Ley 7952

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NORMAS DE EJECUCIÓN ARTÍCULO 7.- Establécense las siguientes regulaciones para ejecutar, controlar y evaluar Io dispuesto en los artículos anteriores. Tendrán vigencia, exclusivamente, durante eI ejercicio económico del año 2000. SECCIÓN I AUTORIZACIONES A. AUTORIZACIÓN AL PODER EJECUTIVO Autorización para recodificar 1. Autorízase aI Poder Ejecutivo para que, mediante decreto elaborado por Ia Oficina de Presupuesto Nacional y con Ia aprobación de Ia Contraloría General de Ia República, recodifique los presupuestos ordinarios y extraordinarios, según Ia codificación general vigente. Autorización para comprometer automáticamente las transferencias Autorízase aI Poder Ejecutivo para que automáticamente comprometa, con Ia carga inicial de Ia Ley de Presupuesto Ordinario y sus modificaciones, los créditos presupuestarios por concepto de transferencias, título 124 Servicio de la Deuda Pública y alquileres. Autorización para revalidar automáticamente los saldos provenientes de recursos externos 3. Autorízase aI Poder Ejecutivo para que, en forma automática revalide, según el criterio técnico de Ia Oficina de Presupuesto Nacional y en consulta con las unidades ejecutoras de los respectivos programas, los saldos disponibles y compromisos pendientes de los recursos del crédito público y de las donaciones incluidas en eI presupuesto nacional, que aI 31 de diciembre de 1999 hayan quedado en esas condiciones. La Oficina de Presupuesto Nacional, con Ia aprobación de Ia Contraloría General de Ia República, elaborará durante eI segundo trimestre del año 2000 eI correspondiente decreto ejecutivo, previa certificación sobre Ia efectividad de esos recursos y los generados por eI diferencial cambiario, que la Contabilidad Nacional emitirá para eI efecto, a más tardar eI 30 de marzo anterior. De ser necesario, en este decreto se desincorporarán los recursos rescindidos, inutilizables o vencidos. Para los efectos anteriores, se autoriza al Poder Ejecutivo para que incluya en dicho decreto ejecutivo en el artículo 1 de Ia presente Iey, a fin de incorporar las fuentes de financiamiento que respaldan Ia revalidación automática de los saldos disponibles y los compromisos pendientes enunciados en eI párrafo anterior. Autorización para eI pago de revaloraciones salariales 4. Autorízase aI Poder Ejecutivo, las instituciones adscritas a él, las dependencias administradoras de regímenes de pensiones con cargo al presupuesto nacional, las instituciones del Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y las instituciones descentralizadas que reciban recursos por medio del presupuesto nacional, para que cubran los rubros de servicios personales, partidas de sueldos y pensiones autorizadas en Ia presente ley y los presupuestos de estas instituciones, eI pago de las revaloraciones salariales que se acuerden por el incremento en el costo de la vida y las revaloraciones resueltas por el Servicio Civil y la Autoridad Presupuestaria, para los semestres primero y segundo del año 2000. Autorización para modificar Ia programación presupuestaria 5. Facúltase al Poder Ejecutivo, para que, mediante decreto elaborado por el Ministerio de Hacienda, modifique las actividades presupuestarias y Ia respectiva distribución de costos por actividad, mostrada en esta ley, en razón de haberse producido cambios en los procesos productivos oportunamente comunicados y justificados por las instituciones. La nueva distribución de costos por actividad no sobrepasará el monto asignado en esta ley para el programa o subprograma afectado por los cambios. Autorización para efectuar traslados y modificaciones 6. Facúltase aI Poder Ejecutivo para que, mediante decreto elaborado por el Ministerio de Hacienda, realice lo siguiente: a) Traspase, dentro de cada programa, recursos entre las subpartidas y cree las subpartidas necesarias dentro del título 124, Servicio de Ia Deuda Pública. b) Traslade, previa autorización de Ia Contraloría General de Ia República, los sobrantes de las partidas de servicios personales y sus correspondientes cargas sociales de los programas presupuestarios y los regímenes de pensiones cargados al presupuesto nacional, aI servicio de Ia deuda pública, a las partidas para pagar pensiones y prestaciones Iegales con cargo al Gobierno central o al pago por servicios personales en los programas presupuestarios que muestren faltantes. Dicho traslado podrá efectuarse también a Ia inversa. 7. Autorízase aI Poder Ejecutivo para que, con Ia finalidad de adecuar los recursos presupuestarios a Ia programación, a partir del segundo trimestre del año, mediante decreto ejecutivo preparado por Ia Oficina de Presupuesto Nacional y previa autorización de Ia Contraloría General de Ia República, se ordenen dentro de un mismo programa o subprograma, traspasos entre los gastos autorizados en Ia presente Iey. Asimismo, sin modificar eI monto de los recursos asignados al programa, podrán reordenarse traspasos por medio de Ia creación de un nuevo tipo de gasto, cuando resulte indispensable para conseguir los objetivos y las metas de producción establecidos por cada programa o subprograma presupuestario. Sin embargo, para lo anterior se atenderán las siguientes restricciones: a) No se autorizarán rebajas en las subpartidas de gasto, cuyo saldo disponible no sea certificado por el oficial presupuestal de Ia institución. b) No se rebajarán las partidas destinadas a cubrir servicios personales excepto lo dispuesto en el inciso b) de Ia norma anterior; tampoco transferencias que incluyan pago de salarios. c) No podrán rebajarse las subpartidas de alquileres de edificios y terrenos, alquiler de equipo electrónico, telecomunicaciones y energía eléctrica. Como excepción, Ia subpartida destinada a gasolina solo podrá rebajarse para aumentar Ia de diesel o viceversa. d) No podrán rebajarse las subpartidas destinadas a pagar cuentas pendientes de ejercicios anteriores ni las destinadas a Ia ejecución de obras inconclusas de carácter prioritario. e) No podrá rebajarse Ia subpartida de productos alimenticios de los Ministerios de Seguridad Pública y de Justicia y Gracia. f) Tampoco podrán aumentarse mediante decreto ejecutivo las sumas autorizadas en esta Iey para gastos de representación, artículos y gastos para recepciones, gastos de viaje al exterior y gastos de transporte de o para eI exterior y asignaciones globales. Las solicitudes de traspaso entre partidas de un mismo programa o subprograma, sin perjuicio de las disposiciones internas que determine el superior jerárquico de Ia institución, deben presentarse por escrito, firmadas por el jefe del programa o el subprograma, según corresponda, y autorizadas por eI superior jerárquico de Ia institución. Dichas solicitudes deberán ser acompañadas por una certificación de los saldos disponibles en las subpartidas afectas, firmada por eI oficial presupuestal, las justificaciones correspondientes y Ia reprogramación de objetivos, actividades, productos, metas de producción y Ia redistribución de costos por actividad, cuando alguno de estos elementos se afecte con los traspasos. Se autoriza eI traslado de partidas entre subprogramas, con las excepciones aquí contenidas, siempre y cuando estas modificaciones presupuestarias no afecten eI monto total del presupuesto asignado aI programa mediante Ia presente Iey. Los traspasos citados podrán efectuarse en cualquier momento, para atender situaciones de emergencia o calamidad pública, previamente declaradas por eI Poder Ejecutivo. 8. Autorízase al Poder Ejecutivo para que, mediante decreto ejecutivo elaborado por eI Ministerio de Hacienda a solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones, efectúe traspasos entre las partidas correspondientes aI Tribunal, sin exceder del monto total de cada programa presupuestario. Sin embargo, no se rebajarán las partidas destinadas a cubrir servicios personales y prestaciones legales. Asimismo, sin modificar eI monto de los recursos asignados al programa, podrán reordenarse traspasos mediante Ia creación de un nuevo tipo de gasto, cuando resulte indispensable para una mejor ejecución. Además, se autoriza eI traslado de partidas entre subprogramas, siempre y cuando dichas modificaciones presupuestarias no afecten eI monto total del presupuesto asignado ni el equilibrio entre las fuentes de financiamiento, conforme a las normativas vigentes. Para estos efectos, eI oficial presupuestal certificará el saldo efectivamente disponible de las subpartidas que se rebajen. 9. Autorízase aI Poder Ejecutivo para que, mediante decreto elaborado por eI Ministerio de Hacienda y cuando así Io determinen las Ieyes de los convenios, las enmiendas de estos o las cartas de entendimiento en tal sentido, se permita cualquier tipo de traspaso en los programas financiados con recursos provenientes de crédito externo o donaciones. Autorización para la creación de un fondo rotatorio 10. Autorízase al Poder Ejecutivo para constituir, en Ia Proveeduría Nacional, un fondo rotatorio hasta de cien millones de colones (¢100.000.000,00), cuyos recursos servirán para atender, oportunamente, las demandas de suministros y materiales de uso común y continuo de Ia Administración Pública. El fondo se administrará mediante una cuenta corriente especial, en un banco del Estado, contra Ia que solo podrán girarse cheques con las firmas del Ministro de Hacienda o de un representante designado por él y del Proveedor Nacional. Periódicamente y con intervalos máximos de seis meses, Ia auditoría interna del Ministerio de Hacienda realizará un estudio de auditoría para evaluar Ia eficiencia con que se ha administrado dicho fondo y emitirá un informe con las recomendaciones que considere necesarias, a fin de garantizar eI buen funcionamiento del fondo y el uso óptimo de los recursos públicos. La Proveeduría Nacional no proporcionará los materiales ni los suministros adquiridos con los recursos de ese fondo, hasta el momento en que las solicitudes de mercancías se encuentren debidamente aprobadas y tramitadas por las oficinas respectivas. Fondo para el Poder Judicial 11.- El Poder Judicial constituirá para su funcionamiento un fondo rotatorio, con el objeto de facilitar la adquisición de materiales, mercaderías y servicios, por el monto establecido en la Ley de la Contratación Administrativa para las compras directas de carácter indispensable y urgente, así como para atender el pago de salarios del personal que ingresa al servicio judicial, durante el tiempo que demore el trámite de formalización y pago efectivo, por medio del sistema de pagos de la Dirección General de Informática. El monto autorizado será de cincuenta millones de colones, (¢50.000.000,oo) y podrá incrementarse hasta ciento cincuenta millones de colones (¢150.000.000.oo). Cualquier modificación del reglamento del fondo rotatorio, incluso la creación de subfondos rotatorios y la definición del monto de operación, corresponderá a la Corte Plena. Este fondo se manejará en una cuenta corriente en un banco del Estado, contra la cual solo podrán girar cheques u órdenes de pago con las firmas de los funcionarios que determine la Corte Plena, mediante reglamento. Corresponde a la auditoría judicial llevar el control del fondo. La Contraloría General de la República, periódicamente y con intervalos máximos de seis meses, efectuará una auditoría para evaluar la eficiencia con que se ha administrado dicho fondo y emitirá las recomendaciones que considere necesarias, a fin de garantizar su buen funcionamiento y el uso óptimo de los recursos públicos. Autorización para crear de un fondo rotatorio en la Asamblea Legislativa 12. El Poder Ejecutivo constituirá, por medio de Ia Tesorería Nacional, un fondo rotatorio para eI funcionamiento de Ia Asamblea Legislativa, con el objeto de facilitar Ia adquisición de materiales y servicios, por el monto fijado en el reglamento de Ia contratación administrativa para las compras directas. El monto autorizado para adquirir los bienes y servicios será de diez millones de colones (¢10.000.000,oo). Este fondo se administrará en un banco del Estado, en una cuenta corriente contra Ia cual solo podrán girarse cheques contra las firmas de los funcionarios que el Directorio Legislativo determine mediante reglamento. Corresponderá al Departamento Financiero de Ia Asamblea Legislativa llevar eI control del fondo rotatorio. La Contraloría General de Ia República, periódicamente y con intervalos máximos de seis meses, efectuará una auditoría para evaluar Ia eficiencia con que se ha administrado dicho fondo y emitirá las recomendaciones que considere necesarias, a fin de garantizar el buen funcionamiento del fondo y el uso óptimo de los recursos públicos. Para Ia operación del fondo rotatorio, Ia Asamblea Legislativa dictará un reglamento que deberá ser elaborado por el Departamento Financiero y aprobado por el Directorio Legislativo. SECCIÓN II REGULACIONES ADMINISTRATIVAS A. REGULACIONES SOBRE EL PERSONAL Y LA RELACIÓN DE PUESTOS Servicios Especiales 13. Los sueldos del personal pagado por medio de Ia subpartida de servicios especiales de los ministerios, no podrán ser superiores a los que devenga eI personal incorporado en el Régimen del Servicio Civil por eI desempeño de funciones similares. Además, el personal pagado por servicios especiales deberá cumplir con los requisitos del citado Régimen. Los nombramientos deberán ajustarse a Io indicado en Ia relación de puestos de cada ministerio o en Ia clasificación de Ia Dirección General de Servicio Civil. La relación de puestos de servicios especiales podrá modificarse, siempre que sea dentro del mismo programa y mediante decreto ejecutivo por eI Ministerio de Hacienda. 14. Los sueldos del personal pagado por Ia subpartida de servicios especiales de Ia Defensoría de los Habitantes de Ia República, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, no podrán ser superiores a los contenidos en el índice salarial vigente de cargos fijos de cada una de estas instituciones, para puestos con funciones similares. 15. Mensualmente, Ia Junta Administrativa del Registro Nacional depositará, en el fondo general del gobierno, los recursos necesarios para cubrir los gastos contenidos en Ia presente ley y sus modificaciones, por servicios personales, cargas sociales y otros extremos salariales de los funcionarios nombrados al amparo del Decreto Ejecutivo N° 16697-J, publicado en La Gaceta Nº 229, de 29 de noviembre de 1985, y reformado por los Decretos Ejecutivos N° 17012- J, de 15 de mayo de 1986; N° 17729-J, de 11 de setiembre de 1987; N° 18637- J, de 25 de noviembre de 1988; N° 18801-J, de 10 de febrero de 1989 y N° 19361-J, de 20 de diciembre de 1989. Modificaciones a las Relaciones de Puestos 16. Autorízase al Poder Ejecutivo para que, por medio del Ministerio de Hacienda, aplique en Ia relación de puestos de Ia presente ley, las modificaciones de los salarios de cada una de las clases de puestos contenidas en ella, producto de la revaloración por costo de vida, resuelta por Ia Dirección General de Servicio Civil, Ia Autoridad Presupuestaria y los ajustes de salario que se deriven de ellas. Para este fin, se utilizarán los recursos indicados en las coletillas N° 82 y 83, según corresponda, incluidas en las relaciones de puestos de cada programa presupuestario. 17. El Poder Ejecutivo, a solicitud del Ministro de Educación Pública y mediante decreto confeccionado por los Ministerios de Hacienda y de Educación Pública, podrá modificar la relación de puestos de cargos fijos de los centros educativos de los subprogramas presupuestarios: 01-Enseñanza Preescolar, I y II Ciclos, 02-Tercer Ciclo y Educación Diversificada Académica, 03-Tercer Ciclo y Educación Diversificada Técnica, 04-Enseñanza Especial y 05-Educación para Jóvenes y Adultos, todos contenidos en el programa presupuestario 573-Implementación de la Política Educativa, considerando que: a) Fluctúe la matrícula de los centros educativos. b) Las condiciones de cada centro educativo ameriten ampliar la nómina de personal administrativo, administrativo-docente, técnico- docente y docente. c) Los cambios sean necesarios para dar continuidad a los programas prioritarios de la Administración (Informática educativa, idioma extranjero, escuelas de excelencia y mejoramiento de la educación secundaria). d) Se necesite crear nuevos centros educativos para ampliar la cobertura de la educación en los diferentes niveles de enseñanza. e) La ampliación de la oferta educativa de los centros educativos y la emisión de un acuerdo de la Comisión Nacional de Nomenclatura ameriten cambiarles el nombre a las instituciones educativas. Para efectuar dichas modificaciones en la relación de puestos de cargos fijos de los centros educativos, será posible trasladar puestos y lecciones entre los centros educativos siempre que: i. El número de plazas y lecciones que se aumentan sea igual a las que se rebajan. ii. El traslado o cambio de puesto que se efectúe no perjudique los derechos adquiridos por los servidores. iii. Las plazas y lecciones se trasladen dentro de un mismo subprograma presupuestario. Con el fin de cumplir lo ordenado por el inciso e) de esta norma, el cambio de nominación de los centros educativos se incluirá como un artículo adicional en los decretos ejecutivos que se elaboren en el transcurso del año. Para efectos de la emisión de pagos y en garantía del control presupuestario de la relación de puestos de cargos fijos de los centros educativos, el Ministerio de Hacienda, por medio de la Dirección General de Informática, aplicará en el sistema de pagos la relación de puestos y sus correspondientes modificaciones (decretos ejecutivos). Para ello, utilizará la información documental y electrónica que el Departamento de Programación Presupuestaria del Ministerio de Educación Pública, le suministre para tal efecto. Por razones de conveniencia y oportunidad en el pago de los servidores del Ministerio de Educación Pública se autoriza a la Dirección General de Personal, de dicha Institución, para que aplique al sistema de pagos del Gobierno central, previo a su publicación en el diario oficial La Gaceta, los movimientos de personal derivados de los decretos ejecutivos. 18. Autorízase aI Poder Ejecutivo para que, mediante decreto y a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, modifique en el transcurso del año Ia relación de puestos del Programa 08100, Servicio Exterior, para adecuarla a las necesidades .de las situaciones políticas y económicas que Io demanden, sin sobrepasar Ia cantidad de puestos ni eI monto de Ia cuota anual autorizada en la ley para este fin. Sin embargo, no podrá rebajar las dotaciones mensuales de los puestos ocupados. 19. A solicitud de Ia Corte Suprema de Justicia, eI Poder Ejecutivo mediante decretos preparados por eI Ministerio de Hacienda, practicará las modificaciones necesarias del presupuesto del Poder Judicial, en todo Io relacionado con traslados, creación y reasignación de plazas u organización de oficinas, indispensables para aplicar los distintos códigos procesales y Ia Ley Reguladora de Ia Jurisdicción Contencioso-Administrativa, N° 3667, de 12 de marzo de 1966, así como lo referente a Ia aplicación de las Leyes N° 6332, de 8 de junio de 1979, N° 7046, de 6 de octubre de 1986, y N° 7333, de 5 de mayo de 1993, cuando sea necesario para el funcionamiento óptimo del Poder Judicial. Para lo anterior, se tomarán los recursos presupuestarios de Ia subpartida de sueldos para cargos fijos, de acuerdo con eI desglose incluido en Ia parte final de Ia relación de puestos. B. PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA Créditos presupuestarios destinados a gastos fijos 20. Los créditos presupuestarios destinados a gastos fijos se considerarán comprometidos, al producirse los actos que generen Ia obligación prevista en ellos. Por tanto, eI hecho mismo de devengar los sueldos constituye Iegalmente eI compromiso. Para pagar los compromisos pendientes aI 31 de diciembre del 2000, las oficinas encargadas de Ia liquidación presupuestaria deberán establecer y tramitar, de oficio, las reservas de crédito especial de los rubros estimados en esos créditos, según los saldos disponibles a esa fecha. 21. Las sumas aprobadas para gastos de representación de los miembros de los Supremos Poderes, se girarán como gastos fijos; para pagarlos no se requerirá presentar comprobante. lgual procedimiento se seguirá para tramitar los gastos de representación del Servicio Exterior, de los viceministros y oficiales mayores. Los demás funcionarios a quienes se Ies paguen gastos de representación deberán cumplir procedimientos dispuestos por Ia Contraloría General de Ia República. Créditos presupuestarios destinados a gastos variables 22. No se incurrirá en ningún compromiso con cargo a una partida de gastos variables si, previamente, no ha sido reservado eI contenido presupuestario para atender dicha obligación. Subpartidas para gastos en eI exterior 23. De las subpartidas para gastos de viaje en el exterior y transporte de o para el exterior, únicamente se cubrirán los gastos realizados por los servidores públicos, excepto los de asesores técnicos de organismos internacionales y comitivas de Ia Presidencia de Ia República. Subpartida de gastos de viaje: Servicio Exterior 24. Para eI traslado de embajadores concurrentes que, en el ejercicio de su cargo, deban presentar cartas credenciales en sedes distintas de Ia permanente, se utilizará Ia subpartida "Transporte de o para el exterior". También, se tomarán de esta subpartida los recursos para trasladar a los representantes o delegados que designe el Ministro de Relaciones Exteriores para asistir a congresos, conferencias o reuniones, en sitios distintos de Ia sede donde estos servidores ejercen sus funciones. Las subpartidas "Gastos de viaje en eI exterior" y "Transporte de o para eI exterior", se utilizarán para trasladar a los funcionarios del programa 08100 Servicio Exterior. Trámite de solicitudes de crédito especial y de mercancías 25. Las solicitudes de reserva de crédito especial y de mercancías o servicios requerirán, para su trámite, Ia firma de autorización del jefe de programa. Sin embargo, cuando el programa esté estructurado por subprogramas, Ia autorización corresponderá al jefe de cada subprograma, sin perjuicio de las disposiciones internas que establezca el superior jerárquico de Ia institución. Subpartida para prestaciones Iegales 26. Los órganos del Gobierno Central utilizarán eI rubro "prestaciones legales" para cubrir obligaciones jurídicas a cargo del Estado, en Ia aplicación del Código de Trabajo y el Estatuto de Servicio Civil, excepto la compensación de vacaciones a los funcionarios. Deberán pagarse las cuentas en estricto orden de presentación ante el Departamento Financiero de cada uno y por eI monto total. Sin embargo, en el pago de las cuentas, tendrán prioridad las presentadas por servidores que fallecieron antes de que eI pago se hiciera efectivo y las presentadas por concepto de prestaciones laborales, por causahabientes de los fallecidos; en ambos casos, siempre que queden viudos e hijos menores. Asimismo, serán prioritarias las cuentas de personas que no puedan seguir Iaborando por incapacidad permanente y tengan derecho a prestaciones. Ejecución de transferencias presupuestarias 27. Los recursos que se asignen en la presente Iey, mediante transferencias presupuestarias a favor de sujetos de derecho público y privado, sin menoscabo de sus derechos constitucionales y su naturaleza jurídica, se mantendrán en Ia caja única del Estado y serán girados a sus destinatarios conforme a Ia programación que, para ejecutarlos, presenten los respectivos beneficiarios y la programación del flujo de recursos financieros establecida por el Ministerio de Hacienda. Esta disposición no se aplicará para las municipalidades que reciban transferencias por medio del presupuesto nacional, cuando los recursos incorporados se originen en una ley ordinaria que defina, específicamente, el destino de ellos. En caso de necesidades urgentes o imprevistas, tratándose de guerra, conmoción interna o calamidad pública, debidamente declaradas, podrán obviarse los trámites de programación y pago señalados en los párrafos anteriores durante el plazo de dicha declaratoria. 28. El Ministerio de Hacienda no emitirá órdenes de pago por concepto de partidas específicas, a entidades públicas ni privadas que no estén constituidas legalmente. Cuando los recursos girados correspondientes a tales partidas no puedan utilizarse en forma inmediata y sean invertidos por sus beneficiarios, los intereses que genere su inversión financiera deberán ser agregados al principal con eI mismo destino. Liquidación de presupuestos extraordinarios financiados con recursos externos 29. De Ia liquidación del presupuesto al 31 de diciembre de cada año, cuyos ingresos se originen en créditos externos, se tomarán como recursos los gastos efectivos no reembolsados antes de esa fecha por los organismos correspondientes. Entre los reembolsos por recibir, se incluirán los gastos reconocidos para obras que ejecute eI Ministerio de Obras Públicas y Transportes, mediante su administración. Efectuadas las obras, eI reembolso deberá solicitarse a los organismos del exterior. Acuerdos de pago y ejecución del presupuesto de órganos constitucionales 30. Los Poderes Legislativo y Judicial, eI Tribunal Supremo de Elecciones y la Contraloría General de Ia República emitirán o autorizarán los acuerdos de pago para girar, de sus presupuestos, partidas de gastos variables. Para tal efecto, deberán aprobarse previamente las solicitudes de mercancías o de servicios y las reservas de crédito especial, por parte de las oficinas competentes. Financiamiento y ejecución de Ia actividad de auditoría 31. Las modificaciones presupuestarias que afecten los rubros asignados a Ia actividad de auditoría interna, serán tramitadas siempre que estén acompañadas de la respectiva autorización del Auditor lnterno o del funcionario designado por este en esa función. 32. Para ejecutar las partidas correspondientes a Ia actividad de auditoría interna, se requiere que los documentos de ejecución presupuestaria contengan Ia autorización previa del Auditor Interno o del funcionario designado por este en esa función. Control sobre el uso de los fondos transferidos a entidades y organismos públicos y privados 33. La Contraloría General de Ia República deberá ejercer un control estricto sobre el uso de los fondos autorizados en el Presupuesto Nacional, otorgados por medio de transferencias giradas a entidades y organismos públicos o privados. Cuando Ia Contraloría General de la RepúbIica determine cuáles entidades deben someterle un presupuesto para disponer de los fondos referidos en esta norma, comunicará el dato a Ia Oficina de Presupuesto Nacional y a Ia Tesorería Nacional, para que no autoricen Ia emisión de transferencias a entidades que no hayan cumplido con este requisito ni suministrado información referente a Ia aplicación de fondos públicos. Las entidades públicas o privadas receptoras de transferencias, deberán remitir la liquidación de los presupuestos correspondientes al año anterior a Ia Contraloría General de Ia República, a más tardar el 31 de enero de cada año. Control del uso y destino de las partidas específicas 34. Las partidas específicas, incluso durante su ejecución efectiva, estarán sujetas a Ia fiscalización de Ia Contraloría General de la República. Por ello, al final de esta ejecución, los beneficiarios deberán rendir un informe detallado a dicho órgano contralor, con las copias de los contratos suscritos y un desglose minucioso de los gastos. La Contraloría General de Ia República siempre tendrá acceso a los registros contables de las entidades que gocen de tales partidas. Las iniciativas presupuestarias a las que se refiere el párrafo anterior, se sujetarán a las siguientes reglas: a) Los diputados no podrán tramitar partidas específicas que los beneficien, directa ni indirectamente, ya sea en su carácter personal, como socios o miembros de juntas directivas o consejos de administración de entidades jurídicas. b) La prohibición del inciso anterior comprende también al cónyuge, hijos, padres, hermanos, suegros, yernos, nueras y cuñados de los diputados. Igualmente, estarán inhibidos de favorecerse con estas partidas los asistentes, asesores y secretarias de las fracciones políticas de Ia Asamblea Legislativa Preparación y remisión de informes de avance físico y financiero 35. Las instituciones, entes y órganos sujetos aI presupuesto nacional, deberán presentar a Ia Oficina de Presupuesto Nacional, dentro de los quince días hábiles siguientes al término del I, II y Ill trimestres del ejercicio económico, un informe detallado sobre el avance físico de sus presupuestos, esto es, sobre el cumplimiento de los compromisos de producción establecidos por actividad en cada programa y subprograma, que conforman las estructuras programáticas de los títulos presupuestarios presentados en Ia presente ley. A más tardar treinta días hábiles después de recibidos los informes, Ia Oficina de Presupuesto Nacional enviará un informe preliminar en eI que comunicará sus observaciones al jerarca máximo de cada dependencia, para que, oportunamente, se tomen las medidas correctivas que correspondan. Este informe incluirá, además, aspectos de índole financiera correspondientes a Ia ejecución del presupuesto del trimestre en evaluación. A partir del recibo de los informes preliminares, las instituciones tendrán diez días hábiles como máximo para la propuesta de sus modificaciones, tras los cuales, si no se ha acusado su recibo en Ia Oficina de Presupuesto Nacional, se considerarán como aceptados los contenidos de estos informes. Las propuestas de modificaciones deberán ser debidamente justificadas y claras, y se referirán únicamente a los asuntos analizados en los informes. Será potestad de Ia Oficina de Presupuesto ajustar los informes con las modificaciones presentadas, tras su análisis y aceptación. Con base en los resultados definitivos de la gestión productiva remitidos por las dependencias a que se refiere esta norma y Ia información proveniente del sistema de Iiquidación de egresos, la Oficina de Presupuesto Nacional preparará el informe final consolidado del avance físico y financiero de los entes, instituciones y órganos sujetos aI presupuesto nacional, correspondiente al trimestre en estudio, eI cual deberá ser remitido por Ia Oficina de Presupuesto Nacional a Ia Comisión Permanente Especial de Control de lngreso y Gasto Públicos de Ia Asamblea Legislativa, a más tardar quince días hábiles después de que esta Oficina haya comunicado los resultados y sus observaciones a los jerarcas de las dependencias. Al final del período fiscal establecido en la presente ley, se aplicarán los términos, plazos y procedimientos establecidos en los párrafos anteriores para Ia preparación de un informe anual consolidado de avance físico y financiero de los entes, instituciones y órganos sujetos aI presupuesto nacional. C. OTRAS DISPOSICIONES 36. Para lo dispuesto en el artículo 51 de Ia Ley de Administración Financiera de Ia República, Nº 1279, de 2 de mayo de 1951, se transforman en subvenciones todos los productos de rentas con destino específico, según el detalle especial contenido en esta Iey. 37. Las modificaciones presupuestarias que se efectúen con base en las disposiciones estipuladas en los artículos 3, 4, 5 y 6 de Ia presente Iey, deberán ser aprobadas por Ia Contraloría General de Ia República, según lo establece eI artículo 184 de Ia Constitución Política. 38. La Contraloría General de la República dispondrá de un plazo máximo de quince días hábiles, contados a partir del recibo de cada proyecto de decreto ejecutivo de modificación del presupuesto, para emitir su dictamen técnico al respecto, el cual hará mediante resolución que deberá remitirse aI Ministerio de Hacienda. Vencido el plazo sin el dictamen de la Contraloría, el proyecto se tendrá por aprobado y se procederá por lo tanto a su tramitación y publicación. 39. Autorízase aI Ministerio de Hacienda para que, mediante decreto ejecutivo, modifique el número de cédula jurídica de los beneficiarios de transferencias, cuando a solicitud del oficial presupuestal del respectivo ministerio, se determine sí, evidentemente y de conformidad con pruebas fehacientes, eI número consignado en Ia Ley de Presupuesto Ordinario se encuentra incorrecto. SECCIÓN IV NORMAS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA EL 2000 40. Los fondos de las divisas provenientes del crédito externo, otorgados aI Gobierno Central o las instituciones descentralizadas, deberán transformarse en moneda nacional, según eI tipo de cambio vigente en ese momento para Ia compra de divisas (tasa de referencia calculada por eI Banco Central de Costa Rica) o aI tipo de cambio vigente en el momento de Ia conversión. 41. Hasta donde las partidas presupuestarias Io permitan, los efectos de las devaluaciones monetarias efectuadas por el Banco Central de Costa Rica, no deberán repercutir en las asignaciones en moneda extranjera, estipuladas en Ia presente Iey para los servidores y las oficinas del Servicio Exterior de Ia República y los servidores del programa 79600 Política Comercial Externa. Mediante decreto ejecutivo, eI Ministerio de Hacienda utilizará los saldos mensuales del Programa 08100, Servicio Exterior y 79600 Política Comercial Externa, que no se hayan usado para cubrir esas diferencias cambiarias. La Contabilidad Nacional coordinará con Ia Oficina de Presupuesto Nacional el cargo al presupuesto, en cuanto reciba eI informe mensual del Banco Central de Costa Rica sobre las diferencias anteriores. La Oficina de Presupuesto Nacional, en coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, velará porque las partidas asignadas en colones cubran esos ajustes. Las diferencias que, por variaciones del tipo de cambio se presenten entre la asignación en dólares para los cargos del Servicio Exterior y el programa 79600 Política Comercial Externa, aprobadas en Ia Ley de Presupuesto, y las órdenes de pago en colones que Ia Tesorería Nacional remite mensualmente al Banco Central de Costa Rica, podrán cubrirse con cargo directo al Fondo General del Gobierno, previa aprobación de Ia Tesorería Nacional; además, el ajuste correspondiente se realizará en las partidas presupuestarias que originaron esas diferencias. SECCIÓN V DISPOSICIONES SOBRE SITUACIONES APREMIANTES Y DE INTERÉS SOCIAL 42. Para cubrir posibles faltantes del servicio de Ia deuda pública, se autoriza aI Poder Ejecutivo para que, mediante decreto, incorpore en eI Presupuesto Nacional, los siguientes recursos: a) Los que eI Gobierno reciba del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el Banco Central de Costa Rica, Ia Caja Costarricense de Seguro Social y la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago, como repago por los servicios de Ia deuda que el Ministerio de Hacienda haya contraído con los organismos, por créditos otorgados a esas instituciones. b) Los originados en Ia deuda bilateral del Gobierno con las instituciones del sector público, como producto de los convenios amparados en las Minutas de París, para el faltante de Ia deuda externa del Gobierno Central, según Ia documentación respectiva. c) Los que reciba el Gobierno del Banco Nacional de Costa Rica como repago, según el contrato de préstamo subsidiario con este Banco, derivado del contrato de préstamo suscrito con eI Banco lnternacional de Reconstrucción y Fomento Nº 2764-O-CR, aprobado por Ia Ley Nº 7090, de 10 de febrero de 1988. El mismo procedimiento se seguirá con los recursos provenientes de Ia Cooperativa Agroindustrial de Productos de Palma Aceitera, según Ia Ley Nº 7062, de 2 de abril de 1987, por el traspaso de las instalaciones financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo y de Ia Commonwealth Development Corporation. Mientras se procede con eI decreto ejecutivo correspondiente, estos recursos se trasladarán a Ia cuenta "Saldos del presupuesto por ejecutar de Ia Contabilidad Nacional". ARTÍCULO 8.- Autorízase aI Poder Ejecutivo para emitir títulos valores de deuda interna hasta por Ia suma de dos mil quinientos treinta y ocho millones doscientos veinte mil novecientos noventa y dos colones con treinta y seis céntimos (¢2.538.220.992,36) para dar cumplimiento al artículo 175 de Ia Ley N° 7558, publicada el 3 de noviembre de 1995, reformada por Ia Ley N° 7732, sancionada el 17 de diciembre de 1997, así como su implementación establecida en el Convenio mediante eI cual eI Gobierno de Ia República asume las pérdidas cuasifiscales del Banco Central de Costa Rica, suscrito en San José eI 7 de mayo de 1998. La suma específica de Ia emisión de dichos títulos, así como los egresos autorizados en el párrafo anterior, se incorporarán mediante decreto ejecutivo, al presupuesto de Ia República. El Ministerio de Hacienda queda autorizado para establecer, vía decreto ejecutivo, eI plazo, el tipo de interés y las demás características de estos títulos, en concordancia con lo establecido en Ia Ley N° 7558, de 3 de noviembre de 1995, en su reforma y en el convenio citado. ARTÍCULO 9.- Autorízase a todas las instituciones del sector púbIico para que realicen donaciones, aportes y transferencias para llevar a cabo los Juegos Nacionales del año 2000. ARTÍCULO 10.- Asígnase la suma de doscientos ochenta millones ochocientos mil colones, (¢280.800.000,oo) para atender la situación de las familias que cesaron su labor de extracción de oro en las áreas que se señalan y que a la fecha no han sido indemnizadas. Tendrán derecho a una compensación indemnizatoria por parte del Estado por una sola vez, las personas dedicadas a la extracción personal de oro por medios artesanales que hayan realizado su labor de extracción en el Parque Nacional Piedras Blancas, propiamente en las áreas en que fue ampliado en virtud de los decretos N° 23153-MIRENEM de 19 de abril de 1994, y los precedentes N° 20522-MIRENEM, de fecha 5 de junio de 1991 y N° 21781- MIRENEM, de fecha 10 de noviembre de 1992. Recibirán esta compensación indemnizatoria, únicamente, las personas que a esta fecha ya tengan aprobadas en los tribunales de la República, diligencias para perpetua memoria, que acrediten su condición de oreros artesanales y hayan sido calificados como beneficiarios, por parte del Ministerio de Ambiente y Energía y el Instituto Mixto de Ayuda Social o ambos. Autorízase una indemnización compensatoria individual y única, de dos millones de colones (¢2.000.000,oo) en el entendido de que del presente monto asignado, únicamente se cancelará la suma de un millón doscientos mil colones (¢1.200.000,oo) por persona; los recursos restantes deberán gestionarse con otras instituciones. ARTÍCULO 11.- Autorízase al Teatro Melico Salazar para que utilice los saldos disponibles de las siguientes partidas aprobadas en la Ley N° 7563 de 13 de diciembre de 1995, código presupuestario 117-765-664-01-132-358, con saldo de cincuenta y tres mil ochocientos dieciséis colones con setenta y cinco céntimos (¢53.816,75), y la Ley N° 7652, de 4 de diciembre de 1996, con código presupuestario 117-757-00-01-132-280, con saldo de cuatro millones novecientos cincuenta y dos mil doscientos noventa colones con setenta y cuatro céntimos (¢4.952.290,74), a fin de que se utilice el saldo total de cinco millones seis mil ciento siete colones con cuarenta y nueve céntimos (¢5.006.107,49), para la compra de equipo de sonido y luces para el Teatro Melico Salazar. ARTÍCULO 12.- Autorízanse las siguientes modificaciones presupuestarias: Ley N° 7216, de 19 de diciembre de 1990 1.- Autorízase a la Municipalidad de Alvarado para variar el destino de la partida aprobada mediante la Ley N° 7216, código presupuestario 130-910-730- 429-27-242-25-32, por un monto de un millón de colones (¢1.000.000,oo) y los intereses acumulados, destinada a compra de lote para programa de vivienda, a fin de que se utilicen para comprar vehículo municipal. Ley No. 7649, de 19 de noviembre de 1996 2.- Autorízase a la Asociación de Desarrollo Integral de Belén de Nicoya, Guanacaste, para variar el destino de la partida aprobada mediante la Ley N° 7649, código presupuestario 106-061-702-244-27-241-27, por un monto de setecientos mil colones (¢700.000,oo) o el saldo que haya, destinada a compra de finca para grupo de agricultores de Quebrada Bonita, a fin de que se utilice para terminar la construcción del salón multiuso de Quebrada Bonita. Ley No. 7652, de 4 de diciembre de 1996 3.- Autorízase a la Municipalidad de Cartago para variar el destino de la partida aprobada mediante la Ley N° 7652, código presupuestario 130-90400- 730-231-1-242-31-32, por un monto de un millón quinientos mil colones (¢1.500.000,oo) o el saldo que haya, destinada a la instalación eléctrica de la parroquia María Auxiliadora, a fin de que se utilice de la siguiente forma: para colocar malla protectora alrededor del templo de la filial de Fátima doscientos mil colones (¢200.000,oo), para colocar malla protectora alrededor del templo de la filial de Nazareth doscientos mil colones (¢200.000,oo), para obras de mantenimiento de la parroquia María Auxiliadora ochenta y un mil ciento cincuenta y tres colones) (¢81.153,oo). Ley No. 7662, de 1° de abril de 1997 4.- Autorízase al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación para variar el destino de la partida aprobada mediante la Ley N° 7662, código presupuestario No. 117-750-731-270-27-242-30, por un monto de ochenta millones de colones netos (¢80.000.00,oo) o el saldo que haya, destinada a la Dirección General de Educación Física y Deporte, para Complejo Deportivo Juegos Nacionales Desamparados 97, construcción de pista sintética, a fin de que se utilice para la construcción de pista sintética, en sede que será ubicada técnicamente por el ICODER. Ley N° 7719, de 18 de noviembre de 1997 5.- Autorízase a la Asociación de Pequeños Agricultores y Comercializadores de Acosta para variar el destino de la partida aprobada mediante la Ley N° 7719, código presupuestario 130-922-00-702-507-1-241-47- 6, por un monto de dos millones de colones (¢2.000.000,oo) o el saldo que haya, destinada a la reparación de caminos vecinales del cantón de Acosta, a fin de que se utilice para gastos operacionales y administrativos de la Asociación. 6.- Autorízase a la Asociación de Pequeños Agricultores y Comercializadores de Acosta para variar el destino de la partida aprobada mediante la Ley N° 7719, código presupuestario 130-922-00-637-500-1-131-48- 6, por un monto de un millón doscientos cincuenta mil colones (¢1.250.000,oo) o el saldo que haya, destinada a la compra de insumos agrícolas para pequeños agricultores del cantón de Acosta, a fin de que se utilice para gastos varios de la Asociación. 7.- Autorízase a la Asociación de Desarrollo Integral de San Ignacio de Acosta para variar el destino de la partida aprobada mediante la Ley N° 7719, código presupuestario 130-922-00-702-497-1-241-38-6, por un monto de dos millones de colones (¢2.000.000,oo) o el saldo que haya, destinada a la compra de terreno para la cancha de fútbol de San Luis, a fin de que se utilice para la reparación y remodelación del salón comunal de San Ignacio de Acosta. 8.- Autorízase a la Asociación de Pequeños Agricultores y Comercializadores de Acosta para variar el destino de la partida aprobada mediante la Ley N° 7719, código presupuestario 130-922-00-637-501-1-131- 486, por un monto de quinientos mil colones (¢500.000,oo) o el saldo que haya, destinada a la compra de insumos agrícolas para pequeños agricultores de Acosta, a fin de que se utilice para gastos varios de la Asociación. Ley No. 7853, de 4 de setiembre de 1998 9.- Autorízase a Ia Municipalidad de Tarrazú para variar eI destino de Ia partida aprobada mediante Ia Ley N° 7853, código presupuestario No. 30-900- 00-730-308-27-242-21, por un monto de tres millones setecientos ochenta mil colones netos (¢3.780.000,oo) o eI saldo que haya, destinada a "Construcción Edificio Centro de Nutrición de San Carlos", a fin de que se utilice para "Compra de Lote y Construcción del Edificio EBAIS San Carlos." 10.- Autorízase al Comité Olímpico Nacional de Costa Rica para que utilice los sobrantes de la partida aprobada en la Ley N° 7853, código presupuestario 117-750-00-637-01-131-30-200 en los siguientes destinos: pago de deudas pendientes a instituciones del Estado siete millones cuatrocientos quince mil doscientos noventa colones (¢7.415.290,oo), gastos administrativos seis millones seiscientos treinta y dos mil colones (¢6.632.000,oo) y compra de equipo y mobiliario de oficina y otros dos millones seiscientos setenta y nueve mil treinta y seis colones (¢2.679.036,oo). 11.- Autorízase a la Municipalidad de Oreamuno para utilizar los saldos disponibles de los giros N° 951822828 y N° 971344680 por un monto de trescientos noventa mil doscientos veintitrés colones con treinta céntimos (¢390.223,30) destinados a la construcción del salón multiuso de la Urbanización La Católica, Asociación Parroquial y Promoción Social Vivienda Chircagres, a fin de que se utilicen para la compra de materiales y construcción de obras en la Urbanización La Católica. 12.- Modifícase el presupuesto del año 1999, Ley N° 7853, de 4 de diciembre de 1998, en la siguiente forma: Página: PP-112-027. Donde dice: 730-27-242-42464 Municipalidad de Hojancha (Para realización de estudio sobre la zona marítimo- terrestre). Debe decir: 730-27-24242464 Asociación de Desarrollo Integral de Hojancha. Para pagar servicios profesionales por el estudio sobre la zona marítimo- terrestre. 13.- Modifícase el presupuesto del año 1999, Ley N° 7853, de 4 de diciembre de 1998, en la siguiente forma: Página: PP-106-021. Donde dice: 730-01-242-27-299 Municipalidad de Nicoya (Para Asociación de Desarrollo Integral Zapote, para conclusión salón comunal). Debe decir: 730-01-242-27- 299 Municipalidad de Nicoya, para Asociación de Desarrollo Integral de Zapote, para pagar deuda por conclusión de salón comunal. 14.- Modifícase el presupuesto del año 1999, Ley N° 7853, de 4 de diciembre de 1998, en la siguiente forma: Página: PP-130-087. Municipalidad de Nandayure. Donde dice: 730-683-27-242-20 Reparación salón de actos escuela de Santa Rita. Debe decir: 730-683-27-242-20 Construcción cancha multiuso de Santa Rita. 15.- Modifícase el artículo 2 de la Ley N° 7853, de 4 de diciembre de 1998, Presupuesto Ordinario 99, en la forma que se indica a continuación: en PP- 106-015. Donde dice: 702-01-241-30-288 Asociación de Desarrollo Integral de Tures ¢1.000.000 (Construcción cancha multiuso). Total rebaja ¢1.000.000. Debe decir: 702-01-241-30-288 Municipalidad de Santo Domingo para construir cancha multiuso en distrito de Tures un millón de colones (¢1.000.000,oo). Total del aumento un millón de colones (¢1.000.000,oo). 16.- Modifícase la Ley N° 7853 de la siguiente manera: en página PP-130- 100. Donde dice: 730-363-27-242-21 Ampliación de Puesto de Salud de San Isidro un millón de colones (¢1.000.000,oo). Debe decir: 730-363-27-242- 21 Reparación y remodelación de una aula en la escuela de San Isidro un millón de colones (¢1.000.000,oo). ASAMBLEA LEGISLATIVA.- San José, a los veintinueve días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y nueve. COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO Carlos Vargas Pagán PRESIDENTE Manuel Ant. Bolaños Salas Rafael Ángel Villalta Loaiza PRIMER SECRETARIO SEGUNDO SECRETARIO dr.-