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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA<br />
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA<br />
DECRETA:<br />
TÍTULO I<br />
DISPOSICIONES DIRECTIVAS<br />
CAPÍTULO ÚNICO<br />
ARTÍCULO 1.- Objetivo<br />
Este Código constituirá el marco jurídico mínimo para la protección<br />
integral de los derechos de las personas menores de edad. Establece los<br />
principios fundamentales tanto de la participación social o comunitaria<br />
como de los procesos administrativo y judicial que involucren los derechos<br />
y las obligaciones de esta población.<br />
Las normas de cualquier rango que les brinden mayor protección o<br />
beneficios prevalecerán sobre las disposiciones de este Código.<br />
ARTÍCULO 2.- Definición<br />
Para los efectos de este Código, se considerará niño o niña a toda<br />
persona desde su concepción hasta los doce años de edad cumplidos, y<br />
adolescente a toda persona mayor de doce años y menor de dieciocho. Ante<br />
la duda, prevalecerá la condición de adolescente frente a la de adulto y la<br />
de niño frente a la de adolescente.<br />
ARTÍCULO 3.- Ámbito de aplicación<br />
Las disposiciones de este Código se aplicarán a toda persona menor de<br />
edad, sin distinción alguna, independientemente de la etnia, la cultura, el<br />
género, el idioma, la religión, la ideología, la nacionalidad o cualquier<br />
otra condición propia, de su padre, madre, representantes legales o<br />
personas encargadas.<br />
Los derechos y las garantías de este grupo son de interés público,<br />
irrenunciables e intransigibles.<br />
ARTÍCULO 4.- Políticas estatales<br />
Será obligación general del Estado adoptar las medidas<br />
administrativas, legislativas, presupuestarias y de cualquier índole, para<br />
garantizar la plena efectividad de los derechos fundamentales de las<br />
personas menores de edad.<br />
En la formulación y ejecución de políticas, el acceso a los servicios<br />
públicos y su prestación se mantendrá siempre presente el interés superior<br />
de estas personas. Toda acción u omisión contraria a este principio<br />
constituye un acto discriminatorio que viola los derechos fundamentales de<br />
esta población.<br />
De conformidad con el régimen de protección especial que la<br />
Constitución Política, la Convención sobre los Derechos del Niño, este<br />
Código y leyes conexas garantizan a las personas menores de edad, el Estado<br />
no podrá alegar limitaciones presupuestarias para desatender las<br />
obligaciones aquí establecidas.<br />
ARTÍCULO 5.- Interés superior<br />
Toda acción pública o privada concerniente a una persona menor de<br />
dieciocho años, deberá considerar su interés superior, el cual le garantiza<br />
el respeto de sus derechos en un ambiente físico y mental sano, en procura<br />
del pleno desarrollo personal.<br />
La determinación del interés superior deberá considerar:<br />
a) Su condición de sujeto de derechos y responsabilidades.<br />
b) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás<br />
condiciones personales.<br />
c) Las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve.<br />
d) La correspondencia entre el interés individual y el social.<br />
ARTÍCULO 6.- Medio sociocultural<br />
Las autoridades administrativas judiciales u otras que adopten alguna<br />
decisión referente a una persona menor de edad, al apreciar la situación en<br />
que se encuentra, deberán tomar en cuenta, además de lo dispuesto en los<br />
artículos anteriores, los usos y las costumbres propios del medio<br />
sociocultural en que se desenvuelve habitualmente, siempre que no<br />
contraríen la moral, la ley y los derechos humanos.<br />
ARTÍCULO 7.- Desarrollo integral<br />
La obligación de procurar el desarrollo integral de la persona menor<br />
de edad les corresponde, en forma primordial, a los padres o encargados.<br />
Las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Protección Integral<br />
de la Niñez y la Adolescencia, regulado en el título IV de este Código,<br />
garantizarán el respeto por el interés superior de estas personas en toda<br />
decisión pública o privada. La Defensoría de los Habitantes de la<br />
República velará por el cumplimiento efectivo de estas obligaciones.<br />
ARTÍCULO 8.- Jerarquía normativa<br />
Las normas de este Código se aplicarán e interpretarán de conformidad<br />
con la Constitución Política, la Convención sobre los Derechos del Niño y<br />
demás fuentes normativas del derecho de la niñez y la adolescencia, de<br />
acuerdo con la siguiente jerarquía:<br />
a) La Constitución Política.<br />
b) La Convención sobre los Derechos del Niño.<br />
c) Los demás tratados y convenios internacionales sobre la materia.<br />
d) Los principios rectores de este Código.<br />
e) El Código de Familia y las leyes atinentes a la materia.<br />
f) Los usos y las costumbres propios del medio sociocultural.<br />
g) Los principios generales del Derecho.<br />
ARTÍCULO 9.- Aplicación preferente<br />
En caso de duda, de hecho o de derecho, en la aplicación de este<br />
Código, se optará por la norma que resulte más favorable para la persona<br />
menor de edad según los criterios que caracterizan su interés superior.<br />
TÍTULO II<br />
DERECHOS Y OBLIGACIONES<br />
CAPÍTULO I<br />
DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES<br />
ARTÍCULO 10.- Disfrute de derechos<br />
La persona menor de edad será sujeto de derechos; goza de todos los<br />
inherentes a la persona humana y de los específicos relacionados con su<br />
desarrollo, excepto de los derechos políticos de conformidad con la<br />
Constitución Política de la República.<br />
No obstante, deberá cumplir las obligaciones correlativas consagradas<br />
en el ordenamiento jurídico.<br />
ARTÍCULO 11.- Deberes<br />
En el ejercicio de libertades y derechos, las personas menores de<br />
edad estarán obligadas a respetar las restricciones establecidas por la<br />
ley, la moral y el orden público. En particular, deben cumplir con los<br />
siguientes deberes:<br />
a) Honrar a la Patria y sus símbolos.<br />
b) Respetar los derechos y las garantías de las otras personas.<br />
c) Honrar, respetar y obedecer a sus padres, representantes o<br />
responsables, siempre que sus órdenes no violen sus derechos y<br />
garantías o contravengan el ordenamiento jurídico.<br />
d) Ejercer activamente sus derechos y defenderlos.<br />
e) Cumplir sus obligaciones educativas.<br />
f) Respetar la diversidad de conciencia, pensamiento, religión y<br />
cultura.<br />
g) Conservar el ambiente.<br />
ARTÍCULO 12.- Derecho a la vida<br />
La persona menor de edad tiene el derecho a la vida desde el momento<br />
mismo de la concepción. El Estado deberá garantizarle y protegerle este<br />
derecho, con políticas económicas y sociales que aseguren condiciones<br />
dignas para la gestación, el nacimiento y el desarrollo integral.<br />
ARTÍCULO 13.- Derecho a la protección estatal<br />
La persona menor de edad tendrá el derecho de ser protegida por el<br />
Estado contra cualquier forma de abandono o abuso intencional o negligente,<br />
de carácter cruel, inhumano, degradante o humillante que afecte el<br />
desarrollo integral.<br />
El Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto Mixto de Ayuda<br />
Social y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social brindarán las<br />
oportunidades para la promoción y el desarrollo humano social, mediante los<br />
programas correspondientes y fortalecerán la creación de redes<br />
interinstitucionales, así como con las organizaciones de la sociedad civil<br />
que prevengan el abuso, el maltrato y la explotación, en sus distintas<br />
modalidades, contra las personas menores de edad.<br />
ARTÍCULO 14.- Derecho a la libertad<br />
Las personas menores de edad tendrán derecho a la libertad. Este<br />
derecho comprende la posibilidad de:<br />
a) Tener sus propias ideas, creencias y culto religioso y ejercerlo<br />
bajo la orientación de sus padres o encargados, según la evolución de<br />
sus facultades y con las limitaciones y garantías consagradas por el<br />
ordenamiento jurídico.<br />
b) Expresar su opinión en los ámbitos de su vida cotidiana,<br />
especialmente en la familia, la comunidad y la escuela; también como<br />
usuarios de todos los servicios públicos y, con las limitaciones de la<br />
ley, en todos los procesos judiciales y administrativos que puedan<br />
afectar sus derechos.<br />
ARTÍCULO 15.- Derecho al libre tránsito<br />
Toda persona menor de edad tendrá el derecho de permanecer en el<br />
país, transitar por sitios públicos y espacios comunitarios y recrearse sin<br />
más restricciones que las dispuestas en este Código y cualquier otra<br />
disposición legal, como las derivadas del ejercicio de la autoridad<br />
parental y las obligaciones escolares de los estudiantes.<br />
ARTÍCULO 16.- Control de salidas<br />
Las salidas del país de las personas menores de edad serán<br />
controladas por la Dirección de Migración y Extranjería del Ministerio de<br />
Seguridad Pública. Para evitar que abandonen de manera ilegítima el<br />
territorio nacional, esta Dirección llevará un registro de impedimentos de<br />
salida con base en la información que las autoridades judiciales para el<br />
efecto remitan.<br />
ARTÍCULO 17.- Derecho al resguardo del propio interés<br />
Las personas menores de edad no serán sujetos de rechazo, deportación<br />
ni expulsión del territorio nacional, salvo en resguardo de su propio<br />
interés, de acuerdo con los criterios determinados por el interés superior<br />
de este grupo.<br />
ARTÍCULO 18.- Derecho a la libre asociación<br />
Toda persona menor de edad tendrá el derecho de asociarse libremente<br />
con otras personas con cualquier fin lícito, salvo fines políticos y los<br />
que tuvieran por único y exclusivo el lucro. En el ejercicio de este<br />
derecho podrá:<br />
a) Asociarse entre sí o con personas mayores. En este último caso,<br />
los menores de doce años podrán tomar parte en las deliberaciones, solo<br />
con derecho a voz. Los adolescentes tendrán derecho a voz y voto y<br />
podrán integrar los órganos directivos; pero nunca podrán representar a<br />
la asociación ni asumir obligaciones en su nombre.<br />
b) Por sí mismos, los adolescentes mayores de quince años podrán<br />
constituir, inscribir y registrar asociaciones como las autorizadas en<br />
este artículo y realizar los actos vinculados estrictamente con sus<br />
fines. En ellas, tendrán voz y voto y podrán ser miembros de los<br />
órganos directivos. Para que estas asociaciones puedan obligarse<br />
patrimonialmente, deberán nombrar a un representante legal con plena<br />
capacidad civil, quien asumirá la responsabilidad que pueda derivarse<br />
de esos actos.<br />
ARTÍCULO 19.- Derecho a protección ante peligro grave<br />
Las personas menores de edad tendrán el derecho de buscar refugio,<br />
auxilio y orientación cuando la amenaza de sus derechos conlleve grave<br />
peligro para su salud física o espiritual; asimismo, de obtener, de acuerdo<br />
con la ley, la asistencia y protección adecuadas y oportunas de las<br />
instituciones competentes.<br />
ARTÍCULO 20.- Derecho a la información<br />
Las personas menores de edad tendrán el derecho de obtener la<br />
información, sin importar su fuente y modo de expresión, en especial la que<br />
promueva su bienestar social, espiritual y emocional, así como su salud<br />
física y mental.<br />
El ejercicio de este derecho deberá ejecutarse de manera responsable<br />
y bajo la orientación de los padres, representantes o educadores.<br />
ARTÍCULO 21.- Deber de los medios de comunicación<br />
La función social de los medios de comunicación colectiva es<br />
colaborar en la formación de las personas menores de edad, divulgando<br />
información de interés social y cultural. Para ello, procurarán atender<br />
las necesidades informativas de este grupo y promoverán la difusión de sus<br />
derechos, deberes y garantías.<br />
El Consejo de la Niñez y la Adolescencia, regulado en el título IV de<br />
este Código, otorgará cada año un premio para el medio y el comunicador<br />
sociales destacados durante el período por su ayuda a la función mencionada<br />
en el párrafo anterior. El premio consistirá en una suma en dinero<br />
efectivo igual a la correspondiente al Premio Joaquín García Monge,<br />
acompañada de una placa alusiva.<br />
ARTÍCULO 22.- Mensajes restringidos<br />
Los medios de comunicación colectiva se abstendrán de difundir<br />
mensajes atentatorios contra los derechos de la persona menor de edad o<br />
perjudiciales para su desarrollo físico, mental o social.<br />
Los programas, la publicidad y los demás mensajes que se difundan por<br />
radio y televisión, se ajustarán a la audiencia correspondiente. Mediante<br />
decreto ejecutivo se reglamentará lo relacionado con los horarios que<br />
regirán para programas no aptos para menores de edad.<br />
CAPÍTULO II<br />
DERECHOS DE LA PERSONALIDAD<br />
ARTÍCULO 23.- Derecho a la identidad<br />
Las personas menores de edad tendrán derecho a un nombre, una<br />
nacionalidad y un documento de identidad costeado por el Estado y expedido<br />
por el Registro Civil. El Patronato Nacional de la Infancia les prestará<br />
la asistencia y protección adecuadas, cuando hayan sido privados<br />
ilegalmente de algún atributo de su identidad.<br />
ARTÍCULO 24.- Derecho a la integridad<br />
Las personas menores de edad tendrán derecho a que se respete su<br />
integridad física, psíquica y moral. Este derecho comprende la protección<br />
de su imagen, identidad, autonomía, pensamiento, dignidad y valores.<br />
ARTÍCULO 25.- Derecho a la privacidad<br />
Las personas menores de edad tendrán derecho a no ser objeto de<br />
injerencia en su vida privada, familia, domicilio y correspondencia; sin<br />
perjuicio de los derechos y deberes inherentes a la patria potestad.<br />
ARTÍCULO 26.- Derecho al honor<br />
Las personas menores de edad tendrán el derecho de ser protegidas en<br />
su honor y reputación. El Patronato Nacional de la Infancia dará el<br />
asesoramiento necesario para defenderlo.<br />
ARTÍCULO 27.- Derecho a la imagen<br />
Prohíbese publicar, reproducir, exponer, vender o utilizar, en<br />
cualquier forma, imágenes o fotografías de personas menores de edad para<br />
ilustrar informaciones referentes a acciones u omisiones que se les<br />
atribuyan sean de carácter delictivo o de contravención o riñan con la<br />
moral o las buenas costumbres; asimismo, cuando de algún modo hayan<br />
participado o hayan sido testigos o víctimas de esos hechos, si se afecta<br />
su dignidad.<br />
Queda prohibida la publicación del nombre o cualquier dato personal<br />
que permita identificar a una persona menor de edad autora o víctima de un<br />
hecho delictivo, salvo autorización judicial fundada en razones de<br />
seguridad pública.<br />
ARTÍCULO 28.- Suspensión de acciones<br />
Cuando la imagen, fotografía o identidad de una persona menor de edad<br />
se reproduzca, publique, exponga o utilice violando lo dispuesto en el<br />
artículo anterior, podrá solicitarse al juez competente que, como medida<br />
cautelar y sin perjuicio de lo que pueda resolverse en definitiva, suspenda<br />
el acto o cualquier otra acción que pueda intentar el afectado o su<br />
representante, en resguardo del interés superior de estas personas.<br />
CAPÍTULO III<br />
DERECHO A LA VIDA FAMILIAR Y A PERCIBIR ALIMENTOS<br />
ARTÍCULO 29.- Derecho integral<br />
El padre, la madre o la persona encargada están obligados a velar por<br />
el desarrollo físico, intelectual, moral, espiritual y social de sus hijos<br />
menores de dieciocho años.<br />
ARTÍCULO 30.- Derecho a la vida familiar<br />
Las personas menores de edad tendrán derecho a conocer a su padre y<br />
madre; asimismo, a crecer y desarrollarse a su lado y ser cuidadas por<br />
ellos. Tendrán derecho a permanecer en su hogar del cual no podrán ser<br />
expulsadas ni impedidas de regresar a él, salvo decisión judicial que así<br />
lo establezca.<br />
ARTÍCULO 31.- Derecho a la educación en el hogar<br />
Las personas menores de edad tendrán derecho de crecer y ser educadas<br />
en el seno de una familia; siempre se les asegurarán la convivencia<br />
familiar y comunitaria. Cuando el cumplimiento de este derecho peligre por<br />
razones socioeconómicas, educativas y ambientales, las instituciones<br />
públicas competentes brindarán las oportunidades que se requieran para<br />
superar la problemática familiar, así como la capacitación y orientación<br />
laboral a los padres y madres, de acuerdo con los siguientes postulados:<br />
a) El Instituto Mixto de Ayuda Social brindará la asistencia<br />
integral requeridas y las oportunidades para la promoción y el<br />
desarrollo de la familia, incorporándola en procesos de participación y<br />
capacitación para facilitar la inserción de los padres y madres en el<br />
mercado laboral, por medio de programas que coadyuven a la creación de<br />
microempresas u otros. Lo anterior siempre que se comprometan a<br />
respetar los derechos de sus hijos e hijas, en especial con su<br />
mantenimiento tanto en el sistema educativo formal como en los<br />
programas de salud y no registren casos de maltrato, abuso ni<br />
explotación sistemáticos.<br />
b) El Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto Mixto de<br />
Ayuda Social y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social serán los<br />
encargados de garantizar a las madres trabajadoras el acceso a<br />
programas de atención integral para el cuido de sus hijos durante la<br />
niñez.<br />
c) El Instituto Nacional de Aprendizaje ofrecerá actividades de<br />
capacitación laboral y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social<br />
orientará a los padres y madres mencionados en este artículo, para su<br />
pronta inserción en el mercado laboral.<br />
ARTÍCULO 32.- Depósito del menor<br />
Cuando ninguno de los padres pueda encargarse del cuidado personal de<br />
sus hijos menores de edad, el Patronato Nacional de la Infancia deberá<br />
comunicar esta situación al juez e, inmediatamente, ordenará el depósito de<br />
los menores, según los procedimientos establecidos en el Código de Familia.<br />
El padre y la madre deberán ser informados de modo claro y preciso<br />
sobre los alcances de su decisión, de acuerdo con el nivel de cultura y el<br />
contexto social al que pertenecen.<br />
ARTÍCULO 33.- Derecho a la permanencia con la familia<br />
Las personas menores de edad no podrán ser separados de su familia,<br />
salvo en circunstancias especiales establecidas por la ley. En este caso,<br />
tendrán derecho a la protección y asistencia técnica gratuitas por parte<br />
del Patronato Nacional de la Infancia.<br />
ARTÍCULO 34.- Separación del menor<br />
La medida de protección tendiente a remover temporalmente del seno<br />
familiar a la persona menor de edad sólo se aplicará, cuando la conducta<br />
que la originó sea atribuible a alguien que conviva con ella y no exista<br />
otra alternativa.<br />
Cuando la conducta motivadora de la medida se origine en un delito de<br />
lesiones o uno contra la libertad sexual atribuible a alguien que conviva<br />
con la persona menor de edad perjudicada, la oficina local del Patronato<br />
Nacional de la Infancia u otra institución o persona pública o privada que<br />
conozca de estos hechos, deberá solicitar a la autoridad judicial la orden<br />
para que el imputado abandone el domicilio, según el Código de<br />
Procedimientos Penales y las medidas de protección contempladas en el<br />
artículo 3 de la Ley contra la violencia doméstica, No. 7586, de 10 de<br />
abril de 1996.<br />
Si no existiere otra alternativa que remover de la casa al niño para<br />
su ubicación temporal, deberá tenerse en cuenta, en primer término, a la<br />
familia extensa o las personas con quienes mantenga lazos afectivos.<br />
Agotados estos recursos, se procederá a ubicarlo en programas que para este<br />
efecto debe promover el Patronato Nacional de la Infancia.<br />
Siempre deberá informarse al niño, en forma adecuada a su etapa de<br />
desarrollo, sobre los motivos que justifican la aplicación de la medida<br />
cautelar y escuchará su opinión.<br />
ARTÍCULO 35.- Derecho a contacto con el círculo familiar<br />
Las personas menores de edad que no vivan con su familia tienen<br />
derecho a tener contacto con su círculo familiar y afectivo, tomando en<br />
cuenta su interés personal en esta decisión. Su negativa a recibir una<br />
visita deberá ser considerada y obligará a quien tenga su custodia a<br />
solicitar, a la oficina local del Patronato Nacional de la Infancia, que<br />
investigue la situación. La suspensión de este derecho deberá discutirse<br />
en sede judicial.<br />
ARTÍCULO 36.- Causales de separación definitiva<br />
Las causas que dan lugar a la separación definitiva de una persona<br />
menor de edad de su familia son las previstas en el Código de Familia, como<br />
causales de pérdida o suspensión de la autoridad parental. La suspensión o<br />
terminación de los poderes y deberes que confiere la patria potestad sólo<br />
puede ser decretada por un juez.<br />
ARTÍCULO 37.- Derecho a la prestación alimentaria<br />
El derecho a percibir alimentos se garantiza en los términos<br />
previstos en el Código de Familia y las leyes conexas.<br />
Extraordinariamente, la prestación alimentaria comprenderá, además, el pago<br />
de lo siguiente:<br />
a) Gastos extraordinarios por concepto de educación, derivados<br />
directamente del estudio o la instrucción del beneficiario.<br />
b) Gastos médicos extraordinarios, de necesidad notoria y urgente.<br />
c) Sepelio del beneficiario.<br />
d) Cobro del subsidio prenatal y de lactancia.<br />
e) Gastos por terapia o atención especializada, en casos de abuso<br />
sexual o violencia doméstica.<br />
ARTÍCULO 38.- Subsidio supletorio<br />
Si el obligado preferente se ausentare, presentare incapacidad<br />
temporal o imposibilidad de hecho para cumplir con el deber de brindar<br />
alimentos a una persona menor de edad o una embarazada, el Estado le<br />
brindará supletoriamente los alimentos por medio de la incorporación de<br />
estas familias a procesos de promoción social y desarrollo humano, mediante<br />
programas interinstitucionales en los que, de acuerdo con su situación<br />
particular, intervendrán el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Patronato<br />
Nacional de la Infancia, la Caja Costarricense de Seguro Social, el<br />
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Salud o<br />
cualquier otro necesario para garantizar un tratamiento integral a la<br />
familia con el apoyo de las redes de la sociedad civil organizada,<br />
establecidas para tal fin. Las embarazadas tendrán derecho al subsidio<br />
únicamente durante el período prenatal y de lactancia.<br />
Cuando los alimentos son reclamados en sede judicial y se constate<br />
que ocurre alguna de esas circunstancias, el juez gestionará el subsidio<br />
ante el Instituto Mixto de Ayuda Social.<br />
ARTÍCULO 39.- Acuerdos sobre alimentos<br />
Los acuerdos sobre alimentos pactados entre las partes tendrán<br />
carácter de sentencia ejecutoria, siempre que se homologuen ante la<br />
autoridad judicial competente. La suma cobrada podrá deducirse<br />
directamente del salario o según las formas establecidas por ley.<br />
Cuando se incumpla el acuerdo de alimentos, la parte interesada<br />
acudirá a la autoridad competente y pedirá la ejecución de lo acordado sin<br />
necesidad de plantear el proceso de alimentos. La solicitud de ejecución<br />
podrá ser verbal.<br />
ARTÍCULO 40.- Demanda de alimentos<br />
Las personas menores de edad tendrán acceso a la autoridad judicial<br />
competente para demandar alimentos, en forma personal o por medio de una<br />
persona interesada. La solicitud que formule ante dicha autoridad bastará<br />
para iniciar el proceso que corresponda.<br />
Antes de dar curso a la demanda, el juez llamará al proceso a quien<br />
represente legalmente a la persona menor de edad que haya instado el<br />
proceso o, en su defecto, al Patronato Nacional de la Infancia, para que<br />
asuma esta representación. De existir interés contrapuesto entre la<br />
persona menor de edad gestionante y sus representantes, el juez procederá a<br />
nombrar a un curador.<br />
CAPÍTULO IV<br />
DERECHO A LA SALUD<br />
ARTÍCULO 41.- Derecho a la atención médica<br />
Las personas menores de edad gozarán de atención médica directa y<br />
gratuita por parte del Estado.<br />
Los centros o servicios públicos de prevención y atención de la salud<br />
quedarán obligados a prestar, en forma inmediata, el servicio que esa<br />
población requiera sin discriminación de raza, género, condición social ni<br />
nacionalidad. No podrá aducirse ausencia de sus representantes legales,<br />
carencia de documentos de identidad, falta de cupo ni otra circunstancia.<br />
ARTÍCULO 42.- Derecho a la seguridad social<br />
Las personas menores de edad tendrán derecho a la seguridad social.<br />
Cuando no las cobijen otros regímenes, disfrutarán de este derecho por<br />
cuenta del Estado. Para ello, la Caja Costarricense de Seguro Social<br />
adoptará las medidas respectivas.<br />
ARTÍCULO 43.- Vacunación<br />
Las personas menores de edad deberán ser vacunadas contra las<br />
enfermedades que las autoridades de salud determinen. Suministrar y<br />
aplicar las vacunas serán obligaciones de la Caja Costarricense de Seguro<br />
Social.<br />
Por razones médicas, las excepciones para aplicar las vacunas serán<br />
autorizadas solo por el personal de salud correspondiente.<br />
El padre, la madre, los representantes legales o las personas<br />
encargadas serán responsables de que la vacunación obligatoria de las<br />
personas menores de edad a su cargo se lleve a cabo oportunamente.<br />
ARTÍCULO 44.- Competencias del Ministerio de Salud<br />
El Ministerio de Salud velará porque se verifique el derecho al<br />
disfrute del más alto nivel de salud, el acceso a los servicios de<br />
prevención y tratamiento de las enfermedades, así como la rehabilitación de<br />
la salud de las personas menores de edad.<br />
Para esta finalidad, el Ministerio de Salud tendrá las siguientes<br />
competencias:<br />
a) Asegurar la atención integral de este grupo, procurando la<br />
participación activa de la familia y la comunidad.<br />
b) Garantizar el acceso a los servicios de atención médica de<br />
calidad, especializados en niños y adolescentes.<br />
c) Garantizar la creación y el desarrollo de los programas de<br />
atención y educación integral dirigidos a las personas menores de edad,<br />
incluyendo programas sobre salud sexual y reproductiva.<br />
d) Promover, por los medios más adecuados, políticas preventivas<br />
permanentes contra el abuso y la violencia que se suscitan en el seno<br />
familiar, comunitario, social, educativo y laboral.<br />
e) Fomentar la lactancia materna en los hospitales públicos y<br />
privados, así como divulgar ampliamente sus ventajas.<br />
f) Adoptar las medidas que garanticen el desarrollo de las personas<br />
menores de edad en un medio ambiente sano.<br />
g) Garantizar programas de tratamiento integral para las<br />
adolescentes, acerca del control prenatal, perinatal, postnatal y<br />
psicológico.<br />
h) Promover, por los medios más adecuados, políticas preventivas<br />
permanentes contra el consumo de drogas y crear centros especializados<br />
para atender y tratar a las personas menores de edad adictas y a las<br />
que padezcan trastornos emocionales.<br />
ARTÍCULO 45.- Controles médicos<br />
Será obligación de los padres y las madres, representantes legales o<br />
las personas encargadas, cumplir con las instrucciones y los controles<br />
médicos que se prescriban para velar por la salud de las personas menores<br />
de edad bajo su cuidado; además, serán responsables de dar el uso correcto<br />
a los alimentos que ellas reciban como suplemento nutritivo de la dieta.<br />
ARTÍCULO 46.- Denegación de consentimiento<br />
Si el padre, la madre, los representantes legales o las personas<br />
encargadas negaren, por cualquier razón, su consentimiento para la<br />
hospitalización, el tratamiento o la intervención quirúrgica urgentes de<br />
sus hijos, el profesional en salud queda autorizado para adoptar las<br />
acciones inmediatas a fin de proteger la vida o la integridad física y<br />
emocional de ellos, en los términos del artículo 144 del Código de Familia.<br />
ARTÍCULO 47.- Permanencia en centros de salud<br />
Los hospitales y clínicas, públicos o privados proporcionarán las<br />
condiciones necesarias para la permanencia del padre, la madre, el<br />
representante legal o el encargado, cuando la persona menor de edad sea<br />
internada y esta medida no sea contraria a su interés.<br />
ARTÍCULO 48.- Comité de estudio del niño agredido<br />
Los hospitales, las clínicas y los centros de salud, públicos o<br />
privados, estarán obligados a crear un comité de estudio del niño agredido.<br />
La integración y el funcionamiento quedarán sujetos a la reglamentación<br />
que emita el Poder Ejecutivo. Asimismo, los centros públicos de salud<br />
deberán valorar inmediatamente a toda persona menor de edad que se presuma<br />
víctima de abuso o maltratado.<br />
Ese comité valorará los resultados, realizará las investigaciones<br />
pertinentes y recomendará las acciones que se tomarán en resguardo de la<br />
integridad del menor.<br />
ARTÍCULO 49.- Denuncia de maltrato o abuso<br />
Los directores y el personal encargado de los centros de salud,<br />
públicos o privados, adonde se lleven personas menores de edad para<br />
atenderlas, estarán obligados a denunciar ante el Ministerio Público<br />
cualquier sospecha razonable de maltrato o abuso cometido contra ellas.<br />
Igual obligación tendrán las autoridades y el personal de centros<br />
educativos, guarderías o cualquier otro sitio en donde permanezcan, se<br />
atiendan o se preste algún servicio a estas personas.<br />
ARTÍCULO 50.- Servicios para embarazadas<br />
Los centros públicos de salud darán a la niña o la adolescente<br />
embarazadas los servicios de información materno-infantil, el control<br />
médico durante el embarazo para ella y el nasciturus, la atención médica<br />
del parto y, en caso de que sea necesario, los alimentos para completar su<br />
dieta y la del niño o niña durante el período de lactancia.<br />
Las niñas o adolescentes embarazadas tendrán derecho a recibir un<br />
trato digno y respetuoso en los servicios de salud, particularmente en la<br />
atención médica u hospitalaria. En situaciones especiales de peligro para<br />
su salud o la del nasciturus tendrá derecho a atención de preferencia.<br />
ARTÍCULO 51.- Derecho a la asistencia económica<br />
A falta del obligado preferente, las niñas o adolescentes embarazadas<br />
o madres en condiciones de pobreza tendrán derecho a una atención integral<br />
por parte del Estado, mediante los programas de las instituciones afines.<br />
Durante el período prenatal y de lactancia, tendrán derecho a un subsidio<br />
económico otorgado por el Instituto Mixto de Ayuda Social; según lo<br />
estipulado para estos casos, corresponderá al salario mínimo de la ley de<br />
presupuesto vigente al momento de otorgar el subsidio. Para gozar de este<br />
beneficio, deberán participar en los programas de capacitación que, para<br />
tal efecto desarrollen las instituciones competentes.<br />
El giro de los recursos deberá responder a una acción integral y no<br />
meramente asistencial, para garantizar a la persona su desarrollo humano y<br />
social.<br />
ARTÍCULO 52.- Garantía para la lactancia materna<br />
Las instituciones oficiales y privadas, así como los empleadores les<br />
garantizarán a las madres menores de edad las condiciones adecuadas para la<br />
lactancia materna. El incumplimiento de esta norma será sancionado como<br />
infracción a la legislación laboral, según lo previsto en el artículo 611 y<br />
siguientes del Código de Trabajo.<br />
ARTÍCULO 53.- Derecho al tratamiento contra el sida<br />
Salvo criterio médico en contrario, la Caja Costarricense de Seguro<br />
Social garantizará a la madre portadora del virus VIH (sida) el tratamiento<br />
médico existente, con el fin de evitar el contagio del niño nasciturus.<br />
Asimismo, toda persona menor de edad portadora del VIH o enferma de sida<br />
tendrá derecho a que la Caja le brinde asistencia médica, psicológica y, en<br />
general, el tratamiento que le permita aminorar su padecimiento y aliviar,<br />
en la medida de lo posible, las complicaciones producidas por esta<br />
enfermedad.<br />
ARTÍCULO 54.- Deberes de los centros de salud<br />
Los centros de salud, públicos y privados, tendrán las siguientes<br />
obligaciones:<br />
a) Llevar registros actualizados del ingreso y el egreso de<br />
personas menores de edad, donde conste el tratamiento y la atención<br />
médica que se le brindó.<br />
b) Permitir que la persona recién nacida tenga contacto inmediato y<br />
alojamiento con su madre desde el nacimiento.<br />
c) Identificar a la persona nacida viva o la fallecida antes o<br />
después del parto, por medio de los controles estadísticos y la<br />
impresión de las huellas dactilares de la madre y plantares de la<br />
persona recién nacida, sin perjuicio de otras formas que indique la<br />
autoridad competente.<br />
d) Gestionar, en forma inmediata o a más tardar ocho días después<br />
del nacimiento, un carné de salud para la persona recién nacida, por<br />
medio de la Caja Costarricense de Seguro Social o del centro de salud<br />
correspondiente. El carné contendrá un resumen del historial de salud<br />
de cada una desde el nacimiento hasta la adolescencia y servirá para<br />
identificarla en instituciones de salud y educativas, tanto públicas<br />
como privadas.<br />
ARTÍCULO 55.- Obligaciones de autoridades educativas<br />
Será obligación de los directores, representantes legales o<br />
encargados de los centros de enseñanza de educación general básica<br />
preescolar, maternal u otra organización, pública o privada, de atención a<br />
las personas menores de edad:<br />
a) Velar porque el Ministerio de Salud cumpla la obligación<br />
contemplada en el artículo 43 de este Código.<br />
b) Comunicar a los padres, madres o encargados que el menor<br />
requiere exámenes médicos, odontológicos o psicológicos.<br />
c) Poner en ejecución los programas de educación sobre salud<br />
preventiva, sexual y reproductiva que formule el ministerio del ramo.<br />
El incumplimiento de estas obligaciones será sancionado como falta<br />
grave para los efectos del régimen disciplinario respectivo.<br />
CAPÍTULO V<br />
DERECHO A LA EDUCACIÓN<br />
ARTÍCULO 56.- Derecho al desarrollo de potencialidades<br />
Las personas menores de edad tendrán el derecho de recibir educación<br />
orientada hacia el desarrollo de sus potencialidades. La preparación que<br />
se le ofrezca se dirigirá al ejercicio pleno de la ciudadanía y le<br />
inculcará el respeto por los derechos humanos, los valores culturales<br />
propios y el cuidado del ambiente natural, en un marco de paz y<br />
solidaridad.<br />
ARTÍCULO 57.- Permanencia en el sistema educativo<br />
El Ministerio de Educación Pública deberá garantizar la permanencia<br />
de las personas menores de edad en el sistema educativo y brindarles el<br />
apoyo necesario para conseguirlo.<br />
ARTÍCULO 58.- Políticas nacionales<br />
En el diseño de las políticas educativas nacionales, el Estado<br />
deberá:<br />
a) Garantizar educación de calidad e igualdad de oportunidades para<br />
las personas menores de edad.<br />
b) Fomentar los niveles más elevados del conocimiento científico y<br />
tecnológico, la expresión artística y cultural y los valores éticos y<br />
morales.<br />
c) Favorecer el acceso temprano a la formación técnica, una vez<br />
concluido el segundo ciclo de la educación general básica.<br />
d) Promover y difundir los derechos de las personas menores de<br />
edad.<br />
e) Estimular en todos los niveles el desarrollo del pensamiento<br />
autónomo, crítico y creativo, respetando la iniciativa y las<br />
características individuales del alumnado.<br />
f) Propiciar la inclusión, en los programas educativos, de temas<br />
relacionados con la educación sexual, la reproducción, el embarazo en<br />
adolescentes, las drogas, la violencia de género, las enfermedades de<br />
transmisión sexual, el sida y otras dolencias graves.<br />
ARTÍCULO 59.- Derecho a la enseñanza gratuita y obligatoria<br />
La educación preescolar, la educación general básica y la educación<br />
diversificada serán gratuitas, obligatorias y costeadas por el Estado.<br />
El acceso a la enseñanza obligatoria y gratuita será un derecho<br />
fundamental. La falta de acciones gubernamentales para facilitarlo y<br />
garantizarlo constituirá una violación del Derecho e importará<br />
responsabilidad de la autoridad competente.<br />
ARTÍCULO 60.- Principios educativos<br />
El Ministerio de Educación Pública tomará las medidas necesarias para<br />
hacer efectivo el derecho de las personas menores de edad, con fundamento<br />
en los siguientes principios:<br />
a) Igualdad de condiciones para el acceso y la permanencia en los<br />
centros educativos de todo el país, independientemente de<br />
particularidades geográficas, distancias y ciclos de producción y<br />
cosechas, sobre todo en las zonas rurales.<br />
b) Respeto por los derechos de los educandos, en especial los de<br />
organización, participación, asociación y opinión, este último,<br />
particularmente, respecto de la calidad de la educación que reciben.<br />
c) Respeto por el debido proceso, mediante procedimientos ágiles y<br />
efectivos para conocer las impugnaciones de los criterios de<br />
evaluación, las acciones correctivas, las sanciones disciplinarias u<br />
otra forma en la que el educando estime violentados sus derechos.<br />
d) Respeto por los valores culturales, étnicos, artísticos e<br />
históricos propios del contexto social de este grupo, que le garantice<br />
la libertad de creación y el acceso a las fuentes de las culturas.<br />
ARTÍCULO 61.- Derecho a la publicación técnica<br />
Las personas mayores de quince años que trabajen tendrán derecho a la<br />
enseñanza adecuada a sus condiciones y habilidades laborales. El Instituto<br />
Nacional de Aprendizaje diseñará programas de capacitación técnica,<br />
dirigidos especialmente a esta población.<br />
ARTÍCULO 62.- Derecho a la educación especial<br />
Las personas con un potencial intelectual superior al normal o con<br />
algún grado de discapacidad, tendrán el derecho de recibir atención<br />
especial en los centros educativos, para adecuar los métodos de enseñanza a<br />
sus necesidades particulares.<br />
ARTÍCULO 63.- Divulgación de derechos y garantías<br />
Las autoridades de los centros de enseñanza divulgarán entre los<br />
docentes, educandos y el personal administrativo, los derechos y las<br />
garantías de las personas menores de edad.<br />
ARTÍCULO 64.- Participación en el proceso educativo<br />
Será obligación de los padres o encargados matricular a las personas<br />
menores de edad en el centro de enseñanza que corresponda, exigirles la<br />
asistencia regular y participar activamente en el proceso educativo.<br />
ARTÍCULO 65.- Deberes del Ministerio de Educación Pública<br />
Le corresponderá al Ministerio de Educación Pública censar a las<br />
personas menores de edad que cursan la enseñanza primaria o la secundaria,<br />
disponer de los mecanismos idóneos que aseguren su presencia diaria en los<br />
establecimientos educativos y evitar la deserción.<br />
ARTÍCULO 66.- Denuncias ante el Ministerio de Educación Pública<br />
Sin perjuicio de otras obligaciones en el ámbito del Derecho Penal,<br />
las autoridades competentes de los establecimientos públicos o privados de<br />
enseñanza preescolar, general, básica y diversificada, además de lo que por<br />
su competencia les corresponde, para aplicar las medidas necesarias,<br />
estarán obligadas a comunicar al Ministerio de Educación Pública lo<br />
siguiente:<br />
a) Los casos de maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato<br />
corruptor, que involucren al alumnado como víctima o victimario, o los<br />
cometidos en perjuicio del grupo de docentes o administrativos.<br />
b) Los casos de drogadicción.<br />
c) La reiteración de faltas injustificadas y la deserción escolar,<br />
cuando se hayan agotado los recursos dispuestos para evitar la<br />
deserción.<br />
d) Los niveles de repetición por reprobación y un diagnóstico de<br />
sus posibles causas.<br />
El sistema educativo establecerá mecanismos propios para responder,<br />
oportuna y eficazmente, a los problemas que originan los casos mencionados.<br />
ARTÍCULO 67.- Procedimientos disciplinarios<br />
Planteada la denuncia por el supuesto contemplado en el inciso a) del<br />
artículo anterior, sea por la persona menor de edad, sus padres o<br />
representante, las autoridades o los encargados educativos, el Ministerio<br />
de Educación Pública iniciará inmediatamente los procedimientos<br />
disciplinarios y adoptará las medidas cautelares que estime necesarias en<br />
interés de la persona afectada, incluso la separación del puesto de la<br />
persona denunciada mientras se tramita la investigación y hasta que se<br />
adopte la decisión respectiva.<br />
ARTÍCULO 68.- Aplicación de medidas correctivas<br />
Toda medida correctiva que se adopte en los centros educativos se<br />
aplicará respetando la dignidad de las personas menores de edad a quienes<br />
se les garantizará la oportunidad de ser oídas previamente.<br />
Solo podrán imponerse medidas correctivas por conductas que, con<br />
anticipación, hayan sido tipificadas claramente en el reglamento del centro<br />
educativo, siempre que se respete el debido proceso y se convoque a los<br />
representantes legales del educando y su defensor.<br />
Quien resulte afectado por la aplicación de una medida correctiva<br />
tendrá el derecho de recurrir ante las instancias superiores establecidas.<br />
ARTÍCULO 69.- Prohibición de prácticas discriminatorias<br />
Prohíbese practicar o promover, en los centros educativos, todo tipo<br />
de discriminación por género, edad, raza u origen étnico o nacional,<br />
condición socioeconómica o cualquier otra que viole la dignidad humana.<br />
ARTÍCULO 70.- Prohibición de sancionar por embarazo<br />
Prohíbese a las instituciones educativas públicas y privadas imponer<br />
por causa de embarazo, medidas correctivas o sanciones disciplinarias a las<br />
estudiantes. El Ministerio de Educación Pública desarrollará un sistema<br />
conducente a permitir la continuidad y el fin de los estudios de niñas o<br />
adolescentes encinta.<br />
ARTÍCULO 71.- Asociaciones<br />
En todo centro de educación básica o diversificada, podrá<br />
constituirse una asociación de padres y madres de familia para facilitar la<br />
solución de los problemas individuales y colectivos de las personas menores<br />
de edad; asimismo, propiciar acciones tendientes al mejoramiento de su<br />
formación integral y la participación en actividades que involucren a los<br />
asociados y asociadas en el desarrollo responsable de la crianza, el<br />
cuidado de los menores, el mejoramiento de la comunidad y el proceso<br />
educativo. Los estudiantes también podrán asociarse para los fines<br />
señalados en este párrafo.<br />
ARTÍCULO 72.- Deberes de los educandos<br />
Serán deberes de las personas menores de edad que se encuentren en el<br />
sistema educativo:<br />
a) Asistir regularmente a lecciones.<br />
b) Respetar y obedecer a sus maestros y superiores.<br />
c) Cumplir las disposiciones legales y reglamentarias del sistema.<br />
d) Participar activamente en el proceso educativo. Para ello,<br />
cumplirán con los requisitos académicos y disciplinarios dispuestos, en<br />
forma responsable, dedicada y con pleno aprovechamiento de las<br />
oportunidades que se le ofrezcan.<br />
e) Brindar, los estudiantes de la educación diversificada, un<br />
servicio a su comunidad durante ocho horas por mes, como mínimo,<br />
mediante programas que cada centro educativo desarrolle para tal<br />
efecto, conforme a los lineamientos que emita el Ministerio de<br />
Educación Pública. Este servicio será requisito para optar al título de<br />
bachiller en enseñanza media.<br />
CAPÍTULO VI<br />
DERECHO A CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE<br />
ARTÍCULO 73.- Derechos culturales y recreativos<br />
Las personas menores de edad tendrán derecho a jugar y participar en<br />
actividades recreativas, deportivas y culturales, que les permitan ocupar<br />
provechosamente su tiempo libre y contribuyan a su desarrollo humano<br />
integral, con las únicas restricciones que la ley señale. Corresponde en<br />
forma prioritaria a los padres, encargados o representantes, darles las<br />
oportunidades para ejercer estos derechos.<br />
El Consejo Nacional de Espectáculos Públicos y las demás autoridades<br />
competentes velarán porque las actividades culturales, deportivas,<br />
recreativas o de otra naturaleza, sean públicas o privadas, que se brinden<br />
a esta población estén conformes a su madurez y promuevan su pleno<br />
desarrollo.<br />
ARTÍCULO 74.- Labor ministerial<br />
El Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Cultura,<br />
Juventud y Deportes fomentarán la creación, producción y difusión de<br />
libros, publicaciones, obras artísticas y producciones audiovisuales,<br />
radiofónicas y multimedias dirigidas a las personas menores de edad. Estos<br />
materiales promoverán sus derechos y deberes y serán de óptima calidad.<br />
ARTÍCULO 75.- Infraestructura recreativa y cultural<br />
El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y las corporaciones<br />
municipales establecerán las políticas necesarias y ejecutarán las acciones<br />
pertinentes para facilitar, a las personas menores de edad, los espacios<br />
adecuados a nivel comunitario y nacional, que les permitan ejercer sus<br />
derechos recreativos y culturales.<br />
Los campos deportivos, gimnasios y la infraestructura oficial<br />
adecuada para la práctica del deporte o actividades recreativas, estarán a<br />
disposición de ese grupo en condiciones de plena igualdad, de acuerdo con<br />
las reglamentaciones que se emitan.<br />
ARTÍCULO 76.- Uso de instalaciones privadas<br />
En la medida de lo posible, las entidades privadas de enseñanza<br />
facilitarán sus instalaciones para el sano esparcimiento de las personas<br />
menores de edad de su comunidad.<br />
El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y el Ministerio de<br />
Educación Pública crearán los incentivos adecuados para las entidades<br />
privadas que colaboren con el cumplimiento eficaz de esta disposición.<br />
ARTÍCULO 77.- Acceso a servicios de información<br />
El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y el Ministerio de<br />
Educación Pública garantizarán el acceso a las personas menores de edad a<br />
los servicios públicos de documentación, bibliotecas y similares, mediante<br />
la ejecución de programas y la instalación de la infraestructura adecuada.<br />
CAPÍTULO VII<br />
RÉGIMEN ESPECIAL DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR ADOLESCENTE<br />
ARTÍCULO 78.- Derecho al trabajo<br />
El Estado reconocerá el derecho de las personas adolescentes mayores<br />
de quince años a trabajar con las restricciones que imponen este Código,<br />
los convenios internacionales y la ley. Este derecho podrá limitarse<br />
solamente cuando la actividad laboral importe riesgo, peligro para el<br />
desarrollo, la salud física, mental y emocional o cuando perturbe la<br />
asistencia regular al centro educativo.<br />
ARTÍCULO 79.- Igualdad de derechos<br />
Todas las personas adolescentes serán iguales ante la ley y gozarán<br />
de la misma protección y garantías que las personas adultas, además de la<br />
protección especial que les reconoce este Código. Disfrutarán de plena<br />
igualdad de oportunidades, remuneración y trato en materia de empleo y<br />
ocupación.<br />
No podrá establecerse ninguna distinción, exclusión ni preferencia<br />
entre trabajadores o grupos de ellos, basada en edad, raza, color, sexo,<br />
credo religioso o político, condición física, social o económica. Quedará a<br />
salvo el contrato de aprendizaje conforme a la ley respectiva, pero sólo<br />
podrán ser contratados como aprendices los mayores de quince años.<br />
ARTÍCULO 80.- Beneficios irrenunciables<br />
Los derechos laborales que la Constitución Política, los convenios<br />
internacionales, este Código y las leyes especiales, conexas o supletorias,<br />
confieren a las personas adolescentes constituirán un contenido mínimo de<br />
beneficios irrenunciables. Serán absolutamente nulos, de pleno derecho,<br />
los actos o estipulaciones en contrario.<br />
ARTÍCULO 81.- Políticas laborales<br />
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social será el encargado de<br />
dictar las políticas para el trabajo de las personas adolescentes. Dichas<br />
políticas deberán:<br />
a) Crear mecanismos alternos de apoyo a la familia de las personas<br />
adolescentes trabajadoras, los cuales podrá ofrecer por medio del<br />
Programa Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa y otros<br />
programas que lleguen a crearse.<br />
b) Evitar la inserción temprana al trabajo de las personas<br />
adolescentes.<br />
c) Estimular el aprendizaje de oficios que garanticen la<br />
capacitación de las personas adolescentes para incorporarse en el<br />
mercado de trabajo.<br />
ARTÍCULO 82.- Coordinación institucional<br />
La protección de las personas adolescentes trabajadoras será<br />
responsabilidad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que<br />
coordinará su labor con los servicios de salud y educación, el Instituto<br />
Nacional de Aprendizaje, el Patronato Nacional de la Infancia, las<br />
organizaciones no gubernamentales y los gremios laborales, en la medida en<br />
que sus objetivos lo permitan.<br />
ARTÍCULO 83.- Reglamentación de contratos laborales<br />
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá velar por la<br />
protección y el cumplimiento de los derechos laborales de la persona<br />
adolescente. Para cumplir sus fines deberá reglamentar todo lo relativo a<br />
su contratación en especial el tipo de labores permitidas y las condiciones<br />
necesarias de trabajo. Esta reglamentación deberá dictarse en coordinación<br />
y consulta con los gremios laborales y empresariales, las instituciones<br />
gubernamentales y no gubernamentales encargadas de proteger a las personas<br />
adolescentes que trabajan, así como con las agrupaciones que ellas<br />
constituyan para defender sus derechos.<br />
ARTÍCULO 84.- Trabajo familiar<br />
Las personas adolescentes que laboran por cuenta propia, en el sector<br />
formal o el informal, a domicilio o en trabajo familiar también estarán<br />
protegidas por el presente Código. Para los efectos de este artículo, se<br />
entenderá por trabajo familiar el realizado por ellas, como aporte<br />
indispensable para el funcionamiento de la empresa familiar.<br />
ARTÍCULO 85.- Validez de la relación laboral<br />
Entiéndese plenamente válida la relación laboral o el contrato de<br />
trabajo suscrito entre el empleador y el trabajador adolescente, a partir<br />
de los quince años de edad.<br />
ARTÍCULO 86.- Capacidad jurídica en materia laboral<br />
Reconócese a las personas adolescentes, a partir de los quince años,<br />
plena capacidad laboral, individual y colectiva, para celebrar actos y<br />
contratos relacionados con su actividad laboral y económica y para<br />
demandar, ante las autoridades administrativas y judiciales, el<br />
cumplimiento de las normas jurídicas referentes a su actividad.<br />
ARTÍCULO 87.- Trabajo y educación<br />
El derecho y la obligación de educarse de las personas menores de<br />
edad deberán armonizarse con el trabajo de las personas adolescentes. Para<br />
ello, su trabajo deberá ejecutarse sin detrimento de la asistencia al<br />
centro educativo. El Ministerio de Educación Pública diseñará las<br />
modalidades y los horarios escolares que permitan la asistencia de esta<br />
población a los centros educativos.<br />
Las autoridades de los centros educativos velarán porque el trabajo<br />
no afecte la asistencia y el rendimiento escolar. Deberán informar, a la<br />
Dirección Nacional e Inspección General de Trabajo del Ministerio de<br />
Trabajo y Seguridad Social, cualquier situación irregular en las<br />
condiciones laborales de los educandos.<br />
ARTÍCULO 88.- Facilidades para estudiar<br />
Los empleadores que contraten adolescentes estarán obligados a<br />
concederles las facilidades que compatibilicen su trabajo con la asistencia<br />
regular al centro educativo.<br />
ARTÍCULO 89.- Derecho a la capacitación<br />
Las personas adolescentes que trabajan tendrán derecho a una<br />
capacitación adecuada a sus condiciones de persona en desarrollo.<br />
ARTÍCULO 90.- Notificación de despido<br />
El patrono deberá notificar el despido con responsabilidad patronal<br />
de una persona adolescente trabajadora a la Dirección Nacional e Inspección<br />
General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dentro del<br />
plazo del preaviso, con el fin de que le brinde a la afectada el<br />
asesoramiento necesario acerca de los derechos indemnizatorios originados<br />
en el despido.<br />
ARTÍCULO 91.- Despido con justa causa<br />
Antes de despedir por justa causa a una persona adolescente<br />
trabajadora, el patrono deberá gestionar la autorización ante la Dirección<br />
Nacional e Inspección General de Trabajo su autorización, ofreciendo las<br />
pruebas que estime pertinentes. Esta Oficina verificará la existencia de<br />
la causal alegada, en el plazo máximo de ocho días hábiles. Para ello,<br />
deberá escuchar a la persona adolescente y recibir la prueba que se<br />
considere necesaria.<br />
Si la Dirección desautorizare el despido, el patrono podrá apelar de<br />
la resolución para ante el Tribunal Superior de Trabajo. Mientras el<br />
asunto se resuelve en vía judicial, el despido no podrá ser ejecutado.<br />
El incumplimiento de esta disposición hará incurrir al patrono en<br />
responsabilidad y la persona menor de edad podrá solicitar la satisfacción<br />
de sus derechos indemnizatorios o la reinstalación.<br />
ARTÍCULO 92.- Prohibición laboral<br />
Prohíbese el trabajo de las personas menores de quince años. Quien<br />
por cualquier medio constate que una de ellas labora, violando esta<br />
prohibición, pondrá este hecho en conocimiento del Patronato Nacional de la<br />
Infancia, a fin de que adopte las medidas adecuadas para que esta persona<br />
cese sus actividades laborales y se reincorpore al sistema educativo.<br />
Cuando el Patronato determine que las actividades laborales de las<br />
personas menores de edad se originan en necesidades familiares de orden<br />
socioeconómico, gestionará ante las entidades competentes nombradas en el<br />
artículo 31 de este Código, las medidas pertinentes para proveer de la<br />
asistencia necesaria al núcleo familiar.<br />
ARTÍCULO 93.- Prohibición de discriminar a embarazadas y lactantes<br />
Quedará prohibido cesar o discriminar a la adolescente embarazada o<br />
lactante, de conformidad con lo que dispone el Código de Trabajo.<br />
ARTÍCULO 94.- Labores prohibidas para adolescentes<br />
Prohíbese el trabajo de las personas adolescentes en minas y<br />
canteras, lugares insalubres y peligrosos, expendios de bebidas<br />
alcohólicas, actividades en las que su propia seguridad o la de otras<br />
personas estén sujetas a la responsabilidad del menor de edad; asimismo,<br />
donde se requiera trabajar con maquinaria peligrosa, sustancias<br />
contaminantes y ruidos excesivos.<br />
ARTÍCULO 95.- Jornada de trabajo<br />
El trabajo de las personas adolescentes no podrá exceder de seis<br />
horas diarias ni de treinta y seis horas semanales.<br />
Prohíbese el trabajo nocturno de las personas adolescentes. Se<br />
entenderá por este tipo de trabajo el desempeñado entre las 19:00 horas y<br />
las 7:00 horas del día siguiente, excepto la jornada mixta, que no podrá<br />
sobrepasar las 22:00 horas.<br />
ARTÍCULO 96.- Trabajo propio<br />
Las disposiciones de los dos artículos anteriores rigen también para<br />
el trabajo de los adolescentes por cuenta propia.<br />
El Patronato Nacional de la Infancia velará por el cumplimiento de<br />
esta disposición. Las municipalidades levantarán un censo anual de los<br />
menores que trabajan por cuenta propia en su jurisdicción y lo remitirán al<br />
Patronato para lo de su competencia.<br />
ARTÍCULO 97.- Seguimiento de labores<br />
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social brindará seguimiento a<br />
las labores de las personas adolescentes. Por medio de los funcionarios de<br />
la Dirección Nacional e Inspección General de Trabajo, visitará<br />
periódicamente las empresas, para determinar si emplean a personas menores<br />
de edad y si cumplen con las normas para protegerlas. En especial,<br />
vigilará que:<br />
a) La labor desempeñada no esté prohibida ni restringida para<br />
adolescentes, según este Código y los reglamentos que se emitan.<br />
b) El trabajo no perturbe la asistencia regular al centro de<br />
enseñanza.<br />
c) Las condiciones laborales no perjudiquen ni arriesguen la salud<br />
física ni mental de la persona adolescente.<br />
ARTÍCULO 98.- Requisitos del registro<br />
Para los efectos del artículo anterior, todo patrono que ocupe los<br />
servicios de adolescentes mayores de quince años, deberá llevar un registro<br />
donde consten los siguientes datos del menor:<br />
a) El nombre y los apellidos.<br />
b) La edad. El Registro Civil expedirá, libres de derechos<br />
fiscales, las certificaciones que le soliciten para este fin, cuando el<br />
menor no posea carné de identidad.<br />
c) El número de tarjeta de identificación.<br />
d) El nombre y los apellidos de la madre, el padre o representante<br />
legal.<br />
e) El domicilio.<br />
f) La ocupación que desempeña.<br />
g) El horario de trabajo, con especificación del número de horas de<br />
trabajo.<br />
h) La remuneración.<br />
i) La constancia de que ha completado la educación general básica,<br />
o bien del nivel que cursa y el nombre del centro educativo.<br />
j) Si la persona menor de edad desempeña el trabajo con motivo de<br />
la formación profesional o si existe un contrato de aprendizaje.<br />
k) El número de póliza de riesgos del trabajo.<br />
l) El número de asegurado.<br />
ARTÍCULO 99.- Derecho a seguros<br />
Las personas adolescentes que trabajan en relación de dependencia<br />
tendrán derecho a la seguridad social y al seguro por riesgos del trabajo,<br />
de acuerdo con lo que al respecto disponen el Código de Trabajo y leyes<br />
conexas.<br />
ARTÍCULO 100.- Seguro por riesgos de trabajo<br />
Las personas adolescentes que ejercen el trabajo independiente y por<br />
cuenta propia tienen derecho al seguro por riesgos del trabajo a cargo,<br />
subsidiado por el Instituto Nacional de Seguros, según el reglamento que se<br />
emitirá al respecto.<br />
ARTÍCULO 101.- Sanciones<br />
Las violaciones, por acción u omisión, de las disposiciones<br />
contenidas en los artículos 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 98, en las<br />
cuales incurra el empleador constituirán falta grave y será sancionada<br />
conforme a los artículos 611, 613, 614 y 615 del Código de Trabajo,<br />
reformado mediante la Ley No. 7360, de 12 de noviembre de 1993.<br />
A las personas físicas o jurídicas condenadas por haber incurrido en<br />
las faltas previstas en el párrafo anterior, se les aplicarán las<br />
siguientes sanciones:<br />
a) Por la violación del artículo 88, multa de uno a tres salarios.<br />
b) Por la violación del artículo 90, multa de cuatro a siete<br />
salarios.<br />
c) Por la violación de los artículos 91 y 93, multa de ocho a once<br />
salarios.<br />
d) Por la violación del artículo 95, multa de doce a quince<br />
salarios.<br />
e) Por la violación del artículo 94, multa de dieciséis a<br />
diecinueve salarios.<br />
f) Por la violación de los artículos 92 y 98, multa de veinte a<br />
veintitrés salarios.<br />
Para fijar la cuantía de las sanciones, se tomará como referencia el<br />
salario base del oficinista 1, fijado en el presupuesto ordinario de la<br />
República vigente en el momento de la infracción.<br />
ARTÍCULO 102.- Prevención de sanción<br />
Cuando se trate de la negativa a otorgar informes, avisos,<br />
solicitudes, permisos, comprobaciones o documentos requeridos según este<br />
Código y las leyes de trabajo y seguridad social, para que las autoridades<br />
de trabajo ejerzan el control que les encargan dichas disposiciones, los<br />
responsables serán sancionados con la multa comprendida en el inciso a) de<br />
la tabla de sanciones del artículo anterior, bajo prevención con un plazo<br />
de treinta días.<br />
ARTÍCULO 103.- Destino de las multas<br />
Las multas que se recauden deberán emplearse en la siguiente forma:<br />
a) El cincuenta por ciento (50%) se destinará a la Dirección<br />
Nacional e Inspección General del Trabajo del Ministerio de Trabajo y<br />
de Seguridad Social.<br />
b) Un diez por ciento (10%), al Consejo de Salud Ocupacional.<br />
c) Un diez por ciento (10%), a la Clínica del Adolescente de la<br />
Caja Costarricense de Seguro Social.<br />
d) Un diez por ciento (10%), al Instituto Nacional de Aprendizaje.<br />
e) Un diez por ciento (10%), al Fondo para la Niñez y la<br />
Adolescencia.<br />
f) Un diez por ciento (10%), al Comité Directivo Nacional para la<br />
Erradicación del Trabajo Infantil.<br />
Las multas se cancelarán en alguno de los bancos del Sistema Bancario<br />
Nacional a la orden del Banco Central de Costa Rica, como ente recaudador,<br />
en una cuenta que para el efecto indicará este Banco. El monto se incluirá<br />
en el presupuesto nacional de la República a favor del Ministerio de<br />
Trabajo y Seguridad Social, el que, a su vez, lo distribuirá en los<br />
porcentajes indicados, entre las entidades señaladas.<br />
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social informará, anualmente, a<br />
la Defensoría de los Habitantes del cumplimiento de esta disposición.<br />
CAPÍTULO VIII<br />
DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA<br />
ARTÍCULO 104.- Derecho de denuncia<br />
Se garantiza a las personas menores de edad el derecho a denunciar<br />
una acción cometida en su perjuicio y a ejercer, por medio del<br />
representante del Ministerio Público, las acciones civiles<br />
correspondientes.<br />
ARTÍCULO 105.- Opinión de personas menores de edad<br />
Las personas menores de edad tendrán participación directa en los<br />
procesos y procedimientos establecidos en este Código y se escuchará su<br />
opinión al respecto. La autoridad judicial o administrativa siempre tomará<br />
en cuenta la madurez emocional para determinar cómo recibirá la opinión.<br />
Para estos efectos, la Corte Suprema de Justicia establecerá las medidas<br />
adecuadas para realizar entrevistas, con el apoyo del equipo<br />
interdisciplinario y en presencia del juez.<br />
ARTÍCULO 106.- Exención del pago<br />
Las acciones judiciales que intente una persona menor de edad o su<br />
representante estarán exentas del pago de costas y especies fiscales de<br />
todo tipo.<br />
ARTÍCULO 107.- Derechos en procesos<br />
En todo proceso o procedimiento en que se discutan disposiciones<br />
materiales de este Código, las personas menores de edad tendrán derecho a<br />
lo siguiente:<br />
a) Ser escuchadas en su idioma y que su opinión y versiones sean<br />
consideradas en la resolución que se dicte.<br />
b) Contar con un traductor o intérprete y seleccionarlo cuando sea<br />
necesario.<br />
c) Acudir a las audiencias en compañía de un trabajador social, un<br />
psicólogo o cualquier otro profesional similar o una persona de su<br />
confianza.<br />
d) Recibir del juez información clara y precisa sobre el<br />
significado de cada una de las actuaciones que se desarrollen en su<br />
presencia, así como del contenido y las razones de cada decisión.<br />
e) Que todo procedimiento se desarrolle sin demora, en términos<br />
sencillos y precisos.<br />
f) La justificación y determinación de la medida de protección<br />
ordenada. En la resolución que establezca la medida de protección, la<br />
autoridad judicial o administrativa deberá explicar a la persona menor<br />
de edad, de acuerdo con su edad y madurez, el motivo por el cual se<br />
seleccionó tal medida.<br />
g) No ser ubicadas en ninguna institución pública ni privada sino<br />
mediante declaración de la autoridad competente, previo agotamiento de<br />
las demás opciones de ubicación. Queda a salvo la medida de protección<br />
de abrigo, dictada por las oficinas locales del Patronato Nacional de<br />
la Infancia.<br />
h) La discreción y reserva de las actuaciones.<br />
i) Impugnar las decisiones judiciales y administrativas, conforme a<br />
lo dispuesto en este Código.<br />
TÍTULO III<br />
GARANTÍAS PROCESALES<br />
CAPÍTULO I<br />
DISPOSICIONES GENERALES<br />
ARTÍCULO 108.- Legitimación para actuar como partes<br />
Cuando en los procesos judiciales esté involucrado el interés de una<br />
persona menor de edad, estarán legitimados para actuar como partes:<br />
a) Los adolescentes mayores de quince años, personalmente, cuando<br />
así lo autorice este Código y en los demás casos, serán representados<br />
por quienes ejerzan la autoridad parental o por el Patronato Nacional<br />
de la Infancia cuando corresponda.<br />
b) Las organizaciones sociales legalmente constituidas, que actúen<br />
en protección de las personas menores de edad, cuando participen en<br />
defensa de sus representados y exista interés legítimo. Asimismo,<br />
estas organizaciones podrán actuar como coadyuvantes para proteger los<br />
derechos de sus beneficiarios en el cumplimiento de este Código.<br />
ARTÍCULO 109.- Tutela de la Procuraduría General de la República<br />
La Procuraduría General de la República ejercerá, en sede<br />
administrativa y judicial, a favor de las personas menores de edad, la<br />
tutela del cumplimiento de los principios consagrados en este Código.<br />
En sede administrativa a la Procuraduría le corresponderá comparecer<br />
cuando se lo solicite el Patronato Nacional de la Infancia o la Defensoría<br />
de los Habitantes de la República. La autoridad administrativa que tramite<br />
el proceso notificará a la Procuraduría, a fin de que se apersone dentro de<br />
un plazo de cinco días hábiles.<br />
ARTÍCULO 110.- Intervención de la Procuraduría General de la República<br />
La Procuraduría General de la República intervendrá, en calidad de<br />
parte y como garante del cumplimiento de los derechos consagrados en la<br />
Convención sobre los Derechos del Niño y en este Código, en los siguientes<br />
procesos: las acciones de filiación, la suspensión o pérdida de la<br />
autoridad parental, la dispensa de asentimiento y la nulidad del<br />
matrimonio, los procesos penales por delitos contra la vida y la integridad<br />
física, y delitos sexuales; asimismo, en cualquier otro proceso en que el<br />
juez estime necesaria la participación de la Procuraduría.<br />
ARTÍCULO 111.- Representación del Patronato Nacional de la Infancia<br />
En los procesos judiciales y procedimientos administrativos en que se<br />
involucre el interés de una persona menor de edad, el Patronato Nacional de<br />
la Infancia representará los intereses del menor cuando su interés se<br />
contraponga al de quienes ejercen la autoridad parental. En los demás<br />
casos, el Patronato participará como coadyuvante.<br />
ARTÍCULO 112.- Interpretación de normas<br />
Al interpretar e integrar las normas procesales establecidas en este<br />
título, la autoridad judicial o administrativa deberá orientarse al<br />
cumplimiento del interés superior del niño y de los demás principios<br />
protectores consagrados en la Constitución Política, la Convención sobre<br />
los Derechos del Niño, los demás tratados internacionales atinentes a la<br />
materia, la normativa consagrada en este Código y el Código Procesal Civil;<br />
este último, cuando no contravenga los principios establecidos en esta ley.<br />
Para la mejor determinación del interés superior del niño, la<br />
autoridad deberá contar con el apoyo y la consulta de un equipo<br />
interdisciplinario.<br />
ARTÍCULO 113.- Interpretación de este Código<br />
Serán principios rectores para interpretar las normas procesales de<br />
este Código:<br />
a) La ampliación de los poderes del juez en la conducción del<br />
proceso.<br />
b) La ausencia de ritualismo procesal.<br />
c) El impulso procesal de oficio.<br />
d) La oralidad.<br />
e) La inmediatez, concentración y celeridad procesal.<br />
f) La identidad física del juzgador.<br />
g) La búsqueda de la verdad real.<br />
h) La amplitud de los medios probatorios.<br />
ARTÍCULO 114.- Garantías en los procesos<br />
En los procesos y procedimientos en que se discutan los derechos de<br />
personas menores de edad, el Estado les garantizará:<br />
a) Gratuidad: el Estado proporcionará a toda persona menor de edad<br />
la defensa técnica y la representación judicial gratuita.<br />
b) Publicidad: todo proceso que se practique en virtud de la<br />
aplicación de este Código deberá ser oral y público. Podrá decretarse<br />
la reserva de la audiencia de oficio o a instancia de parte, cuando se<br />
estime conveniente por la índole del proceso, considerando el interés<br />
superior de la persona menor de edad y la naturaleza del hecho.<br />
c) Igualdad: la Administración Pública y el juez deberán<br />
garantizar la igualdad de las partes y procurar su equilibrio procesal<br />
y el derecho de defensa.<br />
e) Representación: la autoridad administrativa o judicial, según el<br />
caso, garantizará los derechos de representación de la persona menor de<br />
edad. La autoridad respectiva velará siempre porque no exista interés<br />
contrapuesto.<br />
f) Derecho de audiencia: en todos los procesos administrativos y<br />
judiciales relacionados con los derechos de esa población se escuchará<br />
su opinión.<br />
ARTÍCULO 115.- Deberes de los jueces<br />
Serán deberes de los jueces que conozcan de asuntos en los que esté<br />
involucrada una persona menor de edad:<br />
a) Iniciar de oficio los asuntos que le correspondan.<br />
b) Integrar la litisconsorcio.<br />
c) Impulsar el proceso hasta la sentencia definitiva.<br />
d) Conducir el proceso en busca de la verdad real.<br />
e) Reponer trámites o corregir, de oficio, las actuaciones que<br />
puedan violentar el derecho de igualdad o defensa de las partes.<br />
f) Resolver las pretensiones de las partes y lo que por disposición<br />
de este Código deba hacer.<br />
g) Evitar cualquier dilación del procedimiento.<br />
h) Valorar las pruebas por medio de la sana crítica.<br />
i) Usar el poder cautelar.<br />
j) Sancionar el fraude procesal<br />
ARTÍCULO 116.- Deberes de los jueces de familia<br />
En la vía judicial, corresponderá a los jueces de familia:<br />
a) Conocer, tramitar y resolver, por la vía del proceso especial de<br />
protección, las denuncias o los reclamos contra toda acción u omisión<br />
que constituya amenaza o violación de los derechos humanos de las<br />
personas menores de edad y los demás derechos reconocidos en este<br />
Código, salvo lo relativo a la materia penal.<br />
b) Conocer de las denuncias sobre hechos irregulares en entidades<br />
de atención pública o privada, que causen o puedan ocasionar perjuicio<br />
a las personas menores de edad, y aplicar o recomendar las medidas<br />
correspondientes.<br />
c) Aplicar las sanciones establecidas en este Código en los casos<br />
de incumplimiento de normas de protección a las personas menores de<br />
edad.<br />
ARTÍCULO 117.- Denuncias por violación de este Código<br />
Cualquier funcionario público o persona privada podrá denunciar,<br />
judicialmente, la violación de los derechos consagrados en este Código.<br />
ARTÍCULO 118.- Prevención por el juez<br />
En todos los actos procesales se evitará el ritualismo. El juez<br />
prevendrá a las partes el cumplimiento de las formas procesales que se<br />
exigen en los casos expresamente establecidos en este Código.<br />
ARTÍCULO 119.- Deserción y desistimientos<br />
En los procesos que involucren el interés de las personas menores de<br />
edad no cabrán la deserción ni el desistimiento. Corresponderá al juez<br />
impulsar el proceso hasta el dictado de la sentencia.<br />
ARTÍCULO 120.- Asistencia a víctimas<br />
Las personas menores de edad víctimas de delitos siempre deberán ser<br />
asistidas y reconocidas por expertos en tratar a este grupo.<br />
Todas las autoridades judiciales o quienes deban colaborar en la<br />
tramitación del proceso. Los profesionales especializados del Departamento<br />
de Medicina Legal del Poder Judicial y los auxiliares de la policía técnica<br />
o administrativa, deberán ser capacitados previamente.<br />
ARTÍCULO 121.- Servicios profesionales<br />
El personal médico, los profesionales en psiquiatría y psicología<br />
forense, estarán obligados a acompañar a las víctimas menores de edad, en<br />
especial cuando se trate de delitos sexuales, cuantas veces la autoridad<br />
judicial lo estime necesario.<br />
Para evitar o disminuir los riesgos que puedan ocasionarse a la salud<br />
psíquica de las víctimas del hecho investigado, el profesional asignado<br />
presentará las recomendaciones del caso a la autoridad judicial, quien<br />
deberá tomarlas en cuenta cuando se le pida deponer en cualquier etapa del<br />
proceso.<br />
ARTÍCULO 122.- Solicitud de informe<br />
En todo proceso por delito sexual contra una persona menor de edad,<br />
la autoridad judicial deberá solicitar un informe al Departamento de<br />
Trabajo Social y al Departamento de Psicología del Poder Judicial. El<br />
documento deberá remitirse en un término máximo de quince días.<br />
ARTÍCULO 123.- Asistencia<br />
El Departamento de Trabajo Social y el Departamento de Psicología del<br />
Poder Judicial deberán asistir al menor ofendido y a su familia durante el<br />
proceso. Finalizado este, la persona menor de edad deberá ser remitida a<br />
la institución correspondiente para el debido tratamiento.<br />
ARTÍCULO 124.- Capacitación para interrogatorios<br />
Los oficiales del Organismo de Investigación Judicial o la Policía<br />
Administrativa, según el caso, deberán ser capacitados debidamente para<br />
interrogar a los menores. Durante los interrogatorios, se limitarán a<br />
recibir la información mínima esencial para averiguar los hechos y les<br />
garantizarán el respeto a su dignidad, honor, reputación, familia y vida<br />
propia.<br />
ARTÍCULO 125.- Interrogatorios<br />
Las autoridades judiciales o administrativas deberán evitar, en lo<br />
posible, los interrogatorios reiterados o persistentes a los menores<br />
víctimas de delitos y se reservarán para la etapa decisiva del proceso.<br />
Cuando proceda una deposición más amplia de la persona menor de edad, se<br />
tendrá siempre en cuenta su derecho a expresar su opinión.<br />
ARTÍCULO 126.- Condiciones de las audiencias<br />
Cuando un menor ofendido deba concurrir a un debate, las autoridades<br />
judiciales tomarán las previsiones del caso para que este discurra en<br />
audiencia privada, si a juicio del tribunal fuere necesario para<br />
garantizarle la estabilidad emocional, o para que no se altere su<br />
espontaneidad en el momento de deponer. A esta audiencia solo podrán<br />
asistir las personas que indica la ley; cuando la presencia del padre, la<br />
madre o los encargados de las personas menores de edad pueda afectarlas, el<br />
juez podrá impedirles la permanencia en el recinto.<br />
ARTÍCULO 127.- Empleo de medios en audiencia orales<br />
Cuando deban realizarse audiencias orales, la autoridad encargada del<br />
caso deberá utilizar los medios tecnológicos u otros a su alcance, para<br />
evitar el contacto directo de las personas menores de edad ofendidas con la<br />
persona a quien se le atribuye el hecho delictivo. En todo momento se<br />
garantizará el debido proceso.<br />
CAPÍTULO II<br />
PROCESO ESPECIAL DE PROTECCIÓN<br />
SECCIÓN PRIMERA<br />
PROCESO ESPECIAL DE PROTECCIÓN EN SEDE ADMINISTRATIVA<br />
ARTÍCULO 128.- Garantías del proceso administrativo<br />
Los principios del proceso administrativo se aplicarán en defensa del<br />
interés superior de la persona menor de edad. La Administración Pública<br />
deberá garantizar el principio de defensa y el debido proceso, relativo a<br />
las decisiones administrativas que pretendan resolver algún conflicto<br />
surgido en virtud del ejercicio de los derechos contemplados en este<br />
Código.<br />
ARTÍCULO 129.- Proceso especial de protección<br />
En sede administrativa, el proceso especial de protección corresponde<br />
a las oficinas locales del Patronato Nacional de la Infancia.<br />
ARTÍCULO 130.- Causas para medidas de protección<br />
Las medidas de protección a las personas menores de edad serán<br />
aplicables siempre que los derechos reconocidos en este Código sean<br />
amenazados o violados por una de las siguientes causas:<br />
a) Acción u omisión de la sociedad o el Estado.<br />
b) Falta, omisión o abuso de los padres, tutores, encargados o<br />
responsables.<br />
c) Acciones u omisiones contra sí mismos.<br />
ARTÍCULO 131.- Otros asuntos<br />
Además de lo señalado en el artículo anterior, en todos los casos en<br />
que no exista un pronunciamiento judicial sobre estos extremos, se<br />
tramitará mediante el proceso especial dispuesto en este apartado, lo<br />
siguiente:<br />
a) La suspensión del régimen de visitas.<br />
b) La suspensión del cuido, la guarda y el depósito provisional.<br />
c) La suspensión provisional de la administración de bienes de los<br />
menores de edad.<br />
d) Cualquier otra medida que proteja los derechos reconocidos en<br />
este Código.<br />
ARTÍCULO 132.- Inicio del proceso<br />
En casos de amenaza grave o violación de los derechos reconocidos en<br />
el presente Código, el proceso especial de protección podrá iniciarse de<br />
oficio o por denuncia presentada por cualquier persona, autoridad u<br />
organismo de derechos humanos.<br />
ARTÍCULO 133.- Procedimientos en la oficina local<br />
Conocido el hecho o recibida la denuncia, la oficina local del<br />
Patronato Nacional de la Infancia constatará la situación, escuchará a las<br />
partes involucradas, recibirá la prueba que ellas presenten y dictará,<br />
inmediatamente, las medidas de protección que correspondan. El<br />
procedimiento seguido por la oficina local será sumario e informal y<br />
garantizará la audiencia a la persona menor de edad involucrada.<br />
ARTÍCULO 134.- Denuncias penales<br />
Comprobada en sede administrativa la existencia de indicios de<br />
maltrato o abuso en perjuicio de una persona menor de edad, la denuncia<br />
penal deberá plantearse en forma inmediata. La persona o institución que<br />
actúe en protección de los menores, no podrá ser demandada, aun en caso de<br />
que el denunciado no resulte condenado en esta sede. Si la persona<br />
denunciada tuviere alguna relación directa de cuido o representación con el<br />
menor de edad ofendido, se planteará, a la vez, la acción pertinente ante<br />
la autoridad judicial de familia.<br />
ARTÍCULO 135.- Medias de protección<br />
Las medidas de protección que podrá dictar la oficina local del<br />
Patronato Nacional de la Infancia serán:<br />
a) Orientación, apoyo y seguimiento temporal a la familia.<br />
b) Matrícula y asistencia obligatorias en establecimientos<br />
oficiales de enseñanza.<br />
c) Inclusión en programas oficiales o comunitarios de auxilio a la<br />
familia, y a las personas menores de edad.<br />
d) Orden de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico en<br />
régimen de internación en hospital o tratamiento ambulatorio.<br />
e) Inclusión en programas oficiales o comunitarios de auxilio, que<br />
impliquen orientación y tratamiento a alcohólicos y toxicómanos.<br />
f) Cuido provisional en familias sustitutas.<br />
g) Abrigo temporal en entidades públicas o privadas.<br />
ARTÍCULO 136.- Medidas para padres o responsables<br />
Serán medidas aplicables a los padres o responsables de personas<br />
menores de edad, las siguientes:<br />
a) Remitirlas a programas oficiales o comunitarios de protección a<br />
la familia.<br />
b) Remitirlas a programas oficiales o comunitarios de apoyo,<br />
orientación y tratamiento a alcohólicos y toxicómanos.<br />
c) Remitirlas a un tratamiento psicológico o psiquiátrico.<br />
d) Obligarlas a matricularse y observar su asistencia y<br />
aprovechamiento escolares.<br />
ARTÍCULO 137.- Otras medidas<br />
Serán medidas aplicables a patronos, funcionarios públicos o<br />
cualquier otra persona que viole o amenace con violar los derechos de las<br />
personas menores de edad:<br />
a) Prevención escrita acerca de la violación o amenaza contra el<br />
derecho de que se trate en el caso particular, con citación para ser<br />
informados debidamente sobre los derechos de la persona menor.<br />
b) Orden de cese inmediato de la situación que viola o amenaza con<br />
violar el derecho en cuestión, cuando la persona llamada no se apersone<br />
en el plazo conferido para tal efecto o bien, cuando se haya<br />
apersonado pero continúe en la misma situación perjudicial la persona<br />
menor de edad.<br />
ARTÍCULO 138.- Condiciones para aplicar medidas<br />
Al aplicar las medidas señaladas en los artículos 135 y 136 se<br />
tendrán en cuenta las necesidades de los afectados y prevalecerán las que<br />
tengan por objeto fortalecer los vínculos familiares y comunitarios.<br />
Las medidas previstas podrán adoptarse separada o conjuntamente y ser<br />
sustituidas en cualquier tiempo. En el caso del cuido provisional en<br />
familia sustituta y el abrigo temporal en entidad pública o privada, la<br />
medida no podrá exceder de seis meses.<br />
ARTÍCULO 139.- Recursos de apelación<br />
Contra lo resuelto por la oficina local del Patronato Nacional de la<br />
Infancia cabrá recurso de apelación ante el Presidente Ejecutivo del<br />
Patronato, el cual agotará la vía administrativa. El recurso podrá<br />
interponerse verbalmente por escrito, dentro de las cuarenta y ocho horas<br />
siguientes a su notificación. La presentación del recurso no suspenderá la<br />
aplicación de la medida.<br />
ARTÍCULO 140.- Incumplimiento de medidas<br />
De incumplirse algunas de las medidas previstas en los artículos 135<br />
y 136, la oficina local del Patronato Nacional de la Infancia podrá adoptar<br />
una medida alternativa, ampliar el plazo de cumplimiento de la anterior o<br />
remitir el asunto al juez, para la suspensión de la patria potestad.<br />
Si la medida incumplida fuere una de las previstas en el artículo<br />
137, la oficina local del Patronato pondrá la denuncia ante la autoridad<br />
administrativa a quien corresponda tomar las acciones coercitivas que<br />
procedan.<br />
SECCIÓN SEGUNDA<br />
PROCESO DE PROTECCIÓN EN LA VÍA JUDICIAL<br />
ARTÍCULO 141.- Conocimiento de proceso especial<br />
Serán competentes para conocer del proceso especial de protección,<br />
los jueces de familia de la jurisdicción del domicilio de la persona menor<br />
de edad involucrada en el proceso.<br />
ARTÍCULO 142.- Situaciones tramitables en procesos especiales<br />
Mediante el proceso especial de protección dispuesto en esta sección,<br />
se tramitarán las situaciones suscitadas a partir del dictado de las<br />
medidas de protección por las oficinas locales del Patronato Nacional de<br />
la Infancia, según los artículos 135, 136 y 137 de este Código. Para<br />
acudir al proceso especial de protección en la vía judicial, deberá<br />
agotarse previamente esta vía administrativa.<br />
Ese proceso no suspenderá ni sustituirá los procesos judiciales en<br />
que se discuta sobre la filiación o la autoridad parental.<br />
El proceso también podrá iniciarse por denuncia de una oficina local<br />
del Patronato.<br />
ARTÍCULO 143.- Señalamiento de audiencias<br />
Incoado el proceso, el juez revisará los resultados obtenidos con las<br />
medidas dictadas en sede administrativa y señalará el día y la hora para la<br />
audiencia, que deberá celebrarse en un plazo máximo de cinco días. En caso<br />
de delito, certificará lo conducente y lo remitirá al Ministerio Público o<br />
a la jurisdicción penal juvenil, según el caso.<br />
ARTÍCULO 144.- Orden de la audiencia<br />
El día y la hora señalados para la audiencia, el juez procederá en la<br />
siguiente forma:<br />
a) Determinará si las partes están presentes.<br />
b) Al inicio de la audiencia, instruirá a la persona menor de edad<br />
sobre la importancia y el significado de este acto. Cuando se trate de<br />
asuntos que puedan perjudicarla psicológicamente, podrá disponer que<br />
sea retirada transitoriamente.<br />
c) Oirá, en su orden, al menor, al representante del Patronato<br />
Nacional de la Infancia, el Procurador apersonado en el proceso, los<br />
representantes de otras instituciones, terceros involucrados, médicos,<br />
psicólogos y otros especialistas que conozcan del hecho y a los padres,<br />
tutores o encargados.<br />
d) Habiendo oído a las partes y según la gravedad del caso, podrá<br />
proponer una solución definitiva; en caso de que no sea aceptada por<br />
las partes, procederá a la recepción de la prueba.<br />
ARTÍCULO 145.- Recabación de pruebas<br />
En esta audiencia las partes podrán proponer pruebas de todo tipo.<br />
Para evacuarlas, se aplicarán las garantías procesales establecidas en este<br />
título.<br />
De oficio o a petición de parte, el juez ordenará las diligencias que<br />
permitan recabar cualquier otra información necesaria para resolver el<br />
caso.<br />
ARTÍCULO 146.- Resolución final<br />
Recibida la prueba y valorada de acuerdo con las reglas de la sana<br />
crítica, el juez dictará la resolución final en un plazo máximo de cinco<br />
días. En dicha resolución, podrá confirmar la medida dispuesta por la<br />
oficina local del Patronato Nacional de la Infancia, prorrogarla por un<br />
período igual, sustituirla por otra o revocarla. En todo caso, el juez<br />
podrá iniciar, de oficio, el proceso correspondiente de suspensión<br />
definitiva del depósito, tutela o autoridad parental, según corresponda.<br />
ARTÍCULO 147.- Delegación de ejecución<br />
El juez velará por el cumplimiento efectivo de la resolución dictada.<br />
Cuando se trate de alguna de las medidas previstas en los artículos 135 y<br />
136 podrá delegar la ejecución de lo acordado para proteger a la persona<br />
menor de edad en la oficina local competente del Patronato Nacional de la<br />
Infancia y cada dos meses solicitará informes sobre dicho cumplimiento.<br />
ARTÍCULO 148.- Confirmación de medidas<br />
Si la medida acordada fuere de las previstas en el artículo 137 y el<br />
juez la confirmare, en el mismo acto ordenará iniciar el proceso<br />
correspondiente para resolver, en forma definitiva la situación presentada.<br />
ARTÍCULO 149.- Revocación de resoluciones<br />
El juez podrá revocar, de oficio o a instancia de parte, todas las<br />
resoluciones dictadas en el proceso, salvo las que pongan fin al<br />
procedimiento. El recurso podrá interponerse en forma verbal o por escrito<br />
dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación.<br />
El juez ante quien se interponga el recurso de revocatoria deberá<br />
resolverlo, sin más trámite, dentro de las cuarenta y ocho horas<br />
siguientes.<br />
ARTÍCULO 150.- Apelación de autos<br />
Serán apelables los autos que resuelvan definitivamente el<br />
procedimiento, determinen la separación de una persona menor de edad de sus<br />
padres, tutores o encargados o resuelvan iniciar el procedimiento de<br />
protección.<br />
El plazo para interponer la apelación será de tres días y podrá<br />
presentarse en forma verbal o por escrito. Se admitirá en el efecto<br />
devolutivo.<br />
ARTÍCULO 151.- Audiencias<br />
El tribunal superior señalará audiencia, en un plazo de cinco días,<br />
para oír a las partes y recibir la prueba que aporten y resolverá dentro de<br />
los tres días siguientes a la celebración.<br />
ARTÍCULO 152.- Modificación de resolución<br />
Apelada la resolución, el tribunal superior confirmará, modificará o<br />
revocará únicamente en la parte objeto de recurso salvo que, como<br />
consecuencia de lo resuelto, requiera modificar otros puntos.<br />
ARTÍCULO 153.- Apelación por inadmisión<br />
Cuando el juez de primera instancia haya negado el recurso de<br />
apelación, la parte interesada podrá apelar por inadmisión dentro de los<br />
tres días de notificada la denegatoria ante el tribunal de segunda<br />
instancia, según el Código Procesal Civil.<br />
CAPÍTULO III<br />
CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN<br />
ARTÍCULO 154.- Conciliación judicial<br />
La conciliación judicial en materia de niños y adolescentes podrá<br />
celebrarse cuando esté pendiente un proceso o como acto previo a él. En<br />
ambos casos se regirá por el procedimiento establecido en este capítulo.<br />
ARTÍCULO 155.- Impedimentos<br />
No podrán ser objeto de mediación ni conciliación los asuntos en los<br />
que existan derechos irrenunciables de las partes, los relacionados con la<br />
violencia doméstica, los de suspensión o pérdida de la autoridad parental<br />
ni los que puedan constituir delitos.<br />
ARTÍCULO 156.- Proceso conciliatorio<br />
El proceso conciliatorio judicial se iniciará, de oficio a solicitud<br />
de las partes, en cualquier etapa del proceso, aun en la audiencia o sin<br />
necesidad de proceso previo. Se establecerán la naturaleza del conflicto y<br />
los extremos sobre los que versará el acuerdo conciliatorio. En todo caso,<br />
el acuerdo conciliatorio deberá garantizar la tutela de los derechos de<br />
las personas menores de edad. El juez convocará a las partes a la<br />
comparecencia y las citará en forma personal.<br />
ARTÍCULO 157.- Comparecencia de conciliación<br />
La comparecencia a la conciliación deberá ser personal. Se iniciará<br />
con una entrevista a las partes, por medio del conciliador. En esta<br />
primera etapa el conciliador deberá tratar de informar a ambas partes sobre<br />
los elementos que caracterizan el proceso conciliatorio y les advertirá<br />
sobre la conveniencia de llegar a un acuerdo. Si estimare necesario, podrá<br />
entrevistarse por separado con cada parte y luego las reunirá para<br />
establecer los extremos del conflicto y tratará de proponer soluciones<br />
posibles.<br />
Para celebrar la conciliación, las partes podrán ser asesoradas por<br />
sus abogados. En todo caso, la inasistencia de los litigantes no impedirá<br />
su celebración.<br />
ARTÍCULO 158.- Presencia durante procesos de conciliación<br />
En todo asunto que se someta a conciliación e involucre los derechos<br />
consagrados en este Código, las personas menores de edad afectadas y sus<br />
representantes deberán estar presentes, bajo pena de nulidad del acuerdo.<br />
Los menores podrán estar acompañados de otra persona de su confianza.<br />
El conciliador deberá escuchar la opinión de las personas menores de<br />
edad tomando en cuenta su madurez emocional. Cuando la opinión de un<br />
adolescente concurra con la de su representante, será vinculante para<br />
establecer el acuerdo.<br />
ARTÍCULO 159.- Acuerdo conciliatorio<br />
El acuerdo conciliatorio se consignará en un acta firmada por el<br />
conciliador y las partes, y tendrá los efectos de sentencia ejecutoria.<br />
Las actas de acuerdos conciliatorios deberán contener:<br />
a) La indicación de los datos necesarios para identificar las<br />
partes y el proceso.<br />
b) La naturaleza del asunto.<br />
c) Una relación sucinta de lo acontecido en la audiencia.<br />
d) Los acuerdos a que las partes llegaron.<br />
e) Las firmas de las partes, el juez y el secretario del despacho.<br />
ARTÍCULO 160.- Acuerdos conciliatorios parciales<br />
Si el acuerdo fuere parcial y existiere litigio pendiente, se<br />
continuará el proceso en cuanto a los puntos no conciliados y así se hará<br />
constar en el acuerdo conciliatorio. Si la conciliación fuere solicitada<br />
por las partes, sin existir litigio pendiente, quedará a salvo el derecho<br />
de las partes de ventilar los extremos no conciliados en el proceso<br />
judicial correspondiente.<br />
ARTÍCULO 161.- Resolución homologatoria<br />
Para aprobar el convenio, el juez dictará una resolución<br />
homologatoria que no contendrá las formalidades de una sentencia; pero<br />
surtirá los mismos efectos. En ella, se consignarán lacónicamente la<br />
naturaleza del asunto, los acuerdos celebrados y la razón o el fundamento<br />
para homologar el acuerdo; asimismo, los fundamentos jurídicos del juzgador<br />
para rechazar los que vulneren los derechos de las personas menores de<br />
edad. Acto seguido, se procederá a leer la homologación a las partes en la<br />
misma audiencia.<br />
ARTÍCULO 162.- Ejecución de acuerdos conciliatorios<br />
La ejecución de los acuerdos conciliatorios celebrados ante un juez<br />
se tramitará ante el mismo juez conciliador por el procedimiento de<br />
ejecución de sentencia.<br />
ARTÍCULO 163.- Efecto del trámite conciliatorio<br />
El trámite conciliatorio no podrá exceder de tres meses contados a<br />
partir de la solicitud de las partes. El proceso conciliatorio suspenderá<br />
los plazos de caducidad de la acción. La conciliación fuera de proceso<br />
podrá ser solicitada nuevamente por las partes cuando la primera<br />
comparecencia haya fracasado. No obstante, el conciliador podrá denegar la<br />
solicitud si estimare que la vía debe darse por agotada. Asimismo, el<br />
conciliador tendrá el deber de denegar el proceso conciliatorio cuando, a<br />
su criterio, el objeto de este no pueda ser resuelto en esta vía por<br />
existir un impedimento legal. Fracasada la conciliación, el juez<br />
continuará el proceso.<br />
ARTÍCULO 164.- Trámite de la mediación<br />
La mediación se realizará en sede administrativa, por medio de los<br />
centros que se establezcan para este efecto. El procedimiento<br />
administrativo para la mediación se fundamentará en los mismos principios<br />
de la conciliación: la confidencialidad, la imparcialidad y la igualdad de<br />
las partes. Será un procedimiento autogestivo, voluntario y optativo;<br />
asimismo, se aplicará, cuanto sea compatible, lo relativo a la forma de<br />
llevar a cabo la mediación.<br />
ARTÍCULO 165.- Centros de resolución alternativa<br />
Las instituciones públicas o privadas a cargo de la atención o la<br />
protección de personas menores de edad, deberán crear los centros<br />
necesarios de resolución alternativa de conflictos para llevar a cabo la<br />
mediación en esta materia.<br />
ARTÍCULO 166.- Mediación<br />
La mediación es un proceso autónomo e independiente del conflicto<br />
judicial. Lo resuelto por los centros de mediación será ejecutable para<br />
las partes comprometidas en el arreglo; pero queda a salvo el derecho de<br />
discutirlo en la sede judicial.<br />
El acuerdo surgido de una mediación tendrá pleno valor entre las<br />
partes que lo celebren, las cuales podrán modificarlo por medio de una<br />
nueva solicitud de mediación.<br />
ARTÍCULO 167.- Conflictos dirimibles ante centros de mediación<br />
Los conflictos sobre la custodia de personas menores de edad, y el<br />
régimen de visitas, alimentos o cualquier otro que no requiera la<br />
intervención judicial, podrán ser dirimidos ante los centros de mediación y<br />
podrán hacerse valer ante el juez respectivo, siempre que no se vulneren<br />
los derechos de este grupo y se trate de derechos disponibles entre las<br />
partes con las garantías procesales de defensa, audiencia y asistencia<br />
técnica para estas personas.<br />
TÍTULO IV<br />
SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL<br />
CAPÍTULO I<br />
CONFORMACIÓN DEL SISTEMA<br />
ARTÍCULO 168.- Garantía de protección integral<br />
Se garantizará la protección integral de los derechos de las personas<br />
menores de edad en el diseño de las políticas públicas y la ejecución de<br />
programas destinados a su atención, prevención y defensa, por medio de las<br />
instituciones gubernamentales y sociales que conforman el Sistema Nacional<br />
de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.<br />
ARTÍCULO 169.- Sistema de Protección Integral de los Derechos de la Niñez<br />
El Sistema de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la<br />
Adolescencia estará conformado por las siguientes organizaciones:<br />
a) El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia.<br />
b) Las instituciones gubernamentales y organizaciones de la<br />
sociedad civil representadas ante el Consejo de la Niñez.<br />
c) Las Juntas de Protección de la Infancia.<br />
d) Los Comités tutelares de los derechos de la niñez y la<br />
adolescencia.<br />
CAPÍTULO II<br />
CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA<br />
ARTÍCULO 170.- Creación<br />
Créase el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, adscrito al<br />
Poder Ejecutivo, como espacio de deliberación, concertación y coordinación<br />
entre el Poder Ejecutivo, las instituciones descentralizadas del Estado y<br />
las organizaciones representativas de la comunidad relacionadas con la<br />
materia.<br />
El Consejo tendrá como competencia asegurar que la formulación y<br />
ejecución de las políticas públicas estén conformes con la política de<br />
protección integral de los derechos de las personas menores de edad, en el<br />
marco de este Código y de acuerdo con los principios aquí establecidos.<br />
Las instituciones gubernamentales que integran el Consejo conservarán<br />
las competencias constitucionales y legales propias.<br />
ARTÍCULO 171.- Funciones<br />
El Consejo tendrá las siguientes funciones:<br />
a) Coordinar la acción interinstitucional e intersectorial en la<br />
formulación de las políticas y la ejecución de los programas de<br />
prevención, atención y defensa de los derechos de las personas menores<br />
de edad.<br />
b) Conocer y analizar los planes anuales operativos de cada una de<br />
las instituciones públicas miembros del Consejo, con el fin de vigilar<br />
que al formularlos se considere el interés superior de las personas<br />
menores de edad.<br />
c) Conocer y analizar los informes de seguimiento y evaluación<br />
elaborados por el Patronato Nacional de la Infancia, en cumplimiento<br />
del inciso d) del artículo 4 de su Ley Orgánica.<br />
d) Evaluar los informes presentados por el Patronato Nacional de la<br />
Infancia y emitir las recomendaciones pertinentes a las instituciones<br />
que correspondan y divulgarlos por los medios más apropiados.<br />
e) Someter a discusión nacional el estado anual de los derechos de<br />
la niñez y la adolescencia. Este estudio y los resultados de su<br />
discusión y consulta deberán ser tomados en cuenta por las<br />
instituciones, en sus actividades de planificación anual.<br />
f) Conocer y aprobar los informes de las comisiones especiales de<br />
trabajo, que se constituyan en él y emitir las recomendaciones<br />
necesarias para las instituciones pertinentes.<br />
g) Solicitar la asistencia técnica y financiera de organismos<br />
nacionales e internacionales de cooperación.<br />
h) Promover convenios de cooperación entre las instituciones<br />
públicas o entre estas y las privadas para el mejor cumplimiento de los<br />
acuerdos adoptados.<br />
i) Dictar los reglamentos internos para funcionar.<br />
ARTÍCULO 172.- Integración<br />
El Consejo estará integrado así:<br />
a) Un representante de cada uno de los siguientes ministerios:<br />
Educación Pública; Salud Pública; Cultura, Juventud y Deportes; Trabajo<br />
y Seguridad Social; Justicia y Gracia; Seguridad Pública; Planificación<br />
Nacional y Política Económica.<br />
b) Un representante de cada una de las siguientes instituciones<br />
autónomas: el Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto Mixto de<br />
Ayuda Social, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto<br />
Nacional de Aprendizaje.<br />
c) Un representante único del sector formado por las asociaciones,<br />
fundaciones u organizaciones no gubernamentales, dedicadas a la<br />
atención y asistencia de las personas menores de edad.<br />
d) Un representante único del sector formado por las asociaciones,<br />
fundaciones o cualquier otra organización no gubernamental, dedicadas a<br />
la promoción y defensa de los derechos de esta población.<br />
e) Un representante único de las cámaras empresariales.<br />
f) Un representante único de las organizaciones laborales.<br />
g) Un representante del Instituto Nacional de las Mujeres.<br />
h) Un representante del Consejo Nacional de Rectores.<br />
(Así adicionados los incisos g) y h) por el artículo 5º de la Ley Nº 8101,<br />
de 16 de abril de 2001.)<br />
Los miembros del Consejo, formalmente designados, tendrán capacidad<br />
de deliberación y decisión sobre los asuntos que les corresponda conocer en<br />
dicho órgano.<br />
ARTÍCULO 173.- Nombramiento de miembros<br />
Los miembros del Consejo serán nombrados por el Presidente de la<br />
República. Los de las organizaciones sociales mencionadas en el artículo<br />
anterior, serán designados con base en las ternas que para tal efecto<br />
deberá remitir cada sector a la Presidencia de la República, durante el<br />
primer mes del ejercicio del Gobierno. Cada sector determinará el<br />
procedimiento para elaborar la terna respectiva.<br />
ARTÍCULO 174.- Representantes gubernamentales<br />
Los representantes gubernamentales ante el Consejo serán funcionarios<br />
de confianza y podrán ser removidos de sus cargos, en cualquier momento,<br />
por el Presidente de la República. Los representantes de las<br />
organizaciones de la comunidad serán designados por un período de tres años<br />
y podrán ser reelegidos. La participación en este Consejo será ad honorem.<br />
ARTÍCULO 175.- Organización interna del Consejo<br />
Cada año, el Consejo elegirá de su seno, a un presidente y un<br />
vicepresidente, quien lo sustituirá durante sus ausencias. Ambos podrán<br />
ser reelegidos en sus cargos por un período igual.<br />
ARTÍCULO 176.- Comisiones especiales de trabajo<br />
El Consejo podrá constituir en su seno el funcionamiento de<br />
comisiones especiales de trabajo, permanentes o temporales, con fines<br />
específicos y participación de representantes de otras entidades públicas y<br />
organizaciones no gubernamentales y podrá autorizar su funcionamiento.<br />
ARTÍCULO 177.- Sesiones del Consejo<br />
El Consejo sesionará ordinariamente una vez por mes y, en forma<br />
extraordinaria, cuando sea convocado por su presidente, a solicitud de una<br />
tercera parte de la totalidad de los miembros. El Consejo sesionará con un<br />
mínimo de ocho integrantes.<br />
ARTÍCULO 178.- Funciones de la secretaría técnica<br />
El Consejo contará con una secretaría técnica, cuyas funciones serán:<br />
a) Preparar un estudio sobre los informes de seguimiento y<br />
evaluación sometidos a la consideración del Consejo.<br />
b) Ejecutar, dar seguimiento y vigilar el cumplimiento de los<br />
acuerdos adoptados por el Consejo.<br />
c) Formular un estudio anual sobre el estado de los derechos de la<br />
niñez y la adolescencia. Para realizarlo, gestionará la participación<br />
de otras instituciones dedicadas al estudio de esta materia, en<br />
especial las universidades.<br />
CAPÍTULO III<br />
JUNTAS DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA<br />
ARTÍCULO 179.- Integración y actuación<br />
Las Juntas de Protección a la Niñez y la Adolescencia, adscritas al<br />
Patronato Nacional de la Infancia, conformarán el Sistema Nacional de<br />
Protección Integral y actuarán como órganos locales de coordinación y<br />
adecuación de las políticas públicas sobre la materia.<br />
Además de los integrantes señalados en la Ley Orgánica de la<br />
Institución, cada Junta contará con un representante de la población<br />
adolescente de la comunidad, quien deberá ser mayor de quince años y<br />
actuará con voz y voto. Las reglas para nombrarlo se establecerán en el<br />
reglamento respectivo.<br />
ARTÍCULO 180.- Otras funciones<br />
Además de las funciones específicas señaladas en la Ley Orgánica del<br />
Patronato Nacional de la Infancia, las Juntas de Protección deberán:<br />
a) Promover el respeto a los derechos de las personas menores de<br />
edad de la comunidad por parte de las instituciones, públicas y<br />
privadas, ejecutora de programas y proyectos de atención, prevención y<br />
defensa de derechos; así como el respeto a las garantías procesales que<br />
les correspondan en los procedimientos administrativos en que sean<br />
parte.<br />
b) Conocer de los informes que deberán remitirle trimestralmente<br />
las oficinas locales del Patronato Nacional de la Infancia, relativos a<br />
la situación de niños y adolescentes a partir de los casos atendidos y<br />
los programas desarrollados por ellas. Deberán evaluar dichos informes,<br />
emitir recomendaciones y divulgarlas en la comunidad respectiva, por<br />
medio de publicaciones, actividades públicas y otros medios que se<br />
consideren apropiados.<br />
c) Emitir las recomendaciones y sugerencias que estime necesarias<br />
para garantizar el respeto a los derechos de niños y adolescentes,<br />
tanto a entidades públicas como privadas locales, como a particulares<br />
que ejecutan programas y proyectos de atención y defensa.<br />
CAPÍTULO IV<br />
COMITÉS TUTELARES<br />
DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA<br />
ARTÍCULO 181.- Creación<br />
Créanse los comités tutelares de los derechos de la niñez y la<br />
adolescencia, como órganos de las asociaciones de desarrollo comunal, que<br />
funcionarán en el marco de la Ley sobre el desarrollo de la comunidad, No.<br />
3859, de 7 de abril de 1967, con los siguientes fines:<br />
a) Colaborar con la asociación de desarrollo, en la atención de la<br />
materia relativa a las personas menores de edad.<br />
b) Velar en su comunidad por los derechos y las garantías de esta<br />
población.<br />
c) Funcionar como centro de mediación en la resolución de<br />
conflictos en esta materia, conforme a los procedimientos establecidos<br />
en el capítulo III del título III de este Código.<br />
ARTÍCULO 182.- Integración<br />
Los comités tutelares estarán integrados por un número de tres o<br />
cinco miembros, según lo disponga la asamblea de la asociación de<br />
desarrollo, que cada año realizará el nombramiento respectivo. El cargo<br />
será ad honorem.<br />
ARTÍCULO 183.- Financiamiento<br />
La constitución y el funcionamiento de estos comités tutelares podrán<br />
contar con financiamiento a cargo del Fondo para la niñez y la<br />
adolescencia.<br />
CAPÍTULO V<br />
FONDO PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA<br />
ARTÍCULO 184.- Creación<br />
Créase el Fondo para la niñez y la adolescencia, que tendrá como<br />
objetivo financiar, en favor de las personas menores de edad, proyectos que<br />
desarrollen acciones de protección integral de base comunitaria, y de<br />
ejecución exclusivamente comunitaria e interinstitucional.<br />
ARTÍCULO 185.- Constitución<br />
Para constituir el Fondo creado en el artículo anterior, se destinará<br />
como mínimo una octava parte (0,5%) del cuatro por ciento (4%) de los<br />
recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares asignados<br />
al Patronato Nacional de la Infancia por la Ley No. 7648, de 9 de diciembre<br />
de 1996. El Fondo para la niñez y la adolescencia se manejará mediante una<br />
cuenta especial y no podrá ser destinado a otros fines ni ser utilizado<br />
para gastos administrativos.<br />
ARTÍCULO 186.- Funciones de la Junta Directiva relativas al Fondo<br />
En relación con el Fondo, corresponden a la Junta Directiva del<br />
Patronato Nacional de la Infancia, las siguientes funciones:<br />
a) Promover la formulación de proyectos de base y ejecución<br />
comunitaria para la protección integral de las personas menores de<br />
edad.<br />
b) Conocer y aprobar los proyectos que se le presenten.<br />
c) Emitir las directrices para manejar el fondo y los requisitos de<br />
los proyectos.<br />
d) Fiscalizar el manejo de los recursos y el desarrollo y la<br />
ejecución de los proyectos.<br />
e) Informar semestralmente al Consejo Nacional de la Niñez y la<br />
Adolescencia sobre la inversión de los recursos del Fondo.<br />
f) Las demás funciones que se requieran para cumplir con sus<br />
atribuciones.<br />
ARTÍCULO 187.- Funciones de las Juntas con relación al Fondo<br />
En relación con el fondo corresponderá a las Juntas de Protección a<br />
la Niñez y la Adolescencia:<br />
a) Promover en la comunidad, la formulación de proyectos especiales<br />
de apoyo a los derechos de las personas menores de edad.<br />
b) Canalizar y recomendar los proyectos especiales de protección<br />
integral de la comunidad a la Junta Directiva del Patronato Nacional de<br />
la Infancia.<br />
c) Vigilar la ejecución de los proyectos especiales financiados por<br />
el Fondo para la niñez y la adolescencia.<br />
TÍTULO V<br />
DISPOSICIONES FINALES<br />
CAPÍTULO I<br />
SANCIONES<br />
ARTÍCULO 188.- Faltas de funcionarios públicos<br />
Las violaciones en que incurran los funcionarios públicos por acción<br />
u omisión de las disposiciones contenidas en los artículos 27, 32, 35, 41,<br />
43, 46, 49, 50, 55, 56, 59, 60, 63, 67, 68, 69, 121, 122, y 123 se<br />
considerarán faltas graves.<br />
ARTÍCULO 189.- Procedimientos disciplinarios<br />
Presentada la queja contra un funcionario público, el superior<br />
jerárquico deberá aplicar el procedimiento disciplinario contenido en el<br />
numeral 211 de la Ley General de la Administración Pública o las medidas<br />
correspondientes del régimen al que pertenezca la persona denunciada, sin<br />
perjuicio de las sanciones pecuniarias que imponga el juez competente según<br />
los montos establecidos en el artículo siguiente.<br />
La aplicación de estas medidas deberá ser inmediata, para evitar que<br />
la sanción prescriba, bajo pena de incurrir el superior jerárquico en el<br />
delito de incumplimiento de deberes, si omitiere aplicarla. Si se<br />
constatare que el funcionario reincide en su falta, corresponderá el<br />
despido.<br />
ARTÍCULO 190.- Infracciones de particulares<br />
La infracción de las disposiciones de los artículos 27, 35, 43, 45,<br />
49, 50, 55, 56, 59, 60, 63, 64, 68 y 69 en que incurran los particulares,<br />
acarreará, además de la medida que el juez adopte, una multa según la<br />
siguiente regulación:<br />
a) El monto equivalente a tres salarios de oficinista 1, cuando una<br />
disposición se infrinja por primera vez.<br />
b) El monto equivalente a cinco salarios de oficinista 1, cuando el<br />
funcionario reincida en la infracción por la cual había sido<br />
sancionado.<br />
Cuando la infracción sea cometida en un establecimiento privado, este<br />
es solidariamente responsable de las consecuencias civiles del hecho.<br />
ARTÍCULO 191.- Imposición de sanciones<br />
Constatada la infracción en la que se ha incurrido, la sanción<br />
impuesta por el juez de acuerdo con el artículo anterior se establecerá<br />
dentro de la sentencia respectiva, en el proceso contencioso, o en la<br />
resolución definitiva, en los demás procesos.<br />
ARTÍCULO 192.- Destino de las multas<br />
Los montos que se recauden por las multas aplicadas deberán<br />
depositarse a favor del Fondo para la niñez y la adolescencia.<br />
Las multas que se impongan como consecuencia de la infracción de este<br />
Código se cancelarán en algunos de los bancos autorizados del Sistema<br />
Bancario Nacional.<br />
ARTÍCULO 193.- Comprobante de pago<br />
La oficina bancaria extenderá un comprobante de pago, en el cual se<br />
indicará el nombre del depositante, el número de expediente judicial al que<br />
corresponde la cancelación, el monto del depósito y el nombre y número de<br />
cuenta del Fondo para la niñez y la adolescencia. Los bancos estarán<br />
obligados a enviar una copia del comprobante de pago al Patronato Nacional<br />
de la Infancia, para los efectos de control contable.<br />
ARTÍCULO 194.- Multas y recargos por mora<br />
Las multas deberán ser canceladas dentro de los ocho días hábiles<br />
posteriores a la notificación de la sentencia firme. Si no fueren<br />
canceladas dentro del plazo establecido, tendrán un recargo por mora del<br />
tres por ciento (3%) mensual sobre el monto original, hasta un máximo del<br />
treinta y seis por ciento (36%), lo cual deberá ser advertido por el juez,<br />
en la sentencia condenatoria y podrá iniciarse, de oficio, el proceso de<br />
ejecución.<br />
CAPÍTULO II<br />
DISPOSICIONES TRANSITORIAS<br />
TRANSITORIO I.- Los asuntos judiciales y administrativos pendientes de<br />
resolución en el momento de entrar en vigencia esta ley, continuarán<br />
tramitándose de acuerdo con las disposiciones procesales vigentes a su<br />
inicio. En todo caso, las autoridades judiciales y administrativas<br />
procurarán aplicar los principios y las nuevas reglas dispuestas en este<br />
Código, en lo que beneficie a la persona menor de edad.<br />
TRANSITORIO II.- El Poder Judicial instalará en el menor plazo posible, los<br />
equipos disciplinarios adscritos a los juzgados de familia y demás órganos<br />
judiciales que conozcan de los asuntos relativos a las personas menores de<br />
edad. Después de los primeros seis meses contados a partir de la entrada<br />
en vigencia de esta ley, deberá contarse, como mínimo, con un equipo<br />
interdisciplinario exclusivo para atender a esta población y prestar apoyo<br />
a las autoridades judiciales que lo requieran. Asimismo, procurará<br />
fortalecer, los juzgados de familia, con personal especializado en personas<br />
menores de edad y designará, con carácter preferente, un juzgado de<br />
familia, de niñez y adolescencia, en la provincia de San José.<br />
TRANSITORIO III.- En un plazo máximo de un año contado a partir de la<br />
vigencia de esta ley, el Patronato Nacional de la Infancia reorganizará sus<br />
oficinas locales e instalará las juntas de protección a la niñez y la<br />
adolescencia, en todos los lugares donde estén ubicadas.<br />
En el mismo plazo, deberán nombrarse los Comités Tutelares de los<br />
Derechos de la Niñez y la Adolescencia en las asociaciones de desarrollo<br />
comunal.<br />
TRANSITORIO IV.- Corresponderá al Patronato Nacional de la Infancia adoptar<br />
las previsiones presupuestarias y administrativas para la constitución y el<br />
funcionamiento del Fondo para la niñez y la adolescencia, en un plazo<br />
máximo de seis meses contados a partir de la publicación de esta ley.<br />
TRANSITORIO V.- El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia será<br />
designado y entrará en funciones, en un plazo máximo de tres meses contados<br />
a partir de la vigencia de esta ley.<br />
TRANSITORIO VI.- Los adolescentes menores de quince años que estén<br />
laborando al entrar en vigencia esta ley, podrán continuar trabajando, sin<br />
que el patrono incurra en las responsabilidades aquí previstas, siempre que<br />
el patrono comunique la situación al Ministerio de Trabajo y Seguridad<br />
Social dentro del plazo máximo de un mes.<br />
El Ministerio de Trabajo llevará un registro de casos y les dará<br />
seguimiento especial en cuanto a la protección de los derechos del<br />
adolescente hasta que alcance la edad mínima para trabajar, de acuerdo con<br />
el artículo 96 de este Código.<br />
ARTÍCULO 195.- Orden público<br />
Esta ley es de orden público.<br />
Rige a partir de su publicación.<br />
COMISIÓN LEGISLATIVA PLENA SEGUNDA.- San José, a los tres días del mes de<br />
diciembre de mil novecientos noventa y siete.<br />
Luis Ant. Martínez Ramírez<br />
Gerardo Fuentes González<br />
PRESIDENTE<br />
SECRETARIO<br />
Asamblea Legislativa.- San José, a los once días del mes de diciembre<br />
de mil novecientos noventa y siete.<br />
Comunícase al Poder Ejecutivo<br />
Saúl Weisleder Weisleder<br />
PRESIDENTE<br />
Mario Álvarez González<br />
Carmen Valverde Acosta<br />
PRIMER SECRETARIO SEGUNDA<br />
PROSECRETARIO<br />
Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los seis días<br />
del mes de enero de mil novecientos noventa y ocho.<br />
Ejecútese y publíquese<br />
José María Figueres Olsen<br />
Los Ministros de Trabajo y Seguridad<br />
Social, Dr. Farid Ayales y Gobernación y<br />
Policía Msc. Laura Chinchilla Miranda.<br />
_____________________________<br />
Actualizada al: 04 de mayo de 2001<br />
Sanción: 06 de enero de 1998.<br />
Publicación: 06 de febrero de 1998.<br />
Rige a partir de su publicación.<br />
(2ª Revisión RZC. - SSB.)<br />
(1ª Revisión: 8 de julio de 1999. GVQ.)
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