No. 7786<br />
(Nota: Esta Ley N° 7786, fue reformada integralmente por la Ley<br />
N° 8204, de 26 de diciembre de 2001. Publicada en La Gaceta N° 8 de 11 de<br />
enero de 2002.)<br />
LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO<br />
AUTORIZADO, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y ACTIVIDADES CONEXAS<br />
TÍTULO I<br />
Disposiciones generales<br />
CAPÍTULO ÚNICO<br />
Artículo 1°- La presente Ley regula la prevención, el suministro,<br />
la prescripción, la administración, la manipulación, el uso, la tenencia,<br />
el tráfico y la comercialización de estupefacientes, psicotrópicos,<br />
sustancias inhalables y demás drogas y fármacos susceptibles de producir<br />
dependencia física o psíquica, incluidos en la Convención Única sobre<br />
Estupefacientes de las Naciones Unidas, de 30 de mayo de 1961, aprobada por<br />
Costa Rica mediante la Ley Nº 4544, de 18 de marzo de 1970, enmendada a la<br />
vez por el Protocolo de Modificación de la Convención Única sobre<br />
Estupefacientes, Ley Nº 5168, de 8 de enero de 1973; así como en el<br />
Convenio de Viena sobre Sustancias Psicotrópicas, de 21 de febrero de 1971,<br />
aprobado por Costa Rica mediante la Ley Nº 4990, de 10 de junio de<br />
1972; asimismo, en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico<br />
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, de 19 de diciembre<br />
de 1988 (Convención de 1988), aprobada por Costa Rica mediante la Ley Nº<br />
7198, de 25 de setiembre de 1990.<br />
Además, se regulan las listas de estupefacientes, psicotrópicos y<br />
similares lícitos, que elaborarán y publicarán en La Gaceta el Ministerio<br />
de Salud y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); asimismo, se<br />
ordenan las regulaciones que estos Ministerios dispondrán sobre la materia.<br />
También se regulan el control, la inspección y fiscalización de las<br />
actividades relacionadas con sustancias inhalables, drogas o fármacos y de<br />
los productos, materiales y sustancias químicas que intervienen en la<br />
elaboración o producción de tales sustancias; todo sin perjuicio de lo<br />
ordenado sobre esta materia en la Ley General de Salud, Nº 5395, de 30<br />
de octubre de 1973, y sus reformas; la Ley General de Salud Animal, Nº<br />
6243, de 2 de mayo de 1978, y sus reformas; la Ley de Ratificación del<br />
Contrato de Préstamo suscrito entre el Gobierno de Costa Rica y el Banco<br />
Interamericano de Desarrollo, para un Programa de Desarrollo Ganadero y<br />
Sanidad Animal (PROGASA), Nº 7060, de 25 de marzo de 1987.<br />
Además, se regulan y sancionan las actividades financieras, con el<br />
fin de evitar la penetración de capitales provenientes de delitos graves y<br />
de todos los procedimientos que puedan servir como medios para legitimar<br />
dichos capitales.<br />
Para los efectos de esta Ley, por delito grave se entenderá la<br />
conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad de<br />
cuatro años, como mínimo, o una pena más grave.<br />
Es función del Estado, y se declara de interés público, la adopción<br />
de las medidas necesarias para prevenir, controlar, investigar, evitar o<br />
reprimir toda actividad ilícita relativa a la materia de esta Ley.<br />
Artículo 2°- El comercio, el expendio, la industrialización, la<br />
fabricación, la refinación, la transformación, la extracción, el análisis,<br />
la preparación, el cultivo, la producción, la importación, la exportación,<br />
el transporte, la prescripción, el suministro, el almacenamiento, la<br />
distribución y la venta de drogas, sustancias o productos referidos en esta<br />
Ley, así como de sus derivados y especialidades, serán actividades<br />
limitadas estrictamente a las cantidades necesarias para el tratamiento<br />
médico, los análisis<br />
toxicológicos y químicos, el entrenamiento de los animales detectores<br />
utilizados por los cuerpos de policía y los análisis fármaco-cinéticos en<br />
materia médica o deportiva; para elaborar y producir legalmente<br />
medicamentos y otros productos de uso autorizado, o para investigaciones.<br />
Solo las personas legalmente autorizadas podrán intervenir en todo lo<br />
relacionado con tales sustancias.<br />
Es deber de los profesionales autorizados prescribir los<br />
estupefacientes y psicotrópicos usados en la práctica médica o veterinaria,<br />
utilizar los formularios oficiales que facilitarán el Ministerio de Salud y<br />
el de Agricultura y Ganadería, según corresponda, o los que vendan y<br />
controlen las corporaciones profesionales autorizadas. Los datos<br />
consignados en estas recetas tendrán carácter de declaración jurada.<br />
Artículo 3°- Es deber del Estado prevenir el uso indebido de<br />
estupefacientes, sustancias psicotrópicas y cualquier otro producto capaz<br />
de producir dependencia física o psíquica; asimismo, asegurar la<br />
identificación pronta, el tratamiento, la educación, el postratamiento, la<br />
rehabilitación y la readaptación social de las personas afectadas, y<br />
procurar los recursos económicos necesarios para recuperar a las personas<br />
farmacodependientes y a las afectadas, directa o indirectamente, por el<br />
consumo de drogas, a fin de educarlas, brindarles tratamiento de<br />
rehabilitación física y mental y readaptarlas a la sociedad.<br />
Los tratamientos estarán a cargo del Ministerio de Salud, la Caja<br />
Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Instituto sobre Alcoholismo y<br />
Farmacodependencia (IAFA), y de cualquier otra entidad o institución<br />
legalmente autorizada por el Estado. Si se trata de personas menores de<br />
edad, para lograr dicho tratamiento el Patronato Nacional de la Infancia<br />
(PANI) deberá dictar las medidas de protección necesarias dispuestas en el<br />
Código de la Niñez y la Adolescencia.<br />
En todo caso, corresponde al IAFA ejercer la rectoría técnica y la<br />
supervisión en materia de prevención y tratamiento, así como proponer,<br />
diseñar y evaluar programas de prevención del consumo de drogas.<br />
Artículo 4°- Todas las personas deben colaborar a la prevención y<br />
represión de los delitos y el consumo ilícito de las drogas y las demás<br />
sustancias citadas en esta Ley;<br />
asimismo, de delitos relacionados con la legitimación de capitales<br />
provenientes de delitos graves. El Estado tiene la obligación de procurar<br />
la seguridad y las garantías para proteger a quienes brinden esta<br />
colaboración; los programas de protección de testigos estarán a cargo del<br />
Ministerio de Seguridad Pública.<br />
Artículo 5°- Las acciones preventivas dirigidas a evitar el<br />
cultivo, la producción, la tenencia, el tráfico y el consumo de drogas y<br />
otros productos referidos en esta Ley, deberán ser coordinadas por el<br />
Instituto Costarricense sobre Drogas. En materia preventiva y asistencial,<br />
se requerirá consultar técnicamente al IAFA.<br />
Artículo 6°- Todos los medios de comunicación colectiva cederán,<br />
gratuitamente, al Instituto Costarricense sobre Drogas, espacios semanales<br />
hasta del cero coma veinticinco por ciento (0,25%) del espacio total que<br />
emitan o editen, para destinarlos a las campañas de educación y orientación<br />
dirigidas a combatir la producción, el tráfico, el uso indebido y el<br />
consumo ilícito de las drogas susceptibles de causar dependencia, sin<br />
perjuicio del espacio que puedan dedicar a otras campañas de salud pública.<br />
Dichos espacios no serán acumulativos, cedibles ni transferibles a<br />
terceros, con la única excepción del IAFA, y podrán ser sustituidos por<br />
campañas que desarrollen los propios medios, previa autorización del<br />
Instituto Costarricense sobre Drogas, para lo cual deberá consultarse<br />
técnicamente al IAFA. Para efectos del cálculo anual del impuesto sobre la<br />
renta, el costo de los espacios cedidos para los fines de este artículo se<br />
considerará una donación al Estado.<br />
Los espacios cedidos deberán ubicarse en las páginas, los horarios o<br />
los programas de mayor audiencia, de acuerdo con el segmento de población<br />
al que vayan dirigidos.<br />
TÍTULO II<br />
Aspectos Procesales<br />
CAPÍTULO I<br />
Deberes del Estado<br />
Artículo 7°- El Estado deberá propiciar la cooperación técnica y<br />
económica internacional, mediante sus órganos competentes y por todos los<br />
medios a su alcance, con el<br />
fin de fortalecer los programas de investigación, prevención, represión y<br />
rehabilitación en materia de drogas, estupefacientes y psicotrópicos u<br />
otras sustancias referidas en esta Ley; además, deberá concertar tratados<br />
bilaterales y multilaterales para mejorar la eficiencia de la cooperación<br />
internacional y fortalecer los mecanismos de extradición.<br />
Artículo 8°- Para facilitar las investigaciones y actuaciones<br />
policiales o judiciales referentes a los delitos tipificados en la presente<br />
Ley, las autoridades nacionales podrán prestar su cooperación a las<br />
autoridades extranjeras y recibirla de ellas para lo siguiente:<br />
a) Tomarles declaración a las personas o recibir testimonios.<br />
b) Emitir la copia certificada de los documentos judiciales o<br />
policiales.<br />
c) Efectuar las inspecciones y los secuestros, así como lograr su<br />
aseguramiento.<br />
d) Examinar los objetos y lugares.<br />
e) Facilitar la información y los elementos de prueba debidamente<br />
certificados.<br />
f) Entregar las copias auténticas de los documentos y expedientes<br />
relacionados con el caso, incluso la documentación bancaria,<br />
financiera y comercial.<br />
g) Identificar o detectar, con fines probatorios, el producto, los<br />
bienes, los instrumentos u otros elementos.<br />
h) Remitir todos los atestados en el caso de una entrega vigilada.<br />
i) Efectuar las demás actuaciones incluidas en la Convención de<br />
Viena y en cualquier otro instrumento internacional aprobado por<br />
Costa Rica.<br />
CAPÍTULO II<br />
Entrega Vigilada<br />
Artículo 9°- El Ministerio Público autorizará y supervisará el<br />
procedimiento de "entrega vigilada", el cual consiste en permitir que las<br />
remesas sospechosas o ilícitas de los productos y las sustancias referidos<br />
en esta Ley, así como el dinero y los valores provenientes de delitos<br />
graves, entren al territorio nacional, circulen por él, lo atraviesen, o<br />
salgan de él; el propósito es identificar a las personas involucradas en la<br />
comisión de los delitos aquí previstos. Esto lo comunicará,<br />
posteriormente, al juez competente.<br />
Las autoridades del país gestionante deberán suministrar al jefe del<br />
Ministerio Público, con la mayor brevedad, la información referente a las<br />
acciones emprendidas por ellas en relación con la mercadería sometida al<br />
procedimiento de entrega vigilada y a los actos judiciales posteriores.<br />
Una vez iniciado un proceso, las autoridades judiciales<br />
costarricenses podrán autorizar el uso del procedimiento de entrega<br />
vigilada. Igualmente, podrán solicitar, a las autoridades extranjeras que<br />
conozcan de un proceso en el que medie el procedimiento de entrega<br />
vigilada, la remisión de todos los atestados referentes a él, los cuales<br />
podrán utilizarse en los procesos nacionales.<br />
Con el consentimiento de las partes interesadas, las remesas ilícitas<br />
cuya entrega vigilada se acuerde, podrán ser interceptadas o autorizadas<br />
para proseguir intactas o bien los estupefacientes o las sustancias<br />
psicotrópicas que contengan, podrán ser sustituidos total o parcialmente.<br />
CAPÍTULO III<br />
Policías Encubiertos y Colaboradores<br />
Artículo 10.- En las investigaciones que se conduzcan,<br />
relacionadas con los delitos tipificados en esta Ley, las autoridades<br />
policiales y judiciales podrán infiltrar a oficiales encubiertos para que<br />
comprueben la comisión de los delitos.<br />
Artículo 11.- En las investigaciones, la policía podrá servirse de<br />
colaboradores o informantes, cuya identificación deberá mantener en<br />
reserva, con el objeto de garantizarles la integridad. Si alguno de ellos<br />
está presente en el momento de la comisión del hecho delictivo, se<br />
informará de tal circunstancia a la autoridad judicial competente, sin<br />
necesidad de revelar la identidad. Salvo si se estima indispensable su<br />
declaración en cualquier fase del proceso, el tribunal le ordenará<br />
comparecer y, en el interrogatorio de identificación, podrá omitir los<br />
datos que puedan depararle algún riesgo a él o a su familia. Dicho<br />
testimonio podrá ser incorporado automáticamente al juicio plenario<br />
mediante la lectura, excepto si se juzga indispensable escucharlo de viva<br />
voz. En este caso, rendirá su testimonio solo ante el tribunal, el fiscal,<br />
el imputado y su defensor; para ello, se ordenará el desalojo temporal de<br />
la<br />
sala. En la misma forma se procederá cuando el deponente sea un oficial de<br />
policía extranjera, que haya participado en el caso mediante los canales de<br />
asistencia policial.<br />
Artículo 12.- Los policías encubiertos o los colaboradores<br />
policiales, nacionales o extranjeros, que participen en un operativo<br />
policial encubierto, deberán entregar al Ministerio Público, para el<br />
decomiso, las sumas de dinero, los valores o los bienes recibidos de los<br />
partícipes en actos ilícitos, como retribución por la aparente colaboración<br />
en el hecho. El fiscal levantará un acta y pondrá el dinero, los valores o<br />
los bienes a disposición del Instituto Costarricense sobre Drogas, salvo en<br />
casos de excepción debidamente fundamentados.<br />
Artículo 13.- Los fiscales del Ministerio Público podrán ofrecer a<br />
los autores, cómplices y partícipes de los delitos contemplados en esta Ley<br />
que, si se solicita sentencia condenatoria en su contra, ellos pedirán<br />
considerar en su favor el perdón judicial o la reducción hasta de la mitad<br />
de las penas fijadas para los delitos previstos en la presente Ley, o la<br />
concesión del beneficio de la ejecución condicional de la pena, si es<br />
procedente, cuando proporcionen, de manera espontánea, información que<br />
contribuya esencialmente a esclarecer delitos realizados por narcotráfico.<br />
El Ministerio Público podrá ofrecer los beneficios citados hasta antes de<br />
celebrarse la audiencia preliminar.<br />
CAPÍTULO IV<br />
Instituciones y Actividades Financieras<br />
Artículo 14.- Se consideran entidades sujetas a las obligaciones<br />
de esta Ley, las que regulan, supervisan y fiscalizan los siguientes<br />
órganos, según corresponde:<br />
a) La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).<br />
b) La Superintendencia General de Valores (SUGEVAL).<br />
c) La Superintendencia de Pensiones (SUPEN).<br />
Asimismo, las obligaciones de esta Ley son aplicables a todas las<br />
entidades o empresas integrantes de los grupos financieros supervisados por<br />
los órganos anteriores, incluidas las transacciones financieras que los<br />
bancos o las entidades financieras domiciliadas<br />
en el extranjero realicen por medio de una entidad financiera domiciliada<br />
en Costa Rica. Para estos efectos, las entidades de los grupos financieros<br />
citados no requieren cumplir nuevamente con la inscripción señalada en el<br />
artículo 15 siguiente, pero se encuentran sujetas a la supervisión del<br />
respectivo órgano, en lo referente a legitimación de capitales.<br />
Artículo 15.- Estarán sometidos a esta Ley, además, quienes<br />
desempeñen, entre otras actividades, las citadas a continuación:<br />
a) Operaciones sistemáticas o substanciales de canje de dinero y<br />
transferencias mediante instrumentos, tales como cheques, giros<br />
bancarios, letras de cambio o similares.<br />
b) Operaciones sistemáticas o substanciales de emisión, venta,<br />
rescate o transferencia de cheques de viajero o giros postales.<br />
c) Transferencias sistemáticas substanciales de fondos realizadas<br />
por cualquier medio.<br />
d) Administración de fideicomisos o de cualquier tipo de<br />
administración de recursos efectuada por personas físicas o<br />
jurídicas que no sean intermediarios financieros.<br />
Las personas físicas o jurídicas que desempeñen las actividades<br />
indicadas en los incisos anteriores y no se encuentren supervisadas por<br />
alguna de las superintendencias existentes en el país, deberán inscribirse<br />
ante la SUGEF, sin que por ello se interprete que están autorizadas para<br />
operar; además, deberán someterse a la supervisión de esta respecto de la<br />
materia de legitimación de capitales, establecida en esta Ley. La<br />
inscripción será otorgada por el Consejo Nacional de Supervisión del<br />
Sistema Financiero, previo dictamen afirmativo de esa Superintendencia,<br />
cuando se cumplan las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.<br />
Las municipalidades del país no podrán extender nuevas patentes ni renovar<br />
las actuales para este tipo de actividades, si no se ha cumplido el<br />
requisito de inscripción indicado.<br />
La SUGEF, la SUGEVAL y la SUPEN, según corresponda, deberán velar<br />
porque no operen, en el territorio costarricense, personas físicas o<br />
jurídicas, cualquiera que sea su<br />
domicilio legal o lugar de operación que, de manera habitual y por<br />
cualquier título, realicen sin autorización actividades como las indicadas<br />
en este artículo.<br />
Cuando, a juicio del Superintendente, existan motivos de que una<br />
persona física o jurídica está realizando alguna de las actividades<br />
mencionadas en este artículo, la Superintendencia tendrá, respecto de los<br />
presuntos infractores, las mismas facultades de inspección que le<br />
corresponden, según esta Ley, respecto de las instituciones sometidas a lo<br />
dispuesto en este título, en lo referente a legitimación de capitales.<br />
CAPÍTULO V<br />
Identificación de Clientes y Mantenimiento de Registros<br />
Artículo 16.- Con el objeto de prevenir las operaciones de<br />
ocultación y movilización de capitales de procedencia dudosa y otras<br />
transacciones encaminadas a legitimar capitales provenientes de delitos<br />
graves, las instituciones sometidas a lo regulado en este capítulo deberán<br />
sujetarse a las siguientes disposiciones:<br />
a) Obtener y conservar información acerca de la verdadera identidad<br />
de las personas en cuyo beneficio se abra una cuenta o se efectúe<br />
una transacción, cuando existan dudas acerca de que tales clientes<br />
puedan no estar actuando en su propio beneficio, especialmente en<br />
el caso de personas jurídicas que no desarrollen operaciones<br />
comerciales, financieras ni industriales en el país en el cual<br />
tengan su sede o domicilio.<br />
b) Mantener cuentas nominativas; no podrán mantener cuentas<br />
anónimas, cuentas cifradas ni cuentas bajo nombres ficticios o<br />
inexactos.<br />
c) Registrar y verificar, por medios fehacientes, la identidad, la<br />
representación, el domicilio, la capacidad legal, la ocupación o el<br />
objeto social de las personas, así como otros datos de su<br />
identidad, ya sean clientes ocasionales o habituales. Esta<br />
verificación se realizará por medio de documentos de identidad,<br />
pasaportes, partidas de nacimiento, licencias de conducir,<br />
contratos sociales y estatutos, o mediante cualesquiera otros<br />
documentos oficiales o privados; se efectuará especialmente cuando<br />
establezcan relaciones comerciales, en particular la<br />
apertura de nuevas cuentas, el otorgamiento de libretas de<br />
depósito, la existencia de transacciones fiduciarias, el arriendo<br />
de cajas de seguridad o la ejecución de transacciones en efectivo<br />
superiores a la suma de diez mil dólares estadounidenses (US<br />
$10.000,00) o su equivalente en otras monedas extranjeras.<br />
d) Mantener, durante la vigencia de una operación y al menos por<br />
cinco años a partir de la fecha en que finalice la transacción,<br />
registros de la información y documentación requeridas en este<br />
artículo.<br />
e) Conservar, por un plazo mínimo de cinco años, los registros de<br />
la identidad de sus clientes, los archivos de cuentas, la<br />
correspondencia comercial y las operaciones financieras que<br />
permitan reconstruir o concluir la transacción.<br />
CAPÍTULO VI<br />
Disponibilidad de Registros<br />
Artículo 17.- Las instituciones financieras deberán cumplir, de<br />
inmediato, las solicitudes de información que les dirijan los jueces de la<br />
República, relativas a la información y documentación necesarias para las<br />
investigaciones y los procesos concernientes a los delitos tipificados en<br />
esta Ley.<br />
Artículo 18.- Las instituciones financieras no podrán poner en<br />
conocimiento de ninguna persona, salvo si se trata de otro tribunal o de<br />
los órganos señalados en el artículo 14 de esta Ley, el hecho de que una<br />
información haya sido solicitada o entregada a otro tribunal o autoridad<br />
dotado de potestades de fiscalización y supervisión.<br />
Artículo 19.- Conforme a derecho, en el curso de una<br />
investigación, las autoridades competentes podrán compartir la información<br />
con las autoridades competentes locales o con las de otros estados y<br />
facilitársela.<br />
CAPÍTULO VII<br />
Registro y Notificación de Transacciones<br />
Artículo 20.- Toda institución financiera deberá registrar, en un<br />
formulario diseñado por el órgano de supervisión y fiscalización<br />
competente, el ingreso o egreso de las transacciones en efectivo, en moneda<br />
nacional o extranjera, iguales o superiores a los diez mil dólares<br />
estadounidenses (US$10.000,00) o su equivalente en colones.<br />
Las transacciones indicadas en el párrafo anterior incluyen las<br />
transferencias desde el exterior o hacia él.<br />
Artículo 21.- Los formularios referidos en el artículo anterior<br />
deberán contener, respecto de cada transacción, por lo menos los siguientes<br />
datos:<br />
a) La identidad, firma, fecha de nacimiento y dirección de la<br />
persona que físicamente realiza la transacción. Además, deberá<br />
aportarse fotocopia de algún documento de identidad. Las personas<br />
jurídicas deberán consignar, para su representante legal y su<br />
agente residente, la misma información solicitada a las personas<br />
físicas.<br />
b) La identidad y dirección de la persona a cuyo nombre se realiza<br />
la transacción.<br />
c) La identidad y dirección del beneficiario o destinatario de la<br />
transacción, si existe.<br />
d) La identidad de las cuentas afectadas por la transacción, si<br />
existen.<br />
e) El tipo de transacción de que se trata.<br />
f) La identidad de la institución financiera que realizó la<br />
transacción.<br />
g) La fecha, la hora y el monto de la transacción.<br />
h) El origen de la transacción.<br />
i) La identificación del funcionario que tramita la transacción.<br />
Artículo 22.- A partir de la fecha en que se realice cada<br />
transacción, la institución financiera llevará un registro, en forma<br />
precisa y completa, de los documentos, las comunicaciones por medios<br />
electrónicos y cualesquiera otros medios de prueba que la<br />
respalden, y los conservará por un período de cinco años a partir de la<br />
finalización de la transacción.<br />
Dicha información estará a la disposición inmediata del organismo<br />
supervisor correspondiente.<br />
Artículo 23.- Las transacciones múltiples en efectivo, tanto en<br />
moneda nacional como extranjera, que en conjunto igualen o superen los<br />
diez mil dólares estadounidenses (US$10.000,00) o su equivalente en otras<br />
monedas extranjeras, serán consideradas transacciones únicas, si son<br />
realizadas por una persona determinada o en beneficio de ella durante un<br />
día, o en cualquier otro plazo que fije el órgano de supervisión y<br />
fiscalización competente. En tal caso, cuando la institución financiera,<br />
sus empleados, funcionarios o agentes conozcan de estas transacciones,<br />
deberán efectuar el registro referido en el artículo anterior.<br />
Queda a criterio de la entidad financiera efectuar dicho registro aun<br />
cuando se trate de operaciones en las que no medie efectivo.<br />
CAPÍTULO VIII<br />
Comunicación de Transacciones Financieras Sospechosas<br />
Artículo 24.- Las entidades sometidas a lo dispuesto en este<br />
capítulo prestarán atención especial a las transacciones sospechosas, tales<br />
como las que se efectúen fuera de los patrones de transacción habituales y<br />
las que no sean significativas pero sí periódicas, sin fundamento económico<br />
o legal evidente. Lo dispuesto aquí es aplicable a los órganos de<br />
supervisión y fiscalización.<br />
Artículo 25.- Si se sospecha que las transacciones descritas en el<br />
artículo anterior constituyen actividades ilícitas o se relacionan con<br />
ellas, incluso las transacciones que se deriven de transferencias desde el<br />
exterior o hacia él, las instituciones financieras deberán comunicarlo,<br />
confidencialmente y en forma inmediata, al órgano de supervisión y<br />
fiscalización correspondiente, el cual las remitirá inmediatamente a la<br />
Unidad de Análisis Financiero.<br />
CAPÍTULO IX<br />
Programas de Cumplimiento Obligatorio para las Instituciones Financieras<br />
Artículo 26.- Bajo las regulaciones y la supervisión citadas en<br />
este título, las instituciones sometidas a lo dispuesto en él deberán<br />
adoptar, desarrollar y ejecutar programas, normas, procedimientos y<br />
controles internos para prevenir y detectar los delitos tipificados en esta<br />
Ley. Tales programas incluirán, como mínimo:<br />
a) El establecimiento de procedimientos para asegurar un alto nivel<br />
de integridad personal del propietario, directivo, administrador o<br />
empleado de las entidades financieras, y un sistema para evaluar<br />
los antecedentes personales, laborales y patrimoniales del<br />
programa.<br />
b) Programas permanentes de capacitación del personal y de<br />
instrucción en cuanto a las responsabilidades fijadas en esta Ley.<br />
Artículo 27.- Las instituciones financieras deberán designar a los<br />
funcionarios encargados de vigilar el cumplimiento de los programas y<br />
procedimientos internos, incluso el mantenimiento de registros adecuados y<br />
la comunicación de transacciones sospechosas. Estos funcionarios servirán<br />
de enlace con las autoridades competentes. La gerencia general o la<br />
administración de la institución financiera respectiva, proporcionará los<br />
canales de comunicación adecuados para facilitar que dichos funcionarios<br />
cumplan su labor; además, supervisará el trabajo de los encargados de<br />
desempeñarla.<br />
CAPÍTULO X<br />
Obligaciones de las Autoridades Competentes<br />
Artículo 28.- Conforme a derecho, los órganos dotados de<br />
potestades de fiscalización y supervisión tendrán, entre otras<br />
obligaciones, las siguientes:<br />
a) Vigilar el cumplimiento efectivo de las obligaciones de registro<br />
y notificación señaladas en esta Ley.<br />
b) Dictar los instructivos y determinar el contenido de los<br />
formularios para el registro y la notificación de las operaciones<br />
indicadas en el artículo 20 de esta<br />
Ley, a fin de presentar las recomendaciones que apoyen a las<br />
instituciones financieras en la detección de patrones sospechosos<br />
en la conducta de sus clientes. Estas pautas tomarán en cuenta<br />
técnicas modernas y seguras para el manejo de activos y servirán<br />
como elemento educativo para el personal de las instituciones<br />
financieras.<br />
c) Cooperar con las autoridades competentes y brindarles asistencia<br />
técnica, en el marco de las investigaciones y los procesos<br />
referentes a los delitos tipificados en esta Ley.<br />
Artículo 29.- El Instituto Costarricense sobre Drogas y los<br />
órganos dotados de potestades de fiscalización y supervisión sobre las<br />
instituciones sometidas a esta Ley, con prontitud deberán poner en<br />
conocimiento del Ministerio Público cualquier información recibida de las<br />
instituciones financieras, referente a transacciones o actividades<br />
sospechosas que puedan relacionarse con los delitos señalados en esta Ley.<br />
Artículo 30.- El Instituto Costarricense sobre Drogas y los<br />
órganos dotados de potestades de fiscalización y supervisión sobre las<br />
instituciones sometidas a lo dispuesto en esta Ley, podrán prestar una<br />
estrecha cooperación a las autoridades competentes de otros estados, en las<br />
investigaciones, los procesos y las actuaciones referentes a los delitos<br />
indicados en esta Ley o delitos conexos, y en las infracciones de las leyes<br />
o los reglamentos administrativos financieros.<br />
Artículo 31.- Las entidades del sistema financiero nacional<br />
procurarán suscribir los convenios internacionales de cooperación a su<br />
alcance, que garanticen la libre transferencia de los datos relacionados<br />
con cuentas abiertas en otros estados y ligadas a las investigaciones, los<br />
procesos y las actuaciones referentes a delitos tipificados en esta Ley o<br />
delitos conexos y a las infracciones contra las leyes o los reglamentos<br />
administrativos financieros.<br />
Artículo 32.- Las disposiciones legales referentes a la<br />
información bancaria, bursátil o tributaria, no constituirán impedimento<br />
para cumplir lo estipulado en la presente Ley, cuando las autoridades<br />
judiciales o administrativas encargadas de las investigaciones de los<br />
delitos tipificados en esta Ley soliciten información.<br />
CAPÍTULO XI<br />
Medidas Preventivas y Disposiciones Cautelares<br />
sobre Bienes, Productos o Instrumentos<br />
Artículo 33.- Al investigarse un delito de legitimación de<br />
capitales, el Ministerio Público solicitará al tribunal o la autoridad<br />
competente, en cualquier momento y sin notificación ni audiencia previas,<br />
una orden de secuestro, decomiso o cualquier otra medida cautelar<br />
encaminada a preservar la disponibilidad de los bienes, productos o<br />
instrumentos relacionados, para el eventual comiso.<br />
Esta disposición incluye la inmovilización de depósitos bajo<br />
investigación, en instituciones nacionales o extranjeras de las indicadas<br />
en los artículos 14 y 15 de esta Ley, en cumplimiento de las disposiciones<br />
legales pertinentes.<br />
Artículo 34.- Los jueces también podrán ordenar que les sean<br />
entregados la documentación o los elementos de prueba que tengan en su<br />
poder las instituciones indicadas en los artículos 14 y 15 de esta Ley,<br />
cuando se requieran para una investigación. La resolución que acuerde lo<br />
anterior deberá fundamentar, debidamente, la necesidad del informe o el<br />
aporte del elemento probatorio.<br />
Artículo 35.- Al ingresar al país o salir de él, toda persona,<br />
nacional o extranjera, estará obligada a presentar y declarar el dinero<br />
efectivo que porte, si la cantidad es igual o superior a los diez mil<br />
dólares estadounidenses (US$10.000,00) o su equivalente en otra moneda.<br />
Asimismo, deberá declarar los títulos valores que porte por un monto igual<br />
o superior a los cincuenta mil dólares estadounidenses (US$50.000,00) o su<br />
equivalente en otra moneda. Para la declaración, deberá emplear los<br />
formularios oficiales elaborados con este fin, los cuales pondrá a su<br />
disposición la Dirección General de Aduanas en los puestos migratorios.<br />
Los funcionarios de la Dirección General de Aduanas estarán obligados<br />
a constatar, mediante el pasaporte u otro documento de identificación, la<br />
veracidad de los datos personales consignados en el formulario. La<br />
manifestación se anotará en la fórmula de declaración jurada y los<br />
formularios serán remitidos al Instituto Costarricense sobre Drogas, para<br />
el análisis correspondiente.<br />
TÍTULO III<br />
Control y Fiscalización de Precursores<br />
y Químicos Esenciales<br />
CAPÍTULO I<br />
Ámbito de Aplicación<br />
Artículo 36.- Las normas contenidas en el presente título<br />
controlan la producción, fabricación, industrialización, preparación,<br />
refinación, transformación, extracción, dilución, importación, exportación,<br />
reexportación, distribución, comercio, transporte, análisis, envasado o<br />
almacenamiento de las sustancias que puedan utilizarse como precursores o<br />
químicos esenciales en el procesamiento de drogas de uso ilícito, sean<br />
sustancias estupefacientes, psicotrópicas, productos inhalables u otros<br />
susceptibles de causar dependencia, de conformidad con el artículo 1 de<br />
esta Ley.<br />
Para los efectos de esta Ley, se entenderán como precursores las<br />
sustancias o los productos incluidos en el cuadro I de la Convención de<br />
1988 y sus anexos, así como los que se le incorporen en el futuro;<br />
asimismo, se entenderá por químicos esenciales, las sustancias o los<br />
productos incluidos en el cuadro II de esa misma Convención y sus anexos, y<br />
los que se le incluyan, además de los que formen parte de los listados<br />
oficiales que emita el Instituto Costarricense sobre Drogas.<br />
Además, se controlarán la importación, comercialización y fabricación<br />
de máquinas y accesorios que se utilicen para el entabletado, encapsulado y<br />
comprimido de estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras de efecto<br />
semejante.<br />
Artículo 37.- Los precursores y otras sustancias químicas se<br />
identificarán con los nombres y la clasificación digital que figuran en la<br />
Nomenclatura del Consejo de<br />
Cooperación Aduanera (NCCA) y en el Sistema Armonizado de Designación y<br />
Codificación de Mercancías S.A. Estos sistemas de clasificación se<br />
utilizarán también en los registros estadísticos y en los documentos<br />
relacionados con la importación, exportación, el tránsito y trasbordo de<br />
datos precursores y sustancias, así como con otras operaciones aduaneras y<br />
con el uso en zonas o puertos francos.<br />
CAPÍTULO II<br />
Licencias e Inscripciones<br />
Artículo 38.- Con la finalidad de que se conozcan la naturaleza y<br />
el alcance de las actividades que desarrollan, las personas físicas o<br />
jurídicas dedicadas a alguna de las actividades enumeradas en el artículo<br />
36 de esta Ley, deberán:<br />
a) Someter sus establecimientos al control, la inspección y la<br />
fiscalización del Instituto Costarricense sobre Drogas, cuando este<br />
lo determine necesario.<br />
b) Inscribir sus establecimientos en dicho Instituto e indicar la<br />
naturaleza del negocio y las actividades que realiza, así como el<br />
nombre y las calidades del responsable legal y del regente<br />
profesional, si la empresa está legalmente obligada a contar con<br />
los servicios de regencia.<br />
Artículo 39.- Los distribuidores mayoristas y los fabricantes de<br />
las sustancias sometidas a lo dispuesto en este título, deberán remitir<br />
muestras de cada uno de los productos que manejan o fabrican, al Instituto<br />
Costarricense sobre Drogas y al Departamento de Ciencias Forenses del<br />
Organismo de Investigación Judicial, cuando les sean solicitadas; junto con<br />
las muestras deberán enviar la respectiva ficha técnica, con una<br />
descripción exacta de la metodología para el análisis químico. Igual<br />
obligación tendrán los laboratorios o las industrias nacionales que<br />
elaboren o suministren productos que contengan en su formulación<br />
precursores o químicos esenciales.<br />
Artículo 40.- Corresponderá al Instituto Costarricense sobre<br />
Drogas y al Ministerio de Hacienda, por medio de la Dirección General de<br />
Aduanas, realizar de manera coordinada, el control de la importación,<br />
exportación, reexportación y el tránsito internacional de las sustancias<br />
referidas en este título.<br />
Además, la Unidad de Control y Fiscalización de Precursores, del<br />
Instituto Costarricense sobre Drogas, dará seguimiento al uso de esas<br />
sustancias dentro del territorio nacional. Para estos fines, tanto el<br />
Instituto como el Laboratorio de la Dirección General de Aduanas, podrán<br />
tomar muestras y someterlas a análisis, independientemente del tipo de<br />
transacción u operación que se desarrolle.<br />
CAPÍTULO III<br />
Requisitos de Importación o Exportación<br />
Artículo 41.- La importación de sustancias controladas como<br />
precursores o sustancias químicas esenciales, así como la de máquinas y<br />
accesorios de los descritos en el artículo 36 de esta Ley, deberá contar<br />
con la autorización previa del órgano especializado del Instituto<br />
Costarricense sobre Drogas.<br />
Artículo 42.- Toda persona física o jurídica que realice<br />
actividades de importación, exportación, reexportación, distribución, venta<br />
y producción de bienes o servicios en los que se empleen precursores o<br />
químicos esenciales como materias primas o insumos, deberá registrarse ante<br />
el Instituto Costarricense sobre Drogas, según el inciso b) del artículo 38<br />
de esta Ley.<br />
Para tramitar el registro, deberán cumplirse los siguientes<br />
requisitos:<br />
a) Completar el formulario de solicitud de inscripción en el que,<br />
bajo fe de juramento, deberá detallarse:<br />
1.- Las sustancias que serán importadas, fabricadas,<br />
utilizadas, vendidas o distribuidas por la empresa.<br />
2.- El estimado de importación anual de cada una de las<br />
sustancias.<br />
3.- El nombre químico o genérico de cada sustancia o producto y<br />
los nombres de marca, si los tienen.<br />
4.- El uso que se dará a cada sustancia y, en caso de<br />
fabricación, los productos en los que se utilizará el<br />
precursor o químico esencial, las proporciones respectivas y<br />
los números de registro sanitario asignados a<br />
los productos por las autoridades competentes en esta materia<br />
(Ministerio de Salud, MAG y otras).<br />
5.- El fabricante o abastecedor usual de cada una de las<br />
sustancias.<br />
6.- El nombre del regente técnico profesional que será el<br />
responsable legal.<br />
b) Presentar lo siguiente:<br />
1.- La fotocopia autenticada del permiso sanitario de<br />
funcionamiento vigente, emitido para una actividad que<br />
justifique el uso de los precursores que la persona física o<br />
jurídica pretenda manejar.<br />
2.- La fotocopia de la cédula jurídica de la empresa o de la<br />
cédula de identidad de la persona física que solicita el<br />
registro.<br />
3.- La cita de inscripción de la empresa ante el Registro<br />
Mercantil.<br />
4.- La personería jurídica de la empresa (documento original).<br />
5.- Los timbres de ley para el certificado de registro.<br />
c) Completar la boleta de registro de firmas para el representante<br />
legal de la empresa.<br />
La solicitud presentada deberá resolverse en un plazo máximo de cinco<br />
días hábiles.<br />
Artículo 43.- Cada mes, o previo a la autorización de una nueva<br />
importación, las empresas importadoras de las sustancias controladas<br />
referidas en este capítulo, deberán informar al Instituto Costarricense<br />
sobre Drogas, lo siguiente:<br />
a) El inventario actualizado de los precursores y químicos<br />
esenciales, en el formulario que la unidad especializada del<br />
Instituto Costarricense sobre Drogas emita para este fin.<br />
b) El detalle de lo fabricado y las cantidades de las sustancias<br />
empleadas.<br />
c) El detalle de las ventas, con copias de facturas en las que<br />
consten el nombre del comprador, su dirección exacta, los productos<br />
comprados y las cantidades.<br />
d) El detalle de las exportaciones o reexportaciones realizadas;<br />
deberán anexarse las copias de las pólizas de exportación o<br />
reexportación respectivas.<br />
Artículo 44.- Para desalmacenar los precursores y las sustancias<br />
químicas controladas, los interesados deberán presentar, ante la unidad<br />
especializada del Instituto Costarricense sobre Drogas, los siguientes<br />
documentos:<br />
a) La solicitud de autorización de importación, en el formulario<br />
que para tal efecto elaborará la unidad especializada del<br />
mencionado Instituto, en el que deberá indicarse el número de<br />
registro asignado de conformidad con el artículo 42 de esta Ley.<br />
b) El original o la copia certificada de la factura de compra de<br />
las sustancias por desalmacenar.<br />
c) El original o la copia certificada del conocimiento de embarque,<br />
la guía aérea o carta de porte, según corresponda.<br />
La unidad especializada del Instituto deberá resolver la solicitud en<br />
el término de un día hábil, a partir del momento en que reciba la<br />
documentación indicada.<br />
Artículo 45.- La unidad especializada del Instituto Costarricense<br />
sobre Drogas llevará un registro detallado de las autorizaciones, licencias<br />
o similares otorgadas, rechazadas o revocadas, así como de toda la<br />
información relacionada con ellas; además, deberá inspeccionar<br />
periódicamente en los establecimientos registrados las actividades<br />
reportadas; para ello, deberá crear un cuerpo de inspectores<br />
especializados. Asimismo, podrá contar con el apoyo de la policía<br />
encargada del control de drogas no autorizadas y actividades conexas, a la<br />
cual trasladará la investigación de las situaciones irregulares que<br />
descubra y que puedan vincularse a alguno de los delitos tipificados en<br />
esta Ley.<br />
Artículo 46.- Los permisos de importación caducarán a los ciento<br />
ochenta días de haber sido emitidos, en tanto los de exportación y<br />
reexportación vencerán noventa días después de haber sido autorizados.<br />
Todos esos permisos serán utilizados una sola vez y ampararán,<br />
exclusivamente, una factura, la cual podrá contener varias sustancias,<br />
máquinas o elementos de los contemplados en esta regulación.<br />
Artículo 47.- Quienes estén comprendidos en las regulaciones de<br />
este capítulo, deberán llevar, en su caso, registros de inventario,<br />
producción, fabricación, adquisición y distribución de sustancias, máquinas<br />
y accesorios, según las formalidades indicadas en este capítulo.<br />
Artículo 48.- Quienes se dediquen a alguna de las actividades<br />
señaladas en el artículo 36 de esta Ley, deberán mantener un inventario<br />
completo, fidedigno y actualizado de las sustancias, las máquinas o los<br />
accesorios referidos en este capítulo; además, llevarán registros en los<br />
que conste, como mínimo, la siguiente información:<br />
a) La cantidad recibida de otras personas o empresas.<br />
b) La cantidad producida, fabricada o preparada.<br />
c) La cantidad procedente de la importación.<br />
d) La cantidad utilizada en la fabricación o preparación de otros<br />
productos.<br />
e) La cantidad distribuida internamente.<br />
f) La cantidad exportada o reexportada.<br />
g) La cantidad en existencia.<br />
h) La cantidad perdida a causa de accidentes, evaporación,<br />
sustracciones o eventos similares.<br />
Artículo 49.- El registro de las transacciones mencionado en los<br />
incisos a), c), e) y f) del artículo anterior, deberá contener, como<br />
mínimo, la siguiente información:<br />
a) La fecha de la transacción.<br />
b) El nombre, la dirección y el número de licencia o inscripción de<br />
cada una de las partes que realizan la transacción y del último<br />
destinatario, si es diferente de una de las partes que realizaron<br />
la transacción.<br />
c) El nombre genérico y de marca, la cantidad y la forma de<br />
presentación del precursor u otro producto químico.<br />
d) La marca, el modelo y el número de serie de máquinas y<br />
accesorios.<br />
e) El medio de transporte y la identificación de la empresa<br />
transportista.<br />
Artículo 50.- Quienes se dediquen a alguna de las actividades<br />
señaladas en el artículo 36 de esta Ley, deberán informar de inmediato a la<br />
unidad especializada del Instituto Costarricense sobre Drogas sobre las<br />
transacciones efectuadas o propuestas en las que ellos sean parte, cuando<br />
tengan motivos razonables para considerar que aquellas sustancias, máquinas<br />
y accesorios pueden utilizarse en la producción, fabricación, extracción o<br />
preparación ilícita de estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras<br />
con efectos semejantes.<br />
Artículo 51.- Se considerará que existen motivos razonables según<br />
el artículo anterior, especialmente cuando la cantidad transada de las<br />
sustancias, máquinas y accesorios citados en el artículo 36 de esta Ley, la<br />
forma de pago o las características personales del adquirente sean<br />
extraordinarias o no coincidan con la información proporcionada de antemano<br />
por la unidad especializada del Instituto Costarricense sobre Drogas.<br />
Artículo 52.- Deberá informársele, a la unidad especializada del<br />
Instituto Costarricense sobre Drogas, de las pérdidas o desapariciones<br />
irregulares o excesivas de las sustancias, las máquinas y los accesorios<br />
que se encuentren bajo su control.<br />
Artículo 53.- El informe referido en el artículo 50 de esta Ley<br />
deberá contener toda la información disponible y deberá ser proporcionado a<br />
la unidad especializada del Instituto Costarricense sobre Drogas, tan<br />
pronto como se conozcan las circunstancias que justifican la sospecha, por<br />
el medio más rápido y con la mayor antelación posible a la finalización de<br />
la transacción.<br />
Artículo 54.- Una vez verificada la información, la unidad<br />
especializada del Instituto Costarricense sobre Drogas deberá comunicarla a<br />
las autoridades del país de origen, destino o tránsito, tan pronto como sea<br />
posible, y les proporcionará todos los antecedentes disponibles.<br />
Artículo 55.- Los artículos precedentes de este capítulo se<br />
aplicarán también en los casos de tránsito aduanero y transbordo, en los<br />
cuales los funcionarios del Servicio Nacional<br />
de Aduanas del Ministerio de Hacienda, como responsables del control de<br />
estas transacciones, también estarán en la obligación de informar, a la<br />
unidad especializada del Instituto Costarricense sobre Drogas, sobre<br />
cualquier situación irregular detectada.<br />
Artículo 56.- El representante legal de la Refinadora<br />
Costarricense de Petróleo deberá remitir, mensualmente, a la Dirección<br />
General del Instituto Costarricense sobre Drogas, un informe de la<br />
producción de "jet fuel" y gasolina de avión; en dicho informe deberán<br />
indicarse la cantidad vendida y su comprador.<br />
TÍTULO IV<br />
Delitos y Medidas de Seguridad<br />
CAPÍTULO I<br />
Delitos<br />
Artículo 57.- En todo lo no regulado de manera expresa en este<br />
título, deberá aplicarse supletoriamente la legislación penal y procesal<br />
penal. Sin embargo, al conocer el caso concreto, el juez deberá aplicar<br />
siempre las disposiciones y los principios del Código Penal.<br />
Artículo 58.- Se impondrá pena de prisión de ocho a quince años a<br />
quien, sin autorización legal, distribuya, comercie, suministre, fabrique,<br />
elabore, refine, transforme, extraiga, prepare, cultive, produzca,<br />
transporte, almacene o venda las drogas, las sustancias o los productos<br />
referidos en esta Ley, o cultive las plantas de las que se obtienen tales<br />
sustancias o productos.<br />
La misma pena se impondrá a quien, sin la debida autorización, posea<br />
esas drogas, sustancias o productos para cualquiera de los fines<br />
expresados, y a quien posea o comercie semillas con capacidad germinadora u<br />
otros productos naturales para producir las referidas drogas.<br />
Artículo 59.- Será sancionado con pena de prisión de tres a ocho<br />
años quien construya o facilite el uso de pistas de aterrizaje o sitios de<br />
atraque, para que sean utilizados en el transporte de dinero o bienes<br />
provenientes del narcotráfico, las drogas o las sustancias referidas en<br />
esta Ley.<br />
Artículo 60.- Será sancionado con pena de prisión de cuatro a ocho<br />
años quien, por cualquier medio, intimide o disuada a otra persona para<br />
evitar la denuncia, el testimonio, la investigación, la promoción y el<br />
ejercicio de la acción penal o el juzgamiento de las actividades delictivas<br />
descritas en esta Ley.<br />
Artículo 61.- Se impondrá pena de prisión de tres a diez años a<br />
quien, mediante promesa remunerada, exhorte a un funcionario público para<br />
que procure, por cualquier medio, la impunidad o evasión de las personas<br />
sujetas a investigación, indiciadas o condenadas por la comisión de alguno<br />
de los delitos tipificados en esta Ley.<br />
Igual pena se impondrá a quien altere, oculte, sustraiga o haga<br />
desaparecer los rastros, las pruebas o los instrumentos de esos delitos, o<br />
asegure el provecho o producto de tales actos.<br />
Artículo 62.- Se impondrá pena de prisión de tres a diez años e<br />
inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas durante el mismo<br />
período, al servidor o funcionario público que procure, por cualquier<br />
medio, la impunidad o evasión de las personas sujetas a investigación,<br />
indiciadas o condenadas por la comisión de alguno de los delitos<br />
tipificados en esta Ley.<br />
La pena será de ocho a veinte años de prisión si los actos<br />
mencionados en el párrafo anterior son realizados por un juez o fiscal de<br />
la República.<br />
Si los hechos ocurren por culpa del funcionario o empleado, se le<br />
impondrá pena de prisión de seis meses a tres años, en los presupuestos del<br />
primer párrafo del presente artículo, y pena de prisión de dos a cinco años<br />
cuando se trate de los actos contemplados en el segundo párrafo; en ambos<br />
casos, se impondrá inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo<br />
plazo.<br />
Artículo 63.- Se impondrá pena de prisión de tres a ocho años e<br />
inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas hasta por cinco<br />
años, al servidor público o a los sujetos privados que laboran en el<br />
mercado bursátil y que, teniendo bajo su custodia información confidencial<br />
relacionada con narcotráfico o con investigaciones relativas a la<br />
legitimación de capitales, autorice o lleve a cabo la destrucción o<br />
desaparición de esta información, sin cumplir los requisitos legales.<br />
Artículo 64.- Se impondrá pena de prisión de dos a cinco años a<br />
quien, estando legalmente autorizado, expenda o suministre las sustancias<br />
controladas referidas en esta Ley, sin receta médica o excediendo las<br />
cantidades señaladas en la receta. Además de esta sanción, se le impondrá<br />
inhabilitación de cuatro a ocho años para ejercer la profesión o el oficio.<br />
Artículo 65.- Siempre que no esté penado más severamente, se<br />
sancionará con prisión de seis meses a tres años e inhabilitación hasta por<br />
dos años para el ejercicio de la profesión, a las siguientes personas:<br />
a) Los facultativos que hallándose autorizados para prescribir las<br />
sustancias o productos referidos en esta Ley, los prescriban sin<br />
cumplir con las formalidades previstas en su artículo 2, así como<br />
en otras leyes y reglamentos sobre la materia.<br />
b) Los regentes farmacéuticos, los veterinarios y el regente<br />
técnico profesional a quienes se refiere esta Ley cuando:<br />
1.- No lleven debidamente registrado el control de los<br />
movimientos de los estupefacientes y las sustancias o los<br />
productos psicotrópicos referidos en esta Ley.<br />
2.- No muestren a la autoridad de salud la documentación<br />
correspondiente para el mejor control del comercio, suministro<br />
y uso de<br />
los estupefacientes y las sustancias o productos psicotrópicos<br />
que señala esta Ley.<br />
3.- Permitan que personal no autorizado mantenga en depósito,<br />
manipule o despache recetas de estupefacientes o productos<br />
psicotrópicos declarados de uso restringido.<br />
Artículo 66.- Se impondrá pena de prisión de uno a seis años a los<br />
responsables o empleados de establecimientos abiertos al público que<br />
permitan, en el local, la concurrencia de personas para consumir las drogas<br />
y los productos regulados en esta Ley.<br />
Asimismo, podrá ordenarse la cancelación de la licencia, el permiso o<br />
la autorización para ejercer la actividad por cuyo desempeño se ha cometido<br />
el delito, u ordenarse la clausura temporal o definitiva de la actividad,<br />
el establecimiento o la empresa por los cuales se ha cometido el delito.<br />
Artículo 67.- Se impondrá pena de prisión de tres a ocho años a<br />
quien, directamente o por persona interpuesta, influya en un servidor<br />
público o autoridad pública, prevaliéndose del ejercicio de las facultades<br />
de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal<br />
o jerárquica con él o con otro funcionario o autoridad pública, real o<br />
simulada, para obtener licencias, permisos o gestiones administrativas que<br />
faciliten la comisión de los delitos establecidos en esta Ley, con el<br />
propósito de lograr por ello, directa o indirectamente, un beneficio<br />
económico o una ventaja indebida para sí o para otro.<br />
Artículo 68.- Será sancionado con pena de prisión de cinco a<br />
quince años quien aporte, reciba o utilice dinero u otro recurso financiero<br />
proveniente del tráfico ilícito de drogas o de la legitimación de<br />
capitales, con el propósito de financiar actividades político-electorales o<br />
partidarias.<br />
Artículo 69.- Será sancionado con pena de prisión de ocho a veinte<br />
años:<br />
a) Quien adquiera, convierta o transmita bienes de interés<br />
económico, sabiendo que estos se originan en un delito grave, o<br />
realice cualquier otro acto para ocultar o<br />
encubrir el origen ilícito o para ayudar, a la persona que haya<br />
participado en las infracciones, a eludir las consecuencias legales<br />
de sus actos.<br />
b) Quien oculte o encubra la verdadera naturaleza, el origen, la<br />
ubicación, el destino, el movimiento o los derechos sobre los<br />
bienes o la propiedad de estos, a sabiendas de que proceden,<br />
directa o indirectamente, de un delito grave.<br />
La pena será de diez a veinte años de prisión cuando los bienes de<br />
interés económico se originen en alguno de los delitos relacionados con el<br />
tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, legitimación<br />
de capitales, desvío de precursores o sustancias químicas esenciales y<br />
delitos conexos<br />
Artículo 70.- Será sancionado con pena de prisión de uno a tres<br />
años el propietario, directivo, administrador o empleado de las entidades<br />
financieras, así como el representante o empleado del órgano de supervisión<br />
y fiscalización que, por culpa en el ejercicio de sus funciones, apreciada<br />
por los tribunales, haya facilitado la comisión de un delito de<br />
legitimación de capitales.<br />
Artículo 71.- Será sancionado con pena de prisión de tres meses a<br />
un año, quien se dedique a alguna de las actividades señaladas en el<br />
artículo 36 de esta Ley, y no informe de inmediato a la unidad<br />
especializada del Instituto Costarricense sobre Drogas, sobre las<br />
transacciones efectuadas o propuestas de las cuales él forme parte, cuando<br />
tenga motivos razonables para considerar que las sustancias, las máquinas y<br />
los accesorios pueden utilizarse en la producción, fabricación, extracción<br />
o preparación ilícita de estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras<br />
con efectos semejantes<br />
Artículo 72.- Los delitos tipificados en esta Ley podrán ser<br />
investigados, enjuiciados o sentenciados por el tribunal o la autoridad<br />
competente, independientemente de que el delito de tráfico ilícito, los<br />
delitos conexos o los de legitimación de capitales hayan ocurrido en otra<br />
jurisdicción territorial, sin perjuicio de la extradición, cuando proceda<br />
conforme a derecho.<br />
Artículo 73.- Se impondrá pena de prisión de ocho a quince años a<br />
quien produzca, fabrique, prepare, distribuya, transporte, almacene,<br />
importe o exporte precursores u otros productos químicos incluidos en esta<br />
regulación, además de máquinas y accesorios, para utilizarlos en la<br />
comisión de alguno de los delitos tipificados en esta Ley.<br />
La pena será de ocho a veinte años de prisión cuando el delito se<br />
cometa mediante la constitución o el empleo de una organización delictiva.<br />
Artículo 74.- Se impondrá pena de prisión de uno a tres años a<br />
quien:<br />
a) Utilice permisos y licencias, obtenidos legítimamente, para<br />
importar cantidades mayores que las autorizadas de precursores u<br />
otras sustancias químicas incluidos en esta regulación, o las<br />
máquinas y los accesorios diferentes de los permitidos en las<br />
autorizaciones. Con la misma pena se sancionará a quien falsifique<br />
estos permisos y licencias.<br />
b) Posea, sin autorización, precursores, químicos, solventes u<br />
otras sustancias que sirvan para procesar las drogas o sus<br />
derivados referidos en la presente Ley.<br />
c) Modifique o cambie las etiquetas de los productos controlados<br />
para hacerlos pasar por otros, con el propósito de desviarlos hacia<br />
actividades ilegales o evadir los controles.<br />
Artículo 75.- Se impondrá pena de prisión de tres a ocho años a<br />
quien desvíe tanto productos químicos como precursores, máquinas o<br />
accesorios hacia fines o destinos diferentes de los autorizados dentro de<br />
Costa Rica y fuera de ella.<br />
Artículo 76.- Quien haya cumplido los requisitos estipulados en el<br />
artículo 42 de esta Ley, pero suministrando información falsa, será<br />
sancionado con pena de prisión hasta de seis meses.<br />
Artículo 77.- La pena de prisión será de ocho a veinte años cuando<br />
en las conductas descritas en los delitos anteriores concurra alguna de las<br />
siguientes circunstancias en el autor o partícipe:<br />
a) Las drogas tóxicas, los estupefacientes o las sustancias<br />
psicotrópicas se faciliten a menores de dieciocho años, disminuidos<br />
psíquicos o mujeres embarazadas.<br />
b) Las drogas tóxicas, los estupefacientes o las sustancias<br />
psicotrópicas se introduzcan o difundan en centros docentes,<br />
culturales, deportivos o recreativos, en establecimientos<br />
penitenciarios y lugares donde se realicen espectáculos públicos.<br />
c) Se utilice a menores de edad, incapaces o<br />
farmacodependientes para cometer el delito.<br />
d) El padre, la madre, el tutor o responsable de la guarda y<br />
crianza de la persona perjudicada, sea el autor del delito.<br />
e) Cuando una persona, valiéndose de su función como docente,<br />
educador o guía espiritual del perjudicado, o de su situación de<br />
superioridad en forma evidente, coarte la libertad de la víctima.<br />
f) Cuando se organice un grupo de tres o más personas para<br />
cometer el delito.<br />
g) Cuando esos delitos se cometan a nivel internacional.<br />
h) Cuando la persona se valga del ejercicio de un cargo<br />
público.<br />
Estas penas se aplicarán también a quien financie o dirija la<br />
organización dedicada a cometer los delitos.<br />
Si el responsable del hecho es un trabajador de instituciones<br />
educativas, públicas o privadas, la condenatoria conllevará la<br />
inhabilitación por seis a doce años para ejercer la docencia, en cualquier<br />
nivel del sistema educativo, público o privado. Los rectores o directores<br />
de los centros educativos serán los responsables del cumplimiento de esta<br />
disposición.<br />
Artículo 78.- En los casos previstos en el capítulo I del título<br />
IV de esta Ley, el juez también podrá imponer como pena accesoria:<br />
a) La cancelación de la licencia, los permisos, la concesión o la<br />
autorización para ejercer la actividad en cuyo desempeño se haya<br />
cometido el delito.<br />
b) La clausura temporal o definitiva de la empresa o actividad en<br />
cuyo desempeño se haya cometido el delito.<br />
CAPÍTULO II<br />
Medida de Seguridad<br />
Artículo 79.- Se promoverá y facilitará el internamiento o el<br />
tratamiento ambulatorio voluntario y gratuito con fines exclusivamente<br />
terapéuticos y de rehabilitación en un centro de salud público o privado,<br />
de quien, en las vías públicas o de acceso público, consuma o utilice<br />
drogas de uso no autorizado; esta disposición tiene el propósito de<br />
desintoxicar al adicto o eliminarle la adicción. Cuando se trate de<br />
personas menores de edad, las autoridades estarán obligadas a comunicar<br />
dicha situación al PANI, para que gestione las medidas de protección<br />
necesarias, conforme al Código de la Niñez y la Adolescencia y al artículo<br />
3 de esta Ley.<br />
Si se trata de personas menores de edad consumidoras de drogas de uso<br />
no autorizado en un sitio privado, el PANI, de oficio o a petición de<br />
parte, deberá intervenir y gestionar la medida de protección necesaria,<br />
conforme a las facultades otorgadas en el Código de la Niñez y la<br />
Adolescencia.<br />
CAPÍTULO III<br />
Sanciones Administrativas<br />
Artículo 80.- Las instituciones financieras serán responsables por<br />
los actos de sus empleados, funcionarios, directores, propietarios y otros<br />
representantes autorizados que, fungiendo como tales, participen en la<br />
comisión de cualquiera de los delitos tipificados en esta Ley. Dicha<br />
responsabilidad será acreditada y sancionada conforme a las normas y los<br />
procedimientos previamente establecidos en la legislación que la regula.<br />
Artículo 81.- Las instituciones señaladas en los artículos 14 y 15<br />
de esta Ley, podrán ser sancionadas, previo apercibimiento, por el órgano<br />
de supervisión y fiscalización competente, de la siguiente manera:<br />
a) Con una multa del cero coma cero cinco por ciento (0,05%) de su<br />
patrimonio, cuando:<br />
1.- No registren, en el formulario diseñado por el órgano<br />
de supervisión y fiscalización competente, el ingreso de toda<br />
transacción en efectivo, en moneda nacional o extranjera,<br />
superior a los diez mil dólares estadounidenses (US$10.000,00)<br />
o su equivalente en colones. Asimismo, cuando no registren<br />
las transacciones de egreso en moneda extranjera, siempre que<br />
sean en efectivo y por un monto superior a los diez mil<br />
dólares estadounidenses (US$10.000,00).<br />
2.- Tratándose de las transacciones múltiples en efectivo<br />
referidas en el artículo 23 de esta Ley, no efectúen el<br />
registro en el formulario diseñado por el órgano de<br />
supervisión y fiscalización competente.<br />
3.- Incumplan los plazos fijados por el órgano de<br />
supervisión y fiscalización correspondiente para la<br />
presentación del formulario referido en el subinciso 1<br />
anterior.<br />
4.- Incumplan las disposiciones de identificación de los<br />
clientes, en los términos dispuestos en el artículo 16 de la<br />
presente Ley.<br />
5.- Se nieguen a entregar, a los órganos autorizados por<br />
ley, la información y documentación necesarias sobre<br />
operaciones sospechosas, según lo dispuesto en el artículo 17<br />
de la presente Ley, o bien cuando pongan a disposición de<br />
personas no autorizadas información, en contravención de lo<br />
dispuesto en el artículo 18 de esta Ley.<br />
b) Con una multa del cero coma uno por ciento (0,1%) de su<br />
patrimonio, cuando:<br />
1.- Las entidades señaladas en el artículo 15 de esta<br />
Ley, se nieguen a inscribirse ante la SUGEF.<br />
2.- No hayan implementado los procedimientos para la<br />
detección, el control y la comunicación de transacciones<br />
financieras sospechosas o inusuales, en los términos de lo<br />
dispuesto en los artículos 24 y 25 de la presente Ley.<br />
3.- No adopten, desarrollen ni ejecuten programas,<br />
normas, procedimientos y controles internos para prevenir los<br />
delitos tipificados en esta Ley; no nombren a los funcionarios<br />
encargados de vigilar el cumplimiento de dichos controles,<br />
programas y procedimientos.<br />
Los montos de las multas referidas en el presente artículo, deberán<br />
ser cancelados dentro de los ocho días hábiles siguientes a su firmeza. Si<br />
la multa no es cancelada dentro del plazo establecido, tendrá un recargo<br />
por mora del tres por ciento (3%) mensual sobre el monto original, el cual<br />
deberá ser advertido por el órgano superior correspondiente.<br />
Los dineros provenientes de estas multas se destinarán a las acciones<br />
preventivas señaladas en el artículo 5 de esta Ley.<br />
Artículo 82.- Las personas físicas o jurídicas que desarrollen<br />
actividades de las enlistadas en el artículo 36 de esta Ley, estarán<br />
sujetas a las siguientes sanciones administrativas:<br />
a) Suspensión temporal del registro referido en el artículo 42 de<br />
la presente Ley, cuando se descubran situaciones irregulares que<br />
puedan vincularse con alguno de los delitos tipificados en ella,<br />
que ameriten el traslado de la investigación a la policía encargada<br />
del control de drogas no autorizadas y actividades conexas.<br />
b) Cancelación definitiva del registro referido en el citado<br />
artículo 42, cuando se compruebe la comisión de alguno de los<br />
delitos tipificados en esta Ley, por parte de empleados,<br />
funcionarios, directivos, propietarios y otros que hayan actuado en<br />
carácter de representantes autorizados de la persona física o<br />
jurídica a la que se asignó el registro.<br />
c) Decomiso administrativo, a favor del Instituto Costarricense<br />
sobre Drogas, de los precursores o químicos esenciales que hayan<br />
sido importados, comprados localmente, producidos, reciclados, u<br />
otros, si no han cumplido los requisitos establecidos en esta y<br />
otras leyes y reglamentos que rigen esta materia.<br />
TÍTULO V<br />
Decomiso y Comiso de los Bienes Utilizados como Medio o<br />
Provenientes de los Delitos Previstos por esta Ley<br />
CAPÍTULO I<br />
Decomiso<br />
Artículo 83.- Todos los bienes muebles e inmuebles, vehículos,<br />
instrumentos,<br />
equipos, valores, dinero y demás objetos utilizados en la comisión de los<br />
delitos previstos en esta Ley, así como los diversos bienes o valores<br />
provenientes de tales acciones, serán decomisados preventivamente por la<br />
autoridad competente que conozca de la causa; lo mismo procederá respecto<br />
de las acciones, los aportes de capital y la hacienda de personas jurídicas<br />
vinculadas con estos hechos.<br />
Los terceros interesados que cumplan los presupuestos del artículo 94<br />
de esta Ley, tendrán tres meses de plazo, a partir de las comunicaciones<br />
mencionadas en los artículos 84 y 90 de la presente Ley, para reclamar los<br />
bienes y objetos decomisados, plazo en el cual deberán satisfacer los<br />
requisitos legales que se exijan, para cada caso, sin perjuicio de lo<br />
dispuesto en los artículos anteriores.<br />
Artículo 84.- De ordenarse cualquiera de las medidas mencionadas<br />
en el artículo anterior, los bienes deberán ponerse en depósito judicial,<br />
en forma inmediata y exclusiva, a la orden del Instituto Costarricense<br />
sobre Drogas. Previo aseguramiento por el valor del bien, para garantizar<br />
un posible resarcimiento por deterioro o destrucción, el Instituto<br />
Costarricense sobre Drogas deberá destinar estos bienes, inmediatamente y<br />
en forma exclusiva, al cumplimiento de los fines descritos en la presente<br />
Ley, salvo casos muy calificados aprobados por el Consejo Directivo;<br />
asimismo, podrá administrarlos o entregarlos en fideicomiso a un banco<br />
estatal, según convenga a sus intereses. Si se trata de bienes inscritos<br />
en el Registro Nacional, la autoridad que conozca de la causa ordenará de<br />
inmediato la anotación respectiva y la comunicará al Instituto<br />
Costarricense sobre Drogas. Los beneficios de la administración o del<br />
fideicomiso se utilizarán para la consecución de los fines del Instituto.<br />
En caso de no ser posible proceder según el párrafo segundo del<br />
artículo 90 de esta Ley, el Instituto deberá publicar un aviso en el diario<br />
oficial, en el que se indicarán los objetos, las mercancías y los demás<br />
bienes en su poder. Vencido el término establecido en el artículo anterior<br />
sin que los interesados promuevan la acción correspondiente, siempre y<br />
cuando exista una resolución judicial, los bienes y objetos de valores<br />
decomisados pasarán, en forma definitiva, a propiedad del Instituto y<br />
deberán utilizarse para los fines establecidos en esta Ley.<br />
Artículo 85.- La autoridad judicial depositará el dinero<br />
decomisado en la cuenta corriente del Instituto Costarricense sobre Drogas<br />
y, de inmediato, le remitirá copia del depósito efectuado. De los<br />
intereses que produzca, el Instituto deberá destinar:<br />
a) El sesenta por ciento (60%) al cumplimiento de los programas<br />
preventivos, de este porcentaje, al menos la mitad será para los<br />
programas de prevención del consumo, tratamiento y rehabilitación<br />
que desarrolla el IAFA.<br />
b) Un treinta por ciento (30%) a los programas represivos.<br />
c) Un diez por ciento (10%) al aseguramiento y mantenimiento de los<br />
bienes decomisados, cuyo destino sea el señalado en el artículo<br />
anterior.<br />
Artículo 86.- Si, con ocasión de hechos o ilícitos contemplados en<br />
la presente Ley, se inicia una investigación de parte de las autoridades<br />
competentes, toda entidad financiera o que sea parte de un grupo<br />
financiero, tendrá la obligación de resguardar toda la información, los<br />
documentos, valores y dineros que puedan ser utilizados como evidencia o<br />
pruebas dentro de la investigación o en un proceso judicial; en cuanto a<br />
los dineros o valores que se mantengan depositados o en custodia, deberá<br />
proceder a su congelamiento o al depósito en el Banco Central de Costa Rica<br />
e informar a las autoridades de las acciones realizadas. Las obligaciones<br />
anteriores nacen a partir del momento en que las entidades reciban de las<br />
autoridades, un aviso formal de la existencia de una investigación o de un<br />
proceso penal judicial, o de que las entidades interpongan la denuncia<br />
correspondiente.<br />
Estas acciones no acarrearán, a las entidades o a los funcionarios<br />
que las realicen, responsabilidades administrativas, civiles, penales ni de<br />
ninguna otra índole, si se ha actuado de buena fe.<br />
CAPÍTULO II<br />
Comiso<br />
Artículo 87.- Si, en sentencia firme, se ordena el comiso a favor<br />
del Instituto Costarricense sobre Drogas de los bienes muebles e inmuebles,<br />
así como de los valores o el dinero en efectivo mencionados en los<br />
artículos anteriores, el Instituto podrá conservarlos para el cumplimiento<br />
de sus objetivos, donarlos a entidades de interés público, prioritariamente<br />
a organismos cuyo fin sea la prevención o represión de las drogas, o<br />
subastarlos.<br />
Cuando se trate de dinero en efectivo, valores o el producto de<br />
bienes subastados, el Instituto Costarricense sobre Drogas deberá destinar:<br />
a) El sesenta por ciento (60%) al cumplimiento de los programas<br />
preventivos; de este porcentaje, al menos la mitad será para los<br />
programas de prevención del consumo, tratamiento y rehabilitación<br />
que desarrolla el IAFA.<br />
b) Un treinta por ciento (30%) a los programas represivos.<br />
c) Un diez por ciento (10%) al seguimiento y mantenimiento de los<br />
bienes comisados.<br />
Artículo 88.- Los bienes perecederos podrán ser vendidos por el<br />
Instituto, antes de que se dicte sentencia definitiva dentro de los<br />
respectivos juicios penales, de acuerdo con el reglamento de la<br />
Institución; para ello, deberá contarse con un peritaje extendido por la<br />
oficina competente del Ministerio de Hacienda. Los montos obtenidos serán<br />
destinados conforme lo indica el artículo anterior.<br />
Artículo 89.- En los casos de bienes comisados sujetos a<br />
inscripción en el Registro Nacional, bastará la orden de la autoridad<br />
judicial competente para que la sección respectiva de dicho Registro<br />
proceda a la inscripción o el traspaso del bien a favor del Instituto<br />
Costarricense sobre Drogas.<br />
Inmediatamente después de que la sentencia se encuentre firme, la<br />
autoridad competente enviará la orden de inscripción o traspaso, a la cual<br />
deberá adjuntársele la<br />
respectiva boleta de seguridad, y estará exenta del pago de todos los<br />
impuestos de transferencia y propiedad previstos en la Ley Nº 7088, así<br />
como del pago de los timbres y derechos de traspaso o inscripción. Para<br />
estos casos, no será necesario contar con la respectiva nota emitida por el<br />
Departamento de Exenciones del Ministerio de Hacienda.<br />
Artículo 90.- Si transcurrido un año del decomiso del bien no se<br />
puede establecer la identidad del autor o partícipe del hecho o este ha<br />
abandonado los bienes de interés económico, los elementos y los medios de<br />
transporte utilizados, la autoridad competente ordenará el comiso<br />
definitivo de dichos bienes, los cuales pasarán a la orden del Instituto<br />
para los fines previstos en esta Ley.<br />
Asimismo, cuando transcurran más de tres meses de finalizado o<br />
cerrado el proceso penal sin que quienes puedan alegar interés jurídico<br />
legítimo sobre los bienes de interés económico utilizados en la comisión de<br />
los delitos previstos en esta Ley, hayan hecho gestión alguna para<br />
retirarlos, la acción del interesado para interponer cualquier reclamo<br />
caducará, y el Instituto podrá disponer de los bienes, previa autorización<br />
del tribunal que conoció de la causa. Para tales efectos, se seguirá lo<br />
dispuesto en el artículo 89 de esta Ley.<br />
Artículo 91.- En los casos en que la autoridad judicial competente<br />
ordene, mediante sentencia firme, el comiso de bienes que, por su<br />
naturaleza, estén sujetos a inscripción o traspaso en el Registro Nacional<br />
y se encuentren en un estado de deterioro que haga imposible o<br />
excesivamente onerosa su reparación o mejora, el Instituto podrá<br />
destinarlos a las funciones descritas en la presente Ley, sin que sea<br />
necesaria su inscripción o el traspaso en el Registro Nacional. La<br />
evaluación del estado de los bienes la realizará el Departamento de<br />
Valoración del Ministerio de Hacienda.<br />
Artículo 92.- A la persona física o jurídica a quien se le haya<br />
cancelado una patente, un permiso, una concesión o una licencia, no se le<br />
podrán autorizar, personalmente ni mediante terceros, sean estos personas<br />
físicas o jurídicas, permisos, concesiones ni licencias, durante los diez<br />
años posteriores a la cancelación.<br />
CAPÍTULO III<br />
Terceros de Buena Fe<br />
Artículo 93.- Las medidas y sanciones referidas en los artículos<br />
precedentes a este capítulo, se aplicarán sin perjuicio de los derechos de<br />
los terceros de buena fe.<br />
Conforme a derecho, se les comunicará la posibilidad de apersonarse<br />
en el proceso, a fin de que hagan valer sus derechos, a quienes puedan<br />
alegar interés jurídico legítimo sobre los bienes, productos o<br />
instrumentos.<br />
Artículo 94.- El tribunal o la autoridad competente dispondrá la<br />
devolución de los bienes, productos o instrumentos al reclamante, cuando se<br />
haya acreditado y concluido que:<br />
a) El reclamante tiene interés legítimo respecto de los bienes,<br />
productos o instrumentos.<br />
b) Al reclamante no puede imputársele autoría de ningún tipo ni<br />
participación en un delito de tráfico ilícito o delitos conexos<br />
objeto del proceso.<br />
c) El reclamante desconocía, sin mediar negligencia, el uso ilegal<br />
de bienes, productos o instrumentos o cuando, teniendo<br />
conocimiento, no consintió de modo voluntario en usarlos<br />
ilegalmente.<br />
d) El reclamante no adquirió derecho alguno a los bienes, productos<br />
o instrumentos de la persona procesada, en circunstancias que,<br />
razonablemente, llevan a concluir que el derecho sobre aquellos le<br />
habría sido transferido para efectos de evitar el posible secuestro<br />
y comiso.<br />
e) El reclamante hizo todo lo razonable para impedir el uso ilegal<br />
de los bienes, productos o instrumentos.<br />
TÍTULO VI<br />
Destrucción de Plantaciones y Drogas Ilícitas<br />
CAPÍTULO ÚNICO<br />
Artículo 95.- Los miembros del Organismo de Investigación Judicial<br />
(OIJ) y de la Policía de Control de Drogas, estarán facultados para las<br />
investigaciones y la erradicación de<br />
las plantaciones de marihuana o de cualquier otra planta a partir de la<br />
cual puedan producirse drogas ilícitas, salvo que, supletoriamente, lo<br />
realicen las autoridades locales por razones que imposibiliten a las<br />
primeras su atención.<br />
Previo a la destrucción, se tomarán muestras suficientes de las<br />
plantas para las respectivas peritaciones, de acuerdo con las<br />
recomendaciones emitidas por el Departamento de Ciencias Forenses del OIJ.<br />
Se identificarán el predio cultivado por sus linderos y el área aproximada<br />
de la plantación. Se anotarán los nombres y demás datos personales del<br />
propietario o poseedor del terreno y de las personas halladas en él a la<br />
hora de la diligencia. Estos datos y cualquier otro de interés para los<br />
fines de la investigación, se harán constar en un acta que se sujetará a<br />
las formalidades establecidas en la legislación procesal penal. Una copia<br />
del acta de destrucción y los informes policiales serán enviados al<br />
Instituto, por el cuerpo policial que realizó la erradicación, para lo que<br />
corresponda.<br />
Artículo 96.- Cuando las autoridades policiales decomisen<br />
marihuana, cocaína, heroína o cualquier otra droga de las referidas en esta<br />
Ley, de inmediato la pondrán a disposición de la autoridad judicial<br />
competente, para que el Departamento de Ciencias Forenses del OIJ tome las<br />
muestras de cantidad y peso, así como cualquier otra circunstancia útil a<br />
la investigación, según su criterio pericial.<br />
Realizado lo anterior, la autoridad judicial competente podrá ordenar<br />
la destrucción de la droga incautada. De no ordenarse la destrucción, la<br />
droga deberá entregarse al OIJ para la custodia y posterior destrucción.<br />
Fenecida definitivamente la causa, la autoridad judicial competente<br />
deberá ordenar la destrucción de la muestra testigo de la sustancia<br />
analizada.<br />
Artículo 97.- Para realizar las peritaciones necesarias, la<br />
autoridad judicial competente autorizará que se tome una muestra bajo los<br />
procedimientos y en las cantidades recomendadas por el Departamento de<br />
Ciencias Forenses del OIJ, la cual quedará en la misma sección para lo<br />
dispuesto en el artículo anterior. El resto de la droga incautada será<br />
destruido públicamente, en presencia de los medios de comunicación que<br />
quieran asistir, previa convocatoria, y de al menos un miembro del<br />
Ministerio de Salud y del OIJ, lo cual<br />
deberá cumplirse siguiendo los procedimientos técnicos adecuados que ordene<br />
el órgano competente del Ministerio de Salud.<br />
La autoridad judicial competente deberá informar, por cualquier medio<br />
de comunicación, del lugar, el día y la hora en que se realizará el acto de<br />
destrucción, y deberá actuar personalmente en el procedimiento de<br />
destrucción de la droga.<br />
Una copia del acta de destrucción será enviada por la autoridad<br />
judicial competente al Instituto Costarricense sobre Drogas.<br />
TÍTULO VII<br />
Instituto Costarricense Sobre Drogas<br />
CAPÍTULO I<br />
Disposiciones Generales<br />
Artículo 98.- El Instituto Costarricense sobre Drogas es un órgano<br />
de desconcentración máxima, adscrito al Ministerio de la Presidencia. Se<br />
le otorga personalidad jurídica instrumental para la realización de su<br />
actividad contractual y la administración de sus recursos y de su<br />
patrimonio.<br />
Artículo 99.- El Instituto Costarricense sobre Drogas será el<br />
encargado de coordinar, diseñar e implementar las políticas, los planes y<br />
las estrategias para la prevención del consumo de drogas, el tratamiento,<br />
la rehabilitación y la reinserción de los farmacodependientes, y las<br />
políticas, los planes y las estrategias contra el tráfico ilícito de<br />
drogas, la legitimación de capitales provenientes de narcotráfico,<br />
actividades conexas y delitos graves.<br />
Este Instituto deberá coordinar con el IAFA, como rector técnico en<br />
materia de prevención del consumo y tratamiento, la CCSS, el Ministerio<br />
Público y el OIJ, el diseño y la implementación de políticas, planes y<br />
estrategias en aspectos de prevención, consumo, tratamiento, rehabilitación<br />
y reinserción en materia de drogas.<br />
El Instituto coordinará con el Ministerio de Salud, el MAG y las<br />
corporaciones profesionales correspondientes, la implementación y el diseño<br />
de políticas, planes y estrategias relacionadas con el control y la<br />
fiscalización de las drogas de uso lícito.<br />
Artículo 100.- El Instituto Costarricense sobre Drogas diseñará<br />
el Plan Nacional sobre Drogas y coordinará las políticas de prevención del<br />
consumo de drogas, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción de<br />
los farmacodependientes, así como las políticas de prevención del delito:<br />
uso, tenencia, comercialización y tráfico ilícito de drogas,<br />
estupefacientes, psicotrópicos, sustancias inhalables, drogas y fármacos<br />
susceptibles de producir dependencia física o síquica, precursores y<br />
sustancias químicas controladas, según las convenciones internacionales<br />
suscritas y ratificadas por Costa Rica y de acuerdo con cualquier otro<br />
instrumento jurídico que se apruebe sobre esta materia y las que se<br />
incluyan en los listados oficiales publicados periódicamente en La Gaceta.<br />
En materia de prevención del consumo, el tratamiento, la<br />
rehabilitación y la reinserción, le corresponde al IAFA la coordinación y<br />
aprobación de todos los programas públicos y privados orientados a estos<br />
fines.<br />
Para el cumplimiento de la competencia supracitada, el Instituto<br />
ejercerá, entre otras, las siguientes funciones:<br />
a) Proponer, dirigir, impulsar, coordinar y supervisar la<br />
actualización y ejecución del Plan Nacional sobre Drogas.<br />
b) Mantener relaciones con las diferentes administraciones,<br />
públicas o privadas, así como con expertos nacionales e<br />
internacionales que desarrollen actividades en el ámbito del Plan<br />
Nacional sobre Drogas, y prestarles el apoyo técnico necesario.<br />
c) Diseñar, programar, coordinar y apoyar planes contra lo<br />
siguiente:<br />
1.- El consumo y tráfico ilícito de drogas, con el propósito de<br />
realizar una intervención conjunta y efectiva.<br />
2.- El lavado de dinero producto de la actividad delictiva del<br />
narcotráfico y de otros delitos graves.<br />
3.- El desvío de precursores y químicos esenciales hacia la<br />
actividad delictiva del narcotráfico.<br />
d) Dirigir el sistema de información sobre drogas que recopile,<br />
procese, analice y emita informes oficiales sobre todos los datos y<br />
las estadísticas nacionales.<br />
e) Participar en las reuniones de los organismos internacionales<br />
correspondientes e intervenir en la aplicación de los acuerdos<br />
derivados de ellas; en especial, los<br />
relacionados con la prevención de farmacodependencias y la lucha<br />
contra el tráfico de drogas y las actividades conexas, ejerciendo<br />
la coordinación general entre las instituciones que actúan en tales<br />
campos, sin perjuicio de las atribuciones que estas instituciones<br />
tengan reconocidas, y de la unidad de representación y actuación<br />
del Estado en el exterior, atribuida al Ministerio de Relaciones<br />
Exteriores y Culto.<br />
f) Financiar programas y proyectos y otorgar cualquier otro tipo de<br />
asistencia a organismos, públicos y privados, que desarrollen<br />
actividades de prevención, en general, y de control y fiscalización<br />
de las drogas de uso lícito e ilícito, previa coordinación con las<br />
instituciones rectoras involucradas al efecto.<br />
g) Impulsar la profesionalización y capacitación del personal del<br />
Instituto, así como de los funcionarios públicos y privados de los<br />
organismos relacionados con el Plan Nacional sobre Drogas.<br />
h) Apoyar la actividad policial en materia de drogas.<br />
i) Coordinar y apoyar, de manera constante, los estudios o las<br />
investigaciones sobre el consumo y tráfico de drogas, las<br />
actividades conexas y la legislación correspondiente, para formular<br />
estrategias y recomendaciones, sin perjuicio de las atribuciones<br />
del IAFA.<br />
j) Coordinar y apoyar campañas públicas y privadas para prevenir el<br />
consumo y tráfico ilícito de drogas, debidamente aprobadas por las<br />
instituciones competentes, involucradas y consultadas al efecto.<br />
k) Suscribir acuerdos y propiciar convenios de cooperación e<br />
intercambio de información en el ámbito de su competencia, con<br />
instituciones y organismos nacionales e internacionales afines.<br />
l) Preparar, anualmente, un informe nacional sobre la situación de<br />
la prevención y el control de drogas de uso lícito e ilícito,<br />
precursores y actividades conexas en el país.<br />
m) Todas las funciones que en el futuro se consideren necesarias<br />
para el cumplimiento de los objetivos de la Institución.<br />
Artículo 101.- El Instituto no podrá brindar información que<br />
atente contra el secreto de las investigaciones referentes a la<br />
delincuencia del narcotráfico y legitimación de capitales, ni contra<br />
informaciones de carácter privilegiado o que, innecesariamente, puedan<br />
lesionar los derechos de la persona.<br />
Artículo 102.- Los entes, los órganos o las personas que<br />
revistan especial importancia para el cumplimiento de los propósitos del<br />
Instituto, estarán obligados a colaborar en la forma en que este lo<br />
determine, de acuerdo con los medios técnicos, humanos y materiales<br />
disponibles.<br />
Artículo 103.- Dentro del ámbito de su competencia, el<br />
Instituto podrá acordar, con autoridades extranjeras, la realización de<br />
investigaciones individuales o conjuntas, con las salvedades que imponga<br />
cada legislación.<br />
Artículo 104.- El Instituto asesorará a las instituciones<br />
relacionadas con la materia que regula esta Ley y brindará la colaboración<br />
técnica que estas requieran para ejercer sus competencias constitucionales.<br />
CAPÍTULO II<br />
Organización<br />
Artículo 105.- Son órganos del Instituto:<br />
a) El Consejo Directivo.<br />
b) La Dirección General.<br />
c) La Unidad de Información y Estadística Nacional sobre Drogas.<br />
d) La Unidad de Proyectos de Prevención.<br />
e) La Unidad de Programas de Inteligencia.<br />
f) La Unidad de Control y Fiscalización de Precursores.<br />
g) La Unidad de Registros y Consultas.<br />
h) La Unidad de Informática.<br />
i) La Unidad de Administración de Bienes Decomisados y Comisados.<br />
j) La Unidad de Análisis Financiero.<br />
k) La Unidad Administrativa.<br />
l) La Unidad de Auditoría Interna.<br />
m) La Unidad de Asesoría Legal.<br />
Asimismo, los órganos que, por razones propias de su competencia, el<br />
Instituto considere necesario crear.<br />
Artículo 106.- Además de los órganos señalados en el artículo<br />
anterior, actuarán como órganos asesores del Instituto: la Comisión<br />
Asesora de Políticas Preventivas, la Comisión para el Control y<br />
Fiscalización de Precursores, la Comisión Asesora de Políticas Represivas y<br />
la Comisión Asesora para Prevención y Control de la Legitimación de<br />
Capitales. Para todos los efectos, se entenderá que las comisiones<br />
realizarán su trabajo ad honórem.<br />
El Consejo Directivo, de acuerdo con los criterios de oportunidad y<br />
conveniencia, podrá crear nuevas comisiones o modificar su integración con<br />
los representantes de las entidades o los órganos que considere<br />
pertinentes.<br />
SECCIÓN I<br />
Consejo Directivo<br />
Artículo 107.- El Consejo Directivo será el órgano máximo de<br />
decisión. Será presidido por el ministro o viceministro de la Presidencia<br />
de la República, quien tendrá la representación judicial y extrajudicial<br />
del Instituto, con las facultades que el artículo 1253 del Código Civil<br />
determina para los apoderados generalísimos y las facultades que le otorgue<br />
de manera expresa el Consejo Directivo para los casos especiales.<br />
Son funciones del Consejo Directivo las siguientes:<br />
a) Ejercer las atribuciones y potestades que la presente Ley le<br />
confiere.<br />
b) Velar por el cumplimiento de los fines del Instituto.<br />
c) Aprobar, modificar o improbar los presupuestos ordinarios y<br />
extraordinarios del Instituto, de conformidad con la Ley Orgánica<br />
de la Contraloría General de la República.<br />
d) Aprobar la memoria anual y los estados financieros de la<br />
Institución.<br />
e) Resolver los asuntos que, para su estudio, le sean sometidos por<br />
el presidente, el director general, los jefes y el auditor.<br />
f) Conocer en alzada de los recursos presentados contra las<br />
decisiones de la Dirección General, en cuanto a las materias de su<br />
competencia y dar por agotada la vía administrativa.<br />
g) Dictar, reformar e interpretar los reglamentos internos del<br />
Instituto, los cuales, para su eficacia, deberán publicarse en La<br />
Gaceta.<br />
h) Crear la estructura administrativa que considere necesaria para<br />
el desempeño eficiente del Instituto.<br />
i) Autorizar la adquisición, el gravamen o la enajenación de<br />
bienes.<br />
j) Elaborar los proyectos de ley que estime necesarios para lograr<br />
mejor y con mayor rapidez, los objetivos establecidos en esta Ley.<br />
k) Otorgar poder general judicial a la Dirección Ejecutiva con los<br />
alcances y las atribuciones que al efecto se establecen en el<br />
artículo 1288 y los siguientes del Código Civil.<br />
l) Establecer convenios de cooperación con autoridades<br />
administrativas y judiciales, nacionales e internacionales.<br />
m) Conocer, aprobar y resolver en definitiva sobre las<br />
contrataciones y la administración de sus recursos y de su<br />
patrimonio.<br />
n) Ejercer las demás funciones que le establezcan la presente Ley y<br />
sus Reglamentos.<br />
Artículo 108.- El Consejo Directivo estará integrado por los<br />
siguientes miembros:<br />
a) El ministro o el viceministro de la Presidencia.<br />
b) El ministro o el viceministro de Seguridad Pública y<br />
Gobernación.<br />
c) El ministro o el viceministro de Educación Pública.<br />
d) El ministro o el viceministro de Justicia y Gracia.<br />
e) El ministro de Salud o el director del IAFA.<br />
f) El director o el subdirector del OIJ.<br />
g) El fiscal general o el fiscal general adjunto del Estado.<br />
SECCIÓN II<br />
Dirección General<br />
Artículo 109.- La Dirección General es un órgano subordinado del<br />
Consejo Directivo; estará a cargo de un director general y de un director<br />
general adjunto, quienes serán los funcionarios de mayor jerarquía, para<br />
efectos de dirección y administración del Instituto. Les corresponderá<br />
colaborar, en forma inmediata, con el Consejo Directivo en la<br />
planificación, la organización y el control de la Institución; así como en<br />
la formalización, la ejecución y el seguimiento de sus políticas. Además,<br />
desempeñará las tareas que le atribuyan los reglamentos y le corresponderá<br />
incoar las acciones judiciales en la defensa de los derechos del Instituto,<br />
cuando lo determine el Consejo Directivo.<br />
Artículo 110.- En las ausencias temporales y en las definitivas,<br />
el director general será sustituido por el director general adjunto,<br />
mientras se produzca el nombramiento del propietario.<br />
Artículo 111.- Para ser nombrados, el director general y el<br />
director general adjunto deberán ser mayores de edad, costarricenses, de<br />
reconocida solvencia moral, poseer el grado académico de licenciados y<br />
experiencia amplia y probada en el campo relacionado con las drogas.<br />
El Consejo Directivo designará una comisión especial, la cual<br />
analizará los atestados de los oferentes que opten por el puesto y elevará<br />
su recomendación al Consejo Directivo.<br />
Artículo 112.- El nombramiento y la remoción del director<br />
general y del director general adjunto le corresponderá libremente al<br />
Consejo Directivo.<br />
Artículo 113.- Son atribuciones y deberes de la Dirección General<br />
las siguientes:<br />
a) Velar por el cumplimiento de las leyes, los reglamentos y<br />
las resoluciones del Consejo Directivo.<br />
b) Informar al Consejo Directivo de los asuntos de interés<br />
para la Institución y proponer los acuerdos que considere<br />
convenientes.<br />
c) Ejercer las funciones inherentes a su condición de<br />
Dirección General, organizar todas sus dependencias y velar por su<br />
adecuado funcionamiento.<br />
d) Suministrar al Consejo Directivo la información regular,<br />
exacta, completa y necesaria para asegurar el buen gobierno y la<br />
dirección superior del Instituto.<br />
e) Presentar al Consejo Directivo los proyectos de<br />
presupuesto ordinarios y extraordinarios para el período fiscal<br />
correspondiente y las modificaciones respectivas y, una vez<br />
aprobados, vigilar la correcta aplicación.<br />
f) Nombrar, remover y aplicar el régimen disciplinario a los<br />
servidores del Instituto, de conformidad con los reglamentos<br />
respectivos. Para el nombramiento y la remoción del personal de la<br />
auditoría, se requerirá la anuencia del auditor general.<br />
g) Atender las relaciones del Instituto con los personeros de<br />
gobierno, sus dependencias e instituciones y las demás entidades,<br />
nacionales o extranjeras.<br />
h) Ejercer las demás funciones y facultades que le asignen la<br />
presente Ley y los Reglamentos del Instituto.<br />
i) Todas las funciones que en el futuro se consideren<br />
necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la Institución.<br />
Artículo 114.- Prohíbese al director general y al director general<br />
adjunto lo siguiente:<br />
a) Ejercer profesiones liberales fuera del cargo, salvo en asuntos<br />
estrictamente personales, en los de su cónyuge o sus ascendientes,<br />
descendientes y colaterales por consanguinidad y afinidad hasta<br />
tercer grado.<br />
b) Desempeñar otros cargos públicos remunerados o ad honórem,<br />
puesto que deben desempeñar sus funciones a tiempo completo en el<br />
Instituto.<br />
De esta prohibición, se exceptúa el ejercicio de la docencia.<br />
c) Participar en actividades político-electorales con las<br />
salvedades de ley.<br />
La violación de cualesquiera de estas prohibiciones constituirá una<br />
falta grave del servidor y dará lugar a su destitución por justa causa.<br />
SECCIÓN III<br />
Unidad de Proyectos de Prevención<br />
Artículo 115.- La Unidad de Proyectos de Prevención será la<br />
encargada de coordinar, con el IAFA, la implementación de los programas de<br />
las entidades públicas y privadas, con la finalidad de fomentar la<br />
educación y prevención del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos<br />
contemplados en esta Ley. Asimismo, esta Unidad propondrá medidas para la<br />
aplicación efectiva de los planes de carácter preventivo contenidos en el<br />
Plan Nacional sobre Drogas; su estructura técnica y administrativa se<br />
dispondrá reglamentariamente.<br />
Artículo 116.- Las funciones de la Unidad de Proyectos de<br />
Prevención, sin perjuicio de otras que puedan establecerse en el futuro,<br />
serán las siguientes:<br />
a) Formular recomendaciones en educación y prevención del uso, la<br />
tenencia, la comercialización y el tráfico lícito e ilícito de las<br />
drogas señaladas en esta Ley, para incluirlas en el Plan Nacional<br />
de Drogas, con base en los programas que las entidades públicas y<br />
privadas propongan.<br />
b) Colaborar técnicamente con los organismos oficiales que realizan<br />
campañas de prevención del uso, la tenencia, la comercialización y<br />
el tráfico lícito e ilícito de las drogas señaladas en esta Ley, y<br />
proponerles recomendaciones.<br />
c) Apoyar la actividad de las entidades estatales y privadas que se<br />
ocupen de la educación, la prevención y la investigación<br />
científica, relativa a las drogas que causen dependencia.<br />
d) Las demás funciones que en el futuro se consideren necesarias<br />
para cumplir los fines de la Institución.<br />
SECCIÓN IV<br />
Unidad de Información y Estadística Nacional sobre Drogas<br />
Artículo 117.- La Unidad de Información y Estadística Nacional<br />
sobre Drogas tiene el fin de realizar el análisis sistemático, continuo y<br />
actualizado de la magnitud, las tendencias y la evolución del fenómeno de<br />
las drogas en el país, para planificar, evaluar y apoyar el proceso de toma<br />
de decisiones en la represión y prevención en ese campo, así como para<br />
darle seguimiento.<br />
Para alcanzar los fines y objetivos, esta Unidad requerirá la<br />
información y cooperación necesarias de todas las instituciones<br />
involucradas y de los demás entes de los sectores público y privado, para<br />
facilitar el cumplimiento de sus funciones.<br />
La estructura técnica y administrativa de esta Unidad se dispondrá<br />
reglamentariamente.<br />
Artículo 118.- Son funciones de la Unidad de Información y<br />
Estadística Nacional sobre Drogas:<br />
a) Desarrollar e implementar un sistema nacional que centralice los<br />
diferentes informes, estudios e investigaciones sobre la magnitud y<br />
las consecuencias de la oferta y la demanda del consumo de drogas,<br />
en los planos nacional e internacional.<br />
b) Determinar los problemas generales y específicos que se<br />
desprendan de los informes, estudios e investigaciones, que les<br />
permitan a las autoridades tomar decisiones oportunas para la<br />
investigación de campo y el desarrollo de las estrategias<br />
correspondientes.<br />
c) Emitir las recomendaciones técnicas para la formulación de<br />
estrategias, dentro de la política oficial en materia de drogas.<br />
d) Determinar las necesidades anuales reales para el uso lícito de<br />
drogas estupefacientes, psicotrópicos y precursores químicos en el<br />
país, para garantizar la disponibilidad de estos productos y<br />
prevenir su posible desvío al área ilícita,<br />
con la participación de la Junta de Vigilancia de Drogas<br />
Estupefacientes del Ministerio de Salud y del Ministerio de<br />
Agricultura y Ganadería.<br />
e) Participar en el intercambio de la información oficial<br />
disponible sobre drogas, con los organismos nacionales e<br />
internacionales, incluso en el Programa de las Naciones Unidas para<br />
la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID), la Junta<br />
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), la<br />
Comisión Internacional Contra el Abuso de Drogas (CICAD-OEA) y<br />
otros.<br />
f) Orientar, con base en los análisis y otros aportes científicos<br />
de esta Unidad, el desarrollo de proyectos e investigaciones sobre<br />
la problemática de las drogas, para fortalecer el conocimiento<br />
actualizado en esta materia.<br />
g) Promover la coordinación y colaboración, en los niveles nacional<br />
e internacional, de todas las instancias involucradas en el<br />
análisis del problema de las drogas, para identificar las<br />
tendencias y las preferencias en el uso indebido de drogas<br />
específicas y recomendar acciones concretas para su rectificación.<br />
h) Identificar los patrones delictivos en el uso ilícito de<br />
estupefacientes, psicotrópicos y sustancias químicas precursoras,<br />
que permitan un abordaje efectivo del problema.<br />
i) Apoyar al IAFA y colaborar con él en la identificación de las<br />
zonas geográficas de mayor riesgo, las poblaciones vulnerables y<br />
las principales tendencias de consumo de drogas, en un período<br />
determinado, para que se tomen las medidas necesarias para resolver<br />
el problema.<br />
j) Evaluar las acciones dirigidas a reducir la oferta y la demanda<br />
de drogas en el país, con el propósito de determinar su impacto.<br />
k) Apoyar al IAFA y colaborar con él en la confección y divulgación<br />
de informes periódicos sobre la situación actual del país en<br />
materia de drogas, sus proyecciones y las tendencias a corto y<br />
mediano plazo.<br />
l) Participar activamente en foros, congresos, seminarios,<br />
talleres, nacionales e internacionales, sobre la represión,<br />
prevención y fiscalización, el análisis y la<br />
identificación de drogas, que permitan conocer los acuerdos<br />
adoptados y darles seguimiento.<br />
m) Coordinar talleres, seminarios y demás reuniones locales para<br />
formular, estudiar, discutir y analizar propuestas que faciliten el<br />
funcionamiento óptimo de la Unidad y lo retroalimenten.<br />
n) Efectuar una revisión exhaustiva y permanente sobre la<br />
legislación actual en materia de drogas, para proponer la adopción<br />
de programas, medidas y reformas pertinentes para hacer más eficaz<br />
la acción estatal en este campo.<br />
ñ) Determinar las necesidades anuales de información para<br />
planificar la recolección de datos y los análisis estadísticos<br />
relacionados con el fenómeno de las drogas, conjuntamente con las<br />
instituciones involucradas.<br />
o) Brindar asesoramiento técnico a todas las unidades operativas<br />
del Instituto, con el propósito de fortalecer y complementar los<br />
criterios para el análisis de la información sobre drogas.<br />
p) Cumplir todas las funciones que en el futuro se consideren<br />
necesarias para alcanzar los objetivos de la Institución.<br />
Artículo 119.- Las fuentes primarias de recolección de datos para<br />
esta Unidad serán, entre otras: el Ministerio de Salud, el Ministerio de<br />
Agricultura y Ganadería, el IAFA, el Ministerio de Justicia y Gracia, el<br />
Ministerio de Seguridad Pública y Gobernación, el Ministerio de Hacienda,<br />
el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Obras Públicas y<br />
Transportes, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la CCSS, las<br />
ONG, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el Sistema Nacional de<br />
Salud de los sectores público y privado, las universidades públicas y<br />
privadas, los colegios profesionales, los medios de comunicación oral y<br />
escrita y otros que, por su naturaleza, se determine incorporar a esta<br />
actividad.<br />
SECCIÓN V<br />
Unidad de Programas de Inteligencia<br />
Artículo 120.- La Unidad de Programas de Inteligencia se<br />
encargará de la coordinación de acciones en contra del tráfico ilícito de<br />
drogas, con las dependencias<br />
policiales, nacionales e internacionales. Proveerá información táctica y<br />
estratégica a los<br />
distintos cuerpos e instituciones involucrados en la lucha contra las<br />
drogas, con la finalidad de permitirles el logro de su propósito y<br />
recomendarles acciones y políticas. Asimismo, realizará la recolección y<br />
el análisis de la información relacionada con esta materia y los recopilará<br />
en una base de datos absolutamente confidencial, para el uso exclusivo de<br />
las policías y autoridades judiciales; también deberá conformar comisiones<br />
de asesores técnicos especializados en el campo de la investigación de los<br />
delitos contenidos en esta Ley.<br />
La estructura técnica y administrativa de la Unidad de Programas de<br />
Inteligencia se dispondrá reglamentariamente.<br />
SECCIÓN VI<br />
Unidad de Registros y Consultas<br />
Artículo 121.- La Unidad de Registros y Consultas estructurará y<br />
custodiará un registro de información absolutamente confidencial que, por<br />
su naturaleza, resulte útil para las investigaciones de las policías y del<br />
Ministerio Público.<br />
Con las salvedades de orden constitucional y legal para cumplir sus<br />
cometidos, esta Unidad tendrá acceso a los archivos que contienen el nombre<br />
y la dirección de los abonados del Instituto Costarricense de Electricidad,<br />
al archivo criminal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al<br />
archivo obrero-patronal de la CCSS y a cualquier fuente o sistema de<br />
información, documento, instrumento, cuenta o declaración de todas las<br />
instituciones, públicas o privadas.<br />
La información obtenida se destinará al uso exclusivo de las policías<br />
y del Ministerio Público, que la consultarán bajo la supervisión del jefe<br />
de esta Unidad, quien anotará el nombre completo del consultante, la hora,<br />
la fecha y el motivo de la consulta.<br />
Con el propósito de mantener actualizado el registro de información,<br />
las policías que realicen investigaciones por los delitos de narcotráfico,<br />
deberán remitir al Instituto el informe de policía, inmediatamente después<br />
de haberlo presentado al Ministerio Público para la respectiva<br />
investigación preparatoria.<br />
La estructura técnica y administrativa de la Unidad de Registros y<br />
Consultas se dispondrá reglamentariamente.<br />
Artículo 122.- La Unidad de Registros y Consultas tendrá las<br />
siguientes funciones:<br />
a) Identificar las necesidades de información por parte de los<br />
usuarios y atender sus solicitudes de acuerdo con las normas<br />
establecidas.<br />
b) Ejercer el control de calidad durante todo el proceso de<br />
recolección y procesamiento de la información, con el fin de<br />
asegurar la confiabilidad de los datos.<br />
c) Administrar los recursos de tecnología de información asignados<br />
a la Unidad, en coordinación con la Unidad de Informática.<br />
d) Cumplir todas las funciones que en el futuro se consideren<br />
necesarias para alcanzar los objetivos de la Institución.<br />
SECCIÓN VII<br />
Unidad de Análisis Financiero<br />
Artículo 123.- La Unidad de Análisis Financiero solicitará,<br />
recopilará y analizará los informes, formularios y reportes de<br />
transacciones sospechosas, provenientes de los órganos de supervisión y de<br />
las instituciones señaladas en los artículos 14 y 15 de la presente Ley,<br />
con la finalidad de centralizar y analizar dicha información para<br />
investigar las actividades de legitimación de capitales. Esta<br />
investigación será puesta en conocimiento de la Dirección General, que la<br />
comunicará al Ministerio Público para lo que corresponda.<br />
Los organismos y las instituciones del Estado, y especialmente el<br />
Ministerio de Hacienda, el Banco Central de Costa Rica, el Registro Público<br />
y los organismos públicos de<br />
fiscalización, así como las entidades señaladas en los artículos 14 y 15 de<br />
la presente Ley, estarán obligados a suministrar la información requerida<br />
para las investigaciones de las actividades y los delitos regulados en la<br />
presente Ley, a solicitud de esta Unidad con el refrendo de la Dirección<br />
General.<br />
Además, será labor de la Unidad de Análisis Financiero la ubicación y<br />
el seguimiento de los bienes de interés económico obtenidos en los delitos<br />
tipificados en esta Ley.<br />
El Ministerio Público ordenará la investigación financiera simultánea<br />
o con posterioridad a la investigación por los delitos indicados.<br />
Artículo 124.- La información recopilada por la Unidad de<br />
Análisis Financiero será confidencial y de uso exclusivo para las<br />
investigaciones realizadas por este Instituto. Además, podrá ser revelada<br />
al Ministerio Público, a los jueces de la República, los cuerpos de policía<br />
nacionales y extranjeros, las unidades de análisis financiero homólogas y<br />
las autoridades administrativas y judiciales de otros países competentes en<br />
esta materia. Los funcionarios que incumplan esta disposición estarán<br />
sujetos a las sanciones establecidas en el Código Penal.<br />
Artículo 125.- Todos los ministerios y las instituciones públicas<br />
y privadas, suministrarán, en forma expedita, la información y<br />
documentación que les solicite esta Unidad para el cumplimiento de sus<br />
fines. Dicha información será estrictamente confidencial.<br />
Artículo 126.- El acatamiento de las recomendaciones propuestas<br />
por la Unidad y avaladas por el Consejo Directivo del Instituto, tendrá<br />
prioridad en el sector público y, especialmente, en las entidades<br />
financieras o comerciales, a efecto de cumplir las políticas trazadas para<br />
combatir la legitimación de capitales y, con ello, incrementar la eficacia<br />
de las acciones estatales y privadas en esta materia.<br />
SECCIÓN VIII<br />
Unidad de Control y Fiscalización de Precursores<br />
Artículo 127.- La Unidad de Control y Fiscalización de<br />
Precursores ejercerá el control de la importación, exportación,<br />
reexportación y tránsito internacional de las sustancias denominadas<br />
precursores y químicos esenciales; además, dará seguimiento a la<br />
utilización de estas sustancias en el territorio nacional.<br />
La estructura técnica y administrativa de la Unidad de Control y<br />
Fiscalización de Precursores se dispondrá reglamentariamente.<br />
Artículo 128.- Serán funciones de la Unidad de Control y<br />
Fiscalización de Precursores, las siguientes:<br />
a) Definir los requisitos, tramitar la inscripción y emitir las<br />
licencias respectivas para las siguientes personas:<br />
1.- Los importadores de precursores y químicos esenciales.<br />
2.- Los usuarios de precursores y químicos esenciales en el<br />
nivel nacional.<br />
3.- Los exportadores y/o reexportadores de precursores y<br />
químicos esenciales.<br />
b) Tramitar y resolver las solicitudes de autorización de<br />
importación, para todos y cada uno de los cargamentos de<br />
precursores y químicos esenciales que ingresen al país.<br />
c) Tramitar y resolver las solicitudes de autorización de<br />
exportación y reexportación, para todos y cada uno de los<br />
cargamentos de precursores y químicos esenciales que salgan del<br />
país.<br />
d) Dar seguimiento al uso de precursores y químicos esenciales a<br />
nivel nacional.<br />
e) Definir los requisitos y tramitar la renovación de los permisos<br />
de importación.<br />
f) Colaborar en la vigilancia del comercio internacional de<br />
precursores y químicos esenciales, mediante la coordinación, la<br />
cooperación y el intercambio de<br />
información con las autoridades competentes de otros países y con<br />
los organismos internacionales relacionados con la lucha<br />
antidrogas.<br />
g) Llevar registros actualizados de las licencias otorgadas, las<br />
licencias revocadas, las importaciones, las exportaciones y las<br />
reexportaciones autorizadas y denegadas, así como de cualquier otra<br />
información de interés para el control y la fiscalización de<br />
precursores a nivel nacional e internacional.<br />
h) Remitir a la JIFE las estadísticas anuales referentes a<br />
precursores y químicos esenciales.<br />
i) Revisar periódicamente las normas de control y fiscalización de<br />
precursores y químicos esenciales, con el fin de mantenerlas<br />
actualizadas.<br />
j) Coordinar, con el Ministerio de Hacienda, el seguimiento de los<br />
precursores y químicos esenciales que ingresen al territorio<br />
nacional en tránsito internacional.<br />
k) Comunicar, al Ministerio Público, las situaciones de posibles<br />
desvíos de precursores y químicos esenciales, para que este<br />
Ministerio defina las intervenciones correspondientes.<br />
l) Participar en la elaboración, revisión y actualización de<br />
normativas relacionadas, directa o indirectamente, con el control<br />
de precursores; asimismo, en la elaboración de acuerdos o<br />
convenios, bilaterales o multilaterales, en los cuales se aborden<br />
temas relacionados con esta materia.<br />
m) Participar en comisiones técnicas relacionadas con el control de<br />
la oferta de drogas.<br />
n) Cumplir todas las funciones que en el futuro se consideren<br />
necesarias para alcanzar los objetivos de la Institución.<br />
SECCIÓN IX<br />
Unidad de Informática<br />
Artículo 129.- La Unidad de Informática será la responsable de<br />
promover la articulación y el óptimo funcionamiento de los sistemas y<br />
subsistemas que conforman el sistema de información institucional y sus<br />
procesos permanentes de captura, validación,<br />
selección, manipulación, procesamiento y comunicación, a partir de las<br />
demandas y necesidades de los usuarios.<br />
La estructura técnica y administrativa de la Unidad de Informática se<br />
dispondrá reglamentariamente.<br />
Artículo 130.- La Unidad de Informática tendrá las siguientes<br />
funciones:<br />
a) Planear, organizar, coordinar, controlar y evaluar los procesos<br />
de desarrollo del sistema de información institucional, a fin de<br />
modernizar y sistematizar su funcionamiento.<br />
b) Promover y participar en el diseño, la sistematización y el<br />
control de los procesos de planificación conjunta e integral de los<br />
subsistemas de información<br />
en los niveles de gestión interinstitucional, a fin de propiciar<br />
una utilización óptima y racional de los recursos tecnológicos.<br />
c) Coordinar, orientar y recomendar en materia de información y<br />
tecnología computacional para las contrataciones correspondientes.<br />
d) Coordinar, con las jefaturas de las unidades del Instituto, la<br />
preparación de los requerimientos de insumos necesarios para<br />
desarrollar las actividades propias de la Institución.<br />
e) Diseñar, proponer y coordinar la implantación de normas,<br />
estándares, lineamientos y procedimientos relacionados con los<br />
elementos de "hardware", "software", redes y comunicaciones de la<br />
plataforma técnica y de tecnologías relacionadas con la gestión de<br />
la informática institucional.<br />
f) Cumplir todas las funciones que en el futuro se consideren<br />
necesarias para alcanzar los objetivos de la Institución.<br />
SECCIÓN X<br />
Unidad de Auditoría Interna<br />
Artículo 131.- El Instituto tendrá una Unidad de Auditoría<br />
Interna, la cual funcionará bajo la dirección inmediata y la<br />
responsabilidad de un auditor, quien deberá ser<br />
contador público autorizado, con amplia experiencia en sistemas de<br />
informática. La Auditoría Interna contará con los recursos necesarios para<br />
el cumplimiento adecuado de sus funciones.<br />
La estructura técnica y administrativa de la Unidad de Auditoría<br />
Interna se dispondrá reglamentariamente.<br />
Artículo 132.- La Auditoría Interna ejercerá sus funciones con<br />
independencia funcional y de criterios, respecto del jerarca y de los demás<br />
órganos de la administración. Su organización y funcionamiento se regirán<br />
de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría<br />
General de la República, el Manual para el ejercicio de las auditorías<br />
internas y cualesquiera otras disposiciones que emita el órgano contralor.<br />
Artículo 133.- El auditor será nombrado por el Consejo<br />
Directivo, mediante el voto favorable de dos terceras partes de sus<br />
miembros. Permanecerá en el cargo un período<br />
de seis años y podrá ser reelegido. Estará sujeto a las mismas<br />
limitaciones que la presente Ley y sus Reglamentos establecen para la<br />
Dirección General, en cuanto le sean aplicables.<br />
Artículo 134.- El auditor solo podrá ser suspendido o destituido<br />
de su cargo por justa causa y por decisión emanada del Consejo Directivo,<br />
con observancia del debido proceso. Para la destitución se requerirá el<br />
mismo número de votos necesario para nombrarlo, de conformidad con lo<br />
dispuesto por la Contraloría General de la República.<br />
Artículo 135.- La Auditoría Interna, además de realizar<br />
auditorías financieras operativas y de carácter especial, tendrá las<br />
siguientes competencias:<br />
a) Controlar y evaluar el sistema de control interno<br />
correspondiente y proponer las medidas correctivas.<br />
b) Cumplir las normas técnicas de auditoría, las disposiciones<br />
emitidas por la Contraloría General de la República y el<br />
ordenamiento jurídico.<br />
c) Realizar auditorías o estudios especiales, en relación con<br />
cualquiera de los órganos sujetos a su jurisdicción institucional.<br />
d) Asesorar, en materia de su competencia, a los jerarcas de su<br />
Institución y advertir, asimismo, a los órganos pasivos que<br />
fiscalicen, sobre las posibles consecuencias de determinadas<br />
conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento.<br />
e) Cumplir las demás competencias que contemplan las normas del<br />
ordenamiento de control y fiscalización.<br />
Artículo 136.- Para el cumplimiento de sus funciones, la<br />
Auditoría Interna tendrá las siguientes potestades:<br />
a) Tener libre acceso, en cualquier momento, a todos los libros,<br />
archivos, valores y documentos, así como a otras fuentes de<br />
información relacionadas con su actividad.<br />
b) Solicitar a todo funcionario o empleado de cualquier nivel<br />
jerárquico, en la<br />
forma, las condiciones y el plazo que estime convenientes, los<br />
informes, datos y documentos necesarios para el cabal cumplimiento<br />
de sus fines.<br />
c) Solicitar a los funcionarios y empleados de cualquier nivel<br />
jerárquico, la colaboración, el asesoramiento y las facilidades que<br />
demande el ejercicio de la Auditoría Interna.<br />
d) Cualesquiera otras potestades necesarias para el cumplimiento de<br />
las normas y los manuales de control y fiscalización que emita la<br />
Contraloría General de la República.<br />
Artículo 137.- El Consejo Directivo del Instituto será el<br />
responsable de implementar las recomendaciones emitidas por la Unidad de<br />
Auditoría Interna. Si la Administración discrepa de dichas<br />
recomendaciones, deberá emitir por escrito un acuerdo fundamentado, en un<br />
plazo de treinta días hábiles, el cual contendrá una solución alternativa.<br />
De mantenerse la divergencia de criterio entre la Administración y la<br />
Unidad de Auditoría Interna, corresponderá a la Contraloría General de la<br />
República aclarar las divergencias, a solicitud de las partes interesadas.<br />
Artículo 138.- El Consejo Directivo será el responsable de<br />
establecer, mantener y perfeccionar sus sistemas de control interno.<br />
Las normas que el Consejo dicte al respecto, serán de acatamiento<br />
obligatorio para la administración responsable de implementar y operar el<br />
sistema.<br />
SECCIÓN XI<br />
Unidad de Administración de Bienes Decomisados y Comisados<br />
Artículo 139.- La Unidad de Administración de Bienes Decomisados<br />
y Comisados dará seguimiento a los bienes de interés económico comisados,<br />
provenientes de los delitos<br />
descritos en esta Ley; además, velará por la correcta administración y<br />
utilización de los bienes decomisados y será responsable de subastar o<br />
donar los bienes comisados.<br />
La estructura técnica y administrativa de la Unidad de Administración<br />
de Bienes Decomisados y Comisados se dispondrá reglamentariamente.<br />
Artículo 140.- Son funciones de la Unidad de Administración de<br />
Bienes Decomisados y Comisados, las siguientes:<br />
a) Asegurar la conservación de los bienes de interés económico en<br />
decomiso o comiso y velar por ella.<br />
b) Mantener un inventario actualizado de los bienes decomisados y<br />
comisados.<br />
c) Llevar un registro y ejercer la supervisión de los bienes<br />
entregados a las entidades públicas, para velar por la correcta<br />
utilización.<br />
d) Presentar, periódicamente, a la Dirección General, el inventario<br />
de los bienes comisados para realizar las proyecciones de entrega,<br />
uso y administración.<br />
e) Requerir, de los despachos judiciales que tramitan causas<br />
penales por delitos tipificados en esta Ley, información de los<br />
decomisos efectuados.<br />
f) Programar y ejecutar las subastas de los bienes comisados.<br />
g) Todas las funciones que en el futuro se consideren necesarias<br />
para cumplir los objetivos de la Institución.<br />
SECCIÓN XII<br />
Unidad Administrativa<br />
Artículo 141.- La Unidad Administrativa tendrá la<br />
responsabilidad de garantizar la asignación de los recursos del Instituto y<br />
su uso eficiente, a partir de las directrices que emitan el Consejo<br />
Directivo y la Dirección General, para el cumplimiento de las funciones de<br />
esta Unidad y el desarrollo de sus programas.<br />
La estructura técnica y administrativa de la Unidad Administrativa se<br />
dispondrá reglamentariamente.<br />
Artículo 142.- La Unidad Administrativa tendrá las siguientes<br />
funciones:<br />
a) Realizar los trámites administrativos para apoyar la operación<br />
de la Dirección General, en las áreas de contabilidad, finanzas,<br />
presupuesto, recursos humanos y suministros.<br />
b) Coordinar con las unidades del Instituto, para efectuar el<br />
seguimiento en cuanto al aprovechamiento de los recursos.<br />
c) Elaborar el proyecto de presupuesto ordinario y extraordinario<br />
del Instituto, para que sea estudiado y aprobado por la Dirección<br />
General.<br />
d) Ejecutar los presupuestos aprobados de conformidad con la ley.<br />
e) Presentar a la Dirección General, informes periódicos relativos<br />
a los depósitos y las cuentas corrientes en dólares o colones.<br />
f) Organizar los servicios de recepción, los servicios<br />
secretariales y generales, así como los de choferes, bodegueros,<br />
conserjes, encargados de seguridad y vigilancia, y los servicios de<br />
almacenamiento de los bienes en decomiso y comiso.<br />
g) Cumplir las funciones que en el futuro se consideren necesarias<br />
para alcanzar los objetivos de la Institución.<br />
SECCIÓN XIII<br />
Unidad de Asesoría Legal<br />
Artículo 143.- La Unidad de Asesoría Legal asesorará<br />
jurídicamente a todas las instancias y niveles del Instituto, con el fin de<br />
garantizar que las actuaciones de sus funcionarios sean acordes con el<br />
ordenamiento jurídico vigente.<br />
La estructura técnica y administrativa de la Unidad de Asesoría Legal<br />
se dispondrá reglamentariamente.<br />
Artículo 144.- Serán funciones de la Unidad de Asesoría Legal<br />
las siguientes:<br />
a) Apoyar al Instituto y brindarle la asistencia jurídica en<br />
general.<br />
b) Formular consultas de índole legal a la Procuraduría General de<br />
la República y la Contraloría General de la República.<br />
c) Recibir, por escrito, las consultas personales en materia legal<br />
a nivel institucional y evacuarlas.<br />
d) Tramitar los traspasos de bienes, muebles e inmuebles, en que<br />
intervenga el Instituto.<br />
e) Investigar y resolver los procesos disciplinarios contra los<br />
funcionarios del Instituto.<br />
f) Coordinar con la Unidad de Administración de Bienes Decomisados<br />
y Comisados, las acciones legales que correspondan.<br />
g) Cumplir todas las funciones que en el futuro se consideren<br />
necesarias para alcanzar los objetivos de la Institución.<br />
CAPÍTULO III<br />
Financiamiento<br />
Artículo 145.- Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto<br />
contará con los siguientes recursos:<br />
a) Las partidas que anualmente se asignen en los presupuestos,<br />
ordinarios y extraordinarios, y en sus modificaciones.<br />
b) Las contribuciones y subvenciones de otras instituciones, de<br />
personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o<br />
privadas, así como de leyes especiales.<br />
c) El producto de los empréstitos internos o externos que se<br />
contraten.<br />
d) Los intereses generados de los registros financieros del<br />
Instituto.<br />
e) Los fondos y demás recursos que se recauden por concepto de<br />
ventas.<br />
f) Las sumas que se recauden en aplicación de esta Ley.<br />
g) Los montos cobrados por registro de operadores de precursores.<br />
h) Los bienes decomisados y los comisados, en virtud de la<br />
aplicación de la presente Ley.<br />
Artículo 146.- El Poder Ejecutivo suplirá las necesidades<br />
presupuestarias del Instituto; para dicho efecto, este último le<br />
presentará, en mayo de cada año, un anteproyecto<br />
de presupuesto para el ejercicio fiscal siguiente, en el cual se le<br />
garanticen los recursos necesarios para un eficiente servicio.<br />
Artículo 147.- Para cada ejercicio, los presupuestos deberán<br />
organizarse y formularse, de conformidad con las prescripciones técnicas y<br />
los planes de desarrollo o, en su defecto, con los lineamientos generales<br />
de políticas nacionales de lucha contra las drogas. Cuando se trate de<br />
programas o proyectos cuya ejecución se extienda más allá de dicho período,<br />
el Instituto deberá demostrar, a satisfacción de la Contraloría General de<br />
la República, que dispondrá de la financiación complementaria para la<br />
terminación del programa o proyecto respectivo.<br />
Artículo 148.- La liquidación del presupuesto del Instituto<br />
Costarricense sobre Drogas se incorporará a la del Ministerio de la<br />
Presidencia.<br />
Artículo 149.- Todos los bienes y recursos del Instituto<br />
Costarricense sobre Drogas deberán estar individualizados e inventariados<br />
en forma exacta y precisa, y deberán<br />
destinarse exclusivamente al cumplimiento de los fines del Instituto. Sin<br />
embargo, el Instituto podrá realizar convenios de asistencia técnica o<br />
préstamos de equipos y recursos, con las diferentes organizaciones<br />
policiales involucradas en la lucha contra el narcotráfico, así como con<br />
otras dependencias tanto del Poder Ejecutivo como del Judicial.<br />
Artículo 150.- Prohíbese destinar bienes y recursos del<br />
Instituto Costarricense sobre Drogas a otros fines que no sean los<br />
previstos en esta Ley.<br />
Artículo 151.- Autorízase al Instituto Costarricense sobre<br />
Drogas para que destine como máximo un veinte por ciento (20%) de sus<br />
recursos financieros a gastos confidenciales, en atención a la naturaleza<br />
de sus funciones en el área represiva.<br />
Artículo 152.- Para el manejo de los ingresos que se obtengan por<br />
la aplicación de esta Ley, el Instituto Costarricense sobre Drogas abrirá,<br />
en cualquiera de los bancos del Estado, dos cuentas: una general y otra<br />
especial para gastos confidenciales.<br />
Artículo 153.- Facúltase al Instituto Costarricense sobre Drogas<br />
para que, además de cumplir las disposiciones establecidas en este<br />
capítulo, establezca los procedimientos que juzgue pertinentes para la<br />
administración, el registro y el control de los fondos transferidos de<br />
conformidad con la ley.<br />
Artículo 154.- El Instituto Costarricense sobre Drogas tendrá<br />
potestad para dictar su propio Reglamento de Organización y Servicio.<br />
Artículo 155.- El Instituto Costarricense sobre Drogas no estará<br />
sujeto a la siguiente normativa:<br />
a) La Ley de creación de la Autoridad Presupuestaria, Nº 6821, de<br />
19 de octubre de 1982, y su Reglamento.<br />
b) La Ley para el equilibrio financiero del sector público, Nº<br />
6955, de 24 de febrero de 1984.<br />
Artículo 156.- El director general y el director general adjunto<br />
del Instituto Costarricense sobre Drogas estarán sujetos a la obligación<br />
establecida en el artículo 4 de la Ley de enriquecimiento ilícito de los<br />
servidores públicos.<br />
Artículo 157.- El Instituto Costarricense sobre Drogas tendrá,<br />
para uso oficial, sellos, medios de identificación, insignias y emblemas<br />
propios.<br />
Artículo 158.- Serán deducibles del cálculo del impuesto sobre la<br />
renta, las donaciones de personas, físicas o jurídicas, en beneficio de los<br />
planes y programas que autorice el Instituto Costarricense sobre Drogas<br />
para la represión de los delitos y el consumo ilícito de las sustancias de<br />
uso no autorizado.<br />
Artículo 159.- El Instituto Costarricense sobre Drogas estará<br />
exento del pago de toda clase de impuestos, timbres y tasas y de cualquier<br />
otra forma de contribución.<br />
Artículo 160.- Los vehículos asignados y utilizados por el<br />
Instituto Costarricense sobre Drogas estarán excluidos de rotulación y<br />
autorizados para no utilizar placas oficiales, con el propósito de guardar<br />
la confidencialidad respecto de sus labores y de la seguridad de su<br />
personal. El Registro Nacional prestará al Instituto las facilidades<br />
necesarias para ejecutar y asegurar la confidencialidad.<br />
Artículo 161.- Los funcionarios del Instituto Costarricense<br />
sobre Drogas tendrán prohibición absoluta para desempeñar otras labores<br />
remuneradas en forma liberal; en compensación, serán remunerados de<br />
conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 5867 y sus reformas.<br />
Artículo 162.- Facúltase al Instituto Costarricense sobre Drogas<br />
para que otorgue certificaciones, licencias y registros de operadores de<br />
precursores y químicos esenciales, mediante el cobro de las tasas<br />
previamente fijadas por el Consejo Directivo.<br />
TÍTULO VIII<br />
Disposiciones Finales y Transitorias<br />
CAPÍTULO I<br />
Disposiciones Finales<br />
Artículo 163.- El Poder Ejecutivo tomará las medidas<br />
presupuestarias requeridas para el cumplimiento de esta Ley.<br />
Artículo 164.- Deróganse las Leyes Nº 7093 y Nº 7233, así como<br />
las demás disposiciones normativas, contenidas en leyes y reglamentos, que<br />
se opongan a la presente Ley.<br />
Artículo 165.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley<br />
dentro de los tres meses posteriores a su publicación.<br />
Artículo 166.- Autorízase a la CCSS para que cree centros<br />
especializados en la atención de los farmacodependientes, en un plazo<br />
máximo de cuatro años.<br />
CAPÍTULO II<br />
Disposiciones Transitorias<br />
Transitorio I.- Los funcionarios del Centro Nacional de<br />
Prevención contra Drogas, los del Centro de Inteligencia Conjunto<br />
Antidrogas y los del Área de Precursores del Ministerio de Salud, pasarán a<br />
formar parte del Instituto Costarricense sobre Drogas y conservarán los<br />
derechos laborales adquiridos. Una vez que el Instituto entre en<br />
funciones, el Consejo Directivo deberá iniciar un proceso de<br />
reestructuración de las clases ocupacionales, con el fin de equiparar los<br />
derechos de todos los funcionarios.<br />
Transitorio II.- Todos los bienes, recursos, equipo, documentos,<br />
expedientes, bases de datos y valores pertenecientes al Centro Nacional de<br />
Prevención contra Drogas, al Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas y<br />
al Área de Precursores del Ministerio de Salud, pasarán a integrar el<br />
patrimonio del Instituto Costarricense sobre Drogas.<br />
Transitorio III.- Al entrar en vigencia esta Ley, todos los bienes,<br />
muebles e inmuebles, así como el dinero y los demás valores e instrumentos<br />
utilizados en la comisión de los delitos previstos en esta Ley, que hayan<br />
sido decomisados o embargados o estén sujetos a alguna otra resolución<br />
judicial, quedarán sometidos, según lo estipulado en esta Ley, en favor del<br />
Instituto Costarricense sobre Drogas, incluso los que hayan sido objeto de<br />
decomiso o embargo a solicitud de asistencia penal recíproca. La autoridad<br />
judicial que conozca de la causa ordenará, de oficio, entregarlos y<br />
dispondrá la inscripción registral a nombre de dicho Instituto, cuando así<br />
corresponda.<br />
Transitorio IV.- Las disposiciones contenidas en la presente Ley<br />
sobre la creación y el funcionamiento del Instituto Costarricense sobre<br />
Drogas entrarán en vigencia nueve meses<br />
después de la publicación de esta Ley. Sin embargo, las nuevas funciones<br />
que esta Ley atribuye a la Unidad de Análisis Financiero, serán ejercidas<br />
por la actual Unidad de Análisis<br />
Financiero del Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas, durante los<br />
nueve meses siguientes a la publicación de esta Ley.<br />
Rige a partir de su publicación.<br />
Comunícase al Poder Ejecutivo<br />
Asamblea Legislativa.- San José, a los diecisiete días del mes de<br />
diciembre del año dos mil uno.<br />
Ovidio Pacheco Salazar,<br />
Presidente.<br />
Vanessa de Paúl Castro Mora, Everardo Rodríguez<br />
Bastos,<br />
Primera Secretaria. Segundo Secretario.<br />
Presidencia de la República.- San José, a los veintiséis días del<br />
mes de diciembre del dos mil uno.<br />
Ejecútese y publíquese<br />
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA.<br />
El Ministro de Gobernación y Policía, El Ministro de la<br />
Presidencia,<br />
y de Seguridad Pública,<br />
Lic. Rogelio Ramos Martínez Danilo Chaverri<br />
Soto.<br />
(Nota: Las firmas y fechas anteriores corresponden a la Ley N° 8204, de 26<br />
de diciembre de 2001, que reforma integralmente la Ley N° 7786.)<br />
______________________________________<br />
Actualizada al: 21-02-2002<br />
Sanción: 30-04-1998<br />
Publicación: 15-05-1998<br />
Rige: 15-05-1998<br />
LMRF.-
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