Ley 7523

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Nº 7523 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA DECRETA: REGIMEN PRIVADO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS Y REFORMAS DE LA LEY REGULADORA DEL MERCADO DE VALORES Y DEL CODIGO DE COMERCIO Artículo I.- Se crea el régimen privado de pensiones complementarias, cuyo texto dirá: "REGIMEN PRIVADO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1º.- Objetivos La presente ley tiene por objetivo autorizar y regular la creación de los sistemas o planes de pensiones complementarias destinadas a brindar los beneficios de protección complementaria ante los riesgos de la vejez y la muerte, así como los planes de capitalización individual destinados a fomentar y estimular la previsión y el ahorro a mediano y largo plazo. (Así reformado por el artículo 191 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, Nº 7732 del 17 de diciembre de 1997.) Artículo 2º.- Derogado. (Este artículo 2º fue derogado por el artículo 90, inciso a) de la Ley Nº 7983 del 16 de febrero del 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de La Gaceta Nº 35, de 18 de febrero de 2000.) CAPITULO II OPERADORAS DE PLANES DE PENSION Artículo 3º.- Derogado. (Este artículo 3º fue derogado por el artículo 90, inciso a) de la Ley Nº 7983 del 16 de febrero del 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de La Gaceta Nº 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 4º.- Derogado. (Este artículo 4º fue derogado por el artículo 90, inciso a) de la Ley Nº 7983 del 16 de febrero del 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de La Gaceta Nº 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 5º.- Derogado. (Este artículo 5º fue derogado por el artículo 90, inciso a) de la Ley Nº 7983 del 16 de febrero del 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de La Gaceta Nº 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 6º.- Derogado. (Este artículo 6º fue derogado por el artículo 90, inciso a) de la Ley Nº 7983 del 16 de febrero del 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de La Gaceta Nº 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 7º.- Derogado. (Este artículo 7º fue derogado por el artículo 90, inciso a) de la Ley Nº 7983 del 16 de febrero del 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de La Gaceta Nº 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 8º.- Derogado. (Este artículo 8º fue derogado por el artículo 90, inciso a) de la Ley Nº 7983 del 16 de febrero del 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de La Gaceta Nº 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 9º.- Derogado. (Este artículo 9º fue derogado por el artículo 90, inciso a) de la Ley Nº 7983 del 16 de febrero del 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de La Gaceta Nº 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 10.- Derogado. (Este artículo 10 fue derogado por el artículo 90, inciso a) de la Ley Nº 7983 del 16 de febrero del 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de La Gaceta Nº 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 11.- Derogado. (Este artículo 11 fue derogado por el artículo 90, inciso a) de la Ley Nº 7983 del 16 de febrero del 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de La Gaceta Nº 35, de 18 de febrero de 2000.) CAPITULO III INVERSIONES DEL FONDO Artículo 12.- Derogado. (Este artículo 12 fue derogado por el artículo 90, inciso a) de la Ley Nº 7983 del 16 de febrero del 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de La Gaceta Nº 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 13.- Derogado. (Este artículo 13 fue derogado por el artículo 90, inciso a) de la Ley Nº 7983 del 16 de febrero del 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de La Gaceta Nº 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 14.- Derogado. (Este artículo 14 fue derogado por el artículo 90, inciso a) de la Ley Nº 7983 del 16 de febrero del 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de La Gaceta Nº 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 15.- Derogado. (Este artículo 15 fue derogado por el artículo 90, inciso a) de la Ley Nº 7983 del 16 de febrero del 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de La Gaceta Nº 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 16.- Derogado. (Este artículo 16 fue derogado por el artículo 90, inciso a) de la Ley Nº 7983 del 16 de febrero del 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de La Gaceta Nº 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 17.- Derogado. (Este artículo 17 fue derogado por el artículo 90, inciso a) de la Ley Nº 7983 del 16 de febrero del 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de La Gaceta Nº 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 18.- Derogado. (Este artículo 18 fue derogado por el artículo 90, inciso a) de la Ley Nº 7983 del 16 de febrero del 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de La Gaceta Nº 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 19.- Derogado. (Este artículo 19 fue derogado por el artículo 90, inciso a) de la Ley Nº 7983 del 16 de febrero del 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de La Gaceta Nº 35, de 18 de febrero de 2000.) CAPITULO IV PLANES OFRECIDOS, TERMINOS Y BENEFICIOS Artículo 20.- Derogado. (Este artículo 20 fue derogado por el artículo 90, inciso a) de la Ley Nº 7983 del 16 de febrero del 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de La Gaceta Nº 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 21.- Derogado. (Este artículo 21 fue derogado por el artículo 90, inciso a) de la Ley Nº 7983 del 16 de febrero del 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de La Gaceta Nº 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 22.- Derogado. (Este artículo 22 fue derogado por el artículo 90, inciso a) de la Ley Nº 7983 del 16 de febrero del 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de La Gaceta Nº 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 23.- Derogado. (Este artículo 23 fue derogado por el artículo 90, inciso a) de la Ley Nº 7983 del 16 de febrero del 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de La Gaceta Nº 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 24.- Derogado. (Este artículo 24 fue derogado por el artículo 90, inciso a) de la Ley Nº 7983 del 16 de febrero del 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de La Gaceta Nº 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 25.- Derogado. (Este artículo 25 fue derogado por el artículo 90, inciso a) de la Ley Nº 7983 del 16 de febrero del 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de La Gaceta Nº 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 26.- Derogado. (Este artículo 26 fue derogado por el artículo 90, inciso a) de la Ley Nº 7983 del 16 de febrero del 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de La Gaceta Nº 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 27.- Derogado. (Este artículo 27 fue derogado por el artículo 90, inciso a) de la Ley Nº 7983 del 16 de febrero del 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de La Gaceta Nº 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 28.- Derogado. (Este artículo 28 fue derogado por el artículo 90, inciso a) de la Ley Nº 7983 del 16 de febrero del 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de La Gaceta Nº 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 29.- Derogado. (Este artículo 29 fue derogado por el artículo 90, inciso a) de la Ley Nº 7983 del 16 de febrero del 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de La Gaceta Nº 35, de 18 de febrero de 2000.) CAPITULO V OBLIGACIONES Artículo 30.- Derogado. (Este artículo 30 fue derogado por el artículo 90, inciso a) de la Ley Nº 7983 del 16 de febrero del 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de La Gaceta Nº 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 31.- Derogado. (Este artículo 31 fue derogado por el artículo 90, inciso a) de la Ley Nº 7983 del 16 de febrero del 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de La Gaceta Nº 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 32.- Derogado. (Este artículo 32 fue derogado por el artículo 90, inciso a) de la Ley Nº 7983 del 16 de febrero del 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de La Gaceta Nº 35, de 18 de febrero de 2000.) Nota: Es importante destacar que en la publicación de la Ley Nº 7983, en lo referente al artículo 79 que reforma la Ley Nº 7523, se presentan los siguientes errores en la numeración de los subtítulos: 1.- Se menciona que se reforma el capítulo IV de la Ley Nº 7523, cuando lo correcto es el capítulo VI. 2.- Después del artículo 44 del capítulo VII, se presenta el subtítulo capítulo II cuando lo correcto es sección II. 3.- Luego del artículo 57 del capítulo VII, se presenta el subtítulo sección II cuando lo correcto es sección III. 4.- Finalmente después del artículo 60, se presenta el subtítulo capítulo IV cuando lo correcto es sección IV. Cabe señalar que estos errores se originaron en el texto sustitutivo del proyecto que dio origen a la Ley Nº 7983, Ley de Protección al Trabajador (Ver tomo 6, folio 1768 del expediente Nº 13.691, Ley Nº 7983). Por otra parte, puede observarse que la numeración de los artículos está correcta. CAPÍTULO VI Superintendencia de Pensiones Artículo 33.- Regulación del régimen El Régimen de Pensiones será regulado y fiscalizado por una Superintendencia de Pensiones, como órgano de máxima desconcentración, con personalidad y capacidad jurídicas instrumentales, y adscrito al Banco Central de Costa Rica. La Superintendencia de Pensiones autorizará, regulará, supervisará y fiscalizará los planes, fondos y regímenes contemplados en esta ley, así como aquellos que le sean encomendados en virtud de otras leyes, y la actividad de las operadoras de pensiones, de los entes autorizados para administrar los fondos de capitalización laboral y de las personas físicas o jurídicas que intervengan, directa o indirectamente, en los actos o contratos relacionados con las disposiciones de esta ley. La Superintendencia de Pensiones contará con un Superintendente y un Intendente, nombrados por el Consejo, quienes se regirán por los artículos 172 y 173 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, No. 7732, del 17 de diciembre de 1997. Ambos deberán estar presentes en las sesiones donde el Consejo se reúna para tratar los asuntos de la Superintendencia de Pensiones. (Este artículo 33, fue reformado por el artículo 79, de la Ley N° 7983, de 16 de febrero de 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de la Gaceta N° 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 34.- Presupuesto y régimen de servicio El presupuesto y régimen de servicio de la Superintendencia se regirán por los artículos 174 a 177 de la ley No. 7732, del 17 de diciembre de 1997. Autorízase al Banco Central de Costa Rica para que exceda del 80% de su aporte al presupuesto de la Superintendencia de Pensiones, en caso de que las contribuciones de los sujetos fiscalizados señaladas en el artículo 174 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, No. 7732, del 17 de diciembre de 1997, no alcancen el 20%. (Este artículo 34, fue reformado por el artículo 79, de la Ley N° 7983, de 16 de febrero de 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de la Gaceta N° 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 35.- El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero La Superintendencia de Pensiones funcionará bajo la dirección del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, según la Ley Reguladora del Mercado de Valores, No. 7732, del 17 de diciembre de 1997. Cuando el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero se reúna para conocer asuntos relacionados con la Superintendencia de Pensiones, el Ministro o Viceministro de Hacienda será sustituido por el Ministro de Trabajo o su representante. Además, se adicionará un miembro nombrado por la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, con base en una terna propuesta por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y de Desarrollo Comunal; a este miembro se le aplicarán los requisitos, impedimentos, incompatibilidades y las causas de cese, responsabilidad, prohibición y remuneración establecidos en los artículos 18 a 24 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. (Este artículo 35, fue reformado por el artículo 79, de la Ley N° 7983, de 16 de febrero de 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de la Gaceta N° 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 36.- Supervisión de los otros regímenes de carácter público En materia de supervisión y resguardo de la solidez financiera de los regímenes de pensiones creados por ley o convenciones colectivas, la Superintendencia tendrá las siguientes facultades: a) Velar por el equilibrio actuarial de los regímenes administrados y dictar las resoluciones correspondientes. b) Supervisar la inversión de los recursos administrados y dictar políticas respecto de la composición y valoración de cartera de inversiones. c) Comprobar la correcta y oportuna imputación de los aportes en las cuentas de los afiliados. d) Definir el contenido, la forma y la periodicidad de la información por suministrar a la Superintendencia sobre la situación financiera de los sistemas, las características y los costos de los servicios en materia de pensiones, todo con el fin de que exista información oportuna y confiable en cuanto a la situación de dichos sistemas. e) Velar por la oportuna y correcta concesión de los beneficios a los que tienen derecho los afiliados y la calidad del servicio. f) Recibir y resolver las denuncias de los afiliados. g) Rendir anualmente un informe sobre la situación financiera de cada régimen de pensiones. h) Supervisar el sistema de calificación de la invalidez de los distintos regímenes. En cuanto al Sistema de Pensiones del Magisterio Nacional, las atribuciones de la Superintendencia serán las determinadas en la ley No. 7531 y sus reformas. Asimismo, la Superintendencia de Pensiones fiscalizará y supervisará la labor realizada por la Dirección General de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el otorgamiento de las pensiones con cargo al presupuesto nacional, en relación con la legalidad y oportunidad de las resoluciones. También, fiscalizará lo relativo a las modificaciones y revalorizaciones de las pensiones que son competencia de la mencionada Dirección. (Este artículo 36, fue reformado por el artículo 79, de la Ley N° 7983, de 16 de febrero de 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de la Gaceta N° 35, de 18 de febrero de 2000.) (Este último párrafo del artículo 36, fue adicionado por el artículo 71, de la Ley N° 8343, de 18 de diciembre de 2002. Publicada en La Gaceta N° 250, de 27 de diciembre de 2002.) Artículo 37.- Supervisión del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte Las atribuciones de la Superintendencia en relación con el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte que administra la CCSS serán las siguientes: a) Presentar, anualmente, a la Junta Directiva de la CCSS y el Comité de Vigilancia un informe de la situación del Régimen y las recomendaciones para mejorar su administración y su equilibrio actuarial. b) Supervisar que la inversión de los recursos y la valoración de la cartera de inversiones se realice de acuerdo con la ley. c) Definir el contenido, la forma y la periodicidad de la información que debe suministrar la CCSS a la Superintendencia sobre la situación financiera del régimen. d) Supervisar el sistema de calificación de la invalidez. (Este artículo 37, fue reformado por el artículo 79, de la Ley N° 7983, de 16 de febrero de 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de la Gaceta N° 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 38.- Atribuciones del Superintendente de Pensiones El Superintendente de Pensiones tendrá las siguientes atribuciones: a) Proponer al Consejo Nacional los reglamentos necesarios para cumplir las competencias y funciones de la Superintendencia a su cargo; así como los informes y dictámenes que este requiera para ejercer sus atribuciones. b) Establecer la distribución interna de competencias y la organización correspondiente, para el cumplimiento óptimo de los fines de la legislación que regula la Superintendencia, según las normas generales de organización que dicte el Consejo Nacional. c) Ejercer, en nombre y por cuenta del Banco Central de Costa Rica, la representación judicial y extrajudicial del Banco Central para las funciones propias de su cargo, con las atribuciones de un apoderado generalísimo sin límite de suma. Podrá delegar poderes en el Intendente u otros funcionarios de la Superintendencia, conforme a las normas que el Consejo Nacional dicte. d) Imponer, a las entidades reguladas, las medidas precautorias y las sanciones previstas en esta ley, salvo las que corresponda imponer al Consejo. e) Autorizar la apertura y el funcionamiento de los entes de acuerdo con lo establecido en esta ley y las normas dictadas por el Consejo Nacional. El Superintendente informará al Consejo Nacional de las autorizaciones concedidas. f) Adoptar todas las acciones necesarias para el cumplimiento efectivo de las funciones de autorización, regulación, supervisión y fiscalización que le competen a la Superintendencia, según esta ley y las normas emitidas por el Consejo Nacional. g) Proponer al Consejo Nacional las normas por seguir en materia de valoración y custodia de los activos de los Fondos regulados por la Ley de Protección al Trabajador. h) Proponer, al Consejo Nacional, la normativa reglamentaria sobre los parámetros de referencia para determinar las pensiones vitalicias y sus ajustes a lo largo del tiempo, de conformidad con la Ley de Protección al Trabajador. i) Proponer, al Consejo Nacional, los requisitos generales que deben cumplir los agentes promotores de las Operadoras de Pensiones para ser incluidos en el registro de agentes autorizados. j) Aplicar las normas y los reglamentos dictados por el Consejo Nacional. k) Ejercer las potestades de máximo jerarca en materia administrativa y de personal. En su calidad de jerarca, le corresponderá nombrar, contratar, promover, separar y sancionar al personal de la Superintendencia a su cargo y adoptar las demás medidas internas correspondientes a su funcionamiento. Cuando se trate del personal de la Auditoría Interna, el Superintendente deberá consultar al Auditor Interno. El Superintendente agota la vía administrativa en materia de personal. l) Establecer el contenido mínimo de los contratos que se celebren entre las operadoras y sus afiliados, y entre ellas y las centrales de valores. m) Vigilar el cumplimiento estricto por parte de los entes supervisados, de los reglamentos, acuerdos y las resoluciones dictados por el Consejo Nacional. n) Presentar, al Consejo Nacional, un informe trimestral sobre la evolución de los sistemas de pensiones y la situación de los entes supervisados. ñ) Presentar al Consejo Nacional el plan anual operativo, el presupuesto, sus modificaciones y su liquidación anual. o) Dictar las resoluciones necesarias y evaluar la solidez financiera de los regímenes supervisados. p) Fiscalizar la inversión de los recursos de los fondos administrados por los entes supervisados y la composición de su portafolio de inversiones. q) Comprobar la imputación correcta y oportuna de los aportes en las cuentas de los afiliados. r) Exigir, a los entes supervisados, el suministro de la información necesaria para los afiliados y dictar normas específicas sobre el contenido, la forma y la periodicidad con que las entidades supervisadas deben proporcionar a la Superintendencia, al afiliado y al público, información sobre su situación jurídica, económica y financiera, sobre las características y los costos de sus servicios, las operaciones activas y pasivas y cualquier otra información que considere de importancia; todo con el fin de que exista información suficiente y confiable sobre la situación de las entidades supervisadas. s) Vigilar porque toda publicidad de las actividades del ente supervisado, de los fondos que administra y los planes que ofrece, esté dirigida a proporcionar información que no induzca a equívocos ni confusiones. Para tal efecto, podrá obligar al ente supervisado a modificar o suspender su publicidad, cuando no se ajuste a las normas para proteger a los trabajadores. t) Fiscalizar el otorgamiento de los beneficios por parte de los entes supervisados. u) Recibir y resolver las denuncias de los afiliados contra los entes autorizados. v) Suministrar al público la más amplia información sobre los entes supervisados y la situación del sector. w) Denunciar, ante la Comisión de Promoción de la Competencia, las prácticas monopolísticas por parte de los entes regulados. x) Aprobar los contratos de las entidades supervisadas, con empresas de su mismo grupo financiero o pertenecientes a un grupo económico vinculado con dichas entidades, de acuerdo con las normas reglamentarias que establecerá el Consejo Nacional. y) Procurar que no operen en el territorio costarricense, sin la debida autorización personas naturales ni jurídicas, cualesquiera que sean su domicilio legal o lugar de operación, que de manera habitual y a cualquier título realicen actividades de oferta y administración de planes de ahorro para la jubilación o planes de pensiones. z) Solicitar, al Consejo Nacional, la intervención y liquidación de los entes regulados, ejecutar y supervisar el proceso de intervención. (Este artículo 38, fue reformado por el artículo 79, de la Ley N° 7983, de 16 de febrero de 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de la Gaceta N° 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 39.- Auditor interno La Superintendencia tendrá una auditoría interna, encargada de verificar el cumplimiento de las labores reguladoras, supervisoras y fiscalizadoras previstas en esta ley y la normativa dictada por la Superintendencia, así como de la suficiencia de los sistemas de control establecidos por el Superintendente. En materia presupuestaria, el Consejo Nacional determinará el ámbito de competencia que le corresponderá. La Auditoría Interna dependerá directamente del Consejo Nacional y funcionará bajo la dirección de un auditor, nombrado por este Consejo con el voto de cinco miembros como mínimo. El auditor será un funcionario de tiempo completo y dedicación exclusiva. El auditor interno debe asistir a las sesiones del Consejo Nacional donde se discutan temas atinentes a la Superintendencia; en ellas tendrá voz, pero no voto. (Este artículo 39, fue reformado por el artículo 79, de la Ley N° 7983, de 16 de febrero de 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de la Gaceta N° 35, de 18 de febrero de 2000.) Nota: La Ley Nº 7983 del 16 de febrero del 2000, en su artículo 79 reforma el presente Capítulo VII, constituido por los artículos del número 40 al 62. CAPITULO VII SANCIONES SECCIÓN I MEDIDAS PRECAUTORIAS Artículo 40.- Medidas precautorias A la Superintendencia le corresponderá aplicar las medidas precautorias cuando constate algún incumplimiento del ente regulado que, en el ejercicio de sus actividades, pueda comprometer la integridad de los recursos que administra o para evitar a los afiliados daños de reparación imposible o difícil cuando tenga indicios de la comisión de un delito o en otros casos previstos por esta ley. (Este artículo 40, fue reformado por el artículo 79, de la Ley N° 7983, de 16 de febrero de 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de la Gaceta N° 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 41.- Definición de grados de irregularidad financiera Para velar por la estabilidad y eficiencia del sistema de pensiones, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero dictará un reglamento que le permita a la Superintendencia determinar situaciones de inestabilidad o irregularidad financiera en los fondos administrados por los entes regulados. Este reglamento incluirá, al menos, los siguientes elementos normativos: definiciones de grados de riesgo de los activos del fondo, grados de riesgo de liquidez, riesgo de variaciones de tasas de interés, riesgo cambiario y otros riesgos que considere oportuno evaluar. Para aplicar las medidas precautorias, dichas irregularidades se clasificarán en la siguiente forma: Grado uno: Son irregularidades leves las que, a criterio de la Superintendencia, pueden ser superadas con la adopción de medidas correctivas de corto plazo. Grado dos: Son irregularidades graves las que, a juicio de la Superintendencia, solo pueden corregirse con la adopción y ejecución de un plan de saneamiento. Grado tres: Son irregularidades muy graves las que pueden comprometer la integridad del Fondo y ocasionar perjuicios graves a sus afiliados y para corregirlas, se requiere la intervención del ente regulado o bien la sustitución de sus administradores. De igual manera, se considerarán irregularidades muy graves las indicadas en los acápites ii) a viii) del inciso d) del artículo 136 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. (Este artículo 41, fue reformado por el artículo 79, de la Ley N° 7983, de 16 de febrero de 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de la Gaceta N° 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 42.- Medidas aplicables en casos de irregularidad financiera En caso de irregularidad, son medidas aplicables las siguientes: a) Medidas correctivas: En caso de irregularidades de grado uno, el Superintendente comunicará a la Junta Directiva de la operadora, las irregularidades detectadas y le concederá un plazo prudencial para corregirlas. b) Plan de saneamiento: Si se trata de irregularidades de grado dos, el Superintendente convocará a la Junta Directiva, al auditor interno y al gerente de la entidad supervisada a una comparecencia, en la cual comunicará las irregularidades detectadas y ordenará la presentación de un plan de saneamiento y su ejecución, dentro de los plazos que establezca el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero mediante las normas correspondientes. Este plan deberá incluir las fechas de su ejecución y las medidas detalladas para corregir las irregularidades. Dicho plan deberá ser aprobado por el Superintendente y será de acatamiento obligatorio para la entidad regulada. c) Intervención administrativa: En caso de irregularidades de grado tres o cuando un ente regulado no reponga la deficiencia de capital mínimo dentro del plazo fijado por el Superintendente, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, previo informe del Superintendente y por resolución fundada, decretará la intervención de la entidad regulada y dispondrá las condiciones en que esta medida se aplicará. El procedimiento de intervención se regirá, en todo lo pertinente, por los tres últimos párrafos del artículo 139 y por el artículo 140, ambos de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. (Este artículo 42, fue reformado por el artículo 79, de la Ley N° 7983, de 16 de febrero de 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de la Gaceta N° 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 43.- Prohibición de administración por intervención judicial Los entes regulados no podrán acogerse a los procesos de administración y reorganización con intervención judicial ni a los convenios preventivos de acreedores. (Este artículo 43, fue reformado por el artículo 79, de la Ley N° 7983, de 16 de febrero de 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de la Gaceta N° 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 44.- Medida precautoria de cierre La Superintendencia deberá velar porque en el territorio nacional no operen entidades no autorizadas que, de manera habitual y por cualquier título, realicen actividades propias de los entes regulados. Cuando lo autorice la autoridad judicial, dispondrá la clausura de las oficinas en donde se practique esta clase de actividad y para ello podrá requerir el auxilio de la Fuerza Pública. La Superintendencia también podrá ordenar a los entes regulados o a cualquier persona física o jurídica, la suspensión de la publicidad u oferta al público, cualquiera que sea el medio por el cual se transmita, cuando sea efectuada por personas no autorizadas o los términos sean falsos o engañosos. (Este artículo 44, fue adicionado por el artículo 79, de la Ley N° 7983, de 16 de febrero de 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de la Gaceta N° 35, de 18 de febrero de 2000.) CAPÍTULO II INFRACCIONES Y SANCIONES Artículo 45.- Tipología Las infracciones contra la presente ley en las que pueden incurrir los entes regulados se clasifican en leves, graves y muy graves. (Este artículo 45, fue adicionado por el artículo 79, de la Ley N° 7983, de 16 de febrero de 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de la Gaceta N° 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 46.- Infracciones muy graves Incurrirán en infracciones muy graves: a) El ente regulado que impida u obstaculice la supervisión de la Superintendencia. b) El ente regulado que no suministre a la Superintendencia la información requerida por ella dentro del plazo otorgado al efecto, o suministre datos falsos. c) El ente regulado que destine los recursos de un fondo a fines distintos de los previstos en el artículo 55 de la Ley de protección al trabajador. d) El ente regulado que invierta los recursos de un fondo contraviniendo los artículos 61, 62, 63, 64 y 65 de la Ley de protección al trabajador. e) El ente regulado que incumpla con las normas relativas a la custodia de títulos y valores, previstas en el artículo 66 de la Ley de protección al trabajador. f) El ente regulado que practique actividades ajenas al objeto legalmente autorizado. g) El ente regulado que no lleve la contabilidad o los registros legalmente exigidos o los lleve con vicios o irregularidades esenciales que dificulten conocer la situación patrimonial o financiera de la entidad o las operaciones en que participa. h) El ente regulado, que por un período superior a seis meses continuos, reduzca su capital mínimo a niveles inferiores al ochenta por ciento (80%) del mínimo legal o el exigible de acuerdo con las directrices emitidas por la Superintendencia. i) El ente regulado que, incumpla la obligación de someterse a las auditorías externas en los términos fijados en el inciso n) del artículo 42 de la Ley de protección al trabajador, o presente informes de auditorías externas con vicios o irregularidades sustanciales. j) Las personas, físicas o jurídicas, que realicen auditorías externas con vicios o irregularidades sustanciales, a las entidades sujetas a la fiscalización de la Superintendencia, o incumplan con las normas dispuestas en el inciso q) del artículo 42 de la Ley de protección al trabajador. k) El ente regulado que incumpla el principio de no discriminación previsto en el artículo 45 de la Ley de protección al trabajador. (Este artículo 46, fue adicionado por el artículo 79, de la Ley N° 7983, de 16 de febrero de 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de la Gaceta N° 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 47.- Sanciones por infracciones muy graves Las sanciones correspondientes a las infracciones muy graves serán: a) Multa por un monto hasta de cinco veces el beneficio patrimonial, obtenido como consecuencia directa de la infracción cometida. b) Multa hasta de un cinco por ciento (5%) del patrimonio de la sociedad. c) Multa hasta de doscientos salarios base, según se define en la ley No. 7337, de 5 de mayo de 1993. d) Suspensión de la autorización hasta por un año. e) Revocación de la autorización de funcionamiento del ente regulado. (Este artículo 47, fue adicionado por el artículo 79, de la Ley N° 7983, de 16 de febrero de 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de la Gaceta N° 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 48.- Infracciones graves Incurrirá en infracciones graves el ente regulado que: a) No notifique a la Superintendencia el incumplimiento de los requisitos de la inversión o no presente el plan de reducción de riesgos, de conformidad con el artículo 38 de la Ley de protección al trabajador. b) No remita a los afiliados la información indicada por la Superintendencia. c) Reduzca, por un período superior a dos meses e inferior a seis meses continuos, su capital mínimo a niveles inferiores al ochenta por ciento (80%) del mínimo legal o el exigible de acuerdo con las disposiciones emitidas por la Superintendencia. d) Realice publicidad contraria a las disposiciones de la Superintendencia. e) Atrase la actualización de sus libros de contabilidad o los registros obligatorios, por un plazo mayor de cinco días. f) No observe las normas contables dispuestas por la Superintendencia. g) Incumpla los términos de los planes de ahorro para la jubilación en las condiciones autorizadas por la Superintendencia y pactadas con los afiliados. h) No publique oportunamente la información que, de acuerdo con la Ley de protección al trabajador y demás normas que establezca la Superintendencia, sea de interés para los afiliados, aportantes y público en general. i) Obstaculice el derecho de transferencia ordenado en el artículo 10 de la Ley de protección al trabajador. j) No acredite los recursos en las cuentas individuales, o acredite el producto de las inversiones en forma distinta de la ordenada por la Ley de protección al trabajador o fuera de los plazos previstos en ella. k) Cobre comisiones no autorizadas en la Ley de protección al trabajador o en las normas reglamentarias emitidas por la Superintendencia. l) Utilice o permita que sus funcionarios usen información reservada a fin de que obtengan, para sí o para otros, ventajas de los fondos administrados, mediante la compra o venta de valores. (Este artículo 48, fue adicionado por el artículo 79, de la Ley N° 7983, de 16 de febrero de 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de la Gaceta N° 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 49.- Sanciones por infracciones graves Las sanciones correspondientes a las infracciones graves serán: a) Amonestación pública que se divulgará en La Gaceta y un diario de circulación nacional. b) Multa por un monto hasta de tres veces el beneficio patrimonial, obtenido como consecuencia directa de la infracción cometida. c) Multa hasta de un dos por ciento (2%) del patrimonio de la sociedad. d) Multa hasta de cien veces el salario base definido en la Ley No. 7337, de 5 de mayo de 1993. e) Suspensión de la autorización hasta por un año. (Este artículo 49, fue adicionado por el artículo 79, de la Ley N° 7983, de 16 de febrero de 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de la Gaceta N° 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 50.- Infracciones leves Constituirán infracciones leves los actos o las omisiones de los entes regulados, que violen las disposiciones de la Ley de protección al trabajador y las directrices emitidas por la Superintendencia y que no estén tipificadas como infracciones graves o muy graves, según los artículos anteriores. (Este artículo 50, fue adicionado por el artículo 79, de la Ley N° 7983, de 16 de febrero de 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de la Gaceta N° 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 51.- Sanción por infracciones leves La sanción por infracciones leves será amonestación privada, consistente en una comunicación escrita dirigida al infractor. (Este artículo 51, fue adicionado por el artículo 79, de la Ley N° 7983, de 16 de febrero de 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de la Gaceta N° 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 52.- Sanciones adicionales Independientemente de las reglas sancionadoras de esta ley, se aplicará también sanción en los siguientes casos: a) A las personas físicas autorizadas para actuar como agentes, o personas físicas cuya responsabilidad dolosa o culposa se haya determinado al sancionar a una entidad, se les impondrá: i) Amonestación privada por infracciones leves. ii) Amonestación pública por infracciones graves. iii) Multa por un monto hasta de doscientas veces el salario base definido en la Ley No. 7337, de 5 de mayo de 1993, por infracciones muy graves. b) Cuando se determine el dolo o la culpa de un directivo, personero o empleado de una entidad sujeta a la fiscalización de la Superintendencia, se le impondrá: i) Suspensión hasta por un año en el ejercicio de su cargo, en el caso de infracciones graves. ii) Separación del cargo e inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en entidades sujetas a la fiscalización de la Superintendencia, por un plazo hasta de cinco años, en caso de infracciones muy graves. (Este artículo 52, fue adicionado por el artículo 79, de la Ley N° 7983, de 16 de febrero de 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de la Gaceta N° 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 53.- Faltas contra la confidencialidad Quienes contravengan las prohibiciones citadas en el artículo 67 de la Ley de protección al trabajador serán sancionados con multa de uno a seis salarios base, que aplicará la Superintendencia en beneficio del propio fondo y con cargo a la operadora respectiva. Por salario base se entenderá el definido en la Ley No. 7337, de 5 de mayo de 1993. (Este artículo 53, fue adicionado por el artículo 79, de la Ley N° 7983, de 16 de febrero de 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de la Gaceta N° 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 54.- Prohibición para subejecutar el presupuesto Quien ordene subejecutar un presupuesto público en relación con el porcentaje creado por la Ley de protección al trabajador, o proceda a subejecutarlo incurrirá en falta grave, sancionada con el despido sin responsabilidad patronal o la remoción del cargo. (Este artículo 54, fue adicionado por el artículo 79, de la Ley N° 7983, de 16 de febrero de 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de la Gaceta N° 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 55.- Sanciones por atraso en el traslado de los recursos El patrono que, habiendo vencido el plazo fijado en el artículo 57 de la Ley de protección al trabajador no traslade el aporte referido en esta ley, será sancionado conforme al artículo 614 del Código de Trabajo. (Este artículo 55, fue adicionado por el artículo 79, de la Ley N° 7983, de 16 de febrero de 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de la Gaceta N° 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 56.- Multas por retención de recursos Establécese una multa que impondrá la Superintendencia a los empleadores, las entidades recaudadoras, el sistema central de recaudación y las operadoras que incumplan los plazos definidos en el reglamento para la transferencia y acreditación de los aportes. Dicha multa resultará de aplicar la tasa de redescuento del Banco Central de Costa Rica a los montos no transferidos por el plazo de atraso. El monto de la multa se usará para indemnizar a los trabajadores propietarios de las cuentas individuales. (Este artículo 56, fue adicionado por el artículo 79, de la Ley N° 7983, de 16 de febrero de 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de la Gaceta N° 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 57.- Formas jurídicas Las formas jurídicas adoptadas por los entes regulados no obligan a la Superintendencia, para efectos de sus potestades de fiscalización y sanción previstas en esta ley. La Superintendencia podrá atribuirles a las situaciones y los actos ocurridos una significación acorde con los hechos, atendiendo la realidad y no la forma jurídica. Lo dispuesto en el párrafo anterior será igualmente aplicable a la Superintendencia General de Entidades Financieras y a la Superintendencia General de Valores, en el ejercicio de sus potestades de fiscalización y sanción. (Este artículo 57, fue adicionado por el artículo 79, de la Ley N° 7983, de 16 de febrero de 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de la Gaceta N° 35, de 18 de febrero de 2000.) SECCIÓN II EJERCICIO DE LAS POTESTADES DE FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN Artículo 58.- Labores de supervisión En las labores de supervisión y vigilancia de la Superintendencia sobre los entes sujetos a su fiscalización, el Superintendente, por sí o por medio de los funcionarios de la Superintendencia, podrá efectuar cualquier acción directa de supervisión, verificación, inspección o vigilancia en las entidades reguladas cuando lo considere oportuno, a fin de ejercer las facultades que le otorgan esta ley, leyes conexas y las demás normas; asimismo, deberá velar por el cumplimiento de los reglamentos y las normas de carácter general emitidas por el Consejo Nacional de Supervisión. Las entidades reguladas están obligadas a prestar total colaboración a la Superintendencia, para facilitar las labores que le faculta esta ley. (Este artículo 58, fue adicionado por el artículo 79, de la Ley N° 7983, de 16 de febrero de 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de la Gaceta N° 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 59.- Aplicación de las sanciones y la potestad sancionadora Salvo los casos de suspensión, intervención y revocación de la autorización de funcionamiento de un ente regulado, que serán competencia del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, las medidas precautorias y sanciones contempladas en esta ley serán impuestas por el Superintendente. Sus resoluciones serán apelables ante dicho Consejo, salvo en el caso de las sanciones leves, contra las cuales cabrán únicamente recursos de reposición ante el Superintendente, dentro de los tres días. La Superintendencia emitirá el reglamento sobre el procedimiento que se aplicará para imponer las sanciones el cual se regirá por los principios de la Ley General de la Administración Pública. El ejercicio de la potestad sancionadora de la Superintendencia es independiente de las demás acciones y responsabilidades, civiles o penales, que puedan derivarse de los actos sancionados. Cuando la Superintendencia, al ejercer sus funciones tenga noticia de hechos que puedan configurarse como delito, los pondrá en conocimiento del Ministerio Público a la brevedad posible. (Este artículo 59, fue adicionado por el artículo 79, de la Ley N° 7983, de 16 de febrero de 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de la Gaceta N° 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 60.- Criterios de sanción Para imponer las sanciones previstas en esta ley, la Superintendencia tomará en cuenta los siguientes criterios de valoración: a) La gravedad de la infracción. b) La amenaza o el daño causado. c) Los indicios de intencionalidad. d) La duración de la conducta. e) La reincidencia del infractor. f) La capacidad de pago del infractor. (Este artículo 60, fue adicionado por el artículo 79, de la Ley N° 7983, de 16 de febrero de 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de la Gaceta N° 35, de 18 de febrero de 2000.) CAPÍTULO IV DELITOS ESPECIALES Artículo 61.- Falta de autorización Queda totalmente prohibido realizar actividades de administración y comercialización de planes de pensiones y fondos de capitalización, sin la debida autorización de la Superintendencia. La persona física o el representante de la persona jurídica que ofrezca estos servicios sin contar con tal autorización, será reprimido con prisión de uno a tres años. (Este artículo 61, fue adicionado por el artículo 79, de la Ley N° 7983, de 16 de febrero de 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de la Gaceta N° 35, de 18 de febrero de 2000.) Artículo 62.- Datos falsos y ocultamiento de información Será sancionado con prisión de dos a seis años, quien proporcione datos falsos o engañosos a la Superintendencia, de modo que pueda resultar perjuicio. La misma pena se aplicará al personero o empleado de un ente regulado que oculte información relevante o suministre datos falsos o engañosos a los afiliados o cotizantes del Fondo de Capitalización Laboral, de un fondo de pensiones o al público en general, de modo que pueda resultar perjuicio. (Este artículo 62, fue adicionado por el artículo 79, de la Ley N° 7983, de 16 de febrero de 2000. Publicada en el Alcance Nº 11 de la Gaceta N° 35, de 18 de febrero de 2000.) CAPITULO VIII Disposiciones Finales Artículo 63.- Todo interesado tendrá un plazo de un año, a partir del agotamiento de la vía administrativa, para efectuar el reclamo correspondiente ante los tribunales de justicia, de acuerdo con las normas que, sobre competencia, establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. En todo lo no dispuesto expresamente en esta Ley, se aplicará en forma supletoria la Ley General de la Administración Pública y, en particular, los principios del procedimiento administrativo, prescritos en el Libro II de esa Ley, en lo referente al Régimen Sancionatorio del Capítulo VII de esa Ley. (Este artículo 63 anteriormente era el artículo 44, porque al ser reformados los Capítulos VI y VII, por parte del artículo 79, de la Ley Nº 7983, de 16 de febrero de 2000, consecuentemente se corrió la numeración del articulado.) Artículo 64.- La presente Ley es de orden público y será reglamentada por el Poder Ejecutivo dentro de los tres meses siguientes a su aprobación. (Este artículo 64 anteriormente era el artículo 45, porque al ser reformados los Capítulos VI y VII, por parte del artículo 79, de la Ley Nº 7983, de 16 de febrero de 2000, consecuentemente se corrió la numeración del articulado.) Artículo II.- Se reforma la Ley reguladora del mercado de valores y reformas del Código de Comercio de la siguiente manera: Se deroga el Transitorio X y se reforman los artículos 10 y 13 de la Ley No. 7201 del 10 de octubre de 1990 y sus reformas, la Ley Reguladora del Mercado de Valores y Reformas al Código de Comercio, cuyos textos dirán: "Artículo 10.- En materia de regulación, fiscalización y vigilancia del mercado de valores, además de las atribuciones que se le confieran en otros artículos de esta Ley y sus reglamentos, la Comisión Nacional de Valores tendrá las siguientes funciones: a) Autorizar y vigilar el funcionamiento de los intermediarios en el mercado de valores, sin perjuicio de las facultades concomitantes de las bolsas de valores respecto a los puestos de bolsa y agentes de bolsa. b) Autorizar y vigilar, en el territorio nacional, la oferta pública de los títulos valores u otros documentos asimilables emitidos por entidades privadas con domicilio en el país o en el extranjero. c) Suspender o retirar la autorización a que se refieren los incisos a) y b) anteriores y suspender las operaciones con títulos valores de las entidades que realicen su oferta y las actividades de los intermediarios del mercado de valores, cuando no estén debidamente autorizados o la continuidad de sus actividades puedan afectar los intereses de los inversionistas. En estos casos, previamente se aplicarán a la resolución del acto final, los procedimientos administrativos correspondientes que aseguren a las partes el cumplimiento del debido proceso, de conformidad con la Ley General de la Administración Pública. En el supuesto de que la continuidad de las actividades pongan en peligro el interés de los inversionistas, la suspensión podrá aplicarse como una medida preventiva en forma inmediata. Quien realice oferta pública de títulos valores u otros documentos a ellos asimilables, u ofrezca servicios de intermediación, sin autorización por parte de la Comisión Nacional de Valores, será reprimido con prisión de treinta y siete meses a diez años. Para que el delito se tipifique, será necesario que el responsable haya sido apercibido debidamente por la Comisión Nacional de Valores. Si se trata de personas jurídicas, además de responder por ese delito sus representantes legales, deberá pagar una multa de cinco millones de colones (¢ 5.000.000,00), ajustables anualmente según el aumento en el índice de precios. d) Exigir de los emisores que realicen oferta pública de títulos o de las personas físicas o jurídicas que ofrezcan sus servicios de intermediación en el mercado de valores, el suministro, al público y a la Comisión, de un prospecto que contendrá, entre otras informaciones sobre su situación financiera, sus resultados de operación, los hechos relevantes que puedan afectar el interés de los inversionistas, así como cualquier otra información que la Comisión considere necesaria. Adicionalmente, la Comisión Nacional de Valores podrá solicitar cualquier otra información en el momento que lo considere oportuno, con la periodicidad, por los medios, bajo las condiciones y las características que requiera. Toda información que se brinde en el cumplimiento de esta disposición, deberá ser firmada por el representante legal de la entidad que la suministra. Por lo menos una vez al año, los emisores e intermediarios deberán publicar esos datos, debidamente auditados por un contador público autorizado independiente y refrendado por el representante legal de aquellos. Si se comprueba que los datos son falsos o engañosos, el responsable será reprimido con prisión de treinta y siete meses a diez años. e) Ordenar la suspensión inmediata de la propaganda o la información publicitaria de las personas físicas o jurídicas que presenten oferta pública de títulos o servicios de intermediación, cuando sean contrarias a la reglamentación que dicte la Comisión o cuando ésta considere que es engañosa o que se afirman o suministran datos que no son verídicos; además, aplicar las sanciones correspondientes, que podrían llegar hasta la cancelación de la autorización para operar o la desinscripción de los títulos emitidos. f) Vigilar y fiscalizar el cumplimiento y la observancia del ordenamiento jurídico por parte de todos los participantes del mercado de valores, y suspender o cancelar la autorización, cuando compruebe su inobservancia. Deberá establecer criterios de aplicación general acerca de los actos u operaciones que se consideren contrarios a la ley, a los usos bursátiles o sanas prácticas del mercado; además, dictará las medidas necesarias para que los puestos de bolsa, los agentes de bolsa, las bolsas de valores, las centrales para el depósito de valores, las sociedades de inversión, y los demás participantes del mercado de valores, ajusten sus actividades y operaciones a esta Ley, a las disposiciones de carácter general que de ella deriven y a los referidos usos y las sanas prácticas del mercado. Para ejercer esta facultad, podrá investigar actos que hagan suponer la ejecución de operaciones violatorias de esta Ley o de las disposiciones de carácter general que emita la Comisión; para eso podrá ordenar visitas de inspección a los presuntos responsables, quienes deberán poner a disposición toda la información requerida; también podrá recibir declaraciones bajo la fe del juramento, no solo a los presuntos responsables, sino también a las personas que se considere pueden rendir testimonios importantes sobre las situaciones objeto de investigación. Quien suprima, oculte, destruya documentos o se niegue a brindar la información requerida por la Comisión, será reprimido con prisión de treinta y siete meses a diez años. Asimismo, la Comisión tendrá la facultad de publicar, en los medios de comunicación colectiva, las sanciones impuestas, con el detalle de las personas físicas o jurídicas sancionadas y de los motivos que las provocaron. g) Aprobar la creación de las bolsas de valores, su pacto constitutivo y sus reglamentos, así como las modificaciones de estos. La Comisión Nacional de Valores quedará facultada para modificar los reglamentos adoptados por las bolsas de valores, que anteriormente hubiesen sido aprobados por ella. h) Vigilar el funcionamiento de las bolsas de valores y sus intermediarios para que se ajusten, en todo, a las leyes y reglamentos que rigen la materia, así como a las disposiciones de carácter general que emita la Comisión; para eso podrá solicitar, en cualquier momento, la información que considere necesaria por los medios y bajo las condiciones que señale; también podrá ordenar visitas de inspección y auditorías sin previo aviso. i) Cancelar la autorización acordada a las bolsas, cuando no cumplan con el ordenamiento jurídico. j) Conocer en apelación las resoluciones de las bolsas de valores y de todas las entidades que la ley someta a su vigilancia, recurso que se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 74 de esta Ley. k) Establecer las normas contables y de auditoría, a las que deben ajustarse las empresas que realicen oferta pública de títulos, los intermediarios y los demás participantes del mercado, en lo referente a la presentación de estados financieros que sean remitidos a las instancias que determine la Comisión Nacional de Valores para fines informativos propios del mercado de valores, todo de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Esos estados y cualquier otro tipo de información deberán ser certificados o dictaminados exclusivamente por contadores públicos autorizados, ajenos a las empresas interesadas. l) Ejecutar las resoluciones que dicte al amparo de la ley y solicitar la actuación de las autoridades administrativas competentes, cuando sea necesario. m) Dictar, con agotamiento de la vía administrativa, las sanciones previstas en esta Ley. n) Formar y mantener la estadística nacional de valores y efectuar las publicaciones sobre el mercado de valores. ñ) Formar el registro de emisores, valores e intermediarios y otros registros cuando lo considere necesario. Estos registros podrán ser creados y modificados por medio de acuerdos de su Junta Directiva. El registro ante la Comisión obliga al emisor de los títulos valores de que se trate, a divulgar, en forma veraz, suficiente y oportuna, toda la información esencial o los hechos relevantes respecto de sí mismo, de los valores ofrecidos y de las ofertas. Se entiende por información esencial o hecho relevante, la que un inversionista o asesor de inversión considere indispensable para su toma de decisiones. La Comisión Nacional de Valores podrá emitir normas que regulen la obligación de registrarse ante ella, de empresas con determinado número de socios y un volumen de capital, esto en virtud del interés público que estas entidades alcanzan y la protección de los inversionistas. o) Ejercer, mediante disposiciones de carácter general, las facultades que esta Ley le concede, así como dictar los reglamentos para su funcionamiento y organización. p) Autorizar y vigilar el funcionamiento de clasificadoras de riesgo, para lo cual establecerá, con disposiciones generales, los requisitos de constitución y funcionamiento. Toda persona física o jurídica o entidad que realice oferta pública de títulos valores o de cualquier otro documento que, por sus características, resulten asimilables a ellos, deberá someterlos previamente a una clasificación de riesgo, en los plazos que indique o señale la Comisión Nacional de Valores. q) Autorizar, inspeccionar y vigilar el funcionamiento de las centrales para el depósito de valores, así como autorizar y vigilar los sistemas de compensación, de información centralizada y otros mecanismos tendientes a facilitar operaciones o perfeccionar el mercado de valores. r) Promover, autorizar, regular y fiscalizar los futuros y opciones, así como otros derivados que lleguen a desarrollarse en el territorio nacional, referentes a instrumentos del mercado de valores y suspender o cancelar esas negociaciones, según las disposiciones que se establezcan en su Reglamento. s) Vigilar que no se presenten en el mercado por medio de ningún intermediario u otros participantes, mecanismos tendientes a desarrollar, directa o indirectamente, prácticas monopolísticas. t) Servir de órgano de consulta respecto de la aplicación de las disposiciones que tengan relación con el mercado de valores. La Comisión podrá desarrollar cualquier otra actividad de control y promoción no detallada en este artículo o en otras disposiciones de la presente Ley, que le permitan cumplir con el fin de su creación." "Artículo 13.- La Junta Directiva de la Comisión Nacional de Valores será nombrada por el Consejo de Gobierno, por un período de seis años, y sus miembros podrán ser reelegidos por una sola vez. Esta Comisión estará integrada de la siguiente forma: a) El Ministro de Hacienda, quien la presidirá y quien podrá ser sustituido en sus ausencias por el Viceministro de esa misma cartera. b) El Presidente del Banco Central, quien podrá ser sustituido en sus ausencias por el Gerente de esa misma institución. c) El Ministro de Planificación Nacional y Política Económica, quien podrá ser sustituido por el Viceministro de esa misma cartera. d) El Auditor General de Entidades Financieras. e) El Superintendente de pensiones. f) Dos representantes del sector privado, con absoluta solvencia moral, amplia experiencia en materia económica, financiera, bancaria o bursátil, quienes no representarán a ningún sector o gremio. No podrán ocupar estos últimos cargos: 1.- Los directores, los fiscales, los apoderados o los funcionarios, ni los empleados de las entidades fiscalizadas por la Comisión, o las personas que mantengan relaciones de asesoramiento, o de servicio con esas entidades. 2.- Quienes tengan participación de más de un dos por ciento (2%), en forma directa o mediante sus cónyuges o hijos en el capital de cualquiera de las entidades fiscalizadas por la Comisión o la hayan tenido durante el año anterior. 3.- Quienes, durante el año anterior a su nombramiento, hayan sido demandados en la vía ejecutiva por responsabilidades directas por cualquiera de las entidades participantes en el mercado de valores o del sistema bancario, en el cobro de las operaciones de crédito directas no satisfechas o que hayan sido declaradas en estado de quiebra o insolvencia. 4.- Los inhabilitados para ejercer su profesión o los que hayan sido condenados por delitos contra la propiedad. 5.- Las personas que posean, directa o indirectamente, una participación accionaria dentro de alguna empresa emisora o de alguna de las subsidiarias, que conlleve el control de estos o supere un cinco por ciento (5%) de ese capital individualmente o en conjunto." Artículo III.- Vigencia Rige a partir de su publicación. Transitorio I.- Los planes de pensiones complementarias existentes a la entrada en vigencia de esta Ley, deberán adaptarse a las normas establecidas en la presente normativa, en un plazo no mayor de un año, así como cumplir con las disposiciones y los requisitos que, reglamentariamente, establezca el ente regulador en cuanto a la administración, la gestión y las finanzas de los fondos de pensiones. Transitorio II.- La Superintendencia de pensiones deberá estar constituida y operando plenamente en un plazo improrrogable de un año, a partir de la publicación de esta Ley. Las funciones propias del ente regulador serán encargadas, durante ese plazo y en forma provisional, a la Auditoría General de Entidades Financieras (AGEF), la cual deberá crear un departamento especializado en su seno para tales fines. La AGEF deberá acatar lo dispuesto en esta Ley, en lo aplicable. Transitorio III.- Durante los primeros cinco años después de aprobada esta Ley, el ente regulador no autorizará a las operadoras ninguna inversión en valores emitidos por emisores extranjeros sin domicilio en el país. Transcurrido este plazo, no más de un veinte por ciento de la totalidad del fondo podrá ser invertido en valores emitidos por emisores extranjeros sin domicilio en el país. En dicho caso, los títulos que se adquieran deben cumplir con los requisitos establecidos en el párrafo final del artículo 13 de esta Ley y la respectiva inversión debe estar autorizada previamente por el ente regulador. Transitorio IV.- Las organizaciones sociales, sean asociaciones solidaristas, cooperativas, profesionales o sindicatos, podrán constituir, en forma individual o conjuntamente, operadoras de planes de pensiones, bajo la modalidad de una sociedad anónima, para lo cual deberán constituirse por mandato de sus respectivas Asambleas Generales y por mayoría calificada de por lo menos dos terceras partes de sus miembros. Asamblea Legislativa.- San José, a los treinta días del mes de junio de mil novecientos noventa y cinco. Comuníquese al Poder Ejecutivo Antonio Álvarez Desanti Presidente. Alvaro Azofeifa Astúa Manuel Ant. Barrantes Rodríguez Primer Secretario. Segundo Secretario. Dado en la Presidencia de la República. San José, a los siete días del mes de julio de mil novecientos noventa y cinco. Ejecútese y publíquese JOSE MARÍA FIGUERES OLSEN El Primer Vicepresidente y Ministro de la Presidencia, Rodrigo Oreamuno B., El Ministro de Hacienda, Fernando Herrero Acosta y de Trabajo y Seguridad Social, Farit Ayales Esna. ____________________________________________________ Actualizada al: 16-06-2005 Sanción: 07-07-1995 Publicación: 18-08-1995 Gaceta Nº 156 Rige: 18-08-1995 LMRF.- (