
Superintendencia.<br />
Los aportes voluntarios o extraordinarios se mantendrán registrados a<br />
nombre de cada trabajador, en forma separada de los aportes obligatorios, y<br />
serán registrados y controlados por medio del Sistema Centralizado de<br />
Recaudación o directamente en las ventanillas de las operadoras o de las<br />
personas con las que estas celebren convenios para este efecto, siempre que<br />
en este último caso, la persona designada cumpla los requisitos que al<br />
efecto establezca el Superintendente.<br />
ARTÍCULO 16.- Afiliación al régimen voluntario de pensiones de<br />
trabajadores no afiliados al Régimen Obligatorio de Pensiones<br />
Cualquier persona no afiliada al Régimen Obligatorio de Pensiones<br />
Complementarias podrá afiliarse al Régimen Voluntario de Pensiones<br />
Complementarias en forma individual o por medio de convenios de afiliación<br />
colectiva, y podrá realizar aportes a la cuenta de ahorro voluntario creada<br />
en el artículo 18 de la presente ley.<br />
ARTÍCULO 17.- Autorización previa<br />
Todos los planes de pensiones que ofrezcan las operadoras deberán ser<br />
de contribución definida y contar con la autorización previa del<br />
Superintendente de Pensiones.<br />
ARTÍCULO 18.- Capacidad para contratar<br />
Las personas de más de quince años de edad y menos de dieciocho, a<br />
pesar de su condición de menores de edad, podrán celebrar válidamente los<br />
contratos previstos en el presente título, de conformidad con el artículo<br />
39 del Código Civil.<br />
ARTÍCULO 19.- Ahorro voluntario<br />
Las operadoras podrán ofrecer y administrar planes de ahorro mediante<br />
contratos individuales, colectivos o corporativos, para sus afiliados.<br />
Dichos aportes serán administrados por la operadora en un megafondo, según<br />
el reglamento emitido por la Superintendencia. Los afiliados podrán<br />
efectuar retiros de estos ahorros, de conformidad con los contratos. Dicho<br />
megafondo se invertirá en fondos de inversión administrados por las<br />
sociedades administradoras de fondos de inversión, registrados en la<br />
Superintendencia General de Valores y supervisados por ella.<br />
La operación de los megafondos referida en este artículo será<br />
regulada y supervisada por la Superintendencia de Pensiones. El<br />
Superintendente de Pensiones definirá una lista de los fondos de inversión,<br />
en los que podrán invertir dichos megafondos, con base en normas de<br />
aplicación general sobre su estructura de cartera, así como los criterios<br />
de diversificación, los cuales deberán observar entre los diversos fondos<br />
de inversión.<br />
Los ahorros voluntarios aquí establecidos no dan derecho a los<br />
incentivos fiscales indicados en esta ley, pero les será aplicable en lo<br />
correspondiente, el impuesto único y definitivo del cinco por ciento (5%)<br />
que fija el artículo 100 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, No.<br />
7732, de fecha 17 de diciembre de 1997.<br />
ARTÍCULO 20.- Prohibición de cotizar<br />
Prohíbese al Estado, las instituciones autónomas, las instituciones<br />
semiautónomas y los demás entes descentralizados del sector público, así<br />
como a las sociedades establecidas con base en el Código de Comercio, en<br />
las que el Estado tenga mayoría accionaria, cotizar como patronos al<br />
Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias.<br />
CAPÍTULO III<br />
BENEFICIOS<br />
ARTÍCULO 21.- Condiciones para acceder a los beneficios del Régimen<br />
Obligatorio de Pensiones<br />
Los beneficios del Régimen Obligatorio de Pensiones se obtendrán una<br />
vez que el beneficiario presente, a la operadora, una certificación de que<br />
ha cumplido con los requisitos del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de<br />
la Caja Costarricense de Seguro Social o del régimen público sustituto al<br />
que haya pertenecido. En caso de muerte del afiliado, los beneficiarios<br />
serán los establecidos en el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte o el<br />
sustituto de este. Cada operadora tendrá un plazo máximo de noventa días<br />
naturales para hacer efectivos los beneficios del afiliado. El<br />
incumplimiento de esta obligación se considerará como una infracción muy<br />
grave para efectos de imponer sanciones.<br />
Cuando un trabajador no se pensione bajo ningún régimen, tendrá derecho a<br />
retirar los fondos de su cuenta individual al cumplir la edad establecida<br />
vía reglamento, por la Junta Directiva de la CCSS. En este caso, los<br />
beneficios se obtendrán bajo las modalidades dispuestas en este capítulo.<br />
No obstante, la Junta Directiva de la CCSS podrá establecer un monto por<br />
debajo del cual puede optarse por el retiro total.<br />
ARTÍCULO 22.- Condiciones para acceder a los beneficios del Régimen<br />
Voluntario de Pensiones Complementarias<br />
Las prestaciones derivadas del Régimen Voluntario de Pensiones<br />
Complementarias se disfrutarán de acuerdo con los contratos, pero no antes<br />
de que el beneficiario cumpla cincuenta y siete años de edad, excepto en<br />
caso de invalidez o enfermedad terminal, calificado por la CCSS o en caso<br />
de muerte.<br />
En el caso de las cuentas referidas en el artículo 18 de la presente<br />
ley se regirán por los contratos, pero no antes de transcurrido un año<br />
excepto los contratos colectivos o corporativos, en cuyo caso podrán<br />
devolverse los recursos cuando exista un rompimiento de la relación laboral<br />
o gremial.<br />
ARTÍCULO 23.- Prestaciones<br />
Los afiliados al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias<br />
podrán utilizar sus recursos para comprar una renta vitalicia o acogerse a<br />
una renta permanente.<br />
Los afiliados podrán elegir una o ambas formas y modificar su<br />
elección solo para trasladarse de una renta permanente a una renta<br />
vitalicia.<br />
El Consejo Nacional podrá autorizar otras modalidades de<br />
prestaciones, siempre y cuando se respete el principio de seguridad<br />
económica de los afiliados, y no contravengan los principios de la presente<br />
ley.<br />
ARTÍCULO 24.- Renta vitalicia<br />
Autorízase a las operadoras para ofrecer a los afiliados, una o más<br />
pólizas colectivas de rentas vitalicias por intermedio del Instituto<br />
Nacional de Seguros. Cuando se trate de trabajadores pertenecientes al<br />
Sistema de Pensiones del Magisterio Nacional, la renta vitalicia podrá ser<br />
contratada con la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional.<br />
Para tal efecto, la Superintendencia deberá proporcionar la información<br />
relativa a los trabajadores próximos a pensionarse.<br />
Todos los parámetros y las tablas de mortalidad por utilizar para el<br />
cálculo de las rentas vitalicias, deberán ajustarse a lo que determine<br />
reglamentariamente la Superintendencia de Pensiones. Los afiliados podrán<br />
optar por realizar dicha compra en forma directa.<br />
ARTÍCULO 24.- Pago de la renta vitalicia<br />
En el caso de que el total o parte de los recursos contenidos en la<br />
cuenta individual se destinen a la compra de una renta vitalicia, la<br />
entidad aseguradora correspondiente asumirá el pago de la pensión en las<br />
condiciones del contrato que se pacte para este propósito. La operadora<br />
podrá asumir la función de agente pagador de la empresa aseguradora.<br />
ARTÍCULO 25.- Renta permanente<br />
Las operadoras podrán ofrecer a los afiliados planes de renta<br />
permanente en los cuales se entregue a estos el producto de los<br />
rendimientos de la inversión del monto acumulado en su cuenta individual y<br />
el saldo se entregará a los beneficiarios a la muerte del afiliado.<br />
ARTÍCULO 26.- Anticipación de la edad de retiro<br />
El afiliado podrá anticipar su edad de retiro del Régimen de<br />
Invalidez, Vejez y Muerte, utilizando los recursos acumulados en su cuenta<br />
del Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias, de conformidad con<br />
esta ley y con el reglamento que dicte la Junta Directiva de la CCSS.<br />
CAPÍTULO IV<br />
COBERTURA COMPLEMENTARIA POR INVALIDEZ Y MUERTE<br />
ARTÍCULO 27.- Cobertura complementaria y seguro colectivo<br />
Las operadoras podrán ofrecer protección complementaria por invalidez<br />
o muerte, mediante la contratación de seguros en el Instituto Nacional de<br />
Seguros. Cuando se trate de trabajadores pertenecientes al Sistema de<br />
Pensiones del Magisterio Nacional, la cobertura complementaria podrá ser<br />
contratada con la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional. La<br />
protección de tales contingencias será opcional para el afiliado, e<br />
independiente para cada una de estas contingencias. Las primas para estas<br />
contingencias serán adicionales a los aportes establecidos con base en esta<br />
ley. El no pago de las primas correspondientes por parte del afiliado<br />
exime a la operadora de toda responsabilidad.<br />
ARTÍCULO 28.- Condiciones de la cobertura<br />
Los planes de cobertura de los riesgos de invalidez o muerte que<br />
ofrezcan las operadoras, según el artículo 27 de la presente ley, deberán<br />
indicar expresamente los requisitos de afiliación, la cuantía y duración de<br />
la prestación a la que se tendrá derecho, en valores absolutos o en<br />
relación con una determinada base de cálculo; asimismo, el procedimiento de<br />
determinación de la invalidez, la cual será determinada por la Comisión<br />
Médica del Régimen de Invalidez de la Caja Costarricense de Seguro Social.<br />
Las operadoras deberán informar al afiliado, expresa y<br />
detalladamente, de las condiciones y los derechos de las coberturas de<br />
invalidez y muerte, así como del monto de la prima respectiva y la<br />
condición de opcional de estas coberturas, conforme lo establezca<br />
reglamentariamente la Superintendencia.<br />
ARTÍCULO 29.- Beneficiarios de prestaciones de supervivencia<br />
En los casos en que el afiliado contrate la cobertura complementaria<br />
del riesgo muerte deberá indicar claramente el o los beneficiarios.<br />
Si al fallecer el afiliado no existe ninguno de los beneficiarios<br />
indicados, la prestación se abonará a los beneficiarios que sucedan al<br />
afiliado, y en las proporciones correspondientes, de conformidad con el<br />
régimen aplicable a los afiliados a la Caja<br />
Costarricense de Seguro Social o, ante la ausencia de estos, a quienes lo<br />
sucedan, de acuerdo con las normas de la legislación rectora en la materia.<br />
TÍTULO IV<br />
OPERADORAS DE PENSIONES Y DE CAPITALIZACIÓN LABORAL<br />
CAPÍTULO ÚNICO<br />
OPERADORAS DE PENSIONES Y DE CAPITALIZACIÓN LABORAL<br />
ARTÍCULO 30.- Exclusividad y naturaleza jurídica<br />
Los fondos de pensiones, los planes respectivos y los fondos de<br />
capitalización laboral, serán administrados exclusivamente por operadoras.<br />
Estas son personas jurídicas de Derecho Privado o de capital público<br />
constituidas para el efecto como sociedades anónimas, que estarán sujetas a<br />
los requisitos, las normas y los controles previstos en la presente ley y<br />
sus reglamentos. La Superintendencia deberá autorizar el funcionamiento de<br />
las operadoras y dispondrá los requisitos adicionales que deberán cumplir<br />
estas entidades, con el propósito de proteger los ahorros de los<br />
trabajadores y la eficiencia del sistema.<br />
Autorízase a las siguientes organizaciones sociales para que<br />
administren los fondos de capitalización laboral: las cooperativas, de<br />
conformidad con la Ley No. 7849, de 20 de noviembre de 1998 y sus reformas<br />
y las operadoras de fondos de capitalización laboral establecidas en el<br />
artículo 74 de la presente ley y las creadas por los sindicatos. En ambos<br />
casos, estas deberán ser autorizadas y registradas ante la Superintendencia<br />
de Pensiones, conforme a esta ley. Asimismo, las asociaciones solidaristas<br />
definidas en la Ley de Asociaciones Solidaristas, No. 6970, de 7 de<br />
noviembre de 1984, quedan facultadas de pleno derecho, para administrar los<br />
fondos de capitalización laboral, conforme a la presente ley.<br />
Para el efecto del párrafo anterior, las asambleas generales de las<br />
organizaciones sociales podrán delegar la administración de estos fondos en<br />
operadoras, conservando la responsabilidad de vigilar su correcta inversión<br />
y destino. Los contratos respectivos deberán ser autorizados previamente<br />
por el Superintendente de Pensiones.<br />
Cuando, a juicio de la Superintendencia, existan indicios fundados de<br />
la realización de las actividades reguladas por esta ley sin la debida<br />
autorización, la Superintendencia tendrá, respecto de los presuntos<br />
infractores, las mismas facultades de inspección, imposición de medidas<br />
precautorias y sanciones, que le corresponden de acuerdo con esta ley en<br />
relación con las entidades fiscalizadas por ella.<br />
ARTÍCULO 31.- Objeto social<br />
Las operadoras tendrán como objeto social prioritariamente las<br />
siguientes actividades:<br />
a) La administración de los planes.<br />
b) La administración de los fondos.<br />
c) La administración de los beneficios derivados de los sistemas<br />
fijados en esta ley.<br />
d) La administración de las cuentas individuales.<br />
e) La administración por contratación, en los términos indicados en<br />
los reglamentos respectivos, de fondos de pensiones complementarias<br />
creados por leyes especiales, convenciones colectivas, acuerdos<br />
patronales y los que contrate con asociaciones solidaristas.<br />
f) Prestar servicios de administración y otros a los demás entes<br />
supervisados por la Superintendencia.<br />
g) Cualesquiera otras actividades análogas a las anteriores o<br />
conexas con ellas, autorizadas por la Superintendencia.<br />
ARTÍCULO 32.- Autorización<br />
Corresponde al Superintendente aprobar la apertura, la operación y el<br />
funcionamiento de los entes establecidos en este capítulo y el artículo 74<br />
de la presente ley, considerando razones de legalidad, así como los<br />
antecedentes, la solvencia de los solicitantes, el plan de factibilidad<br />
económica y la escritura debidamente inscrita por el Registro Público del<br />
acta constitutiva, así como de sus reformas.<br />
ARTÍCULO 33.- Requisitos para los miembros de la Junta Directiva<br />
Las operadoras deberán constituirse como sociedades anónimas.<br />
Tendrán una Junta Directiva, integrada al menos por cinco miembros de<br />
reconocida honorabilidad; dos de ellos deberán contar con estudios y<br />
experiencia en operaciones financieras. Estas características deben ser<br />
documentadas ante el Superintendente. Para estos efectos, toda operadora<br />
ya autorizada deberá enviar también al Superintendente los nuevos<br />
nombramientos de directores que se realicen.<br />
Al menos el cuarenta por ciento (40%) de los miembros de la Junta<br />
Directiva de la operadora no podrán ser:<br />
a) Accionistas de la misma operadora.<br />
b) Parientes de los accionistas de la Sociedad, hasta el<br />
tercer grado de consanguinidad y afinidad.<br />
c) Miembros de la Junta Directiva o empleados de empresas del<br />
mismo grupo económico o financiero de la operadora.<br />
La Asamblea de Accionistas deberá nombrar a un fiscal, de conformidad<br />
con el Código de Comercio, quien, además de las facultades y obligaciones<br />
establecidas en dicho Código, deberá vigilar el estricto cumplimiento, por<br />
parte de la operadora, de los reglamentos y las disposiciones emitidos por<br />
el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero o el<br />
Superintendente de Pensiones. Al fiscal se le aplicarán los requisitos y<br />
las prohibiciones establecidas en este artículo; todo lo anterior de<br />
acuerdo con el reglamento que la Superintendencia emita.<br />
Salvo lo dispuesto expresamente por esta ley, dichas sociedades<br />
anónimas se regirán por el Código de Comercio.<br />
ARTÍCULO 34.- Prohibiciones de la Junta Directiva<br />
No podrán ser miembros de la Junta Directiva de la operadora:<br />
a) Las personas contra quienes en los últimos cinco años haya<br />
recaído sentencia judicial penal condenatoria por la comisión de un<br />
delito doloso.<br />
b) Las personas que en los últimos cinco años hayan sido<br />
inhabilitadas para ejercer un cargo de administración o dirección en<br />
entidades reguladas por la Superintendencia General de Entidades<br />
Financieras, la Superintendencia General de Valores, la<br />
Superintendencia de Pensiones o cualquier otro órgano similar de<br />
regulación y supervisión que se cree en el futuro.<br />
ARTÍCULO 35.- Agentes promotores de las operadoras<br />
Los agentes promotores de las operadoras de pensiones deberán ser<br />
registrados ante la Superintendencia de Pensiones. Para obtener el<br />
registro, estos deberán cumplir con los requisitos y aprobar los exámenes<br />
que la Superintendencia determine para este efecto.<br />
ARTÍCULO 36.- Gerente y auditor interno de las operadoras<br />
El gerente de la operadora deberá ser una persona de reconocida<br />
honorabilidad con título profesional y experiencia en operaciones<br />
financieras. Asimismo, la operadora deberá tener un auditor interno.<br />
Respecto de ambos funcionarios, se aplicarán los impedimentos fijados para<br />
los miembros de la Junta Directiva. Los requisitos que deben cumplir ambos<br />
funcionarios deben ser documentados ante el Superintendente. Para estos<br />
efectos, toda operadora autorizada deberá notificar también al<br />
Superintendente los nombramientos tanto del gerente como del auditor<br />
interno.<br />
ARTÍCULO 37.- Capital mínimo de constitución y de funcionamiento<br />
El capital mínimo necesario para la constitución de una operadora no<br />
podrá ser inferior a doscientos cincuenta millones de colones<br />
(¢250.000.000,00). Este monto deberá ser ajustado cada año por el<br />
Superintendente, de acuerdo con la evolución del índice de precios al<br />
consumidor. El capital mínimo deberá estar íntegramente suscrito y pagado,<br />
así como demostrado su aporte real en el momento de la autorización. Para<br />
el caso de las operadoras de fondos de capitalización laboral establecidas<br />
en el artículo 74 de la presente ley y las creadas por sindicatos, el<br />
capital mínimo será un diez por ciento (10%) del establecido para las<br />
operadoras de pensiones.<br />
Adicionalmente, la operadora deberá disponer de un capital mínimo de<br />
funcionamiento equivalente a un porcentaje de los fondos administrados.<br />
Para el caso de las cooperativas y las asociaciones solidaristas referidas<br />
en el artículo 30 de la presente ley, el capital mínimo de funcionamiento<br />
aquí establecido será conformado como una reserva especial de patrimonio.<br />
Para determinar este porcentaje, el Superintendente tomará en cuenta el<br />
valor de los fondos, los riesgos de manejo en que pueda incurrir la<br />
operadora y la situación económica tanto del país como del sector<br />
pensiones; todo de conformidad con el reglamento respectivo.<br />
ARTÍCULO 38.- Deficiencia de capital<br />
Si el capital de apertura, la reserva especial de patrimonio y el<br />
capital de funcionamiento de un ente autorizado se reducen a una cantidad<br />
inferior al mínimo exigido, deberá completarlo según el procedimiento y<br />
plazo que para el efecto, fije la Superintendencia, sin perjuicio de los<br />
casos en que proceda la intervención.<br />
ARTÍCULO 39.- Escogimiento de entidad autorizada<br />
El trabajador elegirá una única operadora que le administrará los<br />
recursos. Las operadoras no podrán negarse a afiliar a ningún trabajador,<br />
siempre que cumpla todos los requisitos determinados para este efecto.<br />
Las operadoras están obligadas a abrir para cada trabajador afiliado<br />
una cuenta individual a su nombre. Esta cuenta, a la vez, puede tener<br />
varias subcuentas para el ahorro obligatorio, el ahorro voluntario, los<br />
ahorros extraordinarios y otras que se creen por otras leyes o con la<br />
autorización del Superintendente.<br />
Para el caso de la administración del fondo de capitalización<br />
laboral, el trabajador sólo podrá escoger una única operadora de fondos de<br />
capitalización laboral, a la vez entre las organizaciones sociales<br />
indicadas en el artículo 30 de la presente ley. De no hacer el comunicado<br />
correspondiente, se aplicarán las siguientes reglas:<br />
a) Si el trabajador se encuentra afiliado a una organización<br />
social autorizada, se presumirá que los aportes deben ser depositados<br />
en esa entidad.<br />
b) Si el trabajador está afiliado al Sistema de Pensiones del<br />
Magisterio Nacional, se presumirá que los aportes deben ser depositados<br />
en la entidad autorizada del Magisterio.<br />
c) Si el trabajador se encuentra afiliado a más de una<br />
organización social autorizada para la administración de los recursos,<br />
o bien no está afiliado a ninguna de ellas y no manifiesta expresamente<br />
en cuál de ellas deben realizarse sus depósitos, automáticamente<br />
quedarán registrados por la CCSS que deberá depositarlos en una cuenta<br />
individual a nombre del trabajador en la operadora de Pensiones de la<br />
Caja Costarricense de Seguro Social.<br />
La Superintendencia publicará en un periódico de circulación<br />
nacional, una lista de los trabajadores que hayan sido afiliados en esta<br />
condición.<br />
ARTÍCULO 40.- Responsabilidad<br />
Las operadoras y las organizaciones sociales autorizadas responderán<br />
solidariamente por los daños y perjuicios patrimoniales causados a los<br />
afiliados por actos dolosos o culposos de los miembros de su Junta<br />
Directiva, gerentes, empleados y agentes promotores. En el caso de los<br />
agentes promotores que tengan una relación laboral o contractual con la<br />
operadora, la responsabilidad existe.<br />
Las deudas de las operadoras y de las organizaciones sociales<br />
autorizadas con el Fondo tendrán privilegio de pago en relación con los<br />
acreedores comunes, sin perjuicio de los mayores privilegios que<br />
establezcan otras normas. Este privilegio es aplicable en los juicios<br />
universales y en todo proceso o procedimiento que se tramite contra el<br />
patrimonio del deudor.<br />
ARTÍCULO 41.- Responsabilidad de las operadoras sobre el total de los<br />
aportes hechos por los trabajadores y cotizantes<br />
Las operadoras de pensiones serán responsables, solidariamente, por<br />
las pérdidas que puedan sufrir las aportaciones y los rendimientos de los<br />
trabajadores cotizantes al Régimen Obligatorio de Pensiones<br />
Complementarias, derivadas de actos dolosos o culposos de sus funcionarios<br />
y empleados, declarados así en la vía judicial. En estos casos, las<br />
operadoras responderán con su patrimonio, sin perjuicio de las acciones<br />
administrativas o penales que puedan caber por estos hechos.<br />
En todo caso, las operadoras deben responder por la integridad de los<br />
aportes de los trabajadores y cotizantes con su patrimonio y si este<br />
resulta insuficiente para cubrir el perjuicio, una vez agotadas todas las<br />
instancias establecidas por ley, el Estado realizará la compensación<br />
faltante de tales aportes y procederá a liquidar la operadora, sin<br />
perjuicio de posteriores acciones penales y administrativas.<br />
ARTÍCULO 42.- Deberes de los entes autorizados<br />
Sin perjuicio de las demás obligaciones estipuladas en esta ley, son<br />
obligaciones de las operadoras y las organizaciones sociales autorizadas:<br />
a) Responsabilizarse de administrar los ahorros de los afiliados.<br />
b) Mantener un registro de cuentas individuales de los aportes, de<br />
los rendimientos generados por las inversiones, de las comisiones, y de<br />
las prestaciones.<br />
c) Calcular el valor del fondo acumulado y su rentabilidad.<br />
d) Enviar a los afiliados un estado de su cuenta individual. La<br />
Superintendencia establecerá reglamentariamente lo dispuesto en los<br />
incisos a), b), c) y d) de este artículo.<br />
e) Acatar los reglamentos, los acuerdos y las resoluciones emitidos<br />
por el Consejo Nacional de Supervisión y el Superintendente.<br />
f) Cumplir los términos de los planes, en las condiciones<br />
autorizadas por el Superintendente y las pactadas con los afiliados.<br />
g) Suministrar oportunamente a la Superintendencia la información<br />
requerida, en el plazo y las condiciones dispuestos por ella.<br />
h) Publicar oportunamente la información que la Superintendencia<br />
indique mediante resolución general.<br />
i) Remitir a los afiliados la información que la Superintendencia<br />
señale, con la periodicidad y el formato que ella determine.<br />
j) Suministrar a los afiliados la información que soliciten<br />
expresamente sobre el estado de sus cuentas.<br />
k) Guardar confidencialidad respecto de la información relativa a<br />
los afiliados, sin perjuicio de la información requerida por la<br />
Superintendencia para realizar las funciones estatuidas en la presente<br />
ley y por las autoridades judiciales competentes.<br />
l) Realizar la publicidad con información veraz, que no induzca a<br />
equívocos ni confusiones, según las normas que para el efecto expida la<br />
Superintendencia.<br />
m) Controlar que los promotores trabajen ofreciendo información<br />
veraz, sin inducir a equívocos ni confusiones, según las normas que<br />
para el efecto expida la Superintendencia.<br />
n) Establecer los sistemas contables, financieros, informáticos y<br />
de comunicaciones acordes con las normas de la Superintendencia.<br />
ñ) Realizar evaluaciones periódicas de los sistemas y planes<br />
vigentes, cuando a juicio de la Superintendencia sea necesario.<br />
o) Establecer, con carácter permanente, el comité de inversiones,<br />
el cual será responsable de las políticas de inversión de los recursos<br />
de los fondos administrados por la operadora.<br />
p) Presentar a la Superintendencia los estados financieros de<br />
los fondos y los estados financieros del propio ente autorizado, con la<br />
frecuencia, los criterios contables, las formalidades y el formato que<br />
determine la Superintendencia. Esta dispondrá cuándo deben ser<br />
dictaminados por un auditor externo.<br />
q) Adquirir una póliza de fidelidad o solvencia para cubrir<br />
los riesgos de manejo cuando, a juicio del Superintendente, así<br />
corresponda. Para tales efectos, el Consejo Nacional aprobará el<br />
respectivo reglamento.<br />
r) Los demás deberes que contemplen esta ley y los reglamentos<br />
dictados por la Superintendencia.<br />
ARTÍCULO 43.- Suministro de información<br />
Las operadoras y las organizaciones sociales autorizadas deberán<br />
comunicar, oportunamente y por los medios que indique el Superintendente,<br />
cualquier hecho o información que, a su criterio o a criterio de la<br />
Superintendencia, sea necesario poner en conocimiento del afiliado y el<br />
público en general o cuya difusión se requiera para garantizar la<br />
transparencia y claridad de las operaciones. Si alguna entidad,<br />
injustificadamente se niega a divulgar la información solicitada, la<br />
Superintendencia podrá divulgarla directamente por cuenta de aquella, y<br />
podrá certificar, con carácter de título ejecutivo, el costo de las<br />
publicaciones, para proceder a su recuperación; lo anterior, sin perjuicio<br />
de las sanciones correspondientes al infractor, en la vía administrativa o<br />
la judicial.<br />
ARTÍCULO 44.- Traspaso de los fondos en caso de quiebra o liquidación<br />
En caso de que se produzcan condiciones que tengan como consecuencia<br />
la quiebra o liquidación de una operadora o una organización social<br />
autorizada, el Superintendente podrá ordenar el traspaso de la<br />
administración de los fondos respectivos a otra entidad autorizada. La<br />
Superintendencia reglamentará las condiciones en que la totalidad del fondo<br />
deberá trasladarse a otra operadora de pensiones u organización laboral,<br />
según corresponda. En caso de traspaso de fondos, la Superintendencia<br />
publicará un aviso en un periódico de circulación nacional y los afiliados<br />
dispondrán de un plazo de ocho días hábiles para comunicar cuál es la<br />
operadora de pensiones o la organización social autorizada que han<br />
seleccionado para que sus recursos les sean trasladados. Si la<br />
Superintendencia no recibe a tiempo la comunicación, aplicará la regla del<br />
artículo 39 de esta ley.<br />
ARTÍCULO 45.- Principio de no discriminación entre afiliados<br />
Las operadoras y las organizaciones sociales autorizadas, no podrán<br />
realizar discriminación alguna entre sus afiliados, salvo las excepciones<br />
previstas en esta ley. La misma prohibición tendrán las operadoras<br />
respecto a los contratos de pensión vitalicia que lleven a cabo con las<br />
empresas aseguradoras.<br />
ARTÍCULO 46.- Prohibición de regalos<br />
Prohíbese a las entidades supervisadas realizar, directa o<br />
indirectamente, regalos en efectivo o en especie a los afiliados.<br />
ARTÍCULO 47.- Fusiones y cambios de control accionario<br />
Las fusiones y los cambios de control accionario de las operadoras o<br />
las organizaciones sociales autorizadas o de fondos administrados por estas<br />
requerirán la autorización previa del Superintendente, con base en el<br />
reglamento que dicte para tal efecto la Superintendencia. El objetivo de<br />
esta obligación es velar porque el proceso de fusión no lesione los<br />
intereses de los afiliados ni los niveles de competencia. Para tal efecto,<br />
el Superintendente deberá consultar a la Comisión para la promoción de la<br />
competencia, según el trámite dispuesto en el reglamento correspondiente.<br />
En caso de fusión de operadoras u organizaciones sociales autorizadas<br />
o de fondos, los afiliados tendrán derecho a solicitar la transferencia de<br />
sus cuentas a una operadora u organización social autorizada de su<br />
elección, aun cuando no hayan cumplido con el tiempo mínimo de permanencia<br />
fijado por la Superintendencia.<br />
ARTÍCULO 48.- Acreditación de los recursos<br />
Los aportes y los rendimientos deberán acreditarse con la misma fecha<br />
valor del día en que ingresen al ente autorizado. La inversión se hará con<br />
base en las normas que la Superintendencia emita.<br />
ARTÍCULO 49.- Comisiones por administración de los fondos<br />
Para el cobro de las comisiones, las operadoras y las organizaciones<br />
sociales autorizadas deberán sujetarse a lo siguiente:<br />
a) Por la administración de cada fondo se cobrará una<br />
comisión, cuyo porcentaje será el mismo para todos sus afiliados. No<br />
obstante, lo anterior, podrán cobrarse comisiones uniformes más bajas,<br />
para estimular la permanencia de los afiliados en la operadora e<br />
incentivar el ahorro voluntario.<br />
b) La base de cálculo de las comisiones será establecida por<br />
la Superintendencia y deberá ser uniforme para todas las operadoras.<br />
c) Las operadoras podrán cobrar comisiones extraordinarias<br />
por su intermediación en la cobertura de los riesgos de invalidez y<br />
muerte.<br />
d) La forma de cálculo, el monto y las demás condiciones de<br />
las comisiones, deberán divulgarse ampliamente a los afiliados, los<br />
cotizantes y el público en general, conforme a las normas<br />
reglamentarias que la Superintendencia dicte.<br />
e) La estructura de comisiones de cada operadora u<br />
organización social deberá ser aprobada por la Superintendencia, para<br />
el efecto de velar por el cumplimiento de las disposiciones de esta<br />
ley.<br />
La comisión que cobre la operadora de la CCSS no podrá ser superior a<br />
los costos operativos anuales más un porcentaje de capitalización necesario<br />
para el crecimiento de la comisión.<br />
El cincuenta por ciento (50%) de las utilidades netas de las<br />
operadoras, constituidas como sociedades anónimas de capital público, se<br />
capitalizará a favor de sus afiliados en las cuentas individuales de su<br />
respectivo fondo obligatorio de pensiones complementarias, en proporción<br />
con el monto total acumulado en cada una de ellas.<br />
(Este último párrafo del artículo 49, fue reformado por el<br />
artículo único, de la Ley N° 8108, de 18 de julio de 2001.)<br />
ARTÍCULO 50.- Solución de conflictos y atención al público<br />
Los conflictos suscitados entre los afiliados y los entes<br />
supervisados, derivados de la aplicación o interpretación de la ley o el<br />
contrato de afiliación, podrán ser resueltos extrajudicialmente, según el<br />
procedimiento arbitral que determine la Superintendencia vía reglamento.<br />
En caso de que las partes decidan acogerse a la resolución arbitral, el<br />
resultado de esta será definitivo.<br />
Asimismo, la Superintendencia deberá recibir y tramitar en la vía que<br />
corresponda, los reclamos que los interesados planteen contra los entes<br />
regulados.<br />
TÍTULO V<br />
FONDOS<br />
ARTÍCULO 51.- Fondos<br />
Cada operadora u organización social podrá administrar más de un<br />
fondo, de conformidad con las disposiciones que emita la Superintendencia.<br />
Los fondos podrán establecerse, alternativamente, en colones o en<br />
moneda extranjera siempre y cuando sea autorizada por la Superintendencia.<br />
Los afiliados podrán solicitar la transferencia de los recursos de su<br />
cuenta individual entre los fondos de la misma operadora.<br />
ARTÍCULO 52.- Naturaleza jurídica y propiedad<br />
Los fondos administrados por las operadoras u organizaciones sociales<br />
constituyen patrimonios autónomos, propiedad de los afiliados y son<br />
distintos del patrimonio de la entidad autorizada. Cada afiliado al plan<br />
respectivo es copropietario del fondo según su parte alícuota. La entidad<br />
autorizada, según los criterios de valuación que determine la<br />
Superintendencia, establecerá periódicamente el valor de la participación<br />
de cada afiliado.<br />
Los fondos estarán integrados por cuentas debidamente<br />
individualizadas, en las que deberán acreditarse todos los aportes así como<br />
los rendimientos que generen las respectivas inversiones, una vez deducida<br />
la comisión establecida en el artículo 48 de la presente ley. Los fondos<br />
tendrán como destino exclusivo y único el indicado en esta ley o los<br />
contratos respectivos.<br />
ARTÍCULO 53.- Contabilidad separada<br />
La entidad autorizada deberá llevar la contabilidad separada e<br />
independiente de sus propios movimientos y de los correspondientes a cada<br />
uno de los fondos administrados. La contabilidad se llevará conforme al<br />
plan de cuentas y procedimientos contables que establezca la<br />
Superintendencia para tal efecto.<br />
Además, deberá presentar a la Superintendencia los estados<br />
financieros de los fondos y los estados financieros de la propia entidad<br />
autorizada, con la frecuencia, los criterios contables, las formalidades y<br />
el formato que determine la Superintendencia, la cual vía reglamento<br />
establecerá la frecuencia y necesidad de auditorías externas.<br />
ARTÍCULO 54.- Protección de las cuentas<br />
Las cuentas individuales de los fondos de capitalización laboral y de<br />
los fondos de pensiones, administradas por los entes autorizados, excepto<br />
las correspondientes al artículo 18 no podrán ser embargadas, cedidas,<br />
gravadas, ni enajenadas; tampoco se dispondrá de ellas para fines o<br />
propósitos distintos de los establecidos en la ley.<br />
ARTÍCULO 55.- Administración del fondo<br />
La administración de los fondos estará a cargo de los entes<br />
autorizados respectivos; quedará prohibida la administración por medio de<br />
otra entidad, salvo en los casos excepcionales que la Superintendencia<br />
pueda permitir transitoriamente en interés de los afiliados.<br />
ARTÍCULO 56.- Destino de los recursos de los afiliados<br />
Los recursos podrán destinarse solamente a los siguientes propósitos:<br />
a) La adquisición de valores en favor del mismo fondo, de<br />
conformidad con las inversiones autorizadas según esta ley.<br />
b) El pago de los beneficios a los afiliados de acuerdo con<br />
esta ley. En el caso de los fondos de capitalización laboral y los<br />
estatuidos en el capítulo III del título III en relación con los fondos<br />
de pensiones, estos beneficios son los contenidos en el artículo 6.<br />
c) La transferencia entre operadoras u organizaciones<br />
sociales autorizadas o entre fondos, conforme a las normas dictadas por<br />
la Superintendencia.<br />
d) Al pago de las sumas por comisiones ordenadas en esta ley.<br />
e) Al traslado de los recursos del fondo de capitalización<br />
laboral al fondo de pensiones, incluido en el tercer párrafo del<br />
artículo 3 de esta ley.<br />
f) A la devolución de los ahorros contemplados en el artículo<br />
18 de la presente ley.<br />
Los gastos de la operadora o los de la entidad autorizada, así como<br />
las multas y los gastos correspondientes a la información que la operadora<br />
u organización social autorizada deba proveer a los afiliados, deberán ser<br />
asumidos por ella y, en ningún caso, podrán imputarse como gastos del<br />
fondo.<br />
ARTÍCULO 57.- Obligación de pago de los aportes<br />
Todo empleador deberá pagar y depositar los aportes al Régimen<br />
Obligatorio de Pensiones Complementarias y a los fondos de capitalización<br />
laboral, simultáneamente, y en los mismos términos, plazos y condiciones<br />
que los dispuestos para los aportes a la Caja, de acuerdo con el artículo<br />
31 de la Ley Orgánica de la Caja Costarricense de Seguro Social.<br />
ARTÍCULO 58.- Sistema Centralizado de Recaudación de pensiones<br />
El Sistema Centralizado de Recaudación llevará el registro de los<br />
afiliados. Ejercerá el control de los aportes al Régimen de Invalidez,<br />
Vejez y Muerte, de Pensiones Complementarias, de Enfermedad y Maternidad; a<br />
los fondos de capitalización laboral; a las cargas sociales cuya<br />
recaudación haya sido encargada a la CCSS y cualquier otra que la ley<br />
establezca, de conformidad con el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Caja<br />
Costarricense de Seguro Social.<br />
TÍTULO VI<br />
INVERSIONES<br />
ARTÍCULO 59.- Inversión de los recursos<br />
Los recursos administrados por cualquiera de las entidades<br />
supervisadas por la Superintendencia de Pensiones deberán invertirse de<br />
conformidad con esta ley y las regulaciones emitidas por el Consejo<br />
Nacional de Supervisión. Las inversiones del Régimen de Invalidez, Vejez y<br />
Muerte de la CCSS se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica de la<br />
Caja Costarricense de Seguro Social y sus reformas y, supletoriamente, por<br />
lo establecido en este título.<br />
ARTÍCULO 60.- Principios rectores de las inversiones<br />
Las entidades autorizadas y reguladas por la Superintendencia se<br />
regirán por los siguientes principios:<br />
a) Los recursos de los fondos no estarán sujetos a las<br />
disposiciones de regulación del Banco Central de Costa Rica.<br />
b) Deberán ser invertidos para el provecho de los afiliados,<br />
procurando el equilibrio necesario entre seguridad, rentabilidad y<br />
liquidez, de acuerdo con su finalidad y respetando los límites fijados<br />
por la ley y las normas reglamentarias que la Superintendencia dicte<br />
sobre el particular.<br />
c) Los recursos de los fondos solo podrán ser invertidos en<br />
valores inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios o<br />
en valores emitidos por entidades financieras supervisadas por la<br />
Superintendencia General de Entidades Financieras.<br />
d) Deberán estar calificados, conforme a las disposiciones<br />
legales vigentes y las regulaciones emitidas por el Consejo Nacional de<br />
Supervisión del Sistema Financiero.<br />
e) Deberán negociarse mediante los mercados autorizados con<br />
base en la Ley Reguladora del Mercado de Valores o directamente en las<br />
entidades financieras debidamente autorizadas.<br />
f) La Superintendencia deberá procurar que las operadoras,<br />
sin menoscabo del principio expuesto en el inciso b) de este artículo,<br />
inviertan los recursos de los fondos en instrumentos que permitan a los<br />
afiliados participar directamente de las rentas derivadas de la<br />
propiedad de los factores de producción. Adicionalmente, la<br />
Superintendencia procurará una estructura de cartera orientada a<br />
fortalecer el financiamiento de viviendas para la clase trabajadora.<br />
g) La Superintendencia de Pensiones podrá excluir la<br />
adquisición de determinados valores, en función de la calificación de<br />
riesgo.<br />
ARTÍCULO 61.- Límites en materia de inversión<br />
La Superintendencia establecerá reglamentariamente límites en materia<br />
de inversión de los recursos de los fondos, con el fin de promover una<br />
adecuada diversificación de riesgo y regular posibles conflictos de<br />
interés.<br />
En todo caso, las operadoras de pensiones deberán invertir, por lo<br />
menos, un quince por ciento (15%) de los fondos depositados en ellas por<br />
concepto del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, en títulos<br />
valores con garantía hipotecaria, emitidos por las entidades del Sistema<br />
Financiero Nacional para la Vivienda y que ofrezcan al menos un rendimiento<br />
igual que el rendimiento promedio de las otras inversiones que las<br />
operadoras realicen, de conformidad con lo que a este respecto establecerá<br />
reglamentariamente la Superintendencia de Pensiones. En ningún caso podrá<br />
invertirse en títulos emitidos por entidades del Sistema Financiero<br />
Nacional para la Vivienda que se encuentren, en el momento de realizar la<br />
inversión, en situación de irregularidad financiera, de acuerdo con lo<br />
establecido por la Superintendencia General de Entidades Financieras. Como<br />
parte del referido quince por ciento (15%) podrán contabilizarse las<br />
inversiones en títulos producto de procesos de titularización autorizados<br />
por la Superintendencia General de Valores.<br />
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero<br />
establecerá, reglamentariamente y previa consulta con el Banco Hipotecario<br />
de la Vivienda, los requisitos de las emisiones elegibles para el<br />
cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior.<br />
ARTÍCULO 62.- Inversiones en mercados y títulos extranjeros<br />
La Superintendencia podrá autorizar la inversión hasta de un<br />
veinticinco por ciento (25%) del activo del fondo en valores de emisiones<br />
extranjeras que se negocien en mercados de valores organizados en el<br />
territorio nacional o el extranjero. No obstante, si el rendimiento real<br />
de las inversiones del régimen de pensiones complementarias en valores<br />
nacionales es igual o menor que los rendimientos internacionales, el<br />
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, podrá autorizar la<br />
ampliación del límite hasta el cincuenta por ciento (50%), de acuerdo con<br />
las disposiciones reglamentarias que emitirá.<br />
ARTÍCULO 63.- Prohibiciones<br />
Los recursos de los fondos no podrán ser invertidos en lo siguiente:<br />
a) Valores emitidos o garantizados por miembros de la Junta<br />
Directiva, gerentes o apoderados de las entidades autorizadas,<br />
parientes de estos, o por personas físicas o jurídicas que tengan en el<br />
ente una participación accionaria superior al cinco por ciento (5%) o<br />
cualquier otra de control efectivo, o por personas relacionadas que<br />
integren el mismo grupo de interés económico o financiero, conforme a<br />
lo que haya dispuesto al respecto el Consejo Nacional de Supervisión<br />
del Sistema Financiero.<br />
b) Valores emitidos o garantizados por parientes, hasta el segundo<br />
grado por consanguinidad o afinidad, de los miembros de la Junta<br />
Directiva, los gerentes o apoderados de los entes regulados, o por<br />
sociedades o empresas en las que<br />
cualesquiera de dichos parientes, individualmente o en conjunto, posean<br />
una participación accionaria superior al cinco por ciento (5%) o<br />
cualquier otra forma de control efectivo.<br />
En ningún caso las entidades autorizadas y supervisadas podrán<br />
realizar operaciones de caución; tampoco operaciones financieras que<br />
requieran la constitución de prendas o garantías sobre el activo del fondo.<br />
Sin embargo, la Superintendencia reglamentará la figura del préstamo de<br />
valores en algunas operaciones de bajo riesgo, tales como el mecanismo de<br />
garantía de operaciones de la cámara de compensación y liquidación del<br />
mercado de valores. Asimismo, la Superintendencia podrá autorizar<br />
determinadas operaciones con instrumentos derivados, con el fin de alcanzar<br />
coberturas de riesgo de tasa de interés y tipo de cambio.<br />
Los derechos societarios inherentes a las acciones de una sociedad<br />
anónima que pasen a integrar un fondo serán ejercidos por el ente<br />
autorizado. Ninguno de los personeros, funcionarios o socios del ente<br />
autorizado podrán ser elegidos miembros de la Junta Directiva de dicha<br />
sociedad anónima, ni ser nombrados como fiscales. El representante del<br />
ente autorizado en la Asamblea General no podrá votar en la elección de la<br />
Junta Directiva de la sociedad anónima. Para el efecto de las mayorías<br />
requeridas para dichas elecciones, en la Asamblea General no se tomarán en<br />
consideración las acciones propiedad de los fondos.<br />
ARTÍCULO 64.- Tratamiento de excesos<br />
Cuando una inversión con recursos de los fondos sobrepase los límites<br />
ordenados por la Superintendencia, el ente regulado deberá comunicarlo<br />
inmediatamente a la Superintendencia. Si a juicio de esta se requiere su<br />
corrección, le indicará el plazo para presentar un plan de reducción de<br />
riesgos destinado a subsanar la situación, el cual deberá ser aprobado por<br />
el Superintendente, lo anterior, sin perjuicio de las sanciones y<br />
responsabilidades que procedan en la vía administrativa o judicial.<br />
Cuando un fondo haya adquirido valores entre los porcentajes<br />
previstos en el régimen de inversión que le sea aplicable y, por<br />
variaciones en los precios de los valores que integran su activo incumpla<br />
tales porcentajes, podrá solicitar a la Superintendencia autorización para<br />
mantener, temporalmente, el defecto o exceso correspondiente; dicha<br />
autorización en su caso se otorgará con la condición de que no se lleven a<br />
cabo nuevas adquisiciones ni la venta de los valores causantes de tal<br />
situación, hasta que se restablezcan los porcentajes aplicables.<br />
ARTÍCULO 65.- Contabilización<br />
Si se contraviene lo previsto en este título, la inversión así<br />
realizada deberá ser contabilizada en una cuenta especial y la entidad<br />
autorizada no podrá realizar nuevas inversiones en los mismos instrumentos,<br />
mientras no se corrija dicha situación; sin perjuicio de las sanciones que<br />
imponga la Superintendencia de conformidad con la ley.<br />
ARTÍCULO 66.- Custodia de los valores y las cuentas corrientes<br />
Los títulos valores deberán estar depositados en una central de<br />
valores autorizada, de acuerdo con la Ley Reguladora del Mercado de<br />
Valores. La Superintendencia deberá aprobar los contratos entre los entes<br />
supervisados y las entidades de custodia o la central de valores.<br />
ARTÍCULO 67.- Confidencialidad de la información<br />
Deberán guardar estricta confidencialidad respecto de esa información<br />
las autoridades, los apoderados, gerentes, administradores y cualquier<br />
persona que, en razón de su labor en un ente regulado, acceda a información<br />
de las inversiones de los recursos de un fondo que aún no haya sido<br />
divulgada oficialmente en el mercado y que, por su naturaleza, sea capaz de<br />
influir en las cotizaciones de los valores de dichas inversiones. Quienes<br />
actúen en contravención de lo señalado, a solicitud de la Superintendencia,<br />
deberán ser destituidos, mediante la aplicación de la legislación laboral<br />
correspondiente; sin perjuicio de las sanciones penales que puedan<br />
aplicarse.<br />
Asimismo, se prohíbe a las personas mencionadas valerse, directa o<br />
indirectamente, de la información reservada con el fin de obtener, para sí<br />
o para otros, de los fondos administrados, ventajas mediante la compra o<br />
venta de valores.<br />
Ninguna información registrada en las cuentas individuales podrá ser<br />
suministrada a terceros, excepto en los casos previstos en esta ley.<br />
TÍTULO VII<br />
DISPOSICIONES TRIBUTARIAS<br />
ARTÍCULO 68.- Tratamiento fiscal del Régimen Obligatorio de Pensiones<br />
Complementarias<br />
Para calcular el impuesto sobre la renta y las cargas sobre la<br />
planilla, los aportes al Régimen Obligatorio de Pensiones y al fondo de<br />
capitalización laboral serán considerados gastos deducibles para determinar<br />
la renta gravable por parte del patrono, de conformidad con el artículo 8<br />
de la Ley del impuesto sobre la renta, No. 7092, de 19 de mayo de 1988.<br />
ARTÍCULO 69.- Requisitos para obtener los incentivos fiscales<br />
Los aportes voluntarios para gozar de los incentivos fiscales<br />
otorgados en esta ley, deberán cumplir todas las disposiciones de esta ley<br />
y ser contratados con una operadora.<br />
ARTÍCULO 70.- Convenios de aportación de los patronos al Régimen<br />
Voluntario de Pensiones Complementarias<br />
Los patronos que hayan celebrado convenios de aportación según esta<br />
ley podrán considerar dichos aportes como gastos deducibles para efectos<br />
del cálculo del impuesto sobre la renta de su empresa o negocio.<br />
ARTÍCULO 71.- Exención de cargas sociales e impuestos a la planilla del<br />
Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias<br />
Los aportes que realicen los patronos y los trabajadores de<br />
conformidad con esta ley, estarán exentos del pago de las cargas sociales y<br />
los impuestos sobre la planilla, en un tanto que no podrá superar el diez<br />
por ciento (10%) del ingreso bruto mensual del trabajador en el caso del<br />
trabajo dependiente o el diez por ciento (10%) del ingreso bruto anual de<br />
las personas físicas con actividades lucrativas. Los impuestos y cargas<br />
sociales exentas son los siguientes:<br />
a) Caja Costarricense de Seguro Social.<br />
b) Instituto Nacional de Aprendizaje.<br />
c) Instituto Mixto de Ayuda Social.<br />
d) Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.<br />
e) Banco Popular y de Desarrollo Comunal.<br />
f) Impuesto sobre la Renta.<br />
Para aplicar la exención señalada en este artículo, el patrono deberá<br />
deducir lo correspondiente al trabajador antes de confeccionar la<br />
respectiva planilla de pago.<br />
ARTÍCULO 72.- Beneficios fiscales<br />
Estarán exentos de los impuestos referidos en el artículo 18 y en el<br />
inciso c) del artículo 23 de la Ley del impuesto sobre la renta, los<br />
intereses, los dividendos, las ganancias de capital y cualquier otro<br />
beneficio que produzcan los valores en moneda nacional o en moneda<br />
extranjera, en los cuales las entidades autorizadas inviertan los recursos<br />
de los fondos que administren.<br />
ARTÍCULO 73.- Devolución de incentivos por retiro anticipado El<br />
afiliado al Régimen Voluntario que no se encuentre en ninguna de las<br />
situaciones descritas en el artículo 21 de la presente ley, podrá realizar<br />
un retiro anticipado, total o parcial, de los recursos acumulados en su<br />
cuenta de ahorro voluntario. Para retirar deberá haber cotizado durante al<br />
menos sesenta y seis meses y también deberá cancelar al Estado los<br />
beneficios fiscales creados por esta ley.<br />
Para calcular el porcentaje por devolver, el afiliado deberá cumplir<br />
con ambos requisitos de edad y en las cotizaciones mínimas, de conformidad<br />
con la siguiente tabla 1. De cumplir solo uno de los requisitos, se<br />
utilizará el requisito en el cual el porcentaje de devolución sea el más<br />
alto.<br />
El afiliado, la operadora y la Dirección General de Tributación<br />
brindarán a la Superintendencia la información necesaria para calcular el<br />
monto de los beneficios finales que le corresponderá recibir al afiliado.<br />
La Superintendencia será la responsable de llevar el registro, informar a<br />
la operadora el monto que deberá deducir de la cuenta del afiliado y<br />
trasladar a la Dirección General de Tributación, así como a las entidades<br />
receptoras de las cargas sobre la planilla.<br />
TABLA 1<br />
|EDAD MÍNIMA DEL|NÚMERO MÍNIMO DE |PORCENTAJE DE LOS |<br />
|AFILIADO |COTIZACIONES |INCENTIVOS POR DEVOLVER |<br />
|Menos de 48 |Menos de 66 |100% |<br />
|48 |66 |90% |<br />
|49 |72 |80% |<br />
|50 |78 |70% |<br />
|51 |84 |60% |<br />
|52 |90 |50% |<br />
|53 |96 |40% |<br />
|54 |102 |30% |<br />
|55 |108 |20% |<br />
|56 |114 |10% |<br />
|57 | |0% |<br />
TÍTULO VIII<br />
OTROS SISTEMAS DE PENSIONES<br />
ARTÍCULO 74.- Normas especiales de autorización para crear operadoras<br />
Autorízase la constitución de una sociedad anónima, con el único fin<br />
de crear una operadora de pensiones a cada una de las siguientes<br />
instituciones: la Caja Costarricense de Seguro Social y el Banco Popular y<br />
de Desarrollo Comunal.<br />
La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social nombrará<br />
a los miembros integrantes de la Junta Directiva de esta sociedad anónima y<br />
deberá mantener la conformación establecida en el artículo 6 de la ley<br />
orgánica de esta institución.<br />
Autorízase a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo<br />
Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) para que cree una operadora<br />
de fondos de capitalización laboral, de conformidad con esta ley.<br />
Autorízase al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP)<br />
para que cree una operadora de fondos de capitalización laboral, de<br />
conformidad con esta ley.<br />
Autorízase a la Caja de Ahorro y Préstamo de la Asociación Nacional<br />
de Educadores, a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio y a la<br />
Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional para que constituyan,<br />
en forma conjunta, una sociedad anónima con el único fin de crear una<br />
operadora de pensiones, que será considerada para efectos de esta ley, como<br />
la única operadora autorizada del Magisterio Nacional.<br />
La Universidad de Costa Rica, por medio de la Junta Administradora<br />
del Fondo de Ahorro y Préstamo, podrá constituir una sociedad anónima para<br />
establecer una operadora de pensiones, de conformidad con esta ley. Esta<br />
operadora podrá suscribir convenios con otras instituciones estatales de<br />
educación superior, para administrar los recursos destinados a las<br />
pensiones de sus trabajadores. Asimismo, la Junta podrá dar en<br />
administración su propio fondo a una operadora autorizada, previa<br />
aprobación de la Superintendencia.<br />
Las asociaciones solidaristas, los sindicatos y las cooperativas de<br />
ahorro y crédito, podrán constituir operadoras, en forma individual o<br />
asociados entre sí, de conformidad con lo que resuelvan las asambleas<br />
respectivas, en convocatoria que deberá ser realizada para el efecto y por<br />
mayoría calificada de un mínimo de dos terceras partes del quórum que<br />
prevean las respectivas normas que regulan su funcionamiento, para las<br />
asambleas extraordinarias.<br />
ARTÍCULO 75.- Sistemas de pensiones vigentes<br />
Las instituciones o empresas públicas estatales y las empresas<br />
privadas que, a la fecha de vigencia de esta ley, mantengan sistemas de<br />
pensiones que operen al amparo de leyes especiales, convenciones colectivas<br />
u otras normas y que brindan a sus trabajadores beneficios complementarios<br />
a los ofrecidos por el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja<br />
Costarricense de Seguro Social, continuarán realizando los aportes<br />
ordenados, pero quedarán sujetos a la supervisión de la Superintendencia de<br />
Pensiones, con base en el artículo 36 de la Ley No. 7523, de 7 de julio de<br />
1995, y los incisos b) y r) del artículo 171 de la Ley Reguladora del<br />
Mercado de Valores, No. 7732, de 17 de diciembre de 1997.<br />
Todo trabajador afiliado a esos regímenes tendrá derecho únicamente<br />
a que se le acredite, en su cuenta individual del régimen obligatorio de<br />
pensiones complementarias, los recursos referidos en los incisos a), b) y<br />
d) del artículo 13 de la presente ley.<br />
En el caso de los nuevos trabajadores afiliados a los sistemas<br />
referidos en este artículo que, con posterioridad a la entrada en vigencia<br />
de esta ley, dejen de pertenecer al régimen por un motivo diferente de los<br />
establecidos en el artículo 20 de la presente ley, los fondos acumulados<br />
deberán trasladarse a su cuenta individual del régimen obligatorio de<br />
pensiones complementarias.<br />
Si se decide individualizar las cuentas, las juntas administrativas<br />
correspondientes y, supletoriamente, la institución respectiva deberán<br />
garantizar las pensiones en curso de pago, así como las de quienes<br />
adquieran el derecho a pensión dentro de los dieciocho meses siguientes al<br />
traslado respectivo, y los ajustes correspondientes por concepto de aumento<br />
del costo de vida; todo de conformidad con lo que establezca el respectivo<br />
reglamento del fondo.<br />
Por acuerdo de Asamblea de los trabajadores, los activos acumulados y<br />
los futuros aportes al sistema podrán trasladarse para su administración a<br />
cuentas individuales en una operadora de pensiones, o bien, constituir una<br />
operadora de pensiones.<br />
La Superintendencia deberá vigilar el cumplimiento de lo establecido<br />
en los párrafos anteriores.<br />
ARTÍCULO 76.- Planes de pensiones complementarias existentes<br />
Los contratos de planes de pensión complementaria y de capitalización<br />
que se hayan suscrito al amparo de la Ley de Régimen Privado de Pensiones<br />
Complementarias, No. 7523, de 7 de julio de 1995, o aquellos cuyo traslado<br />
al régimen privado de pensiones complementarias haya sido autorizado por la<br />
Superintendencia al amparo de esa ley, mantendrán las condiciones<br />
contractuales establecidas en el respectivo contrato.<br />
ARTÍCULO 77.- Financiamiento permanente al Régimen no Contributivo de la<br />
CCSS<br />
Cuando el financiamiento del Régimen no Contributivo de la CCSS,<br />
previsto en el artículo 45 de la Ley de Lotería, No. 7395, de 3 de mayo de<br />
1994, y sus reformas, no alcance la suma anual de tres mil millones de<br />
colones, el Poder Ejecutivo deberá incluir en el Presupuesto Nacional de la<br />
República la transferencia al Régimen no Contributivo de la CCSS, para<br />
cubrir la diferencia entre lo girado por la Junta de Protección Social de<br />
San José y el monto aquí definido.<br />
El monto anual definido en el párrafo anterior deberá ajustarse<br />
anualmente conforme a la variación del índice de precios del consumidor,<br />
calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.<br />
TÍTULO IX<br />
REFORMAS LEGALES Y DEROGACIONES<br />
CAPÍTULO I<br />
SUPERVISIÓN<br />
SECCIÓN I<br />
REFORMAS DE OTRAS LEYES RELACIONADAS CON LOS<br />
REGÍMENES DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS<br />
ARTÍCULO 78.- Recursos para el fortalecimiento del Régimen de Invalidez,<br />
Vejez y Muerte<br />
Establécese una contribución hasta del quince por ciento (15%) de las<br />
utilidades de las empresas públicas del Estado, con el propósito de<br />
fortalecer el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, en cuanto a<br />
su financiamiento y para universalizar la cobertura de la CCSS a los<br />
sectores de trabajadores no asalariados en condiciones de pobreza. El<br />
monto de la contribución será establecido por el Poder Ejecutivo, según la<br />
recomendación que realizará la CCSS conforme a los estudios actuariales.<br />
Nota: Es importante destacar que en la publicación de la Ley Nº 7983,<br />
en lo referente al artículo 79 que reforma la Ley Nº 7523,<br />
se presentan los siguientes errores en la numeración de los<br />
subtítulos: 1.- Se menciona que se reforma el capítulo IV de la Ley<br />
Nº 7523, cuando lo correcto es el capítulo VI. 2.- Después del<br />
artículo 44 del capítulo VII, se presenta el subtítulo capítulo II<br />
cuando lo correcto es sección II. 3.- Luego del artículo 57 del<br />
capítulo VII, se presenta el subtítulo sección II cuando lo correcto<br />
es sección III. 4.- Finalmente después del artículo 60, se presenta<br />
el subtítulo capítulo IV cuando lo correcto es sección IV.<br />
Cabe señalar que estos errores se originaron en el texto sustitutivo<br />
del proyecto que dio origen a la Ley Nº 7983, Ley de Protección<br />
al Trabajador (Ver tomo 6, folio 1768 del expediente Nº 13.691, Ley<br />
Nº 7983). Por otra parte, puede observarse que la numeración de los<br />
artículos está correcta.<br />
ARTÍCULO 79.- Reformas de la Ley No. 7523<br />
Refórmanse los capítulos IV y VII del artículo 1 de la Ley No. 7523,<br />
Régimen Privado de Pensiones Complementarias y Reformas de la Ley<br />
Reguladora del Mercado de Valores y del Código de Comercio; en<br />
consecuencia, se corre la numeración:<br />
"CAPÍTULO VI<br />
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES<br />
Artículo 33.- Regulación del régimen<br />
El Régimen de Pensiones será regulado y fiscalizado por una<br />
Superintendencia de Pensiones, como órgano de máxima desconcentración,<br />
con personalidad y capacidad jurídicas instrumentales, y adscrito al<br />
Banco Central de Costa Rica.<br />
La Superintendencia de Pensiones autorizará, regulará,<br />
supervisará y fiscalizará los planes, fondos y regímenes contemplados<br />
en esta ley, así como aquellos que le sean encomendados en virtud de<br />
otras leyes, y la actividad de las operadoras de pensiones, de los<br />
entes autorizados para administrar los fondos de capitalización laboral<br />
y de las personas físicas o jurídicas que intervengan, directa o<br />
indirectamente, en los actos o contratos relacionados con las<br />
disposiciones de esta ley.<br />
La Superintendencia de Pensiones contará con un Superintendente<br />
y un Intendente, nombrados por el Consejo, quienes se regirán por los<br />
artículos 172 y 173 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, No.<br />
7732, de 17 de diciembre de 1997. Ambos deberán estar presentes en las<br />
sesiones donde el Consejo se reúna para tratar los asuntos de la<br />
Superintendencia de Pensiones.<br />
Artículo 34.- Presupuesto y régimen de servicio<br />
El presupuesto y régimen de servicio de la Superintendencia se<br />
regirán por los artículos 174 a 177 de la Ley No. 7732, de 17 de<br />
diciembre de 1997.<br />
Autorízase al Banco Central de Costa Rica para que exceda del<br />
80% de su aporte al presupuesto de la Superintendencia de Pensiones, en<br />
caso de que las contribuciones de los sujetos fiscalizados señaladas en<br />
el artículo 174 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, No. 7732,<br />
de 17 de diciembre de 1997, no alcancen el 20%.<br />
Artículo 35.- El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema<br />
Financiero<br />
La Superintendencia de Pensiones funcionará bajo la dirección<br />
del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, según la<br />
Ley Reguladora del Mercado de Valores, No. 7732, de 17 de diciembre de<br />
1997.<br />
Cuando el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero<br />
se reúna para conocer asuntos relacionados con la Superintendencia de<br />
Pensiones, el Ministro o Viceministro de Hacienda será sustituido por<br />
el Ministro de Trabajo o su representante. Además, se adicionará un<br />
miembro nombrado por la Junta Directiva del Banco Central de Costa<br />
Rica, con base en una terna propuesta por la Asamblea de Trabajadores<br />
del Banco Popular y de Desarrollo Comunal; a este miembro se le<br />
aplicarán los requisitos, impedimentos, incompatibilidades y las causas<br />
de cese, responsabilidad, prohibición y remuneración establecidos en<br />
los artículos 18 a 24 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa<br />
Rica.<br />
Artículo 36.- Supervisión de los otros regímenes de carácter<br />
público<br />
En materia de supervisión y resguardo de la solidez financiera<br />
de los regímenes de pensiones creados por ley o convenciones<br />
colectivas, la Superintendencia tendrá las siguientes facultades:<br />
a) Velar por el equilibrio actuarial de los regímenes administrados<br />
y dictar las resoluciones correspondientes.<br />
b) Supervisar la inversión de los recursos administrados y dictar<br />
políticas respecto de la composición y valoración de cartera de<br />
inversiones.<br />
c) Comprobar la correcta y oportuna imputación de los aportes en<br />
las cuentas de los afiliados.<br />
d) Definir el contenido, la forma y la periodicidad de la<br />
información por suministrar a la Superintendencia sobre la<br />
situación financiera de los sistemas, las características y los<br />
costos de los servicios en materia de pensiones, todo con el fin de<br />
que exista información oportuna y confiable en cuanto a la<br />
situación de dichos sistemas.<br />
e) Velar por la oportuna y correcta concesión de los beneficios a<br />
los que tienen derecho los afiliados y la calidad del servicio.<br />
f) Recibir y resolver las denuncias de los afiliados.<br />
g) Rendir anualmente un informe sobre la situación financiera de<br />
cada régimen de pensiones.<br />
h) Supervisar el sistema de calificación de la invalidez de los<br />
distintos regímenes.<br />
En cuanto al Sistema de Pensiones del Magisterio Nacional, las<br />
atribuciones de la Superintendencia serán las determinadas en la Ley<br />
No. 7531 y sus reformas.<br />
Artículo 37.- Supervisión del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte<br />
Las atribuciones de la Superintendencia en relación con el<br />
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte que administra la CCSS serán las<br />
siguientes:<br />
a) Presentar, anualmente, a la Junta Directiva de la<br />
CCSS y el Comité de Vigilancia un informe de la situación del<br />
Régimen y las recomendaciones para mejorar su administración y su<br />
equilibrio actuarial.<br />
b) Supervisar que la inversión de los recursos y la<br />
valoración de la cartera de inversiones se realice de acuerdo con<br />
la ley.<br />
c) Definir el contenido, la forma y la periodicidad de la<br />
información que debe suministrar la CCSS a la Superintendencia<br />
sobre la situación financiera del régimen.<br />
d) Supervisar el sistema de calificación de la invalidez.<br />
Artículo 38.- Atribuciones del Superintendente de Pensiones<br />
El Superintendente de Pensiones tendrá las siguientes atribuciones:<br />
a) Proponer al Consejo Nacional los reglamentos necesarios<br />
para cumplir las competencias y funciones de la Superintendencia a su<br />
cargo; así como los informes y dictámenes que este requiera para<br />
ejercer sus atribuciones.<br />
b) Establecer la distribución interna de competencias y la<br />
organización correspondiente, para el cumplimiento óptimo de los fines<br />
de la legislación que regula la Superintendencia, según las normas<br />
generales de organización que dicte el Consejo Nacional.<br />
c) Ejercer, en nombre y por cuenta del Banco Central de Costa<br />
Rica, la representación judicial y extrajudicial del Banco Central para<br />
las funciones propias de su cargo, con las atribuciones de un apoderado<br />
generalísimo sin límite de suma. Podrá delegar poderes en el<br />
Intendente u otros funcionarios de la Superintendencia, conforme a las<br />
normas que el Consejo Nacional dicte.<br />
d) Imponer, a las entidades reguladas, las medidas<br />
precautorias y las sanciones previstas en esta ley, salvo las que<br />
corresponda imponer al Consejo.<br />
e) Autorizar la apertura y el funcionamiento de los entes de<br />
acuerdo con lo establecido en esta ley y las normas dictadas por el<br />
Consejo Nacional. El Superintendente informará al Consejo Nacional de<br />
las autorizaciones concedidas.<br />
f) Adoptar todas las acciones necesarias para el cumplimiento<br />
efectivo de las funciones de autorización, regulación, supervisión y<br />
fiscalización que le competen a la Superintendencia, según esta ley y<br />
las normas emitidas por el Consejo Nacional.<br />
g) Proponer al Consejo Nacional las normas por seguir en<br />
materia de valoración y custodia de los activos de los Fondos regulados<br />
por la Ley de Protección al Trabajador.<br />
h) Proponer, al Consejo Nacional, la normativa reglamentaria<br />
sobre los parámetros de referencia para determinar las pensiones<br />
vitalicias y sus ajustes a lo largo del tiempo, de conformidad con la<br />
Ley de Protección al Trabajador.<br />
i) Proponer, al Consejo Nacional, los requisitos generales<br />
que deben cumplir los agentes promotores de las Operadoras de Pensiones<br />
para ser incluidos en el registro de agentes autorizados.<br />
j) Aplicar las normas y los reglamentos dictados por el<br />
Consejo Nacional.<br />
k) Ejercer las potestades de máximo jerarca en materia<br />
administrativa y de personal. En su calidad de jerarca, le<br />
corresponderá nombrar, contratar, promover, separar y sancionar al<br />
personal de la Superintendencia a su cargo y adoptar las demás medidas<br />
internas correspondientes a su funcionamiento. Cuando se trate del<br />
personal de la Auditoría Interna, el Superintendente deberá consultar<br />
al Auditor Interno. El Superintendente agota la vía administrativa en<br />
materia de personal.<br />
l) Establecer el contenido mínimo de los contratos que se<br />
celebren entre las operadoras y sus afiliados, y entre ellas y las<br />
centrales de valores.<br />
m) Vigilar el cumplimiento estricto por parte de los entes<br />
supervisados, de los reglamentos, acuerdos y las resoluciones dictados<br />
por el Consejo Nacional.<br />
n) Presentar, al Consejo Nacional, un informe trimestral<br />
sobre la evolución de los sistemas de pensiones y la situación de los<br />
entes supervisados.<br />
ñ) Presentar al Consejo Nacional el plan anual operativo, el<br />
presupuesto, sus modificaciones y su liquidación anual.<br />
o) Dictar las resoluciones necesarias y evaluar la solidez<br />
financiera de los regímenes supervisados.<br />
p) Fiscalizar la inversión de los recursos de los fondos<br />
administrados por los entes supervisados y la composición de su<br />
portafolio de inversiones.<br />
q) Comprobar la imputación correcta y oportuna de los aportes<br />
en las cuentas de los afiliados.<br />
r) Exigir, a los entes supervisados, el suministro de la<br />
información necesaria para los afiliados y dictar normas específicas<br />
sobre el contenido, la forma y la periodicidad con que las entidades<br />
supervisadas deben proporcionar a la Superintendencia, al afiliado y al<br />
público, información sobre su situación jurídica, económica y<br />
financiera, sobre las características y los costos de sus servicios,<br />
las operaciones activas y pasivas y cualquier otra información que<br />
considere de importancia; todo con el fin de que exista información<br />
suficiente y confiable sobre la situación de las entidades<br />
supervisadas.<br />
s) Vigilar porque toda publicidad de las actividades del ente<br />
supervisado, de los fondos que administra y los planes que ofrece, esté<br />
dirigida a proporcionar información que no induzca a equívocos ni<br />
confusiones. Para tal efecto, podrá obligar al ente supervisado a<br />
modificar o suspender su publicidad, cuando no se ajuste a las normas<br />
para proteger a los trabajadores.<br />
t) Fiscalizar el otorgamiento de los beneficios por parte de<br />
los entes supervisados.<br />
u) Recibir y resolver las denuncias de los afiliados contra<br />
los entes autorizados.<br />
v) Suministrar al público la más amplia información sobre los<br />
entes supervisados y la situación del sector.<br />
w) Denunciar, ante la Comisión de Promoción de la<br />
Competencia, las prácticas monopolísticas por parte de los entes<br />
regulados.<br />
x) Aprobar los contratos de las entidades supervisadas, con<br />
empresas de su mismo grupo financiero o pertenecientes a un grupo<br />
económico vinculado con dichas entidades, de acuerdo con las normas<br />
reglamentarias que establecerá el Consejo Nacional.<br />
y) Procurar que no operen en el territorio costarricense, sin<br />
la debida autorización personas naturales ni jurídicas, cualesquiera<br />
que sean su domicilio legal o lugar de operación, que de manera<br />
habitual y a cualquier título realicen actividades de oferta y<br />
administración de planes de ahorro para la jubilación o planes de<br />
pensiones.<br />
z) Solicitar, al Consejo Nacional, la intervención y liquidación de<br />
los entes regulados, ejecutar y supervisar el proceso de<br />
intervención.<br />
Artículo 39.- Auditor interno<br />
La Superintendencia tendrá una auditoría interna, encargada de<br />
verificar el cumplimiento de las labores reguladoras, supervisoras y<br />
fiscalizadoras previstas en esta ley y la normativa dictada por la<br />
Superintendencia, así como de la suficiencia de los sistemas de control<br />
establecidos por el Superintendente. En materia presupuestaria, el<br />
Consejo Nacional determinará el ámbito de competencia que le<br />
corresponderá.<br />
La Auditoría Interna dependerá directamente del Consejo Nacional<br />
y funcionará bajo la dirección de un auditor, nombrado por este Consejo<br />
con el voto de cinco miembros como mínimo. El auditor será un<br />
funcionario de tiempo completo y dedicación exclusiva.<br />
El auditor interno debe asistir a las sesiones del Consejo<br />
Nacional donde se discutan temas atinentes a la Superintendencia; en<br />
ellas tendrá voz, pero no voto.<br />
CAPÍTULO VII<br />
SANCIONES<br />
SECCIÓN I<br />
MEDIDAS PRECAUTORIAS<br />
Artículo 40.- Medidas precautorias<br />
A la Superintendencia le corresponderá aplicar las medidas<br />
precautorias cuando constate algún incumplimiento del ente regulado<br />
que, en el ejercicio de sus actividades, pueda comprometer la<br />
integridad de los recursos que administra o para evitar a los afiliados<br />
daños de reparación imposible o difícil cuando tenga indicios de la<br />
comisión de un delito o en otros casos previstos por esta ley.<br />
Artículo 41.- Definición de grados de irregularidad financiera<br />
Para velar por la estabilidad y eficiencia del sistema de<br />
pensiones, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero<br />
dictará un reglamento que le permita a la Superintendencia determinar<br />
situaciones de inestabilidad o irregularidad financiera en los fondos<br />
administrados por los entes regulados. Este reglamento incluirá, al<br />
menos, los siguientes elementos normativos: definiciones de grados de<br />
riesgo de los activos del fondo, grados de riesgo de liquidez, riesgo<br />
de variaciones de tasas de interés, riesgo cambiario y otros riesgos<br />
que considere oportuno evaluar. Para aplicar las medidas precautorias,<br />
dichas irregularidades se clasificarán en la siguiente forma:<br />
Grado uno: Son irregularidades leves las que, a criterio de<br />
la Superintendencia, pueden ser superadas con la adopción de<br />
medidas correctivas de corto plazo.<br />
Grado dos: Son irregularidades graves las que, a juicio de<br />
la Superintendencia, solo pueden corregirse con la adopción y<br />
ejecución de un plan de saneamiento.<br />
Grado tres: Son irregularidades muy graves las que pueden<br />
comprometer la integridad del Fondo y ocasionar perjuicios graves a<br />
sus<br />
afiliados y para corregirlas, se requiere la intervención del ente<br />
regulado o bien la sustitución de sus administradores.<br />
De igual manera, se considerarán irregularidades muy graves<br />
las indicadas en los acápites ii) a viii) del inciso d) del<br />
artículo 136 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica.<br />
Artículo 42.- Medidas aplicables en casos de irregularidad<br />
financiera<br />
En caso de irregularidad, son medidas aplicables las siguientes:<br />
a) Medidas correctivas: En caso de irregularidades de<br />
grado uno, el Superintendente comunicará a la Junta Directiva de<br />
la operadora, las irregularidades detectadas y le concederá un<br />
plazo prudencial para corregirlas.<br />
b) Plan de saneamiento: Si se trata de irregularidades<br />
de grado dos, el Superintendente convocará a la Junta Directiva, al<br />
auditor interno y al gerente de la entidad supervisada a una<br />
comparecencia, en la cual comunicará las irregularidades detectadas<br />
y ordenará la presentación de un plan de saneamiento y su<br />
ejecución, dentro de los plazos que establezca el Consejo Nacional<br />
de Supervisión del Sistema Financiero mediante las normas<br />
correspondientes. Este plan deberá incluir las fechas de su<br />
ejecución y las medidas detalladas para corregir las<br />
irregularidades. Dicho plan deberá ser aprobado por el<br />
Superintendente y será de acatamiento obligatorio para la entidad<br />
regulada.<br />
c) Intervención administrativa: En caso de<br />
irregularidades de grado tres o cuando un ente regulado no reponga<br />
la deficiencia de capital mínimo dentro del plazo fijado por el<br />
Superintendente, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema<br />
Financiero, previo informe del Superintendente y por resolución<br />
fundada, decretará la intervención de la entidad regulada y<br />
dispondrá las condiciones en que esta medida se aplicará. El<br />
procedimiento de intervención se regirá, en todo lo pertinente, por<br />
los tres últimos párrafos del artículo 139 y por el artículo 140,<br />
ambos de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica.<br />
Artículo 43.- Prohibición de administración por intervención<br />
judicial<br />
Los entes regulados no podrán acogerse a los procesos de<br />
administración y reorganización con intervención judicial ni a los<br />
convenios preventivos de acreedores.<br />
Artículo 44.- Medida precautoria de cierre<br />
La Superintendencia deberá velar porque en el territorio<br />
nacional no operen entidades no autorizadas que, de manera habitual y<br />
por cualquier título, realicen actividades propias de los entes<br />
regulados. Cuando lo autorice la autoridad judicial, dispondrá la<br />
clausura de las oficinas en donde se practique esta clase de actividad<br />
y para ello podrá requerir el auxilio de la Fuerza Pública.<br />
La Superintendencia también podrá ordenar a los entes regulados<br />
o a cualquier persona física o jurídica, la suspensión de la publicidad<br />
u oferta al público, cualquiera que sea el medio por el cual se<br />
transmita, cuando sea efectuada por personas no autorizadas o los<br />
términos sean falsos o engañosos.<br />
CAPÍTULO II<br />
INFRACCIONES Y SANCIONES<br />
Artículo 45.- Tipología<br />
Las infracciones contra la presente ley en las que pueden<br />
incurrir los entes regulados se clasifican en leves, graves y muy<br />
graves.<br />
Artículo 46.- Infracciones muy graves<br />
Incurrirán en infracciones muy graves:<br />
a) El ente regulado que impida u obstaculice la supervisión de<br />
la Superintendencia.<br />
b) El ente regulado que no suministre a la Superintendencia la<br />
información requerida por ella dentro del plazo otorgado al efecto,<br />
o suministre datos falsos.<br />
c) El ente regulado que destine los recursos de un fondo a<br />
fines distintos de los previstos en el artículo 55 de la Ley de<br />
protección al trabajador.<br />
d) El ente regulado que invierta los recursos de un fondo<br />
contraviniendo los artículos 61, 62, 63, 64 y 65 de la Ley de<br />
protección al trabajador.<br />
e) El ente regulado que incumpla con las normas relativas a la<br />
custodia de títulos y valores, previstas en el artículo 66 de la<br />
Ley de protección al trabajador.<br />
f) El ente regulado que practique actividades ajenas al objeto<br />
legalmente autorizado.<br />
g) El ente regulado que no lleve la contabilidad o los<br />
registros legalmente exigidos o los lleve con vicios o<br />
irregularidades esenciales que dificulten conocer la situación<br />
patrimonial o financiera de la entidad o las operaciones en que<br />
participa.<br />
h) El ente regulado, que por un período superior a seis meses<br />
continuos, reduzca su capital mínimo a niveles inferiores al<br />
ochenta por ciento (80%) del mínimo legal o el exigible de acuerdo<br />
con las directrices emitidas por la Superintendencia.<br />
i) El ente regulado que, incumpla la obligación de someterse a<br />
las auditorías externas en los términos fijados en el inciso n) del<br />
artículo 42 de la Ley de protección al trabajador, o presente<br />
informes de auditorías externas con vicios o irregularidades<br />
sustanciales.<br />
j) Las personas, físicas o jurídicas, que realicen auditorías<br />
externas con vicios o irregularidades sustanciales, a las entidades<br />
sujetas a la fiscalización de la Superintendencia, o incumplan con<br />
las normas dispuestas en el inciso q) del artículo 42 de la Ley de<br />
protección al trabajador.<br />
k) El ente regulado que incumpla el principio de no<br />
discriminación previsto en el artículo 45 de la Ley de protección<br />
al trabajador.<br />
Artículo 47.- Sanciones por infracciones muy graves<br />
Las sanciones correspondientes a las infracciones muy graves<br />
serán:<br />
a) Multa por un monto hasta de cinco veces el beneficio<br />
patrimonial, obtenido como consecuencia directa de la infracción<br />
cometida.<br />
b) Multa hasta de un cinco por ciento (5%) del patrimonio de<br />
la sociedad.<br />
c) Multa hasta de doscientos salarios base, según se define en<br />
la ley No. 7337, de 5 de mayo de 1993.<br />
d) Suspensión de la autorización hasta por un año.<br />
e) Revocación de la autorización de funcionamiento del ente<br />
regulado.<br />
Artículo 48.- Infracciones graves<br />
Incurrirá en infracciones graves el ente regulado que:<br />
a) No notifique a la Superintendencia el incumplimiento de los<br />
requisitos de la inversión o no presente el plan de reducción de<br />
riesgos, de conformidad con el artículo 38 de la Ley de protección<br />
al trabajador.<br />
b) No remita a los afiliados la información indicada por la<br />
Superintendencia.<br />
c) Reduzca, por un período superior a dos meses e inferior a<br />
seis meses continuos, su capital mínimo a niveles inferiores al<br />
ochenta por ciento (80%) del mínimo legal o el exigible de acuerdo<br />
con las disposiciones emitidas por la Superintendencia.<br />
d) Realice publicidad contraria a las disposiciones de la<br />
Superintendencia.<br />
e) Atrase la actualización de sus libros de contabilidad o los<br />
registros obligatorios, por un plazo mayor de cinco días.<br />
f) No observe las normas contables dispuestas por la<br />
Superintendencia.<br />
g) Incumpla los términos de los planes de ahorro para la<br />
jubilación en las condiciones autorizadas por la Superintendencia y<br />
pactadas con los afiliados.<br />
h) No publique oportunamente la información que, de acuerdo<br />
con la Ley de protección al trabajador y demás normas que<br />
establezca la Superintendencia, sea de interés para los afiliados,<br />
aportantes y público en general.<br />
i) Obstaculice el derecho de transferencia ordenado en el<br />
artículo 10 de la Ley de protección al trabajador.<br />
j) No acredite los recursos en las cuentas individuales, o<br />
acredite el producto de las inversiones en forma distinta de la<br />
ordenada por la Ley de protección al trabajador o fuera de los<br />
plazos previstos en ella.<br />
k) Cobre comisiones no autorizadas en la Ley de protección al<br />
trabajador o en las normas reglamentarias emitidas por la<br />
Superintendencia.<br />
l) Utilice o permita que sus funcionarios usen información<br />
reservada a fin de que obtengan, para sí o para otros, ventajas de<br />
los fondos administrados, mediante la compra o venta de valores.<br />
Artículo 49.- Sanciones por infracciones graves<br />
Las sanciones correspondientes a las infracciones graves serán:<br />
a) Amonestación pública que se divulgará en La Gaceta y un<br />
diario de circulación nacional.<br />
b) Multa por un monto hasta de tres veces el beneficio<br />
patrimonial, obtenido como consecuencia directa de la infracción<br />
cometida.<br />
c) Multa hasta de un dos por ciento (2%) del patrimonio de la<br />
sociedad.<br />
d) Multa hasta de cien veces el salario base definido en la<br />
Ley No. 7337, de 5 de mayo de 1993.<br />
e) Suspensión de la autorización hasta por un año.<br />
Artículo 50.- Infracciones leves<br />
Constituirán infracciones leves los actos o las omisiones de los<br />
entes regulados, que violen las disposiciones de la Ley de protección<br />
al trabajador y las directrices emitidas por la Superintendencia y que<br />
no estén tipificadas como infracciones graves o muy graves, según los<br />
artículos anteriores.<br />
Artículo 51.- Sanción por infracciones leves<br />
La sanción por infracciones leves será amonestación privada,<br />
consistente en una comunicación escrita dirigida al infractor.<br />
Artículo 52.- Sanciones adicionales<br />
Independientemente de las reglas sancionadoras de esta ley, se<br />
aplicará también sanción en los siguientes casos:<br />
a) A las personas físicas autorizadas para actuar como<br />
agentes, o personas físicas cuya responsabilidad dolosa o culposa<br />
se haya determinado al sancionar a una entidad, se les impondrá:<br />
i) Amonestación privada por infracciones leves.<br />
ii) Amonestación pública por infracciones graves.<br />
iii) Multa por un monto hasta de doscientas veces el<br />
salario base definido en la Ley No. 7337, de 5 de mayo de<br />
1993, por infracciones muy graves.<br />
b) Cuando se determine el dolo o la culpa de un directivo,<br />
personero o empleado de una entidad sujeta a la fiscalización de<br />
la Superintendencia, se le impondrá:<br />
i) Suspensión hasta por un año en el ejercicio de su<br />
cargo, en el caso de infracciones graves.<br />
ii) Separación del cargo e inhabilitación para ejercer cargos<br />
de administración o dirección en entidades sujetas a la<br />
fiscalización de la Superintendencia, por un plazo hasta de<br />
cinco años, en caso de infracciones muy graves.<br />
Artículo 53.- Faltas contra la confidencialidad<br />
Quienes contravengan las prohibiciones citadas en el artículo 67<br />
de la Ley de protección al trabajador serán sancionados con multa de<br />
uno a seis salarios base, que aplicará la Superintendencia en beneficio<br />
del propio fondo y con cargo a la operadora respectiva. Por salario<br />
base se entenderá el definido en la Ley No. 7337, de 5 de mayo de<br />
1993.<br />
Artículo 54.- Prohibición para subejecutar el presupuesto<br />
Quien ordene subejecutar un presupuesto público en relación con<br />
el porcentaje creado por la Ley de protección al trabajador, o proceda<br />
a subejecutarlo incurrirá en falta grave, sancionada con el despido sin<br />
responsabilidad patronal o la remoción del cargo.<br />
Artículo 55.- Sanciones por atraso en el traslado de los recursos<br />
El patrono que, habiendo vencido el plazo fijado en el artículo 57 de<br />
la Ley de protección al trabajador no traslade el aporte referido en<br />
esta ley, será sancionado conforme al artículo 614 del Código de<br />
Trabajo.<br />
Artículo 56.- Multas por retención de recursos<br />
Establécese una multa que impondrá la Superintendencia a los<br />
empleadores, las entidades recaudadoras, el sistema central de<br />
recaudación y las operadoras que incumplan los plazos definidos en el<br />
reglamento para la transferencia y acreditación de los aportes. Dicha<br />
multa resultará de aplicar la tasa de redescuento del Banco Central de<br />
Costa Rica a los montos no transferidos por el plazo de atraso. El<br />
monto de la multa se usará para indemnizar a los trabajadores<br />
propietarios de las cuentas individuales.<br />
Artículo 57.- Formas jurídicas<br />
Las formas jurídicas adoptadas por los entes regulados no<br />
obligan a la Superintendencia, para efectos de sus potestades de<br />
fiscalización y sanción previstas en esta ley. La Superintendencia<br />
podrá atribuirles a las situaciones y los actos ocurridos una<br />
significación acorde con los hechos, atendiendo la realidad y no la<br />
forma jurídica.<br />
Lo dispuesto en el párrafo anterior será igualmente aplicable a<br />
la Superintendencia General de Entidades Financieras y a la<br />
Superintendencia General de Valores, en el ejercicio de sus potestades<br />
de fiscalización y sanción.<br />
SECCIÓN II<br />
EJERCICIO DE LAS POTESTADES DE<br />
FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN<br />
Artículo 58.- Labores de supervisión<br />
En las labores de supervisión y vigilancia de la<br />
Superintendencia sobre los entes sujetos a su fiscalización, el<br />
Superintendente, por sí o por medio de los funcionarios de la<br />
Superintendencia, podrá efectuar cualquier acción directa de<br />
supervisión, verificación, inspección o vigilancia en las entidades<br />
reguladas cuando lo considere oportuno, a fin de ejercer las facultades<br />
que le otorgan esta ley, leyes conexas y las demás normas; asimismo,<br />
deberá velar por el cumplimiento de los reglamentos y las normas de<br />
carácter general emitidas por el Consejo Nacional de Supervisión. Las<br />
entidades reguladas están obligadas a prestar total colaboración a la<br />
Superintendencia, para facilitar las labores que le faculta esta ley.<br />
Artículo 59.- Aplicación de las sanciones y la potestad<br />
sancionadora<br />
Salvo los casos de suspensión, intervención y revocación de la<br />
autorización de funcionamiento de un ente regulado, que serán<br />
competencia del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero,<br />
las medidas precautorias y sanciones contempladas en esta ley serán<br />
impuestas por el Superintendente. Sus resoluciones serán apelables<br />
ante dicho Consejo, salvo en el caso de las sanciones leves, contra las<br />
cuales cabrán únicamente recursos de reposición ante el<br />
Superintendente, dentro de los tres días. La Superintendencia emitirá<br />
el reglamento sobre el procedimiento que se aplicará para imponer las<br />
sanciones el cual se regirá por los principios de la Ley General de la<br />
Administración Pública.<br />
El ejercicio de la potestad sancionadora de la Superintendencia es<br />
independiente de las demás acciones y responsabilidades, civiles o<br />
penales, que puedan derivarse de los actos sancionados.<br />
Cuando la Superintendencia, al ejercer sus funciones tenga noticia de<br />
hechos que puedan configurarse como delito, los pondrá en conocimiento<br />
del Ministerio Público a la brevedad posible.<br />
Artículo 60.- Criterios de sanción<br />
Para imponer las sanciones previstas en esta ley, la<br />
Superintendencia tomará en cuenta los siguientes criterios de<br />
valoración:<br />
a) La gravedad de la infracción.<br />
b) La amenaza o el daño causado.<br />
c) Los indicios de intencionalidad.<br />
d) La duración de la conducta.<br />
e) La reincidencia del infractor.<br />
f) La capacidad de pago del infractor.<br />
CAPÍTULO IV<br />
DELITOS ESPECIALES<br />
Artículo 61.- Falta de autorización<br />
Queda totalmente prohibido realizar actividades de<br />
administración y comercialización de planes de pensiones y fondos de<br />
capitalización, sin la debida autorización de la Superintendencia.<br />
La persona física o el representante de la persona jurídica que<br />
ofrezca estos servicios sin contar con tal autorización, será reprimido<br />
con prisión de uno a tres años.<br />
Artículo 62.- Datos falsos y ocultamiento de información<br />
Será sancionado con prisión de dos a seis años, quien<br />
proporcione datos falsos o engañosos a la Superintendencia, de modo que<br />
pueda resultar perjuicio.<br />
La misma pena se aplicará al personero o empleado de un ente<br />
regulado que oculte información relevante o suministre datos falsos o<br />
engañosos a los afiliados o cotizantes del Fondo de Capitalización<br />
Laboral, de un fondo de pensiones o al público en general, de modo que<br />
pueda resultar perjuicio."<br />
ARTÍCULO 80.- Fortalecimiento del Régimen de riesgos del trabajo<br />
Establécese una contribución del diez por ciento (10%) de las<br />
utilidades del Instituto Nacional de Seguros para financiar el Régimen de<br />
riesgos del trabajo.<br />
SECCIÓN II<br />
REFORMAS DE LA LEY REGULADORA DEL<br />
MERCADO DE VALORES, NO. 7732<br />
ARTÍCULO 81.- Reforma de la Ley No. 7732<br />
Refórmanse los artículos 8 y 171, de la Ley Reguladora del Mercado de<br />
Valores, No. 7732, de 17 de diciembre de 1997. Los textos dirán:<br />
"Artículo 8.- Atribuciones del Superintendente<br />
Al Superintendente le corresponderán las siguientes<br />
atribuciones:<br />
a) Ejercer, en nombre y por cuenta del Banco Central de<br />
Costa Rica, la representación judicial y extrajudicial de dicho<br />
Banco para las funciones propias de su cargo, con atribuciones de<br />
apoderado generalísimo sin límite de suma. Podrá delegar poderes en<br />
los intendentes u otros funcionarios de la Superintendencia,<br />
conforme a las normas dictadas por el Consejo Nacional.<br />
b) Someter a la consideración del Consejo Nacional los<br />
proyectos de reglamento que le corresponda dictar a la<br />
Superintendencia, de acuerdo con esta ley, así como los informes y<br />
dictámenes que este Consejo requiera para ejercer sus atribuciones.<br />
c) Presentar al Consejo Nacional un informe semestral<br />
sobre la evolución del mercado de valores y la situación de los<br />
entes supervisados.<br />
d) Imponer, a las entidades fiscalizadas, las medidas<br />
precautorias y las sanciones previstas en el título IX de esta ley,<br />
salvo las que le corresponda imponer al Consejo Nacional.<br />
e) Ejecutar los reglamentos y acuerdos del Consejo<br />
Nacional.<br />
f) Ejercer las potestades de jerarca administrativo de<br />
la Superintendencia y agotar la vía administrativa en materia de<br />
personal. Tratándose del personal de la auditoría interna, el<br />
Superintendente deberá consultar al auditor interno.<br />
g) Aprobar los estatutos y reglamentos de bolsas de<br />
valores, sociedades de compensación y liquidación, centrales de<br />
valores y sociedades clasificadoras de riesgo. El Superintendente<br />
podrá suspender temporalmente estos reglamentos, modificarlos o<br />
revocarlos cuando sea necesario para proteger al público<br />
inversionista o tutelar la libre competencia, conforme a los<br />
criterios generales y objetivos que definan los reglamentos<br />
dictados por el Consejo Nacional.<br />
h) Autorizar las disminuciones y los aumentos de capital<br />
de bolsas, centrales de valores, sociedades administradoras de<br />
fondos de inversión, sociedades de compensación y liquidación y<br />
demás personas jurídicas sujetas a su fiscalización, salvo las<br />
entidades fiscalizadas por la Superintendencia General de Entidades<br />
Financieras, los emisores y puestos de bolsa. La autorización para<br />
disminuir y aumentar el capital de los puestos de bolsa<br />
corresponderá a las bolsas, las cuales deberán exigir el<br />
cumplimiento de los requisitos de capital establecidos<br />
reglamentariamente por el Consejo Nacional para los puestos de<br />
bolsa.<br />
i) Establecer las normas relativas al tipo y tamaño de<br />
la letra de los títulos y el lugar, dentro del documento, para<br />
ubicar la leyenda citada en el segundo párrafo del artículo 13 de<br />
la presente ley.<br />
j) Adoptar todas las acciones necesarias para el<br />
cumplimiento efectivo de las funciones de autorización, regulación,<br />
supervisión y fiscalización que le competen a la Superintendencia<br />
según lo dispuesto en esta ley.<br />
k) Autorizar el funcionamiento de los sujetos<br />
fiscalizados y la realización de la oferta pública e informar al<br />
Consejo Nacional sobre tales actos.<br />
l) Exigir, a los sujetos fiscalizados, toda la<br />
información razonablemente necesaria, en las condiciones y<br />
periodicidad que determine, por reglamento el Consejo Nacional,<br />
para cumplir adecuadamente con sus funciones supervisoras del<br />
mercado de valores. Para ello, sin previo aviso podrá ordenar<br />
visitas de auditoría a los sujetos fiscalizados. La<br />
Superintendencia podrá realizar visitas de auditoría a los<br />
emisores, con el fin de aclarar la información de las auditorías.<br />
Sin embargo, cuando el emisor coloque valores en ventanilla, la<br />
Superintendencia podrá inspeccionar los registros de las<br />
colocaciones de los emisores y dictar normas sobre la manera de<br />
llevarlos.<br />
m) Exigir, a los sujetos fiscalizados, información sobre las<br />
participaciones accionarias de sus socios, miembros de la junta<br />
directiva y empleados, hasta la identificación de las personas<br />
físicas titulares de estas participaciones y hacerla pública a<br />
partir del porcentaje que disponga reglamentariamente el Consejo<br />
Nacional.<br />
n) Exigir mediante resolución motivada, a los sujetos<br />
fiscalizados, sus socios, directores, funcionarios y asesores,<br />
información relativa a las inversiones que, directa o<br />
indirectamente, realicen en valores de otras entidades que se<br />
relacionan con los mercados de valores, en cuanto se necesite para<br />
ejercer sus funciones supervisoras y proteger a los inversionistas<br />
de los conflictos de interés que puedan surgir entre los<br />
participantes en el mercado de valores.<br />
ñ) Exigir, a los sujetos fiscalizados, el suministro de la<br />
información necesaria al público inversionista para cumplir con los<br />
fines de esta ley.<br />
o) Suministrar al público la más amplia información<br />
sobre los sujetos fiscalizados y la situación del mercado de<br />
valores, salvo la relativa a las operaciones individuales de los<br />
sujetos fiscalizados, que no sea relevante para el público<br />
inversionista, según lo determine el Consejo Nacional mediante<br />
reglamento.<br />
p) Velar por la libre competencia en los mercados de<br />
valores y denunciar, ante la Comisión de la Promoción de la<br />
Competencia, la existencia de prácticas monopolísticas.<br />
q) Solicitar al Consejo Nacional la suspensión,<br />
intervención y revocación de la autorización del funcionamiento de<br />
los entes supervisados y la suspensión o revocación de la<br />
autorización de la oferta pública."<br />
"Artículo 171.- Funciones del Consejo Nacional de Supervisión<br />
del Sistema Financiero<br />
Son funciones del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema<br />
Financiero:<br />
a) Nombrar y remover al Superintendente General de Entidades<br />
Financieras, al Superintendente General de Valores y al Superintendente<br />
de Pensiones; asimismo, a los respectivos intendentes, auditores y al<br />
subauditor interno de la Superintendencia de Entidades Financieras.<br />
b) Aprobar las normas atinentes a la autorización, regulación,<br />
supervisión, fiscalización y vigilancia que, conforme a la ley, deben<br />
ejecutar la Superintendencia General de Entidades Financieras, la<br />
Superintendencia General de Valores y la Superintendencia de Pensiones.<br />
No podrán fijarse requisitos que restrinjan indebidamente el acceso de<br />
los agentes económicos al mercado financiero, limiten la libre<br />
competencia ni incluyan condiciones discriminatorias.<br />
c) Ordenar la suspensión de las operaciones y la intervención de<br />
los sujetos regulados por las Superintendencias, además, decretar la<br />
intervención y solicitar la liquidación ante las autoridades<br />
competentes.<br />
d) Suspender o revocar la autorización otorgada a los sujetos<br />
regulados por las diferentes Superintendencias o la autorización<br />
para realizar la oferta pública, cuando<br />
el sujeto respectivo incumpla los requisitos de ley o los reglamentos<br />
dictados por el Consejo Nacional, o cuando la continuidad de la<br />
autorización pueda afectar los intereses de ahorrantes, inversionistas,<br />
afiliados o la integridad del mercado.<br />
e) Aprobar las normas aplicables a los procedimientos,<br />
requisitos y plazos para la fusión o transformación de las entidades<br />
financieras.<br />
f) Aprobar las normas atinentes a la constitución, el<br />
traspaso, registro y funcionamiento de los grupos financieros, de<br />
conformidad con la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica.<br />
g) Conocer y resolver en apelación los recursos interpuestos contra<br />
las resoluciones dictadas por las Superintendencias. Las resoluciones<br />
del Consejo agotarán la vía administrativa.<br />
h) Conocer, en apelación, de las resoluciones que dicten las<br />
bolsas de valores respecto a la autorización de los puestos de bolsa y<br />
la imposición de sanciones a los puestos y agentes de bolsa, según la<br />
Ley Reguladora del Mercado de Valores. Cualquier persona con interés<br />
legítimo estará facultada para apelar.<br />
i) Reglamentar el intercambio de información que podrán<br />
realizar entre sí las diferentes Superintendencias, para el estricto<br />
cumplimiento de sus funciones de supervisión prudencial. La<br />
Superintendencia que reciba información en virtud de este inciso,<br />
deberá mantener las obligaciones de confidencialidad a que está sujeto<br />
el receptor inicial de dicha información.<br />
j) Aprobar las normas generales de organización de las<br />
Superintendencias y las auditorías internas.<br />
k) Aprobar el plan anual operativo, los presupuestos, sus<br />
modificaciones y la liquidación presupuestaria de las<br />
Superintendencias, dentro del límite global fijado por la Junta<br />
Directiva del Banco Central de Costa Rica y remitirlos a la Contraloría<br />
General de la República para su aprobación final.<br />
l) Aprobar la memoria anual de cada Superintendencia, así<br />
como los informes anuales que los Superintendentes deberán rendir sobre<br />
el desempeño de los sujetos supervisados por la respectiva<br />
Superintendencia.<br />
m) Designar, en el momento oportuno y durante los plazos que<br />
considere convenientes, comités consultivos integrados por<br />
representantes de los sujetos fiscalizados, de inversionistas o de<br />
otros sectores económicos, que examinen determinados temas y emitan<br />
recomendaciones con carácter no vinculante.<br />
n) Aprobar las normas que definan cuáles personas físicas o<br />
jurídicas, relacionadas por propiedad o gestión con los sujetos<br />
fiscalizados, se considerarán parte del mismo grupo de interés<br />
económico, para asegurar una diversificación adecuada de las carteras<br />
y resolver y evitar los conflictos de interés.<br />
ñ) Aprobar las disposiciones relativas a las normas contables<br />
y de auditoría, según los principios de contabilidad generalmente<br />
aceptados, así como la frecuencia y divulgación de las auditorías<br />
externas a que obligatoriamente deberán someterse los sujetos<br />
supervisados. En caso de conflicto, estas normas prevalecerán sobre<br />
las emitidas por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.<br />
o) Aprobar las normas referentes a la periodicidad, el<br />
alcance, los procedimientos y la publicación de los informes rendidos<br />
por las auditorías externas de las entidades fiscalizadas, con el fin<br />
de lograr la mayor confiabilidad de estas auditorías.<br />
p) Aprobar las normas aplicables a las auditorías internas<br />
de los entes fiscalizados por las Superintendencias, para que estas<br />
ejecuten debidamente las funciones propias de su actividad y velen<br />
porque tales entes cumplan con las normas legales.<br />
q) Aprobar las normas garantes de la supervisión y el<br />
resguardo de la solidez financiera de los regímenes de pensiones del<br />
Poder Judicial y cualesquiera otros creados por ley o convenciones<br />
colectivas.<br />
r) Resolver los conflictos de competencia que se presenten<br />
entre las Superintendencias.<br />
s) Ejercer las demás atribuciones conferidas en las leyes<br />
respectivas, sobre los sujetos supervisados por la Superintendencia<br />
General de Entidades Financieras, la Superintendencia General de<br />
Valores y la Superintendencia de Pensiones.<br />
El Consejo Nacional podrá encargar el conocimiento de<br />
determinados asuntos a comisiones integradas por algunos de sus<br />
miembros, de conformidad con las reglas que establezca."<br />
ARTÍCULO 82.- Interpretación auténtica del artículo 190<br />
Interprétase auténticamente el artículo 190 de la Ley Reguladora del<br />
Mercado de Valores, No. 7732, de 17 de diciembre de 1997, para que las<br />
disposiciones ahí contenidas se apliquen a todos los actos y contratos<br />
inscribibles en el Registro Nacional referidos en dicho artículo,<br />
independientemente de las razones que los originaron.<br />
SECCIÓN III<br />
REFORMAS DE LA LEY ORGÁNICA DEL BANCO<br />
CENTRAL DE COSTA RICA<br />
ARTÍCULO 83.- Reforma de la Ley No. 7558<br />
Refórmase el artículo 131 de la Ley Orgánica del Banco Central de<br />
Costa Rica, No. 7558, de 3 de noviembre de 1995, cuyo texto dirá:<br />
"Artículo 131.- Funciones del Superintendente General de<br />
Entidades Financieras<br />
Corresponderán al Superintendente General de Entidades<br />
Financieras, las siguientes funciones:<br />
a) Ejercer, en nombre y por cuenta del Banco Central de Costa Rica,<br />
la representación legal, judicial y extrajudicial de dicho Banco<br />
para las funciones propias de su cargo, con atribuciones de<br />
apoderado generalísimo sin límite de suma.<br />
b) Ejecutar los acuerdos del Consejo Nacional y las demás funciones<br />
que le señale la ley; además, podrá emitir mandatos o conferir<br />
poderes al Intendente General y otros funcionarios, incluso durante<br />
el proceso de liquidación de cualquier entidad fiscalizada.<br />
c) Proponer al Consejo, para su aprobación, las normas que estime<br />
necesarias para el desarrollo de las labores de fiscalización y<br />
vigilancia.<br />
d) Disponer la inspección de las entidades y empresas comprendidas<br />
en su ámbito de fiscalización.<br />
e) Dictar las medidas correctivas y precautorias, así como las<br />
sanciones como consecuencia de las inspecciones o acciones de<br />
control practicadas legalmente, con excepción de las que por ley le<br />
corresponden al Consejo Nacional.<br />
f) Ordenar que se ajuste o corrija el valor contabilizado de los<br />
activos, los pasivos, el patrimonio y las demás cuentas<br />
extrabalance de las entidades fiscalizadas, así como cualquier otro<br />
registro contable o procedimiento, de conformidad con las leyes y<br />
las normas y procedimientos dictados por la Superintendencia o el<br />
Consejo.<br />
g) Con el propósito de instruir sumarias o procedimientos<br />
administrativos, tendientes a la aplicación de las sanciones<br />
establecidas en esta ley o en los informes que deba rendir, según<br />
la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, el Superintendente<br />
podrá hacer comparecer ante sí a personeros o empleados de las<br />
entidades fiscalizadas o a terceras personas que se presuma tengan<br />
conocimiento de los hechos investigados o la manera como se<br />
conducen los negocios de una entidad fiscalizada, para que<br />
expliquen aspectos que, en aras de la protección del orden público,<br />
sea necesario esclarecer acerca de una entidad fiscalizada, lo<br />
anterior de conformidad con el procedimiento previsto en esta ley.<br />
h) Solicitar al Consejo Nacional la intervención de las entidades<br />
supervisadas; también, ejecutar y realizar la supervisión del<br />
proceso de intervención.<br />
i) Informar, con carácter obligatorio e inmediato, al Consejo<br />
Nacional sobre los problemas de liquidez, solvencia o transgresión<br />
de las leyes o normas dictadas por el Banco Central o la<br />
Superintendencia, detectados en las entidades fiscalizadas. En<br />
forma trimestral, el Superintendente someterá a dicho Consejo un<br />
informe completo, en el cual calificará la situación económica y<br />
financiera de las entidades fiscalizadas, con base en los<br />
parámetros previamente definidos por el Consejo. En este informe,<br />
el Superintendente deberá indicar, explícitamente, cuales<br />
entidades, en su criterio, requieren mayor atención.<br />
j) Ejercer las potestades de máximo jerarca en materia<br />
administrativa y de personal. En su calidad de jerarca, deberá<br />
nombrar, contratar, promover, separar y sancionar al personal de la<br />
Superintendencia a su cargo y adoptar las demás medidas internas<br />
que correspondan a su funcionamiento. Tratándose del personal de<br />
la auditoría interna, el Superintendente deberá consultar al<br />
auditor interno. En materia de personal, el Superintendente agota<br />
la vía administrativa.<br />
k) Ordenar, a las entidades sujetas a la fiscalización de la<br />
Superintendencia, la publicación adicional de los estados<br />
financiados o cualquier otra información cuando, a su juicio, se<br />
requieran correcciones o ajustes sustanciales. Asimismo, ordenar la<br />
suspensión de toda publicidad errónea o engañosa.<br />
l) Proponer, al Consejo Nacional, las normas generales para el<br />
registro contable de las operaciones de las entidades fiscalizadas,<br />
así como para la confección y presentación de sus estados<br />
financieros y los anuales de cuentas, con el fin de que la<br />
información contable de las entidades refleje, razonablemente, su<br />
situación financiera. Al remitir los manuales de cuentas, la<br />
Superintendencia considerará las necesidades de información del<br />
Banco Central con respecto a los entes supervisados, cuando<br />
técnicamente sea posible.<br />
m) Recomendar, al Consejo Nacional, las normas generales para<br />
clasificar y calificar la cartera de créditos y los demás activos<br />
de las entidades fiscalizadas, para constituir las provisiones o<br />
reservas de saneamiento y para contabilizar los ingresos generados<br />
por los activos, con el fin de valorar, en forma realista, los<br />
activos de las entidades fiscalizadas y prever los riesgos de<br />
pérdidas. No obstante, el Consejo Nacional podrá dictar normas más<br />
flexibles, en relación con créditos por montos inferiores al límite<br />
que fije la Superintendencia.<br />
n) Proponer ante el Consejo Nacional las normas:<br />
i) Para definir los procedimientos que deberán aplicar<br />
las entidades fiscalizadas a fin de calcular su patrimonio.<br />
ii) Referentes a periodicidad, alcance, procedimientos y<br />
publicación de los informes de las auditorías externas de las<br />
entidades fiscalizadas, con el fin de lograr la mayor<br />
confiabilidad de estas auditorías. La Superintendencia podrá<br />
revisar los documentos que respalden las labores de las<br />
auditorías externas, incluso los documentos de trabajo y fijar<br />
los requisitos por incluir en los dictámenes o las opiniones<br />
de los auditores externos, que den información adecuada al<br />
público sobre los intermediarios financieros.<br />
iii) Aplicables a las auditorías internas de los entes<br />
fiscalizados, para que estas ejecuten debidamente las<br />
funciones propias de su actividad y velen porque estos entes<br />
cumplan con las normas legales y las ordenadas por el Banco<br />
Central y la Superintendencia.<br />
iv) Sobre las razones financieras de suficiencia patrimonial,<br />
así como la manera y el plazo en que las entidades<br />
fiscalizadas deben adecuarse a ellas; asimismo, debe velar por<br />
su estricto cumplimiento.<br />
v) Sobre la existencia de relaciones entre personas naturales<br />
o jurídicas o entre estas y las entidades fiscalizadas,<br />
necesarias para controlar los límites de las operaciones<br />
activas, fijados en esta ley o sus reglamentos.<br />
vi) Para promover la estabilidad, solvencia y transparencia de<br />
las operaciones de las entidades fiscalizadas, con el fin de<br />
salvaguardar los intereses de los depositantes, los usuarios<br />
de los servicios financieros y la colectividad en general.<br />
vii) Sobre la documentación e información mínimas que las<br />
entidades fiscalizadas deben mantener en las carpetas de<br />
créditos de sus clientes y suministrar a la Superintendencia,<br />
para garantizar una calificación objetiva de los deudores.<br />
Podrán dictarse normas más flexibles en relación con créditos<br />
por montos inferiores al límite que fije la Superintendencia.<br />
ñ) Las demás que le correspondan de conformidad con esta ley y sus<br />
reglamentos."<br />
Artículo 84.- Sustitución<br />
Sustitúyese la frase "Consejo Nacional" por la palabra<br />
"Superintendente" en el encabezado del inciso b) del artículo 134; en el<br />
acápite iv del inciso b) del artículo 134; en el artículo 154 y en el<br />
artículo 155 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, No. 7558,<br />
de 3 de noviembre de 1995.<br />
SECCIÓN IV<br />
MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE LA<br />
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL<br />
ARTÍCULO 85.- Reformas de la Ley No. 17, de 22 de octubre de 1943<br />
Refórmase la Ley Orgánica de la Caja Costarricense de Seguro Social,<br />
No. 17, de 22 de octubre de 1943, en las siguientes disposiciones:<br />
a) El artículo 1, cuyo texto dirá:<br />
"Artículo 1.-<br />
La institución creada para aplicar los seguros sociales<br />
obligatorios se llamará Caja Costarricense de Seguro Social y, para<br />
los efectos de esta ley y sus reglamentos, CAJA.<br />
La Caja es una institución autónoma a la cual le<br />
corresponde el gobierno y la administración de los seguros<br />
sociales. Los fondos y las reservas de estos seguros no podrán ser<br />
transferidos ni empleados en finalidades distintas de las que<br />
motivaron su creación. Esto último se prohíbe expresamente.<br />
Excepto la materia relativa a empleo público y salarios, la Caja no<br />
está sometida ni podrá estarlo a órdenes, instrucciones, circulares<br />
ni directrices emanadas del Poder Ejecutivo o la Autoridad<br />
Presupuestaria, en materia de gobierno y administración de dichos<br />
seguros, sus fondos ni reservas."<br />
b) El inciso 2 del artículo 6, cuyo texto dirá:<br />
"Artículo 6.-<br />
[...]<br />
2.- Ocho personas de máxima honorabilidad, que serán nombradas<br />
así:<br />
a) Dos representantes del Estado, de libre nombramiento<br />
del Consejo de Gobierno, quienes no podrán ser Ministros de<br />
Estado, ni sus delegados.<br />
b) Tres representantes del sector patronal.<br />
c) Tres representantes del sector laboral.<br />
Los miembros citados en los incisos b) y c) anteriores, se<br />
escogerán y designarán conforme a las siguientes reglas:<br />
1.- Los representantes del sector patronal y del sector<br />
laboral serán nombrados por el Consejo de Gobierno, previa<br />
elección efectuadas por dichos sectores, respetando los<br />
principios democráticos del país y sin que el Poder Ejecutivo<br />
pueda impugnar tales designaciones.<br />
2.- En cuanto a los representantes del sector patronal y<br />
laboral, corresponderá elegir y designar a un representante al<br />
movimiento cooperativo; un representante al movimiento<br />
solidarista y un representante al movimiento sindical. El<br />
proceso para elegir al representante del movimiento<br />
cooperativo será administrado, por el Consejo Nacional de<br />
Cooperativas con base en esta ley. El proceso para elegir a<br />
los tres representantes del sector patronal será administrado,<br />
por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la<br />
Empresa Privada conforme a la presente ley.<br />
3.- La Junta Directiva de la Caja convocará con antelación<br />
suficiente a los sectores para que inicien el proceso de<br />
elección. El Poder Ejecutivo dispondrá reglamentariamente los<br />
procedimientos por aplicar a los procesos de elección, en los<br />
cuales solo podrán participar las organizaciones o los entes<br />
debidamente inscritos y organizados de conformidad con la ley.<br />
Las elecciones se realizarán en Asambleas de Representantes<br />
de los movimientos sindical, cooperativo, solidarista y<br />
patronal. Cada una deberá celebrarse por separado, observando<br />
las siguientes reglas:<br />
a) El peso de cada organización del movimiento laboral<br />
dentro del total de representantes se determinará en función<br />
del número de sus asociados afiliados al Seguro Social. Si se<br />
trata de organizaciones patronales, se establecerá en función<br />
del número de sus afiliados.<br />
b) En los procesos de elección, no podrán participar<br />
organizaciones ni entes morosos en sus obligaciones con la<br />
Caja Costarricense de Seguro Social.<br />
c) Los representantes deberán ser designados por sus<br />
respectivas organizaciones, mediante asambleas celebradas<br />
conforme a la ley.<br />
d) Las Asambleas de Representantes elegirán a los<br />
miembros de la Junta Directiva de la Caja referidos en este<br />
inciso, por mayoría absoluta de los miembros de cada Asamblea.<br />
Si una Asamblea de Representantes no se reúne, no se celebra<br />
dentro del plazo fijado reglamentariamente o no elige al<br />
miembro de Junta Directiva respectivo, el Consejo de Gobierno<br />
lo nombrará libremente. Si no es elegido por mayoría absoluta<br />
de la Asamblea de Representantes, el Consejo de Gobierno lo<br />
nombrará de una terna formada por los tres candidatos que<br />
obtuvieron la mayor cantidad de votos en la elección. El<br />
Consejo de Gobierno no podrá rechazar esta terna.<br />
4.- Los miembros de la Junta Directiva de la Institución que<br />
representen a los sectores laboral y patronal, serán nombrados<br />
por períodos de cuatro años y podrán ser reelegidos."<br />
c) El artículo 20, cuyo texto dirá:<br />
"Artículo 20.-<br />
Habrá un cuerpo de inspectores encargado de velar por el<br />
cumplimiento de esta ley y sus reglamentos. Para tal propósito,<br />
los inspectores tendrán carácter de autoridades, con los deberes y<br />
las atribuciones señalados en los artículos 89 y 94 de la Ley<br />
Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Para los<br />
efectos de esta ley, el Director de Departamento de Inspección de<br />
la Caja tendrá la facultad de solicitar por escrito, a la<br />
Tributación y a cualquier otra oficina pública, la información<br />
contenida en las declaraciones, los informes y los balances y sus<br />
anexos sobre salarios, remuneraciones e ingresos, pagados o<br />
recibidos por los asegurados, a quienes se les podrá recibir<br />
declaración jurada sobre los hechos investigados.<br />
Las actas que levanten los inspectores y los informes que<br />
rindan en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, deberán ser<br />
motivados y tendrán valor de prueba muy calificada. Podrá<br />
prescindirse de dichas actas e informes solo cuando exista prueba<br />
que revele su inexactitud, falsedad o parcialidad.<br />
Toda la información referida en este artículo tendrá<br />
carácter confidencial; su divulgación a terceros particulares o su<br />
mala utilización serán consideradas como falta grave del<br />
funcionario responsable y acarrearán, en su contra, las<br />
consecuencias administrativas, disciplinarias y judiciales que<br />
correspondan, incluida su inmediata separación del cargo."<br />
d) El artículo 22, cuyo texto dirá:<br />
"Artículo 22.-<br />
Los ingresos del Seguro Social se obtendrán, en el caso de<br />
los trabajadores dependientes o asalariados, por el sistema de<br />
triple contribución, a base de las cuotas forzosas de los<br />
asegurados, de los patronos particulares, el Estado y las otras<br />
entidades de Derecho Público cuando estos actúen como patronos,<br />
además, con las rentas señaladas en el artículo 24.<br />
Los ingresos del Seguro Social que correspondan a los<br />
trabajadores independientes o no asalariados se obtendrán mediante<br />
el sistema de cuotas establecido en el artículo 3 de esta ley."<br />
e) El artículo 39, cuyo texto dirá:<br />
"Artículo 39.-<br />
La Caja, en la inversión de sus recursos, se regirá por los<br />
siguientes principios:<br />
a) Deberán invertirse para el provecho de los afiliados,<br />
en procura del equilibrio necesario entre seguridad,<br />
rentabilidad y liquidez, de acuerdo con su finalidad y<br />
respetando los límites fijados por la ley.<br />
b) Los recursos de los fondos solo podrán ser invertidos<br />
en valores inscritos en el Registro Nacional de Valores e<br />
Intermediarios o en valores emitidos por entidades financieras<br />
supervisadas por la Superintendencia General de Entidades<br />
Financieras.<br />
c) Deberán estar calificados conforme a las<br />
disposiciones legales vigentes y las regulaciones emitidas por<br />
el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero.<br />
d) Deberán negociarse por medio de los mercados<br />
autorizados con base en la Ley Reguladora del Mercado de<br />
Valores o directamente en las entidades financieras<br />
debidamente autorizadas.<br />
e) Las reservas de la Caja se invertirán en las más<br />
eficientes condiciones de garantía y rentabilidad; en igualdad<br />
de circunstancias, se preferirán las inversiones que, al mismo<br />
tiempo, reporten ventajas para los servicios de la Institución<br />
y contribuyan, en beneficio de los asegurados, a la<br />
construcción de vivienda, la prevención de enfermedades y el<br />
bienestar social en general.<br />
Para la construcción de vivienda para asegurados, la Caja<br />
podrá destinar hasta un veinticinco por ciento (25%) a la compra de<br />
títulos valores del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y<br />
del Banco Hipotecario de la Vivienda. Además, para el uso de tales<br />
recursos, se autoriza a ambas instituciones para suscribir<br />
convenios de financiamiento con las asociaciones solidaristas y las<br />
cooperativas con el propósito de que otorguen créditos hipotecarios<br />
para vivienda a los asociados. Dentro de este límite, la Caja<br />
podrá otorgar préstamos hipotecarios para vivienda a los afiliados<br />
al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, siempre y cuando se<br />
realicen en condiciones de mercado.<br />
Los títulos valores adquiridos por la Caja deberán estar<br />
depositados en una central de valores autorizada según la Ley<br />
Reguladora del Mercado de Valores. Además, la Junta Directiva<br />
deberá establecer reglamentariamente el mecanismo de valoración de<br />
los títulos adquiridos, de tal forma que reflejen su verdadero<br />
valor de mercado."<br />
f) El artículo 40, cuyo texto dirá:<br />
"Artículo 40.-<br />
Los recursos de las reservas de la Caja no podrán ser<br />
invertidos en valores emitidos o garantizados por parientes hasta<br />
el segundo grado, por consanguinidad o afinidad, de los miembros de<br />
la Junta Directiva, gerentes o apoderados de los entes regulados, o<br />
por sociedades o empresas en las que cualesquiera de dichos<br />
parientes tengan, individualmente o en conjunto, participación<br />
accionaria superior al cinco por ciento (5%) o cualquier otra forma<br />
de control efectivo.<br />
En ningún caso, la Caja podrá realizar operaciones de<br />
caución o financieras que requieran constitución de prendas o<br />
garantías sobre el activo del fondo. La Junta Directiva<br />
reglamentará la figura del préstamo de valores en algunas<br />
operaciones de bajo riesgo, tales como el mecanismo de garantía de<br />
operaciones de la cámara de compensación y liquidación del mercado<br />
de valores. Asimismo, podrá autorizar determinadas operaciones con<br />
instrumentos derivados, a fin de realizar coberturas de riesgo de<br />
tasa de interés y de tipo de cambio.<br />
Los derechos societarios inherentes a las acciones de una<br />
sociedad anónima que pasen a formar parte de la inversión de la<br />
Caja, serán ejercidos por esta."<br />
g) El primer párrafo del artículo 41, cuyo texto dirá:<br />
"Artículo 41.-<br />
Podrán concederse préstamos al Gobierno, las<br />
municipalidades y otros organismos del Estado, siempre que el total<br />
de los otorgados a todas estas instituciones no exceda del veinte<br />
por ciento (20%) del monto de las inversiones, se respeten los<br />
parámetros de inversión establecidos en el artículo 39 de esta ley<br />
y se den garantías reales sobre bienes inmuebles no destinados a<br />
servicios públicos y sean productores de renta.<br />
[...]"<br />
h) El artículo 44, cuyo texto dirá:<br />
"Artículo 44.-<br />
Las siguientes transgresiones a esta ley serán sancionadas<br />
en la siguiente forma:<br />
a) Será sancionado con multa equivalente al cinco por<br />
ciento (5%) del total de los salarios, remuneraciones o<br />
ingresos omitidos, quien no inicie el proceso de<br />
empadronamiento previsto por el artículo 37 de esta ley,<br />
dentro de los ocho días hábiles siguientes al inicio de la<br />
actividad.<br />
b) Será sancionado con multa equivalente al monto de<br />
tres salarios base, quien:<br />
1.- Con el propósito de cubrir a costa de sus trabajadores la<br />
cuota que como patrono debe satisfacer, les rebaje sus<br />
salarios o remuneraciones.<br />
2.- No acate las resoluciones de la Caja relativas a la<br />
obligación de corregir transgresiones a la presente ley o sus<br />
reglamentos, constatadas por sus inspectores en el ejercicio<br />
de sus funciones. Las resoluciones deberán expresar los<br />
motivos que las sustentan, el plazo concedido para enmendar el<br />
defecto y la advertencia de la sanción a que se haría acreedor<br />
el interesado, de no acatarlas.<br />
3.- No deduzca la cuota obrera mencionada en el artículo 30 de<br />
esta ley, no pague la cuota patronal o que le corresponde como<br />
trabajador independiente.<br />
c) Será sancionado con multa de cinco salarios base<br />
quien no incluya, en las planillas respectivas, a uno o varios<br />
de sus trabajadores o incurra en falsedades en cuanto al monto<br />
de sus salarios, remuneraciones, ingresos netos o la<br />
información que sirva para calcular el monto de sus<br />
contribuciones a la seguridad social.<br />
De existir morosidad patronal comprobada o no haber sido<br />
asegurado oportunamente el trabajador, el patrono responderá<br />
íntegramente ante la Caja por todas las prestaciones y los<br />
beneficios otorgados a los trabajadores en aplicación de esta ley.<br />
En la misma forma responderán quienes se dediquen a actividades por<br />
cuenta propia o no asalariada, cuando se encuentren en estas mismas<br />
situaciones.<br />
Sin perjuicio de lo dicho en el párrafo anterior, la Caja<br />
estará obligada a otorgar la pensión y proceder directamente contra<br />
los patronos responsables, para reclamar el monto de la pensión y<br />
los daños y perjuicios causados a la Institución. El hecho de que<br />
no se hayan deducidos las cuotas del trabajador no exime de<br />
responsabilidad a los patronos. La acción para reclamar el monto<br />
de la pensión es imprescriptible e independiente de aquella que se<br />
establezca para demandar el reintegro de las cuotas atrasadas y<br />
otros daños y perjuicios ocasionados."<br />
i) El artículo 45, cuyo texto dirá:<br />
"Artículo 45.-<br />
Constituye retención indebida y, en consecuencia, se<br />
impondrá la pena determinada en el artículo 216 del Código Penal, a<br />
quien no entregue a la Caja el monto de las cuotas obreras<br />
obligatorias dispuestas en esta ley."<br />
j) El artículo 46, cuyo texto dirá:<br />
"Artículo 46.-<br />
Será sancionado con multa de cinco salarios base, el<br />
patrono que despida a sus trabajadores o tome represalias de<br />
cualquier clase contra ellos, para impedirles demandar el auxilio<br />
de las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento y la<br />
aplicación de la presente ley o sus reglamentos."<br />
k) El artículo 47, cuyo texto dirá:<br />
"Artículo 47.-<br />
Será sancionado con multa de cinco salarios base el<br />
encargado de pagar los recursos ordenados por esta ley, que se<br />
niegue a proporcionar los datos y antecedentes considerados<br />
necesarios para comprobar la corrección de las operaciones, oponga<br />
obstáculos infundados o incurra en retardo injustificado para<br />
suministrarlos."<br />
l) El artículo 48, cuyo texto dirá:<br />
"Artículo 48.-<br />
La Caja podrá ordenar, administrativamente, el cierre del<br />
establecimiento, local o centro donde se realiza la actividad<br />
cuando:<br />
a) La persona responsable o su representante se nieguen,<br />
injustificada y reiteradamente, a suministrar la información<br />
que los inspectores de la Caja Costarricense de Seguro Social<br />
le soliciten dentro de sus atribuciones legales. No se<br />
aplicará dicha medida si la información requerida se entrega<br />
dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la<br />
resolución en que se ordena el cierre.<br />
b) Cuando exista mora por más de dos meses en el pago de<br />
las cuotas correspondientes, siempre y cuando no medie ningún<br />
proceso de arreglo de pago o declaratorio de derechos entre el<br />
patrono y la Caja.<br />
El cierre del establecimiento, local o centro donde se<br />
realiza la actividad se hará mediante la colocación de sellos<br />
oficiales en puertas, ventanas y otros lugares de acceso al<br />
establecimiento. La destrucción de estos sellos acarreará la<br />
responsabilidad penal correspondiente.<br />
El cierre podrá ordenarse por un período máximo de cinco<br />
días, prorrogable por otro igual cuando se mantengan los motivos<br />
por los que se dictó. Para la imposición de esta medida y antes de<br />
su resolución y ejecución, la Caja deberá garantizarle al afectado<br />
el respeto de su derecho al debido proceso administrativo, conforme<br />
al artículo 55 de esta ley, que será normado mediante el reglamento<br />
respectivo."<br />
m) El artículo 49, cuyo texto dirá:<br />
"Artículo 49.-<br />
En todo procedimiento que pueda culminar con la imposición<br />
de una sanción en sede administrativa, se le concederá al<br />
interesado el derecho de defensa y se respetará el debido proceso<br />
antes de que se resuelva el asunto. Para efecto del cálculo del<br />
monto respectivo de las sanciones económicas aquí previstas, se<br />
entenderá por salario base el establecido por el artículo 2 de la<br />
Ley No. 7337.<br />
Las personas que resulten sancionadas administrativamente<br />
por infracción de las leyes y normas reguladoras de la seguridad<br />
social o incumplan los plazos reglamentarios definidos para el<br />
cumplimiento de sus obligaciones, estarán sujetas, además, al pago<br />
de las costas administrativas causadas. Asimismo, quienes no<br />
cancelen las cuotas correspondientes estarán sujetos al pago de los<br />
intereses de ley sobre el monto de las contribuciones adeudadas."<br />
n) El artículo 51, cuyo texto dirá:<br />
"Artículo 51.-<br />
Las personas jurídicas, las entidades o colectividades que<br />
constituyan una unidad económica, dispongan de patrimonio y<br />
autonomía funcional, aunque estas últimas tengan o no personalidad<br />
jurídica, responderán solidariamente por las acciones o las<br />
omisiones violatorias de esta ley, cometidas por los representantes<br />
en el ejercicio de sus funciones."<br />
ñ) El artículo 53, cuyo texto dirá:<br />
"Artículo 53.-<br />
Cuando la falta cometida implique perjuicio económico para<br />
la Caja, sin perjuicio de la sanción establecida<br />
administrativamente, el infractor deberá indemnizar a la<br />
Institución por los daños y perjuicios ocasionados y deberá,<br />
además, restituir los derechos violentados. Para ello, se adoptarán<br />
las medidas necesarias que conduzcan a esos fines y se procederá de<br />
conformidad con título VII, capítulo VII del Código de Trabajo.<br />
La certificación extendida por la Caja, mediante su<br />
Jefatura de Cobro Administrativo o de la sucursal competente de la<br />
Institución, cualquiera que sea la naturaleza de la deuda, tiene<br />
carácter de título ejecutivo, una vez firme en sede administrativa.<br />
Las deudas en favor de la Caja tendrán privilegio de pago<br />
en relación con los acreedores comunes, sin perjuicio de los<br />
privilegios mayores conferidos por otras normas. Este privilegio<br />
es aplicable en los juicios universales y en todo proceso o<br />
procedimiento que se tramite contra el patrimonio del deudor."<br />
o) El artículo 54, cuyo texto dirá:<br />
"Artículo 54.-<br />
Cualquier persona podrá denunciar ante la Caja o sus<br />
inspectores, las infracciones cometidas contra esta ley y sus<br />
reglamentos. En los procesos que se tramiten para el juzgamiento<br />
de faltas contra la presente ley y sus reglamentos, los tribunales<br />
de trabajo deberán tener siempre como parte a la Caja, a la cual se<br />
le dará traslado de la acción en su Dirección Jurídica. Bastará<br />
para probar la personería con que actúan los abogados de la<br />
institución, la cita de La Gaceta en que se haya publicado su<br />
nombramiento.<br />
Las organizaciones de trabajadores o patronos y los<br />
asegurados, en general, tendrán el derecho de solicitar a la Junta<br />
Directiva de la Caja, y esta les dará acceso, a toda la información<br />
que soliciten, en tanto no exista disposición legal alguna que<br />
resguarde la confidencialidad de lo solicitado. Tendrán acceso a<br />
lo siguiente:<br />
1.- Información sobre la evolución general de la situación<br />
económica, financiera y contable de la Institución, su<br />
programa de inversiones y proyecciones acerca de la evolución<br />
probable de la situación económico-financiera de la Caja y los<br />
niveles de cotización, sub-declaración, cobertura y morosidad.<br />
2.- Información sobre las medidas implementadas para el<br />
saneamiento y mejoramiento económico-financiero de la<br />
institución, así como las medidas concretas y sus efectos en<br />
materia de cotización, sub-declaración, cobertura y morosidad.<br />
3.- Información estadística que fundamente la información<br />
indicada en los incisos anteriores.<br />
La información mencionada en los incisos anteriores deberá<br />
estar disponible al menos semestralmente."<br />
p) El artículo 55, cuyo texto dirá:<br />
"Artículo 55.-<br />
Las controversias suscitadas por la aplicación del Régimen<br />
de Invalidez, Vejez y Muerte y las promovidas por la aplicación de<br />
las leyes y los reglamentos por parte del Servicio de Inspección o<br />
contra él, serán substanciadas y resueltas por el despacho<br />
correspondiente y contra lo que este Servicio decida, cabrá recurso<br />
de apelación ante la Gerencia de División correspondiente, siempre<br />
que se interponga ante la oficina que dictó la resolución, dentro<br />
de los tres días hábiles posteriores a la notificación respectiva.<br />
El pronunciamiento deberá dictarse dentro de los veinte días<br />
hábiles siguientes a la fecha en que se promovió el recurso.<br />
Las demás controversias que se promuevan con motivo de la<br />
aplicación de esta ley o sus reglamentos, serán substanciadas y<br />
resueltas por la Gerencia de División respectiva. Contra lo que<br />
esta decida, cabrá recurso de apelación ante la Junta Directiva, el<br />
cual deberá interponerse ante la misma Gerencia de División que<br />
dictó la resolución impugnada, dentro de los tres días hábiles<br />
siguientes a la notificación. El pronunciamiento de la Junta<br />
Directiva deberá dictarse dentro de los veinte días siguientes a<br />
aquél en que se planteó el recurso.<br />
Cada Gerente de División conocerá de los asuntos atinentes<br />
a su competencia, según la materia de que se trate. Si alguno<br />
estima que un caso no le corresponde, lo remitirá de oficio sin más<br />
trámite a la División respectiva. El plazo para impugnar ante los<br />
tribunales las resoluciones firmes que dicte la Caja será de seis<br />
meses."<br />
q) El párrafo segundo del artículo 74, cuyo texto dirá:<br />
"Artículo 74.-<br />
[...]<br />
Corresponderá al Ministro de Hacienda la obligación de<br />
presupuestar, anualmente, las rentas suficientes que garanticen la<br />
universalización de los seguros sociales y ordenar, en todo caso,<br />
el pago efectivo y completo de las contribuciones adeudadas a la<br />
Caja por el Estado, como tal y como patrono. El incumplimiento de<br />
cualquiera de estos deberes acarreará en su contra las<br />
responsabilidades de ley. Penalmente esta conducta será sancionada<br />
con la pena prevista en el artículo 330 del Código Penal.<br />
Los patronos y las personas que realicen total o<br />
parcialmente actividades independientes o no asalariadas, deberán<br />
estar al día en el pago de sus obligaciones con la Caja<br />
Costarricense de Seguro Social, conforme a la ley. Para realizar<br />
los siguientes trámites administrativos, será requisito estar al<br />
día en el pago de las obligaciones de conformidad con el artículo<br />
31 de esta ley.<br />
1.- La admisibilidad de cualquier solicitud administrativa de<br />
autorizaciones que se presente a la Administración Pública y<br />
esta deba acordar en el ejercicio de las funciones públicas de<br />
fiscalización y tutela o cuando se trate de solicitudes de<br />
permisos, exoneraciones, concesiones o licencias. Para<br />
efectos de este artículo, se entiende a la Administración<br />
Pública en los términos señalados en el artículo 1 tanto de la<br />
Ley General de la Administración Pública como de la Ley<br />
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.<br />
2.- En relación con las personas jurídicas, la inscripción de<br />
todo documento en los registros públicos mercantil, de<br />
asociaciones, de asociaciones deportivas y el Registro de<br />
Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad<br />
Social, excepto los expedidos por autoridades judiciales.<br />
3.- Participar en cualquier proceso de contratación pública<br />
regulado por la Ley de Contratación Administrativa o por la<br />
Ley de Concesión de Obra Pública. En todo contrato<br />
administrativo, deberá incluirse una cláusula que establezca<br />
como incumplimiento contractual, el no pago de las<br />
obligaciones con la seguridad social.<br />
4.- El otorgamiento del beneficio dispuesto en el párrafo<br />
segundo del artículo 5 de la Ley Orgánica de la Contraloría<br />
General de la República.<br />
5.- El disfrute de cualquier régimen de exoneración e<br />
incentivos fiscales. Será causa de pérdida de las<br />
exoneraciones y los incentivos fiscales acordados, el<br />
incumplimiento de las obligaciones con la seguridad social, el<br />
cual será determinado dentro de un debido proceso seguido al<br />
efecto.<br />
La verificación del cumplimiento de la obligación fijada en<br />
este artículo, será competencia de cada una de las instancias<br />
administrativas en las que debe efectuarse el trámite respectivo;<br />
para ello, la Caja deberá suministrar mensualmente la información<br />
necesaria. El incumplimiento de esta obligación por parte de la<br />
Caja no impedirá ni entorpecerá el trámite respectivo. De igual<br />
forma, mediante convenios con cada una de esas instancias<br />
administrativas, la Caja Costarricense de Seguro Social podrá<br />
establecer bases de datos conjuntas y sistemas de control y<br />
verificación que faciliten el control del cumplimiento del pago de<br />
las obligaciones con la seguridad social."<br />
SECCIÓN V<br />
REFORMAS PARA FINANCIAR EL RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO<br />
DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL<br />
ARTÍCULO 86.- Modificaciones a la Ley No. 7395<br />
Modifícase la Ley de Lotería, No. 7395, de 3 de mayo de 1994, en la<br />
siguiente forma:<br />
a) Adiciónanse los artículos 40 al 44, cuyos textos dirán:<br />
"Artículo 40.-<br />
La lotería electrónica de la Junta de Protección Social de<br />
San José será la única autorizada en el país. Consistirá en un<br />
juego de lotería emitida por medio de sistemas electrónicos.<br />
Artículo 41.-<br />
La lotería electrónica se venderá al público en las<br />
condiciones que garanticen mejor la seguridad económica de la<br />
Junta. En la búsqueda de este propósito podrá contratar, por plazos<br />
definidos, los canales de distribución que resulten adecuados para<br />
una mejor venta del producto, incluyendo a personas físicas y<br />
jurídicas en general, que cumplan los requisitos y las obligaciones<br />
que la Junta determine para tal propósito.<br />
Queda prohibida la instalación de negocios dedicados<br />
exclusivamente a estos propósitos, así como en bares, "pooles" y<br />
billares.<br />
Artículo 42.-<br />
El importe total del plan de premios para la lotería<br />
electrónica será de un cuarenta por ciento (40%) de los ingresos<br />
totales generados para cada sorteo; asimismo, se destinará a gastos<br />
administrativos un porcentaje, cuyo monto máximo lo determinará el<br />
Poder Ejecutivo mediante decreto. Los premios disponibles para<br />
cada sorteo que no sean acertados por el público, se acumularán<br />
para el sorteo subsiguiente, conforme lo decida el reglamento. Los<br />
premios disponibles en cada sorteo que, habiéndose determinado como<br />
acertados por el público y no sean cambiados al finalizar el<br />
período de caducidad, serán considerados premios prescritos y se<br />
regirán de acuerdo con el artículo 23 de esta ley.<br />
Artículo 43.-<br />
Las comisiones que la Junta pagará a los canales de venta<br />
al público, sobre la lotería electrónica, tanto a personas físicas<br />
como personas jurídicas en general, serán fijadas por dicha Junta y<br />
deberán ser iguales a las fijadas para la lotería tradicional.<br />
Artículo 44.-<br />
El noventa y cinco por ciento (95%) de la utilidad neta que<br />
obtenga la Junta por la lotería electrónica se destinará a<br />
financiar las pensiones del Régimen no Contributivo administrado<br />
por la Caja Costarricense de Seguro Social; el monto señalado<br />
deberá trasladarse en un plazo máximo de tres días posteriores a<br />
cada sorteo. El cinco por ciento (5%) restante se destinará al<br />
financiamiento de los programas sociales de la Junta."<br />
b) Se reforma el artículo 10, cuyo texto dirá:<br />
"Artículo 10.-<br />
La Junta podrá establecer las agencias y los canales de<br />
distribución necesarios para administrar y distribuir sus loterías<br />
e incluirá la venta directa al público por medio de personas<br />
físicas o jurídicas en general, cuando por razones de seguridad<br />
económica, o para evitar la especulación en precio, lo determine;<br />
asimismo, procurará también la presencia en todo el país de las<br />
loterías a los precios oficiales."<br />
ARTÍCULO 87.- Adiciones a la Ley No. 17, de 22 de octubre de 1943<br />
Adiciónanse a la Ley Orgánica de la Caja Costarricense de Seguro<br />
Social, No. 17, de 22 de octubre de 1943 y sus reformas, las siguientes<br />
disposiciones:<br />
a) Al artículo 3, un párrafo final cuyo texto dirá:<br />
"Artículo 3.-<br />
[...]<br />
Para los trabajadores independientes cuyo ingreso neto sea<br />
inferior al salario mínimo legal y que soliciten su afiliación al<br />
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, la cuota del<br />
Estado se incrementará con el fin de subsanar parcialmente la<br />
ausencia de la cuota patronal. Para tales efectos, se creará un<br />
programa especial permanente a cargo del Fondo de Desarrollo Social<br />
y Asignaciones Familiares."<br />
b) Al artículo 31, los siguientes párrafos finales:<br />
"Artículo 31.-<br />
[...]<br />
Créase el Sistema Centralizado de Recaudación, para llevar<br />
el registro de los afiliados, ejercer el control de los aportes al<br />
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, de Pensiones Complementarias,<br />
de Enfermedad y Maternidad; a los Fondos de Capitalización Laboral;<br />
además de las cargas sociales cuya recaudación ha sido encargada a<br />
la CCSS y cualquier otra que la ley establezca.<br />
Mediante decreto, el Poder Ejecutivo podrá encargar al<br />
Sistema Centralizado de Recaudación la recolección del impuesto de<br />
la renta establecido sobre los salarios. El Instituto Nacional de<br />
Seguros queda autorizado para recolectar por medio de este Sistema,<br />
las primas del seguro de riesgos del trabajo. El registro del<br />
Sistema Centralizado de Recaudación será administrado por la Caja.<br />
El Sistema Centralizado de Recaudación se regirá además por<br />
las siguientes disposiciones:<br />
a) La recaudación deberá ser efectuada por la Caja o por<br />
medio del sistema de pagos y transferencias del Sistema<br />
Financiero Nacional de manera tal que se garantice a los<br />
destinatarios finales, el giro de los recursos en forma<br />
directa.<br />
b) La Caja será responsable de realizar todas las<br />
gestiones administrativas y judiciales para controlar la<br />
evasión, subdeclaración o morosidad de los empleadores así<br />
como, de gestionar la recuperación de los aportes<br />
indebidamente retenidos por los patronos según lo establecido<br />
en la presente ley. Lo anterior, sin perjuicio de las<br />
gestiones que puedan realizar terceros de acuerdo con el<br />
artículo 564 del Código de Trabajo.<br />
El patrono girará las cuotas correspondientes a cada<br />
trabajador, dentro de un plazo hasta de veinte días naturales,<br />
siguientes al cierre mensual, por medio del sistema de recaudación<br />
de la Caja Costarricense de Seguro Social. Vencido dicho plazo, el<br />
patrono cancelará intereses conforme a la tasa básica pasiva<br />
calculada por el Banco Central, los cuales serán acreditados<br />
directamente a la cuenta de cada trabajador.<br />
El Régimen no Contributivo debe universalizar las pensiones<br />
para todos los adultos mayores en situación de pobreza y que no<br />
estén cubiertos por otros regímenes de pensiones. La pensión<br />
básica de quienes se encuentren en situación de extrema pobreza no<br />
deberá ser inferior a un cincuenta por ciento (50%), de la pensión<br />
mínima otorgada por vejez dentro del Régimen de Invalidez, Vejez y<br />
Muerte de la Caja. En los otros casos, la Caja definirá los montos<br />
correspondientes. En ambas situaciones, se atenderá en forma<br />
prioritaria a las personas adultas mayores amas de casa."<br />
c) Al artículo 39, tres párrafos finales cuyos textos dirán:<br />
"Artículo 39.-<br />
[...]<br />
Los fondos de reserva del Régimen de Invalidez, Vejez y<br />
Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social son propiedad de<br />
cotizantes y beneficiarios.<br />
La Superintendencia de Pensiones, sin perjuicio de sus<br />
obligaciones, contribuirá con la Junta Directiva a la definición de<br />
las políticas que afecten el funcionamiento del Régimen de<br />
Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja, sugiriendo todas las medidas<br />
garantes de la rentabilidad y la seguridad de los fondos de este<br />
Régimen.<br />
De igual forma, se crea un Comité de Vigilancia, integrado<br />
por representantes democráticamente electos por los trabajadores y<br />
los patronos, siguiendo el procedimiento del Reglamento respectivo.<br />
La Caja le rendirá un informe anual sobre la situación actual y<br />
proyectada del Régimen. El Superintendente de Pensiones también<br />
presentará un informe con una evaluación del presentado por la Caja<br />
al Comité de Vigilancia. Estos informes serán de conocimiento<br />
público y dicho Comité emitirá recomendaciones a la Junta Directiva<br />
de la Caja."<br />
SECCIÓN VI<br />
REFORMAS DEL CÓDIGO DE TRABAJO<br />
ARTÍCULO 88.- Reformas<br />
Refórmase el Código de Trabajo en las siguientes disposiciones:<br />
a) El artículo 29, cuyo texto dirá:<br />
"Artículo 29.-<br />
Si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye<br />
por despido injustificado, o algunas de las causas previstas en el<br />
artículo 83 u otra ajena a la voluntad del trabajador, el patrono<br />
deberá pagarle un auxilio de cesantía de acuerdo con las siguientes<br />
reglas:<br />
1. Después de un trabajo continuo no menor de tres meses ni<br />
mayor de seis, un importe igual a siete días de salario.<br />
2. Después de un trabajo continuo mayor de seis meses pero<br />
menor de un año, un importe igual a catorce días de salario.<br />
3. Después de un trabajo continuo mayor de un año, con el<br />
importe de días de salario indicado en la siguiente tabla:<br />
a) AÑO 1 19,5 días por año laborado.<br />
b) AÑO 2 20 días por año laborado o fracción superior a seis<br />
meses.<br />
c) AÑO 3 20,5 días por año laborado o fracción superior a<br />
seis meses.<br />
d) AÑO 4 21 días por año laborado o fracción superior a seis<br />
meses.<br />
e)AÑO 5 21,24 días por año laborado o fracción superior a<br />
seis meses.<br />
f) AÑO 6 21,5 días por año laborado o fracción superior a<br />
seis meses.<br />
g)AÑO 7 22 días por año laborado o fracción superior a seis<br />
meses.<br />
h) AÑO 8 22 días por año laborado o fracción superior a seis<br />
meses.<br />
i) AÑO 9 22 días por año laborado o fracción superior a seis<br />
meses.<br />
j) AÑO 10 21,5 días por año laborado o fracción<br />
superior a seis meses.<br />
k) AÑO 11 21 días por año laborado o fracción superior<br />
a seis meses.<br />
l) AÑO 12 20,5 días por año laborado o fracción<br />
superior a seis meses.<br />
m) AÑO 13 y siguientes 20 días por año laborado o fracción<br />
superior a seis meses.<br />
4. En ningún caso podrá indemnizar dicho auxilio de<br />
cesantía más que los últimos ocho años de relación laboral.<br />
5. El auxilio de cesantía deberá pagarse aunque el<br />
trabajador pase inmediatamente a servir a las órdenes de otro<br />
patrono.<br />
[...]"<br />
b) Los dos últimos párrafos del artículo 31, cuyos textos dirán:<br />
"Artículo 31.-<br />
[...]<br />
Cuando el patrono ejercite la facultad aludida en el<br />
párrafo anterior, además deberá pagar al trabajador, en el mismo<br />
momento de dar por concluido el contrato, el importe<br />
correspondiente a un día de salario por cada siete días de trabajo<br />
continuo ejecutado o fracción de tiempo menor, si no se hubiera<br />
ajustado dicho término; pero en ningún caso esta suma podrá ser<br />
inferior a tres días de salario.<br />
No obstante, si el contrato se ha estipulado por seis meses<br />
o más o la ejecución de la obra, por su naturaleza o importancia,<br />
deba durar este plazo u otro mayor, la referida indemnización<br />
adicional nunca podrá ser inferior a veintidós días de salario."<br />
c) El artículo 612, cuyo texto dirá:<br />
"Artículo 612.-<br />
Para el cobro de las multas establecidas en este Código,<br />
las instancias judiciales procederán conforme se dispone en el<br />
capítulo VII del título VII del presente Código. Una vez<br />
determinadas en sentencia firme las sanciones y obligaciones a las<br />
cuales el infractor haya sido condenado, se le dará un plazo de<br />
cinco días hábiles para cumplirlas.<br />
Las multas se cancelarán en uno de los bancos del Sistema<br />
Bancario Nacional, a la orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad<br />
Social, en una cuenta que el banco indicará al efecto. Dicho monto<br />
se incluirá en el presupuesto nacional de la República, para que se<br />
gire a favor de dicho Ministerio el que, a su vez, lo distribuirá<br />
en la siguiente forma:<br />
a) Un cincuenta por ciento (50%) del total recaudado en<br />
una cuenta especial a nombre de la Dirección Nacional de<br />
Inspección de Trabajo, con el fin de mejorar los sistemas de<br />
inspección.<br />
b) El cincuenta por ciento (50%) restante será<br />
transferido directamente a nombre del Régimen no Contributivo<br />
de la Caja Costarricense de Seguro Social.<br />
Prohíbese al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social<br />
disponer de estos fondos para crear nuevas plazas y contratar<br />
servicios personales."<br />
d) El artículo 614, cuyo texto dirá:<br />
"Artículo 614.-<br />
Establécese la siguiente tabla de sanciones, que será de<br />
aplicación para las personas físicas o jurídicas condenadas por<br />
haber incurrido en las faltas previstas en el artículo 608 de este<br />
Código:<br />
a) De uno a tres salarios base.<br />
b) De cuatro a siete salarios base.<br />
c) De ocho a once salarios base.<br />
d) De doce a quince salarios base.<br />
e) De dieciséis a diecinueve salarios base.<br />
f) De veinte a veintitrés salarios base.<br />
La denominación salario base utilizada en esta ley, debe<br />
entenderse como la contenida en el artículo 2 de la Ley No. 7337."<br />
SECCIÓN VII<br />
MODIFICACIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL<br />
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE<br />
ARTÍCULO 89.- Modificaciones<br />
Modifícase la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje<br />
(INA), Ley No. 6868, de 6 de mayo de 1983, en las siguientes disposiciones:<br />
a) Refórmanse los incisos a) y b) del artículo 15. Los textos<br />
dirán:<br />
"a) El uno coma cinco por ciento (1,5%) sobre el monto total de<br />
las planillas de salarios pagadas mensualmente por los patronos<br />
particulares de todos los sectores económicos cuando ocupen en<br />
forma permanente por lo menos a cinco trabajadores. Los patronos<br />
del sector agropecuario pagarán un cero coma cincuenta por ciento<br />
(0,50%) de ese monto total de sus planillas, siempre y cuando<br />
ocupen un número superior a diez trabajadores en forma permanente.<br />
b) El uno coma cinco por ciento (1,5%) sobre el monto total de sus<br />
planillas de salarios que deberán pagar mensualmente las<br />
instituciones autónomas, semi-autónomas y empresas del Estado."<br />
b) Adiciónase un último párrafo al artículo 15. El texto dirá:<br />
"[...]<br />
El Poder Ejecutivo, con excepción de la materia relativa al<br />
empleo público y los salarios, no podrá imponer, directa ni<br />
indirectamente, obligaciones, restricciones ni cargas financieras o<br />
fiscales especiales sobre el Instituto Nacional de Aprendizaje.<br />
Los superávit reales que resulten al final de cada ejercicio<br />
fiscal, deberán ser invertidos en el cumplimiento de las<br />
atribuciones que le confiere esta ley, en el período fiscal<br />
subsiguiente."<br />
SECCIÓN VIII<br />
DISPOSICIONES DEROGATORIAS<br />
ARTÍCULO 90.- Derogaciones:<br />
a) Los artículos del 2 al 32 del artículo 1 de la Ley No. 7523,<br />
Régimen Privado de Pensiones Complementarias y Reformas de la Ley<br />
Reguladora del Mercado de Valores y del Código de Comercio.<br />
b) El artículo 128 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa<br />
Rica, No. 7558, de 3 de noviembre de 1995.<br />
c) El artículo 5 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, No.<br />
7732, de 17 de diciembre de 1997.<br />
TÍTULO X<br />
DISPOSICIONES TRANSITORIAS<br />
TRANSITORIO I.-<br />
Los reglamentos, directrices y acuerdos emitidos por la<br />
Superintendencia en el momento de la entrada en vigencia de esta ley,<br />
mantendrán su plena vigencia mientras no sean modificados o sustituidos<br />
conforme a lo dispuesto en esta ley.<br />
TRANSITORIO II.-<br />
La Superintendencia de Pensiones someterá a la consideración del<br />
Consejo Nacional de Supervisión, durante los primeros seis meses a partir<br />
de la vigencia de esta ley, los proyectos o las modificaciones de<br />
reglamentos que le correspondan de acuerdo con esta ley.<br />
TRANSITORIO III.-<br />
Las operadoras registradas en la Superintendencia a la fecha de<br />
entrada en vigencia de esta ley, deberán cumplir las disposiciones legales<br />
en un plazo máximo de cuatro meses, antes de participar en la<br />
administración del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias.<br />
TRANSITORIO IV.-<br />
A partir de la vigencia de esta ley y hasta la entrada en<br />
funcionamiento del Sistema Centralizado de Recaudación, la Superintendencia<br />
de Pensiones realizará una campaña de información sobre el régimen de<br />
Pensiones Complementarias, el Fondo de Capitalización Laboral y los<br />
alcances de esta ley.<br />
TRANSITORIO V.-<br />
La fecha de inicio del Sistema Centralizado de Recaudación será en un<br />
plazo máximo de seis meses a partir de la fecha de vigencia de la presente<br />
ley.<br />
Exceptúase temporalmente a la Caja Costarricense de Seguro Social, de<br />
la obligatoriedad de la aplicación de los procedimientos establecidos por<br />
la Ley de la Contratación Administrativa, para adquirir aquellos<br />
materiales, bienes y servicios que, a juicio de la Junta Directiva,<br />
resulten indispensables para poner en funcionamiento el Sistema<br />
Centralizado de Recaudación establecido en el artículo 31 de la Ley de la<br />
CCSS. La Contraloría General de la República revisará, a posteriori, no<br />
sólo la legalidad, oportunidad, conveniencia y cumplimiento de los<br />
procedimientos aplicados, sino que también verificará el cumplimiento de<br />
los principios previstos en el ordenamiento de la contratación<br />
administrativa.<br />
Si a juicio de la Caja el Sistema no está en condiciones de iniciar<br />
sus funciones, solicitará al Poder Ejecutivo que mediante decreto, amplíe<br />
el plazo indicado hasta por un máximo de ciento ochenta días adicionales.<br />
TRANSITORIO VI.-<br />
A partir del cuarto mes de vigencia de esta ley, se aplicará lo<br />
dispuesto en su artículo 39.<br />
TRANSITORIO VII.-<br />
El pago de los aportes por parte de los patronos referidos en el<br />
artículo 3 y el inciso c) del artículo 13, correspondientes al régimen de<br />
capitalización laboral y al obligatorio de pensiones complementarias<br />
respectivamente, se iniciará a partir del primer día en que se cumpla el<br />
plazo determinado en el transitorio V de la presente ley.<br />
Para lo dispuesto en el inciso c) del artículo 13, se aplicará la<br />
siguiente gradualidad:<br />
a) Entre el día de vigencia del sistema hasta el primer año de<br />
vigencia de la ley: un uno coma veinticinco por ciento (1,25%).<br />
b) Durante el segundo año de vigencia de la ley: un uno coma<br />
cincuenta por ciento (1,50%).<br />
TRANSITORIO VIII.-<br />
El tres por ciento (3%) indicado en el artículo 3 de esta ley se<br />
conformará gradualmente y en forma proporcional, como sigue:<br />
a) Un uno por ciento (1%) del salario a partir del primer mes del<br />
inicio del sistema.<br />
b) Otro uno por ciento (1%) a partir del decimotercer mes del<br />
inicio del sistema.<br />
c) El uno por ciento (1%) restante para completar el tres por<br />
ciento (3%), a partir del vigésimo quinto mes del inicio del sistema.<br />
Si la planilla mensual pagada por un patrono no supera la suma<br />
equivalente a diez salarios mínimos, la gradualidad y proporcionalidad para<br />
alcanzar el tres por ciento (3%) establecido en el artículo 3 de esta ley,<br />
se aplicarán de la siguiente manera:<br />
a) Un cero coma cinco por ciento (0,5%) del salario a partir del<br />
primer mes del plazo fijado en el transitorio V de la presente ley.<br />
b) Un uno por ciento (1%) del salario a partir del primer año.<br />
c) Un uno coma cinco por ciento (1,5%) del salario a partir del<br />
segundo año.<br />
d) Un dos por ciento (2%) del salario a partir del tercer año.<br />
e) Un dos coma cinco por ciento (2,5%) del salario a partir del<br />
cuarto año.<br />
f) Un tres por ciento (3%) a partir del quinto año.<br />
Los porcentajes de gradualidad antes indicados son mínimos. Los<br />
patronos que lo deseen, podrán pagar porcentajes superiores o la totalidad<br />
del tres por ciento (3%) desde el momento de entrada en vigencia del<br />
sistema.<br />
TRANSITORIO IX.-<br />
La reforma del artículo 29 del Código de Trabajo ordenada en el<br />
artículo 88 de esta ley entra a regir el día de vigencia del sistema.<br />
Para los trabajadores con antigüedad acumulada al día de vigencia del<br />
sistema, que cesen en su relación de trabajo con derecho a cesantía de<br />
conformidad con la legislación vigente, se seguirán las siguientes reglas:<br />
a) Cuando el trabajador tenga menos de ocho años de servicio<br />
después de la vigencia del sistema, el patrono pagará un monto<br />
compuesto por la suma resultante de la indemnización por el tiempo<br />
servido antes de la vigencia de esta ley, según las reglas del artículo<br />
29 del Código de Trabajo que se modifica en esta ley, y por la<br />
indemnización correspondiente al tiempo servido con posterioridad a esa<br />
vigencia.<br />
b) Cuando el trabajador haya acumulado ocho años o más de servicio<br />
a partir de la vigencia del sistema, el patrono estará obligado a pagar<br />
únicamente la indemnización suscrita en el artículo 29 del Código de<br />
Trabajo, modificado por esta ley.<br />
Cuando la relación laboral se extinga durante los dos o cinco<br />
primeros años de vigencia de los fondos según sea el caso, el patrono<br />
deberá cancelar al fondo la diferencia existente entre el monto acreditado<br />
de conformidad con este transitorio, hasta completar el tres por ciento<br />
(3%) mensual de los salarios de dicho período.<br />
TRANSITORIO X.-<br />
Las tarifas correspondientes al seguro de riesgos del trabajo deberán<br />
adecuarse sectorialmente para reflejar los costos reales. El Instituto<br />
Nacional de Seguros, como administrador del seguro, reglamentará los<br />
recargos y las bonificaciones a las primas y multas de las empresas en<br />
función de los costos por siniestros y la frecuencia de los costos por<br />
accidentes.<br />
También, el Instituto establecerá un sistema de premios por el<br />
cumplimiento de las medidas de seguridad o la baja frecuencia de<br />
accidentes. Cuando no se adopten las medidas preventivas dictadas por la<br />
administración del seguro de riesgos del trabajo, se procederá con tal<br />
recargo en el porcentaje referido en el artículo 215 del Código de Trabajo<br />
dividido en veinticuatravos, para el primero y segundo año de<br />
incumplimiento, hasta alcanzar el máximo en el tercer año de mantenerse<br />
esta condición. Este recargo a la prima se elimina a partir del momento en<br />
que el Instituto compruebe, por medio de las autoridades competentes, el<br />
cumplimiento de las gestiones preventivas en la empresa.<br />
Como resultado de la aplicación de las medidas anteriores, el<br />
Instituto Nacional de Seguros deberá reducir la prima promedio para las<br />
empresas del sector privado en el equivalente de un uno por ciento (1%) al<br />
menos de las planillas de salarios aseguradas, una vez cumplidos los plazos<br />
del transitorio V de esta ley, en la siguiente forma:<br />
a) La reducción será de un cero coma setenta y cinco por ciento<br />
(0,75%) en el período comprendido entre la vigencia del sistema y el<br />
primer año de vigencia de la ley.<br />
b) Después del primer año de vigencia de la ley, la reducción será<br />
del uno por ciento (1%).<br />
Mientras no exista un órgano especializado en la supervisión de<br />
seguros, la Superintendencia de Pensiones supervisará únicamente el<br />
funcionamiento del régimen de riesgos del trabajo administrado por el<br />
Instituto Nacional de Seguros. Con respecto a este régimen, la<br />
Superintendencia vigilará el cumplimiento de este transitorio. Para tales<br />
efectos, el Instituto deberá prestar toda la colaboración a la<br />
Superintendencia y acatar sus disposiciones.<br />
TRANSITORIO XI.-<br />
En tanto no exista un órgano regulador y supervisor en materia de<br />
seguros, la Superintendencia se encargará de aprobar los contratos que se<br />
celebren entre las operadoras y las compañías aseguradoras autorizadas.<br />
TRANSITORIO XII.-<br />
Los trabajadores independientes se afiliarán a la CCSS en forma<br />
gradual durante los primeros cinco años a partir de la vigencia de la<br />
presente ley.<br />
TRANSITORIO XIII.-<br />
Los afiliados al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias que<br />
se pensionen dentro de los diez años siguientes a la vigencia de esta ley,<br />
podrán retirar la totalidad de los fondos acumulados en sus cuentas en el<br />
momento de pensionarse.<br />
TRANSITORIO XIV.-<br />
La reforma de los incisos a) y b) del artículo 15 de la Ley Orgánica<br />
del Instituto Nacional de Aprendizaje, No. 6868, de 6 de mayo de 1983 y la<br />
adición de un párrafo a este mismo artículo, entrarán a regir en la misma<br />
fecha de vigencia del sistema.<br />
TRANSITORIO XV.-<br />
Para los afiliados a un plan colectivo o individual de fideicomiso,<br />
que deseen participar en el Régimen Voluntario de Pensiones<br />
Complementarias y Ahorro Voluntario, trasladando la totalidad o parte de<br />
los recursos acumulados en el fideicomiso, se les respetará la antigüedad<br />
acumulada y las demás condiciones establecidas en los contratos<br />
respectivos.<br />
TRANSITORIO XVI.-<br />
La suma fijada en el artículo 76 de esta ley se conformará<br />
paulatinamente, como mínimo, en la siguiente forma:<br />
a) Durante el primer año de vigencia de la ley: mil millones de<br />
colones (¢1.000.000.000,00).<br />
b) Durante el segundo año de vigencia de la ley: dos mil millones<br />
de colones (¢2.000.000.000,00).<br />
c) Durante el tercer año de vigencia de la ley: tres mil millones<br />
de colones (¢3.000.000.000,00).<br />
TRANSITORIO XVII.-<br />
Sobre el primer traslado del ahorro del Banco Popular a las cuentas<br />
individuales del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias<br />
establecido en el inciso a) del artículo 13 de esta ley, no se le aplicarán<br />
los límites establecidos en el párrafo final de dicho artículo.<br />
TRANSITORIO XVIII.-<br />
La Caja formulará dentro de los seis meses siguientes, contados a<br />
partir de la entrada en vigencia de esta ley, un plan de universalización<br />
de la cobertura del seguro social, en el que deberá establecer un<br />
cronograma con objetivos anuales cuantificables que deberán ser verificados<br />
y evaluados por el Sistema Nacional de Evaluación, del Ministerio de<br />
Planificación Nacional y Política Económica.<br />
Rige a partir de su publicación.<br />
Asamblea Legislativa.- San José, a los veinticuatro días del mes de<br />
enero del año dos mil.<br />
COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO<br />
Carlos Vargas Pagán<br />
PRESIDENTE<br />
Manuel Ant. Bolaños Salas Rafael Ángel<br />
Villalta Loaiza<br />
PRIMER SECRETARIO SEGUNDO SECRETARIO<br />
Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los dieciséis<br />
días del mes de febrero de dos mil.<br />
Ejecútese y publíquese<br />
MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA<br />
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social,<br />
Víctor Morales Mora y el Arzobispo<br />
Metropolitano de la Arquidiócesis de San<br />
José, Monseñor Román Arrieta Villalobos,<br />
quien firma como testigo de honor.<br />
(Este último párrafo que incluye el nombre del<br />
ministro y<br />
arzobispo que firman la presente ley, fue reformado<br />
a<br />
través de fe de erratas publicada en La Gaceta Nº<br />
61, de 27<br />
de marzo de 2000.)<br />
_________________________________________________________________________<br />
Actualizada al: 14-06-2005<br />
Sanción: 16-02-2000<br />
Publicación: 18-02-2000 Gaceta Nº 35 Alcance Nº 11<br />
Rige: A partir de su publicación, con las salvedades indicadas<br />
en sus<br />
disposiciones Transitorias.<br />
LMRF (2ª rev.)<br />
ANB. (1ª rev.)
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