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LEY DE BIODIVERSIDAD<br />
A ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA<br />
DECRETA:<br />
CAPÍTULO I<br />
DISPOSICIONES GENERALES<br />
ARTÍCULO 1.- Objeto<br />
El objeto de la presente ley es conservar la biodiversidad y el uso<br />
sostenible de los recursos, así como distribuir en forma justa los<br />
beneficios y costos derivados.<br />
ARTÍCULO 2.- Soberanía<br />
El Estado ejercerá la soberanía completa y exclusiva sobre los<br />
elementos de la biodiversidad.<br />
ARTÍCULO 3.- Ámbito de aplicación<br />
Esta ley se aplicará sobre los elementos de la biodiversidad que se<br />
encuentran bajo la soberanía del Estado, así como sobre los procesos y las<br />
actividades realizados bajo su jurisdicción o control, con independencia de<br />
aquellas cuyos efectos se manifiestan dentro o fuera de las zonas sujetas a<br />
jurisdicción nacional. Esta ley regulará específicamente el uso, el<br />
manejo, el conocimiento asociado y la distribución justa de los beneficios<br />
y costos derivados del aprovechamiento de los elementos de la<br />
biodiversidad.<br />
ARTÍCULO 4.- Exclusiones<br />
Esta ley no se aplicará al acceso al material bioquímico y genético<br />
humano, que continuará regulándose por la Ley General de Salud, No. 5395,<br />
de 30 de octubre de 1973, y por las leyes conexas.<br />
Tampoco se aplican estas disposiciones al intercambio de los recursos<br />
bioquímicos y genéticos ni al conocimiento asociado resultante de<br />
prácticas, usos y costumbres, sin fines de lucro, entre los pueblos<br />
indígenas y las comunidades locales.<br />
Lo dispuesto en esta ley no afecta la autonomía universitaria en<br />
materia de docencia e investigación en el campo de la biodiversidad,<br />
excepto si las investigaciones tuvieren fines de lucro.<br />
TRANSITORIO.- Las universidades públicas, en coordinación con el Consejo<br />
Nacional de Rectores, en el plazo de un año contado a partir de la vigencia<br />
de esta ley, establecerán en su reglamentación interna, los controles y las<br />
regulaciones aplicables exclusivamente a la actividad académica y de<br />
investigación que realicen, cuando implique acceso a la biodiversidad sin<br />
fines de lucro.<br />
Las universidades que en el plazo indicado no definan los controles<br />
adecuados, quedarán sujetas a la regulación ordinaria de esta ley.<br />
ARTÍCULO 5.- Marco de interpretación<br />
Este ordenamiento jurídico servirá de marco para la interpretación<br />
del resto de las normas que regulan la materia objeto de esta ley.<br />
ARTÍCULO 6.- Dominio público<br />
Las propiedades bioquímicas y genéticas de los elementos de la<br />
biodiversidad silvestres o domesticados son de dominio público.<br />
El Estado autorizará la exploración, la investigación, la<br />
bioprospección, el uso y el aprovechamiento de los elementos de la<br />
biodiversidad que constituyan bienes de dominio público, así como la<br />
utilización de todos los recursos genéticos y bioquímicos, por medio de las<br />
normas de acceso establecidas en el capítulo V de esta ley.<br />
ARTÍCULO 7.- Definiciones<br />
Esta ley deberá ser interpretada de acuerdo con las siguientes<br />
definiciones:<br />
1.- Acceso a los elementos bioquímicos y genéticos: Acción de<br />
obtener muestras de los elementos de la biodiversidad silvestre o<br />
domesticada existentes, en condiciones ex situ o in situ y obtención<br />
del conocimiento asociado, con fines de investigación básica,<br />
bioprospección o aprovechamiento económico.<br />
2.- Biodiversidad: Variabilidad de organismos vivos de cualquier<br />
fuente, ya sea que se encuentren en ecosistemas terrestres, aéreos,<br />
marinos, acuáticos o en otros complejos ecológicos. Comprende la<br />
diversidad dentro de cada especie, así como entre las especies y los<br />
ecosistemas de los que forma parte.<br />
Para los efectos de esta ley, se entenderán como comprendidos en<br />
el término biodiversidad, los elementos intangibles, como son: el<br />
conocimiento, la innovación y la práctica tradicional, individual o<br />
colectiva, con valor real o potencial asociado a recursos bioquímicos y<br />
genéticos, protegidos o no por los sistemas de propiedad intelectual o<br />
sistemas sui generis de registro.<br />
3.- Bioprospección: La búsqueda sistemática, clasificación e<br />
investigación para fines comerciales de nuevas fuentes de compuestos<br />
químicos, genes, proteínas, microorganismos y otros productos con valor<br />
económico actual o potencial, que se encuentran en la biodiversidad.<br />
4.- Biotecnología: Cualquier aplicación tecnológica que use<br />
sistemas biológicos, organismos vivos o derivados de ellos para hacer o<br />
modificar productos o procesos de un uso específico.<br />
5.- Colecciones naturales: Cualquier colección sistemática de<br />
especímenes, vivos o muertos, representativos de plantas, animales o<br />
microorganismos.<br />
6.- Conocimiento: Producto dinámico generado por la sociedad a lo<br />
largo del tiempo y por diferentes mecanismos, comprende lo que se<br />
produce en forma tradicional, como lo generado por la práctica<br />
científica.<br />
7.- Conservación ex situ: Mantenimiento de los elementos de la<br />
biodiversidad fuera de sus hábitat naturales, incluidas las colecciones<br />
de material biológico.<br />
8.- Conservación in situ: Mantenimiento de los elementos de la<br />
biodiversidad dentro de ecosistemas y hábitat naturales. Comprende<br />
también el mantenimiento y la recuperación de poblaciones viables de<br />
especies en sus entornos naturales; en el caso de las especies<br />
domesticadas o cultivadas, en los entornos en donde hayan desarrollado<br />
sus propiedades específicas.<br />
9.- Consentimiento previamente informado: Procedimiento mediante el<br />
cual el Estado, los propietarios privados o las comunidades locales e<br />
indígenas, en su caso, previo suministro de toda la información<br />
exigida, consienten en permitir el acceso a sus recursos biológicos o<br />
al elemento intangible asociado a ellos, las condiciones mutuamente<br />
convenidas.<br />
10.- Diversidad de especies: Variedad de especies silvestres o<br />
domesticadas dentro de un espacio específico.<br />
11.- Diversidad genética: Frecuencia y diversidad de los genes o<br />
genomas, que provee la diversidad de especies.<br />
12.- Ecosistema: Complejo dinámico de comunidades de plantas,<br />
animales, hongos y microorganismos y su medio físico, interactuando<br />
como una unidad funcional.<br />
13.- Elemento bioquímico: Cualquier material derivado de plantas,<br />
animales, hongos o microorganismos, que contenga características<br />
específicas, moléculas especiales o pistas para diseñarlas.<br />
14.- Elementos genéticos: Cualquier material de plantas, animales,<br />
hongos o microorganismos, que contenga unidades funcionales de la<br />
herencia.<br />
15.- Especie: Conjunto de organismos capaces de reproducirse entre<br />
sí.<br />
16.- Especie domesticada o cultivada: Especie seleccionada por el<br />
ser humano para reproducirla voluntariamente.<br />
17.- Especie exótica: Especie de flora, fauna o microorganismo, cuya<br />
área natural de dispersión geográfica no corresponde al territorio<br />
nacional y se encuentra en el país, producto de actividades humanas<br />
voluntarias o no, así como por la actividad de la propia especie.<br />
18.- Evaluación de impacto ambiental: Procedimiento científico-<br />
técnico que permite identificar y predecir cuáles efectos ejercerá<br />
sobre el ambiente una acción o proyecto específico, cuantificándolos y<br />
ponderándolos para conducir a la toma de decisiones. Incluye los<br />
efectos específicos, su evaluación global, las alternativas de mayor<br />
beneficio ambiental, un programa de control y minimización de los<br />
efectos negativos, un programa de monitoreo, un programa de<br />
recuperación, así como la garantía de cumplimiento ambiental.<br />
19.- Hábitat: Lugar o ambiente donde existen naturalmente un<br />
organismo o una población.<br />
20.- Hongos: Organismos unicelulares y multicelulares, carentes de<br />
clorofila y pertenecientes al filo Fungi.<br />
21.- Innovación: Cualquier conocimiento que añada un uso o valor<br />
mejorado a la tecnología, las propiedades, los valores y los procesos<br />
de cualquier recurso biológico.<br />
22.- Manipulación genética: Uso de la ingeniería genética para<br />
producir organismos genéticamente modificados.<br />
23.- Microorganismo: Organismos unicelulares y multicelulares<br />
capaces de realizar sus procesos vitales, independientemente de otros<br />
organismos. Incluye también los virus.<br />
24.- Organismos genéticamente modificados: Cualquier organismo<br />
alterado mediante la inserción deliberada, la delección, el rearreglo u<br />
otra manipulación de ácido desoxirribonucleico, por medio de técnicas<br />
de ingeniería genética.<br />
25.- País de origen de recursos genéticos: Se entiende el país que<br />
posee esos recursos en condiciones in situ.<br />
26.- País que aporta recursos genéticos: País que suministra<br />
recursos genéticos obtenidos de fuentes<br />
in situ, incluidas las poblaciones de especies silvestres y<br />
domesticadas, o de fuentes ex situ, que pueden ser originarias o no de<br />
ese país.<br />
27.- Permiso de acceso: Autorización concedida por el Estado<br />
costarricense para la investigación básica de bioprospección, obtención<br />
o comercialización de materiales genéticos o extractos bioquímicos de<br />
elementos de la biodiversidad, así como su conocimiento asociado a<br />
personas o instituciones, nacionales o extranjeras, solicitado mediante<br />
un procedimiento normado en esta legislación, según se trate de<br />
permisos, contratos, convenios o concesiones.<br />
28.- Recurso natural: Todo elemento de naturaleza biótica o abiótica<br />
que se explote, sea o no mercantil.<br />
29.- Recurso transgénico: Recurso natural biótico que haya sido<br />
objeto de manipulaciones por ingeniería genética, que le alteran la<br />
constitución genética original.<br />
30.- Restauración de la diversidad biológica: Toda actividad<br />
dirigida a recuperar las características estructurales y funcionales de<br />
la diversidad original de un área determinada, con fines de<br />
conservación.<br />
ARTÍCULO 8.- Función ambiental de la propiedad inmueble<br />
Como parte de la función económica y social, las propiedades<br />
inmuebles deben cumplir con una función ambiental.<br />
ARTÍCULO 9.- Principios Generales<br />
Constituyen principios generales para los efectos de la aplicación de<br />
esta ley, entre otros, los siguientes:<br />
1.- Respeto a la vida en todas sus formas. Todos los seres vivos<br />
tienen derecho a la vida, independientemente del valor económico,<br />
actual o potencial.<br />
2.- Los elementos de la biodiversidad son bienes meritorios. Tienen<br />
importancia decisiva y estratégica para el desarrollo del país y son<br />
indispensables para el uso doméstico, económico, social, cultural y<br />
estético de sus habitantes.<br />
3.- Respeto a la diversidad cultural. La diversidad de prácticas<br />
culturales y conocimientos asociados a los elementos de la<br />
biodiversidad deben ser respetados y fomentados, conforme al marco<br />
jurídico nacional e internacional, particularmente en el caso de las<br />
comunidades campesinas, los pueblos indígenas y otros grupos<br />
culturales.<br />
4.- Equidad intra e intergeneracional. El Estado y los particulares<br />
velarán porque la utilización de los elementos de la biodiversidad se<br />
utilicen en forma sostenible, de modo que las posibilidades y<br />
oportunidades de su uso y sus beneficios se garanticen de manera justa<br />
para todos los sectores de la sociedad y para satisfacer las<br />
necesidades de las generaciones futuras.<br />
ARTÍCULO 10.- Objetivos<br />
Esta ley procura alcanzar los siguientes objetivos:<br />
1.- Integrar la conservación y el uso sostenible de los elementos de<br />
la biodiversidad en el desarrollo de políticas socioculturales,<br />
económicas y ambientales.<br />
2.- Promover la participación activa de todos los sectores sociales<br />
en la conservación y el uso ecológicamente sostenible de la<br />
biodiversidad, para procurar la sostenibilidad social, económica y<br />
cultural.<br />
3.- Promover la educación y la conciencia pública sobre la<br />
conservación y la utilización de la biodiversidad.<br />
4.- Regular el acceso y posibilitar con ello la distribución<br />
equitativa de los beneficios sociales ambientales y económicos para<br />
todos los sectores de la sociedad, con atención especial a las<br />
comunidades locales y pueblos indígenas.<br />
5.- Mejorar la administración para una gestión efectiva y eficaz de<br />
los elementos de la biodiversidad.<br />
6.- Reconocer y compensar los conocimientos, las prácticas y las<br />
innovaciones de los pueblos indígenas y de las comunidades locales para<br />
la conservación y el uso ecológicamente sostenible de los elementos de<br />
la biodiversidad.<br />
7.- Reconocer los derechos que provienen de la contribución del<br />
conocimiento científico para la conservación y el uso ecológicamente<br />
sostenible de los elementos de la biodiversidad.<br />
8.- Garantizarles a todos los ciudadanos la seguridad ambiental como<br />
garantía de sostenibilidad social, económica y cultural.<br />
9.- No limitar la participación de todos los sectores en el uso<br />
sostenible de los elementos de la biodiversidad y el desarrollo de la<br />
investigación y la tecnología.<br />
10.- Promover el acceso a los elementos de la biodiversidad y la<br />
transferencia tecnológica asociada.<br />
11.- Fomentar la cooperación internacional y regional para alcanzar<br />
la conservación, el uso ecológicamente sostenible y la distribución de<br />
beneficios derivados de la biodiversidad, especialmente en áreas<br />
fronterizas o de recursos compartidos.<br />
12.- Promover la adopción de incentivos y la retribución de servicios<br />
ambientales para la conservación, el uso sostenible y los elementos de<br />
la biodiversidad.<br />
13.- Establecer un sistema de conservación de la biodiversidad, que<br />
logre la coordinación entre el sector privado, los ciudadanos y el<br />
Estado, para garantizar la aplicación de esta ley.<br />
ARTÍCULO 11.- Criterios para aplicar esta ley<br />
Son criterios para aplicar esta ley:<br />
1.- Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia<br />
anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de la<br />
biodiversidad o sus amenazas.<br />
2.- Criterio precautorio o indubio pro natura: Cuando exista<br />
peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la<br />
biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de<br />
certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la<br />
adopción de medidas eficaces de protección.<br />
3.- Criterio de interés público ambiental: El uso de los elementos<br />
de la biodiversidad deberá garantizar las opciones de desarrollo de las<br />
futuras generaciones, la seguridad alimentaria, la conservación de los<br />
ecosistemas, la protección de la salud humana y el mejoramiento de la<br />
calidad de vida de los ciudadanos.<br />
4.- Criterio de integración: La conservación y el uso sostenible de<br />
la biodiversidad deberán incorporarse a los planes, los programas, las<br />
actividades y estrategias sectoriales e intersectoriales, para los<br />
efectos de que se integren al proceso de desarrollo.<br />
ARTÍCULO 12.- Cooperación Internacional<br />
Es deber del Estado promover, planificar y orientar las actividades<br />
nacionales, las relaciones exteriores y la cooperación con naciones<br />
vecinas, respecto de la conservación, el uso, el aprovechamiento y el<br />
intercambio de los elementos de la biodiversidad presentes en el territorio<br />
nacional y en ecosistemas transfronterizos de interés común. Asimismo,<br />
deberá regular el ingreso y salida del país de los recursos bióticos.<br />
CAPÍTULO II<br />
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA<br />
ARTÍCULO 13.- Organización<br />
Para cumplir los objetivos de la presente ley, el Ministerio del<br />
Ambiente y Energía coordinará la organización administrativa encargada del<br />
manejo y la conservación de la biodiversidad, integrada por:<br />
a) La Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad.<br />
b) Sistema Nacional de Áreas de Conservación.<br />
SECCIÓN I<br />
COMISIÓN NACIONAL PARA LA GESTIÓN<br />
DE LA BIODIVERSIDAD<br />
ARTÍCULO 14.- De la Comisión Nacional para la Gestión de la<br />
Biodiversidad<br />
Créase la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad, con<br />
personería jurídica instrumental, como órgano desconcentrado del Ministerio<br />
del Ambiente y Energía. Tendrá las siguientes atribuciones:<br />
1.- Formular las políticas nacionales referentes a la conservación,<br />
el uso ecológicamente sostenible y la restauración de la biodiversidad,<br />
sujetándose a la convención sobre la biodiversidad biológica y otros<br />
convenios y tratados internacionales correspondientes, así como a los<br />
intereses nacionales.<br />
2.- Formular las políticas y responsabilidades establecidas en los<br />
capítulos IV, V y VI de esta ley, y coordinarlos con los diversos<br />
organismos responsables de la materia.<br />
3.- Formular y coordinar las políticas para el acceso de los<br />
elementos de la biodiversidad y el conocimiento asociado que asegure la<br />
adecuada transferencia científico-técnica y la distribución justa de<br />
los beneficios que, para los efectos del título V de esta ley, se<br />
denominarán normas generales.<br />
4.- Formular la estrategia nacional de biodiversidad y darle<br />
seguimiento.<br />
5.- Coordinar y facilitar la realización de un amplio proceso de<br />
divulgación, con los sectores políticos, económicos y sociales del<br />
país, en torno a las políticas de conservación, el uso ecológicamente<br />
sostenible y la restauración de la biodiversidad.<br />
6.- Revocar las resoluciones de la oficina técnica de la Comisión y<br />
del servicio de protección fitosanitaria en materia de las solicitudes<br />
de acceso a los elementos de la biodiversidad, materia en la que<br />
agotará la vía administrativa.<br />
7.- Asesorar a otros órganos del Poder Ejecutivo, instituciones<br />
autónomas y entes privados, a fin de normar las acciones para el uso,<br />
ecológicamente sostenible, de los elementos de la biodiversidad.<br />
8.- Velar porque las acciones públicas y privadas relativas al<br />
manejo de los elementos de la biodiversidad cumplan con las políticas<br />
establecidas en esta Comisión.<br />
9.- Nombrar al Secretario de la Comisión, a su vez, Director<br />
Ejecutivo de la Oficina Técnica, de este mismo Órgano.<br />
10.- Proponer, ante el Ministro del Ambiente y Energía, con criterios<br />
de identidad, a los representantes del país ante las reuniones<br />
internacionales relacionadas con la biodiversidad.<br />
ARTÍCULO 15.- Integración<br />
Integrarán la Comisión:<br />
a) El Ministro del Ambiente y Energía o su representante. Será,<br />
además el Presidente de la Comisión y el responsable de su buen<br />
funcionamiento.<br />
b) El Ministro de Agricultura o su representante.<br />
c) El Ministro de Salud o su representante.<br />
d) El Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de<br />
Conservación.<br />
e) Un representante del Instituto Costarricense de Pesca y<br />
Acuacultura.<br />
f) Un representante del Ministerio de Comercio Exterior.<br />
g) Un representante de la Asociación Mesa Nacional Campesina.<br />
h) Un representante de la Asociación Mesa Nacional Indígena.<br />
i) Un representante del Consejo Nacional de Rectores.<br />
j) Un representante de la Federación Costarricense para la<br />
Conservación del Ambiente.<br />
k) Un representante de la Unión Costarricense de Cámaras de la<br />
Empresa Privada.<br />
Cada sector nombrará por un plazo de tres años e independientemente a<br />
su representante y a un suplente. Además podrá prorrogarles el<br />
nombramiento y los acreditará mediante comunicación dirigida al Ministro<br />
del Ambiente y Energía, quien los instalará.<br />
La Comisión se reunirá ordinariamente una vez al mes y<br />
extraordinariamente, cuando sea convocada por su presidente o al menos por<br />
seis de sus miembros, y deberá procurarles a sus integrantes las<br />
facilidades necesarias para la participación efectiva.<br />
ARTÍCULO 16.- Organización y estructura interna<br />
La Comisión ejecutará sus acuerdos y resoluciones e instruirá sus<br />
procedimientos por medio del Director Ejecutivo de la Oficina Técnica.<br />
En asuntos de resolución compleja o que requieran de conocimientos<br />
especializados, la Comisión podrá nombrar comités de expertos ad hoc con<br />
funciones de asesores.<br />
ARTÍCULO 17.- Oficina Técnica<br />
La Oficina Técnica de apoyo a la Comisión estará integrada por un<br />
Director Ejecutivo y el personal indicado en el reglamento de esta ley.<br />
Para el cumplimiento de sus funciones, podrá designar comités de expertos<br />
ad hoc como asesores.<br />
Serán funciones de la Oficina Técnica:<br />
1.- Tramitar, aprobar, rechazar y fiscalizar las solicitudes de<br />
acceso a los recursos de la biodiversidad.<br />
2.- Coordinar, con las Áreas de Conservación, el sector privado, los<br />
pueblos indígenas y las comunidades campesinas, lo relativo al acceso.<br />
3.- Organizar y mantener actualizado un registro de solicitudes de<br />
acceso de los elementos de la biodiversidad, colecciones ex situ y de<br />
las personas físicas o jurídicas que se dediquen a la manipulación<br />
genética.<br />
4.- Recopilar y actualizar la normativa referente al cumplimiento de<br />
los acuerdos y las directrices en materia de biodiversidad.<br />
ARTÍCULO 18.- Director Ejecutivo<br />
El Director Ejecutivo de la Oficina Técnica de la Comisión deberá ser<br />
un profesional idóneo, designado mediante concurso público por la propia<br />
Comisión por un período renovable de cinco años. Tendrá las siguientes<br />
atribuciones:<br />
1.- Será el Secretario de la Comisión, el ejecutor de sus acuerdos y<br />
resoluciones y el encargado de darles seguimiento.<br />
2.- Representará a la Comisión ante el Consejo Nacional de Áreas de<br />
Conservación.<br />
3.- Llevará actualizadas las actas de la Comisión.<br />
4.- Dirigirá y mantendrá actualizado el registro indicado en el<br />
inciso c) del artículo 17.<br />
5.- Rendirá a la Comisión informes trimestrales sobre el<br />
funcionamiento de la Oficina Técnica y, en especial, de las decisiones<br />
tomadas respecto de las solicitudes de acceso a los elementos de la<br />
biodiversidad.<br />
6.- Coordinará administrativamente con los funcionarios del<br />
Ministerio del Ambiente y Energía o de otras instituciones públicas,<br />
para ejecutar las tareas que resulten indispensables para el<br />
cumplimiento de las funciones de la Comisión.<br />
7.- Participará en todas las sesiones de la Comisión, con voz, pero<br />
sin voto.<br />
ARTÍCULO 19.- Financiamiento de la Comisión y de la Oficina Técnica<br />
La Comisión y su Oficina Técnica, contarán con los siguientes<br />
recursos:<br />
1.- Las partidas que se le asignen anualmente en los presupuestos<br />
ordinarios y extraordinarios de la República.<br />
2.- Los legados y las donaciones de las personas físicas o<br />
jurídicas, organizaciones nacionales o internacionales, privadas o<br />
públicas y los aportes del Estado o sus instituciones.<br />
3.- Los ingresos por concepto de registros, trámites de solicitudes<br />
y fiscalización.<br />
4.- Las recaudaciones por multas debidas al incumplimiento de<br />
compromisos adquiridos en la ejecución de los proyectos de acceso.<br />
5.- Un porcentaje de los beneficios que se establezcan en los<br />
permisos, y las concesiones relativas a la biodiversidad.<br />
6.- El diez por ciento (10%) del Timbre de Parques Nacionales<br />
ARTÍCULO 20.- Administración financiera<br />
Lo recaudado según el artículo anterior se destinará exclusivamente a<br />
la operación de la Comisión y su Oficina Técnica de apoyo. Será<br />
administrado por el Director Ejecutivo, mediante un fideicomiso u otros<br />
mecanismos financieros que se establezcan en el reglamento de esta ley.<br />
ARTÍCULO 21.- Consulta obligatoria<br />
La Comisión actuará como órgano consultor del Poder Ejecutivo y de<br />
las instituciones autónomas en materia de biodiversidad, los cuales podrán<br />
consultar a la Comisión antes de autorizar los convenios, nacionales o<br />
internacionales, o de establecer o ratificar acciones o políticas que<br />
incidan en la conservación y el uso de la biodiversidad.<br />
SECCIÓN II<br />
SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN<br />
ARTÍCULO 22.- Sistema Nacional de Áreas de Conservación<br />
Créase el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en adelante<br />
denominado Sistema, que tendrá personería jurídica propia; será un sistema<br />
de gestión y coordinación institucional, desconcentrado y participativo,<br />
que integrará las competencias en materia forestal, vida silvestre, áreas<br />
protegidas y el Ministerio del Ambiente y Energía, con el fin de dictar<br />
políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la<br />
sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de Costa Rica.<br />
Conforme a lo anterior, la Dirección General de Vida Silvestre, la<br />
Administración Forestal del Estado y el Servicio de Parques Nacionales<br />
ejercerán sus funciones y competencias como una sola instancia, mediante la<br />
estructura administrativa del Sistema, sin perjuicio de los objetivos para<br />
los que fueron establecidos. Queda incluida como competencia del Sistema<br />
la protección y conservación del uso de cuencas hidrográficas y sistemas<br />
hídricos.<br />
ARTÍCULO 23.- Organización administrativa del Sistema<br />
El Sistema estará conformado por los siguientes órganos:<br />
1.- El Consejo Nacional de Áreas de Conservación.<br />
2.- La Secretaría Ejecutiva.<br />
3.- Las estructuras administrativas de las Áreas de Conservación.<br />
4.- Los consejos regionales de Áreas de Conservación.<br />
5.- Los consejos locales.<br />
TRANSITORIO.- En un plazo de seis meses contados a partir de la vigencia<br />
de esta ley, el Sistema retomará todas las competencias que corresponden a<br />
la materia de hidrología. Para entonces, deberá tener la organización<br />
administrativa necesaria para tal efecto.<br />
ARTÍCULO 24.- Integración del Consejo Nacional<br />
El Consejo Nacional de Áreas de Conservación estará integrado de la<br />
siguiente manera:<br />
1.- El Ministro del Ambiente y Energía, quien lo presidirá.<br />
2.- El Director Ejecutivo del Sistema, que actuará como secretario<br />
del consejo<br />
3.- El Director Ejecutivo de la Oficina Técnica de la Comisión.<br />
4.- Los directores de cada Área de Conservación.<br />
5.- Un representante de cada Consejo Regional de las Áreas de<br />
Conservación, designado del seno de cada Consejo.<br />
ARTÍCULO 25.- Funciones del Consejo Nacional<br />
Serán funciones de este Consejo:<br />
1.- Definir la ejecución de las estrategias y políticas tendientes a<br />
la consolidación y desarrollo del Sistema Nacional de Áreas de<br />
Conservación, y vigilar que se ejecuten.<br />
2.- Supervisar y fiscalizar la correcta gestión técnica y<br />
administrativa de las Áreas de Conservación.<br />
3.- Coordinar, en forma conjuntamente con la Comisión, la<br />
elaboración y actualización de la Estrategia nacional para la<br />
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, la cual deberá<br />
ser ampliamente consultada con la sociedad civil y coordinada<br />
debidamente con todo el sector público, dentro del marco de cada una de<br />
las Áreas de Conservación.<br />
4.- Definir estrategias y políticas relacionadas con la<br />
consolidación y el desarrollo de las áreas protegidas estatales, así<br />
como supervisar su manejo.<br />
5.- Aprobar las estrategias, la estructura de los órganos<br />
administrativos de las áreas protegidas y los planes y presupuestos<br />
anuales de las Áreas de Conservación.<br />
6.- Recomendar la creación de nuevas áreas protegidas que aumenten<br />
su categoría de protección.<br />
7.- Realizar auditorías técnicas y administrativas para la<br />
vigilancia del buen manejo de las Áreas de Conservación y sus áreas<br />
protegidas.<br />
8.- Establecer los lineamientos y directrices para hacer coherentes<br />
las estructuras, mecanismos administrativos y reglamentos de las Áreas<br />
de Conservación.<br />
9.- Nombrar de una terna propuesta por los consejos regionales, los<br />
directores de las Áreas de Conservación.<br />
10.- Aprobar las solicitudes de concesión indicadas en el artículo 39<br />
de esta ley.<br />
11.- Otras funciones necesarias para cumplir con los objetivos de<br />
esta y otras leyes relacionadas con las funciones del Sistema.<br />
ARTÍCULO 26.- Funciones del Director Ejecutivo<br />
El Director Ejecutivo del Sistema, será el responsable de ejecutar<br />
las directrices y decisiones del Consejo Nacional de Áreas de Conservación<br />
y actuará bajo su supervisión. Será nombrado por el Ministro del Ambiente<br />
y Energía, por un período de cuatro años, y podrá prorrogarse su<br />
nombramiento. Su responsabilidad incluye mantener informado al Consejo y<br />
al país, sobre la aplicación de esta legislación y de otras leyes cuya<br />
aplicación le corresponda al Sistema; asimismo, deberá supervisar y dar<br />
seguimiento al cumplimiento de los reglamentos, las políticas y las<br />
directrices emanadas en la materia; también representará al Consejo<br />
Nacional de Áreas de Conservación en la Comisión.<br />
ARTÍCULO 27.- Estructura administrativa de las Áreas de Conservación<br />
Las Áreas de Conservación estarán conformadas por las siguientes<br />
unidades administrativas:<br />
a) El Consejo Regional del Área de Conservación.<br />
b) La Dirección Regional de Área de Conservación.<br />
c) El comité científico-técnico.<br />
d) El órgano de administración financiera de las áreas protegidas.<br />
ARTÍCULO 28.- Áreas de Conservación<br />
El Sistema estará constituido por unidades territoriales denominadas<br />
Áreas de Conservación bajo la supervisión general del Ministerio del<br />
Ambiente y Energía, por medio del Consejo Nacional de Áreas de<br />
Conservación, con competencia en todo el territorio nacional, según se<br />
trate de áreas silvestres protegidas, áreas con alto grado de fragilidad o<br />
de áreas privadas de explotación económica.<br />
Cada área de conservación es una unidad territorial del país,<br />
delimitada administrativamente, regida por una misma estrategia de<br />
desarrollo y administración, debidamente coordinada con el resto del sector<br />
público. En cada uno se interrelacionan actividades tanto privadas como<br />
estatales en materia de conservación sin menoscabo de las áreas protegidas.<br />
Las Áreas de Conservación se encargarán de aplicar la legislación vigente<br />
en materia de recursos naturales, dentro de su demarcación geográfica.<br />
Deberán ejecutar las políticas, las estrategias y los programas aprobados<br />
por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación, en materia de áreas<br />
protegidas; asimismo, tendrá a su cargo la aplicación de otras leyes que<br />
rigen su materia, tales como la Ley de conservación de la vida silvestre,<br />
No. 7317, de 30 de octubre de 1992, y la Ley Forestal, No. 7575, de 13 de<br />
febrero de 1996, Ley Orgánica, No. 7554, de 4 de octubre de 1995, y la Ley<br />
de Creación del Servicio de Parques Nacionales, No. 6084, de 24 de agosto<br />
de 1977.<br />
Basado en las recomendaciones del Consejo, el Ministerio del Ambiente<br />
y Energía definirá la división territorial que técnicamente sea más<br />
aconsejable para las Áreas de Conservación del país, así como sus<br />
modificaciones.<br />
ARTÍCULO 29.- Consejo Regional del Área de Conservación<br />
El Sistema ejercerá la administración de las Áreas de Conservación,<br />
por medio de un Consejo Regional, el cual se integrará mediante<br />
convocatoria pública, que realizará el representante regional del Sistema,<br />
a todas las organizaciones no gubernamentales y comunales interesadas, las<br />
municipalidades y las instituciones públicas presentes en el área.<br />
Estará conformado por el funcionario responsable del área protegida y<br />
contará con un mínimo de cinco miembros representantes de distintos<br />
sectores presentes en el área, electos por la Asamblea de las<br />
organizaciones e instituciones convocadas para este a ese efecto; siempre<br />
deberá elegirse a un representante municipal. En aquellas<br />
circunscripciones donde no existan las organizaciones indicadas para<br />
integrar el Consejo, corresponderá a las municipalidades designarlos en<br />
coordinación con el representante del Sistema.<br />
Estos Consejos tendrán la estructura de organización que indique el<br />
reglamento de esta ley, la cual contará, como mínimo, con un Presidente, un<br />
Secretario, un Tesorero y dos Vocales, todos electos de su seno, así como<br />
con un representante del Sistema, quien siempre funcionará como Secretario<br />
Ejecutivo.<br />
En las Áreas de Conservación donde sea necesario, por su complejidad,<br />
podrán crearse, por acuerdo del Consejo Regional del Área de Conservación,<br />
Consejos Locales, cuya constitución se definirá en el acuerdo de creación.<br />
Cada Consejo Regional establecerá su propio reglamento en el marco de la<br />
legislación vigente, el cual será sometido al Consejo Nacional para la<br />
aprobación final. En este reglamento se establecerá un porcentaje del<br />
ingreso económico total de las Áreas de Conservación para su<br />
funcionamiento.<br />
ARTÍCULO 30.- Funciones del Consejo Regional<br />
El Consejo tendrá las siguientes funciones:<br />
1.- Velar por la aplicación de las políticas en la materia.<br />
2.- Velar por la integración de las necesidades comunales en los<br />
planes y actividades del Área de Conservación.<br />
3.- Fomentar la participación de los diferentes sectores del Área en<br />
el análisis, la discusión y la búsqueda de soluciones para los<br />
problemas regionales relacionados con los recursos naturales y el<br />
ambiente.<br />
4.- Presentar al Consejo Nacional la propuesta para el nombramiento<br />
del Director del Área, mediante una terna.<br />
5.- Aprobar las estrategias, las políticas, los lineamientos, las<br />
directrices, los planes y los presupuestos específicos del Área de<br />
Conservación, a propuesta del Director del Área y del comité<br />
científico-técnico.<br />
6.- Definir asuntos específicos para el manejo de sus áreas<br />
protegidas, y presentarlos al Consejo Nacional para su aprobación.<br />
7.- Recomendar, al Consejo Nacional de Áreas de Conservación, la<br />
creación, modificación o el cambio de categoría de sus áreas silvestres<br />
protegidas.<br />
8.- Supervisar la labor del Director y del órgano de administración<br />
financiera establecidos.<br />
9.- Aprobar, en primera instancia, lo referente a las concesiones y<br />
los contratos de servicios establecidos en el artículo 39.<br />
10.- Cualquier otra función asignada por la legislación nacional o<br />
por el Consejo Nacional.<br />
ARTÍCULO 31.- Director del Área de Conservación<br />
Cada Área de Conservación estará bajo la responsabilidad de un<br />
Director, quien será el encargado de aplicar la presente ley y otras leyes<br />
que rigen la materia, asimismo, de implementar las políticas nacionales y<br />
ejecutar las directrices del Consejo Regional de su Área de Conservación o<br />
las del Ministro del Ambiente y Energía, ante quienes responderá. Deberá<br />
velar por la integración y el buen funcionamiento del comité técnico y del<br />
órgano de administración financiera, así como por la capacitación, la<br />
supervisión y el bienestar del personal.<br />
ARTÍCULO 32.- Comités científico-técnicos<br />
Cada Área de Conservación deberá contar con un comité científico-<br />
técnico, cuya función será asesorar al Consejo y al director en los<br />
aspectos técnicos del manejo del área. De dicho Comité formarán parte los<br />
responsables de los programas del área, así como otros funcionarios y<br />
personas externas al área designada por el director. Este Comité es un<br />
foro permanente cuyo carácter es el máximo órgano asesor para analizar,<br />
discutir y formular planes y estrategias que serán ejecutados en las Áreas<br />
de Conservación.<br />
ARTÍCULO 33.- Órgano de Administración Financiera<br />
El Consejo Nacional de Áreas de Conservación, será el responsable de<br />
definir los lineamientos generales para conformar los mecanismos y los<br />
instrumentos de administración financiera para los Consejos Regionales de<br />
cada área de conservación, asegurándose de que se cumplan los siguientes<br />
principios y criterios:<br />
1.- Deberá asegurar la integridad del Sistema.<br />
2.- Su estructura deberá ser clara y altamente participativa en<br />
todos los aspectos, sin menoscabo de eficiencia y agilidad.<br />
3.- Deberá asegurar el cumplimiento y el seguimiento de las<br />
políticas nacionales de las tareas y los fondos asignados a su<br />
responsabilidad.<br />
4.- Deberá incluir mecanismos permanentes de información actualizada<br />
y oportuna, tanto para los órganos del Sistema, como para el resto del<br />
sector público y la sociedad.<br />
ARTÍCULO 34.- Comisionados de Áreas de Conservación<br />
Créase la figura de Comisionado de Área de Conservación; será un<br />
cargo ad honórem y deberá ser desempeñado por personas de reconocido<br />
prestigio y con trayectoria en el campo de los recursos naturales; además,<br />
deberá tener solvencia moral e interés manifiesto. Tendrá entre sus<br />
funciones velar por el buen desempeño del Área, solicitar y sugerir las<br />
medidas correctivas para cumplir sus objetivos, especialmente en lo<br />
referente a áreas silvestres protegidas, así como apoyar el área en la<br />
consecución de sus fines y recursos.<br />
Cada Área de Conservación tendrá por lo menos un comisionado. Los<br />
comisionados serán nombrados por el Consejo Nacional, por recomendación de<br />
los consejos regionales.<br />
ARTÍCULO 35.- Financiamiento<br />
El Sistema Nacional de Áreas de Conservación deberá diseñar<br />
mecanismos de financiamiento que le permitan ejercer sus mandatos con<br />
agilidad y eficiencia. Dichos mecanismos incluirán transferencias de los<br />
presupuestos de la República, o de cualquier persona física o jurídica, así<br />
como los fondos propios que generen las áreas protegidas, incluyendo las<br />
tarifas de ingreso, el pago de servicios ambientales, los canjes de deuda,<br />
los cánones establecidos por ley, el pago por las actividades realizadas<br />
dentro de las áreas protegidas y las donaciones.<br />
ARTÍCULO 36.- Instrumentos financieros<br />
Para los efectos del artículo anterior, se autoriza al Sistema para<br />
administrar los fondos que ingresen al Sistema por cualquier concepto, por<br />
medio de fideicomisos u otros instrumentos, ya sean estos para todo el<br />
sistema, o específicos para cada Área de Conservación. El Fondo de Parques<br />
Nacionales, creado por la Ley de Creación del Servicio de Parques<br />
Nacionales, No. 6084, de 24 de agosto de 1977, se transforma en el<br />
Fideicomiso de áreas protegidas, dedicado exclusivamente a los fines para<br />
los que fue creado, a partir de ahora incluso al financiamiento de<br />
actividades de protección y consolidación en las otras categorías de áreas<br />
protegidas de propiedad estatal.<br />
ARTÍCULO 37.- Pago de servicios ambientales<br />
En virtud de programas o proyectos de sostenibilidad debidamente<br />
aprobados por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación y por la<br />
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, por parte de las<br />
instituciones o los entes públicos competentes para brindar un servicio<br />
real o potencial de agua o de energía, que dependa estrictamente de la<br />
protección e integridad de un Área de Conservación, la Autoridad Reguladora<br />
de los Servicios Públicos podrá autorizar para cobrar a los usuarios, por<br />
medio de la tarifa pertinente, un porcentaje equivalente al costo del<br />
servicio brindado y a la dimensión del programa o proyecto aprobado.<br />
Trimestralmente, el ente al que corresponda la recolección de dicho<br />
pago deberá efectuar las transferencias o los desembolsos de la totalidad<br />
de los recursos recaudados al Fideicomiso de las áreas protegidas, que a su<br />
vez deberá realizar, en un plazo igual, los pagos respectivos a los<br />
propietarios, poseedores o administradores de los inmuebles afectados, y<br />
los destinará a los siguientes fines exclusivos:<br />
1.- Pago de servicios por protección de zonas de recarga a<br />
propietarios y poseedores privados de los inmuebles que comprenden<br />
áreas estratégicas definidas en forma conjunta por los Consejos<br />
Regionales de las Áreas de Conservación y las instituciones y<br />
organizaciones supracitadas.<br />
2.- Pago de servicios por protección de zonas de recarga a<br />
propietarios y poseedores privados, que deseen someter sus inmuebles,<br />
en forma voluntaria, a la conservación y protección de las Áreas,<br />
propiedades que serán previamente definidas por los Consejos Regionales<br />
de las Áreas de Conservación.<br />
3.- Compra o cancelación de inmuebles privados situados en áreas<br />
protegidas estatales, que aún no hayan sido comprados ni pagados.<br />
4.- Pago de los gastos operativos y administrativos necesarios para<br />
el mantenimiento de las áreas protegidas estatales.<br />
5.- Financiamiento de acueductos rurales, previa presentación de<br />
evaluación de impacto ambiental que demuestre la sostenibilidad del<br />
recurso agua.<br />
Para el cumplimiento de este artículo, el área de conservación<br />
respectiva deberá establecer un programa que ejecute estas acciones.<br />
ARTÍCULO 38.- Autofinanciamiento<br />
El Sistema utilizará en las Áreas de Conservación, para su<br />
funcionamiento, la totalidad de los fondos que generen sus actividades,<br />
tales como las tarifas de ingreso a las áreas protegidas o las concesiones<br />
de servicios no esenciales.<br />
Estos serán administrados por medio del Fideicomiso de áreas<br />
protegidas. Los fondos que generen las áreas protegidas serán<br />
exclusivamente para su protección y desarrollo, en ese orden de prioridad.<br />
El Consejo Nacional de las Áreas de Conservación será el órgano que<br />
definirá los presupuestos anuales, de manera que el Sistema se fortalezca<br />
en su integridad.<br />
ARTÍCULO 39.- Concesiones y contratos<br />
Autorízase al Consejo Nacional de Áreas de Conservación, para aprobar<br />
los contratos y las concesiones de servicios y actividades no esenciales<br />
dentro de las áreas silvestres protegidas estatales, excepto el ejercicio<br />
de las responsabilidades que esta y otras leyes le encomiendan,<br />
exclusivamente, al Poder Ejecutivo por medio del Ministerio del Ambiente y<br />
Energía, tales como la definición, el seguimiento de estrategias, los<br />
planes y los presupuestos de las Áreas de Conservación. Estas concesiones<br />
y contratos en ningún caso podrán comprender la autorización del acceso a<br />
elementos de la biodiversidad en favor de terceros; tampoco la construcción<br />
de edificaciones privadas.<br />
Los servicios y las actividades no esenciales serán: los<br />
estacionamientos, los servicios sanitarios, la administración de<br />
instalaciones físicas, los servicios de alimentación, las tiendas, la<br />
construcción y la administración de senderos, administración de la visita y<br />
otros que defina el Consejo Regional del Área de Conservación.<br />
Estas concesiones o los contratos podrán otorgarse a personas<br />
jurídicas, con su personería jurídica vigente, que sean organizaciones sin<br />
fines de lucro y tengan objetivos de apoyo a la conservación de los<br />
recursos naturales; se les dará prioridad a las organizaciones regionales.<br />
Los concesionarios o permisionarios deberán presentar auditorías<br />
externas satisfactorias, realizadas en el último año; todo a juicio del<br />
Consejo Regional del Área de Conservación.<br />
ARTÍCULO 40.- Adecuación a planes y estrategias<br />
Las concesiones y los contratos autorizados en el artículo anterior<br />
deberán basarse en las estrategias y los planes aprobados en primera<br />
instancia por el Consejo Regional y en forma definitiva por el Consejo<br />
Nacional de Áreas de Conservación, conforme a las leyes y políticas<br />
establecidas.<br />
La formulación de estrategias y planes de las áreas protegidas, en<br />
ningún caso se verá afectada por consideraciones que no sean estrictamente<br />
técnicas.<br />
ARTÍCULO 41.- Fondos y recursos existentes<br />
Además, para el fiel cumplimiento de los fines y objetivos de la Ley<br />
de Conservación de la Vida Silvestre, No. 7317, de 30 de octubre de 1992;<br />
la Ley Forestal, No. 7575, de 13 de febrero de 1976; la Ley de Creación del<br />
Servicio de Parques Nacionales, No. 6084, de 24 de agosto de 1977, y la Ley<br />
Orgánica del Ambiente, No. 7554, de 4 de octubre de 1995, atender los<br />
gastos que deriven de ellas, el Sistema contará con los aportes de los<br />
presupuestos de la República y los recursos de los fondos ya existentes en<br />
el Sistema, los cuales podrán administrarse bajo la figura de un<br />
fideicomiso o con los instrumentos financieros que se definan.<br />
ARTÍCULO 42.- Tarifas<br />
Autorízase al Sistema para cobrar precios diferentes a residentes y<br />
no residentes en el país, por concepto de tarifas de ingreso a todas las<br />
áreas protegidas estatales, así como por la prestación de servicios en las<br />
áreas. Asimismo, se le autoriza para cobrar tarifas diferenciadas, según<br />
el área protegida y los servicios que brinde.<br />
El Sistema fijará las tarifas conforme a los costos de operación de<br />
cada zona protegida y los costos de los servicios prestados. Igualmente,<br />
las revisará cada año, a fin de ajustarlas de acuerdo con el índice de<br />
precios al consumidor.<br />
ARTÍCULO 43.- Timbre de parques nacionales<br />
De los fondos recaudados por medio del timbre pro-parques nacionales,<br />
establecido en el artículo 7 de la Ley de Creación del Servicio de Parques<br />
Nacionales de 17 de agosto de 1977, en adelante se destinará un diez por<br />
ciento (10%) a la Comisión. El valor del timbre se actualiza en la<br />
siguiente forma:<br />
1.- Un timbre equivalente al dos por ciento (2%) sobre los ingresos<br />
por impuesto de patentes municipales de cualquier clase.<br />
2.- Un timbre de doscientos cincuenta colones ((250,00), en todo<br />
pasaporte o salvoconducto que se extienda para salir del país.<br />
3.- Un timbre de quinientos colones ((500,00), que deberá llevar<br />
todo documento de traspaso e inscripción de vehículos automotores.<br />
4.- Un timbre de quinientos colones ((500,00), que deberán llevar<br />
las autenticaciones de firmas que realice el Ministerio de Relaciones<br />
Exteriores.<br />
5.- Un timbre de cinco mil colones ((5.000,00), que deberán cancelar<br />
anualmente todos los clubes sociales, salones de baile, cantinas,<br />
bares, licoreras, restaurantes, casinos y cualquier sitio donde se<br />
vendan o consuman bebidas alcohólicas.<br />
De lo recaudado por concepto de los timbres, cuya recolección que<br />
competerá a las municipalidades según los incisos 1) y 5) anteriores, un<br />
treinta por ciento (30%) será destinado por el municipio a la formulación e<br />
implementación de estrategias locales de desarrollo sostenible y un setenta<br />
por ciento (70%) para las áreas protegidas del Área de Conservación<br />
respectiva.<br />
CAPÍTULO III<br />
GARANTÍAS DE SEGURIDAD AMBIENTAL<br />
ARTÍCULO 44.- Establecimiento de mecanismos y procedimientos para la<br />
bioseguridad<br />
Para evitar y prevenir daños o perjuicios, presentes o futuros, a la<br />
salud humana, animal o vegetal o a la integridad de los ecosistemas, en el<br />
reglamento de esta ley se establecerán los mecanismos y procedimientos para<br />
el acceso a los elementos de la biodiversidad con fines de investigación,<br />
desarrollo, producción, aplicación, liberación o introducción de organismos<br />
modificados genéticamente o exóticos.<br />
ARTÍCULO 45.- Responsabilidad en materia de seguridad ambiental<br />
El Estado tiene la obligación de evitar cualquier riesgo o peligro<br />
que amenace la permanencia de los ecosistemas. También deberá prevenir,<br />
mitigar o restaurar los daños ambientales que amenacen la vida o deterioren<br />
su calidad.<br />
La responsabilidad civil de los titulares o responsables del manejo<br />
de los organismos genéticamente modificados por los daños y perjuicios<br />
causados, se fija en la Ley Orgánica del Ambiente, el Código Civil y otras<br />
leyes aplicables. La responsabilidad penal se prescribe en el ordenamiento<br />
jurídico existente.<br />
ARTÍCULO 46.- Registro y permisos de los organismos genéticamente<br />
modificados<br />
Cualquier persona física o jurídica que se proponga importar,<br />
exportar, experimentar, movilizar, liberar al ambiente, multiplicar,<br />
comercializar y usar para investigación organismos genéticamente<br />
modificados en materia agropecuaria, creados dentro o fuera de Costa Rica,<br />
deberá obtener el permiso previo del Servicio de protección fitosanitaria.<br />
Cada tres meses, este Servicio entregará un informe a la Comisión.<br />
Obligatoriamente, las personas mencionadas deberán solicitar a la<br />
Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad un dictamen que será vinculante y<br />
determinará las medidas necesarias para la evaluación del riesgo y su<br />
manejo.<br />
Toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, que realice<br />
labores de manipulación genética está obligada a inscribirse en el registro<br />
de la Oficina Técnica de la Comisión.<br />
ARTÍCULO 47.- Oposición fundada<br />
Cualquier persona podrá ser parte del proceso de tramitación del<br />
permiso y suministrar por escrito sus observaciones y documentos. Asimismo,<br />
podrá solicitar la revocatoria o revisión de cualquier permiso otorgado.<br />
La Oficina Técnica de la Comisión rechazará cualquier gestión<br />
manifiestamente infundada. En el reglamento de esta ley se definirán el<br />
plazo y procedimiento correspondientes.<br />
ARTÍCULO 48.- Revocatoria de permisos para manipulación genética<br />
Con base en criterios técnicos, científicos y de seguridad, la<br />
Oficina Técnica de la Comisión podrá<br />
modificar o revocar cualquier permiso otorgado de acuerdo con los artículos<br />
anteriores.<br />
Ante peligro inminente, situaciones imprevisibles o incumplimiento de<br />
disposiciones oficiales, la Oficina podrá retener, decomisar, destruir o<br />
reexpedir los organismos genéticamente modificados u otro tipo de<br />
organismos; además, prohibir su traslado, experimentación, liberación al<br />
ambiente, multiplicación y comercialización para proteger la salud humana y<br />
el ambiente.<br />
CAPÍTULO IV<br />
CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE<br />
DE ECOSISTEMAS Y ESPECIES<br />
ARTÍCULO 49.- Mantenimiento de procesos ecológicos<br />
El mantenimiento de los procesos ecológicos es un deber del Estado y<br />
los ciudadanos. Para tal efecto, el Ministerio del Ambiente y Energía y<br />
los demás entes públicos pertinentes, tomando en cuenta la legislación<br />
específica vigente dictarán las normas técnicas adecuadas y utilizarán<br />
mecanismos para su conservación, tales como ordenamiento y evaluaciones<br />
ambientales, evaluaciones de impacto y auditorías ambientales, vedas,<br />
permisos, licencias ambientales e incentivos, entre otros.<br />
ARTÍCULO 50.- Normas científico técnicas<br />
Las actividades humanas deberán ajustarse a las normas científico-<br />
técnicas emitidas por el Ministerio y los demás entes públicos competentes,<br />
para el mantenimiento de los procesos ecológicos vitales, dentro y fuera de<br />
las áreas protegidas; especialmente, las actividades relacionadas con<br />
asentamientos humanos, agricultura, turismo e industria u otra que afecte<br />
dichos procesos.<br />
ARTÍCULO 51.- Identificación de ecosistemas<br />
Para los efectos de esta ley, el Ministerio del Ambiente y Energía,<br />
en colaboración con otros entes públicos y privados, dispondrá un sistema<br />
de parámetros que permita la identificación de los ecosistemas y sus<br />
componentes, para tomar las medidas apropiadas, incluso la mitigación, el<br />
control, la restauración, la recuperación y la rehabilitación.<br />
ARTÍCULO 52.- Ordenamiento territorial<br />
Los planes o las autorizaciones de uso y aprovechamiento de recursos<br />
minerales, suelo, flora, fauna, agua y otros recursos naturales, así como<br />
la ubicación de asentamientos humanos y de desarrollos industriales y<br />
agrícolas emitidos por cualquier ente público, sea del Gobierno central,<br />
las instituciones autónomas o los municipios, considerarán particularmente<br />
en su elaboración, aprobación e implementación, la conservación de la<br />
biodiversidad y su empleo sostenible, en especial cuando se trate de planes<br />
o permisos que afecten la biodiversidad de las áreas silvestres protegidas.<br />
ARTÍCULO 53.- Restauración, recuperación y rehabilitación<br />
La restauración, recuperación y rehabilitación de los ecosistemas,<br />
las especies y los servicios ambientales que brindan, deben ser fomentados<br />
por el Ministerio del Ambiente y Energía y los demás entes públicos,<br />
mediante planes y medidas que contemplen un sistema de incentivos, de<br />
acuerdo con esta ley y otras pertinentes.<br />
ARTÍCULO 54.- Daño ambiental<br />
Cuando exista daño ambiental en un ecosistema, el Estado podrá tomar<br />
medidas para restaurarlo, recuperarlo y rehabilitarlo. Para ello, podrá<br />
suscribir todo tipo de contratos con instituciones de educación superior,<br />
privadas o públicas, empresas e instituciones científicas, nacionales o<br />
internacionales, con el fin de restaurar los elementos de la biodiversidad<br />
dañados. En áreas protegidas de propiedad estatal, esta decisión deberá<br />
provenir del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del<br />
Ambiente y Energía. Para la restauración en terrenos privados se procederá<br />
según los artículos 51, 52 y 56 de esta ley.<br />
ARTÍCULO 55.- Especies en peligro de extinción<br />
Para el desarrollo de programas de conservación, el Estado dará<br />
prioridad a las especies en peligro de extinción tomando en cuenta:<br />
1.- Las listas nacionales, las listas rojas internacionales y los<br />
convenios internacionales como CITES, sobre el comercio internacional<br />
de especies amenazadas de fauna y flora silvestres.<br />
2.- Cuando exista un uso comunitario culturas o de subsistencia,<br />
acorde con la conservación y el uso sostenible incluidos en estas<br />
listas, el Estado promoverá la asistencia técnica y la investigación<br />
necesaria para asegurar la conservación a largo plazo de la especie,<br />
respetando la práctica cultural.<br />
3.- Las acciones de conservación para las especies importantes para<br />
el consumo local (alimento, materia prima, medicamentos tradicionales),<br />
aun cuando no estén en las listas de especies en peligro de extinción.<br />
ARTÍCULO 56.- Conservación de especies in situ<br />
Serán objeto prioritario de conservación in situ:<br />
1.- Especies, poblaciones, razas o variedades, con poblaciones<br />
reducidas o en peligro de extinción.<br />
2.- Especies cuyas poblaciones se encuentran altamente fragmentadas.<br />
3.- Especies de flores dioicas cuya floración no siempre es<br />
sincrónica.<br />
4.- Especies, razas, variedades o poblaciones de singular valor<br />
estratégico, científico, económico, actual o potencial.<br />
5.- Especies, poblaciones, razas o variedades de animales o<br />
vegetales con particular significado religioso, cultural o cosmogónico.<br />
6.- Especies silvestres relacionadas con especies o estirpes<br />
cultivadas o domesticadas, que puedan utilizarse para el mejoramiento<br />
genético.<br />
ARTÍCULO 57.- Conservación de especies ex situ<br />
Serán objeto de conservación prioritaria ex situ:<br />
1.- Especies, poblaciones, razas o variedades con poblaciones<br />
reducidas o en peligro de extinción.<br />
2.- Especies o material genético de singular valor estratégico,<br />
científico, económico, actual o potencial.<br />
3.- Especies, poblaciones, razas o variedades y su material<br />
genético, aptas para cultivo, domesticación o mejoramiento genético o<br />
que han sido objeto de mejoramiento, selección, cultivo o<br />
domesticación.<br />
4.- Especies, poblaciones, razas o variedades con altos valores de<br />
uso ligados a las necesidades socioeconómicas y culturales, locales o<br />
nacionales.<br />
5.- Especies animales o vegetales con particular significado<br />
religioso, cultural o cosmogónico.<br />
6.- Especies que cumplen una función clave en el eslabonamiento de<br />
cadenas tróficas y en el control natural de poblaciones.<br />
ARTÍCULO 58.- Áreas silvestres protegidas<br />
Las áreas silvestres protegidas son zonas geográficas delimitadas,<br />
constituidas por terrenos, humedales y porciones de mar. Han sido<br />
declaradas como tales por representar significado especial por sus<br />
ecosistemas, la existencia de especies amenazadas, la repercusión en la<br />
reproducción y otras necesidades y por su significado histórico y cultural.<br />
Estas áreas estarán dedicadas a conservación y proteger la biodiversidad,<br />
el suelo, el recurso hídrico, los recursos culturales y los servicios de<br />
los ecosistemas en general.<br />
Los objetivos, la clasificación, los requisitos y mecanismos para<br />
establecer o reducir estas áreas se determinan en la Ley Orgánica del<br />
Ambiente, No. 7554, de 4 de octubre de 1995. Las prohibiciones que afectan<br />
a las personas físicas y jurídicas dentro de los parques nacionales y las<br />
reservas biológicas están determinadas, en la Ley de la Creación del<br />
Servicio de Parques Nacionales, No. 6084, de 24 de agosto de 1977.<br />
Durante el proceso de cumplimiento de requisitos para establecer<br />
áreas silvestres protegidas estatales, los informes técnicos respectivos<br />
deberán incluir las recomendaciones y justificaciones pertinentes para<br />
determinar la categoría de manejo más apropiada a que el área propuesta<br />
debe someterse. En todo caso, el establecimiento de áreas y categorías<br />
tomará muy en cuenta los derechos previamente adquiridos por las<br />
poblaciones indígenas o campesinas y otras personas físicas o jurídicas,<br />
subyacentes o adyacentes a ella.<br />
ARTÍCULO 59.- Cambio de categoría<br />
El Sistema Nacional de Áreas de Conservación podrá recomendar elevar<br />
la categoría de las áreas protegidas existentes; para ello seguirá lo<br />
establecido en la Ley Orgánica del Ambiente.<br />
ARTÍCULO 60.- Propiedad de las áreas silvestres protegidas<br />
Las áreas silvestres protegidas, además de las estatales, pueden ser<br />
municipales, mixtas o de propiedad privada. Por la gran importancia que<br />
tienen para asegurar la conservación y el uso sostenible de la<br />
biodiversidad del país, el Ministerio del Ambiente y Energía y todos los<br />
entes públicos, incentivarán su creación, además, vigilarán y ayudarán en<br />
su gestión.<br />
ARTÍCULO 61.- Protección de las áreas silvestres protegidas<br />
El Estado debe poner atención prioritaria a la protección y<br />
consolidación de las áreas silvestres protegidas estatales que se<br />
encuentran en las Áreas de Conservación. Para estos efectos, el Ministerio<br />
de Ambiente y Energía en coordinación con el Ministerio de Hacienda, deberá<br />
incluir en los presupuestos de la República, las transferencias respectivas<br />
al fideicomiso o los mecanismos financieros de áreas protegidas para<br />
asegurar, al menos, el personal y los recursos necesarios que determine el<br />
Sistema Nacional de Áreas de Conservación para la operación e integridad de<br />
las áreas silvestres protegidas de propiedad estatal y la protección<br />
permanente de los parques nacionales, las reservas biológicas y otras áreas<br />
silvestres protegidas propiedad del Estado.<br />
CAPÍTULO V<br />
ACCESO A LOS ELEMENTOS GENÉTICOS Y BIOQUÍMICOS Y PROTECCIÓN DEL<br />
CONOCIMIENTO ASOCIADO<br />
SECCIÓN I<br />
NORMAS GENERALES<br />
ARTÍCULO 62.- Competencia<br />
Corresponde a la Comisión proponer las políticas de acceso sobre los<br />
elementos genéticos y bioquímicos de la biodiversidad ex situ e in situ.<br />
Actuará como órgano de consulta obligatoria en los procedimientos de<br />
solicitud de protección de los derechos intelectuales sobre la<br />
biodiversidad.<br />
Las disposiciones que sobre esta materia acuerde constituirán las<br />
normas generales para el acceso a los elementos genéticos y bioquímicos y<br />
para la protección de los derechos intelectuales sobre la biodiversidad, a<br />
las que deberán someterse la administración y los particulares interesados.<br />
Para ser eficaces frente a terceros deben ser publicadas previamente en La<br />
Gaceta.<br />
ARTÍCULO 63.- Requisitos básicos para el acceso<br />
Los requisitos básicos para el acceso serán:<br />
1.- El consentimiento previamente informado de los representantes<br />
del lugar donde se materializa el acceso, sean los consejos regionales<br />
de Áreas de Conservación, los dueños de fincas o las autoridades<br />
indígenas, cuando sea en sus territorios.<br />
2.- El refrendo de dicho consentimiento previamente informado, de la<br />
Oficina Técnica de la Comisión.<br />
3.- Los términos de transferencia de tecnología y distribución<br />
equitativa de beneficios, cuando los haya, acordados en los permisos,<br />
convenios y concesiones, así como el tipo de protección del<br />
conocimiento asociado que exijan los representantes del lugar donde se<br />
materializa el acceso.<br />
4.- La definición de los modos en los que dichas actividades<br />
contribuirán a la conservación de las especies y los ecosistemas.<br />
5.- La designación de un representante legal residente en el país,<br />
cuando se trate de personas físicas o jurídicas domiciliadas en el<br />
extranjero.<br />
ARTÍCULO 64.- Procedimiento<br />
Mediante procedimiento formal registrado en expediente oficial, la<br />
Oficina Técnica de la Comisión tramitará todas las gestiones que realice en<br />
virtud de las competencias indicadas en este título.<br />
Cuando el acto final del procedimiento pueda otorgar a particulares<br />
derechos sobre elementos de la biodiversidad bajo dominio público o pueda<br />
causar perjuicio grave a particulares, sea imponiéndoles obligaciones,<br />
suprimiéndoles o denegándoles derechos subjetivos o por cualquier otra<br />
forma que lesione grave y directamente derechos legítimos, el asunto deberá<br />
tramitarse mediante el procedimiento ordinario establecido por la Ley<br />
General de la Administración Pública, salvo en lo relativo a los recursos,<br />
en lo que se aplicará lo dispuesto en el inciso f) del artículo 14 de esta<br />
ley.<br />
De igual forma se procederá cuando durante la instrucción, surja<br />
contradicción o concurso de interesados frente a la Administración.<br />
Para todos los demás casos, la Oficina Técnica seguirá un<br />
procedimiento sumario.<br />
ARTÍCULO 65.- Consentimiento previamente informado<br />
La Oficina Técnica deberá prevenir a los interesados de que, con la<br />
solicitud para los distintos tipos de acceso a elementos de la<br />
biodiversidad, deberán adjuntar el consentimiento previamente informado,<br />
otorgado por el propietario del fundo donde se desarrollará la actividad o,<br />
por la autoridad de la comunidad indígena cuando sea en sus territorios y<br />
el Director del Área de Conservación.<br />
ARTÍCULO 66.- Derecho a la objeción cultural<br />
Reconócese el derecho a que las comunidades locales y los pueblos<br />
indígenas se opongan al acceso a sus recursos y al conocimiento asociado,<br />
por motivos culturales, espirituales, sociales, económicos o de otra<br />
índole.<br />
ARTÍCULO 67.- Registro de derechos de acceso sobre elementos genéticos y<br />
bioquímicos<br />
La Oficina Técnica de la Comisión organizará y mantendrá<br />
permanentemente actualizado un Registro de derechos de acceso a elementos<br />
genéticos y bioquímicos. El Director de la Oficina Técnica de la Comisión<br />
será, a su vez, Director del Registro y funcionario responsable de la<br />
custodia y autenticidad de la información registrada.<br />
La información registrada será de carácter público, excepto los<br />
secretos industriales, que deberán ser protegidos por el Registro, salvo<br />
que razones de bioseguridad obliguen a darles publicidad.<br />
ARTÍCULO 68.- Regla general de interpretación<br />
Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones relativas al<br />
comercio de especies de flora y fauna en vías de extinción, de la<br />
aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias, normas técnicas y de<br />
bioseguridad, lo dispuesto en este título no constituirá restricción<br />
encubierta ni obstáculo para el comercio. Cualquier interpretación en<br />
sentido contrario será declarada nula por la autoridad administrativa o<br />
judicial, según corresponda.<br />
SECCIÓN II<br />
PERMISOS DE ACCESO A LOS<br />
ELEMENTOS DE LA BIODIVERSIDAD<br />
ARTÍCULO 69.- Permiso de acceso para la investigación o bioprospección<br />
Todo programa de investigación o bioprospección sobre material<br />
genético o bioquímico de la biodiversidad que pretenda realizarse en el<br />
territorio costarricense, requiere un permiso de acceso.<br />
Para las colecciones ex situ debidamente registradas, el reglamento<br />
de esta ley fijará el procedimiento de autorización del respectivo permiso.<br />
ARTÍCULO 70.- Plazo, límites subjetivos, elementos y territorio<br />
El permiso de acceso indicado en el artículo anterior se establecerá<br />
por un plazo máximo de tres años, prorrogables a juicio de la Oficina<br />
Técnica de la Comisión.<br />
Dichos permisos se otorgan a un investigador o centro de<br />
investigación, son personales e intransmisibles, están limitados<br />
materialmente a los elementos genéticos o bioquímicos autorizados y sólo<br />
podrán ser utilizados en el área o territorio que expresamente se indique<br />
en ellos.<br />
ARTÍCULO 71.- Características y condiciones<br />
Los permisos de acceso para la investigación o bioprospección no<br />
otorgan derechos ni acciones ni los delegan, solamente permite realizar<br />
tales actividades sobre elementos de la biodiversidad previamente<br />
establecidos. En ellos se estipularán claramente: el certificado de<br />
origen, la posibilidad o la prohibición para extraer o exportar muestras o,<br />
en su defecto, su duplicación y depósito; los informes periódicos, la<br />
verificación y el control, la publicidad y propiedad de los resultados, así<br />
como cualquier otra condición que, dadas las reglas de la<br />
ciencia y de la técnica aplicables, sean necesarias a juicio de la Oficina<br />
Técnica de la Comisión.<br />
Estos requisitos se determinarán en forma diferente para las<br />
investigaciones sin fines comerciales respecto de las que no lo son; pero<br />
en el caso de las primeras, deberá comprobarse fehacientemente que no<br />
existe interés de lucro.<br />
ARTÍCULO 72.- Requisitos de la solicitud<br />
Toda solicitud deberá dirigirse a la Oficina Técnica de la Comisión y<br />
deberá contener los siguientes requisitos:<br />
1.- Nombre e identificación completa del gestionante interesado. Si<br />
no es el propio interesado, deberá indicar los datos de identificación<br />
del titular y el poder bajo la cual gestiona.<br />
2.- Nombre e identificación completa del profesional o el<br />
investigador responsable.<br />
3.- Ubicación exacta del lugar y los elementos que serán objeto de<br />
investigación, con indicación del propietario, el administrador o el<br />
poseedor del inmueble.<br />
4.- Un cronograma descriptivo de los alcances de la investigación y<br />
los posibles impactos ambientales.<br />
5.- Objetivos y finalidad que persigue.<br />
6.- Manifestación de que la declaración anterior ha sido hecha bajo<br />
juramento.<br />
7.- Lugar para notificaciones en el perímetro del domicilio de la<br />
Oficina Técnica de la Comisión.<br />
La solicitud debe acompañarse del consentimiento previamente<br />
informado, otorgado por quien corresponda, según el artículo 65 anterior.<br />
ARTÍCULO 73.- Registro voluntario de personas físicas o jurídicas en<br />
actividades de bioprospección<br />
Las personas físicas o jurídicas que deseen realizar actividades de<br />
bioprospección, deberán inscribirse previamente en el Registro de la<br />
Comisión. Este acto no otorga derechos para efectuar actividades<br />
específicas de bioprospección.<br />
ARTÍCULO 74.- Autorización de convenios y contratos<br />
La Oficina Técnica de la Comisión, autorizará los convenios y<br />
contratos suscritos entre particulares, nacionales o extranjeros, o entre<br />
ellos y las instituciones registradas para el efecto, si contemplaren<br />
acceso al uso de los elementos genéticos y bioquímicos de la biodiversidad<br />
costarricense. Para tramitarlos y aprobarlos, deberán cumplir con lo<br />
estipulado en los artículos 69, 70 y 71.<br />
Las universidades públicas y otros centros debidamente registrados<br />
podrán suscribir en forma periódica convenios marco con la Comisión, para<br />
tramitar los permisos de acceso y los informes de operaciones. En estos<br />
casos, los representantes legales de las universidades o instituciones que<br />
se acojan a este beneficio, serán penal y civilmente responsables por el<br />
uso que se le dé.<br />
ARTÍCULO 75.- Concesión<br />
Cuando la Oficina Técnica autorice la utilización constante del<br />
material genético o de extractos bioquímicos con fines comerciales, se<br />
exigirá al interesado obtener una concesión para explotarlos; para ello, se<br />
aplicarán las Normas Generales que dicte la Comisión.<br />
ARTÍCULO 76.- Reglas generales para el acceso<br />
Además de los requisitos específicamente señalados en los artículos<br />
precedentes, en la resolución respectiva la Oficina Técnica, de conformidad<br />
con las Normas Generales de la Comisión, establecerá la obligación del<br />
interesado de depositar hasta un diez por ciento (10%) del presupuesto de<br />
investigación y hasta un cincuenta por ciento (50%) de las regalías que<br />
cobre, en favor del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el<br />
territorio indígena o el propietario privado proveedor de los elementos por<br />
accesar; además, determinará el monto que en cada caso deberán pagar los<br />
interesados por gastos de trámites, así como cualquier otro beneficio o<br />
transferencia de tecnología que forme parte del consentimiento previamente<br />
informado.<br />
SECCIÓN III<br />
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS<br />
DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL<br />
ARTÍCULO 77.- Reconocimiento de las formas de innovación<br />
El Estado reconoce la existencia y validez de las formas de<br />
conocimiento e innovación y la necesidad de protegerlas, mediante el uso de<br />
los mecanismos legales apropiados para cada caso específico.<br />
ARTÍCULO 78.- Forma y límites de la protección<br />
El Estado otorgará la protección indicada en el artículo anterior,<br />
entre otras formas, mediante patentes, secretos comerciales, derechos del<br />
fitomejorador, derechos intelectuales comunitarios sui géneris, derechos de<br />
autor, derechos de los agricultores. Se exceptúan:<br />
1.- Las secuencias de ácido desoxirribonucleico per se.<br />
2.- Las plantas y los animales.<br />
3.- Los microorganismos no modificados genéticamente.<br />
4.- Los procedimientos esencialmente biológicos para la producción<br />
de plantas y animales.<br />
5.- Los procesos o ciclos naturales en sí mismos.<br />
6.- Las invenciones esencialmente derivadas del conocimiento<br />
asociado a prácticas biológicas tradicionales o culturales en dominio<br />
público.<br />
7.- Las invenciones que, al ser explotadas comercialmente en forma<br />
monopólica, puedan afectar los procesos o productos agropecuarios<br />
considerados básicos para la alimentación y la salud de los habitantes<br />
del país.<br />
ARTÍCULO 79.- Congruencia del sistema de propiedad intelectual<br />
Los derechos de propiedad intelectual en las formas indicadas por el<br />
primer párrafo del artículo anterior, serán regulados por las legislaciones<br />
específicas de cada instituto. Sin embargo, las resoluciones que se tomen<br />
en materia de protección de la propiedad intelectual relacionada con la<br />
biodiversidad, deberán ser congruentes con los objetivos de esta ley, en<br />
aplicación del principio de integración.<br />
ARTÍCULO 80.- Consulta previa obligada<br />
Tanto la Oficina Nacional de Semillas como los Registros de Propiedad<br />
Intelectual y de Propiedad Industrial, obligatoriamente deberán consultar a<br />
la Oficina Técnica de la Comisión, antes de otorgar protección de propiedad<br />
intelectual o industrial a las innovaciones que involucren elementos de la<br />
biodiversidad. Siempre aportarán el certificado de origen emitido por la<br />
Oficina Técnica de la Comisión y el consentimiento previo.<br />
La oposición fundada de la Oficina Técnica impedirá registrar la<br />
patente o protección de la innovación.<br />
ARTÍCULO 81.- Licencias<br />
Los particulares beneficiarios de protección de la propiedad<br />
intelectual o industrial en materia de biodiversidad cederán, en favor del<br />
Estado, una licencia legal obligatoria que le permitirá en casos de<br />
emergencia nacional declarada, usar tales derechos en beneficio de la<br />
colectividad, con el único fin de resolver la emergencia, sin necesidad del<br />
pago de regalías o indemnización.<br />
ARTÍCULO 82.- Los derechos intelectuales comunitarios sui géneris<br />
El Estado reconoce y protege expresamente, bajo el nombre común de<br />
derechos intelectuales comunitarios sui géneris, los conocimientos, las<br />
prácticas e innovaciones de los pueblos indígenas y las comunidades<br />
locales, relacionadas con el empleo de los elementos de la biodiversidad y<br />
el conocimiento asociado. Este derecho existe y se reconoce jurídicamente<br />
por la sola existencia de la práctica cultural o el conocimiento<br />
relacionado con los recursos genéticos y bioquímicos; no requiere<br />
declaración previa, reconocimiento expreso ni registro oficial; por tanto,<br />
puede comprender prácticas que en el futuro adquieran tal categoría.<br />
Este reconocimiento implica que ninguna de las formas de protección<br />
de los derechos de propiedad intelectual o industrial regulados en este<br />
capítulo, las leyes especiales y el Derecho Internacional afectarán tales<br />
prácticas históricas.<br />
ARTÍCULO 83.- Proceso participativo para determinar naturaleza y<br />
alcances de los derechos intelectuales comunitarios sui géneris<br />
Dentro de los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigencia de<br />
esta ley, la Comisión, por medio de su Oficina Técnica y en asocio con la<br />
Mesa Indígena y la Mesa Campesina, deberá definir un proceso participativo<br />
con las comunidades indígenas y campesinas, para determinar la naturaleza,<br />
los alcances y requisitos de estos derechos para su normación definitiva.<br />
La Comisión y las organizaciones involucradas dispondrán la forma, la<br />
metodología y los elementos básicos del proceso participativo.<br />
ARTÍCULO 84.- Determinación y registro de los derechos intelectuales<br />
comunitarios sui géneris<br />
Mediante el procedimiento indicado en el artículo anterior, se<br />
procederá a inventariar los derechos intelectuales comunitarios sui géneris<br />
específicos que las comunidades solicitan proteger, y se mantendrá abierta<br />
la posibilidad de que, en el futuro, se inscriban o reconozcan otros que<br />
reúnan las mismas características.<br />
El reconocimiento de esos derechos en el Registro de la Oficina<br />
Técnica de la Comisión, es voluntario y gratuito; deberá hacerse<br />
oficiosamente o a solicitud de los interesados, sin sujeción a formalidad<br />
alguna.<br />
La existencia de tal reconocimiento en el Registro obligará a la<br />
Oficina Técnica a contestar negativamente cualquier consulta relativa a<br />
reconocer derechos intelectuales o industriales sobre el mismo elemento o<br />
conocimiento. Tal denegación, siempre que sea debidamente fundada, podrá<br />
hacerse por el mismo motivo aun cuando el derecho sui géneris no esté<br />
inscrito oficialmente.<br />
ARTÍCULO 85.- Uso del derecho intelectual comunitario sui géneris<br />
Mediante el proceso participativo se determinará la forma en que el<br />
derecho intelectual comunitario sui géneris será utilizado y quien ejercerá<br />
su titularidad. Asimismo, identificará a los destinatarios de sus<br />
beneficios<br />
CAPÍTULO VI<br />
EDUCACIÓN Y CONCIENCIA PÚBLICA, INVESTIGACIÓN Y<br />
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA<br />
ARTÍCULO 86.- Educación para la biodiversidad<br />
La educación biológica deberá ser integrada dentro de los planes<br />
educativos en todos los niveles previstos, para lograr la comprensión del<br />
valor de la biodiversidad y del modo en que desempeña un papel en la vida y<br />
aspiración de cada ser humano.<br />
El Ministerio de Educación, en coordinación con las entidades<br />
públicas y privadas competentes en la materia, en especial el Ministerio<br />
del Ambiente y Energía, deberá diseñar políticas y programas de educación<br />
formal que integren el conocimiento de la importancia y el valor de la<br />
biodiversidad y el conocimiento asociado, las causas que la amenazan y<br />
reducen y el uso sostenible de sus componentes, a fin de facilitar el<br />
aprendizaje y valoración de la biodiversidad que rodea a cada comunidad y<br />
demostrar el potencial de ella para aumentar la calidad de vida de la<br />
población.<br />
ARTÍCULO 87.- Incorporación de la variable educativa en los proyectos<br />
El Estado velará porque cada proyecto que desarrolle una institución<br />
pública en el campo ambiental contemple un componente de educación y<br />
conciencia pública sobre la conservación y el uso sostenible de la<br />
biodiversidad, específicamente en la zona donde se desarrolla el proyecto.<br />
ARTÍCULO 88.- Investigación y transferencia de tecnología sobre la<br />
diversidad biológica<br />
En aplicación de los artículos 16, 17 y 18 de la Convención sobre<br />
Diversidad Biológica, el Estado, por medio de la Comisión, dictará las<br />
normas generales que garanticen, al país y sus habitantes, ser<br />
destinatarios de información y cooperación científico-técnica en materia de<br />
biodiversidad, así como tener acceso a la tecnología mediante políticas<br />
adecuadas de transferencia, incluida la biotecnología y el conocimiento<br />
asociado.<br />
Por medio de las mismas Normas Generales, el Estado garantizará el<br />
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo convenio,<br />
facilitando el acceso a las tecnologías pertinentes para la conservación y<br />
el uso sostenible de la biodiversidad, sin perjuicio de los derechos de<br />
propiedad intelectual, industrial o de los derechos colectivos<br />
intelectuales sui géneris.<br />
ARTÍCULO 89.- Fomento de programas de investigación, divulgación e<br />
información<br />
El Ministerio del Ambiente y Energía y las demás instituciones<br />
públicas y privadas fomentarán el desarrollo de programas de investigación<br />
sobre la diversidad biológica.<br />
ARTÍCULO 90.- Programa Nacional de Ciencia y Tecnología<br />
Considérase parte del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología, los<br />
objetivos de esta ley en materia de biodiversidad.<br />
ARTÍCULO 91.- Rescate y mantenimiento de tecnologías tradicionales<br />
El Estado fomentará el rescate, el mantenimiento y la difusión de<br />
tecnologías y prácticas tradicionales útiles para la conservación y el uso<br />
sostenible de la biodiversidad.<br />
CAPÍTULO VII<br />
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL<br />
ARTÍCULO 92.- Presentación de evaluaciones de impacto ambiental<br />
A juicio de la Oficina Técnica de la Comisión, se solicitará la<br />
evaluación de impacto ambiental de los proyectos propuestos cuando se<br />
considere que pueden afectar la biodiversidad. La evaluación se aprobará<br />
de conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente.<br />
ARTÍCULO 93.- Guías para la evaluación de impacto ambiental<br />
La Secretaría Técnica Nacional deberá incluir en las guías para<br />
elaborar la evaluación de impacto ambiental, los cambios en la<br />
biodiversidad, sean naturales o hechos por el hombre, y la identificación<br />
de los procesos o actividades que ejercen impacto sobre la conservación y<br />
el uso de la biodiversidad.<br />
ARTÍCULO 94.- Etapas de la evaluación del impacto ambiental<br />
La evaluación del impacto ambiental en materia de biodiversidad debe<br />
efectuarse en su totalidad, aun cuando el proyecto esté programado para<br />
realizarse en etapas.<br />
ARTÍCULO 95.- Audiencias públicas<br />
La Secretaría Técnica Nacional deberá realizar audiencias públicas<br />
de información y análisis sobre el proyecto concreto y su impacto, cuando<br />
lo considere necesario. El costo de la publicación correrá a costa del<br />
interesado.<br />
ARTÍCULO 96.- Auditoría ambiental<br />
En los proyectos que exijan evaluación de impacto ambiental de<br />
conformidad con el artículo 92 anterior, la Secretaría Técnica Nacional y<br />
la Oficina Técnica de Comisión, coordinarán la auditoría ambiental<br />
correspondiente.<br />
ARTÍCULO 97.- Notificación internacional<br />
Conforme al Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Derecho<br />
Internacional ambiental, la Secretaría Técnica Nacional será la encargada<br />
de la aplicación de los incisos c) y d) del artículo 14 Convenio<br />
mencionado.<br />
CAPÍTULO VIII<br />
INCENTIVOS<br />
ARTÍCULO 98.- Promoción de inversiones<br />
El Ministerio del Ambiente y Energía y las demás entidades públicas,<br />
en cooperación con el sector privado e incluyendo las organizaciones de la<br />
sociedad civil, promoverán las inversiones para el empleo sostenible y la<br />
conservación de la biodiversidad.<br />
ARTÍCULO 99.- Establecimiento de programas de capacitación<br />
El establecimiento de programas de capacitación científica, técnica y<br />
tecnológica, así como los proyectos de investigación que fomenten la<br />
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad se favorecen mediante<br />
los incentivos previstos en esta ley, en otras o interpretaciones que de<br />
ellas se hagan.<br />
ARTÍCULO 100.- Plan de incentivos<br />
El Ministerio del Ambiente y Energía y las demás autoridades públicas<br />
aplicarán incentivos específicos de carácter tributario, técnico-científico<br />
y de otra índole, en favor de las actividades o los programas realizados<br />
porpersonas físicas o jurídicas nacionales, que contribuyan a alcanzar los<br />
objetivos de la presente ley.<br />
Los incentivos estarán constituidos, entre otros, por los siguientes:<br />
1.- Exoneración de todo tributo para equipos y materiales, excepto<br />
automotores de cualquier clase, que el reglamento de esta ley defina<br />
como indispensables y necesarios para el desarrollo, la investigación y<br />
transferencia de tecnologías adecuadas para la conservación y el uso<br />
sostenible de la biodiversidad. La exoneración se otorgará por una<br />
sola vez en cuanto a equipos. Todas se otorgarán mediante autorización<br />
del Ministerio de Hacienda, previa aprobación del estudio respectivo<br />
debidamente justificado por el Ministerio del Ambiente y Energía.<br />
2.- Reconocimientos públicos como el distintivo Bandera Ecológica .<br />
3.- Premios nacionales y locales para quienes se destaquen por sus<br />
acciones en favor de la conservación y el uso sostenible de la<br />
biodiversidad.<br />
4.- Pago de servicios ambientales.<br />
5.- Créditos favorables para microempresas en áreas de<br />
amortiguamiento.<br />
6.- Cualquier otro vigente en la Ley de promoción del desarrollo<br />
científico y tecnológico, No. 7169, de 26 de junio de 1990, y otras<br />
leyes, en el tanto permita alcanzar los objetivos previstos en esta<br />
ley.<br />
ARTÍCULO 101.- Incentivos para la participación comunitaria<br />
Incentívase la participación de la comunidad en la conservación y el<br />
uso sostenible de la diversidad biológica mediante la asistencia técnica y<br />
los incentivos señalados en esta ley y su reglamento, especialmente en<br />
áreas donde se hayan identificado especies en peligro de extinción,<br />
endémicas o raras.<br />
ARTÍCULO 102.- Financiamiento y asistencia al manejo comunitario<br />
El Ministerio del Ambiente y Energía, en coordinación con las<br />
autoridades públicas competentes y la sociedad civil, dará prioridad a<br />
formas de financiamiento y apoyo técnico o de otra índole para los<br />
proyectos de manejo comunitario de la biodiversidad.<br />
ARTÍCULO 103.- Eliminación de incentivos negativos<br />
El Ministerio del Ambiente y Energía y las demás autoridades<br />
públicas, tomando en consideración el interés público, deberán revisar la<br />
legislación existente y proponer o realizar los cambios necesarios para<br />
eliminar o reducir los incentivos, negativos para la conservación de la<br />
biodiversidad y su uso sostenible y proponer los desincentivos apropiados.<br />
ARTÍCULO 104.- Promoción del mejoramiento tradicional<br />
El Ministerio del Ambiente y Energía y las demás autoridades públicas<br />
promoverán la conservación y el uso sostenible de los recursos biológicos<br />
y genéticos que hayan sido objeto de mejoramiento o selección por las<br />
comunidades locales o los pueblos indígenas, especialmente los que se<br />
encuentren amenazados o en peligro de extinción y que requieran ser<br />
restaurados, recuperados o rehabilitados. El Ministerio otorgará la<br />
asistencia técnica o financiera necesaria para cumplir con esta obligación.<br />
CAPÍTULO IX<br />
PROCEDIMIENTOS, PROCESOS Y SANCIONES EN GENERAL<br />
ARTÍCULO 105.- Acción popular<br />
Toda persona estará legitimada para accionar en sede administrativa o<br />
jurisdiccional, en defensa y protección de la biodiversidad.<br />
ARTÍCULO 106.- Procedimiento administrativo<br />
Salvo lo regulado específicamente de modo distinto en esta ley, para<br />
todas las tramitaciones administrativas que la gestión de la biodiversidad<br />
requerida, se seguirá, el procedimiento ordinario o sumario regulado por la<br />
Ley General de la Administración Pública, según corresponda.<br />
ARTÍCULO 107.- Recursos<br />
Excepto lo regulado en el inciso f) del artículo 14 y el artículo 64<br />
de esta ley, en materia de recursos se aplicará lo dispuesto por la Ley<br />
General de la Administración Pública.<br />
ARTÍCULO 108.- Competencia jurisdiccional<br />
En materia de biodiversidad y mientras no exista una jurisdicción<br />
ambiental, toda controversia será competencia exclusiva de la jurisdicción<br />
contencioso administrativa.<br />
Como excepciones de la regla anterior, los delitos contra la<br />
biodiversidad serán juzgados por la jurisdicción penal; de igual modo, las<br />
controversias que se susciten entre particulares, donde no medie un acto<br />
administrativo ni del dominio público, serán competencia de la jurisdicción<br />
agraria.<br />
ARTÍCULO 109.- Carga de la prueba<br />
La carga de la prueba, de la ausencia de contaminación, degradación o<br />
afectación no permitidas, corresponderá a quien solicite la aprobación, el<br />
permiso o acceso a la biodiversidad o a quien se le acuse de haber<br />
ocasionado daño ambiental.<br />
ARTÍCULO 110.- Responsabilidad civil<br />
La responsabilidad civil por los daños causados a los elementos de la<br />
biodiversidad se define en los artículos 99 y siguientes de la Ley Orgánica<br />
del Ambiente y demás disposiciones pertinentes del ordenamiento jurídico.<br />
ARTÍCULO 111.- Responsabilidad penal general<br />
Salvo las situaciones ilícitas tipificadas en esta ley, la<br />
responsabilidad penal será la prescrita en el Código Penal y leyes<br />
especiales.<br />
Tratándose de delitos cometidos por funcionarios públicos o<br />
profesionales en el ejercicio de sus cargos o profesiones, la autoridad<br />
judicial podrá imponer la pena de inhabilitación especial por un máximo<br />
hasta de cinco años, de acuerdo con los criterios generales de imposición<br />
de las penas.<br />
ARTÍCULO 112.- Acceso no autorizado a los elementos de la biodiversidad<br />
A quien realice exploración, bioprospección o tenga acceso a la<br />
biodiversidad, sin estar autorizado por la Oficina Técnica de la Comisión,<br />
cuando sea necesario en los términos de esta ley o se aparte de los<br />
términos en los cuales le fue otorgado el permiso, se le impondrá una<br />
multa que oscilará desde el equivalente a un salario establecido en el<br />
artículo 2 de la Ley No. 7337, hasta el equivalente a doce de estos<br />
salarios.<br />
ARTÍCULO 113.- Medidas administrativas<br />
Para los efectos de esta ley, se entienden como faltas<br />
administrativas y sus sanciones correlativas, las establecidas de la Ley<br />
Orgánica del Ambiente, la Ley de Vida Silvestre, la Ley Forestal y en otras<br />
legislaciones aplicables.<br />
CAPÍTULO X<br />
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS<br />
ARTÍCULO 114.- Refórmanse las siguientes disposiciones de la Ley<br />
Forestal, No. 7575, de 13 de febrero de 1996:<br />
1.- Los incisos l) y m) del artículo 3, cuyos textos dirán:<br />
"Artículo 3.-<br />
[...]<br />
l) Áreas de recarga acuífera: Superficies en las cuales<br />
ocurre la infiltración que alimenta los acuíferos y cauces de<br />
los ríos, según delimitación establecida por el Ministerio del<br />
Ambiente y Energía por su propia iniciativa o a instancia de<br />
organizaciones interesadas, previa consulta con el Instituto<br />
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el Servicio<br />
Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento u otra<br />
entidad técnicamente competente en materia de aguas.<br />
m) Actividades de conveniencia nacional: Actividades<br />
realizadas por las dependencias centralizadas del Estado, las<br />
instituciones autónomas o la empresa privada, cuyos beneficios<br />
sociales sean mayores que los costos socio-ambientales.<br />
El balance deberá hacerse mediante los instrumentos<br />
apropiados."<br />
2.- El inciso c) del artículo 72, cuyo texto dirá:<br />
"Artículo 72.- Modificaciones<br />
[...]<br />
c) Artículo 37.- Facultades del Poder Ejecutivo<br />
Las fincas particulares afectadas según lo dispuesto por<br />
este artículo, por encontrarse en parques nacionales, reservas<br />
biológicas, refugios de vida silvestre, reservas forestales y zonas<br />
protectoras, quedarán comprendidas dentro de las áreas protegidas<br />
estatales solo a partir del momento en que se hayan pagado o<br />
expropiado legalmente, salvo cuando en forma voluntaria se sometan<br />
al Régimen Forestal. Tratándose de reservas forestales, zonas<br />
protectoras y refugios de vida silvestre y en caso de que el pago o<br />
la expropiación no se haya efectuado y mientras se efectúa, las<br />
áreas quedarán sometidas a un plan de ordenamiento ambiental que<br />
incluye la evaluación de impacto ambiental y posteriormente, al<br />
plan de manejo, recuperación y reposición de los recursos."<br />
3.- El artículo 41, cuyo texto dirá:<br />
"Artículo 41.- Manejo de recursos<br />
El Fondo Forestal queda autorizado para realizar cualquier<br />
negocio jurídico no especulativo requerido para la debida<br />
administración de los recursos de su patrimonio, incluyendo la<br />
constitución de fideicomisos. La administración financiera y<br />
contable del Fondo podrá ser contratada con uno o varios bancos del<br />
Sistema Bancario Nacional. Corresponderá a la Contraloría General<br />
de la República el control posterior de esta administración.<br />
El Ministerio de Hacienda efectuará, trimestralmente, las<br />
transferencias o los desembolsos de todos los recursos recaudados<br />
para el Fondo Forestal.<br />
De incumplirse lo dispuesto en el párrafo anterior, el<br />
Ministerio del Ambiente y Energía requerirá al Tesorero Nacional o<br />
a su superior, a fin de que cumpla con esta disposición. Si el<br />
funcionario no procediere, responderá personalmente y le será<br />
aplicable lo dispuesto en el Código Penal.<br />
Los procedimientos relativos a la apertura y forma de<br />
llevar la contabilidad y operación en general de dicha cuenta, se<br />
indicarán en el reglamento de operación del Fondo que será aprobado<br />
por el Director Superior del Sistema Nacional de Áreas de<br />
Conservación. La revisión y el control estarán a cargo de la<br />
Contraloría General de la República."<br />
ARTÍCULO 115.- Refórmase el artículo 11 de la Ley de Conservación de la<br />
Vida Silvestre, No. 7317, de 21 de octubre de 1992. El texto dirá:<br />
"Artículo 11.-<br />
Con el objeto de hacer cumplir los fines de esta ley y atender<br />
los gastos que de ello se deriven, el Sistema Nacional de Áreas de<br />
Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía y la Comisión<br />
contarán con el cincuenta por ciento (50%) de los recursos del Fondo de<br />
Vida Silvestre, los cuales estarán constituidos por:<br />
1.- El monto resultante del timbre de Vida Silvestre.<br />
2.- Los montos percibidos por concepto de permisos y licencias.<br />
3.- Los legados y las donaciones de personas físicas y<br />
jurídicas, organizaciones nacionales e internacionales, privadas o<br />
públicas, y los aportes del Estado o sus instituciones.<br />
4.- El monto de las multas los comisos que perciba de<br />
conformidad con la presente ley.<br />
El Fondo de Vida Silvestre queda autorizado para realizar cualquier<br />
negocio jurídico no especulativo, requerido para la debida administración<br />
de los recursos de su patrimonio, incluso la constitución de fideicomisos.<br />
La administración financiera y contable del Fondo podrá ser contratada con<br />
uno o varios bancos del Sistema Bancario Nacional. El control posterior de<br />
esa administración corresponderá a la Contraloría General de la República.<br />
El Ministerio de Hacienda efectuará, trimestralmente, las<br />
transferencias o los desembolsos de todos los recursos recaudados para el<br />
Fondo de Vida Silvestre.<br />
De incumplirse lo dispuesto en el párrafo anterior, el Ministerio del<br />
Ambiente y Energía requerirá al Tesorero Nacional o al superior, a fin de<br />
que cumpla esta disposición. Si el funcionario no procediere, responderá<br />
personalmente y le será aplicable lo dispuesto en el Código Penal.<br />
Los procedimientos relativos a la apertura, la forma de llevar la<br />
contabilidad y operación en general de dicha cuenta, se indicarán en el<br />
reglamento de operación del Fondo que será aprobado por el Director<br />
Superior del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. La revisión y el<br />
control estarán a cargo de la Contraloría General de la República.<br />
ARTÍCULO 116.- Interpretación Auténtica<br />
Interprétase auténticamente el artículo 67 de la Ley de Promoción del<br />
Desarrollo científico y tecnológico,<br />
No. 7169, para que donde dice: "para que sean exportados" se lea<br />
correctamente, "para que sean importados".<br />
ARTÍCULO 117.- Reglamento<br />
El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley dentro de los tres meses<br />
siguientes a su publicación.<br />
Rige a partir de su publicación.<br />
Disposiciones transitorias<br />
Transitorio I.- En los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de<br />
esta ley, todos los permisos, contratos o convenios de bioprospección o<br />
acceso a la biodiversidad, deberán ser homologados ante el Registro<br />
establecido en el presente capítulo.<br />
Transitorio II.- Los permisos de acceso, contratos y convenios otorgados<br />
antes de esta ley, cuya fecha de vencimiento sea posterior al 1° de enero<br />
del 2003 o no tengan plazo de vigencia, fenecerán por disposición legal el<br />
31 de diciembre del 2002. La negociación de su prórroga o renegociación<br />
deberá ajustarse a lo dispuesto en esta ley.<br />
ASAMBLEA LEGISLATIVA.- San José, a los veintitrés días del mes de abril de<br />
mil novecientos noventa y ocho.<br />
COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO<br />
Saúl Weisleder Weisleder<br />
PRESIDENTE<br />
Mario Álvarez González<br />
Carmen Valverde Acosta<br />
PRIMER SECRETARIO SEGUNDA<br />
PROSECRETARIA<br />
Actualizada al 21--4-99. AN.<br />
Publicación<br />
Publicación y rige 27-5-98<br />
Sanción 30-4-98
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