No. 7728<br />
LEY DE REORGANIZACIÓN JUDICIAL<br />
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA<br />
DECRETA:<br />
REFORMAS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL<br />
CAPÍTULO I<br />
ARTÍCULO 1.- Reforma del título I<br />
Refórmanse los artículos 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 19, 27, 29, 32,<br />
35, 45, 46 y 47, del título primero "Disposiciones Generales", de la Ley<br />
Orgánica del Poder Judicial,<br />
No. 8, de 29 de noviembre de 1937. Los textos dirán:<br />
"Artículo 1.-La Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales que la<br />
ley establezca ejercen el Poder Judicial.<br />
Corresponde al Poder Judicial, además de las funciones que la<br />
Constitución Política le señala, conocer de los procesos civiles,<br />
penales, penales juveniles, comerciales, de trabajo, contencioso-<br />
administrativos y civiles de hacienda, de familia, agrarios y<br />
constitucionales, así como de los otros que determine la ley; resolver<br />
definitivamente sobre ellos y ejecutar las resoluciones que pronuncie,<br />
con la ayuda de la fuerza pública si fuere necesario.<br />
Artículo 2.- El Poder Judicial sólo está sometido a la Constitución<br />
Política y la ley. Las resoluciones que dicte, en los asuntos de su<br />
competencia, no le imponen más responsabilidades que las expresamente<br />
señaladas por los preceptos legislativos.<br />
No obstante, la autoridad superior de la Corte prevalecerá sobre su<br />
desempeño, para garantizar que la administración de justicia sea pronta<br />
y cumplida.<br />
Artículo 3.- Administran la justicia:<br />
1.- Juzgados y tribunales de menor cuantía, contravencionales y de<br />
asuntos sumarios.<br />
2.- Juzgados de primera instancia y penales.<br />
3.- Tribunales colegiados.<br />
4.- Tribunales de casación.<br />
5.- Salas de la Corte Suprema de Justicia.<br />
6.- Corte Plena.<br />
La Corte Suprema de Justicia establecerá el número de jueces<br />
tramitadores y decisores, así como de los otros servidores judiciales<br />
que deben tener los tribunales de cualquier categoría y materia; para<br />
ello, tomará en consideración las necesidades propias del despacho, en<br />
aras de la mejor realización del servicio público de la justicia.<br />
Cuando en un tribunal existan dos o más jueces, el coordinador del<br />
órgano será elegido internamente por sus iguales.<br />
Si los despachos jurisdiccionales se organizaren en un circuito<br />
judicial, los jueces nombrarán entre ellos al coordinador general.<br />
El juez que conozca de un proceso tendrá la facultad de ordenar lo<br />
que corresponda, para el cumplimiento de sus funciones y, en cada<br />
asunto, tendrá la potestad de ejercer el régimen disciplinario. En los<br />
demás casos, esa potestad le corresponde al cuerpo de jueces y los<br />
acuerdos se tomarán por mayoría; si hubiere empate, el coordinador<br />
tendrá doble voto.<br />
En las resoluciones y las actuaciones, deberán consignarse el<br />
nombre y los apellidos del funcionario a cargo del proceso.<br />
Los tribunales colegiados estarán conformados por el número de<br />
jueces que se requieran para el buen servicio público y actuarán<br />
individualmente o en colegios de tres de ellos, salvo que la ley<br />
disponga otra forma de integración.<br />
El coordinador distribuirá la carga de trabajo, aplicando los<br />
criterios que hayan fijado los jueces con anterioridad y buscando<br />
siempre la mayor equidad. Cuando no se pongan de acuerdo, el Consejo<br />
Superior del Poder Judicial o la Corte Suprema de Justicia, según<br />
corresponda, fijará las reglas."<br />
"Artículo 7.- Para ejecutar resoluciones o practicar las actuaciones<br />
que ordenen, los tribunales podrán requerir el auxilio de la fuerza<br />
pública y de los otros medios de acción conducentes.<br />
Los particulares quedan obligados a prestar el auxilio que se les<br />
solicite y que puedan dar.<br />
Artículo 8.- Los funcionarios que administran justicia no podrán:<br />
1.- Aplicar leyes ni otras normas o actos de cualquier naturaleza,<br />
contrarios a la Constitución Política o al derecho internacional o<br />
comunitario vigentes en el país.<br />
Si tuvieren duda sobre la constitucionalidad de esas normas<br />
o actos, necesariamente deberán consultar ante la jurisdicción<br />
constitucional.<br />
Tampoco podrán interpretarlos ni aplicarlos de manera<br />
contraria a los precedentes o la jurisprudencia de la Sala<br />
Constitucional.<br />
2.- Aplicar decretos, reglamentos, acuerdos y otras disposiciones<br />
contrarias a cualquier otra norma de rango superior.<br />
3.- Expresar y aun insinuar privadamente su opinión respecto de los<br />
asuntos que están llamados a fallar o conocer.<br />
Aparte de la sanción disciplinaria que se impondrá al<br />
funcionario, el hecho deberá ser puesto en conocimiento del<br />
Ministerio Público.<br />
4.- Comprometer u ofrecer su voto, o insinuar que acogerán esta o<br />
aquella otra designación al realizar nombramientos administrativos<br />
o judiciales. Se sancionará con suspensión a quien se compruebe ha<br />
violado esta prohibición.<br />
Las prohibiciones establecidas en los incisos 3) y 4) son<br />
aplicables a todos los servidores judiciales, en el ejercicio de sus<br />
funciones.<br />
Artículo 9.- Se prohíbe a todos los funcionarios y empleados del Poder<br />
Judicial:<br />
1.- Ejercer, fuera del Poder Judicial, la profesión por la que<br />
fueron nombrados, con derecho a recibir por ello, en los casos en<br />
que legalmente corresponda, pago por dedicación exclusiva o<br />
prohibición, aunque estén con licencia, salvo en los casos de<br />
excepción que esta Ley indica.<br />
La prohibición a que se refiere este inciso no será<br />
aplicable a los profesionales que la Corte autorice, siempre que no<br />
haya superposición horaria y no se desempeñen como administradores<br />
de justicia o sus asesores, fiscales o defensores públicos, jefes<br />
de oficina, ni en otros cargos en que la Corte lo considere<br />
inconveniente. Los profesionales autorizados no percibirán<br />
sobresueldo por dedicación exclusiva ni por prohibición; tampoco<br />
podrán reingresar a ninguno de estos regímenes.<br />
2.- Facilitar o coadyuvar, en cualquier forma, para que personas no<br />
autorizadas por la ley ejerzan la abogacía, o suministrarles a<br />
estas datos o consejos, mostrarles expedientes, documentos u otras<br />
piezas.<br />
Será destituido de su cargo, el funcionario o empleado que<br />
incumpla lo establecido en los incisos 1) y 2) de este artículo.<br />
3.- Desempeñar cualquier otro empleo público. Esta prohibición no<br />
comprende los casos exceptuados en la ley ni el cargo de profesor<br />
en escuelas universitarias, siempre que el Consejo Superior del<br />
Poder Judicial así lo autorice y las horas lectivas que deba<br />
impartir, en horas laborales, no excedan de cinco por semana.<br />
4.- Dirigir felicitaciones o censura por actos públicos, a<br />
funcionarios y corporaciones oficiales. Se exceptúan los asuntos<br />
en que intervengan, en defensa de intereses legítimos y derechos<br />
subjetivos y en los casos en que la ley lo permita.<br />
5.- Cualquier participación en procesos políticos electorales,<br />
salvo la emisión de su voto en elecciones generales.<br />
6.- Tomar parte activa en reuniones, manifestaciones y otros actos<br />
de carácter político electoral o partidista, aunque sean permitidos<br />
a los demás ciudadanos.<br />
7.- Interesarse indebidamente y de cualquier modo, en asuntos<br />
pendientes ante los tribunales, o externar su parecer sobre ellos.<br />
8.- Servir como peritos en asuntos sometidos a los tribunales,<br />
salvo si han sido nombrados de común acuerdo por todas las partes o<br />
en causas penales, o si deben cumplir esa función por imperativo<br />
legal. En ningún caso, podrán recibir pago por el peritaje<br />
rendido.<br />
9.- Recibir cualquier tipo de remuneración de los interesados en un<br />
proceso, por actividades relacionadas con el ejercicio del cargo.<br />
Los servidores que incurran en los hechos señalados en este<br />
artículo serán corregidos disciplinariamente, según la gravedad de la<br />
acción, con una de las sanciones establecidas en el artículo 195 de la<br />
presente Ley.<br />
Las prohibiciones a las que se refieren los incisos 1) y 3) no son<br />
aplicables a los servidores que no se desempeñen a tiempo completo."<br />
"Artículo 11.- Todo servidor judicial deberá prestar el juramento<br />
requerido por la Constitución Política y en los casos que la ley<br />
señala. Prestado el juramento, queda autorizado para tomar posesión<br />
del cargo y gozará de un término de hasta quince días para rendir<br />
caución, con excepción de los Magistrados, quienes deberán rendirla<br />
previamente.<br />
Los Magistrados prestarán el juramento ante la Asamblea<br />
Legislativa. Los miembros del Consejo Superior del Poder Judicial, los<br />
jueces y sus respectivos suplentes, los Inspectores Judiciales, el<br />
Fiscal General de la República, el Director y el Subdirector del<br />
Organismo de Investigación Judicial, el Jefe y el Subjefe de la Defensa<br />
Pública, el Director Ejecutivo, el Auditor, el Secretario General de la<br />
Corte y los miembros de consejos o comisiones que nombre la Corte<br />
Suprema de Justicia o el Consejo Superior del Poder Judicial, prestarán<br />
el juramento ante el Presidente de la Corte. Los jueces de menor<br />
cuantía y contravencionales, así como sus suplentes y los árbitros,<br />
ante el juez civil de la provincia o del circuito judicial respectivo;<br />
los demás servidores subalternos de los tribunales o los departamentos<br />
administrativos, ante el superior jerárquico respectivo.<br />
Los miembros del Ministerio Público prestarán juramento ante el<br />
Fiscal General; los servidores de la Defensa Pública, ante el jefe; los<br />
servidores del Organismo de Investigación Judicial, ante su Director, y<br />
los restantes servidores del Poder Judicial, ante el Director<br />
Ejecutivo.<br />
Todas las juramentaciones se asentarán en un libro que, para tal<br />
efecto, se llevará en el despacho respectivo.<br />
Artículo 12.- Sin perjuicio de los otros requisitos exigidos por la<br />
ley, para ingresar al servicio judicial se requiere estar capacitado,<br />
mental y físicamente, para desempeñar la función, según su naturaleza.<br />
Sin embargo, no podrán ser nombradas las personas contra quienes haya<br />
recaído auto firme de apertura a juicio; tampoco los condenados por<br />
delito a pena de prisión; los que estén sometidos a pena de<br />
inhabilitación para el desempeño de cargos u oficios públicos; ni los<br />
declarados judicialmente en estado de quiebra o insolvencia; los que<br />
habitualmente ingieran bebidas alcohólicas en forma excesiva, consuman<br />
drogas no autorizadas o tengan trastornos graves de conducta, de modo<br />
que puedan afectar la continuidad y la eficiencia del servicio."<br />
"Artículo 19.- Para poder ejercer válidamente los cargos, los<br />
Magistrados deben rendir caución por la suma correspondiente a<br />
veintiocho salarios base. Los miembros del Consejo Superior del Poder<br />
Judicial, el Director Ejecutivo, el Subdirector Ejecutivo, el Auditor,<br />
el Jefe y Subjefe de los Departamentos Financiero Contable y de<br />
Proveeduría, los jefes de las Secciones de Tesorería y de Almacén, y<br />
los jefes y encargados de las unidades administrativas regionales y<br />
subregionales, la rendirán por catorce salarios base; los jueces de<br />
casación y los jueces del Tribunal Colegiado, por siete salarios base;<br />
los jueces, por cuatro salarios base y todos los demás servidores del<br />
Poder Judicial, que por ley deban rendir garantía, por tres salarios<br />
base. Esta disposición no comprende a los suplentes ni a los interinos<br />
que sustituyan a un servidor judicial por un tiempo menor de tres<br />
meses.<br />
Para los efectos de este artículo, se entenderá por salario base el<br />
salario base mensual del oficinista 1 del Poder Judicial, de acuerdo<br />
con la relación de puestos de la Ley de Presupuesto Ordinario de la<br />
República.<br />
En caso de traslado o permuta de servidores judiciales de la misma<br />
categoría, las cauciones rendidas serán válidas para el ejercicio de<br />
los nuevos cargos, sin perjuicio de que se ordene completarlas, de ser<br />
necesario. En el documento respectivo, se hará constar que el garante<br />
consiente en que si el servidor se traslada al desempeño de otro cargo<br />
de igual categoría, se tenga por subsistente la garantía para el nuevo<br />
puesto."<br />
"Artículo 27.- Los servidores que desempeñan puestos judiciales serán<br />
suspendidos por las siguientes causas:<br />
1.- Hallarse detenidos preventivamente y mientras dure esa medida.<br />
2.- Haberse dictado contra ellos auto firme de apertura a juicio,<br />
por cualquier delito, doloso o culposo, cometido en ejercicio de<br />
sus funciones. La suspensión se verificará si la Corte Plena o el<br />
Consejo Superior, según corresponda, la considerare conveniente,<br />
por la naturaleza de los hechos atribuidos y para obtener un mejor<br />
servicio público. Para ello, la autoridad judicial que conozca del<br />
asunto, comunicará, a la Corte o al Consejo, lo resuelto en el<br />
procedimiento penal, en el momento procesal en que el auto adquiera<br />
firmeza.<br />
3.- Licencia concedida.<br />
4.- Imposición de la corrección disciplinaria de suspensión.<br />
5.- Separación preventiva."<br />
"Artículo 29.- Cuando, por impedimento, recusación, excusa u otro<br />
motivo, un servidor tenga que separarse del conocimiento de un asunto<br />
determinado, su falta será suplida del modo siguiente:<br />
1.- A los jueces los suplirán otros del mismo lugar, en la forma<br />
que establezca el Presidente de la Corte. Si estos, a su vez,<br />
tampoco pudieren conocer, serán llamados los suplentes respectivos<br />
y, si la causal comprendiere también a los suplentes, deberá<br />
conocer el asunto el titular del despacho en que radica la causa, a<br />
pesar de la causal que le inhibe y sin responsabilidad<br />
disciplinaria por ese motivo.<br />
2.- Los Magistrados, por los suplentes llamados al efecto. Los<br />
miembros de los tribunales colegiados se suplirán unos a otros y,<br />
en caso de que a todos o a la mayoría les cubra la causal, por sus<br />
suplentes. Cuando la causal cubra a propietarios y suplentes, el<br />
caso deberá ser conocido por los propietarios, no obstante la<br />
causal y sin responsabilidad disciplinaria respecto de ellos.<br />
3.- Los demás servidores serán suplidos por otros del mismo<br />
despacho y de igual categoría; si no los hubiere, por el inferior<br />
inmediato y a falta de estos se designará a un servidor para el<br />
caso."<br />
"Artículo 32.- Las faltas temporales se llenarán del modo siguiente:<br />
1.- Las del Presidente de la Corte, por el Vicepresidente o el<br />
Magistrado que la Corte designe; las de los presidentes de las<br />
Salas, por el Magistrado con mayor tiempo de servicio en el<br />
respectivo tribunal o, en igualdad de tiempo, por el de título más<br />
antiguo en el Catálogo del Colegio de Abogados. Esta última regla<br />
se aplicará en los Tribunales Superiores o en cualquier otro<br />
tribunal colegiado.<br />
2.- Las de los demás Magistrados, por Magistrados suplentes,<br />
escogidos en sorteo por el Presidente de la Corte. Si el número de<br />
suplentes fuere insuficiente, se pedirá a la Asamblea Legislativa<br />
que, siguiendo el procedimiento para la selección de Magistrados<br />
suplentes, designe los que resulten necesarios para el caso.<br />
3.- Las de los miembros del Consejo Superior del Poder Judicial,<br />
por sus suplentes.<br />
4.- Las de los jueces, por los suplentes, cuando sea necesaria la<br />
sustitución.<br />
Los suplentes deben reunir los mismos requisitos que los<br />
propietarios."<br />
"Artículo 35.- En los casos de falta absoluta de jueces el órgano<br />
competente podrá demorar el nombramiento definitivo hasta por tres<br />
meses, mientras tanto llamará al suplente respectivo al ejercicio de<br />
las funciones o nombrará un sustituto en forma interina."<br />
"Artículo 45.- La Corte Plena determinará, mediante acuerdo, los<br />
distintivos personales y los vehículos que puedan usar, exclusivamente,<br />
los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El Consejo Superior<br />
del Poder Judicial lo hará respecto de sus propios miembros, los<br />
inspectores judiciales, el Secretario General de la Corte, los jueces,<br />
los defensores públicos y los miembros del Organismo de Investigación<br />
Judicial, y lo comunicará al Poder Ejecutivo, para que las autoridades<br />
dependientes de ese otro Poder les guarden las consideraciones propias<br />
de su posición y les faciliten el ejercicio de sus funciones. Asimismo,<br />
el Consejo determinará los distintivos que se usarán en todos los demás<br />
vehículos del Poder Judicial.<br />
Artículo 46.- Los acuerdos y las disposiciones de la Corte relativas al<br />
establecimiento y la definición de una circunscripción territorial, o<br />
los que conciernan al recargo de competencias, el traslado y la<br />
conversión de despachos judiciales y de cargos o puestos, deberán<br />
fundamentarse en la ineludible eficiencia del servicio, la<br />
especialización de los órganos judiciales y de los tribunales<br />
jurisdiccionales y la equidad necesaria de las cargas de trabajo.<br />
En razón del volumen de trabajo y la obligada eficiencia del<br />
servicio público de la justicia, la Corte podrá nombrar más integrantes<br />
de los tribunales, en forma temporal o definitiva; también podrá abrir<br />
y cerrar -por esas mismas razones- nuevas oficinas y órganos adscritos<br />
a los tribunales, en cualquier lugar del país.<br />
En los tribunales mixtos, la Corte podrá dividir funciones por<br />
materia, de manera que se especialicen los servicios de administración<br />
de justicia. Cuando las necesidades del servicio lo impongan, la Corte<br />
podrá dividir un tribunal mixto en tribunales especializados.<br />
Cuando la carga de trabajo no amerite abrir otro órgano<br />
jurisdiccional ni judicial, la Corte o el Consejo podrán asignar jueces<br />
y otros servidores itinerantes, para que se trasladen a los lugares<br />
donde deba brindarse el servicio con mayor eficiencia.<br />
Artículo 47.- Quienes laboran en el Poder Judicial se denominan,<br />
en general, "servidores". Sin embargo, cuando esta Ley se refiere a<br />
"funcionarios que administran justicia" ha de entenderse por tales a<br />
los magistrados y jueces; el término "funcionarios" alude a los que,<br />
fuera de los antes mencionados, tengan atribuciones, potestades y<br />
responsabilidades propias, determinadas en esta Ley y por "empleados",<br />
a todas las demás personas que desempeñen puestos, remunerados por el<br />
sistema de sueldos.<br />
Las prohibiciones establecidas en esta ley se aplicarán tanto a los<br />
servidores judiciales nombrados en propiedad como a los interinos,<br />
salvo disposición legal en contrario. Cuando esta ley mencione "Corte"<br />
habrá de entenderse Corte Suprema de Justicia o Corte Plena y cuando,<br />
en los códigos procesales, se hable de "Ley Orgánica", sin<br />
especificación alguna, se alude a la presente ley; además, las<br />
menciones del "Consejo", deberán entenderse como Consejo Superior del<br />
Poder Judicial."<br />
ARTÍCULO 2.- Reforma del título II<br />
Refórmanse los artículos 55, 56 y 59, del título II "De la<br />
estructura y organización de la Corte Suprema de Justicia", de la Ley<br />
Orgánica del Poder Judicial, No. 8, de 29 de noviembre de 1937. Los textos<br />
dirán:<br />
"Artículo 55.- La Sala Segunda conocerá:<br />
1.- De los recursos de casación y revisión que procedan, con<br />
arreglo a la ley, en juicios ordinarios o abreviados de familia o<br />
de derecho sucesorio y en juicios universales, o en las ejecuciones<br />
de sentencia en que el recurso no sea del conocimiento de la Sala<br />
Primera.<br />
2.- De la tercera instancia rogada en asuntos de la jurisdicción de<br />
trabajo, cuando el recurso tenga cabida de conformidad con la ley.<br />
3.- De las demandas de responsabilidad civil contra los jueces<br />
integrantes de los tribunales colegiados de cualquier materia,<br />
excepto los de trabajo de menor cuantía.<br />
4.- De las cuestiones de competencia que se susciten en asuntos de<br />
la jurisdicción laboral, cuando no corresponda resolverlos a otros<br />
tribunales de esa materia.<br />
5.- De las competencias entre jueces civiles que pertenezcan a la<br />
circunscripción de tribunales colegiados de diferente territorio,<br />
en cualquier clase de asuntos, cuando no corresponda resolver la<br />
cuestión a la Sala Primera.<br />
Artículo 56.- La Sala Tercera conocerá:<br />
1.- De los recursos de casación y revisión en materia penal,<br />
que no sean de competencia del Tribunal de Casación Penal.<br />
2.- De las causas penales contra los miembros de los supremos<br />
poderes y otros funcionarios equiparados.<br />
3.- De los demás asuntos de naturaleza penal que las leyes le<br />
atribuyan."<br />
"Artículo 59.- Corresponde a la Corte Suprema de Justicia:<br />
1.- Informar a los otros Poderes del Estado en los asuntos en que<br />
la Constitución o las leyes determinen que sea consultada, y emitir<br />
su opinión, cuando sea requerida, acerca de los proyectos de<br />
reforma a la legislación codificada o los que afecten la<br />
organización o el funcionamiento del Poder Judicial.<br />
2.- Proponer las reformas legislativas y reglamentarias que juzgue<br />
convenientes para mejorar la administración de justicia.<br />
3.- Aprobar el proyecto de presupuesto del Poder Judicial, el cual,<br />
una vez promulgado por la Asamblea Legislativa, podrá ejecutar por<br />
medio del Consejo.<br />
4.- Nombrar a los miembros propietarios y suplentes del Tribunal<br />
Supremo de Elecciones.<br />
5.- Resolver las competencias que se susciten entre las Salas de la<br />
Corte, excepto lo dispuesto por la ley respecto de la Sala<br />
Constitucional.<br />
6.- Designar, en votación secreta, al Presidente y al<br />
Vicepresidente de la Corte, por períodos de cuatro años y de dos<br />
años, respectivamente, quienes podrán ser reelegidos por períodos<br />
iguales y, si hubiere que reponerlos por cualquier causa, la<br />
persona nombrada lo será por un nuevo período completo. En los<br />
casos de faltas temporales, se procederá en la forma que indica el<br />
inciso 1) del artículo 32.<br />
7.- Promulgar, por iniciativa propia o a propuesta del Consejo<br />
Superior del Poder Judicial, los reglamentos internos de orden y<br />
servicio que estime pertinentes.<br />
8.- Conocer del recurso de casación y del procedimiento de revisión<br />
de las sentencias dictadas por las Salas Segunda y Tercera, cuando<br />
estas actúan como tribunales de juicio o de única instancia.<br />
9.- Nombrar en propiedad a los miembros del Consejo Superior del<br />
Poder Judicial, los inspectores generales del tribunal de la<br />
inspección judicial, los jueces de casación y los de los<br />
tribunales colegiados, el Fiscal General de la República, el<br />
Director y el Subdirector del Organismo de Investigación Judicial;<br />
asimismo, al jefe y al subjefe de la Defensa Pública.<br />
Cuando se trate de funcionarios nombrados por un período<br />
determinado, la Corte deberá realizar el nuevo nombramiento en la<br />
primera sesión ordinaria de diciembre en que termine el período y<br />
los nombrados tomarán posesión el primer día hábil de enero<br />
siguiente.<br />
También le corresponde a la Corte, nombrar a los suplentes<br />
de los funcionarios mencionados en este inciso.<br />
10.- Conocer el informe anual del Consejo Superior del Poder<br />
Judicial.<br />
11.- Avocar el conocimiento y la decisión de los asuntos de<br />
competencia del Consejo Superior del Poder Judicial, cuando así se<br />
disponga en sesión convocada a solicitud de cinco de sus miembros o<br />
de su Presidente, por simple mayoría de la Corte.<br />
Desde que se presenta la solicitud de avocamiento, se<br />
suspende la decisión del asunto por parte del Consejo Superior del<br />
Poder Judicial, mientras la Corte no se pronuncie, sin perjuicio de<br />
las medidas cautelares que disponga la Corte.<br />
La Corte dispondrá de un mes para resolver el asunto que<br />
dispuso avocar ante ella. En tal supuesto, el agotamiento de la<br />
vía administrativa se producirá con la comunicación del acuerdo<br />
final de la Corte. Al disponer el avocamiento, podrá ordenarse<br />
suspender los efectos del acuerdo del Consejo.<br />
12.- Ejercer el régimen disciplinario sobre sus propios miembros y<br />
los del Consejo Superior del Poder Judicial, en la forma dispuesta<br />
en esta Ley.<br />
13.- Establecer los montos para determinar la competencia, en razón<br />
de la cuantía, en todo asunto de carácter patrimonial.<br />
14.- Establecer los montos para determinar la procedencia del<br />
recurso de casación, por votación mínima de dos terceras partes de<br />
la totalidad de los Magistrados. Este monto podrá disminuirse o<br />
aumentarse, una vez transcurrido el plazo aquí fijado, para lo cual<br />
previamente se solicitará al Banco Central de Costa Rica, un<br />
informe sobre el índice inflacionario.<br />
Si transcurriere un mes sin haberse recibido el informe, la<br />
Corte prescindirá de él y hará la fijación que corresponda. La<br />
fijación que se realice, tanto en este caso como en el del inciso<br />
anterior, regirá un mes después de su primera publicación en el<br />
Boletín Judicial, por un período mínimo de dos años.<br />
15.- Proponer, a la Asamblea Legislativa, la creación de Despachos<br />
Judiciales en los lugares y las materias que estime necesario para<br />
el buen servicio público.<br />
16.- Refundir dos o más despachos judiciales en uno solo o<br />
dividirlos, trasladarlos de sede, fijarles la respectiva<br />
competencia territorial y por materia, tomando en consideración el<br />
mejor servicio público.<br />
También podrá asignarle competencia especializada a uno o<br />
varios despachos, para que conozcan de determinados asuntos, dentro<br />
de una misma materia, ocurridos en una o varias circunscripciones o<br />
en todo el territorio nacional.<br />
17.- Conocer de las demandas de responsabilidad que se interpongan<br />
contra los Magistrados de las Salas de la Corte.<br />
l8.- Disponer cuáles comisiones de trabajo serán permanentes y<br />
designar a los Magistrados que las integrarán.<br />
19.- Incorporar al presupuesto del Poder Judicial, mediante<br />
modificación interna, todo el dinero que pueda percibir por<br />
liquidación o inejecución de contratos, intereses, daños y<br />
perjuicios, y por el cobro de los servicios de fotocopiado de<br />
documentos, microfilmación y similares. Este dinero será depositado<br />
en las cuentas bancarias del Poder Judicial.<br />
20.- Fijar los días y las horas de servicio de las oficinas<br />
judiciales y publicar el aviso respectivo en el Boletín Judicial.<br />
21.- Emitir las directrices sobre los alcances de las normas,<br />
cuando se estime necesario para hacer efectivo el principio<br />
constitucional de justicia pronta y cumplida.<br />
22.- Las demás que señalan la Constitución Política y las leyes."<br />
ARTÍCULO 3.- Reforma del título III<br />
Refórmanse los artículos 68, 80 y 84, del título III "Del Consejo<br />
Superior del Poder Judicial", de la Ley Orgánica del Poder Judicial, No. 8,<br />
de 29 de noviembre de 1937. Los textos dirán:<br />
"Artículo 68.- Los miembros del Consejo, con excepción de los<br />
magistrados que lo integren, tendrán el mismo salario base de los<br />
jueces del Tribunal de Casación."<br />
"Artículo 80.- El Consejo rendirá un informe anual a la Corte Suprema<br />
de Justicia, sobre su funcionamiento y el de los tribunales de la<br />
República y demás órganos, departamentos y oficinas del Poder Judicial.<br />
En dicho informe, incluirá las necesidades que, a su juicio, existan<br />
en materia de personal, de instalaciones y recursos, para el desempeño<br />
debido y correcto de la función judicial. Antes de elaborarlo, pedirá<br />
a los tribunales, los juzgados y los demás órganos, oficinas y<br />
departamentos, un informe anual sobre la labor realizada y las<br />
necesidades concretas."<br />
"Artículo 84.- Del Consejo Superior dependerán el Tribunal de la<br />
Inspección Judicial, la Dirección Ejecutiva, la Auditoría, la Escuela<br />
Judicial, el Departamento de Planificación, el Centro Electrónico de<br />
Información Jurisprudencial, el Departamento de Personal y cualquiera<br />
otra dependencia establecida por ley, reglamento o acuerdo de la Corte.<br />
Asimismo, dependerán del Consejo, pero únicamente en lo<br />
administrativo y no en lo técnico profesional, el Ministerio Público,<br />
el Organismo de Investigación Judicial y la Defensa Pública."<br />
ARTÍCULO 4.- Reformas del título IV<br />
Refórmanse los artículos 92, 93, 94, 96, 101 y 102 del Capítulo I<br />
que se llamará "De los tribunales colegiados"; los artículos 103, 104, 107,<br />
108, 110, 111, 112 del Capítulo II, que se llamará "De los juzgados de<br />
primera instancia y penales", los artículos 114, 115, 116, 117, 118, 119,<br />
120, 121, 122 del Capítulo III, que se denominará "De los juzgados de menor<br />
cuantía y contravencionales", y los artículos 125, 126, 127, 128 y 129 del<br />
Capítulo V, que se denominará "De los jueces tramitadores", todos del<br />
Título IV, que en adelante se denominará "De los tribunales colegiados y<br />
juzgados" de la Ley Orgánica del Poder Judicial, No. 8, de 29 de noviembre<br />
de 1937. Los textos dirán:<br />
"Capítulo I<br />
De los tribunales colegiados<br />
Artículo 92.- Existirán tribunales colegiados de casación, civiles,<br />
penales de juicio, de lo contencioso-administrativo y civil de<br />
hacienda, de familia, de trabajo, agrarios, penales juveniles, así como<br />
otros que determine la ley.<br />
Los tribunales podrán ser mixtos, cuando lo justifique el número de<br />
asuntos que deban conocer.<br />
Artículo 93.- El Tribunal de Casación Penal conocerá:<br />
1.- Del recurso de casación y el procedimiento de revisión, en<br />
asuntos de conocimiento del tribunal de juicio integrado por un<br />
juez.<br />
2.- En apelación, de las resoluciones que dicten los jueces del<br />
tribunal de juicio, cuando la ley acuerde la procedencia del<br />
recurso.<br />
3.- De las apelaciones en asuntos de migración y extranjería que la<br />
ley establezca.<br />
4.- De los impedimentos, las excusas y las recusaciones, de sus<br />
integrantes propietarios y suplentes.<br />
5.- De los conflictos de competencia que no deban ser resueltos por<br />
los tribunales de juicio.<br />
6.- De los conflictos suscitados entre juzgados contravencionales y<br />
tribunales de juicio.<br />
7.- De los demás asuntos que se determinen por ley.<br />
Artículo 94.- Los miembros del Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía<br />
deberán reunir los mismos requisitos que el juez de menor cuantía.<br />
Para ser miembro de los demás tribunales colegiados se requiere:<br />
1.- Ser costarricense en ejercicio de los derechos ciudadanos.<br />
2.- Tener al menos treinta años de edad.<br />
3.- Poseer el título de abogado, legalmente reconocido en Costa<br />
Rica, y haber ejercido esta profesión durante seis años, salvo en<br />
los casos en que se trate de funcionarios judiciales, con práctica<br />
judicial de tres años como mínimo."<br />
"Artículo 96.- Los tribunales penales de juicio estarán conformados al<br />
menos por cuatro jueces y se integrarán, en cada caso, con tres de<br />
ellos, para conocer de los siguientes asuntos:<br />
1.- De la fase de juicio, en los procesos seguidos contra personas<br />
que a la fecha de los hechos pertenecieron a los Supremos Poderes<br />
del Estado, o fueron por delitos sancionados con más de cinco años<br />
de prisión, salvo que corresponda el procedimiento abreviado.<br />
2.- De la fase de juicio, en procesos contra funcionarios<br />
equiparados, pero que en el momento del juzgamiento no ostentan<br />
esos cargos.<br />
3.- Del proceso por delitos de injurias y calumnias realizados por<br />
los medios de comunicación colectiva. En tal caso, el tribunal<br />
nombrará a uno de sus miembros para que ejecute los actos<br />
preliminares al juicio.<br />
4.- De los impedimentos, las excusas y las recusaciones, de los<br />
jueces propietarios y suplentes.<br />
5.- De los demás asuntos que se determinen por ley."<br />
"Artículo 101.- Los tribunales estarán integrados por el número de<br />
jueces necesario para el servicio público bueno y eficiente. En los<br />
conformados por más de un juez, sus integrantes elegirán, internamente,<br />
a quien se desempeñará como coordinador por un período de cuatro años,<br />
podrá ser reelegido y tendrá las funciones que le señalen la ley y la<br />
Corte Plena. A falta de acuerdo interno de elección, luego de<br />
realizadas cinco votaciones, la Corte Plena designará al coordinador.<br />
Los tribunales podrán tener competencia y jurisdicción en dos o más<br />
cantones de diferentes provincias, en una o en varias provincias y aun<br />
en todo el territorio nacional. El Consejo Superior del Poder Judicial<br />
regulará la distribución de los asuntos, por razón de la materia o<br />
territorio, entre los tribunales, para equiparar el trabajo, con el<br />
objeto de mejorar el servicio y obtener el resultado más eficiente.<br />
Las reglas relativas al funcionamiento propio de los tribunales<br />
colegiados serán aplicables, en lo que corresponda, a todos los demás<br />
tribunales.<br />
Para ser juez de casación se requiere:<br />
1.- Ser costarricense en ejercicio de sus derechos ciudadanos.<br />
2.- Tener al menos treinta y cinco años de edad.<br />
3.- Poseer el título de abogado, legalmente reconocido en el país,<br />
y haber ejercido la profesión durante diez años, salvo que se trate<br />
de funcionarios judiciales con práctica judicial mínima de cinco<br />
años. Estos jueces devengarán un salario mayor que los demás<br />
jueces del tribunal colegiado.<br />
Artículo 102.- Los conflictos de competencia entre juzgados civiles,<br />
agrarios, penales, penales juveniles, de trabajo, familia, contencioso-<br />
administrativo, civiles de hacienda y otros, se resolverán según las<br />
siguientes reglas:<br />
Los conflictos según la materia y dentro de un mismo territorio serán<br />
conocidos por el Tribunal Colegiado respectivo.<br />
Si los juzgados pertenecieren a tribunales colegiados de diferentes<br />
territorios, le corresponde resolver al Tribunal de Casación respectivo<br />
o, de no existir este último, a la Sala de la Corte pertinente.<br />
Si son juzgados de diferente materia, sean o no de un mismo<br />
territorio, le corresponde al Tribunal de Casación respectivo o, de no<br />
existir este último, a la Sala de la Corte de la materia a la que<br />
pertenezca el órgano ante el cual se presentó el asunto o se previno en<br />
su conocimiento, excepto que existan otras disposiciones en la ley.<br />
Capítulo II<br />
De los juzgados de primera instancia y penales<br />
Artículo 103.- Habrá juzgados civiles, penales, penales juveniles, de<br />
lo contencioso-administrativo y civiles de hacienda, de familia, de<br />
trabajo, agrarios, de ejecución de la pena y los que determine la ley.<br />
Artículo 104.- Los juzgados podrán ser mixtos, cuando lo justifique el<br />
número de asuntos que deban conocer."<br />
"Artículo 107.- Corresponde al juez penal conocer de los actos<br />
jurisdiccionales de los procedimientos preparatorio e intermedio, así<br />
como del recurso de apelación en materia contravencional.<br />
Se procurará que un mismo funcionario no asuma ambas etapas en un<br />
solo proceso, salvo que, por la cantidad de asuntos de los que conoce,<br />
el despacho esté integrado por un solo juez.<br />
Artículo 108.- La Corte podrá designar juzgados y tribunales penales de<br />
turno extraordinario, para que presten servicio luego de la jornada<br />
ordinaria, en días de asueto, feriados y de vacaciones generales."<br />
"Artículo 110.- Los juzgados de lo contencioso-administrativo y civil<br />
de hacienda conocerán:<br />
1.- De los juicios contencioso-administrativos que se promuevan con<br />
el objeto de proteger a toda persona en el ejercicio de sus<br />
derechos administrativos, cuando estos sean lesionados por<br />
disposiciones definitivas de cualquier naturaleza, dictadas por el<br />
Poder Ejecutivo o sus funcionarios, las municipalidades y toda<br />
institución estatal, autónoma o semiautónoma, actuando como<br />
personas de derecho público y en uso de facultades regladas.<br />
2.- De los juicios ordinarios no comprendidos en el inciso<br />
anterior, en que sean parte o tengan interés directo, el Estado,<br />
sus bancos y demás instituciones, así como las empresas de economía<br />
mixta, aun cuando tales juicios se relacionen con juicios<br />
universales.<br />
3.- De todos los otros asuntos en que sean parte o tengan interés<br />
directo el Estado, sus bancos y demás instituciones, así como las<br />
empresas de economía mixta, aun cuando tales juicios guarden<br />
relación con juicios universales, salvo los casos en que, por norma<br />
expresa, correspondan ser conocidos por un juzgado civil de<br />
hacienda de asuntos sumarios.<br />
4.- De todos los litigios que se establezcan contra las<br />
municipalidades y juntas de educación, siempre que al asunto, por<br />
su cuantía, no le corresponda ser conocido en un juzgado civil de<br />
hacienda de asuntos sumarios.<br />
5.- De todos los asuntos referentes a denuncios de minas, tierras<br />
baldías, ventas judiciales y otros de índole administrativa con<br />
tramitación judicial, en que sean parte o tengan interés directo el<br />
Estado, sus bancos, sus instituciones, o empresas de economía<br />
mixta, salvo que leyes especiales dispongan lo contrario. Si<br />
sobreviniere contención, el mismo juez tendrá competencia para<br />
conocer de ella y decidir lo que proceda, sea sumariamente, o en la<br />
vía ordinaria.<br />
6.- En grado, de las resoluciones que dicten los juzgados civiles<br />
de hacienda de asuntos sumarios.<br />
7.- De los conflictos de competencia entre juzgados civiles de<br />
hacienda de asuntos sumarios.<br />
8.- De los demás asuntos que determine la ley.<br />
Artículo 111.- Los juzgados penales juveniles conocerán:<br />
1.- En instancia, de las acusaciones atribuidas a menores de edad<br />
por la comisión o la participación en delitos o contravenciones.<br />
También conocerá de las causas penales seguidas contra mayores de<br />
edad, siempre que el hecho haya ocurrido durante su minoridad.<br />
2.- En instancia, de las acusaciones atribuidas a menores de edad,<br />
aun cuando estos adquieran la mayoría de edad.<br />
3.- Decidir sobre cualquier medida cautelar que restrinja un<br />
derecho fundamental del acusado menor de edad.<br />
4.-Aprobar la conciliación, la suspensión de procedimientos, la<br />
aplicación del criterio de oportunidad y cualesquiera otras medidas<br />
procesales definitorias del procedimiento.<br />
5.- Decidir las sanciones aplicables a los menores, conforme los<br />
principios generales que informan la materia.<br />
6.- Cualquier otra función que le otorgue la ley.<br />
Artículo 112.- Los juzgados de ejecución de la pena conocerán:<br />
1.- De las fijaciones de pena y las medidas de seguridad<br />
posteriores a la aplicada por el tribunal de sentencia.<br />
2.- De las incidencias y los incidentes formulados en relación con<br />
las medidas de control y vigilancia, durante la etapa de ejecución.<br />
3.- De la extinción, la sustitución o la modificación de las penas<br />
privativas de libertad y de las medidas de seguridad impuestas.<br />
4.- De los incidentes de ejecución, las peticiones, las quejas y<br />
los recursos interpuestos por las partes, en esta etapa del<br />
proceso.<br />
5.- De los demás asuntos que la ley establezca."<br />
"Capítulo III<br />
De los juzgados de menor cuantía y contravencionales<br />
Artículo 114.- Existirá el número de juzgados de menor cuantía, de<br />
asuntos sumarios y contravencionales que se requieran para garantizar<br />
la eficiencia y el buen servicio.<br />
La Corte les fijará a estos juzgados su competencia territorial,<br />
por materia y cuantía, así como la sede.<br />
La determinación de la cuantía se revisará cada dos años, para lo<br />
cual, previamente, se solicitará al Banco Central de Costa Rica un<br />
informe sobre el índice inflacionario. Transcurrido un mes sin recibir<br />
este informe, se prescindirá de él y se realizará la fijación<br />
correspondiente, que regirá un mes después de su primera publicación en<br />
el Boletín Judicial.<br />
Artículo 115.- En materia civil, los juzgados de menor cuantía<br />
conocerán:<br />
1.- De los juicios ejecutivos de menor cuantía, excepto de los que<br />
correspondan a los juzgados civiles de hacienda de asuntos<br />
sumarios.<br />
2.- Con la misma excepción del inciso anterior, de todo lo relativo<br />
a la aplicación de la Ley de Inquilinato, salvo en procesos<br />
ordinarios y abreviados de mayor cuantía.<br />
3.- De toda diligencia de pago por consignación. Si surgiere<br />
contención sobre la validez o eficacia del pago, el negocio<br />
continuará radicado en el despacho al que corresponda, conforme a<br />
la cuantía.<br />
4.- De los demás asuntos cuya cuantía no exceda de la establecida<br />
por la Corte como máxima, siempre que el asunto no corresponda a un<br />
despacho de lo contencioso-administrativo y civil de hacienda.<br />
Artículo 116.- En materia de trabajo, los juzgados de menor cuantía<br />
conocerán de los procesos ordinarios de trabajo, cuyo monto no exceda<br />
de la suma fijada por la Corte y de todas las infracciones a la<br />
legislación laboral; ello sin perjuicio de lo dispuesto por ley<br />
respecto de los tribunales colegiados de trabajo de menor cuantía.<br />
Artículo 117.- En materia penal, los juzgados contravencionales<br />
conocerán:<br />
1.- De las contravenciones establecidas en el Código Penal.<br />
2.- De las faltas de policía y de toda clase de contravenciones y<br />
simples infracciones previstas en leyes especiales, excepto las de<br />
carácter laboral.<br />
3.- De los demás asuntos que indique la ley.<br />
Artículo 118.- En las circunscripciones en las cuales no exista juzgado<br />
penal, el juez contravencional podrá realizar -en casos urgentes- los<br />
actos jurisdiccionales del procedimiento preparatorio y, de inmediato y<br />
por cualquier medio, lo comunicará al juzgado penal. En esos<br />
eventuales supuestos, el juez contravencional actúa por delegación y,<br />
el juez penal, deberá tomar las disposiciones necesarias para esa<br />
delegación y respecto del control de las actuaciones; también, de ser<br />
necesario, podrá dirigirlas personalmente.<br />
La Corte establecerá cuáles juzgados contravencionales tendrán el<br />
recargo de competencia referido en el párrafo anterior.<br />
Artículo 119.- Los juzgados civiles de hacienda de asuntos sumarios<br />
conocerán:<br />
1.- De los juicios ejecutivos de cualquier cuantía en los que se<br />
ejerciten acciones a favor del Estado o sus instituciones o en<br />
contra de ellos.<br />
2.- De todo lo relativo a la aplicación de la Ley General de<br />
Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, en acciones promovidas por las<br />
partes indicadas en el inciso anterior o contra ellas. De esta<br />
disposición se exceptúan los procesos ordinarios o abreviados.<br />
3.- De las medidas cautelares o actividad judicial no contenciosa,<br />
relacionadas con los procesos referidos en los incisos anteriores.<br />
4.- De los demás asuntos distintos de procesos, ordinarios o<br />
abreviados, promovidos por el Estado o sus instituciones o en<br />
contra de ellos y cuya cuantía no exceda la establecida por la<br />
Corte.<br />
En los procesos aludidos en los incisos 1), 2)<br />
y 3), la competencia se limitará a las jurisdicciones de los<br />
Circuitos Judiciales Primero y Segundo de San José; en<br />
consecuencia, los demás despachos civiles del país podrán conocer<br />
de ellos, atendiendo a las reglas de competencia por el territorio<br />
del Código Procesal Civil. Se exceptúan de esta limitación, los<br />
casos en que el Estado o sus instituciones sean parte demandada,<br />
pues en ellos, como en el supuesto del inciso 4), el juzgado de los<br />
referidos circuitos tendrá competencia nacional.<br />
Artículo 120.- Los juzgados de pensiones alimentarias, conocerán:<br />
1.- De todos los asuntos regulados por la Ley de Pensiones<br />
Alimentarias.<br />
2.- De los demás asuntos que determine la ley.<br />
Artículo 121.- En materia de tránsito, los juzgados contravencionales,<br />
conocerán:<br />
1.- De las infracciones de tránsito.<br />
2.- De los demás asuntos que determine la ley.<br />
Artículo 122.- En los cantones donde existan varios juzgados de menor<br />
cuantía o contravencionales, la Corte Suprema de Justicia podrá<br />
establecer los que puedan atender también asuntos civiles y otros<br />
asuntos de diversas materias."<br />
"Capítulo V<br />
De los jueces tramitadores<br />
Artículo 125.- Los tribunales tendrán jueces tramitadores, cuando lo<br />
requieran el buen servicio y lo acuerde la Corte.<br />
Artículo 126.- Corresponde a los jueces tramitadores:<br />
1.- Tramitar y diligenciar todos los asuntos del despacho, con<br />
independencia funcional y responsabilidad propia.<br />
2.- Consignar en los autos todas las certificaciones y constancias<br />
referentes a las actuaciones judiciales.<br />
3.- Extender certificaciones.<br />
4.- Expedir los suplicatorios, los exhortos y los mandamientos.<br />
5.- Notificar a los interesados que concurran al despacho, las<br />
respectivas resoluciones, cuando corresponda.<br />
6.- Firmar la razón de recibido de los escritos, los documentos y<br />
las copias que sean presentadas al despacho. Esta atribución podrá<br />
ser delegada en otros servidores.<br />
7.- Llevar la contabilidad de los depósitos judiciales, con todas<br />
las obligaciones inherentes al cargo, en los despachos donde no<br />
exista contador, o no se haya organizado una oficina centralizada<br />
de tesorería.<br />
8.- Vigilar porque los servidores subalternos cumplan a cabalidad<br />
con todos sus deberes y obligaciones, para obtener la mayor<br />
eficiencia.<br />
9.- Cumplir las otras obligaciones inherentes al ejercicio del<br />
cargo y las demás que señale la ley o le atribuya la Corte.<br />
Artículo 127.- Los jueces tramitadores deben reunir los mismos<br />
requisitos del juez, de acuerdo con la categoría que corresponda en el<br />
despacho de que se trate.<br />
Artículo 128.- La Corte Suprema de Justicia podrá establecer, mediante<br />
acuerdo que se publicará en el Boletín Judicial, otras funciones que<br />
deben realizar los jueces tramitadores, según la materia y la cuantía<br />
de los asuntos.<br />
Artículo 129.- En los tribunales que no cuenten con un juez tramitador,<br />
algunas de las funciones a él atribuidas podrán ser cumplidas por uno<br />
de los miembros del personal auxiliar, según lo determine la Corte o el<br />
Consejo."<br />
ARTÍCULO 5.- Reforma del título V<br />
Se reorganiza el título V de la Ley Orgánica del Poder Judicial,<br />
No. 8, de 29 de noviembre de 1937, que en adelante se denominará<br />
"Organización de los tribunales" y comprenderá un capítulo I, llamado "Del<br />
personal auxiliar", que incluye los artículos del 135 al 142, y un capítulo<br />
II, llamado "De la organización general de los tribunales", el cual<br />
abarcará los artículos del 143 al 147. Asimismo, se reforman los artículos<br />
135, 137, 141, 142, 143, 144, 145, 146 y 147. Los textos dirán:<br />
"Título V<br />
Organización de los tribunales<br />
Capítulo Primero<br />
Del personal auxiliar<br />
Artículo 135.- Los tribunales tendrán la organización interna y el<br />
personal que el buen servicio público requiera, según lo disponga la<br />
Corte, mediante acuerdo que se publicará en el Boletín Judicial."<br />
"Artículo 137.- El Consejo Superior podrá conceder a los servidores<br />
judiciales permiso para estudiar, en horas laborales, profesiones que<br />
interesen al Poder Judicial. Dichos servidores podrán dejar de asistir<br />
a sus oficinas durante las horas que les sean autorizadas para estar<br />
presentes en los cursos y exámenes, pero el resto del tiempo, así como<br />
durante las vacaciones y los días de asueto en el centro de estudios,<br />
deberán asistir puntualmente al despacho.<br />
El Consejo podrá cancelar el beneficio referido en el párrafo<br />
anterior, luego de comprobar, por los medios que tenga por convenientes<br />
que el estudiante, sin justa causa, no asiste, con regularidad a los<br />
cursos correspondientes ni se presenta a desempeñar sus labores o que,<br />
por falta de interés en los estudios, se atrasa en la conclusión de la<br />
carrera profesional."<br />
"Artículo 141.- La Secretaría de la Corte Suprema de Justicia es el<br />
órgano de comunicación entre el Poder Judicial y los otros Poderes del<br />
Estado, así como entre estos y los funcionarios judiciales. Además, se<br />
encargará de comunicar los acuerdos de la Corte Plena y el Consejo.<br />
El Secretario de la Corte se encargará de autenticar firmas de los<br />
notarios y funcionarios judiciales en los documentos que deban enviarse<br />
al exterior, sin perjuicio de que también pueda hacerlo el Presidente<br />
del Poder Judicial.<br />
Además, el Secretario asistirá al Presidente de la Corte en las<br />
funciones administrativas asignadas a él y será el secretario del<br />
Consejo.<br />
Tanto los Secretarios de la Corte como los de las Salas deberán ser<br />
abogados.<br />
Artículo 142.- Cada circuito judicial contará con un administrador<br />
general, quien tendrá a su cargo las funciones administrativas que, por<br />
ley o reglamento, no se atribuyan a otros servidores. De él dependerán<br />
las oficinas centralizadas de servicio del circuito respectivo.<br />
El administrador general será nombrado por el Director Ejecutivo y<br />
deberá tener el grado académico universitario de administrador público<br />
o ser profesional en una actividad afín. Sus funciones específicas<br />
serán:<br />
1.- Planificar, organizar, dirigir, coordinar y supervisar las<br />
funciones de las dependencias y oficinas a su cargo.<br />
2.- Dirigir, organizar, planificar y coordinar las actividades<br />
administrativas de los despachos del circuito.<br />
3.- Formular el respectivo anteproyecto de presupuesto.<br />
4.- Tramitar el nombramiento del personal de apoyo de todos los<br />
tribunales y oficinas del circuito.<br />
5.- Tramitar los permisos, las suplencias, los interinazgos, así<br />
como las transferencias interorgánicas entre los diferentes equipos<br />
o grupos de trabajo.<br />
6.- Ejecutar la política administrativa de los tribunales del<br />
circuito.<br />
7.- Autorizar los gastos de los órganos jurisdiccionales y las<br />
oficinas judiciales del circuito para diligencias, copias y compras<br />
menores, por caja chica y por otros servicios de similar<br />
naturaleza.<br />
8.- Controlar el movimiento de la caja chica.<br />
9.- Asignar, supervisar, controlar, fiscalizar y evaluar las<br />
labores de todo el personal asistencial, encargado de ejecutar los<br />
diferentes trabajos de la oficina que dirige.<br />
10.- Velar por el buen funcionamiento y la limpieza de los<br />
edificios que alojan las dependencias y oficinas del circuito.<br />
11.- Coordinar actividades con otras instancias internas y<br />
externas, según se requiera y de acuerdo con su criterio.<br />
12.- Proponer, a los órganos competentes, cambios, ajustes y<br />
recomendaciones en las áreas de su competencia.<br />
13.- Rendir a la Corte o a quien esta indique, un informe anual<br />
sobre las actividades desarrolladas, las metas propuestas y<br />
alcanzadas y las necesidades por solventar para garantizar y<br />
mejorar el servicio.<br />
14.- Rendir los informes que le sean solicitados por los<br />
superiores.<br />
15.- Velar por el giro oportuno y adecuado de los depósitos<br />
judiciales y su contabilización.<br />
16.- Las demás que establezcan la ley o la Corte.<br />
Capítulo Segundo<br />
De la organización general de los tribunales<br />
Artículo 143.- Para conformar un circuito judicial, la Corte podrá<br />
disponer la forma de organización de varios despachos judiciales, según<br />
lo requiera para la eficiencia y el buen servicio público de la<br />
justicia.<br />
Este sistema de organización procurará la participación de los<br />
jueces y demás servidores judiciales en la toma de decisiones<br />
administrativas.<br />
Artículo 144.- En los circuitos judiciales y los tribunales donde el<br />
mejor servicio público lo requiera, podrán establecerse unidades de<br />
servicio administrativo centralizado, tales como: notificaciones,<br />
recepción de documentos, correo interno, archivo, custodia de<br />
evidencias, administración de salas de audiencias, tesorería y<br />
cualquier otra que determine la Corte, de manera que una unidad de<br />
trabajo pueda atender las necesidades y los requerimientos de dos o más<br />
tribunales.<br />
Las labores de estas oficinas pueden extenderse más allá de los<br />
horarios habituales, según se necesite para mejorar el servicio<br />
público. Estos despachos dependerán de la administración general.<br />
Artículo 145.- Cuando sea indispensable para hacer más eficiente el<br />
servicio judicial, en los circuitos habrá una oficina central de<br />
tesorería, que tramitará todo lo relacionado con la contabilidad de los<br />
depósitos y el procedimiento del giro de dinero.<br />
Esta oficina estará a cargo de un contador privado, incorporado al<br />
Colegio respectivo, quien deberá rendir garantía por un millón de<br />
colones. Lo anterior sin perjuicio de que el Consejo Superior autorice<br />
a los despachos ubicados fuera de la sede central del circuito judicial<br />
respectivo, para que utilicen a un auxiliar de contabilidad que<br />
colabore en el proceso de emisión de cheques y la contabilidad de los<br />
depósitos judiciales.<br />
Artículo 146.- En las diferentes circunscripciones territoriales<br />
funcionarán equipos de localización, citación y presentación de<br />
personas requeridas por autoridades jurisdiccionales, el Ministerio<br />
Público y la Defensa Pública. Los funcionarios encargados de esta<br />
labor tendrán la potestad de ejecutar las órdenes de detención,<br />
traslado y presentación de personas que las autoridades<br />
jurisdiccionales o del Ministerio Público dispongan en el ejercicio de<br />
sus funciones.<br />
Artículo 147.- La Corte podrá disponer la utilización de sistemas<br />
informáticos para notificaciones, citaciones, comunicación entre<br />
oficinas judiciales y externas, públicas o privadas, archivo, manejo de<br />
documentación e información, atención al usuario, y para cualquier otro<br />
acto en que se demuestre que el uso de la informática agiliza el<br />
procedimiento, caso en el que las constancias propias del sistema<br />
resultan suficientes para acreditar la realización del acto procesal<br />
que las generó, salvo prueba en contrario."<br />
ARTÍCULO 6.- Reformas de los títulos VI y VII<br />
Refórmanse los artículos 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 y<br />
159, del título VI y el artículo 172 del título VII de la Ley Orgánica del<br />
Poder Judicial No. 8, de 29 de noviembre de 1937. Los textos dirán:<br />
"Artículo 149.- Además de otros órganos que establezcan la ley o el<br />
reglamento, actuarán como auxiliares de la administración de justicia:<br />
el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial, la<br />
Defensa Pública, la Escuela Judicial, el Centro Electrónico de<br />
Información Jurisprudencial y el Archivo y Registros Judiciales.<br />
Artículo 150.- La Defensa Pública es un órgano dependiente del Consejo<br />
Superior, pero únicamente en lo administrativo; no así en lo técnico<br />
profesional. Estará a cargo de un jefe y tendrá la organización que la<br />
Corte disponga.<br />
Artículo 151.- El Jefe de la Defensa Pública debe ser costarricense,<br />
abogado, mayor de treinta años y con suficiente experiencia en la<br />
tramitación de asuntos judiciales y administración de personal.<br />
A propuesta del jefe, la Corte designará al subjefe de la Defensa<br />
Pública, quien deberá reunir los mismos requisitos que aquel.<br />
Artículo 152.- La Defensa Pública proveerá defensor público a todo<br />
imputado o prevenido que solicite sus servicios. La autoridad que<br />
tramite la causa le advertirá que, si se demuestra que tiene solvencia<br />
económica, deberá designar un abogado particular o pagar al Poder<br />
Judicial los servicios del defensor público, según la fijación que hará<br />
el juzgador.<br />
Asimismo, los empleados del Organismo de Investigación Judicial y<br />
los demás servidores judiciales tendrán derecho a que se les nombre un<br />
defensor público, cuando sean llevados ante los tribunales o la sede<br />
disciplinaria, por asuntos directamente relacionados con el ejercicio<br />
de sus funciones.<br />
También proveerá defensor, en los procesos agrarios no penales, a<br />
la parte que lo solicite y reúna los requisitos que establezca la ley<br />
de la materia.<br />
Artículo 153.- El Jefe de la Defensa Pública o quien este designe,<br />
gestionará ante la autoridad correspondiente, la fijación y el cobro de<br />
los honorarios por los servicios prestados.<br />
Constituirá título ejecutivo, la certificación que se expida sobre<br />
el monto de los honorarios a cargo del imputado. De oficio, la<br />
autoridad que conoce del proceso ordenará el embargo de bienes del<br />
deudor, en cantidad suficiente para garantizar el pago de los<br />
honorarios. El defensor a quien corresponda efectuar las diligencias<br />
de cobro ejercerá todas las acciones judiciales o extrajudiciales<br />
necesarias para hacerlo efectivo.<br />
Artículo 154.- La fijación de honorarios se hará en sentencia o en el<br />
momento en que el imputado decida prescindir de los servicios del<br />
defensor público.<br />
Los fondos provenientes de honorarios se depositarán en una cuenta<br />
bancaria especial y se emplearán para adquirir bienes y servicios<br />
tendientes a mejorar la Defensa Pública.<br />
Artículo 155.- Los defensores públicos son funcionarios dependientes<br />
del Poder Judicial, de nombramiento del Jefe de la Defensa Pública, y<br />
de ratificación del Consejo.<br />
Los defensores públicos deben ser mayores de edad, abogados y<br />
ciudadanos en ejercicio.<br />
Cuando, en una misma circunscripción territorial, exista más de un<br />
defensor público, el jefe de la Defensa Pública regulará, por medio de<br />
acuerdo la distribución del trabajo entre ellos.<br />
Artículo 156.- La Defensa Pública contará con el número necesario de<br />
auxiliares en abogacía, para que colaboren estrechamente con el<br />
defensor en el ejercicio de su cargo. Tendrán las funciones que les<br />
señalen la jefatura, esta Ley, su Reglamento y el Manual descriptivo de<br />
puestos.<br />
Los auxiliares de abogacía deberán tener aprobado al menos el<br />
tercer año de la carrera profesional o estudios equivalentes en<br />
Derecho."<br />
"Artículo 159.- En las circunscripciones territoriales donde no exista<br />
defensor público nombrado, la asistencia podrá estar a cargo de<br />
defensores de oficio, de nombramiento del funcionario que conozca del<br />
asunto, salvo que el Jefe de la Defensa Pública recargue esas labores<br />
en un defensor público de otro territorio.<br />
Todo abogado que tenga oficina abierta está en la obligación de<br />
aceptar, simultáneamente, hasta dos defensas de oficio.<br />
El cargo de defensor de oficio es gratuito y la persona en la que<br />
recaiga el nombramiento solo puede excusarse de servirlo por motivo<br />
justo, a juicio del tribunal respectivo. El abogado o egresado de<br />
Derecho que sea designado defensor de oficio, no podrá figurar luego<br />
como defensor particular en el mismo proceso."<br />
"Artículo 172.- Los árbitros recabarán datos o auxilios de cualquier<br />
autoridad, por medio del juez al que haya correspondido conocer del<br />
asunto.<br />
Corresponderá también al juez ejecutar las resoluciones y<br />
providencias legalmente dictadas por los árbitros."<br />
ARTÍCULO 7.- Reformas del título VIII<br />
Refórmanse los artículos 196, 199, 217 y 221 del título VIII,<br />
"Régimen disciplinario", de la Ley Orgánica del Poder Judicial No. 8, de 29<br />
de noviembre de 1937. Los textos dirán:<br />
"Artículo 196.- Para los efectos del inciso 8) del artículo 192 se<br />
establecen las siguientes reglas:<br />
1.- Los jueces tramitadores o los miembros del personal auxiliar<br />
que cumplan sus funciones deberán velar porque las providencias se<br />
dicten dentro de los plazos legales y la tramitación o cualquier<br />
otra labor asignada al despacho no se detenga ni se atrase sin<br />
motivo justificado.<br />
2.- El coordinador, en los órganos colegiados, o el jefe del<br />
despacho serán responsables, conjuntamente con el juez tramitador o<br />
quien cumpla sus funciones, por cualquier atraso de tramitación,<br />
salvo que demuestren que la falta no puede imputárseles. En caso<br />
de sentencias u otros proveídos, lo será el servidor a quien se<br />
asignó la redacción.<br />
3.- Se estimará como retardo injustificado el ordenar prueba para<br />
mejor proveer, con el exclusivo propósito de extender los plazos."<br />
"Artículo 199.- Será rechazada de plano toda queja que se refiera<br />
exclusivamente a problemas de interpretación de normas jurídicas.<br />
Sin embargo, en casos de retardo o errores graves e injustificados<br />
en la administración de justicia, el Tribunal de la Inspección<br />
Judicial, sin más trámite deberá poner el hecho en conocimiento de la<br />
Corte Plena, para que esta, una vez hecha la investigación del caso,<br />
resuelva sobre la permanencia, suspensión o separación del<br />
funcionario."<br />
"Artículo 217.- Si los actos a los que se refiere el artículo anterior<br />
significan ultraje u ofensa directa contra el funcionario o el<br />
tribunal, podrán imponerle al culpable de cinco a quince días multa.<br />
Esta resolución podrá ser apelada ante el superior, si se tratare de la<br />
dictada por un juez o un representante del Ministerio Público. Si la<br />
multa fuere impuesta por la Corte Plena, una de las Salas, un tribunal<br />
colegiado o uno de sus integrantes, el Fiscal General, o bien por el<br />
Consejo Superior, no cabrá más recurso que el de revocatoria o<br />
reconsideración.<br />
Cuando los hechos contemplados en este artículo y en el numeral<br />
precedente lleguen a constituir delito, contravención o falta, su autor<br />
será puesto a la orden de la autoridad respectiva, para su<br />
juzgamiento."<br />
"Artículo 221.- En los casos previstos en el artículo 218, se procederá<br />
en la siguiente forma:<br />
1.- Si la injuria o difamación se cometiere dentro de un proceso,<br />
por medio de escritos presentados en él, el funcionario o tribunal<br />
impondrá de plano la corrección disciplinaria, y podrá ordenar<br />
también al Consejo la transcripción del escrito, para los efectos<br />
del párrafo segundo del artículo 218.<br />
2.- De ser cometida fuera de un proceso, o por un medio distinto a<br />
la presentación de escritos, el funcionario o tribunal hará, en el<br />
proceso, una reseña lacónica de lo ocurrido, para que el Consejo<br />
resuelva si procede la suspensión del abogado. En este caso, no<br />
existirá motivo de impedimento, recusación ni excusa para los<br />
miembros del Consejo que hayan de imponer la corrección.<br />
3.- Si fuere impuesta por un juez de menor cuantía o uno<br />
contravencional, podrá apelarse para ante el juez respectivo. Si<br />
lo fuere por un juez de primera instancia o penal, el recurso se<br />
admitirá para ante el tribunal colegiado o el integrante de este<br />
que corresponda; si lo fuere por las Salas o los tribunales<br />
colegiados, no cabrá más recurso que el de revocatoria. Contra las<br />
que imponga la Corte o el Consejo no cabrá el recurso de<br />
reconsideración ni de reposición.<br />
4.- El tribunal de alzada, en los casos en que esta proceda, podrá<br />
ordenar cualquier prueba para mejor proveer, si el corregido negare<br />
el cargo.<br />
5.- Si se impusiere suspensión, se ordenará una publicación en el<br />
Boletín Judicial y se procederá, además, de la forma indicada en el<br />
artículo 20 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados."<br />
ARTÍCULO 8.- Reforma del artículo 243 del título X<br />
Refórmase el artículo 243 del Título X, "Del ejercicio de la<br />
Abogacía" de la Ley Orgánica del Poder Judicial, No. 8, de 29 de noviembre<br />
de 1937 y sus reformas. El texto dirá:<br />
"Artículo 243.- Con excepción de otros supuestos establecidos<br />
expresamente por ley, sólo los abogados podrán representar a las partes<br />
ante los Tribunales Judiciales de la República.<br />
Los universitarios que se identifiquen como estudiantes de una<br />
Facultad o Escuela de Derecho, los asistentes de los abogados,<br />
debidamente autorizados, y los bachilleres en derecho, podrán concurrir<br />
a las oficinas y los despachos judiciales, para solicitar datos y<br />
examinar expedientes, documentos y otras piezas, así como para obtener<br />
fotocopias. Para esos efectos, los estudiantes y egresados deberán<br />
contar con la autorización del profesor o del abogado director del<br />
procedimiento. Los bachilleres en derecho deberán demostrar su<br />
condición, con documento auténtico emanado de la respectiva<br />
Universidad."<br />
ARTÍCULO 9.- Adiciones<br />
Adiciónase a la Ley Orgánica del Poder Judicial, No. 8, de 29 de<br />
noviembre de 1937 los artículos 6 bis, 47 bis y 96 bis. Los textos dirán:<br />
"Artículo 6 bis.- Tendrán la validez y eficacia de un documento físico<br />
original, los archivos de documentos, mensajes, imágenes, bancos de<br />
datos y toda aplicación almacenada o transmitida por medios<br />
electrónicos, informáticos, magnéticos, ópticos, telemáticos o<br />
producidos por nuevas tecnologías, destinados a la tramitación<br />
judicial, ya sea que contengan actos o resoluciones judiciales. Lo<br />
anterior siempre que cumplan con los procedimientos establecidos para<br />
garantizar su autenticidad, integridad y seguridad.<br />
Las alteraciones que afecten la autenticidad o integridad de dichos<br />
soportes los harán perder el valor jurídico que se les otorga en el<br />
párrafo anterior.<br />
Cuando un juez utilice los medios indicados en el primer párrafo de<br />
este artículo, para consignar sus actos o resoluciones, los medios de<br />
protección del sistema resultan suficientes para acreditar la<br />
autenticidad, aunque no se impriman en papel ni sean firmados.<br />
Las autoridades judiciales podrán utilizar los medios referidos<br />
para comunicarse oficialmente entre sí, remitiéndose informes,<br />
comisiones y cualquier otra documentación. Las partes también podrán<br />
utilizar esos medios para presentar sus solicitudes y recursos a los<br />
tribunales, siempre que remitan el documento original dentro de los<br />
tres días siguientes, en cuyo caso la presentación de la petición o<br />
recurso se tendrá como realizada en el momento de recibida la primera<br />
comunicación.<br />
La Corte Suprema de Justicia dictará los reglamentos necesarios<br />
para normar el envío, recepción, trámite y almacenamiento de los<br />
citados medios; para garantizar su seguridad y conservación; así como<br />
para determinar el acceso del público a la información contenida en las<br />
bases de datos, conforme a la ley."<br />
"Artículo 47 bis.- La Corte Suprema de Justicia podrá ordenar la<br />
destrucción o el reciclaje de los expedientes, siempre que no sean<br />
necesarios para algún trámite judicial futuro, que no tengan interés<br />
histórico, o cuando se encuentren respaldados por medios electrónicos,<br />
informáticos, magnéticos, ópticos, telemáticos o cualquier otro medio<br />
con garantía razonable de conservación. Al efecto se publicarán las<br />
listas de expedientes por destruir en el Boletín Judicial.<br />
Dentro del plazo de ocho días hábiles luego de la primera<br />
publicación, el Archivo Nacional podrá solicitar los expedientes que<br />
estime pertinentes. Las partes también podrán solicitar la devolución<br />
de los documentos aportados, certificación integral o parcial del<br />
expediente, o la entrega del expediente original, salvo en materia<br />
penal."<br />
"Artículo 96 bis.- Los tribunales penales de juicio se constituirán con<br />
uno solo de sus miembros, para conocer:<br />
1.- Del recurso de apelación contra las resoluciones del juez<br />
penal.<br />
2.- De los conflictos de competencia surgidos entre juzgados<br />
penales de su circunscripción territorial.<br />
3.- De las recusaciones rechazadas y de los conflictos surgidos por<br />
inhibitorias de los jueces penales.<br />
4.- De los juicios por delitos sancionados con penas no privativas<br />
de libertad o hasta con un máximo de cinco años de prisión, salvo<br />
lo dispuesto en los incisos 2) y 3) del artículo anterior.<br />
5.- De los procesos de extradición.<br />
6.- Del procedimiento abreviado.<br />
7.- De los demás asuntos que la ley establezca.<br />
En los lugares que no sean asiento de un tribunal de juicio, la<br />
Corte podrá disponer el funcionamiento de otras oficinas adscritas a<br />
ese tribunal; estas serán atendidas por el número de jueces necesario,<br />
con base en la obligada eficiencia del servicio.<br />
Los jueces de la sede principal y de las oficinas adscritas, podrán<br />
sustituirse recíprocamente."<br />
ARTÍCULO 10.- Reformas del título IV<br />
Refórmanse enunciados de los artículos 95, 97, 98, 99 y 100 del<br />
Título IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial, No. 8, de 29 de noviembre<br />
de 1937 y sus reformas, para que donde dice "superiores", se lea<br />
correctamente "colegiados". Refórmase además, la denominación del<br />
capítulo IV, del mismo Título IV , para que en adelante se lea "De los<br />
tribunales de trabajo de menor cuantía".<br />
CAPÍTULO II<br />
REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO<br />
ARTÍCULO 11.- Modifícase la Ley Orgánica del Ministerio Público, No. 7442,<br />
de 25 de octubre de 1994 cuyo texto dirá:<br />
"LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO<br />
CAPÍTULO I<br />
DISPOSICIONES GENERALES<br />
Artículo 1.- Principios y ubicación. El Ministerio Público es un<br />
órgano del Poder Judicial y ejerce sus funciones en el ámbito de la<br />
justicia penal, por medio de sus representantes, conforme a los<br />
principios de unidad de actuaciones y dependencia jerárquica, con<br />
sujeción a lo dispuesto por la Constitución Política y las leyes.<br />
Artículo 2.- Funciones. El Ministerio Público tiene la función de<br />
requerir ante los tribunales penales la aplicación de la ley, mediante<br />
el ejercicio de la acción penal y la realización de la investigación<br />
preparatoria en los delitos de acción pública.<br />
No obstante, cuando la ley lo faculte, previa autorización del<br />
superior, el representante del Ministerio Público podrá solicitar que<br />
se prescinda, total o parcialmente, de la persecución penal, que se<br />
limite a alguna o varias infracciones o a alguna de las personas que<br />
participaron en el hecho.<br />
Deberá intervenir en el procedimiento de ejecución penal, en la<br />
defensa civil de la víctima cuando corresponda y asumir las demás<br />
funciones que la ley le asigne.<br />
Artículo 3.- Independencia funcional. El Ministerio Público tendrá<br />
completa independencia funcional en el ejercicio de sus facultades y<br />
atribuciones legales y reglamentarias y, en consecuencia, no podrá ser<br />
impelido ni coartado por ninguna otra autoridad, con excepción de los<br />
Tribunales de Justicia en el ámbito de su competencia.<br />
Artículo 4.- Dirección de la Policía Judicial. El Fiscal General podrá<br />
requerir informes de la Dirección General del Organismo de<br />
Investigación Judicial cuando exista lentitud o deficiencias en algún<br />
departamento o sección del Organismo de Investigación Judicial. En<br />
estos casos, cuando lo estime conveniente, el Fiscal General podrá<br />
establecer las directrices y prioridades que deben seguirse en la<br />
investigación de los hechos delictivos.<br />
Existirá una comisión permanente, integrada por el Fiscal General<br />
de la República, el Director del Organismo de Investigación Judicial y<br />
dos funcionarios más de cada uno de estos entes, designados por sus<br />
respectivos jerarcas, con la finalidad de coordinar funciones y<br />
evaluar, periódicamente, la labor. Dicha comisión la presidirá el<br />
Fiscal General.<br />
Además de lo anterior, el Fiscal General de la República, el<br />
Director del Organismo de Investigación Judicial, y los directores de<br />
las policías administrativas, se reunirán periódicamente para coordinar<br />
estrategias y políticas por seguir en la investigación de los delitos.<br />
Artículo 5.- Publicidad. El Ministerio Público no podrá dar<br />
información que atente contra el secreto de las investigaciones o que,<br />
innecesariamente, pueda lesionar los derechos de la personalidad. Sin<br />
embargo, sus funcionarios podrán, extrajudicialmente, dar opiniones de<br />
carácter general y doctrinario acerca de los asuntos en que<br />
intervengan.<br />
Artículo 6.- Visita a cárceles. Los funcionarios del Ministerio<br />
Público, en defensa de la legalidad penal, entre otras actuaciones,<br />
podrán visitar los centros o establecimientos de detención<br />
-penitenciarios o de internamiento de cualquier clase- examinar los<br />
expedientes de los internos y recabar cuanta información estimen<br />
conveniente.<br />
Artículo 7.- Competencia Territorial. En el ejercicio de sus<br />
funciones, los representantes del Ministerio Público actuarán en<br />
cualquier lugar del territorio nacional.<br />
Corresponderá al Fiscal General, o al superior designado al efecto,<br />
establecer el territorio en que los fiscales ejercerán sus funciones,<br />
lo que podrá ser variado mediante resolución motivada por razones de<br />
mejor servicio público.<br />
Si se produjeren conflictos sobre la distribución de trabajo serán<br />
resueltos por el superior.<br />
En el ejercicio de sus funciones los representantes del Ministerio<br />
Público podrán actuar fuera de horas o días hábiles.<br />
Artículo 8.- Formalidad de actuaciones. Los representantes del<br />
Ministerio Público formularán, motivada o específicamente, sus<br />
requerimientos, dictámenes y conclusiones; procederán oralmente en los<br />
debates y vistas y, por escrito en los demás casos, todo de conformidad<br />
con lo dispuesto en el Código de Procedimientos Penales.<br />
Artículo 9.- Citación de personas. En asuntos sometidos a su<br />
intervención, los representantes del Ministerio Público podrán citar u<br />
ordenar la presentación de cualquier persona, siempre que sea<br />
procedente.<br />
Artículo 10.- Responsabilidades. Los funcionarios del Ministerio<br />
Público serán responsables penal y civilmente por sus actuaciones.<br />
Artículo 11.- Cauciones. El Fiscal General deberá rendir caución por<br />
el monto de catorce salarios base, según la regla establecida en la Ley<br />
Orgánica del Poder Judicial. El resto de los fiscales rendirán caución<br />
por el monto fijado para los jueces de Tribunal Colegiado.<br />
CAPÍTULO II<br />
DE LA UNIDAD Y DEPENDENCIA JERÁRQUICA<br />
Artículo 12.- Sede. El Ministerio Público es único para toda la<br />
República. La sede de la Fiscalía General se ubica en la capital.<br />
Artículo 13.- Jerarquía e instrucciones. El Fiscal General de la<br />
República es el Jefe Superior del Ministerio Público y su representante<br />
en todo el territorio nacional. Este deberá dar a sus subordinados las<br />
instrucciones generales o especiales sobre la interpretación y la<br />
aplicación de las leyes, a efecto de crear y mantener la unidad de<br />
acción e interpretación de las leyes en el Ministerio Público.<br />
Las instrucciones deberán impartirse, regularmente, en forma<br />
escrita y transmitirse por cualquier vía de comunicación, inclusive por<br />
teletipo. En caso de peligro por demora, las instrucciones podrán ser<br />
impartidas verbalmente y confirmadas por escrito inmediatamente<br />
después.<br />
Artículo 14.- Principio de jerarquía. Los fiscales deberán acatar las<br />
orientaciones generales e instrucciones que el superior jerárquico<br />
imparta sobre sus funciones.<br />
En los debates y las audiencias orales, el fiscal actuará y<br />
concluirá conforme a su criterio. Sin embargo, observará las<br />
instrucciones generales impartidas por el superior, sin perjuicio de<br />
que este último lo sustituya, si lo considera necesario.<br />
Artículo 15.- Representación y sustitución. Los funcionarios del<br />
Ministerio Público actuarán siempre por delegación y bajo la<br />
dependencia del Fiscal General.<br />
Artículo 16.- Intervención válida. Para intervenir válidamente, a los<br />
miembros del Ministerio Público les bastará comparecer ante los<br />
tribunales de justicia, instituciones u organismos públicos o privados,<br />
en los cuales deban ejercer actos propios de su cargo.<br />
Artículo 17.- Desistimiento. El Ministerio Público, mediante dictamen<br />
fundado, tendrá facultad para desistir de sus recursos, excepciones,<br />
incidentes o articulaciones, aun si los hubiere interpuesto con<br />
representantes de grado inferior.<br />
Artículo 18.- Enmienda. El superior jerárquico podrá enmendar,<br />
mediante dictamen fundado y con indicación del error o errores<br />
cometidos, los pronunciamientos o solicitudes del inferior, mientras no<br />
se haya dictado la resolución correspondiente.<br />
Igualmente, una vez dictadas estas resoluciones o cualesquiera<br />
otras, dicho superior podrá ordenar a otro representante del Ministerio<br />
Público la interposición de los recursos que la ley autoriza, o que se<br />
haga cargo de la continuación del procedimiento.<br />
Artículo 19.- Reconsideración. Contra las órdenes e instrucciones del<br />
superior jerárquico, solamente procederá su reconsideración, cuando<br />
quien las reciba le haga saber a aquel, mediante escrito fundado, que<br />
las estima contrarias a la ley o improcedentes, por el motivo o motivos<br />
que aducirá.<br />
El superior podrá ratificarlas, modificarlas o revocarlas, según lo<br />
estime procedente.<br />
La ratificación se dictará, de manera razonada, con expresa<br />
liberación para el subordinado de las responsabilidades que se originen<br />
de su cumplimiento. En esta situación, el superior podrá delegar el<br />
caso en otro funcionario.<br />
CAPÍTULO III<br />
DE LA ORGANIZACIÓN<br />
Artículo 20.- Órganos. Son órganos del Ministerio Público:<br />
a) El Fiscal General de la República<br />
b) Los fiscales adjuntos<br />
c) Los fiscales<br />
d) Los fiscales auxiliares<br />
Artículo 21.- Estructura básica. El Ministerio Público se organizará<br />
en fiscalías adjuntas, que actuarán en un determinado territorio o por<br />
especialización, según se requiera para un buen servicio público.<br />
Serán creadas por la Corte Plena a propuesta del Fiscal General y<br />
podrán ser permanentes o temporales.<br />
A las fiscalías adjuntas se adscribirán las fiscalías y las<br />
fiscalías auxiliares necesarias, según la actividad o el territorio en<br />
que deban cumplir sus funciones.<br />
Estas oficinas tendrán el personal de apoyo indispensable para<br />
desempeñar, adecuadamente, su función.<br />
Artículo 22.- Órgano asesor. El Consejo Fiscal del Ministerio Público<br />
será el órgano asesor del Fiscal General de la República. Sesionará por<br />
lo menos una vez cada seis meses o cuando lo convoque el Fiscal<br />
General. Estará integrado por los siguientes fiscales:<br />
a) El Fiscal General de la República, quien lo presidirá, por sí o<br />
por delegación.<br />
b) Los fiscales adjuntos.<br />
A ese Consejo le corresponderá colaborar con el Fiscal General, en<br />
la definición de la política que deba seguir el Ministerio Público y la<br />
Policía Judicial, en cuanto a la investigación y persecución penales y<br />
en los asuntos que el Fiscal General le someta.<br />
Otorgará, además, distinciones honoríficas por desempeño<br />
sobresaliente en el cumplimiento de labores.<br />
CAPÍTULO IV<br />
DEL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA<br />
Artículo 23.- Requisitos para su nombramiento. El Fiscal General de la<br />
República será nombrado por mayoría absoluta de la totalidad de<br />
integrantes de la Corte Plena, por períodos de cuatro años. Podrá ser<br />
reelegido por períodos iguales.<br />
Este Fiscal deberá reunir los mismos requisitos que se exigen para<br />
ser magistrado y rendirá juramento ante la Corte Plena. Su<br />
remuneración no podrá ser inferior a la de juez de casación penal.<br />
Quien haya sido nombrado y ocupe en propiedad algún cargo en la<br />
Administración Pública, se suspenderá en el ejercicio de este último;<br />
pero, conservará el derecho de reintegrarse a ese puesto, con el<br />
salario que corresponda a tal cargo, una vez que termine en sus<br />
funciones como Fiscal General. Todo ello, siempre que no haya vencido<br />
el período para el que fue nombrado en ese otro puesto, no haya sido<br />
reelegido en él, o no hubiere sido despedido.<br />
Artículo 24.- Régimen disciplinario y detención. Para aplicar<br />
sanciones al Fiscal General se seguirá el procedimiento establecido en<br />
la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero la revocatoria del<br />
nombramiento requerirá el voto de las dos terceras partes del total de<br />
miembros de la Corte Plena.<br />
El Fiscal General de la República no gozará del privilegio<br />
constitucional. Sin embargo, sólo podrá ser detenido por orden del<br />
juez, en virtud de auto de apertura a juicio firme dictado en su contra<br />
o por haber sido sorprendido en flagrante delito.<br />
Artículo 25.- Deberes y atribuciones. Son deberes y atribuciones del<br />
Fiscal General:<br />
a) Determinar la política general del Ministerio Público y los<br />
criterios para el ejercicio de la acción penal.<br />
b) Establecer la política general y las prioridades que deben<br />
orientar la investigación de los hechos delictivos.<br />
c) Impartir instrucciones, de carácter general o particular,<br />
respecto del servicio y ejercicio de las funciones del Ministerio<br />
Público y de los funcionarios y servidores a su cargo.<br />
d) Integrar equipos conjuntos de fiscales y policía judicial para<br />
la investigación de casos específicos o, en general, para combatir<br />
formas de delincuencia particulares; en tales casos las autoridades<br />
policiales no podrán ser separadas sin la expresa aprobación del<br />
representante del Ministerio Público.<br />
e) Establecer la organización del Ministerio Público por medio de<br />
fiscalías territoriales o especializadas, permanentes o temporales.<br />
f) Ejercer la administración y disciplina del Ministerio Público.<br />
g) Efectuar y revocar nombramientos, ascensos, permutas y traslados<br />
de los fiscales y aceptar sus renuncias.<br />
h) Conceder licencias sin goce de sueldo hasta por un año; los<br />
jefes de oficina también podrán otorgar dichas licencias por lapsos<br />
máximos de una semana.<br />
i) Presentar ante la Corte Plena una memoria anual sobre el trabajo<br />
realizado, que incluya las políticas de persecución penal e<br />
instrucciones generales establecidas, la previsión de recursos, las<br />
propuestas jurídicas y cualquier otro tema que el Fiscal General<br />
estime conveniente. Dicha memoria deberá ser presentada por lo<br />
menos, un mes antes de la inauguración del año judicial.<br />
j) Practicar, personalmente, la investigación inicial y solicitar<br />
lo que corresponda, intervenir en los juicios, así como asumir<br />
todas las funciones que corresponden al Ministerio Público, en los<br />
procesos penales seguidos contra los miembros de los Supremos<br />
Poderes y funcionarios equiparados. En estos casos podrá hacerse<br />
acompañar de un fiscal.<br />
k) Asumir, personalmente, cuando lo estime oportuno, las funciones<br />
que la ley le otorga al Ministerio Público.<br />
l) Representar al Ministerio Público en audiencias orales ante la<br />
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, sin<br />
perjuicio de delegar, en forma parcial y por razones motivadas, esa<br />
función en sus subalternos.<br />
m) Las demás que las leyes y el reglamento de la presente ley le<br />
atribuyan.<br />
Artículo 26.- Sustitución. En las ausencias temporales y en las<br />
definitivas, mientras no se produzca el nombramiento del propietario,<br />
así como en los casos de excusa o recusación, el Fiscal General de la<br />
República será sustituido por el Fiscal Adjunto que designe la Corte<br />
Suprema de Justicia, de una terna de suplentes que cada año enviará el<br />
Fiscal General.<br />
CAPÍTULO V<br />
DE LOS FISCALES ADJUNTOS, FISCALES Y FISCALES AUXILIARES<br />
Artículo 27.- Del ingreso y del ascenso. Corresponde al Fiscal General<br />
el nombramiento por nómina de los fiscales adjuntos, fiscales y<br />
fiscales auxiliares, los cuales deberán ser mayores de edad,<br />
costarricenses, de reconocida solvencia moral, poseer idoneidad para el<br />
puesto y el título de abogado.<br />
De existir línea de ascenso se podrá autorizar la promoción de un<br />
servidor a un puesto de grado superior sin necesidad de concurso.<br />
Para ingresar al Ministerio Público se procurará cumplir con el<br />
programa de ingreso que reglamentará la Corte, a propuesta del Fiscal<br />
General y de la Escuela Judicial. Este programa podrá desarrollarse con<br />
instituciones públicas o privadas.<br />
Para ser nombrado en propiedad como Fiscal Adjunto se requerirá un<br />
mínimo de dos años de experiencia efectiva como fiscal; para ser<br />
nombrado fiscal se requerirá una experiencia efectiva de un año como<br />
fiscal auxiliar.<br />
Artículo 28.- Del régimen disciplinario. Los funcionarios y empleados<br />
del Ministerio Público estarán sometidos al régimen disciplinario y<br />
laboral que establece la ley Orgánica del Poder Judicial.<br />
Sin embargo, corresponde al Fiscal General conocer del recurso de<br />
apelación de la resolución del Tribunal de la Inspección Judicial que<br />
revoque el nombramiento a un fiscal adjunto, fiscal o fiscal auxiliar.<br />
Artículo 29.- Funciones generales. Los fiscales adjuntos, fiscales y<br />
fiscales auxiliares actuarán en representación del Ministerio Público<br />
en todas las fases del procedimiento penal. En los casos de su<br />
conocimiento podrán actuar en todo el territorio nacional, sin<br />
perjuicio del auxilio mutuo que deben prestarse.<br />
Estos funcionarios podrán actuar en forma conjunta y en<br />
coordinación con los órganos fiscalizadores de las instituciones<br />
públicas cuando estas realicen investigaciones de interés público y<br />
haya sospecha de la comisión de delitos.<br />
El fiscal a cargo de la investigación de un delito debe identificar<br />
y reunir los elementos de convicción de forma que permita el control<br />
del superior, la defensa, la víctima, el querellante, las partes<br />
civiles y del juez.<br />
Artículo 30.- Funciones específicas. Corresponde al fiscal adjunto<br />
dirigir y coordinar la fiscalía adjunta que se establezca ya sea<br />
territorial o especializada. De él dependerán los fiscales y fiscales<br />
auxiliares adscritos a la fiscalía.<br />
En especial el fiscal adjunto distribuirá las labores y los casos<br />
entre los funcionarios a su cargo, siguiendo las directrices del Fiscal<br />
General.<br />
Corresponde al fiscal asumir, personalmente, las labores de<br />
investigación y el ejercicio de las acciones que correspondan al<br />
Ministerio Público. De ellos dependerán directamente los fiscales<br />
auxiliares que se le adscriban, según la distribución de trabajo que<br />
disponga el Fiscal General.<br />
Los fiscales auxiliares actuarán en las etapas preparatoria e<br />
intermedia, sin perjuicio de participar excepcionalmente en las fases<br />
sucesivas del procedimiento.<br />
Artículo 31.- Fiscalías especializadas. Las fiscalías especializadas<br />
intervendrán, en todo o en parte, en las etapas del proceso penal, con<br />
las mismas facultades y obligaciones de las fiscalías adjuntas<br />
territoriales, en actuación separada o en colaboración con estas.<br />
Artículo 32.- Unidades especializadas. El Fiscal General podrá crear<br />
unidades especializadas que actuarán, temporalmente, en parte o en todo<br />
el territorio nacional, en forma conjunta o separada con las fiscalías<br />
de la circunscripción correspondiente.<br />
Dichas unidades podrán ser designadas en relación con uno o varios<br />
casos, o para funciones específicas.<br />
A estas unidades podrán adscribirse los investigadores policiales<br />
que designe el Fiscal General.<br />
CAPÍTULO VI<br />
DE LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL DE LAS VÍCTIMAS<br />
Artículo 33.- Funciones. La oficina de defensa civil de las víctimas<br />
estará adscrita al Ministerio Público y a cargo de un abogado con<br />
categoría de fiscal adjunto. Además de ejercer la acción civil<br />
resarcitoria, este abogado, velará en general por el respeto de los<br />
derechos de las víctimas, derivados de delitos de acción pública, para<br />
lo que podrá ejercer las actuaciones y gestiones que resulten<br />
necesarias, inclusive fuera del proceso penal.<br />
Artículo 34.- Asistencia legal. El Ministerio Público proveerá a la<br />
víctima que le delegue el ejercicio de la acción civil resarcitoria, un<br />
profesional en derecho. Esta función puede ser asumida, directamente,<br />
por un abogado de la oficina de defensa civil a las víctimas, o por<br />
cualquiera de los representantes del Ministerio Público en el<br />
territorio nacional, según la distribución de trabajo que apruebe el<br />
Fiscal General.<br />
La autoridad que tramite la causa le advertirá al asistido que, si<br />
se demuestra que tiene solvencia económica, deberá designar un abogado<br />
particular, o bien pagar al Poder Judicial los servicios del abogado,<br />
según la fijación que hará el juzgador.<br />
Artículo 35.- Cobro de honorarios y costas. Cuando corresponda el jefe<br />
de la oficina de defensa civil de las víctimas o quien este designe,<br />
gestionará ante la autoridad correspondiente la fijación y el cobro de<br />
los honorarios por los servicios prestados.<br />
Constituirá título ejecutivo, la certificación que se expida sobre<br />
el monto de los honorarios a cargo de la víctima. De oficio, la<br />
autoridad que conoce del proceso, ordenará el embargo bienes del<br />
deudor, en cantidad suficiente para garantizar el pago de los<br />
honorarios. El abogado a quien corresponda hacer las diligencias de<br />
cobro, ejercerá todas las acciones judiciales o extrajudiciales para<br />
hacerlo efectivo.<br />
La fijación de honorarios se hará en sentencia o en el momento en<br />
que la víctima decida prescindir de los servicios de la oficina.<br />
Iguales reglas se aplicarán, en lo que corresponda, para el cobro<br />
de costas por honorarios de abogado de la parte actora civil, contra la<br />
parte vencida.<br />
Los ingresos provenientes de lo dispuesto en esta norma, serán<br />
depositados en una cuenta especial destinada al mejoramiento de la<br />
oficina y a la creación de un fondo para satisfacer las necesidades<br />
urgentes de las víctimas de delitos. La Corte Plena establecerá los<br />
mecanismos adecuados para reglamentar y controlar el uso de tales<br />
recursos.<br />
CAPÍTULO VII<br />
DEL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO<br />
Artículo 36.- De la organización administrativa. El Ministerio Público<br />
tendrá la organización administrativa necesaria para el buen desempeño<br />
de sus funciones, según disponga la Corte Plena a requerimiento del<br />
Fiscal General.<br />
Artículo 37.- De la unidad administrativa. El Ministerio Público<br />
tendrá una unidad administrativa dirigida por un profesional en<br />
Ciencias Económicas u otra disciplina afín, nombrado por el Fiscal<br />
General de la República, de quien dependerá en forma directa.<br />
Artículo 38.- Funciones del administrador. Corresponde al<br />
administrador realizar las tareas de administración y organización que<br />
le encomiende su superior, así como asesorarlo en los aspectos<br />
administrativos y presupuestarios.<br />
Además de lo indicado, tendrá a su cargo el archivo general, la<br />
organización y supervisión de las unidades o secciones administrativas<br />
y expedirá certificaciones.<br />
Será también el enlace entre la jefatura y los demás órganos,<br />
oficinas y servidores del Ministerio Público.<br />
A su cargo estará la recepción y distribución de documentos y<br />
comunicaciones, así como la atención del público en la sede de la<br />
Fiscalía General.<br />
Artículo 39.- La Unidad de Capacitación y Supervisión. Le corresponde<br />
a la Unidad de Capacitación y Supervisión organizar los programas de<br />
selección, ingreso y capacitación del personal del Ministerio Público,<br />
en coordinación con la Escuela Judicial y el Departamento de Personal<br />
en lo que corresponda.<br />
Los integrantes de esta unidad deberán desplazarse a las distintas<br />
oficinas del Ministerio Público del país, con el fin de verificar el<br />
cumplimiento de las directrices, así como el desempeño de las labores<br />
en general, e impartir las instrucciones técnicas necesarias para un<br />
mejor servicio público.<br />
Esta oficina será dirigida por un funcionario de amplia<br />
experiencia, que tendrá categoría de fiscal adjunto.<br />
CAPÍTULO VIII<br />
DE LAS RECUSACIONES Y EXCUSAS<br />
Artículo 40.- Causales. Los funcionarios del Ministerio Público<br />
deberán excusarse y podrán ser recusados por las mismas causales que<br />
enumera la ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 55 del Código<br />
Procesal Penal, con excepción de los motivos previstos en los incisos<br />
f) y g).<br />
Artículo 41.- Sustituciones. El Fiscal General de la República dictará<br />
las disposiciones generales necesarias para suplir a los fiscales por<br />
motivo de excusa o recusación.<br />
Artículo 42.- Trámite de la excusa. El funcionario del Ministerio<br />
Público que deba excusarse remitirá las actuaciones al funcionario<br />
sustituto, indicando las razones en que funda su excusa. Si este<br />
acepta la excusa continuará con el conocimiento del asunto e informará<br />
al superior; en caso contrario, remitirá los antecedentes al superior<br />
inmediato quien resolverá en definitiva sin trámite alguno.<br />
Artículo 43.- Recusación. Cuando se estime que procede la recusación<br />
de un fiscal, cualquiera de las partes podrá solicitarle, mediante<br />
petición fundada, que se inhiba de conocer el asunto. Si el fiscal la<br />
acoge procederá conforme a lo dispuesto para la excusa.<br />
Si el fiscal no acogiere la recusación inmediatamente, procederá a<br />
remitirla al tribunal en que esté actuando, junto con las razones por<br />
las que no la aceptó. El tribunal, sin mayor trámite, procederá a<br />
resolver lo pertinente. Si el asunto se encuentra en investigación<br />
fiscal, la recusación será presentada ante el tribunal de la etapa<br />
preparatoria.<br />
Si el tribunal admitiere la recusación lo comunicará al superior<br />
inmediato del recusado, para que lo sustituya y, si es necesario,<br />
proceda conforme establece el régimen disciplinario.<br />
CAPÍTULO IX<br />
DISPOSICIONES VARIAS<br />
Artículo 44.- De los recursos. El Poder Judicial proveerá las<br />
necesidades materiales del Ministerio Público; para dicho efecto este<br />
le presentará, a la Comisión de Presupuesto, un anteproyecto de<br />
presupuesto para el ejercicio fiscal siguiente, en el que se garanticen<br />
los recursos necesarios para un eficiente servicio.<br />
Artículo 45.- Normas aplicables. Los funcionarios y empleados del<br />
Ministerio Público gozarán del derecho de estabilidad y solo podrán ser<br />
removidos conforme se establece en el Estatuto de Servicio Judicial,<br />
con la intervención del Fiscal General, que se acuerda en la presente<br />
Ley.<br />
Artículo 46.- Sanciones de los jefes de oficina. Los jefes de oficina<br />
también podrán imponer sanciones disciplinarias a sus empleados<br />
subalternos, siempre que no excedan de quince días de suspensión. En<br />
el caso de suspensión cabrá recurso de apelación ante el Fiscal<br />
General.<br />
Artículo 47.- Sello e insignias. El Ministerio Público tendrá, para su<br />
uso oficial, sello, medios de identificación, insignias y emblema<br />
propios.<br />
Artículo 48.- Incompatibilidad y beneficios. Los funcionarios y<br />
empleados del Ministerio Público estarán sometidos a las disposiciones<br />
legales en cuanto a incompatibilidades, prohibiciones, beneficios,<br />
remune-raciones y demás normas existentes o que se lleguen a promulgar<br />
en el futuro, aplicables a los servidores judiciales, no previstas<br />
expresamente en esta Ley."<br />
CAPÍTULO III<br />
DISPOSICIONES VARIAS<br />
ARTÍCULO 12.- Reformas de la Ley No. 6593<br />
Modifícase el artículo 5 de la Ley de Creación de la Escuela<br />
Judicial, No. 6593, de 6 de agosto de 1981, cuyo texto dirá:<br />
"Artículo 5.- El Consejo Directivo estará formado por siete miembros,<br />
así: un magistrado, quien lo presidirá, el director de la escuela, dos<br />
jueces, el jefe o en su caso el subjefe de la defensa pública, del<br />
Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial. El<br />
magistrado y los jueces, necesariamente, deberán serlo de diferentes<br />
materias. Todos podrán ser reelegidos en sus cargos."<br />
ARTÍCULO 13.- Reforma de la Ley de Tránsito, No. 7331<br />
Modifícase el artículo 146 de la Ley de Tránsito por las vías<br />
públicas terrestres, No. 7331, de 13 de abril de 1993. El texto dirá:<br />
"Artículo 146.- El conocimiento de las infracciones a esta ley<br />
corresponde a los Juzgados de Tránsito.<br />
La Corte Suprema de Justicia fijará la competencia territorial de<br />
estos juzgados y su ubicación.<br />
En los lugares en que no exista juzgado de tránsito, el<br />
conocimiento de las infracciones de esta materia corresponderá al<br />
juzgado contravencional.<br />
El conocimiento de las apelaciones de las sanciones en esta materia<br />
corresponderá al juez penal del procedimiento preparatorio."<br />
ARTÍCULO 14.- Reformas del Código de Procedimientos Penales<br />
Refórmanse los artículos 409 y 410 del Código de Procedimientos<br />
Penales, Ley No. 5377, de 19 de octubre de 1973, para que en lo sucesivo y<br />
mientras no entre en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, digan:<br />
"Artículo 409.- Prórroga<br />
Si transcurrido el término prefijado no se presentare el<br />
requerimiento, el Agente Fiscal informará enseguida al juez de<br />
Instrucción con indicación de los medios probatorios concretos y la<br />
razón por la cual no han sido recabados y solicitará una prórroga de<br />
hasta seis meses como máximo. El juez podrá fijar un plazo razonable<br />
que no excederá de seis meses y la resolución será irrecurrible. Si la<br />
demora fuere injustificada lo comunicará al Fiscal General.<br />
Artículo 410.- Control jurisdiccional<br />
Cuando se conceda la prórroga prevista en el artículo anterior y el<br />
imputado estuviere detenido, el juez examinará la procedencia de la<br />
detención y dispondrá lo que corresponda.<br />
Negada la prórroga o vencido el nuevo término acordado, el Agente<br />
Fiscal deberá formular el requerimiento o la solicitud que correspondan<br />
según el mérito de los autos."<br />
ARTÍCULO 15.- Refórmanse los artículos 22, 36 y 152 del Código Procesal<br />
Penal de 1996 este último reformado por el artículo 67, de la Ley de<br />
Pensiones Alimentarias, No. 7654 de 19 de diciembre de 1996. Además,<br />
adiciónase un párrafo final al artículo 25 y un segundo párrafo al inciso<br />
j) del artículo 30. Los textos dirán:<br />
"Artículo 22.- Principios de legalidad y oportunidad<br />
El Ministerio Público deberá ejercer la acción penal pública en<br />
todos los casos en que sea procedente, con arreglo a las disposiciones<br />
de la ley.<br />
No obstante, previa autorización del superior jerárquico, el<br />
representante del Ministerio Público podrá solicitar que se prescinda,<br />
total o parcialmente, de la persecución penal, que se limite a alguna o<br />
varias infracciones o a alguna de las personas que participaron en el<br />
hecho, cuando:<br />
a) Se trate de un hecho insignificante, de mínima culpabilidad del<br />
autor o del partícipe o exigua contribución de este, salvo que<br />
afecte el interés público o lo haya cometido un funcionario público<br />
en el ejercicio del cargo o con ocasión de él.<br />
b) Se trate de asuntos de delincuencia organizada, criminalidad<br />
violenta, delitos graves o de tramitación compleja y el imputado<br />
colabore eficazmente con la investigación, brinde información<br />
esencial para evitar que continúe el delito o se perpetren otros,<br />
ayude a esclarecer el hecho investigado u otros conexos o<br />
proporcione información útil para probar la participación de otros<br />
imputados, siempre que la conducta del colaborador sea menos<br />
reprochable que los hechos punibles cuya persecución facilita o<br />
cuya continuación evita.<br />
No obstante lo dispuesto en el artículo 300, en los casos<br />
previstos en este inciso, la víctima no será informada de la<br />
solicitud para aplicar el criterio de oportunidad y, si no hubiere<br />
querellado no tendrá derecho de hacerlo con posterioridad, salvo<br />
que el Tribunal ordene la reanudación del procedimiento conforme al<br />
artículo siguiente.<br />
c) El imputado haya sufrido, a consecuencia del hecho, daños<br />
físicos o morales graves que tornen desproporcionada la aplicación<br />
de una pena, o cuando concurran los presupuestos bajo los cuales el<br />
tribunal está autorizado para prescindir de la pena.<br />
d) La pena o medida de seguridad que pueda imponerse, por el hecho<br />
o la infracción de cuya persecución se prescinde, carezca de<br />
importancia en consideración a la pena o medida de seguridad<br />
impuesta, que se debe esperar por los restantes hechos o<br />
infracciones que se le impuso o se le impondría en un procedimiento<br />
tramitado en el extranjero. En estos últimos casos, podrá<br />
prescindirse de la extradición activa y concederse la pasiva.<br />
La solicitud deberá formularse por escrito ante el tribunal que<br />
resolverá lo correspondiente, según el trámite establecido para la<br />
conclusión del procedimiento preparatorio."<br />
"Artículo 36.- Conciliación. En las faltas o contravenciones, en los<br />
delitos de acción privada, de acción pública a instancia privada y los<br />
que admitan la suspensión condicional de la pena, procederá la<br />
conciliación entre víctima e imputado, en cualquier momento hasta antes<br />
de acordarse la apertura a juicio. También procederá en los asuntos por<br />
delitos sancionados, exclusivamente, con penas no privativas de<br />
libertad, siempre que concurran los demás requisitos exigidos por esta<br />
ley.<br />
En esos casos, si las partes no lo han propuesto con anterioridad,<br />
en el momento procesal oportuno, el tribunal procurará que manifiesten<br />
cuáles son las condiciones en que aceptarían conciliarse.<br />
Para facilitar el acuerdo de las partes, el tribunal podrá<br />
solicitar el asesoramiento y el auxilio de personas o entidades<br />
especializadas para procurar acuerdos entre las partes en conflicto, o<br />
instar a los interesados para que designen un amigable componedor. Los<br />
conciliadores deberán guardar secreto sobre lo que conozcan en las<br />
deliberaciones y discusiones de las partes.<br />
Cuando se produzca la conciliación, el tribunal homologará los<br />
acuerdos y declarará extinguida la acción penal. Sin embargo, la<br />
extinción de la acción penal tendrá efectos a partir del momento en<br />
que el imputado cumpla con todas las obligaciones contraídas. Para tal<br />
propósito podrá fijarse un plazo máximo de un año, durante el cual se<br />
suspende la prescripción de la acción penal.<br />
Si el imputado no cumpliere, sin justa causa las obligaciones<br />
pactadas en la conciliación, el procedimiento continuará como si no se<br />
hubiere conciliado.<br />
En caso de incumplimiento por causa justificada, las partes podrán<br />
prorrogar el plazo hasta por seis meses más. Si la víctima no aceptare<br />
prorrogar el plazo, o se extinguiere este sin que el imputado cumpla la<br />
obligación aún por justa causa, el proceso continuará su marcha sin que<br />
puedan aplicarse de nuevo las normas sobre la conciliación.<br />
El tribunal no aprobará la conciliación cuando tenga fundados<br />
motivos para estimar que alguno de los que intervengan no está en<br />
condiciones de igualdad para negociar o ha actuado bajo coacción o<br />
amenaza.<br />
No obstante lo dispuesto antes, en los delitos de carácter sexual,<br />
en los cometidos en perjuicio de menores de edad y en las agresiones<br />
domésticas, el tribunal no debe procurar la conciliación entre las<br />
partes ni debe convocar a una audiencia con ese propósito, salvo cuando<br />
lo soliciten en forma expresa la víctima o sus representantes legales."<br />
"Artículo 152.- Nuevo delito. Si durante el procedimiento, el tribunal<br />
conoce de otro delito perseguible, de oficio, remitirá los antecedentes<br />
al Ministerio Público."<br />
"Artículo 25.-<br />
[...]<br />
En los asuntos por delitos sancionados exclusivamente con penas no<br />
privativas de libertad, también procederá la suspensión del<br />
procedimiento a prueba, siempre que concurran los demás requisitos<br />
exigidos por esta ley."<br />
"Artículo 30.-<br />
[...]<br />
j)<br />
[...]<br />
Esta causal solamente se puede aplicar a una persona por una<br />
sola vez. Para ello el Registro Judicial llevará un registro de los<br />
beneficiados con esta norma. Una vez que pasen diez años sin<br />
cometer un hecho delictivo, se cancela el asiento correspondiente."<br />
ARTÍCULO 16.- Creación de Tribunales<br />
Créase el Circuito Judicial de Pococí-Siquirres, compuesto por un<br />
tribunal colegiado mixto y de juicio; un juzgado civil, de trabajo, de<br />
familia y penal juvenil; un juzgado agrario; un juzgado penal en Pococí y<br />
otro en Siquirres; los juzgados de menor cuantía y contravencionales de<br />
Guápiles, Siquirres y Guácimo; así como los despachos necesarios para el<br />
buen servicio público.<br />
ARTÍCULO 17.- Adecuación de funciones<br />
Se modifican todas las leyes anteriores que hagan referencia a la<br />
nomenclatura y a las funciones de los tribunales y de los representantes<br />
del Ministerio Público, para lo cual deberán adecuarse a lo dispuesto en<br />
esta ley y el nuevo Código Procesal Penal.<br />
ARTÍCULO 18.- Informes psicosociales<br />
Cuando sea indispensable un estudio sobre las características<br />
psicológicas, psiquiátricas y sociales, lo mismo que sobre la educación y<br />
antecedentes del imputado, con el fin de resolver alguna cuestión durante<br />
la tramitación del proceso, para la determinación de la pena o para<br />
resolver algún incidente durante la ejecución de la pena, el tribunal<br />
solicitará ese estudio a las autoridades penitenciarias.<br />
ARTÍCULO 19.- Derechos adquiridos<br />
Si una plaza se transformare en otra y el titular de aquella<br />
nombrado en propiedad no reúne algún requisito, la persona adquirirá de<br />
pleno derecho la titularidad de la nueva plaza.<br />
Si una plaza se eliminare, sin que pueda ser transformada en otra,<br />
la persona nombrada en propiedad será reubicada en otra función, procurando<br />
la menor afectación posible, sin que pueda reducírsele el salario, aunque<br />
ello implique mantener diferencias salariales con otros servidores de su<br />
misma categoría.<br />
ARTÍCULO 20.- Nombramientos interinos<br />
La Corte podrá disponer que se suspenda el nombramiento en<br />
propiedad de todos o algunos de los puestos de los servidores en la<br />
materia penal, al menos durante los tres años siguientes a la vigencia del<br />
nuevo Código Procesal Penal, con el fin de facilitar la reorganización de<br />
los despachos judiciales durante ese período, siempre que ello sea<br />
indispensable para un mejor servicio público.<br />
En todo caso, para realizar los nombramientos interinos deberá<br />
preferirse a quienes ya se encuentren calificados como elegibles por los<br />
órganos competentes.<br />
ARTÍCULO 21.- Cambios en la nomenclatura y la estructura presupuestaria<br />
A propuesta de la Corte, el Poder Ejecutivo mediante decreto podrá<br />
realizar los cambios necesarios para la aplicación del nuevo Código<br />
Procesal Penal, en la nomenclatura de la relación de puestos y la<br />
estructura de las oficinas judiciales que aparecen en el presupuesto<br />
nacional.<br />
ARTÍCULO 22.- Los tribunales de Justicia se organizarán en los siguientes<br />
circuitos judiciales:<br />
1.- Unidad Superior de Justicia<br />
Corte Suprema de Justicia<br />
Sala Primera<br />
Sala Segunda<br />
Sala Tercera<br />
Sala Constitucional<br />
2.- Primer Circuito Judicial de San José<br />
Tribunal Primero Civil<br />
Tribunal Segundo Civil<br />
Tribunal de Familia<br />
Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial<br />
Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial, Sede Desamparados<br />
Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial, Sede Hatillo<br />
Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial, Sede Puriscal<br />
Juzgado Primero Civil de San José<br />
Juzgado Segundo Civil de San José<br />
Juzgado Tercero Civil de San José<br />
Juzgado Cuarto Civil de San José<br />
Juzgado Quinto Civil de San José<br />
Juzgado Sexto Civil de San José<br />
Juzgado Primero de Familia de San José<br />
Juzgado Segundo de Familia de San José<br />
Juzgado Penal de San José<br />
Juzgado Penal Juvenil de San José<br />
Juzgado Penal de Desamparados<br />
Juzgado Penal de Hatillo<br />
Juzgado Penal de Puriscal<br />
Juzgado Penal de Pavas<br />
Juzgado de Ejecución de la Pena de San José<br />
Juzgado Civil y de Trabajo de Hatillo<br />
Juzgado Civil y de Trabajo de Desamparados<br />
Juzgado Civil y de Trabajo de Puriscal<br />
Juzgado Primero Civil de Menor Cuantía de San José<br />
Juzgado Segundo Civil de Menor Cuantía de San José<br />
Juzgado Tercero Civil de Menor Cuantía de San José<br />
Juzgado Cuarto Civil de Menor Cuantía de San José<br />
Juzgado Quinto Civil de Menor Cuantía de San José<br />
Juzgado Sexto Civil de Menor Cuantía de San José<br />
Juzgado Primero Contravencional de San José<br />
Juzgado Segundo Contravencional de San José<br />
Juzgado Tercero Contravencional de San José<br />
Juzgado Primero de Pensiones Alimentarias de San José<br />
Juzgado Segundo de Pensiones Alimentarias de San José<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Aserrí<br />
Juzgado de Menor Cuantía de Desamparados<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Escazú<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Hatillo<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Mora<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Puriscal<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Santa Ana<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Acosta<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Turrubares<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de San Sebastián<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Alajuelita<br />
Juzgado Contravencional de Desamparados<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Pavas<br />
Juzgado de Tránsito del Primer Circuito Judicial<br />
Juzgado de Tránsito de Desamparados<br />
Juzgado de Tránsito de Hatillo<br />
Juzgado de Tránsito de Pavas<br />
3.- Segundo Circuito Judicial de San José<br />
Tribunal de Casación Penal<br />
Tribunal Contencioso Administrativo<br />
Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial<br />
Tribunal Penal Juvenil<br />
Tribunal de Trabajo<br />
Tribunal Agrario<br />
Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda<br />
Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial<br />
Juzgado Penal de Turno Extraordinario<br />
Juzgado de Trabajo<br />
Juzgado Civil<br />
Juzgado de Pensiones Alimentarias<br />
Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios<br />
Juzgado Civil de Menor Cuantía del Segundo Circuito Judicial<br />
Juzgado Contravencional del Segundo Circuito Judicial<br />
Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía del Segundo Circuito Judicial<br />
Juzgado de Tránsito del Segundo Circuito Judicial<br />
4.- Circuito Judicial de la Zona Sur<br />
Tribunal de la Zona Sur<br />
Tribunal de la Zona Sur, Sede Golfito<br />
Tribunal de la Zona Sur, Sede Osa<br />
Tribunal de la Zona Sur, Sede Corredores<br />
Juzgado Civil y de Trabajo de Pérez Zeledón<br />
Juzgado Civil y de Trabajo de Golfito<br />
Juzgado Civil y de Trabajo de Osa<br />
Juzgado Civil y de Trabajo de Corredores<br />
Juzgado Agrario de la Zona Sur<br />
Juzgado Penal de Pérez Zeledón<br />
Juzgado Penal Juvenil de Pérez Zeledón<br />
Juzgado Penal de Golfito<br />
Juzgado Penal de Osa<br />
Juzgado Penal de Corredores<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Pérez Zeledón<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Golfito<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Corredores<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Coto Brus<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Osa<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Buenos Aires<br />
5.- Primer Circuito Judicial de Alajuela<br />
Tribunal del Primer Circuito Judicial de Alajuela<br />
Tribunal del Primer Circuito Judicial de Alajuela, Sede Grecia<br />
Tribunal del Primer Circuito Judicial de Alajuela, Sede San Ramón<br />
Juzgado Primero Civil y de Trabajo del Primer Circuito Judicial de<br />
Alajuela<br />
Juzgado Segundo Civil y de Trabajo del Primer Circuito Judicial de<br />
Alajuela<br />
Juzgado Tercero Civil y de Trabajo del Primer Circuito Judicial de<br />
Alajuela<br />
Juzgado de Familia del Primer Circuito Judicial de Alajuela<br />
Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de Alajuela<br />
Juzgado Penal Juvenil del Primer Circuito Judicial de Alajuela<br />
Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela<br />
Juzgado Penal de Grecia<br />
Juzgado Penal de San Ramón<br />
Juzgado Civil y de Trabajo de Grecia<br />
Juzgado Civil y de Trabajo de San Ramón<br />
Juzgado de Menor Cuantía del Primer Circuito Judicial de Alajuela<br />
Juzgado Contravencional del Primer Circuito Judicial de Alajuela<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Grecia<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Naranjo<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Alfaro Ruiz<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Atenas<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de San Mateo<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Poás<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Orotina<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de San Ramón<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Palmares<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Valverde Vega<br />
Juzgado de Tránsito del Primer Circuito Judicial de Alajuela<br />
Juzgado de Tránsito de San Ramón<br />
6.- Circuito Judicial de Alajuela<br />
Tribunal del Segundo Circuito Judicial de Alajuela<br />
Juzgado Civil y de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de<br />
Alajuela<br />
Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Alajuela<br />
Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de Alajuela<br />
Juzgado Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de Alajuela<br />
Juzgado de Menor Cuantía del Segundo Circuito Judicial de Alajuela<br />
Juzgado Contravencional del Segundo Circuito Judicial de Alajuela<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de San Isidro de Peñas<br />
Blancas de San Ramón<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Upala<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía deLos Chiles<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Guatuso<br />
7.- Circuito Judicial de Cartago<br />
Tribunal de Cartago<br />
Tribunal de Cartago, Sede Turrialba<br />
Juzgado Primero Civil y de Trabajo de Cartago<br />
Juzgado Segundo Civil y de Trabajo de Cartago<br />
Juzgado de Familia de Cartago<br />
Juzgado Penal de Cartago<br />
Juzgado Penal Juvenil de Cartago<br />
Juzgado de Ejecución de la Pena de Cartago<br />
Juzgado Penal de Turrialba<br />
Juzgado Civil y de Trabajo de Turrialba<br />
Juzgado de Menor Cuantía de Cartago<br />
Juzgado Primero Contravencional de Cartago<br />
Juzgado Segundo Contravencional de Cartago<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de la Unión<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Alvarado<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Paraíso<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Turrialba<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Jiménez<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Tarrazú, Dota y León<br />
Cortés<br />
Juzgado de Tránsito de Cartago<br />
8.- Circuito Judicial de Heredia<br />
Tribunal de Heredia<br />
Juzgado Civil de Heredia<br />
Juzgado de Trabajo de Heredia<br />
Juzgado de Familia de Heredia<br />
Juzgado Penal de Heredia<br />
Juzgado Penal Juvenil de Heredia<br />
Juzgado Penal de Sarapiquí<br />
Juzgado Penal de San Joaquín de Flores<br />
Juzgado de Menor Cuantía de Heredia<br />
Juzgado Contravencional de Heredia<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Santo Domingo<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de San Isidro<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de San Rafael<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de San Joaquín de Flores<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Sarapiquí<br />
Juzgado de Tránsito de Heredia<br />
9.- Circuito Judicial de Guanacaste<br />
Tribunal de Guanacaste<br />
Tribunal de Guanacaste, Sede Cañas<br />
Tribunal de Guanacaste, Sede Nicoya<br />
Tribunal de Guanacaste, Sede Santa Cruz<br />
Juzgado Penal de Liberia<br />
Juzgado Penal de Cañas<br />
Juzgado Penal de Nicoya<br />
Juzgado Penal de Santa Cruz<br />
Juzgado Penal Juvenil de Liberia<br />
Juzgado Civil y de Trabajo de Liberia<br />
Juzgado Agrario de Liberia<br />
Juzgado Civil y de Trabajo de Santa Cruz<br />
Juzgado Civil y de Trabajo de Cañas<br />
Juzgado Civil y de Trabajo de Nicoya<br />
Juzgado Agrario de Nicoya<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Liberia<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de la Cruz<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Bagaces<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Santa Cruz<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Carrillo<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Cañas<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Abangares<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Tilarán<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Nicoya<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Nandayure<br />
10.- Circuito Judicial de Puntarenas<br />
Tribunal de Puntarenas<br />
Tribunal de Puntarenas, Sede Aguirre y Parrita<br />
Juzgado Primero Civil y de Trabajo de Puntarenas<br />
Juzgado Segundo Civil y de Trabajo de Puntarenas<br />
Juzgado Penal de Puntarenas<br />
Juzgado Penal Juvenil de Puntarenas<br />
Juzgado de Ejecución de la Pena de Puntarenas<br />
Juzgado Penal de Aguirre y Parrita<br />
Juzgado Civil y de Trabajo de Aguirre y Parrita<br />
Juzgado de Menor Cuantía de Puntarenas<br />
Juzgado Primero Contravencional de Puntarenas<br />
Juzgado Segundo Contravencional de Puntarenas<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Jicaral<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Cóbano<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Esparza<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Montes de Oro<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Aguirre y Parrita<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Garabito<br />
Juzgado de Tránsito de Puntarenas<br />
11.- Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica<br />
Tribunal del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica<br />
Juzgado Primero Civil y de Trabajo del Primer Circuito Judicial de<br />
la Zona Atlántica<br />
Juzgado Segundo Civil y de Trabajo del Primer Circuito Judicial de<br />
la Zona Atlántica<br />
Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica<br />
Juzgado Penal Juvenil del Primer Circuito Judicial de la Zona<br />
Atlántica<br />
Juzgado de Ejecución de la Pena de la Zona Atlántica<br />
Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica<br />
Juzgado de Menor Cuantía del Primer Circuito Judicial de la Zona<br />
Atlántica<br />
Juzgado Contravencional del Primer Circuito Judicial de la Zona<br />
Atlántica<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Bribrí<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Matina<br />
Juzgado de Tránsito del Primer Circuito Judicial de la Zona<br />
Atlántica<br />
12.- Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica<br />
Tribunal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica<br />
Tribunal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Sede<br />
Siquirres<br />
Juzgado Civil y de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de la<br />
Zona Atlántica<br />
Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica<br />
Juzgado Penal de Pococí y Guácimo<br />
Juzgado Penal de Siquirres<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Siquirres<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Pococí<br />
Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Guácimo<br />
Juzgado de Tránsito del Segundo Circuito Judicial de la Zona<br />
Atlántica<br />
CAPÍTULO IV<br />
DISPOSICIONES DEROGATORIAS<br />
ARTÍCULO 23.- Derogación de varios artículos de la Ley Orgánica del Poder<br />
Judicial<br />
Deróganse el inciso 8) del artículo 81, el inciso 2) del artículo<br />
113, los artículos 124, 130, 148 y el Transitorio VI de la Ley Orgánica del<br />
Poder Judicial, No. 8, de 29 de noviembre de 1937.<br />
ARTÍCULO 24.- Derogación de la Ley No. 5711<br />
Derógase la Ley Especial de Jurisdicción de los Tribunales, No.<br />
5711, de 27 de junio de 1975.<br />
ARTÍCULO 25.- Derogación de dos párrafos del artículo 140 del Código<br />
Procesal Civil<br />
Deróganse los párrafos primero y segundo del artículo 140 del<br />
Código Procesal Civil, Ley No. 7130, de 17 de agosto de 1989.<br />
ARTÍCULO 26.- Derogación de varios artículos del Código Penal<br />
Deróganse los artículos 80, 81, 81 bis, 82, 83 y 88 del Código<br />
Penal, Ley No. 4573, de 4 de mayo de 1970, excepto para los asuntos que<br />
deban continuar tramitándose conforme al Código de Procedimientos Penales<br />
de 1973.<br />
CAPÍTULO V<br />
DISPOSICIONES TRANSITORIAS<br />
TRANSITORIO I.- Cuando entre en vigencia el Código Procesal Penal, las<br />
alcaldías penales se transformarán en juzgados contravencionales y los<br />
juzgados de instrucción en juzgados penales.<br />
Los tribunales superiores penales y los juzgados penales de su<br />
circunscripción territorial que conocen unipersonalmente del juicio según<br />
el Código de Procedimientos Penales, Ley No. 5377, de 19 de octubre de<br />
1973, se transformarán en un solo despacho para cada circunscripción<br />
denominado tribunal de juicio.<br />
TRANSITORIO II.- Cuando en un mismo lugar o dentro de una circunscripción<br />
territorial hubiere varios juzgados de instrucción, la Corte podrá disponer<br />
la integración de uno o varios de ellos en un solo juzgado penal.<br />
Los despachos judiciales constituidos como alcaldías y juzgados de<br />
instrucción a la vez, como ocurre en San Joaquín de Flores, Puriscal y Osa,<br />
a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal se<br />
dividirán y transformarán en dos tribunales en cada lugar, a saber un<br />
juzgado penal y un juzgado de menor cuantía y contravencional. En<br />
Sarapiquí, la Alcaldía se transformará en dos tribunales: un juzgado penal<br />
y un juzgado de menor cuantía y contravencional.<br />
TRANSITORIO III.- Los procesos que, a la entrada en vigencia del nuevo<br />
Código Procesal Penal, se encuentren con auto o providencia de elevación a<br />
juicio, o con prórroga extraordinaria, aunque no estuvieren firmes,<br />
continuarán tramitándose conforme al Código de Procedimientos Penales, Ley<br />
No. 5377, de 19 de octubre de 1973.<br />
Para conocer de estos asuntos, serán competentes el juez penal del<br />
lugar que actuará como juez de instrucción; así como el tribunal de juicio,<br />
cuyos integrantes actuarán en forma colegiada o individualmente, según<br />
corresponda, de acuerdo con el procedimiento anterior.<br />
Es aplicable a estos asuntos el régimen de prescripción previsto en<br />
el Código Penal, Ley No. 4573, de 4 de mayo de 1970 y las leyes que lo<br />
complementan.<br />
Las apelaciones serán conocidas por uno de los integrantes del<br />
tribunal de juicio.<br />
Del recurso de casación y del procedimiento de revisión contra<br />
sentencias dictadas antes de la vigencia del nuevo Código Procesal Penal<br />
conocerá el Tribunal de Casación, si el delito está sancionado con prisión<br />
hasta de tres años o con pena no privativa de libertad, o la Sala Tercera<br />
en los demás casos. Contra las sentencias dictadas con posterioridad<br />
regirán las nuevas reglas de competencia, aún cuando deba tramitarse<br />
conforme al Código de Procedimientos Penales, Ley No. 5377, de 19 de<br />
octubre de 1973.<br />
TRANSITORIO IV.- No obstante encontrarse en la fase de juicio, serán<br />
aplicables a los asuntos que deban tramitarse conforme al Código de<br />
Procedimientos Penales, Ley No. 5377, de 19 de octubre de 1973, las reglas<br />
del nuevo Código Procesal relativas a la conciliación, el procedimiento<br />
abreviado, el principio de oportunidad, la suspensión del procedimiento a<br />
prueba y la extinción de la acción penal por reparación integral del daño<br />
particular o social causado, siempre que estas medidas sean adoptadas antes<br />
de que se reciba la declaración del imputado durante el juicio.<br />
(Nota: Modificada la redacción de este artículo según el voto 0601-99, de<br />
las nueve horas con quince minutos del 29 de enero de 1999, anulando por<br />
inconstitucional la frase "Durante el primer año de vigencia del nuevo<br />
Código Procesal Penal, y".<br />
El voto agrega que, esta sentencia es declarativa y sus efectos<br />
retroactivos a la fecha de vigencia de la norma o frase anulada, sin<br />
perjuicio de derechos adquiridos de buena fe.)<br />
TRANSITORIO V.- Las apelaciones pendientes en los tribunales superiores<br />
penales, al entrar en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, seguirán<br />
tramitándose conforme al Código de Procedimientos Penales, Ley No. 5377, de<br />
19 de octubre de 1973 cuando se trate de asuntos en los que haya recaído<br />
prórroga extraordinaria, auto de elevación de juicio o sobreseimiento,<br />
aunque no estén firmes.<br />
Igual regla se aplicará cuando se encuentre pendiente de resolución<br />
en alzada el auto de prisión preventiva o la excarcelación; pero, en este<br />
último caso una vez resuelta la situación, se adecuarán los procedimientos<br />
al nuevo Código, salvo que se llegare a dictar sobreseimiento, prórroga<br />
extraordinaria o auto de elevación a juicio.<br />
Los demás asuntos que estén pendientes en apelación deberán<br />
trasladarse al despacho de procedencia, para lo que corresponda en derecho.<br />
TRANSITORIO VI.- Al entrar en vigencia el Código Procesal Penal, las<br />
Agencias Fiscales y las Fiscalías de Juicio y de Apelaciones, se<br />
transformarán en las nuevas estructuras previstas en esta ley.<br />
Para tal efecto, quienes se desempeñen en propiedad como agentes<br />
fiscales, fiscales auxiliares y el Secretario General, pasarán a ocupar<br />
cargos de fiscales auxiliares; quienes estén nombrados en propiedad como<br />
fiscales de juicio o fiscales de apelaciones serán designados para ocupar<br />
los cargos de fiscales.<br />
El Fiscal General nombrará a quienes se desempeñarán como fiscales<br />
adjuntos y a los que deban ser ascendidos a fiscales, aunque no reúnan el<br />
requisito de antigüedad que exige la nueva ley.<br />
TRANSITORIO VII.- En relación con las causas que deban continuar su<br />
tramitación de conformidad con el Código de Procedimientos Penales, Ley No.<br />
5377, de 19 de octubre de 1973, las funciones encomendadas al agente<br />
fiscal, al fiscal de juicio y al de apelaciones las podrán realizar el<br />
fiscal auxiliar, el fiscal o el fiscal adjunto a que se refiere esta ley.<br />
TRANSITORIO VIII.- Al entrar en vigencia esta ley, tanto el Fiscal General<br />
como el Fiscal General Adjunto nombrados en propiedad continuarán<br />
desempeñándose en el cargo de manera indefinida.<br />
La plaza del Fiscal General Adjunto se eliminará cuando quede<br />
vacante. Mientras esté en funciones, al Adjunto le corresponde asumir las<br />
labores que el Fiscal General le delegue o le encargue, y deberá sustituir<br />
a este en sus ausencias temporales y en las definitivas, hasta tanto no se<br />
nombre al propietario, así como en los casos de inhibición o recusación.<br />
Cuando no pudiere asumir esta función, se recurrirá a la terna a que se<br />
refiere la Ley Orgánica del Ministerio Público.<br />
El Fiscal General Adjunto no será sustituido en sus ausencias<br />
temporales.<br />
Esta ley rige a partir de la vigencia del nuevo Código Procesal<br />
Penal, excepto la reforma de los artículos 409 y 410 del Código de<br />
Procedimientos Penales, Ley No. 5377, de 19 de octubre de 1973, que rigen a<br />
partir de la publicación de la presente ley.<br />
COMISIÓN LEGISLATIVA PLENA PRIMERA.- Aprobado el anterior proyecto el día<br />
veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y siete.<br />
Edelberto Castilblanco Vargas<br />
Óscar Ureña Ureña<br />
PRESIDENTE<br />
PRIMER SECRETARIO<br />
ASAMBLEA LEGISLATIVA.- San José, a los ocho días del mes de diciembre de<br />
mil novecientos noventa y siete.<br />
COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO<br />
Saúl Weisleder Weisleder<br />
PRESIDENTE<br />
Mario Álvarez González<br />
José Luis Velásquez Acuña<br />
PRIMER SECRETARIO<br />
SEGUNDO SECRETARIO<br />
Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los quince<br />
días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y siete.<br />
Ejecútese y publíquese<br />
JOSE MARIA FIGUERES OLSEN<br />
Fabián Volio E.<br />
Ministro de Justicia y Gracia<br />
_______________________________________________________<br />
Actualizada al: 11-03-2002<br />
Sanción: 15-12-1997<br />
Publicación: 26-12-1997<br />
Rige: 26-12-1997<br />
JCBM.-
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