Ley No. 6227<br />
Ley General de la Administración Pública<br />
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA,<br />
DECRETA:<br />
La siguiente<br />
LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA<br />
LIBRO PRIMERO<br />
Del Régimen Jurídico<br />
TÍTULO PRIMERO<br />
Principios Generales<br />
CAPÍTULO ÚNICO<br />
Artículo 1.- La Administración Pública estará constituida por el Estado y<br />
los demás entes públicos, cada uno con personalidad jurídica y capacidad de<br />
derecho público y privado.<br />
Artículo 2.-<br />
1. Las reglas de esta ley que regulan la actividad del Estado se aplicarán<br />
también a los otros entes públicos, en ausencia de norma especial para<br />
éstos.<br />
2. Las reglas que regulan a los otros entes públicos no se aplicarán al<br />
Estado, salvo que la naturaleza de la situación requiera lo contrario.<br />
Artículo 3.-<br />
1. El derecho público regulará la organización y actividad de los entes<br />
públicos, salvo norma expresa en contrario.<br />
2. El derecho privado regulará la actividad de los entes que por su régimen<br />
de conjunto y los requerimientos de su giro puedan estimarse como empresas<br />
industriales o mercantiles comunes.<br />
Artículo 4.- La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su<br />
conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para asegurar<br />
su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen<br />
legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de<br />
los destinatarios, usuarios o beneficiarios.<br />
Artículo 5.-<br />
1.- La aplicación de los principios fundamentales del servicio público a la<br />
actividad de los entes públicos no podrá alterar sus contratos ni violar<br />
los derechos adquiridos con base en los mismos, salvo razones de urgente<br />
necesidad.<br />
2.- En esta última hipótesis el ente público determinante del cambio o<br />
alteración será responsable por los daños y perjuicios causado.<br />
Artículo 6.-<br />
1. La jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo se<br />
sujetará al siguiente orden:<br />
a) La Constitución Política;<br />
b) Los tratados internacionales y las normas de la Comunidad<br />
Centroamericana;<br />
c) Las leyes y los demás actos con valor de ley;<br />
d) Los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes, los de los<br />
otros Supremos Poderes en la materia de su competencia;<br />
e) Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y los<br />
reglamentos de los entes descentralizados; y<br />
f) Las demás normas subordinadas a los reglamentos, centrales y<br />
descentralizadas.<br />
2. Los reglamentos autónomos del Poder Ejecutivo y los de los entes<br />
descentralizados están subordinados entre sí dentro de sus respectivos<br />
campos de vigencia.<br />
3. En lo no dispuesto expresamente, los reglamentos estarán sujetos a las<br />
reglas y principios que regulan los actos administrativos.<br />
Artículo 7.-<br />
1. Las normas no escritas -como la costumbre, la jurisprudencia y los<br />
principios generales de derecho- servirán para interpretar, integrar y<br />
delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el<br />
rango de la norma que interpretan, integran o delimitan.<br />
2. Cuando se trate de suplir la ausencia, y no la insuficiencia, de las<br />
disposiciones que regulan una materia, dichas fuentes tendrán rango de ley.<br />
3. Las normas no escritas prevalecerán sobre las escritas de grado<br />
inferior.<br />
Artículo 8.- El ordenamiento administrativo se entenderá integrado por las<br />
normas no escritas necesarias para garantizar un equilibrio entre la<br />
eficiencia de la Administración y la dignidad, la libertad y los otros<br />
derechos fundamentales del individuo.<br />
Artículo 9.-<br />
1. El ordenamiento jurídico administrativo es independiente de otros ramos<br />
del derecho. Solamente en el caso de que no haya norma administrativa<br />
aplicable, escrita o no escrita, se aplicará el derecho privado y sus<br />
principios.<br />
2. Caso de integración, por laguna del ordenamiento administrativo escrito,<br />
se aplicarán, por su orden, la jurisprudencia, los principios generales del<br />
derecho público, la costumbre y el derecho privado y sus principios.<br />
Artículo 10.-<br />
1. La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor<br />
garantice la realización del fin público a que se dirige, dentro del<br />
respeto debido a los derechos e intereses del particular.<br />
2. Deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras normas<br />
conexas y la naturaleza y valor de la conducta y hechos a que se refiere.<br />
Artículo 11.-<br />
1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y<br />
sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos<br />
que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes.<br />
2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma<br />
escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma<br />
imprecisa.<br />
Artículo 12.-<br />
1. Se considerará autorizado un servicio público cuando se haya indicado el<br />
sujeto y el fin del mismo. En este caso el ente encargado podrá prestarlo<br />
de acuerdo con sus propios reglamentos sobre los demás aspectos de la<br />
actividad, bajo el imperio del Derecho.<br />
2. No podrán crearse por reglamento potestades de imperio que afecten<br />
derecho del particular extraños a la relación de servicio.<br />
Artículo 13.-<br />
1. La Administración estará sujeta, en general, a todas las normas escritas<br />
y no escritas del ordenamiento administrativo, y al derecho privado<br />
supletorio del mismo, sin poder derogarlos ni desaplicarlos para casos<br />
concretos.<br />
2. La regla anterior se aplicará también en relación con los reglamentos,<br />
sea que estos provengan de la misma autoridad, sea que provengan de otra<br />
superior o inferior competente.<br />
Artículo 14.-<br />
1.- Los principios generales de derecho podrán autorizar implícitamente los<br />
actos de la Administración Pública necesarios para el mejor desarrollo de<br />
las relaciones especiales creadas entre ella y los particulares por virtud<br />
de actos o contratos administrativos de duración.<br />
2.- Las limitaciones y las sanciones disciplinarias, en este caso, podrán<br />
alcanzar hasta la suspensión temporal de los derechos y bienes creados por<br />
la Administración dentro de la relación especial, pero no la negación ni la<br />
supresión de los mismos, ni de los otros propios del particular.<br />
3.- El Juez tendrá contralor de legalidad sobre los actos de la<br />
Administración dentro de este tipo de relaciones.<br />
Artículo 15.-<br />
1. La discrecionalidad podrá darse incluso por ausencia de ley en el caso<br />
concreto, pero estará sometida en todo caso a los límites que le impone el<br />
ordenamiento expresa o implícitamente, para lograr que su ejercicio sea<br />
eficiente y razonable.<br />
2. El Juez ejercerá contralor de legalidad sobre los aspectos reglados del<br />
acto discrecional y sobre la observancia de sus límites.<br />
Artículo 16.-<br />
1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la<br />
ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o<br />
conveniencia.<br />
2. El Juez podrá controlar la conformidad con estas reglas no jurídicas de<br />
los elementos discrecionales del acto, como si ejerciera contralor de<br />
legalidad.<br />
Artículo 17.- La discrecionalidad estará limitada por los derechos del<br />
particular frente a ella, salvo texto legal en contrario.<br />
Artículo 18.-<br />
1. El individuo estará facultado, en sus relaciones con la Administración,<br />
para hacer todo aquello que no le esté prohibido.<br />
2. Se entenderá prohibido todo aquello que impida o perturbe el ejercicio<br />
legítimo de las potestades administrativas o de los derechos del<br />
particular, así como lo que viole el orden público, la moral o las buenas<br />
costumbres.<br />
Artículo 19.-<br />
1. El régimen jurídico de los derechos constitucionales estará reservado a<br />
la ley, sin perjuicio de los reglamentos ejecutivos correspondientes.<br />
2. Quedan prohibidos los reglamentos autónomos en esta materia.<br />
Artículo 20.- Los preceptos de esta ley no dejarán de aplicarse por falta<br />
de reglamentación sino que esta será suplida, salvo disposición expresa en<br />
contrario, en la misma forma y orden en que se integra el ordenamiento<br />
escrito.<br />
TÍTULO SEGUNDO<br />
De los Órganos de la Administración<br />
CAPÍTULO PRIMERO<br />
De los Órganos Constitucionales<br />
Artículo 21.-<br />
1. Los órganos constitucionales superiores de la Administración del Estado<br />
serán: El Presidente de la República, los Ministros, el Poder Ejecutivo y<br />
el Consejo de Gobierno.<br />
2.- El Poder Ejecutivo lo forman: El Presidente de la República y el<br />
Ministro del ramo.<br />
Artículo 22.-<br />
1. El Consejo de Gobierno estará constituido por el Presidente de la<br />
República y los Ministros, o en su caso, los Viceministros en ejercicio.<br />
2. Podrán asistir también a sus sesiones, con voz pero sin voto, los<br />
Vicepresidentes y las demás personas que el Presidente convoque de<br />
conformidad con el inciso 5) del artículo 147 de la Constitución Política.<br />
Artículo 23.-<br />
1.- Las carteras ministeriales serán:<br />
a) Presidencia;<br />
b) Relaciones Exteriores y Culto;<br />
c) Gobernación y Policía;<br />
ch) Justicia y Gracia;<br />
d) Seguridad Pública;<br />
e) Hacienda;<br />
f) Agricultura y Ganadería;<br />
g) Economía, Industria y Comercio;<br />
(Así reformado por el artículo 15 de la Ley No. 7152 de 5 de junio de 1990)<br />
h) Ambiente y Energía;<br />
(Así reformado por el artículo 15 de la Ley No. 7152 de 5 de junio de 1990.<br />
El artículo 116 de la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 del 4 de octubre<br />
de 1995 modificó el nombre del Ministerio en la forma indicada)<br />
i) Obras Públicas y Transportes;<br />
j) Educación Pública;<br />
k) Salud;<br />
l) Trabajo y Seguridad Social;<br />
m) Cultura, Juventud y Deportes;<br />
n) Planificación Nacional y Política Económica;<br />
ñ) Ciencia y Tecnología.<br />
(Así adicionado por el artículo 104 de la Ley No. 7169 de 26 de junio de<br />
1990)<br />
*) Comercio Exterior (ver nota)<br />
Nota: En virtud de la Ley No. 7638, artículo 1 se dispuso la creación del<br />
Ministerio de Comercio Exterior, en calidad de órgano del Poder Ejecutivo.<br />
Aunque en esta oportunidad no se hizo alusión expresa a modificación alguna<br />
sobre la Ley General de Administración Pública -concretamente, respecto de<br />
su artículo 23- consideramos oportuno llamar la atención sobre este<br />
particular. Se debe partir del criterio (válido, desde cualquier punto de<br />
vista) según el cual, la LGAP en el extremo supracitado se vio tácitamente<br />
afectada, ésto, por cuanto sí nació a la vida jurídica una nueva cartera<br />
ministerial. A continuación nos permitimos transcribir el contenido del<br />
artículo 1 de la Ley No. 7638.<br />
ARTÍCULO 1.- Creación<br />
Créase el Ministerio de Comercio Exterior, cuyo acrónimo será COMEX,<br />
como órgano del Poder Ejecutivo.<br />
Artículo 24.- La creación, supresión o modificación de los Ministerios se<br />
establecerá por ley distinta a la de presupuesto, sin perjuicio de las<br />
potestades de reglamentación interna del Poder Ejecutivo.<br />
Artículo 25.-<br />
1. El Presidente de la República y el respectivo Ministro ejercerán las<br />
atribuciones que conjuntamente les señala la Constitución Política y la<br />
ley.<br />
2. Salvo lo que dispone la Constitución Política respecto del Poder<br />
Ejecutivo, el Ministro será el órgano jerárquico superior del respectivo<br />
Ministerio, sin perjuicio de la potestad del Presidente de la República<br />
para avocar el conocimiento, conjuntamente con aquél, de cualquiera de los<br />
asuntos de su competencia.<br />
Artículo 26.- El Presidente de la República ejercerá en forma exclusiva las<br />
siguientes atribuciones:<br />
a) Las indicadas en la Constitución Política;<br />
b) Dirigir y coordinar la tareas de Gobierno y de la Administración Pública<br />
central en su total conjunto, y hacer lo propio con la Administración<br />
Pública descentralizada;<br />
c) Dirimir en vía administrativa los conflictos entre los entes<br />
descentralizados y entre estos y la Administración Central del Estado;<br />
(Así interpretado por Resolución de la Sala Constitucional No. 3855-93 de<br />
las 9:15 horas del 12 de agosto de 1993).<br />
d) Resolver los conflictos de competencias que se presenten entre los<br />
Ministerios;<br />
e) Encargar a un Vicepresidente o a un Ministro la atención de otro<br />
Ministerio cuando no haya Viceministro en caso de ausencia o incapacidad<br />
temporal del titular, o de asuntos determinados en caso de abstención o<br />
recusación;<br />
f) Convocar, presidir y levantar las reuniones del Consejo de Gobierno y<br />
dirigir sus deliberaciones;<br />
g) Nombrar las comisiones auxiliares o de trabajo transitorias o<br />
permanentes que estime necesarias; y<br />
h) Las demás que señalen las leyes.<br />
Artículo 27.-<br />
1. Corresponderá a los Ministros conjuntamente con el Presidente de la<br />
República las atribuciones que les señala la Constitución y las leyes, y<br />
dirigir y coordinar la Administración, tanto central como, en su caso,<br />
descentralizada, del respectivo ramo.<br />
2. Corresponderá a ambos también apartarse de los dictámenes vinculantes<br />
para el Poder Ejecutivo.<br />
3. Corresponderá a ambos, además, transar y comprometer en árbitros los<br />
asuntos del ramo.<br />
4. DEROGADO<br />
(Derogado por el inc. p) del artículo 64 de la Ley No. 7495 de 3 de mayo de<br />
1995).<br />
Artículo 28.-<br />
1. El Ministro será el órgano jerárquico superior del respectivo<br />
Ministerio.<br />
2. Corresponderá exclusivamente a los Ministros:<br />
a) Dirigir y coordinar todos los servicios del Ministerio;<br />
b) Preparar y presentar al Presidente de la República los proyectos de ley,<br />
decretos, acuerdos, resoluciones, órdenes y demás actos que deban suscribir<br />
conjuntamente relativos a las cuestiones atribuidas a su Ministerio;<br />
c) Remitir a la Asamblea Legislativa, una vez aprobados por el Presidente<br />
de la República, los proyectos de ley a que se refiere el inciso anterior;<br />
d) Agotar la vía administrativa, resolviendo recursos pertinentes, salvo<br />
ley que desconcentre dicha potestad;<br />
e) Resolver las contiendas que surjan entre los funcionarios u organismos<br />
de su Ministerio;<br />
f) Plantear los conflictos de atribuciones con otros Ministerios o con las<br />
entidades descentralizadas.<br />
g) Disponer los gastos propios de los servicios de su Ministerio, dentro<br />
del importe de los créditos autorizados, e instar del Ministerio de<br />
Hacienda el trámite de los pagos correspondientes;<br />
h) Firmar en nombre del Estado los contratos relativos a asuntos propios de<br />
su Ministerio;<br />
i) Presentarse los ministros rectores de las instituciones cuyos<br />
presupuestos son dictaminados por la Asamblea Legislativa, cada año durante<br />
el mes de setiembre y en la fecha en que fueren convocados, ante la<br />
Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de esta Asamblea, a rendir un<br />
informe sobre la ejecución del presupuesto de su institución,<br />
correspondiente al ejercicio fiscal en curso. En esa misma comparecencia,<br />
deberán justificar el proyecto de presupuesto que se analiza para el<br />
siguiente período fiscal. Ambas intervenciones deberán basarse en el<br />
cumplimiento de objetivos y metas precisos.<br />
(Así adicionado este inciso por el artículo 1 de la ley No. 7646 de 5 de<br />
noviembre de 1996. Además, corrige el orden del antiguo inciso i), que pasa<br />
a ser el actual j)<br />
j) Las demás facultades que les atribuyan las leyes.<br />
Artículo 29.- Incumbirá al Consejo de Gobierno:<br />
a) Ejercer las atribuciones que expresamente le fija la Constitución<br />
Política;<br />
b) Asesorar al Presidente de la República y, cuando así lo manifieste este<br />
expresamente, resolver los demás asuntos que le encomiende. En estos casos,<br />
el Presidente podrá revisar de oficio, revocando, modificando o anulando,<br />
lo resuelto. No habrá recurso ante el Presidente de lo resuelto por el<br />
Consejo de Gobierno;<br />
c) Resolver los recursos de revocatoria o reposición procedentes contra sus<br />
resoluciones de conformidad con la ley;<br />
d) Dar la autorización a que se refiere el artículo 15, párrafo 35, de la<br />
Ley de lo Contencioso Administrativo;<br />
e) Formular la declaratoria de lesividad prevista en el artículo 35,<br />
párrafo 2, de la misma Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso<br />
Administrativa, en relación con los actos de la Administración Central; y<br />
f) Autorizar a los Ministros para separarse de los dictámenes que se<br />
hubieren producido, cuando de otro modo habrían sido vinculantes, motivando<br />
la autorización.<br />
Artículo 30.-<br />
1. Las resoluciones del Consejo de Gobierno, no rechazadas por el<br />
Presidente, serán ejecutadas por este y el respectivo Ministro.<br />
2. Cuando la resolución del Consejo fuese de la competencia de varios<br />
Ministerios, o de ninguno a juicio del Presidente, será ejecutada con el<br />
Ministro de la Presidencia.<br />
3. Las resoluciones del Consejo de Gobierno en materia de su competencia<br />
constitucional serán ejecutivas.<br />
Artículo 31.- El Presidente de la República o, en su caso, quien los<br />
sustituya, presidirá el Consejo de Gobierno, con todas las facultades<br />
necesarias para el cumplimiento de sus funciones.<br />
Artículo 32.-<br />
1. El Presidente podrá conceder participación a sus asesores técnicos o<br />
autorizar a los Ministros para que hagan lo propio con los suyos en los<br />
asuntos de su ramo.<br />
2. Los asesores, como cualquier tercero invitado para fines de consulta,<br />
tendrán voz pero no voto.<br />
Artículo 33.-<br />
1. Habrá un Secretario del Consejo de Gobierno, con las siguientes<br />
atribuciones:<br />
a) Levantar y firmar las actas del Consejo;<br />
b) Diligenciar el despacho de los asuntos del Consejo;<br />
c) Dirigir los procedimientos administrativos pendientes ante el Consejo;<br />
d) Asistir al Presidente como su Secretario Particular en el desempeño de<br />
sus funciones de Presidente del Consejo; y<br />
e) Firmar, comunicar y ejecutar todos los actos relativos al despacho de<br />
los asuntos del Consejo, cuando ello no corresponda al Presidente y al<br />
respectivo Ministro.<br />
2. Para el desempeño de su cargo el Secretario tendrá el personal auxiliar<br />
que indique el respectivo reglamento.<br />
Artículo 34.-<br />
1. El Consejo sesionará ordinariamente al menos una vez por semana, que<br />
fijará el Presidente para cada sesión o por vía general para todas las<br />
sesiones del año, en cuyo caso no habrá necesidad de convocatoria para cada<br />
vez.<br />
2. Sesionará extraordinariamente cuando lo convoque el Presidente.<br />
Artículo 35.-<br />
1. Será potestad exclusiva del Presidente de la República convocar al<br />
Consejo, incluso para el conocimiento de los asuntos de competencia<br />
constitucional del mismo.<br />
2. La convocatoria la hará el Presidente por cualquier medio adecuado al<br />
efecto, según su exclusivo criterio.<br />
Artículo 36.-<br />
1. El Consejo hará quórum con las dos terceras partes de la totalidad de<br />
sus miembros.<br />
2. En los asuntos que no son de su competencia constitucional el Consejo<br />
podrá celebrar sesión en segunda convocatoria con la mitad de sus miembros.<br />
Artículo 37.-<br />
1. Las sesiones del Consejo serán secretas, salvo que el Presidente<br />
disponga lo contrario.<br />
2. El orden del día será confeccionado exclusivamente por el Presidente<br />
quien pondrá a discusión los temas respectivos en el orden que estime<br />
conveniente.<br />
Artículo 38.-<br />
1. Las deliberaciones del Consejo se adoptarán por mayoría de los votos<br />
presentes, con las excepciones que se dirán.<br />
2. Cuando un Ministro tuviere recargado otro Ministerio contará con un solo<br />
voto en el Consejo.<br />
Artículo 39.- Sólo podrán adoptarse por mayoría calificada de los dos<br />
tercios de los votos presentes los siguientes acuerdos:<br />
a) Los de remoción de directores de entidades autónomas;<br />
b) Los que correspondan a las atribuciones señaladas por los incisos 1) y<br />
2) del artículo 147 de la Constitución Política, en este último caso cuando<br />
haya de apartarse de la recomendación de la Corte Suprema de Justicia; y<br />
c) La declaratoria de lesividad prevista por el artículo 35, párrafo 2, de<br />
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.<br />
Artículo 40.-<br />
1. La votación será pública, salvo que el Presidente disponga lo contrario<br />
o que se trate de la apreciación discrecional de cualidades o actividades<br />
de personas, o de asuntos que afecten seriamente el prestigio o el<br />
patrimonio de las mismas, en cuyo caso será secreta.<br />
2. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.<br />
3. Las abstenciones o los votos en blanco se computarán para efectos de<br />
quórum y para determinar el número de votantes, pero no se podrán atribuir<br />
ni a la mayoría ni a la minoría.<br />
Artículo 41.-<br />
1. Las actas serán firmadas por el Presidente y por el Secretario y deben<br />
ser leídas y aprobadas en la siguiente sesión.<br />
2. Los votos salvados deberán ser consignados y firmados por el Presidente<br />
y el Secretario.<br />
3. Sin el acta debidamente firmada y formalizada, de acuerdo con esta ley,<br />
los acuerdos serán absolutamente nulos.<br />
Artículo 42.- Los acuerdos del Consejo serán ejecutivos y comunicables<br />
desde que se adoptan, salvo si se interpone recurso de revisión contra los<br />
mismos, en cuyo caso adquirirán firmeza con la decisión desestimatoria del<br />
recurso.<br />
Artículo 43.-<br />
1. Los miembros del Consejo podrán interponer recurso de revisión contra un<br />
acuerdo, pero el mismo sólo será admisible si el Presidente lo apoya.<br />
2. El recurso habrá de resolverse en la siguiente sesión y tendrá obligada<br />
preferencia para su trámite, salvo caso de urgencia, en el cual se podrá<br />
decidir en el acto.<br />
Artículo 44.- Cabrá recurso de reposición o revocatoria contra los acuerdos<br />
del Consejo que lesionan derechos o intereses legítimos, todo de<br />
conformidad con la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso<br />
Administrativa.<br />
Artículo 45.-<br />
1. Las decisiones del Consejo serán publicadas en el Diario Oficial cuando<br />
sean generales o correspondan a la competencia constitucional del mismo, o<br />
notificadas directamente al interesado, en los demás casos.<br />
2. Los actos constitucionales de alcance individual deberán ser, además,<br />
notificados.<br />
3. El acto indebidamente comunicado o no comunicado no obliga al<br />
particular.<br />
Artículo 46.-<br />
1. El Consejo podrá reglamentar internamente su funcionamiento dentro del<br />
marco de esta ley.<br />
2. Podrá asimismo constituir comisiones especiales de trabajo, permanentes<br />
o temporales, de su seno o con participación de otros servidores.<br />
CAPÍTULO SEGUNDO<br />
De los Viceministros<br />
Artículo 47.-<br />
1. El Presidente de la República podrá nombrar Viceministros.<br />
2. Los Viceministros deberán reunir los mismos requisitos que los Ministros<br />
y tendrán las atribuciones que señalen esta ley y el respectivo Ministro.<br />
3. Los Viceministros sustituirán en sus ausencias temporales a los<br />
respectivos Ministros, cuando así lo disponga el Presidente de la<br />
República.<br />
4. El Viceministro será el superior jerárquico inmediato de todo el<br />
personal del Ministerio, sin perjuicio de las potestades del Ministro al<br />
respecto.<br />
5. El Ministerio de Hacienda tendrá dos viceministros: uno encargado de la<br />
Sección de la Administración del Gasto y otro de la Sección de Ingresos y<br />
Recursos Financieros.<br />
En ausencia del Ministro, lo sustituirá cualquiera de los dos<br />
viceministros.<br />
Las atribuciones asignadas a los viceministros en esta ley, serán<br />
ejercidas por cada uno dentro de sus respectivas áreas de acción.<br />
(Así adicionado este inciso por el artículo 1 de la ley No. 7444 de 2 de<br />
noviembre de 1994)<br />
Artículo 48.- Corresponderá al Viceministro:<br />
a) Ejercer las potestades que le confiere su calidad de superior jerárquico<br />
subordinado;<br />
b) Dirigir y coordinar las actividades internas y externas del Ministerio,<br />
sin perjuicio de las potestades del Ministro al respecto;<br />
c) Ser el centro de comunicación del Ministerio, en lo interno y externo;<br />
d) Realizar los estudios y reunir la documentación necesarios para la buena<br />
marcha del Ministerio;<br />
e) Delegar, abocar, sustituir o subrogar funciones dentro de los límites de<br />
esta ley; y<br />
f) Requerir ayuda de todo el personal del Ministerio para el cumplimiento<br />
de sus deberes.<br />
CAPÍTULO TERCERO<br />
De los Órganos Colegiados<br />
Artículo 49.-<br />
1. Cada órgano colegiado tendrá un Presidente nombrado en la forma<br />
prescrita por la ley respectiva o en su defecto por lo aquí dispuesto.<br />
2. Salvo norma contraria, el Presidente será nombrado de entre los miembros<br />
del órgano colegiado, por la mayoría absoluta de ellos y durará en su cargo<br />
un año, pudiendo ser reelecto.<br />
3. El Presidente tendrá las siguientes facultades y atribuciones:<br />
a) Presidir, con todas las facultades necesarias para ello, las reuniones<br />
del órgano, las que podrá suspender en cualquier momento por causa<br />
justificada;<br />
b) Velar porque el órgano colegiado cumpla las leyes y reglamentos<br />
relativos a su función;<br />
c) Fijar directrices generales e impartir instrucciones en cuanto a los<br />
aspectos de forma de las labores del órgano;<br />
d) Convocar a sesiones extraordinarias;<br />
e) Confeccionar el orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las<br />
peticiones de los demás miembros formuladas al menos con tres días de<br />
antelación;<br />
f) Resolver cualquier asunto en caso de empate, para cuyo caso tendrá voto<br />
de calidad;<br />
g) Ejecutar los acuerdos del órgano; y<br />
h) Las demás que le asignen las leyes y reglamentos.<br />
Artículo 50.- Los órganos colegiados nombrarán un Secretario, quien tendrá<br />
las siguientes facultades y atribuciones:<br />
a) Levantar las actas de la sesiones del órgano;<br />
b) Comunicar las resoluciones del órgano, cuando ello no corresponda al<br />
Presidente; y<br />
c) Las demás que le asignen la ley o los reglamentos.<br />
Artículo 51.- En caso de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando<br />
concurra alguna causa justa, el Presidente y el Secretario de los órganos<br />
colegiados serán sustituidos por el Vicepresidente, o un Presidente ad-hoc<br />
y un Secretario suplente, respectivamente.<br />
Artículo 52.-<br />
1. Todo órgano colegiado se reunirá ordinariamente con la frecuencia y el<br />
día que la ley o su reglamento. A falta de regla expresa deberá reunirse en<br />
forma ordinaria en la fecha y con la frecuencia que el propio órgano<br />
acuerde.<br />
2. Para reunirse en sesión ordinaria no hará falta convocatoria especial.<br />
3. Para reunirse en sesión extraordinaria será siempre necesaria una<br />
convocatoria por escrito, con una antelación mínima de veinticuatro horas,<br />
salvo los casos de urgencia. A la convocatoria se acompañará copia del<br />
orden del día, salvo casos de urgencia.<br />
4. No obstante, quedará válidamente constituido un órgano colegiado sin<br />
cumplir todos los requisitos referentes a la convocatoria o al orden del<br />
día, cuando asistan todos sus miembros y así lo acuerden por unanimidad.<br />
Artículo 53.-<br />
1. El quórum para que pueda sesionar válidamente el órgano colegiado será<br />
el de la mayoría absoluta de sus componentes.<br />
2. Si no hubiere quórum, el órgano podrá sesionar válidamente en segunda<br />
convocatoria veinticuatro horas después de la señalada para la primera,<br />
salvo casos de urgencia en que podrá sesionar después de media hora y para<br />
ello será suficiente la asistencia de la tercera parte de sus miembros.<br />
Artículo 54.-<br />
1. Las sesiones del órgano serán siempre privadas, pero el órgano podrá<br />
disponer, acordándolo así por unanimidad de sus miembros presentes, que<br />
tenga acceso a ella el público en general o bien ciertas personas,<br />
concediéndoles o no el derecho de participar en las deliberaciones con voz<br />
pero sin voto.<br />
2. Tendrán derecho a asistir con voz pero sin voto los representantes<br />
ejecutivos del ente, a que pertenezca el órgano colegiado, salvo que este<br />
disponga lo contrario.<br />
3. Los acuerdos serán adoptados por mayoría absoluta de los miembros<br />
asistentes.<br />
4. No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure en el orden<br />
del día, salvo que estén presentes los dos tercios de los miembros del<br />
órgano y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de<br />
todos ellos.<br />
Artículo 55.-<br />
1. Caso de que alguno de los miembros del órgano interponga recurso de<br />
revisión contra un acuerdo, el mismo será resuelto al conocerse el acta de<br />
esa sesión, a menos que, por tratarse de un asunto que el Presidente juzgue<br />
urgente, prefiera conocerlo en sesión extraordinaria.<br />
2. El recurso de revisión deberá ser planteado a más tardar al discutirse<br />
el acta, recurso que deberá resolverse en la misma sesión.<br />
3. Las simples observaciones de forma, relativas a la redacción de los<br />
acuerdos, no serán consideradas para efectos del inciso anterior, como<br />
recursos de revisión.<br />
Artículo 56.-<br />
1. De cada sesión se levantará una acta, que contendrá la indicación de las<br />
personas asistentes, así como las circunstancias de lugar y tiempo en que<br />
se ha celebrado, los puntos principales de la deliberación, la forma y<br />
resultado de la votación y el contenido de los acuerdos.<br />
2. Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria. Antes de esa<br />
aprobación carecerán de firmeza los acuerdos tomados en la respectiva<br />
sesión, a menos que los miembros presentes acuerden su firmeza por votación<br />
de dos tercios de la totalidad de los miembros del Colegio.<br />
3. Las actas serán firmadas por el Presidente y por aquellos miembros que<br />
hubieren hecho constar su voto disidente.<br />
Artículo 57.-<br />
1. Los miembros del órgano colegiado podrán hacer constar en el acta su<br />
voto contrario al acuerdo adoptado y los motivos que lo justifiquen,<br />
quedando en tal caso exentos de las responsabilidades que, en su caso,<br />
pudieren derivarse de los acuerdos.<br />
2. Cuando se trate de órganos colegiados que hayan de formular dictámenes o<br />
propuestas, los votos salvados se comunicarán junto con aquellos.<br />
Artículo 58.-<br />
1. Cabrá recurso de revocatoria contra los acuerdos del órgano colegiado.<br />
2. Cabrá recurso de apelación exclusivamente cuando otras leyes lo<br />
indiquen.<br />
TÍTULO TERCERO<br />
De la Competencia<br />
CAPÍTULO PRIMERO<br />
Origen, Límites y Naturaleza<br />
Artículo 59.-<br />
1. La competencia será regulada por ley siempre que contenga la atribución<br />
de potestades de imperio.<br />
2. La distribución interna de competencias, así como la creación de<br />
servicios sin potestades de imperio, se podrá hacer por reglamento<br />
autónomo, pero el mismo estará subordinado a cualquier ley futura sobre la<br />
materia.<br />
3. Las relaciones entre órganos podrán ser reguladas mediante reglamento<br />
autónomo, que estará también subordinado a cualquier ley futura.<br />
Artículo 60.-<br />
1. La competencia se limitará por razón del territorio, del tiempo, de la<br />
materia y del grado.<br />
2. Se limitará también por la naturaleza de la función que corresponda a un<br />
órgano dentro del procedimiento en que participa.<br />
Artículo 61.-<br />
1. Para determinar la competencia administrativa por razón del territorio<br />
serán aplicables las normas respectivas de la Ley Orgánica del Poder<br />
Judicial, en materia civil.<br />
2. Si no son compatibles, será competente el órgano que ha iniciado el<br />
procedimiento, o aquel más próximo al lugar de los hechos que son motivo de<br />
la acción administrativa.<br />
3. Para determinar los otros tipos de competencia se estará a lo que<br />
dispongan las reglas específicas pertinentes.<br />
Artículo 62.- Cuando una norma atribuya un poder o fin a un ente u órgano<br />
compuesto por varias oficinas, sin otra especificación, será competente la<br />
oficina de función más similar, y, si no la hay, la de grado superior, o la<br />
que esta disponga.<br />
Artículo 63.-<br />
1. Habrá una limitación de la competencia por razón del tiempo cuando su<br />
existencia o ejercicio esté sujeto a condiciones o términos de extinción.<br />
2. No se extinguirán la competencias por el transcurso del plazo señalado<br />
para ejercerlas, salvo regla en contrario.<br />
Artículo 64.- Las competencia por razón del grado y los poderes<br />
correspondientes dependerán de la posición del órgano en la línea<br />
jerárquica.<br />
Artículo 65.-<br />
1. Todo órgano será competente para realizar las tareas regladas o<br />
materiales internas necesarias para la eficiente expedición de sus asuntos.<br />
2. La potestad de emitir certificaciones corresponderá únicamente al órgano<br />
que tenga funciones de decisión en cuanto a lo certificado o a su<br />
secretario.<br />
Artículo 66.-<br />
1. Las potestades de imperio y su ejercicio, y los deberes públicos y su<br />
cumplimiento, serán irrenunciables, intransmisibles e imprescriptibles.<br />
2. Sólo por ley podrán establecerse compromisos de no ejercer una potestad<br />
de imperio. Dicho compromiso sólo podrá darse dentro de un acto o contrato<br />
bilateral y oneroso.<br />
3. El ejercicio de las potestades en casos concretos podrá estar<br />
expresamente sujeto a caducidad, en virtud de otras leyes.<br />
Artículo 67.-<br />
1. La incompetencia será declarable de oficio en cualquier momento por el<br />
órgano que dictó el acto, por el superior jerárquico o, a instancia de<br />
parte, por la autoridad de contralor.<br />
2. El órgano que en definitiva resulte competente continuará el<br />
procedimiento y mantendrá todo lo actuado, salvo que ello no sea<br />
jurídicamente posible.<br />
Artículo 68.- Cuando la incompetencia sea declarada en relación con una<br />
petición o instancia sujeta a término, se tendrá esta por presentada en<br />
tiempo si el órgano competente pertenece al mismo Ministerio, tratándose<br />
del Estado, o al mismo ente, tratándose de entidades descentralizadas.<br />
Artículo 69.- El órgano que declina su competencia podrá adoptar las<br />
medidas de urgencia necesarias para evitar daños graves o irreparables a la<br />
Administración o a los particulares, comunicándolo al órgano competente.<br />
Artículo 70.- La competencia será ejercida por el titular del órgano<br />
respectivo, salvo caso de delegación, avocación, sustitución o subrogación,<br />
en las condiciones y límites indicados por esta ley.<br />
CAPÍTULO SEGUNDO<br />
De los Conflictos Administrativos<br />
SECCIÓN PRIMERA<br />
Disposiciones Generales<br />
Artículo 71.-<br />
1. Los conflictos de competencia entre órganos del Poder Ejecutivo o de un<br />
mismo ente deberán ser resueltos de conformidad con las Secciones II y III<br />
de este Capítulo, y no podrán ser llevados, en ningún caso, a los<br />
Tribunales.<br />
2. Con igual limitación que la señalada en el párrafo anterior, los otros<br />
conflictos administrativos entre órganos del Poder Ejecutivo o de un mismo<br />
ente, se resolverán por el superior jerárquico común de los órganos en<br />
conflicto, aplicando en lo demás las disposiciones de la Sección IV de este<br />
Capítulo.<br />
3. Los conflictos, incluso de competencia entre entes, serán resueltos de<br />
conformidad con la Sección IV de este Capítulo, en la vía administrativa,<br />
pero cada parte conservará su derecho a la acción contenciosa pertinente.<br />
4. Queda a salvo lo dispuesto en la Sección V de este Capítulo para los<br />
conflictos con los interesados.<br />
Artículo 72.- Todo conflicto entre órganos o Ministerios deberá quedar<br />
resuelto dentro del mes posterior a su planteo. El superior jerárquico<br />
deberá vigilar el procedimiento respectivo para garantizar la celeridad que<br />
requiere la observancia de dicho término.<br />
SECCIÓN SEGUNDA<br />
De los Conflictos de Competencia Dentro de un mismo Ministerio<br />
Artículo 73.-<br />
1. El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución<br />
de un asunto, remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere<br />
competente, si depende del mismo Ministerio.<br />
2. Si se considera igualmente incompetente el órgano que recibe el<br />
expediente, elevará este ante el superior jerárquico común, a fin de que<br />
decida el conflicto de competencia.<br />
Artículo 74.- El órgano que se estime competente para resolver un asunto de<br />
que conoce otro de igual jerarquía dentro del mismo Ministerio, lo<br />
requerirá de inhibición; y si el requerido se considerare competente, se<br />
procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior.<br />
Artículo 75.- El inferior no podrá sostener competencia con superior.<br />
Llegado el caso, se limitará a exponerle las razones que tenga para estimar<br />
que le corresponde el conocimiento del asunto y el superior resolverá lo<br />
procedente, agregando la exposición a sus antecedentes.<br />
SECCIÓN TERCERA<br />
De los Conflictos de Competencia Entre Distintos Ministerios<br />
Artículo 76.- El órgano administrativo que se estima competente para la<br />
resolución de un asunto del que conoce un órgano de otro Ministerio, o que<br />
se estime incompetente para la resolución del que le ha sido sometido, y<br />
considere competente a un órgano de otro Ministerio, elevará el expediente<br />
mediante resolución fundada, al Ministerio de que depende, a fin de que<br />
decida si remite las actuaciones o requiere de inhibición, según el caso,<br />
al otro Ministerio.<br />
Artículo 77.- Planteado el conflicto positivo o negativo de competencia,<br />
por considerarse competente el otro Ministerio en el primer caso, o<br />
incompetente en el segundo, se elevarán las actuaciones al Presidente de la<br />
República, quien decidirá el conflicto a la mayor brevedad.<br />
SECCIÓN CUARTA<br />
De los Conflictos Entre el Estado y Otros Entes, o Entre Estos<br />
Artículo 78.- Cuando surja un conflicto de competencia o de cualquier otra<br />
naturaleza entre un Ministerio y una institución descentralizada, o entre<br />
estas, la decisión corresponderá al Presidente de la República.<br />
(Interpretado por Resolución de la Sala Constitucional No. 3855-93 de las<br />
9:15 horas del 12 de agosto de 1993).<br />
Artículo 79.-<br />
1. El órgano que quiera plantear un conflicto deberá exponerlo al jerarca<br />
correspondiente, con expresión de pruebas y razones.<br />
2. El jerarca podrá libremente acoger o desechar la petición dentro del<br />
octavo día después de recibida, comunicando su decisión al inferior.<br />
3. Si la acoge la enviará al Presidente de la República a la brevedad<br />
posible, modificándola en lo que quisiere.<br />
4. El Presidente dará audiencia por un mes a la otra parte y decidirá en el<br />
plazo máximo de un mes, pasada la audiencia dicha, haya sido contestada o<br />
no la audiencia.<br />
5. Si se requiere la evacuación de prueba, el Presidente dispondrá de un<br />
mes más para tal efecto.<br />
Artículo 80.- Si es el Estado el que plantea el conflicto se observará el<br />
mismo trámite anterior.<br />
SECCIÓN QUINTA<br />
De los Conflictos de Competencia Planteados por el Interesado<br />
Artículo 81.- Cuando un interesado estime incompetente a un órgano<br />
administrativo, podrá requerirle en cualquier momento para que declare su<br />
incompetencia.<br />
Artículo 82.-<br />
1. El órgano requerido de incompetencia deberá pronunciarse dentro de los<br />
cinco días posteriores al recibo del requerimiento.<br />
2. Si acogiere la gestión se procederá de acuerdo con lo dispuesto en los<br />
artículos 76, 79 u 82 según el caso.<br />
3. Si se estimare competente, su decisión será recurrible en la vía<br />
jerárquica por el procedimiento usual.<br />
4. Agotada la vía jerárquica no cabrá acción contenciosa contra la<br />
resolución que fija la competencia salvo el caso del artículo 71.3, pero<br />
dictada que sea la resolución de fondo podrá plantearse la nulidad de esta<br />
por incompetencia del órgano que la dictó.<br />
5. La falta de decisión en término se considerará como denegación tácita de<br />
la incompetencia.<br />
CAPÍTULO TERCERO<br />
De la Distribución y de los Cambios de la Competencia<br />
SECCIÓN PRIMERA<br />
De la Desconcentración<br />
Artículo 83.-<br />
1. Todo órgano distinto del jerarca estará plenamente subordinado a este y<br />
al superior jerárquico inmediato, salvo desconcentración operada por ley o<br />
por reglamento.<br />
2. La desconcentración mínima se dará cuando el superior no pueda:<br />
a) Avocar competencia del inferior; y<br />
b) Revisar o sustituir la conducta del inferior, de oficio o a instancia de<br />
parte.<br />
3. La desconcentración será máxima cuando el inferior esté sustraído<br />
además, a órdenes, instrucciones o circulares del superior.<br />
4. La imposibilidad de revisar o sustituir la conducta del inferior hará<br />
presumir la potestad de avocar la misma y a la inversa.<br />
5. Las normas que crean la desconcentración mínima serán de aplicación<br />
restrictiva en contra de la competencia del órgano desconcentrado y las que<br />
crean la desconcentración máxima serán de aplicación extendida en su favor.<br />
SECCIÓN SEGUNDA<br />
De los Cambios de Competencia en General<br />
Artículo 84.- Las competencias administrativas o su ejercicio podrán ser<br />
transferidas mediante:<br />
a) Delegación;<br />
b) Avocación;<br />
c) Sustitución del titular o de un acto;<br />
d) Subrogación; y<br />
e) Suplencia.<br />
Artículo 85.-<br />
1. Toda transferencia de competencias externas de un órgano a otro o de un<br />
servidor público a otro, tendrá que ser autorizada por una norma expresa,<br />
salvo casos de urgencia.<br />
2. En toda hipótesis, la norma que autoriza la transferencia deberá tener<br />
rango igual o superior al de la que crea la competencia transferida.<br />
3. No podrán hacerse transferencias por virtud de práctica, uso o<br />
costumbre.<br />
Artículo 86.- No podrán transferirse las competencias de los órganos<br />
constitucionales de la Administración que estén regulados únicamente en la<br />
Constitución.<br />
Artículo 87.-<br />
1. Toda transferencia de competencia deberá ser temporal y salvo el caso de<br />
la suplencia y de la sustitución de órgano, claramente limitada en su<br />
contenido por el acto que le da origen.<br />
2. Toda transferencia de competencia deberá ser motivada, con las<br />
excepciones que señala esta ley.<br />
3. La violación de los límites indicados causará la invalidez tanto del<br />
acto origen de la transferencia, como de los dictados en ejercicio de esta.<br />
Artículo 88.- Si en el curso de un expediente se transfiere legalmente la<br />
competencia a otro órgano administrativo, con éste se continuará la causa,<br />
de oficio o a gestión de parte.<br />
SECCIÓN TERCERA<br />
De la Delegación<br />
Artículo 89.-<br />
1. Todo servidor podrá delegar sus funciones propias en su inmediato<br />
inferior, cuando ambos tengan funciones de igual naturaleza.<br />
2. La delegación no jerárquica o en diverso grado requerirá de otra norma<br />
expresa que la autorice, pero a la misma se aplicarán las reglas<br />
compatibles de esta Sección.<br />
3. No será posible la delegación cuando la competencia haya sido otorgada<br />
al delegante en razón de su específica idoneidad para el cargo.<br />
4. La delegación deberá ser publicada en el Diario Oficial cuando sea para<br />
un tipo de acto y no para un acto determinado.<br />
Artículo 90.- La delegación tendrá siempre los siguientes límites:<br />
a) La delegación podrá ser revocada en cualquier momento por el órgano que<br />
la ha conferido;<br />
b) No podrán delegarse potestades delegadas;<br />
c) No podrá hacerse una delegación total ni tampoco de las competencias<br />
esenciales del órgano, que le dan nombre o que justifican su existencia;<br />
d) No podrá hacerse delegación sino entre órgano de la misma clase, por<br />
razón de la materia, del territorio y de la naturaleza de la función; y<br />
e) El órgano colegiado no podrá delegar sus funciones, sino únicamente la<br />
instrucción de las mismas, en el Secretario.<br />
Artículo 91.- El delegante tendrá siempre la obligación de vigilar la<br />
gestión del delegado y podrá ser responsable con este por culpa en la<br />
vigilancia. Sólo habrá lugar a culpa en la elección cuando ésta haya sido<br />
discrecional.<br />
Artículo 92.- Se podrá delegar la firma de resoluciones, en cuyo caso el<br />
delegante será el único responsable y el delegado no podrá resolver,<br />
limitándose a firmar lo resuelto por aquél.<br />
SECCIÓN CUARTA<br />
De la Avocación<br />
Artículo 93.-<br />
1. El superior podrá, incluso por razones de oportunidad, avocar la<br />
decisión de asuntos del inmediato inferior cuando no haya recurso<br />
jerárquico contra la decisión de éste y en tal caso la resolución del<br />
superior agotará también la vía administrativa.<br />
2. La avocación no creará subordinación especial entre avocante y avocado.<br />
3. El avocado no tendrá ninguna vigilancia sobre la conducta del avocante<br />
ni es responsable por ésta.<br />
4. Cuando se refiera a un tipo de negocio, y no a uno determinado, deberá<br />
publicarse en el Diario Oficial.<br />
5. Tendrá los mismos límites de la delegación en lo compatible.<br />
6. La avocación no jerárquica o de competencias de un órgano que no sea el<br />
inmediato inferior requerirá de otra ley que la autorice.<br />
Artículo 94.- El órgano delegante podrá avocar el conocimiento y decisión<br />
de cualquier asunto concreto que corresponde decidir al inferior en virtud<br />
de la delegación general.<br />
SECCIÓN QUINTA.<br />
De la Suplencia y de la Subrogación<br />
Artículo 95.-<br />
1. Las ausencias temporales o definitivas del servidor podrán ser suplidas<br />
por el superior jerárquico inmediato o por el suplente que se nombre.<br />
2. Si el superior jerárquico no quisiere hacer la suplencia o transcurridos<br />
los meses de iniciado su ejercicio por él, deberá nombrarse al suplente de<br />
conformidad con la ley.<br />
3. Si la plaza está cubierta por el régimen especial del Servicio Civil el<br />
suplente será nombrado de conformidad con éste; si no lo está podrá ser<br />
nombrado libremente.<br />
Artículo 96.-<br />
1. El suplente sustituirá al titular para todo efecto legal, sin<br />
subordinación ninguna, y ejercerá las competencias del órgano con la<br />
plenitud de los poderes y deberes que las mismas contienen.<br />
2. Toda suplencia requerirá el nombramiento del suplente, con la excepción<br />
prevista en el artículo anterior, en cuanto al superior jerárquico<br />
inmediato.<br />
3. El nombramiento del suplente se hará siempre dejando a salvo la potestad<br />
de nombrar un nuevo titular, sin responsabilidad ninguna para la<br />
Administración.<br />
SECCIÓN SEXTA.<br />
De la Sustitución del Acto<br />
Artículo 97.-<br />
1. El superior podrá sustituir al inmediato inferior cuando éste omita la<br />
conducta necesaria para el cumplimiento de los deberes de su cargo, pese a<br />
la debida intimación para que los cumpla, sin probar justa causa al<br />
respecto.<br />
2. Para hacer la intimación bastará el envío de carta certificada al<br />
inferior con tres días de anticipación, advirtiendo la posibilidad de la<br />
sustitución.<br />
3. La sustitución bien fundada será justa causa de despido del inferior.<br />
SECCIÓN SÉTIMA<br />
De la Sustitución del Titular<br />
Artículo 98.-<br />
1. El Poder Ejecutivo, dentro del ramo correspondiente, podrá remover y<br />
sustituir, sin responsabilidad para el Estado, al inferior no jerárquico,<br />
individual o colegiado, del Estado o de cualquier otro ente<br />
descentralizado, que desobedezca reiteradamente las directrices que aquel<br />
le haya impartido sin dar explicación satisfactoria al respecto, pese a las<br />
intimaciones recibidas. Cuando se trate de directores de instituciones<br />
autónomas la remoción deberá hacerla el Consejo de Gobierno.<br />
2. El servidor o colegio sustituto tendrá todas las potestades y<br />
atribuciones del titular ordinario, pero deberá usarlas para lo<br />
estrictamente indispensable al restablecimiento de la armonía de la<br />
normalidad administrativa, so pena de incurrir en nulidad.<br />
3. Los actos del sustituto, en este caso, se reputarán propios del ente u<br />
órgano que ha sufrido la sustitución, para todo efecto legal.<br />
4. La sustitución regulada por este artículo creará un vínculo jerárquico<br />
entre el Poder Ejecutivo y el sustituto, pero ninguna entre éste y el<br />
sustituto.<br />
5. La sustitución deberá ser precedida por al menos tres intimaciones<br />
instando al inferior a justificar su conducta y a cumplir.<br />
6. El silencio del sustituido será por sí justa causa para la sustitución.<br />
7. Para hacer la intimación bastará carta certificada, en los términos<br />
señalados en el artículo anterior.<br />
TÍTULO CUARTO<br />
De las Relaciones Interorgánicas<br />
CAPÍTULO PRIMERO<br />
De la Relación de Dirección<br />
Artículo 99.-<br />
1. Habrá relación de dirección cuando dos órganos de administración activa<br />
tengan diversa competencia por razón de la materia y uno de ellos pueda<br />
ordenar la actividad, pero no los actos, del otro, imponiéndole las metas<br />
de la misma y los tipos de medios que habrá de emplear para realizarlas,<br />
dentro de una relación de confianza incompatible con órdenes, instrucciones<br />
o circulares.<br />
2. La jerarquía implicará la potestad de dirección, pero no a la inversa.<br />
Artículo 100.-<br />
1. Cuando un órgano tenga potestad de dirección sobre otro podrá impartirle<br />
directrices, vigilar su cumplimiento y sancionar con la remoción al titular<br />
que falte a las mismas en forma reiterada y grave, sin justificar la<br />
inobservancia.<br />
2. El órgano director no tendrá como tal potestad jerárquica sobre el<br />
dirigido, y éste tendrá en todo caso discrecionalidad para aplicar las<br />
directrices de acuerdo con las circunstancias.<br />
3. El órgano director tendrá también potestad para coordinar al dirigido<br />
con otros, siempre dentro de los límites antes indicados.<br />
CAPÍTULO SEGUNDO<br />
De la Relación Jerárquica<br />
SECCIÓN PRIMERA<br />
De la Relación Jerárquica Propiamente<br />
Artículo 101.- Habrá relación jerárquica entre superior e inferior cuando<br />
ambos desempeñen funciones de la misma naturaleza y la competencia del<br />
primero abarque la del segundo por razón del territorio y de la materia.<br />
Artículo 102.- El superior jerárquico tendrá las siguientes potestades:<br />
a) Dar órdenes particulares, instrucciones o circulares sobre el modo de<br />
ejercicio de las funciones por parte del inferior, tanto en aspectos de<br />
oportunidad y conveniencia como de legalidad, sin otras restricciones que<br />
las que se establezcan expresamente;<br />
b) Vigilar la acción del inferior para constatar su legalidad y<br />
conveniencia, y utilizar todos los medios necesarios o útiles para ese fin<br />
que no estén jurídicamente prohibidos;<br />
c) Ejercer la potestad disciplinaria;<br />
d) Adoptar las medidas necesarias para ajustar la conducta del inferior a<br />
la ley y a la buena administración, revocándola, anulándola o reformándola<br />
de oficio, o en virtud de recurso administrativo;<br />
e) Delegar sus funciones y avocar las del inmediato inferior, así como<br />
sustituirlo en casos de inercia culpable, o subrogarse a él ocupando<br />
temporalmente su plaza mientras no regrese o no sea nombrado un nuevo<br />
titular, todo dentro de los límites y condiciones señalados por esta ley; y<br />
f) Resolver los conflictos de competencia o de cualquier otra índole que se<br />
produzcan entre órganos inferiores.<br />
Artículo 103.-<br />
1. El jerarca o superior jerárquico supremo tendrá, además, la<br />
representación extrajudicial de la Administración Pública en su ramo y el<br />
poder de organizar ésta mediante reglamentos autónomos de organización y de<br />
servicio, internos o externos, siempre que, en este último caso, la<br />
actividad regulada no implique el uso de potestades de imperio frente al<br />
administrado.<br />
2. Cuando a la par del órgano deliberante haya un gerente o funcionario<br />
ejecutivo, éste tendrá la representación del ente o servicio.<br />
3. El jerarca podrá realizar, además, todos los actos y contratos<br />
necesarios para el eficiente despacho de los asuntos de su ramo.<br />
Artículo 104.-<br />
1. En silencio de la ley, el jerarca podrá nombrar, disciplinar y remover a<br />
todos los servidores del ente, de conformidad con los artículos 191, 192 de<br />
la Constitución Política.<br />
2. Cuando exista una articulación entre un jerarca colegiado y otro<br />
unipersonal de tipo ejecutivo, corresponderá al primero nombrar a este<br />
último, a sus suplentes y a los demás altos funcionarios del ente que<br />
indique el reglamento, y corresponderá al jerarca ejecutivo el nombramiento<br />
del resto del personal.<br />
Artículo 105.-<br />
1. La potestad de ordenar y dirigir la conducta del inferior mediante<br />
órdenes, instrucciones o circulares será necesaria y suficiente para la<br />
existencia de la relación jerárquica, salvo limitaciones expresas del<br />
ordenamiento.<br />
2. Las otras potestades arriba enumeradas podrán darse sin que exista la<br />
jerarquía, pero su presencia hará presumir ésta, salvo que de la naturaleza<br />
de la situación o de su régimen de conjunto se desprenda lo contrario.<br />
Artículo 106.- De no excluirse expresamente, habrá recurso jerárquico<br />
contra todo acto del inferior, en los términos de esta ley.<br />
SECCIÓN SEGUNDA<br />
Del Deber de Obediencia<br />
Artículo 107.-<br />
1. Todo servidor público estará obligado a obedecer las órdenes<br />
particulares, instrucciones o circulares del superior, con las limitaciones<br />
que establece este Capítulo.<br />
2. El servidor no estará obligado a obedecer cuando el acto no provenga de<br />
un superior jerárquico sea o no inmediato.<br />
Artículo 108.-<br />
1. Deberá desobedecer el servidor cuando se presente cualquiera de las<br />
siguientes circunstancias:<br />
a) Que la orden tenga por objeto la realización de actos evidentemente<br />
extraños a la competencia del inferior; y<br />
b) Que el acto sea manifiestamente arbitrario, por constituir su ejecución<br />
abuso de autoridad o cualquier otro delito.<br />
2. La obediencia en una cualquiera de estas circunstancias producirá<br />
responsabilidad personal del funcionario, tanto administrativo como civil,<br />
sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda caber.<br />
Artículo 109.-<br />
1. Cuando no se presente ninguna de las circunstancias enumeradas en los<br />
dos artículos anteriores el servidor deberá obedecer aunque el acto del<br />
superior sea contrario al ordenamiento por cualquier otro concepto, pero en<br />
este último caso deberá consignar y enviar por escrito sus objeciones al<br />
jerarca, quien tendrá la obligación de acusar recibo.<br />
2. El envío de las objeciones escritas salvará la responsabilidad del<br />
inferior, pero éste quedará sujeto a inmediata ejecución de lo ordenado.<br />
3. Cuando la ejecución inmediata pueda producir daños graves de imposible o<br />
difícil reparación, el inferior podrá suspenderla, sujeto a responsabilidad<br />
disciplinaria y eventualmente civil o penal si las causas justificantes<br />
resultaren inexistentes en definitiva.<br />
4. Quedará a salvo lo dispuesto por el artículo 81.2 de la Ley Reguladora<br />
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.<br />
Artículo 110.-<br />
1. En caso de urgencia el inferior podrá salvar su responsabilidad aún si<br />
no ha podido enviar sus objeciones por escrito previamente a la ejecución.<br />
2. En estos casos el inferior podrá hacer verbalmente sus objeciones ante<br />
el inmediato superior, pero se requerirá la presencia de dos testigos.<br />
TÍTULO QUINTO<br />
De los Servidores Públicos<br />
CAPÍTULO PRIMERO<br />
De los Servidores Públicos en General<br />
Artículo 111.-<br />
1. Es servidor público la persona que presta servicios a la Administración<br />
o a nombre y por cuenta de ésta, como parte de su organización, en virtud<br />
de un acto válido y eficaz de investidura, con entera independencia del<br />
carácter imperativo, representativo, remunerado, permanente o público de la<br />
actividad respectiva.<br />
2. A este efecto considéranse equivalentes los términos "funcionario<br />
público", "servidor público", "empleado público", "encargado de servicio<br />
público" y demás similares, y el régimen de sus relaciones será el mismo<br />
para todos, salvo que la naturaleza de la situación indique lo contrario.<br />
3. No se consideran servidores públicos los empleados de empresas o<br />
servicios económicos del Estado encargados de gestiones sometidas al<br />
derecho común.<br />
Artículo 112.-<br />
1. El derecho administrativo será aplicable a las relaciones de servicio<br />
entre la Administración y sus servidores públicos.<br />
2. Las relaciones de servicios con obreros, trabajadores y empleados que no<br />
participan de la gestión pública de la Administración, de conformidad con<br />
el párrafo 3; del artículo III, se regirán por el derecho laboral o<br />
mercantil, según los casos.<br />
3. Sin embargo, se aplicarán también a estos últimos las disposiciones<br />
legales o reglamentarias de derecho público que resulten necesarias para<br />
garantizar la legalidad y moralidad administrativa, conforme lo determine<br />
por Decreto el Poder Ejecutivo.<br />
4. Para efectos penales, dichos servidores se reputarán como públicos.<br />
Artículo 113.-<br />
1. El servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que<br />
satisfagan primordialmente el interés público, el cual será considerado<br />
como la expresión de los intereses individuales coincidentes de los<br />
administrados.<br />
2. El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración<br />
Pública cuando pueda estar en conflicto.<br />
3. En la apreciación del interés público se tendrá en cuenta, en primer<br />
lugar, los valores de seguridad jurídica y justicia para la comunidad y el<br />
individuo, a los que no puede en ningún caso anteponerse la mera<br />
conveniencia.<br />
Artículo 114.-<br />
1. El servidor público será un servidor de los administrados, en general, y<br />
en particular de cada individuo o administrado que con él se relacione en<br />
virtud de la función que desempeña; cada administrado deberá ser<br />
considerado en el caso individual como representante de la colectividad de<br />
que el funcionario depende y por cuyos intereses debe velar.<br />
2. Sin perjuicio de lo que otras leyes establezcan para el servidor,<br />
considérase, en especial, irregular desempeño de su función todo acto,<br />
hecho u omisión que por su culpa o negligencia ocasione trabas u obstáculos<br />
injustificados o arbitrarios a los administrados.<br />
CAPÍTULO SEGUNDO<br />
Del Funcionario de Hecho<br />
Artículo 115.- Será funcionario de hecho el que hace lo que el servidor<br />
público regular, pero sin investidura o con una investidura inválida o<br />
ineficaz, aún fuera de situaciones de urgencia o de cambios ilegítimos de<br />
gobierno, siempre que se den las siguientes circunstancias:<br />
a) Que no se haya declarado todavía la ausencia o la irregularidad de la<br />
investidura, ni administrativa ni jurisdiccionalmente; y<br />
b) Que la conducta sea desarrollada en forma pública, pacífica, continua y<br />
normalmente acomodada a derecho.<br />
Artículo 116.-<br />
1. Los actos del funcionario de hecho serán válidos aunque perjudiquen al<br />
administrado y aunque éste tenga conocimiento de la irregularidad de la<br />
investidura de aquél.<br />
2. La Administración quedará obligada o favorecida ante terceros por virtud<br />
de los mismos.<br />
Artículo 117.- No habrá relación de servicio entre el funcionario de hecho<br />
y la Administración, pero si el primero ha actuado de buena fe no estará<br />
obligado a devolver lo percibido de la administración en concepto de<br />
retribución y, si nada ha recibido, podrá recuperar los costos de su<br />
conducta en la medida en que haya habido enriquecimiento sin causa, de la<br />
Administración, según las reglas del derecho común.<br />
Artículo 118.-<br />
1. El funcionario de hecho será responsable ante la Administración y ante<br />
los administrados por los daños que cause su conducta.<br />
2. La Administración será responsable ante los administrados por la<br />
conducta del funcionario de hecho.<br />
Artículo 119.- La responsabilidad penal del funcionario de hecho que fuere<br />
usurpador se regulará por el Código Penal.<br />
TÍTULO SEXTO<br />
De los Actos Administrativos<br />
CAPÍTULO PRIMERO<br />
De la Clasificación y Valor<br />
Artículo 120.-<br />
1. Para los efectos de clasificación y valor, los actos de la<br />
Administración se clasifican en externos e internos, según que vayan<br />
destinados o no al administrado; y en concretos y generales, según que<br />
vayan destinados o no a un sujeto identificado.<br />
2. El acto concreto estará sometido en todo caso al general y el interno al<br />
externo, con la salvedad contemplada en los artículo 126 y 127.<br />
Artículo 121.-<br />
1. Los actos se llamarán decretos cuando sean de alcance general y acuerdos<br />
cuando sean concretos.<br />
2. Los decretos de alcance normativo se llamarán también reglamentos o<br />
decretos reglamentarios.<br />
3. Los acuerdos que decidan un recurso o reclamo administrativo se llamarán<br />
resoluciones.<br />
Artículo 122.-<br />
1. Los actos internos carecerán de valor ante el ordenamiento general del<br />
Estado en perjuicio del particular, pero no en su beneficio.<br />
2. En este último caso el particular que los invoque deberá aceptarlos en<br />
su totalidad.<br />
3. La violación de los reglamentos internos en perjuicio del particular<br />
causará la invalidez del acto y eventualmente la responsabilidad del Estado<br />
y del servidor público, en los términos de esta ley.<br />
Artículo 123.-<br />
1. Tendrán relevancia externa ante los administrados y los tribunales<br />
comunes, no obstante lo dicho en el artículo anterior, los actos internos<br />
que estén regulados por ley, reglamento u otra norma cualquiera del Estado.<br />
2. Tendrán igual relevancia externa para los servidores de la<br />
Administración los actos internos de ésta que afecten sus derechos en las<br />
relaciones de servicio entre ambos.<br />
Artículo 124.- Los reglamentos, circulares, instrucciones y demás<br />
disposiciones administrativas de carácter general no podrán establecer<br />
penas ni imponer exacciones, tasas, multas ni otras cargas similares.<br />
Artículo 125.-<br />
1. Las instrucciones y circulares internas deberán exponerse en vitrinas o<br />
murales en la oficina respectiva durante un período mínimo de un mes y,<br />
compilarse en un repertorio o carpeta que deberá estar permanentemente a<br />
disposición de los funcionarios y de los administrados.<br />
2. La infracción a la anterior clasificación carecerá de todo efecto, pero<br />
el desconocimiento del valor y jerarquía de los actos arriba establecidos<br />
producirá nulidad absoluta.<br />
CAPÍTULO SEGUNDO<br />
De los Actos que Agotan la Vía Administrativa<br />
Artículo 126.- Pondrán fin a la vía administrativa los actos emanados de<br />
los siguientes órganos y autoridades, cuando resuelvan definitivamente los<br />
recursos de reposición o de apelación previstos en el Libro Segundo de esta<br />
Ley, interpuestos contra el acto final:<br />
a) Los del Poder Ejecutivo, Presidente de la República y Consejo de<br />
Gobierno, o, en su caso, los del jerarca del respectivo Supremo Poder;<br />
b) Los de los respectivos jerarcas de las entidades descentralizadas,<br />
cuando correspondan a la competencia exclusiva o a la especialidad<br />
administrativa de las mismas, salvo que se otorgue por ley algún recurso<br />
administrativo contra ellos;<br />
c) Los de los órganos desconcentrados de la Administración, o en su caso<br />
los del órgano superior de los mismos, cuando correspondan a su competencia<br />
exclusiva y siempre que no se otorgue, por ley o reglamento, algún recurso<br />
administrativo contra ellos; y<br />
d) Los de los Ministros, Viceministros y cualesquiera otros órganos y<br />
autoridades, cuando la ley lo disponga expresamente o niegue todo ulterior<br />
recurso administrativo contra ellos.<br />
Artículo 127.- Cuando el agotamiento de la vía administrativa se produzca<br />
en virtud de silencio u otro acto presunto, la Administración está siempre<br />
obligada a dictar resolución expresa sobre el fondo dentro de los plazos<br />
correspondientes, y aún después, en este caso sin perjuicio del silencio ni<br />
de las responsabilidades consiguientes, dentro del año previsto por el<br />
artículo 37.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso<br />
Administrativa.<br />
CAPÍTULO TERCERO<br />
De los Elementos y de la Validez<br />
Artículo 128.- Será válido el acto administrativo que se conforme<br />
substancialmente con el ordenamiento jurídico, incluso en cuanto al móvil<br />
del funcionario que lo dicta.<br />
Artículo 129.- El acto deberá dictarse por el órgano competente y por el<br />
servidor regularmente designado al momento de dictarlo, previo cumplimiento<br />
de todos los trámites substanciales previstos al efecto y de los requisitos<br />
indispensables para el ejercicio de la competencia.<br />
Artículo 130.-<br />
1. El acto deberá aparecer objetivamente como una manifestación de voluntad<br />
libre y consciente, dirigida a producir el efecto jurídico deseado para el<br />
fin querido por el ordenamiento.<br />
2. El error no será vicio del acto administrativo pero cuando recaiga sobre<br />
otros elementos del mismo, la ausencia de éstos viciará el acto, de<br />
conformidad con esta ley.<br />
3. El dolo y la violencia viciarán el acto únicamente cuando constituyan<br />
desviación de poder.<br />
Artículo 131.-<br />
1. Todo acto administrativo tendrá uno o varios fines particulares a los<br />
cuales se subordinarán los demás.<br />
2. Los fines principales del acto serán fijados por el ordenamiento; sin<br />
embargo, la ausencia de ley que indique los fines principales no creará<br />
discrecionalidad del administrador al respecto y el juez deberá<br />
determinarlos con vista de los otros elementos del acto y del resto del<br />
ordenamiento.<br />
3. La persecución de un fin distinto del principal, con detrimento de éste,<br />
será desviación de poder.<br />
Artículo 132.-<br />
1. El contenido deberá de ser lícito, posible, claro y preciso y abarcar<br />
todas las cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo, aunque no<br />
hayan sido debatidas por las partes interesadas.<br />
2. Deberá ser, además, proporcionado al fin legal y correspondiente al<br />
motivo, cuando ambos se hallen regulados.<br />
3. Cuando el motivo no esté regulado el contenido deberá estarlo, aunque<br />
sea en forma imprecisa.<br />
4. Su adaptación al fin se podrá lograr mediante la inserción discrecional<br />
de condiciones, términos y modos, siempre que, además de reunir las notas<br />
del contenido arriba indicadas, éstos últimos sean legalmente compatibles<br />
con la parte reglada del mismo.<br />
Artículo 133.-<br />
1. El motivo deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en<br />
cuenta para dictar el acto.<br />
2. Cuando no esté regulado deberá ser proporcionado al contenido y cuando<br />
esté regulado en forma imprecisa deberá ser razonablemente conforme con los<br />
conceptos indeterminados empleados por el ordenamiento.<br />
Artículo 134.-<br />
1. El acto administrativo deberá expresarse por escrito, salvo que su<br />
naturaleza o las circunstancias exijan forma diversa.<br />
2. El acto escrito deberá indicar el órgano agente, el derecho aplicable,<br />
la disposición, la fecha y la firma, mencionando el cargo del suscriptor.<br />
Artículo 135.-<br />
1. Cuando deba dictarse una serie de actos de la misma naturaleza, tales<br />
como nombramientos, permisos, licencias, etc., podrán refundirse en un sólo<br />
documento que especificará las personas y otras circunstancias que<br />
individualicen cada uno de los actos, y sólo dicho documento llevará la<br />
firma de rigor.<br />
2. Los actos a que se refiere el artículo anterior serán considerados a<br />
todos los efectos, tales como notificaciones e impugnaciones, etc., como<br />
actos administrativos diferenciados.<br />
Artículo 136.-<br />
1. Serán motivados con mención, sucinta al menos, de sus fundamentos:<br />
a) Los actos que impongan obligaciones o que limiten, supriman o denieguen<br />
derechos subjetivos;<br />
b) Los que resuelvan recursos;<br />
c) Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del<br />
dictamen de órganos consultivos;<br />
d) Los de suspensión de actos que hayan sido objeto del recurso;<br />
e) Los reglamentos y actos discrecionales de alcance general; y<br />
f) Los que deban serlo en virtud de ley.<br />
2. La motivación podrá consistir en la referencia explícita o inequívoca a<br />
los motivos de la petición del administrado, o bien a propuestas,<br />
dictámenes o resoluciones previas que hayan determinado realmente la<br />
adopción del acto, a condición de que se acompañe su copia.<br />
Artículo 137.- Los comportamientos y actividades materiales de la<br />
Administración que tengan un sentido unívoco y que sean incompatibles con<br />
una voluntad diversa, servirán para expresar el acto, salvo que la<br />
naturaleza o circunstancia de éste exijan manifestación expresa.<br />
Artículo 138.- El acto podrá expresarse a través de otro que lo implique<br />
necesariamente, en cuyo caso tendrá existencia jurídica propia.<br />
Artículo 139.- El silencio de la administración no podrá expresar su<br />
voluntad salvo ley que disponga lo contrario.<br />
CAPÍTULO CUARTO<br />
De la Eficacia<br />
SECCIÓN PRIMERA<br />
De la Eficacia en General<br />
Artículo 140.- El acto administrativo producirá su efecto después de<br />
comunicado al administrado, excepto si le concede únicamente derechos, en<br />
cuyo caso lo producirá desde que se adopte.<br />
Artículo 141.-<br />
1. Para ser impugnable, administrativa o jurisdiccionalmente, el acto<br />
deberá ser eficaz. En todo caso, la debida comunicación será el punto de<br />
partida para los términos de impugnación del acto administrativo.<br />
2. Si el acto es indebidamente puesto en ejecución antes de ser eficaz o de<br />
ser comunicado, el administrado podrá optar por considerarlo impugnable<br />
desde que tome conocimiento del inicio de la ejecución.<br />
Artículo 142.-<br />
1. El acto administrativo producirá efecto en contra del administrado<br />
únicamente para el futuro, con las excepciones que se dirán.<br />
2. Para que produzca efecto hacia el pasado a favor del administrado se<br />
requerirá que desde la fecha señalada para el inicio de su efecto existan<br />
los motivos para su adopción, y que la retroacción no lesione derechos o<br />
intereses de terceros de buena fe.<br />
Artículo 143.- El acto administrativo tendrá efecto retroactivo en contra<br />
del administrado cuando se dicte para anular actos absolutamente nulos que<br />
favorezcan a éste; o para consolidar, haciéndolos válidos o eficaces, actos<br />
que lo desfavorezcan.<br />
Artículo 144.-<br />
1. El acto administrativo no podrá surtir efecto ni ser ejecutado en<br />
perjuicio de derechos subjetivos de terceros de buena fe, salvo disposición<br />
expresa o inequívoca en contrario del ordenamiento.<br />
2. Toda lesión causada por un acto a derechos subjetivos de terceros de<br />
buena fe deberá ser indemnizada en su totalidad, sin perjuicio de la<br />
anulación procedente.<br />
Artículo 145.-<br />
1. Los efectos del acto administrativo podrán estar sujetos a requisitos de<br />
eficacia, fijados por el mismo acto o por el ordenamiento.<br />
2. Los requisitos de eficacia producirán efecto retroactivo a la fecha del<br />
acto administrativo, salvo disposición expresa en contrario del<br />
ordenamiento.<br />
3. Cuando el acto requiera autorización de otro órgano la misma deberá ser<br />
previa.<br />
4. Cuando el acto requiera aprobación de otro órgano, mientras ésta no se<br />
haya dado, aquél no será eficaz, ni podrá comunicarse, impugnarse, ni<br />
ejecutarse.<br />
SECCIÓN SEGUNDA<br />
De la Ejecutoriedad<br />
Artículo 146.-<br />
1. La Administración tendrá potestad de ejecutar por sí, sin recurrir a los<br />
Tribunales, los actos administrativos eficaces, válidos o anulables, aún<br />
contra la voluntad o resistencia del obligado, sujeta a la responsabilidad<br />
que pudiera resultar.<br />
2. El empleo de los medios de ejecución administrativa se hará sin<br />
perjuicio de las otras responsabilidades en que incurra el administrado por<br />
su rebeldía.<br />
3. No procederá la ejecución administrativa de los actos ineficaces o<br />
absolutamente nulos y la misma, de darse, producirá responsabilidad penal<br />
del servidor que la haya ordenado, sin perjuicio de las otras resultantes.<br />
4. La ejecución en estas circunstancias se reputará como abuso de poder.<br />
Artículo 147.- Los derechos de la Administración provenientes de su<br />
capacidad de derecho público serán también ejecutivos por los mismos medios<br />
que esta Ley señala para la ejecución de los actos administrativos.<br />
Artículo 148.- Los recursos administrativos no tendrán efecto suspensivo de<br />
la ejecución, pero el servidor que dictó el acto, su superior jerárquico o<br />
la autoridad que decide el recurso, podrán suspender la ejecución cuando la<br />
misma pueda causar perjuicios graves o de imposible o difícil reparación.<br />
Artículo 149.-<br />
1. Los medios de la ejecución administrativa serán los siguientes:<br />
a) Ejecución forzada mediante apremio sobre el patrimonio del administrado,<br />
cuando se trate de crédito líquido de la Administración, todo con<br />
aplicación de las normas pertinentes del Código de Procedimientos Civiles<br />
sobre embargo y remate, con la salvedad de que el título ejecutivo podrá<br />
ser la certificación del acto constitutivo del crédito expedida por el<br />
órgano competente para ordenar la ejecución;<br />
b) Ejecución substitutiva, cuando se trate de obligaciones cuyo<br />
cumplimiento puede ser logrado por un tercero en lugar de obligado, en cuyo<br />
caso las costas de la ejecución serán a cargo de éste y podrán serle<br />
cobradas según el procedimiento señalado en el inciso anterior; y<br />
c) Cumplimiento forzoso, cuando la obligación sea personalísima, de dar, de<br />
hacer o de tolerar o no hacer, con la alternativa de convertirla en daños y<br />
perjuicios a prudencial criterio de la Administración, cobrables mediante<br />
el procedimiento señalado en el inciso a).<br />
2. En caso de cumplimiento forzoso la Administración obtendrá el concurso<br />
de la policía y podrá emplear la fuerza pública dentro de los límites de lo<br />
estrictamente necesario. La Administración podrá a este efecto decomisar<br />
bienes y clausurar establecimientos mercantiles.<br />
Artículo 150.-<br />
1. La ejecución administrativa no podrá ser anterior a la debida<br />
comunicación del acto principal, so pena de responsabilidad.<br />
2. Deberá hacerse preceder de dos intimaciones consecutivas, salvo caso de<br />
urgencia.<br />
3. Las intimaciones contendrán un requerimiento de cumplir, una clara<br />
definición y conminación del medio coercitivo aplicable que no podrá ser<br />
más de uno, y un plazo prudencial para cumplir.<br />
4. Las intimaciones podrán disponerse con el acto principal o<br />
separadamente.<br />
5. Cuando sea posible elegir entre diversos medios coercitivos, el servidor<br />
competente deberá escoger el menos oneroso o perjudicial de entre los que<br />
sean suficientes al efecto.<br />
6. Los medios coercitivos serán aplicables uno por uno a la vez, pero<br />
podrán variarse ante la rebeldía del administrado si el medio anterior no<br />
ha sufrido efecto.<br />
Artículo 151.- Queda prohibida la resistencia violenta a la ejecución del<br />
acto administrativo, bajo sanción de responsabilidad civil, y, en su caso,<br />
penal.<br />
CAPÍTULO QUINTO<br />
De la Revocación<br />
Artículo 152.-<br />
1. El acto administrativo podrá revocarse por razones de oportunidad,<br />
conveniencia o mérito, con las excepciones que contempla esta ley.<br />
2. La revocación deberá tener lugar únicamente cuando haya divergencia<br />
grave entre los efectos del acto y el interés público, pese al tiempo<br />
transcurrido, a los derechos creados o a la naturaleza y demás<br />
circunstancias de la relación jurídica a que se intenta poner fin.<br />
Artículo 153.-<br />
1. La revocación podrá fundarse en la aparición de nuevas circunstancias de<br />
hecho, no existentes o no conocidas al momento de dictarse el acto<br />
originario.<br />
2. También podrá fundarse en una distinta valoración de las mismas<br />
circunstancias de hecho que dieron origen al acto, o del interés público<br />
afectado.<br />
Artículo 154.- Los permisos de uso del dominio público, y los demás actos<br />
que reconozcan a un administrado un derecho expresa y válidamente a título<br />
precario, podrán ser revocados por razones de oportunidad o conveniencia<br />
sin responsabilidad de la Administración; pero la revocación no deberá ser<br />
intempestiva ni arbitraria y deberá darse en todos los casos un plazo<br />
prudencial para el cumplimiento del acto de revocación.<br />
Artículo 155.-<br />
1. La revocación de un acto declaratorio de derechos subjetivos deberá<br />
hacerse por el jerarca del ente respectivo, previo dictamen favorable de la<br />
Contraloría General de la República.<br />
2. Simultáneamente deberá contener el reconocimiento y si es posible el<br />
cálculo de la indemnización completa de los daños y perjuicios causados, so<br />
pena de nulidad absoluta.<br />
3. En todo caso los daños y perjuicios deberán ser liquidados por la<br />
Administración dentro del mes posterior a la solicitud o recurso del<br />
administrado que contenga la liquidación pretendida por éste.<br />
Artículo 156.-<br />
1. No será posible la revocación de actos reglados.<br />
2. La revocación de actos discrecionales de efecto continuado podrá hacerse<br />
de conformidad con los artículos anteriores.<br />
3. Los actos desfavorables al administrado podrán ser revocados, aun si ya<br />
son firmes para el particular, previo dictamen de la Contraloría General de<br />
la República.<br />
4. La potestad de revocación consagrada en el párrafo anterior caducará en<br />
cuatro años.<br />
Artículo 157.- En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los<br />
errores materiales o de hecho y los aritméticos.<br />
CAPÍTULO SEXTO<br />
De las Nulidades<br />
SECCIÓN PRIMERA<br />
Disposiciones Generales<br />
Artículo 158.-<br />
1. La falta o defecto de algún requisito del acto administrativo, expresa o<br />
implícitamente exigido por el ordenamiento jurídico constituirá un vicio de<br />
éste.<br />
2. Será inválido el acto substancialmente disconforme con el ordenamiento<br />
jurídico.<br />
3. Las causas de invalidez podrán ser cualesquiera infracciones<br />
substanciales del ordenamiento, incluso las de normas no escritas.<br />
4. Se entenderán incorporadas al ordenamiento, para este efecto, las reglas<br />
técnicas y científicas de sentido unívoco y aplicación exacta, en las<br />
circunstancias del caso.<br />
5. Las infracciones insustanciales no invalidarán el acto pero podrán dar<br />
lugar a responsabilidad disciplinaria del servidor agente.<br />
Artículo 159.-<br />
1. La nulidad del acto podrá sobrevenir por la desaparición de una de las<br />
condiciones exigidas por el ordenamiento para su adopción, cuando la<br />
permanencia de dicha condición sea necesaria para la existencia de la<br />
relación jurídica creada, en razón de la naturaleza de la misma o por<br />
disposición de ley.<br />
2. En este caso la declaración de nulidad surtirá efecto a partir del hecho<br />
que la motive.<br />
Artículo 160.- El acto discrecional será inválido, además, cuando viole<br />
reglas elementales de lógica, de justicia o de conveniencia, según lo<br />
indiquen las circunstancias de cada caso.<br />
Artículo 161.- No serán impugnables ni anulables por incompetencia<br />
relativa, vicio de forma en la manifestación ni desviación de poder, los<br />
actos reglados en cuanto a motivo y contenido.<br />
Artículo 162.- El recurso administrativo bien fundado por un motivo<br />
existente de legalidad, hará obligatoria la anulación del acto.<br />
Artículo 163.-<br />
1. Los vicios propios de la ejecución del acto inválido se impugnarán por<br />
aparte de los que afecten el acto.<br />
2. Los vicios propios de los actos preparatorios se impugnarán<br />
conjuntamente con el acto, salvo que aquellos sean, a su vez, actos con<br />
efecto propio.<br />
3. Los vicios de los actos de contralor o, en general, de los que afecten<br />
la eficacia del acto en forma desfavorable a éste, se impugnarán por<br />
aparte.<br />
Artículo 164.-<br />
1. La invalidez de un acto no implicará la de los sucesivos en el<br />
procedimiento que sean independientes del inválido.<br />
2. La invalidez parcial del acto no implicará la de las demás partes del<br />
mismo que sean independientes de aquella.<br />
SECCIÓN SEGUNDA<br />
De las Clases de Nulidad<br />
Artículo 165.- La invalidez podrá manifestarse como nulidad absoluta o<br />
relativa, según la gravedad de la violación cometida.<br />
Artículo 166.- Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten totalmente uno<br />
o varios de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente.<br />
Artículo 167.- Habrá nulidad relativa del acto cuando sea imperfecto uno de<br />
sus elementos constitutivos, salvo que la imperfección impida la<br />
realización del fin, en cuyo caso la nulidad será absoluta.<br />
Artículo 168.- En caso de duda sobre la existencia o calificación e<br />
importancia del vicio deberá estarse a la consecuencia más favorable a la<br />
conservación del acto.<br />
SECCIÓN TERCERA<br />
De la Nulidad Absoluta<br />
Artículo 169.- No se presumirá legítimo el acto absolutamente nulo, ni se<br />
podrá ordenar su ejecución.<br />
Artículo 170.-<br />
1. El ordenar la ejecución del acto absolutamente nulo producirá<br />
responsabilidad civil de la Administración, y civil, administrativa y<br />
eventualmente penal del servidor, si la ejecución llegare a tener lugar.<br />
2. La ejecución por obediencia del acto absolutamente nulo se regirá por<br />
las reglas generales pertinentes a la misma.<br />
Artículo 171.- La declaración de nulidad absoluta tendrá efecto puramente<br />
declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de<br />
derechos adquiridos de buena fe.<br />
Artículo 172.- El acto absolutamente nulo no se podrá arreglar a derecho ni<br />
por saneamiento, ni por convalidación.<br />
Artículo 173.-<br />
1.- Cuando la nulidad absoluta de un acto declaratorio de derechos<br />
fuere evidente y manifiesta, podrá ser declarada por la Administración<br />
en la vía administrativa, sin necesidad de recurrir al contencioso de<br />
lesividad señalado en los artículos 10 y 35 de la Ley Reguladora de la<br />
Jurisdicción Contencioso Administrativa, No. 3667, de 12 de marzo de<br />
1966, previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la<br />
República. Cuando la nulidad versare sobre actos administrativos<br />
relacionados directamente con el proceso presupuestario o la<br />
contratación administrativa, la Contraloría General de la República<br />
deberá rendir el dictamen favorable.<br />
2.- Cuando se tratare de la administración del Estado, el órgano<br />
constitucional superior que emitió el respectivo acto deberá declarar<br />
la nulidad. En los actos del Poder Ejecutivo, el Ministro del ramo<br />
designará al órgano director del procedimiento administrativo. Si se<br />
tratare de otros entes públicos o Poderes del Estado, deberá declarar<br />
la nulidad cada jerarca administrativo. Contra lo resuelto por ellos,<br />
solo cabrá recurso de reconsideración o reposición. Con la resolución<br />
de los recursos se dará por agotada la vía administrativa.<br />
3.- Antes de anular los actos referidos en este artículo, el acto<br />
final debe estar precedido por un procedimiento administrativo<br />
ordinario, en el que se hayan observado los principios y las garantías<br />
del debido proceso y se haya brindado audiencia a todas las partes<br />
involucradas.<br />
4.- En los casos anteriores, el dictamen deberá pronunciarse<br />
expresamente sobre el carácter absoluto, manifiesto y evidente de la<br />
nulidad.<br />
5.- La potestad de revisión oficiosa consagrada en este artículo<br />
caducará en cuatro años.<br />
6.- La anulación administrativa de un acto contra lo dispuesto en<br />
este artículo, sea por omisión de las formalidades previstas o por no<br />
ser la nulidad absoluta, evidente y manifiesta, será absolutamente<br />
nula. Además, la Administración estará obligada a pagar las costas,<br />
los daños y perjuicios, sin mengua de las responsabilidades personales<br />
del servidor agente, conforme al segundo párrafo del artículo 199.<br />
7.- La pretensión de lesividad no podrá deducirse por vía de<br />
contrademanda.<br />
8.- Para los supuestos en los que la emisión del acto administrativo<br />
viciado de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, corresponda a dos o<br />
más Ministerios, o bien, se trate de la declaración de nulidad de actos<br />
administrativos relacionados, pero dictados por órganos distintos,<br />
regirá lo dispuesto en el inciso d) artículo 26 de esta ley.<br />
(Así reformado por el artículo 1 de la ley No. 7871 del 21 de abril de<br />
1999.)<br />
Artículo 174.-<br />
1. La Administración estará obligada a anular de oficio el acto<br />
absolutamente nulo, dentro de las limitaciones de esta Ley.<br />
2. La anulación de oficio del acto relativamente nulo será discrecional y<br />
deberá estar justificada por un motivo de oportunidad, específico y actual.<br />
Artículo 175.- Caducará en cuatro años la potestad del administrado para<br />
impugnar el acto absolutamente nulo en la vía administrativa y<br />
jurisdiccional, sin que se apliquen al respecto los plazos normales de<br />
caducidad.<br />
SECCIÓN CUARTA<br />
De la Nulidad Relativa<br />
Artículo 176.-<br />
1. El acto relativamente nulo se presumirá legítimo mientras no sea<br />
declarado lo contrario en firme en la vía jurisdiccional, y al mismo y a su<br />
ejecución deberá obediencia todo administrado.<br />
2. La desobediencia o el incumplimiento del acto relativamente nulo<br />
producirá responsabilidad civil y, en su caso penal, del administrado.<br />
Artículo 177.- La ejecución del acto relativamente nulo producirá<br />
responsabilidad civil de la Administración, pero no producirá<br />
responsabilidad de ningún tipo al servidor agente, sino cuando se compruebe<br />
que ha habido dolo o culpa grave en la adopción del acto.<br />
Artículo 178.- La anulación del acto relativamente nulo producirá efecto<br />
sólo para el futuro, excepto cuando el efecto retroactivo sea necesario<br />
para evitar daños al destinatario o a terceros, o al interés público.<br />
Artículo 179.-<br />
1. Los plazos y legitimación para impugnar el acto relativamente nulo en la<br />
vía administrativa serán los que indique esta ley.<br />
2. Los plazos y legitimación para impugnarlo en la vía jurisdiccional serán<br />
los que señala la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso<br />
Administrativa.<br />
SECCIÓN QUINTA<br />
Del Órgano y de los Poderes<br />
Artículo 180.- Será competente, en la vía administrativa, para anular o<br />
declarar la nulidad de un acto el órgano que lo dictó, el superior<br />
jerárquico del mismo, actuando de oficio o en virtud de recurso<br />
administrativo, o el contralor no jerárquico, en la forma y con los<br />
alcances que señale esta ley.<br />
Artículo 181.- El contralor no jerárquico podrá revisar sólo la legalidad<br />
del acto y en virtud de recurso administrativo, y decidirá dentro del<br />
límite de las pretensiones y cuestiones de hecho planteadas por el<br />
recurrente, pero podrá aplicar una norma no invocada en el recurso.<br />
Artículo 182.-<br />
1. El Juez no podrá declarar de oficio la invalidez del acto, salvo que se<br />
trate de infracciones sustanciales relativas al sujeto, al procedimiento o<br />
a la forma, casos en los cuales deberá hacerlo.<br />
2. Para efectos de este artículo el sujeto se entenderá como elemento<br />
comprensivo de la existencia del ente y su capacidad, de la existencia del<br />
órgano y su competencia, de los requisitos necesarios para el ejercicio de<br />
ésta y de la regular investidura del servidor público.<br />
3. El Juez podrá controlar de oficio la existencia de todos los extremos<br />
dichos en relación con el sujeto del acto, con la excepción contenida en el<br />
párrafo siguiente.<br />
4. La incompetencia relativa no podrá ser declarada ni hecha valer de<br />
oficio.<br />
Artículo 183.-<br />
1. La administración conservará su potestad para anular o declarar de<br />
oficio la nulidad del acto -sea absoluta o relativa- aunque el administrado<br />
haya dejado caducar los recursos administrativos y acciones procedentes,<br />
siempre y cuando dicha revisión se dé en beneficio del administrado y sus<br />
derechos.<br />
2. La potestad de revisión oficiosa consagrada en este artículo estará<br />
sujeta a caducidad de cuatro años a partir de la adopción del acto y podrá<br />
ser ejercida por la Administración dentro de juicio pendiente, sin éste o<br />
fuera de éste previo dictamen de la Procuraduría General de la República.<br />
3. Fuera de los casos previstos en el artículo 173, la Administración no<br />
podrá anular de oficio los actos declaratorios de derechos en favor del<br />
administrado, y para obtener su eliminación deberá recurrir al contencioso<br />
de lesividad previsto en los artículos 10 y 35 de la Ley Reguladora de la<br />
Jurisdicción Contencioso Administrativa.<br />
(Así reformado por el artículo 47 de la Ley No. 6815 de 27 de setiembre de<br />
1982 )<br />
Artículo 184.- No podrá anular de oficio el órgano que ejerce contralor<br />
jerárquico impropio, ni, en general, el que pierde su competencia con la<br />
primera decisión sobre la validez del acto.<br />
Artículo 185.- La autoridad competente podrá anular o declarar la nulidad<br />
del acto, aun si éste ha sido confirmado por el superior o por el Juez,<br />
pero no podrá hacerlo invocando los motivos de hecho o derecho rechazados<br />
por estos últimos.<br />
Artículo 186.- El órgano que declare la nulidad de actuaciones dispondrá<br />
siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido hubiera<br />
permanecido el mismo de no haberse realizado la infracción origen de la<br />
nulidad.<br />
SECCIÓN SEXTA<br />
De la Convalidación, del Saneamiento y de la Conversión<br />
Artículo 187.-<br />
1. El acto relativamente nulo por vicio y en la forma, en el contenido o en<br />
la competencia podrá ser convalidado mediante uno nuevo que contenga la<br />
mención del vicio y la de su corrección.<br />
2. La convalidación tiene efecto retroactivo a la fecha del acto<br />
convalidado.<br />
Artículo 188.-<br />
1. Cuando el vicio del acto relativamente nulo consista en la ausencia de<br />
una formalidad sustancia, como una autorización obligatoria, una propuesta<br />
o requerimiento de otro órgano, o una petición o demanda del administrado,<br />
éstos podrán darse después del acto, acompañados por una manifestación de<br />
conformidad con todos sus términos.<br />
2. Lo anterior no podrá aplicarse a la omisión de dictámenes ni a los casos<br />
en que las omisiones arriba indicadas produzcan nulidad absoluta, por<br />
impedir la realización del fin del acto final.<br />
3. El saneamiento producirá efecto retroactivo a la fecha del acto saneado.<br />
Artículo 189.-<br />
1. El acto inválido, absoluta o relativamente nulo, podrá ser convertido en<br />
otro valido distinto por declaración expresa de la Administración a<br />
condición de que el primero presente todos los requisitos formales y<br />
materiales del último.<br />
2. La conversión tiene efecto desde su fecha.<br />
TÍTULO SÉTIMO<br />
De la Responsabilidad de la Administración y del Servidor Público<br />
CAPÍTULO PRIMERO<br />
De la responsabilidad de la Administración<br />
SECCIÓN PRIMERA<br />
Disposiciones Generales<br />
Artículo 190.-<br />
1. La Administración responderá por todos los daños que cause su<br />
funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor,<br />
culpa de la víctima o hecho de un tercero.<br />
2. La Administración será responsable de conformidad con este artículo, aún<br />
cuando no pueda serlo en virtud de las secciones siguientes de este<br />
Capítulo, pero la responsabilidad por acto lícito o funcionamiento normal,<br />
se dará únicamente según los términos de la Sección Tercera siguiente.<br />
SECCIÓN SEGUNDA<br />
De la Responsabilidad de la Administración por Conducta Ilícita<br />
Artículo 191.- La Administración deberá reparar todo daño causado a los<br />
derechos subjetivos ajenos por faltas de sus servidores cometidas durante<br />
el desempeño de los deberes del cargo o con ocasión del mismo, utilizando<br />
las oportunidades o medios que ofrece, aún cuando sea para fines o<br />
actividades o actos extraños a dicha misión.<br />
Artículo 192.- La Administración será también responsable en las anteriores<br />
condiciones cuando suprima o limite derechos subjetivos usando ilegalmente<br />
sus potestades para ello.<br />
Artículo 193.- DEROGADO.-<br />
(DEROGADO por el artículo 111 de la Ley de Contratación Administrativa No.<br />
7494 de 2 de mayo de 1995).<br />
SECCIÓN TERCERA<br />
De la Responsabilidad de la Administración por Conducta Lícita<br />
Artículo 194.-<br />
1. La Administración será responsable por sus actos lícitos y por su<br />
funcionamiento normal cuando los mismos causen daño a los derechos del<br />
administrado en forma especial, por la pequeña proporción de afectados o<br />
por la intensidad excepcional de la lesión.<br />
2. En este caso la indemnización deberá cubrir el valor de los daños al<br />
momento de su pago, pero no el lucro cesante.<br />
3. El Estado será responsable por los daños causados directamente por una<br />
ley, que sean especiales de conformidad con el presente artículo.<br />
Artículo 195.- Ni el Estado ni la Administración serán responsables, aunque<br />
causen un daño especial en los anteriores términos, cuando el interés<br />
lesionado no sea legítimo o sea contrario al orden público, a la moral o a<br />
las buenas costumbres, aún si dicho interés no estaba expresamente<br />
prohibido antes o en el momento del hecho dañoso.<br />
SECCIÓN CUARTA<br />
Del Régimen Común de la Responsabilidad<br />
Artículo 196.- En todo caso el daño alegado habrá de ser efectivo,<br />
evaluable e individualizable en relación con una persona o grupo.<br />
Artículo 197.- Cabrá responsabilidad por el daño de bienes puramente<br />
morales, lo mismo que por el padecimiento moral y el dolor físico causados<br />
por la muerte o por la lesión inferida, respectivamente.<br />
Artículo 198.- El derecho de reclamar la indemnización a la Administración<br />
prescribirá en cuatro años, contados a partir del hecho que motiva la<br />
responsabilidad.<br />
El derecho de reclamar la indemnización contra los servidores<br />
públicos prescribirá en cuatro años desde que se tenga conocimiento del<br />
hecho dañoso.<br />
(Así reformado por el artículo 1 de la Ley No.7611 de 12 de julio de 1996).<br />
NOTA: de acuerdo con el Transitorio de la indicada ley No. 7611, con<br />
respecto a los plazos de prescripción, los procesos iniciados en sede<br />
administrativa y judicial a la entrada en vigencia de esta ley, se regirán<br />
conforme a la legislación anterior, es decir, tomando el plazo de<br />
prescripción de tres años.<br />
CAPÍTULO SEGUNDO<br />
De la Responsabilidad del Servidor ante Terceros<br />
SECCIÓN PRIMERA<br />
De la Responsabilidad del Servidor ante Terceros<br />
Artículo 199.-<br />
1. Será responsable personalmente ante terceros el servidor público que<br />
haya actuado con dolo o culpa grave en el desempeño de sus deberes o con<br />
ocasión del mismo, aunque sólo haya utilizado los medios y oportunidades<br />
que le ofrece el cargo.<br />
2. Estará comprendido en tales casos el funcionario que emitiere actos<br />
manifiestamente ilegales, y el que los obedeciere de conformidad con esta<br />
ley.<br />
3. Habrá ilegalidad manifiesta, entre otros casos, cuando la Administración<br />
se aparte de dictámenes u opiniones consultivos que pongan en evidencia la<br />
ilegalidad, si posteriormente se llegare a declarar la invalidez del acto<br />
por las razones invocadas por el dictamen.<br />
4. La calificación de la conducta del servidor para los efectos de este<br />
artículo se hará sin perjuicio de la solidaridad de responsabilidades con<br />
la Administración frente al ofendido.<br />
Artículo 200.-<br />
1. Siempre que se declare la invalidez de actos administrativos, la<br />
autoridad que la resuelva deberá pronunciarse expresamente sobre si la<br />
ilegalidad era manifiesta o no, en los términos de artículo 199.<br />
2. En caso afirmativo, deberá iniciar de oficio el procedimiento que<br />
corresponda para deducir las responsabilidades consiguientes.<br />
Artículo 201.- La Administración será solidariamente responsable con su<br />
servidor ante terceros por los daños que éste cause en las condiciones<br />
señaladas por esta ley.<br />
Artículo 202.-<br />
1. El administrado o tercero nunca tendrá derecho a más de una<br />
indemnización plenaria por el daño recibido, y la Administración o el<br />
servidor público culpable podrá rebajar de su deuda lo pagado por el otro,<br />
a efecto de evitar que la víctima cobre lo mismo dos veces.<br />
2. El pago hecho podrá hacerse valer por vía de acción o de excepción.<br />
SECCIÓN SEGUNDA<br />
De la Distribución Interna de Responsabilidades<br />
Artículo 203.-<br />
1. La Administración deberá recobrar plenariamente lo pagado por ella para<br />
reparar los daños causados a un tercero por dolo o culpa grave de su<br />
servidor, tomando en cuenta la participación de ella en la producción del<br />
daño, si la hubiere.<br />
2. La recuperación deberá incluir también los daños y perjuicios causados a<br />
la Administración por la erogación respectiva.<br />
Artículo 204.-<br />
1. La acción de la Administración contra el servidor culpable en los<br />
anteriores términos será ejecutiva y podrá darse lo mismo si el pago hecho<br />
a la víctima es voluntario que si es ejecución de un fallo.<br />
2. En ambos casos servirá como título ejecutivo contra el servidor culpable<br />
la certificación o constancia del adeudo que expida la Administración, pero<br />
cuando haya sentencia por suma líquida la certificación deberá coincidir so<br />
pena de perder su valor ejecutivo.<br />
Artículo 205.-<br />
1. Cuando el daño haya sido producido por la Administración y el servidor<br />
culpable, o por varios servidores, deberán distribuirse las<br />
responsabilidades entre ellos de acuerdo con el grado de participación de<br />
cada uno, aun cuando no todos sean parte en el juicio.<br />
2. Para este efecto deberá citarse, a título de parte, a todo el que<br />
aparezca de los autos como responsable por el daño causado.<br />
Artículo 206.-<br />
1. La sentencia que se dictare en su caso pasará en autoridad de cosa<br />
juzgada, pero no tendrá efecto respecto de los que no hayan sido citados<br />
como parte, aunque su participación en los hechos haya sido debatida en el<br />
juicio y considerada en la sentencia.<br />
2. El servidor accionado que no haya sido citado como parte en el juicio de<br />
responsabilidad podrá discutir no sólo la cuantía de la obligación<br />
resarcitoria sino también su existencia.<br />
Artículo 207.- Vencidos los plazos de prescripción a que se refiere el<br />
artículo 198 de esta ley, el Estado no hará reclamaciones a sus agentes por<br />
daños y perjuicios.<br />
(Así reformado por el artículo 1 de la Ley No. 7611 de 12 de julio de 1996)<br />
Artículo 208.- Cuando se condene al Estado a reconocer indemnizaciones en<br />
favor de terceros por los actos de sus funcionarios, el término de<br />
prescripción para iniciar el procedimiento administrativo en contra de sus<br />
agentes será de un año, contado a partir de la firmeza de la sentencia que<br />
fijó la cantidad por pagar.<br />
(Así reformado por el artículo 1 de la Ley No. 7611 de 12 de julio de 1996)<br />
Artículo 209.-<br />
1. El Ministro del cual depende el agente será personalmente responsable,<br />
en lo civil, por el pleno cumplimiento de lo dispuesto en los artículos<br />
precedentes.<br />
2. Si los responsables fuesen el Presidente de la República y el Ministro,<br />
incumbirá a la Contraloría General de la República velar por el<br />
cumplimiento de los artículos anteriores, también bajo responsabilidad<br />
civil de sus titulares.<br />
Artículo 210.-<br />
1. El servidor público será responsable ante la Administración por todos<br />
los daños que cause a ésta por dolo o culpa grave, aunque no se haya<br />
producido un daño a tercero.<br />
2. Para hacer efectiva esta responsabilidad se aplicaran los artículos<br />
anteriores, con las salvedades que procedan.<br />
3. La acción de recuperación será ejecutiva y el título será la<br />
certificación sobre el monto del daño expedida por el jerarca del ente<br />
respectivo.<br />
SECCIÓN TERCERA<br />
De la Responsabilidad Disciplinaria del Servidor<br />
Artículo 211.-<br />
1. El servidor público estará sujeto a responsabilidad disciplinaria por<br />
sus acciones, actos o contratos opuestos al ordenamiento, cuando haya<br />
actuado con dolo o culpa grave, sin perjuicio del régimen disciplinario más<br />
grave previsto por otras leyes.<br />
2. El superior responderá también disciplinariamente por los actos de sus<br />
inmediatos inferiores, cuando él y estos últimos hayan actuado con dolo o<br />
culpa grave.<br />
3. La sanción que corresponda no podrá imponerse sin formación previa de<br />
expediente, con amplia audiencia al servidor para que haga valer sus<br />
derechos y demuestre su inocencia.<br />
Artículo 212.- Cuando el incumplimiento de la función se haya realizado en<br />
ejercicio de una facultad delegada, el delegante será responsable si ha<br />
incurrido en culpa grave en la vigilancia o en la elección del delegado.<br />
Artículo 213.- A los efectos de determinar la existencia y el grado de la<br />
culpa o negligencia del funcionario, al apreciar el presunto vicio del acto<br />
al que se opone, o que dicta o ejecuta, deberá tomarse en cuenta la<br />
naturaleza y jerarquía de las funciones desempeñadas, entendiéndose que<br />
cuanto mayor sea la jerarquía del funcionario y más técnicas sus funciones,<br />
en relación al vicio del acto, mayor es su deber de conocerlo y apreciarlo<br />
debidamente.<br />
LIBRO SEGUNDO<br />
Del Procedimiento Administrativo<br />
TÍTULO PRIMERO<br />
Principios Generales<br />
CAPÍTULO ÚNICO<br />
Artículo 214.-<br />
1. El procedimiento administrativo servirá para asegurar el mejor<br />
cumplimiento posible de los fines de la Administración; con respeto para<br />
los derechos subjetivos e intereses legítimos del administrado, de acuerdo<br />
con el ordenamiento jurídico.<br />
2. Su objeto más importante es la verificación de la verdad real de los<br />
hechos que sirven de motivo al acto final.<br />
Artículo 215.-<br />
1. El trámite que regula esta ley, se aplicará cuando el acto final haya de<br />
producir efectos en la esfera jurídica de otras personas.<br />
2. El jerarca podrá regular discrecionalmente los procedimientos internos,<br />
pero deberá respetar esta ley.<br />
Artículo 216.-<br />
1. La Administración deberá adoptar sus resoluciones dentro del<br />
procedimiento con estricto apego al ordenamiento y, en el caso de las<br />
actuaciones discrecionales, a los límites de racionalidad y razonabilidad<br />
implícitos en aquél.<br />
2. El órgano administrativo deberá actuar, además, sujeto a las órdenes,<br />
circulares e instrucciones del superior jerárquico, dentro de los límites<br />
de esta Ley.<br />
Artículo 217.- Las partes tendrán derecho a conocer el expediente con las<br />
limitaciones de esta Ley y a alegar sobre lo actuado para hacer valer sus<br />
derechos o intereses, antes de la decisión final, de conformidad con la<br />
ley.<br />
Artículo 218.- Las partes tendrán derecho a una comparecencia oral y<br />
privada con la Administración, en que se ofrecerá y recibirá en lo posible<br />
toda la prueba, siempre que la decisión final pueda causar daños graves a<br />
alguna o a todas aquellas, de conformidad con la ley.<br />
Artículo 219.-<br />
1. La Administración podrá prescindir excepcionalmente de los trámites de<br />
audiencia y comparecencia señalados por los artículos 217 y 218, únicamente<br />
cuando lo exija la urgencia para evitar daños graves a las personas o de<br />
imposible reparación en las cosas.<br />
2. La omisión injustificada de dichos trámites causará indefensión y la<br />
nulidad de todo lo actuado posteriormente.<br />
Artículo 220.- El derecho de defensa deberá ser ejercido por el<br />
administrado en forma razonable. La Administración podrá excepcionalmente<br />
limitar su intervención a lo prudentemente necesario y, en caso extremo<br />
exigirle el patrocinio o representación de un abogado, sin llegar a la<br />
supresión de los derechos de audiencia y defensa antes consagrados, fuera<br />
del caso de urgencia previsto por el artículo 219.<br />
Artículo 221.- En el procedimiento administrativo se deberán verificar los<br />
hechos que sirven de motivo al acto final en la forma más fiel y completa<br />
posible, para lo cual el órgano que lo dirige deberá adoptar todas las<br />
medidas probatorias pertinentes o necesarias, aún si no han sido propuestas<br />
por las partes y aún en contra de la voluntad de éstas últimas.<br />
Artículo 222.-<br />
1. El impulso del procedimiento administrativo se realizará de oficio, sin<br />
perjuicio del que puedan darle las partes.<br />
2. La inercia de la Administración no excusará la del administrado, para<br />
efectos de caducidad del procedimiento.<br />
Artículo 223.-<br />
1. Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades<br />
substanciales del procedimiento.<br />
2. Se entenderá como sustancia la formalidad cuya realización correcta<br />
hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o<br />
cuya omisión causare indefensión.<br />
Artículo 224.- Las normas de este libro deberán interpretarse en forma<br />
favorable a la admisión y decisión final de las peticiones de los<br />
administrados, pero el informalismo no podrá servir para subsanar nulidades<br />
que son absolutas.<br />
Artículo 225.-<br />
1. El órgano deberá conducir el procedimiento con la intención de lograr un<br />
máximo de celeridad y eficiencia, dentro del respeto al ordenamiento y a<br />
los derechos e intereses del administrado.<br />
2. Serán responsables la Administración y el servidor por cualquier retardo<br />
grave e injustificado.<br />
Artículo 226.-<br />
1. En casos de urgencia y para evitar daños graves a las personas o<br />
irreparables a las cosas, podrá prescindirse de una o de todas las<br />
formalidades del procedimiento e incluso crearse un procedimiento<br />
substitutivo especial.<br />
2. El juez podrá fiscalizar al efecto no sólo la materialidad de los hechos<br />
que motivan la urgencia sino su gravedad y proporcionalidad en relación con<br />
la dispensa o la sustitución de trámites operadas.<br />
Artículo 227.-<br />
1. El órgano director resolverá todas las cuestiones previas surgidas<br />
durante el curso del procedimiento, aunque entren en la competencia de<br />
otras autoridades administrativas; pero deberá consultarlas a éstas<br />
inmediatamente después de surgida la cuestión y el órgano consultado deberá<br />
dictaminar en el término de tres días.<br />
2. La resolución sobre cuestiones previas surtirá efecto únicamente dentro<br />
del expediente y para los fines del mismo.<br />
Artículo 228.- La Administración deberá dar cumplimiento a los actos<br />
administrativos firmes, a cuyo efecto serán aplicables las disposiciones<br />
del capítulo de ejecución de sentencias de la Ley Reguladora de la<br />
Jurisdicción Contencioso Administrativa.<br />
Artículo 229.-<br />
1. El presente Libro regirá los procedimientos de toda la Administración,<br />
salvo disposición que se le oponga.<br />
2. En ausencia de disposición expresa de su texto, se aplicarán<br />
supletoriamente, en lo que fueren compatibles, los demás Libros de esta<br />
ley, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, las<br />
demás normas, escritas y no escritas, con rango legal o reglamentario, del<br />
ordenamiento administrativo y, en último término, el Código de<br />
Procedimiento Civiles, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el resto del<br />
Derecho común.<br />
TÍTULO SEGUNDO<br />
De la Abstención y Recusación<br />
CAPÍTULO ÚNICO<br />
Artículo 230.-<br />
1. Serán motivos de abstención los mismos de impedimento y recusación que<br />
se establecen en la Ley Orgánica del Poder Judicial y, además, los que<br />
resultan del artículo 102 de la Ley de la Administración Financiera de la<br />
República.<br />
2. Los motivos de abstención se aplicarán al órgano director, al de la<br />
alzada y a las demás autoridades o funcionarios que intervengan<br />
auxiliándolos o asesorándolos en el procedimiento.<br />
3. Sin embargo, cuando los motivos concurran en un miembro de un órgano<br />
colegiado, la abstención no se hará extensiva a los demás miembros, salvo<br />
casos calificados en que éstos la consideren procedente.<br />
Artículo 231.-<br />
1. La autoridad o funcionario director del procedimiento en quien se dé<br />
algún motivo de abstención, pondrá razón de ello y remitirá el expediente<br />
al superior de la alzada, quien resolverá dentro de tercer día.<br />
2. Si el superior no acogiere la abstención, devolverá el expediente, para<br />
que el funcionario continúe conociendo del mismo.<br />
3. Si la abstención fuere declarada procedente, el superior señalará en el<br />
mismo acto al funcionario sustituto, que habrá de ser de la misma jerarquía<br />
del funcionario inhibido.<br />
4. Si no hubiere funcionario de igual jerarquía al inhibido, el<br />
conocimiento corresponderá al superior inmediato.<br />
Artículo 232.-<br />
1. Cuando el motivo de abstención afectare al órgano de la alzada, se<br />
procederá en la forma prevista por el artículo anterior, pero la resolución<br />
corresponderá al superior jerárquico respectivo.<br />
2. Si no hubiera superior jerárquico, resolverá el Presidente de la<br />
República.<br />
Artículo 233.- En el caso de que el motivo de abstención concurra en el<br />
Presidente de la República, éste se excusará y llamará a conocer del asunto<br />
al Primer Vicepresidente o, en su caso, al Segundo.<br />
Artículo 234.-<br />
1. Cuando se tratare de un órgano colegiado, el miembro con motivo de<br />
abstención se separará del conocimiento del negocio, haciéndolo constar<br />
ante el propio órgano a que pertenece.<br />
2. En este caso, la abstención será resuelta por los miembros restantes del<br />
órgano colegiado, si los hubiere suficientes para formar quórum; de lo<br />
contrario, resolverá el superior del órgano, si lo hubiere, o, en su<br />
defecto, el Presidente de la República.<br />
3. Si la abstención se declarare con lugar, conocerá del asunto el mismo<br />
órgano colegiado, integrado con suplentes si los tuviere, o con suplentes<br />
designados ad hoc por el órgano de nombramiento.<br />
Artículo 235.-<br />
1. Si el motivo de abstención concurriere en otros funcionarios, se<br />
aplicarán las reglas de los artículos anteriores, en lo que fueren<br />
compatibles.<br />
2. En tales casos, la resolución corresponderá al superior jerárquico del<br />
funcionario inhibido.<br />
Artículo 236.-<br />
1. Cuando hubiere motivo de abstención, podrá también recusar al<br />
funcionario la parte perjudicada con la respectiva causal.<br />
2. La recusación se planteará por escrito, expresando la causa en que se<br />
funde e indicando o acompañando la prueba conducente.<br />
3. El funcionario recusado, al recibir el escrito, decidirá el mismo día o<br />
al siguiente si se abstiene o si considera infundada la recusación, y<br />
procederá, en todo caso, en la forma ordenada por los artículos anteriores.<br />
4. El superior u órgano llamado a resolver, podrá recabar los informes y<br />
ordenar las otras pruebas que considere oportunos dentro del plazo<br />
improrrogable de cinco días, y resolverá en la forma y términos señalados<br />
en los artículos anteriores.<br />
5. No procederá la recusación del Presidente de la República.<br />
Artículo 237.-<br />
1. La actuación de funcionarios en los que concurran motivos de abstención<br />
implicará la invalidez de los actos en que hayan intervenido y, además,<br />
dará lugar a responsabilidad.<br />
2. Cuando los motivos de abstención sean los de impedimento previstos en el<br />
artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, o los del artículo 102<br />
de la Ley de la Administración Financiera de la República, la nulidad será<br />
absoluta; en los demás casos será relativa.<br />
3. Los órganos superiores deberán separar del expediente a las personas en<br />
quienes concurra algún motivo de abstención susceptible de causar nulidad<br />
absoluta de conformidad con el párrafo anterior.<br />
Artículo 238.-<br />
1. Las resoluciones que se dicten en materia de abstención no tendrán<br />
recurso alguno.<br />
2. Las que se dicten con motivo de una recusación tendrán los recursos<br />
administrativos ordinarios.<br />
3. Lo anterior, sin perjuicio de la potestad del órgano de alzada y de los<br />
tribunales, al conocer del acto final, de revisar de oficio o gestión de<br />
parte, los motivos de abstención que hubieren podido implicar nulidad<br />
absoluta, así como de apreciar discrecionalmente los demás.<br />
TÍTULO TERCERO<br />
De las Formalidades del Procedimiento<br />
CAPÍTULO PRIMERO<br />
De la Comunicación de los Actos de Procedimientos<br />
Artículo 239.- Todo acto de procedimiento que afecte derechos o intereses<br />
de las partes o de un tercero, deberá ser debidamente comunicado al<br />
afectado, de conformidad con esta Ley.<br />
Artículo 240.-<br />
1.- Se comunicarán por publicación los actos generales y por notificación<br />
los concretos.<br />
2.- Cuando un acto general afecte particularmente a persona cuyo lugar para<br />
notificaciones esté señalado en el expediente o sea conducido por la<br />
Administración, el acto deberá serle también notificado.<br />
Artículo 241.-<br />
1. La publicación no puede normalmente suplir la notificación.<br />
2. Cuando se ignore o esté equivocado el lugar para notificaciones al<br />
interesado por culpa de éste, deberá comunicársele el acto por publicación,<br />
en cuyo caso la comunicación se tendrá por hecha cinco días después de ésta<br />
última.<br />
3. Igual regla se aplicará para la primera notificación en un<br />
procedimiento, si no constan en el expediente la residencia, lugar de<br />
trabajo o cualquier otra dirección exacta del interesado, por indicación de<br />
la Administración o de una cualquiera de las partes; caso opuesto, deberá<br />
notificarse.<br />
4. La publicación que suple la notificación se hará por tres veces<br />
consecutivas en el Diario Oficial y los términos se contarán a partir de la<br />
última.<br />
Artículo 242.- Cuando la publicación supla la notificación se hará en una<br />
sección especial del Diario Oficial denominada "Notificaciones",<br />
clasificada por Ministerios y entes.<br />
Artículo 243.-<br />
1. La notificación podrá hacerse personalmente o por medio de telegrama o<br />
carta certificada dirigida al lugar señalado para notificaciones. Si no<br />
hubiere señalamiento al efecto hecho por la parte interesada, la<br />
notificación deberá hacerse en la residencia, lugar de trabajo o dirección<br />
del interesado, si constan en el expediente por indicación de la<br />
Administración o de una cualquiera de las partes.<br />
2. En el caso de notificación personal servirá como prueba el acta<br />
respectiva firmada por el interesado y el notificador o, si aquél no ha<br />
querido firmar, por este último dejando constancia de ello.<br />
3. Cuando se trate de telegrama o carta certificada la notificación se<br />
tendrá por hecha con la boleta de retiro o el acta de recibo firmada por<br />
quien hace la entrega.<br />
Artículo 244.-<br />
1. Cuando sean varias las partes o los destinatarios del acto, el mismo se<br />
comunicará a todos salvo si actúan unidos bajo una misma representación o<br />
si han designado un solo domicilio para notificaciones, en cuyo caso éstas<br />
se harán en la dirección única correspondiente.<br />
2. Si una sola parte tiene varios apoderados, será notificada una sola vez,<br />
en la oficina señalada de primera.<br />
Artículo 245.- La notificación contendrá el texto íntegro del acto con<br />
indicación de los recursos procedentes, del órgano que los resolverá, de<br />
aquél ante el cual deben interponerse y del plazo para interponerlos.<br />
Artículo 246.- La publicación que supla la notificación contendrá en<br />
relación lo mismo que ésta contiene literalmente.<br />
Artículo 247.-<br />
1. La comunicación hecha por un medio inadecuado, o fuera del lugar debido,<br />
u omisa en cuanto a una parte cualquiera de la disposición del acto, será<br />
absolutamente nula y se tendrá por hecha en el momento en que gestione la<br />
parte o el interesado, dándose por enterado, expresa o implícitamente, ante<br />
el órgano director competente.<br />
2. La comunicación defectuosa por cualquier otra omisión será relativamente<br />
nula y se tendrá por válida y bien hecha si la parte o el interesado no<br />
gestionan su anulación dentro de los diez días posteriores a su<br />
realización.<br />
3. No convalidarán la notificación relativamente nula las gestiones de otra<br />
índole dentro del plazo indicado en el párrafo anterior.<br />
CAPÍTULO SEGUNDO<br />
De las Citaciones<br />
Artículo 248.-<br />
1. El órgano que dirige el procedimiento podrá citar a las partes o a<br />
cualquier tercero para que declare o realice cualquier acto necesario para<br />
el desenvolvimiento normal del procedimiento o para su decisión final.<br />
2. El citado podrá hacerse venir por la fuerza pública, si no compareciere<br />
a la primera citación.<br />
3. Podrá comparecer también por medio de apoderado, a no ser que<br />
expresamente se exija la comparecencia personal.<br />
Artículo 249.-<br />
1. En la citación será necesario indicar:<br />
a) El nombre y dirección del órgano que cita;<br />
b) Nombre y apellidos conocidos de la persona citada;<br />
c) El asunto a que se refiere la citación, la calidad en que se cita a la<br />
persona y el fin para el cual se la cita;<br />
d) Si el citado debe comparecer personalmente o puede hacerlo por medio de<br />
apoderado;<br />
e) El término dentro del cual es necesario la comparecencia o bien el día,<br />
la hora y el lugar de la comparecencia del citado o de su representante; y<br />
f) Los apercibimientos a que queda sujeto el citado, caso de omisión, con<br />
indicación clara de la naturaleza y medida de las sanciones.<br />
2. Toda citación deberá ir firmada por el órgano director, con indicación<br />
del nombre y apellidos del respectivo servidor público.<br />
Artículo 250.-<br />
1. Toda citación deberá preceder la comparecencia al menos en tres días,<br />
salvo disposición en contrario o caso de urgencia, en el cual podrá<br />
prescindirse del plazo y hacerse venir al citado, con la fuerza pública si<br />
es necesario, en el momento mismo de la citación.<br />
2. El plazo de la citación nunca excederá de quince días hábiles, con las<br />
salvedades de ley.<br />
Artículo 251.-<br />
1. La citación se hará por telegrama o carta certificada dirigida al lugar<br />
de trabajo o a la casa de habitación del citado, salvo caso de urgencia, en<br />
el cual podrá hacerse telefónica u oralmente, dejando anotación en el<br />
expediente.<br />
2. Si es imposible la comunicación por los medios anteriores, sin culpa de<br />
la Administración, podrá hacerse la citación por publicación, en la forma<br />
indicada en los artículos 241 y 242, pero en una columna especial<br />
denominada "Citaciones" e igualmente clasificada.<br />
3. La citación se tendrá por hecha tres días después de la publicación del<br />
último aviso.<br />
Artículo 252.- Si la persona citada no compareciere, sin justa causa, la<br />
Administración podrá citarla nuevamente, continuar y decidir el caso con<br />
los elementos de juicio existentes.<br />
Artículo 253.- Las citaciones a comparecencia oral se regirán por este<br />
Título, con las excepciones que indique esta Ley.<br />
Artículo 254.- Las citaciones defectuosas por omisión de alguno de los<br />
requisitos exigidos por el artículo 249 serán nulos, excepto en el caso del<br />
señalado por el inciso d) del mismo.<br />
CAPÍTULO TERCERO<br />
De los Términos y Plazos<br />
Artículo 255.- Los términos y plazos del procedimiento administrativo<br />
obligan tanto a la Administración como a los administrados, en lo que<br />
respectivamente les concierne.<br />
Artículo 256.-<br />
1. Los plazos por días, para la Administración, incluyen los inhábiles.<br />
2. Los que son para los particulares serán siempre de días hábiles.<br />
3. Los plazos empezarán a partir del día siguiente a la última comunicación<br />
de los mismos o del acto impugnable, caso de recurso.<br />
4. En el caso de publicaciones esa fecha inicial será la de la última<br />
publicación, excepto que el acto indique otra posterior.<br />
Artículo 257.- El plazo se tendrá por vencido si antes de su vencimiento se<br />
cumplen todos los actos para los que estaba destinado.<br />
Artículo 258.-<br />
1. Los plazos de esta ley y de sus reglamentos son improrrogables, sin<br />
embargo, los que otorgue la autoridad directora de conformidad con la<br />
misma, podrán ser prorrogados por ella hasta en una mitad más si la parte<br />
interesada demuestra los motivos que lo aconsejen como conveniente o<br />
necesario, si no ha mediado culpa suya y si no hay lesión de intereses o<br />
derechos de la contraparte o de tercero.<br />
2. La solicitud de prórroga deberá hacerse antes del vencimiento del plazo,<br />
con expresión de motivos y de prueba si fuere del caso.<br />
3. En iguales condiciones cabrá hacer nuevos señalamientos o prórrogas.<br />
4. Queda prohibido hacer de oficio nuevos señalamientos o prórrogas.<br />
Artículo 259.-<br />
1. Los plazos podrán ser suspendidos por fuerza mayor, de oficio o a<br />
petición de parte.<br />
2. La alegación de fuerza mayor deberá hacerse dentro de los ocho días<br />
siguientes a su cesación, simultáneamente con el acto impedido por aquélla,<br />
so pena de perder la posibilidad de realizarlo y de sufrir el rechazo de<br />
suspensión solicitada.<br />
3. No será causa de suspensión la que haya servido de motivo a una prórroga<br />
o a un nuevo señalamiento.<br />
4. Se reputará fuerza mayor la negativa o el obstáculo opuestos por la<br />
Administración al examen del expediente por el administrado, si lo han<br />
impedido total o parcialmente, fuera de los casos previstos por el artículo<br />
273. En esta hipótesis se repondrán los términos hasta el momento en que se<br />
produjo la negativa o el obstáculo.<br />
5. La solicitud de suspensión no suspende el procedimiento.<br />
6. Si se acoge la solicitud se repondrá el trámite al momento en que se<br />
inició la fuerza mayor.<br />
Artículo 260.-<br />
1. Los términos se interrumpirán por la presentación de los recursos<br />
fijados por la ley.<br />
2. No importará que el recurso haya sido interpuesto ante autoridad<br />
incompetente, en los casos previstos por el artículo 68 de esta ley; ni<br />
tampoco que carezca de las autenticaciones, formalidades o especies<br />
fiscales necesarias; ni, en general, que padezca cualquier vicio que no<br />
produzca su nulidad absoluta, a condición de que se subsanen de conformidad<br />
con esta ley.<br />
Artículo 261.-<br />
1. El procedimiento administrativo deberá concluirse, por acto final,<br />
dentro de los dos meses posteriores a su iniciación o, en su caso,<br />
posteriores a la presentación de la demanda o petición del administrado,<br />
salvo disposición en contrario de esta Ley.<br />
2. Para tramitar la fase de revisión por recurso ordinario contra el acto<br />
definitivo habrá el término de un mes contado a partir de la presentación<br />
del mismo.<br />
3. Si al cabo de los términos indicados no se ha comunicado una resolución<br />
expresa, se entenderá rechazado el reclamo o petición del administrado en<br />
vista del silencio de la Administración, sea para la interposición de los<br />
recursos administrativos procedentes o de la acción contenciosa en su caso,<br />
esto último en los términos y con los efectos señalados por la Ley<br />
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.<br />
Artículo 262.- Los actos de procedimiento deberán producirse dentro de los<br />
siguientes plazos:<br />
a) Los de mero trámite y la decisión de peticiones de ese carácter, tres<br />
días;<br />
b) Las notificaciones, tres días contados a partir del acto de que se trate<br />
o de producidos los hechos que deben darse a conocer;<br />
c) Los dictámenes, peritajes, e informes técnicos similares, diez días<br />
después de solicitados;<br />
d) Los meros informes administrativos no técnicos, tres días después de<br />
solicitados.<br />
Artículo 263.-<br />
1. En el caso de suspensión de plazo por fuerza mayor, o si por cualquiera<br />
otra razón el órgano no ha podido realizar los actos o actuaciones<br />
previstos, dentro de los plazos señalados por los artículos 261 y 262,<br />
deberá comunicarlo a las partes y al superior dando las razones para ello y<br />
fijando simultáneamente un nuevo plazo al efecto, que nunca podrá exceder<br />
de los ahí indicados.<br />
2. Si ha mediado culpa del servidor en el retardo, cabra sanción<br />
disciplinaria en su contra y, si la culpa es grave, responsabilidad civil<br />
ante el administrado tanto del servidor como de la Administración.<br />
Artículo 264.-<br />
1. Aquellos trámites que deban ser cumplidos por los interesados deberán<br />
realizarse por éstos en el plazo de diez días, salvo en el caso de que por<br />
ley se fije otro.<br />
2. A los interesados que no los cumplieren, podrán declarárseles de oficio<br />
o a gestión de parte, sin derecho al correspondiente trámite.<br />
Artículo 265.-<br />
1. Los plazos y términos del procedimiento administrativo, destinados a la<br />
Administración, podrán ser reducidos o anticipados, respectivamente, por<br />
razones de oportunidad o conveniencia, en virtud de resolución que adoptará<br />
el director del procedimiento.<br />
2. La resolución que así lo determine tendrá los recursos ordinarios.<br />
3. La reducción de plazos y la anticipación de términos destinados a las<br />
partes o terceros sólo podrán ser decretadas por el Poder Ejecutivo, en<br />
virtud de razones de urgencia.<br />
CAPÍTULO CUARTO<br />
Del Tiempo y Lugar del Procedimiento<br />
Artículo 266.-<br />
1. Los horarios de trabajo de despacho al público en las oficinas de la<br />
Administración se determinarán por decreto y deberán ser coordinados entre<br />
los distintos centros de una misma localidad y ser uniformes en cada uno de<br />
ellos y lo suficientemente amplios para que no perjudiquen a los<br />
administrados.<br />
2. En cada Despacho regirá la hora dada por el reloj del mismo, o en caso<br />
de servidores sin sede fija o fuera de sede, la de su reloj. En caso de<br />
duda deberá verificarse en el acto, si fuere posible la hora oficial, que<br />
prevalecerá.<br />
Artículo 267.-<br />
1. Las horas del día en que se dicten los actos administrativos, se<br />
expresarán por sus números de uno a veinticuatro.<br />
2. Normalmente, las actuaciones administrativas se realizarán en día y hora<br />
hábiles.<br />
3. Podrán actuar en día y hora inhábiles, previa habilitación por el órgano<br />
director, todos los funcionarios públicos, cuando la demora pueda causar<br />
graves perjuicios a la Administración o al interesado o hacer ilusoria la<br />
eficacia de un acto administrativo, a juicio del respectivo funcionario.<br />
4. La habilitación no implicará en ningún caso reducción de plazos ni<br />
anticipación de términos en perjuicio del administrado.<br />
Artículo 268.-<br />
1. La actuación administrativa deberá tener lugar en la sede normal del<br />
órgano y dentro de los límites territoriales de su competencia, so pena de<br />
nulidad absoluta del acto, salvo que éste, por su naturaleza, deba<br />
realizarse fuera de sede.<br />
2. El servidor podrá actuar excepcionalmente fuera de sede por razones de<br />
urgente necesidad.<br />
Artículo 269.-<br />
1. La actuación administrativa se realizará con arreglo a normas de<br />
economía, simplicidad, celeridad y eficiencia.<br />
2. Las autoridades superiores de cada centro o dependencia velarán,<br />
respecto de sus subordinados, por el cabal cumplimiento de este precepto,<br />
que servirá también de criterio interpretativo en la aplicación de las<br />
normas de procedimiento.<br />
CAPÍTULO QUINTO<br />
De las Actas y Anotaciones<br />
Artículo 270.-<br />
1. Las declaraciones de las partes, testigos y peritos, y las inspecciones<br />
oculares, deberán ser consignadas en un acta. El acta deberá indicar el<br />
lugar y la fecha, el nombre y calidades del declarante, la declaración<br />
rendida o diligencia realizada, y cualquier otra circunstancia relevante.<br />
2. El acta deberá confeccionarse, leerse y firmarse inmediatamente después<br />
del acto o actuación documentados.<br />
3. El acta, previa lectura, deberá ir firmada por los declarantes, por las<br />
personas encargadas de recoger las declaraciones y por las partes si<br />
quisieren hacer constar alguna manifestación. Si alguno de los declarantes<br />
no quiere firmar o no puede se dejará constancia de ello y del motivo.<br />
4. Cuando las declaraciones y diligencias a que se refiere el párrafo<br />
anterior fueren grabadas, el acta podrá ser levantada posteriormente con<br />
arreglo a lo dispuesto en el artículo 313.<br />
5. Se agregará al acta, para que formen un solo expediente, todos los<br />
documentos conexos presentados por la Administración, o las partes en la<br />
diligencia.<br />
6. El órgano director deberá conservar los objetos presentados susceptibles<br />
de desaparición, dejando constancia de ello en el acta.<br />
Artículo 271.- El acto o la actuación que no requiera ser consignado según<br />
el artículo anterior, se hará constar por medio de simple anotación en el<br />
expediente, firmada y fechada por el servidor que lo ha cumplido o que ha<br />
dirigido su realización.<br />
CAPÍTULO SEXTO<br />
Del Acceso al Expediente y sus Piezas<br />
Artículo 272.-<br />
1. Las partes y sus representantes, y cualquier abogado, tendrán derecho en<br />
cualquier fase del procedimiento a examinar, leer y copiar cualquier pieza<br />
del expediente, así como a pedir certificación de la misma, con las<br />
salvedades que indica el artículo siguiente.<br />
2. El costo de las copias y certificaciones será de cuenta del petente.<br />
Artículo 273.-<br />
1. No habrá acceso a las piezas del expediente cuyo conocimiento pueda<br />
comprometer secretos de Estado o información confidencial de la contraparte<br />
o, en general, cuando el examen de dichas piezas confiera a la parte un<br />
privilegio indebido o una oportunidad para dañar ilegítimamente a la<br />
Administración, a la contraparte o a terceros, dentro o fuera del<br />
expediente.<br />
2. Se presumirán en esta condición, salvo prueba en contrario, los<br />
proyectos de resolución, así como los informes para órganos consultivos y<br />
los dictámenes de éstos antes de que hayan sido rendidos.<br />
Artículos 274.- La decisión que negare el conocimiento y acceso a una pieza<br />
deberá ser suficientemente motivada. Cabrán contra la misma los recursos<br />
ordinarios de esta ley.<br />
TÍTULO CUARTO<br />
De las Partes<br />
CAPÍTULO PRIMERO<br />
De las Partes en General<br />
Artículo 275.- Podrá ser parte en el procedimiento administrativo, además<br />
de la Administración, todo el que tenga interés legítimo o un derecho<br />
subjetivo que pueda resultar directamente afectado, lesionado o satisfecho,<br />
en virtud del acto final. El interés de la parte ha de ser actual, propio y<br />
legítimo y podrá ser moral, científico, religioso, económico o de cualquier<br />
otra índole.<br />
Artículo 276.- Será coadyuvante todo el que esté indirectamente interesado<br />
en el acto final, o en su denegación o reforma, aunque su interés sea<br />
derivado, o no actual, en relación con el que es propio de la parte a la<br />
que coadyuva.<br />
Artículo 277.- El coadyuvante lo podrá ser tanto del promotor del<br />
expediente como de la Administración o de la contraparte.<br />
Artículo 278.- El coadyuvante no podrá pedir nada para sí ni podrá cambiar<br />
la pretensión a la que coadyuva, pero podrá hacer todas las alegaciones de<br />
hecho y derecho y usar todos los recursos y medios procedimentales para<br />
hacer valer su interés, excepto en lo que perjudique al coadyuvado.<br />
Artículo 279.- No podrá pedirse nada contra el coadyuvante y el acto que se<br />
dicte no le afectará.<br />
Artículo 280.-<br />
1. Será permitida la intervención excluyente de un tercero, haciendo valer<br />
un derecho subjetivo o un interés legítimo contra una o ambas partes,<br />
siempre que ello no sirva para burlar plazos de caducidad.<br />
2. Será igualmente permitida la intervención adhesiva para hacer valer un<br />
derecho o interés propio concurrente con el de una parte, con limitación<br />
del párrafo anterior.<br />
3. El que intervenga podrá deducir pretensiones propias a condición de que<br />
sean acumulables.<br />
Artículo 281.- El desistimiento de la parte promotora pondrá fin a la<br />
coadyuvancia, pero no a la intervención excluyente o adhesiva prevista por<br />
el artículo 280.<br />
CAPÍTULO SEGUNDO<br />
De la Capacidad, Representación y Postulación<br />
Artículo 282.-<br />
1. La capacidad del administrado para ser parte y para actuar dentro del<br />
procedimiento administrativo se regirá por el derecho común; la de la<br />
Administración de conformidad con las normas de derecho público.<br />
2. Igual norma regirá para la representación y dirección legales.<br />
3. La Administración directora del procedimiento estará representada por el<br />
respectivo órgano director.<br />
4. Cuando sea parte la administración actuará por sus representantes de<br />
conformidad con el derecho público que la rige.<br />
Artículo 283.- El poder del administrado podrá constituirse por los medios<br />
del derecho común y, además, por simple carta autenticada por un abogado,<br />
que podrá ser el mismo apoderado, o por la autoridad de policía del lugar<br />
de otorgamiento.<br />
TÍTULO QUINTO<br />
Del Nacimiento y Desarrollo del Procedimiento<br />
CAPÍTULO PRIMERO<br />
De la Iniciación del Procedimiento<br />
Artículo 284.- El procedimiento podrá iniciarse de oficio o a instancia de<br />
parte, o sólo a instancia de parte cuando así expresa o inequívocamente lo<br />
disponga la ley.<br />
Artículo 285.-<br />
1. La petición de la parte deberá contener:<br />
a) Indicación de la oficina a que se dirige;<br />
b) Nombre y apellidos, residencia y lugar para notificaciones de la parte y<br />
de quien la representa;<br />
c) La pretensión, con indicación de los daños y perjuicios que se reclamen,<br />
y de su estimación, origen y naturaleza;<br />
d) Los motivos o fundamentos de hecho; y<br />
e) Fecha y firma.<br />
2. La ausencia de los requisitos indicados en los numerales b) y c)<br />
obligará al rechazo y archivo de la petición, salvo que se puedan inferir<br />
claramente del escrito o de los documentos anexos.<br />
3. La falta de firma producirá necesariamente el rechazo y archivo de la<br />
petición.<br />
Artículo 286.-<br />
1. La petición será válida sin autenticaciones aunque no la presente la<br />
parte, salvo facultad de la Administración de exigir la verificación de la<br />
autenticidad por los medios que estime pertinentes.<br />
2. Se tendrán por auténticas las presentaciones hechas personalmente.<br />
Artículo 287.-<br />
1. Todos los demás defectos subsanables de la petición podrán ser<br />
corregidos en el plazo que concederá la administración, no mayor de diez<br />
días.<br />
2. Igualmente se procederá cuando falten documentos necesarios.<br />
Artículo 288.-<br />
1. La petición deberá presentarse al órgano competente o a cualquier otro<br />
subordinado y deberá extenderse recibo, cuya fecha se tendrá como la de<br />
presentación.<br />
2. La petición podrá presentarse también por medio de telegrama o carta<br />
certificada, en cuyo caso la fecha de presentación será la remisión.<br />
3. Para fijar esta última deberá presentarse abierta la carta y la fecha de<br />
recibo por la Oficina Postal será la de remisión, fecha que deberá ponerse<br />
mediante sello o por cualquier otro medio auténtico y firmado por el<br />
servidor público respectivo, tanto en la nota de recibo como en la carta,<br />
previamente a su clausura y envío.<br />
Artículo 289.- Si desaparece la petición, por extravío, sustracción o<br />
destrucción, podrá ser presentada otra dentro de los quince días<br />
posteriores a la notificación del hecho.<br />
Artículo 290.- La parte promotora podrá cambiar o sustituir la petición en<br />
el curso del procedimiento sin necesidad de instaurar otro, siempre que lo<br />
haga invocando la misma causa, por la que se entenderá el interés legítimo<br />
o el derecho subjetivo y los hechos invocados.<br />
Artículo 291.- Quedará a juicio de la Administración proceder en la forma<br />
que a bien tenga cuando se le formule una petición por persona sin derecho<br />
subjetivo o interés legítimo en el caso.<br />
Artículo 292.-<br />
1. Toda petición o reclamación mal interpuesta podrá ser tramitada de<br />
oficio por la autoridad correspondiente.<br />
2. Sin embargo, la autoridad administrativa no estará sujeta a término para<br />
pronunciar su decisión al respecto, ni obligada a hacerlo, salvo en lo que<br />
respecta a la inadmisibilidad de la petición o reclamación.<br />
3. La Administración rechazará de plano las peticiones que fueren<br />
extemporáneas, impertinentes, o evidentemente improcedentes. La resolución<br />
que rechace de plano una petición tendrá los mismos recursos que la<br />
resolución final.<br />
CAPÍTULO SEGUNDO<br />
De la Documentación a Acompañar<br />
Artículo 293.-<br />
1. Con la presentación a que se refiere el artículo 285, los interesados<br />
acompañarán toda la documentación pertinente o, si no la tuvieren,<br />
indicarán dónde se encuentra.<br />
2. Deberán, además, ofrecer todas las otras pruebas que consideren<br />
procedentes.<br />
Artículo 294.- Todo documento presentado por los interesados se ajustará a<br />
lo siguiente:<br />
a) Si estuviere expedido fuera de Costa Rica, deberá legalizarse;<br />
b) Si estuviere redactado en idioma extranjero, deberá acompañarse su<br />
traducción, la cual podrá ser hecha por la parte.<br />
Artículo 295.- Los documentos agregados a la petición podrán ser<br />
presentados en original o en copia auténtica, y podrá acompañarse copia<br />
simple que, una vez certificada como fiel y exacta por el respectivo<br />
Despacho, podrá ser devuelta con valor igual al del original.<br />
CAPÍTULO TERCERO<br />
Del Curso del Procedimiento<br />
Artículo 296.-<br />
1. En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de<br />
presentación.<br />
2. La infracción de lo anterior dará lugar a la responsabilidad del<br />
funcionario que la hubiere cometido.<br />
Artículo 297.-<br />
1. La Administración ordenará y practicará todas la diligencias de prueba<br />
necesarias para determinar la verdad real de los hechos objeto del trámite,<br />
de oficio o a petición de parte.<br />
2. El ofrecimiento y admisión de la prueba de las partes se hará con las<br />
limitaciones que señale esta ley.<br />
3. Las pruebas que no fuere posible recibir por culpa de las partes se<br />
declararán inevacuables.<br />
Artículo 298.-<br />
1. Los medios de prueba podrán ser todos los que estén permitidos por el<br />
derecho público, aunque no sean admisibles por el derecho común.<br />
2. Salvo disposición en contrario, las pruebas serán apreciadas de<br />
conformidad con las reglas de la sana crítica.<br />
Artículo 299.- En los casos en que, a petición del interesado, deban<br />
recibirse pruebas cuya realización implique gastos que no deba soportar la<br />
Administración, ésta podrá exigir el depósito anticipado de los mismos.<br />
Artículo 300.- A los fines de la recepción de la prueba, el órgano director<br />
tendrá las mismas facultades y deberes que las autoridades judiciales y los<br />
testigos, peritos o partes incurrirán en los delitos de falso testimonio y<br />
perjurio, previstos en el Código Penal, cuando se dieren las circunstancias<br />
ahí señaladas.<br />
Artículo 301.-<br />
1. La Administración no podrá confesar en su perjuicio.<br />
2. Las declaraciones o informes que rindan sus representantes o servidores<br />
se reputarán como testimonio para todo efecto legal.<br />
3. No habrá confesión en rebeldía.<br />
4. El órgano director impondrá una multa de quinientos a mil colones al<br />
citado a confesión que no compareciere sin justa causa.<br />
Artículo 302.-<br />
1. Los dictámenes y experimentos técnicos de cualquier tipo de la<br />
Administración serán encargados normalmente a los órganos o servidores<br />
públicos expertos en el ramo de que se trate, sin perjuicio de la<br />
aplicación de las disposiciones del Título Segundo de este libro.<br />
2. Cuando el Estado o un ente público carezca de personal idóneo que otro<br />
tenga, éste deberá facilitarlo al costo y a la inversa.<br />
3. Sólo en casos de inopia de expertos, o de gran complejidad o<br />
importancia, podrán contratarse servicios de técnicos extraños a la<br />
Administración.<br />
4. Las partes podrán presentar testigos peritos cuyas declaraciones se<br />
regirán por las reglas de la prueba testimonial, pero podrán ser<br />
interrogados en aspectos técnicos y de apreciación.<br />
Artículo 303.- Los dictámenes serán facultativos y no vinculantes, con las<br />
salvedades de ley.<br />
Artículo 304.-<br />
1. No habrá obligación de formular los interrogatorios, confesionales o de<br />
testigos, por escrito ni en forma asertiva.<br />
2. Las preguntas se harán al interesado directamente, por las partes, o por<br />
su apoderado o abogado director, o por la Administración en su caso, sin<br />
mediación pero bajo la dirección y control del órgano director.<br />
3. Quien tenga el turno podrá pedir aclaraciones y adiciones, así como<br />
hacer preguntas para contradecir, inmediatamente después de dadas las<br />
respuestas, sin esperar la conclusión del interrogatorio al efecto.<br />
4. Igualmente deberá intervenir el órgano director por iniciativa propia,<br />
con el fin de que la materia de cada pregunta quede agotada en lo posible<br />
inmediatamente después de cada respuesta.<br />
Artículo 305.- Los terceros tendrán la obligación de exhibir los objetos o<br />
documentos y papeles necesarios para la prueba de los hechos, lo mismo que<br />
de permitir el acceso a sus posesiones, dentro del respeto a los derechos<br />
constitucionales.<br />
Artículo 306.- La Administración podrá introducir antes del acto final<br />
nuevos hechos relacionados con los inicialmente conocidos o invocados, pero<br />
en el caso del procedimiento ordinario tendrá que observar el trámite de<br />
comparecencia oral para probarlos.<br />
Artículo 307.-<br />
1. La Administración podrá prescindir de toda prueba cuando haya de decidir<br />
únicamente con base en los hechos alegados por las partes, si los tiene por<br />
ciertos.<br />
2. Deberá tenerlos por ciertos en todo caso si son hechos públicos o<br />
notorios o si constan de sus archivos como son alegados por las partes.<br />
TÍTULO SEXTO<br />
De las Diversas Clases de Procedimientos<br />
CAPÍTULO PRIMERO<br />
Del Procedimiento Ordinario<br />
Artículo 308.-<br />
1. El procedimiento que se establece en este Título será de observancia<br />
obligatoria en cualquiera de los siguientes casos:<br />
a) Si el acto final puede causar perjuicio grave al administrado, sea<br />
imponiéndole obligaciones, suprimiéndole o denegándole derechos subjetivos,<br />
o por cualquier otra forma de lesión grave y directa a sus derechos o<br />
intereses legítimos; y<br />
b) Si hay contradicción o concurso de interesados frente a la<br />
Administración dentro del expediente.<br />
2. Serán aplicables las reglas de este Título a los procedimientos<br />
disciplinarios cuando éstos conduzcan a la aplicación de sanciones de<br />
suspensión o destitución, o cualesquiera otras de similar gravedad.<br />
Artículo 309.-<br />
1. El procedimiento ordinario se tramitará mediante una comparecencia oral<br />
y privada, ante la Administración, en la cual se admitirá y recibirá toda<br />
la prueba y alegatos de las partes que fueren pertinentes<br />
2. Podrán realizarse antes de la comparecencia las inspecciones oculares y<br />
periciales.<br />
3. Se convocará a una segunda comparecencia únicamente cuando haya sido<br />
imposible en la primera dejar listo el expediente para su decisión final, y<br />
las diligencias pendientes así lo requieran.<br />
Artículo 310.- Sólo las partes y sus representantes y abogados podrán<br />
comparecer al acto, fuera de la Administración, pero ésta podrá permitir la<br />
presencia de estudiantes, profesores o científicos, quienes asistirán<br />
obligados por el secreto profesional.<br />
Artículo 311.- La citación a la comparecencia oral deberá hacerse con<br />
quince días de anticipación.<br />
Artículo 312.-<br />
1. La Administración preparará la comparecencia en forma que sea útil, para<br />
lo cual con la citación deberá enumerar brevemente toda la documentación<br />
pertinente que obre en su poder, indicar la oficina en la que podrá ser<br />
consultada y ponerla a disposición de los citados y de las partes.<br />
2. Igualmente la citación prevendrá a las partes que deben presentar toda<br />
la prueba antes o en el momento de la comparecencia, si todavía no lo han<br />
hecho.<br />
3. Toda presentación previa deberá hacerse por escrito.<br />
Artículo 313.-<br />
1. Las comparecencias, en lo posible, serán grabadas.<br />
2. Cuando lo fueren, el acta respectiva podrá ser levantado posteriormente<br />
con la sola firma del funcionario director, pero en todo caso deberá serlo<br />
antes de la decisión final. Se conservará la grabación hasta la conclusión<br />
del expediente.<br />
Artículo 314.-<br />
1. El órgano que dirige el procedimiento será el encargado de dirigir la<br />
comparecencia.<br />
2. Si el órgano es colegiado, será dirigido por el Presidente o por el<br />
miembro designado al efecto.<br />
Artículo 315.-<br />
1. La ausencia injustificada de la parte no impedirá que la comparecencia<br />
se lleve a cabo, pero no valdrá como aceptación por ella de los hechos,<br />
pretensiones ni pruebas de la Administración o de la contraparte.<br />
2. El órgano director evacuará la prueba previamente ofrecida por la parte<br />
ausente, si ello es posible.<br />
Artículo 316.- El órgano director podrá posponer la comparecencia si<br />
encuentra defectos graves en su convocatoria o por cualquier otra razón que<br />
la haga imposible.<br />
Artículo 317.-<br />
1. La parte tendrá el derecho y la carga en la comparecencia de:<br />
a) Ofrecer su prueba;<br />
b) Obtener su admisión y trámite cuando sea pertinente y relevante;<br />
c) Pedir confesión a la contraparte o testimonio a la Administración,<br />
preguntar y repreguntar a testigos y peritos, suyos o de la contraparte;<br />
d) Aclarar, ampliar o reformar su petición o defensa inicial;<br />
e) Proponer alternativas y sus pruebas; y<br />
f) Formular conclusiones de hecho y de derecho en cuanto a la prueba y<br />
resultados de la comparecencia.<br />
2. Lo anterior deberá hacerse verbalmente y bajo la sanción de caducidad<br />
del derecho para hacerlo si se omite en la comparecencia.<br />
3. Los alegatos podrán presentarse por escrito después de la comparecencia<br />
únicamente cuando no hubiere sido posible hacerlo en la misma.<br />
Artículo 318.-<br />
1. La comparecencia deberá tener lugar normalmente en la sede del órgano<br />
director, pero si hay que hacer inspección ocular o pericial se podrá<br />
desarrollar en el lugar de ésta.<br />
2. Podrá también llevarse a cabo en otra sede para obtener economía de<br />
gastos o cualesquiera otras ventajas administrativas evidentes, si ello es<br />
posible sin pérdida de tiempo ni perjuicio grave para la partes.<br />
Artículo 319.-<br />
1. Terminada la comparecencia el asunto quedará listo para dictar el acto<br />
final, lo cual deberá hacer el órgano competente dentro del plazo de quince<br />
días, contado a partir de la fecha de la comparecencia, salvo que quiera<br />
introducir nuevos hechos o completar la prueba en cuyo caso deberá<br />
consultar al superior.<br />
2. Este decidirá en cuarenta y ocho horas y si aprueba fijará un plazo<br />
máximo de quince días más para otra comparecencia.<br />
3. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de los plazos<br />
máximos fijados en los artículos 261 y 263.<br />
4. Será prohibido celebrar más de dos comparecencias.<br />
CAPÍTULO SEGUNDO<br />
Del Procedimiento Sumario<br />
Artículo 320.- Cuando no se esté en los casos previstos por el artículo<br />
308, la Administración seguirá un procedimiento sumario.<br />
Artículo 321.-<br />
1. En el procedimiento sumario no habrá debates, defensas ni pruebas<br />
ofrecidas por las partes, pero la Administración deberá comprobar<br />
exhaustivamente de oficio la verdad real de los hechos y elementos de<br />
juicio del caso.<br />
2. Las pruebas deberán tramitarse sin señalamiento, comparecencia ni<br />
audiencia de las partes.<br />
Artículo 322.- Se citará únicamente a quien haya de comparecer y se<br />
notificará sólo la audiencia sobre la conclusión del trámite para decisión<br />
final, y ésta misma.<br />
Artículo 323.- En el procedimiento sumario el órgano director ordenará y<br />
tramitará las pruebas en la forma que crea más oportuna, determinará el<br />
orden, términos y plazos de los actos a realizar, así como la naturaleza de<br />
éstos, sujeto únicamente a las limitaciones que señala esta ley.<br />
Artículo 324.- Instruido el expediente se pondrá en conocimiento de los<br />
interesados, con el objeto de que en un plazo máximo de tres días formulen<br />
conclusiones sucintas sobre los hechos alegados, la prueba producida y los<br />
fundamentos jurídicos en que apoyen sus pretensiones.<br />
Artículo 325.- El procedimiento sumario deberá ser concluido por acto final<br />
en el plazo de un mes, a partir de su iniciación, de oficio o a instancia<br />
de parte.<br />
Artículo 326.-<br />
1. El órgano director podrá optar inicialmente por convertir en ordinario<br />
el procedimiento, por razones de complejidad e importancia de la materia a<br />
tratar.<br />
2. A este efecto deberá dar audiencia a las partes y obtener aprobación del<br />
superior.<br />
3. El trámite de conversión no podrá durar más de seis días.<br />
TÍTULO SÉTIMO<br />
De la Terminación del Procedimiento<br />
CAPÍTULO PRIMERO<br />
De la Terminación Normal<br />
SECCIÓN PRIMERA<br />
Del Acto Final<br />
Artículo 327.- El acto final deberá ajustarse a los preceptos y<br />
limitaciones del Libro Primero de esta ley.<br />
Artículo 328.- En el procedimiento administrativo no habrá lugar a la<br />
imposición de costas a favor o en contra de la Administración ni del<br />
interesado.<br />
Artículo 329.-<br />
1. La Administración tendrá siempre el deber de resolver expresamente<br />
dentro de los plazos de esta ley.<br />
2. El no hacerlo se reputará falta grave de servicio.<br />
3. El acto final recaído fuera de plazo será válido para todo efecto legal,<br />
salvo disposición en contrario de la ley.<br />
Artículo 330.-<br />
1. El silencio de la Administración se entenderá positivo cuando así se<br />
establezca expresamente o cuando se trate de autorizaciones o aprobaciones<br />
que deban acordarse en el ejercicio de funciones de fiscalización y tutela.<br />
2. También se entenderá positivo el silencio cuando se trate de solicitudes<br />
de permisos, licencias y autorizaciones.<br />
Artículo 331.-<br />
1. El plazo para que surja el silencio positivo será de un mes, a partir de<br />
que el órgano reciba la solicitud de aprobación, autorización o licencia<br />
con los requisitos legales.<br />
2. Acaecido el silencio positivo no podrá la Administración dictar un acto<br />
denegatorio de la instancia, ni extinguir el acto sino en aquellos casos y<br />
en la forma previstos en esta ley.<br />
Artículo 332.-<br />
1. Si razones de necesidad o conveniencia evidente exigen que el<br />
procedimiento sea decidido antes de estar listo para el acto final, el<br />
órgano director podrá adoptar una decisión provisional, de oficio o a<br />
instancia de parte, advirtiéndolo expresamente.<br />
2. Dicha resolución podrá ser impugnada y ejecutada por sí misma, esto<br />
último previa garantía de daños y perjuicios si los exigen la<br />
Administración o la contraparte.<br />
3. La resolución provisional tendrá que ser sustituida por la final, sea<br />
ésta revocatoria o confirmatoria.<br />
4. La resolución provisional no interrumpirá ni prorrogará los términos<br />
para dictar el acto final.<br />
Artículo 333.-<br />
1. Cuando un caso pueda ser decidido por materias o aspectos separables y<br />
alguno o algunos estén listos para decisión, el órgano director podrá<br />
pronunciarse sobre dichos aspectos, a petición de parte interesada.<br />
2. La decisión dictada en estas condiciones se considerará provisional en<br />
relación con el acto final y también para efectos de su impugnación y<br />
ejecución.<br />
SECCIÓN SEGUNDA<br />
De la Comunicación del Acto Final<br />
Artículo 334.- Es requisito de eficacia del acto administrativo su debida<br />
comunicación al administrado, para que sea oponible a éste.<br />
Artículo 335.- La comunicación, sea publicación o notificación, deberá<br />
contener lo necesario de acuerdo con el artículo 249 y, además, las<br />
peticiones, propuestas, decisiones o dictámenes que invoque como motivación<br />
en los términos del artículo 136, párrafo 2.<br />
Artículo 336.- Son aplicables a la comunicación del acto final, en lo<br />
procedente, las mismas normas que rigen la comunicación de los actos de<br />
procedimiento, previos o posteriores a aquél.<br />
CAPÍTULO SEGUNDO<br />
De la Terminación Anormal<br />
SECCIÓN PRIMERA<br />
Desistimiento y Renuncia<br />
Artículo 337.-<br />
1. Todo interesado podrá desistir de su petición, instancia o recurso.<br />
2. También podrá todo interesado renunciar a su derecho, cuando sea<br />
renunciable.<br />
Artículo 338.- El desistimiento o la renuncia sólo afectarán a los<br />
interesados que los formulen.<br />
Artículo 339.-<br />
1. Tanto el desistimiento como la renuncia han de hacerse por escrito.<br />
2. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia,<br />
salvo que, habiéndose apersonado otros interesados, instaren éstos la<br />
continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados de una y<br />
otra.<br />
3. Si la cuestión suscitada por el expediente entrañare un interés general,<br />
o fuere conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la<br />
Administración limitará los efectos del desistimiento o la renuncia a sus<br />
posibles consecuencias patrimoniales respecto del interesado, y seguirá el<br />
procedimiento en lo demás.<br />
SECCIÓN SEGUNDA<br />
De la Caducidad del Procedimiento<br />
Artículo 340.-<br />
1. Cuando el procedimiento se paralizare por más de seis meses en virtud de<br />
causa imputable al interesado que lo ha promovido, se producirá la<br />
caducidad y se ordenará enviar las actuaciones al archivo, a menos que se<br />
trate del caso previsto en el párrafo final del<br />
artículo 339.<br />
2. No procederá la caducidad cuando el interesado ha dejado de gestionar en<br />
virtud de haberse operado el silencio positivo o negativo, o cuando el<br />
expediente se encuentre listo para la resolución final, salvo, en este<br />
caso, que no haya sido presentado el papel sellado prevenido al respecto<br />
por el órgano de la Administración.<br />
Artículo 341.- La caducidad del procedimiento no producirá por sí sola la<br />
caducidad o prescripción de las acciones del particular, pero los<br />
procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de tal caducidad o<br />
prescripción.<br />
TÍTULO OCTAVO<br />
De los Recursos<br />
CAPÍTULO PRIMERO<br />
De los Recursos Ordinarios<br />
Artículo 342.- Las partes podrán recurrir contra resoluciones de mero<br />
trámite, o incidentales o finales, en los términos de esta ley, por motivos<br />
de legalidad o de oportunidad.<br />
Artículo 343.- Los recursos serán ordinarios o extraordinarios. Serán<br />
ordinarios el de revocatoria o de reposición y el de apelación. Será<br />
extraordinario el de revisión.<br />
Artículo 344.-<br />
1. No cabrán recursos dentro del procedimiento sumario, excepto cuando se<br />
trate del rechazo ad portas de la petición, de la denegación de la<br />
audiencia para concluir el procedimiento y del acto final.<br />
2. Si el acto recurrible emanare del inferior, cabrá sólo el recurso de<br />
apelación; si emanare del jerarca, cabrá el de revocatoria.<br />
3. Cuando se trate del acto final del jerarca, se aplicarán las reglas<br />
concernientes al recurso de reposición de la Ley Reguladora de la<br />
Jurisdicción Contencioso Administrativa.<br />
4. La revocatoria o apelación, cuando procedan, se regirán por las mismas<br />
reglas aplicables dentro del procedimiento ordinario.<br />
Artículo 345.-<br />
1. En el procedimiento ordinario cabrán los recursos ordinarios únicamente<br />
contra el acto que lo inicie, contra el que deniega la comparecencia oral o<br />
cualquier prueba y contra el acto final.<br />
2. La revocatoria contra el acto final del jerarca se regirá por las reglas<br />
de la reposición de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso<br />
Administrativa.<br />
3. Se considerará como final también el acto de tramitación que suspenda<br />
indefinidamente o haga imposible la continuación del procedimiento.<br />
Artículo 346.-<br />
1. Los recursos ordinarios deberán interponerse dentro del término de tres<br />
días tratándose del acto final y de veinticuatro horas en los demás casos,<br />
ambos plazos contados a partir de la última comunicación del acto.<br />
2. Cuando se trate de la denegación de prueba en la comparecencia podrán<br />
establecerse en el acto, en cuyo caso la prueba y razones del recurso<br />
podrán ofrecerse ahí o dentro de los plazos respectivos señalados por este<br />
artículo.<br />
Artículo 347.-<br />
1. Los recursos podrán también interponerse haciéndolo constar en el acta<br />
de la notificación respectiva.<br />
2. Es potestativo usar ambos recursos ordinarios o uno solo de ellos, pero<br />
será inadmisible el que se interponga pasados los términos fijados en el<br />
artículo anterior.<br />
3. Si se interponen ambos recursos a la vez, se tramitará la apelación una<br />
vez declarada sin lugar la revocatoria.<br />
Artículo 348.- Los recursos no requieren una redacción ni una pretensión<br />
especiales y bastará para su correcta formulación que de su texto se<br />
infiera claramente la petición de revisión.<br />
Artículo 349.-<br />
1. Los recursos ordinarios deberán interponerse ante el órgano director del<br />
procedimiento.<br />
2. Cuando se trate de la apelación, aquél se limitará a emplazar a las<br />
partes ante el superior y remitirá el expediente sin admitir ni rechazar el<br />
recurso, acompañando un informe sobre las razones del recurso.<br />
Artículo 350.-<br />
1. En el procedimiento administrativo habrá en todos los casos una única<br />
instancia de alzada, cualquiera que fuere la procedencia del acto<br />
recurrido.<br />
2. El órgano de la alzada será siempre el llamado a agotar la vía<br />
administrativa, de conformidad con el artículo 126.<br />
Artículo 351.-<br />
1. Al decidirse el recurso de apelación, se resolverá sobre su<br />
admisibilidad y, de ser admisible, se confirmará, modificará o revocará el<br />
acto impugnado.<br />
2. El recurso podrá ser resuelto aún en perjuicio del recurrente cuando se<br />
trate de nulidad absoluta.<br />
3. Si existiere algún vicio de forma de los que originan nulidad, se<br />
ordenará que se retrotraiga el expediente al momento en que el vicio fue<br />
cometido, salvo posibilidad de saneamiento o ratificación.<br />
Artículo 352.-<br />
1. El órgano director deberá resolver el recurso de revocatoria dentro de<br />
los ocho días posteriores a su presentación, pero podrá reservar su<br />
resolución para el acto final, en cuyo caso deberá comunicarlo así a las<br />
partes.<br />
2. El recurso de apelación deberá resolverse dentro de los ocho días<br />
posteriores al recibo del expediente.<br />
CAPÍTULO SEGUNDO<br />
Del Recurso de Revisión<br />
Artículo 353.-<br />
1. Podrá interponerse recurso de revisión ante el jerarca de la respectiva<br />
Administración contra aquellos actos finales firmes en que concurra alguna<br />
de las circunstancias siguientes:<br />
a) Cuando al dictarlos se hubiere incurrido en manifiesto error de hecho<br />
que aparezca de los propios documentos incorporados al expediente;<br />
b) Cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del<br />
asunto, ignorados al dictarse la resolución o de imposible aportación<br />
entonces al expediente;<br />
c) Cuando en el acto hayan influido esencialmente documentos o testimonios<br />
declarados falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior del<br />
acto, siempre que, en el primer caso, el interesado desconociera la<br />
declaración de falsedad; y<br />
d) Cuando el acto se hubiera dictado como consecuencia de prevaricato,<br />
cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta y se haya declarado así<br />
en virtud de sentencia judicial.<br />
Artículo 354.- El recurso de revisión deberá interponerse:<br />
a) En el caso primero del artículo anterior, dentro del año siguiente a la<br />
notificación del acto impugnado;<br />
b) En el caso segundo, dentro de los tres meses contados desde el<br />
descubrimiento de los documentos o desde la posibilidad de aportarlos; y<br />
c) En los demás casos, dentro del año posterior al conocimiento de la<br />
sentencia firme que los funde.<br />
Artículo 355.- Se aplicarán al recurso de revisión las disposiciones<br />
relativas a recursos ordinarios en lo que fueren compatibles.<br />
CAPÍTULO TERCERO<br />
Del Agotamiento de la Vía Administrativa<br />
Artículo 356.-<br />
1. Para dictar el acto que agota la vía administrativa, será indispensable<br />
que el órgano que lo emita consulte previamente al Asesor Jurídico de la<br />
correspondiente Administración.<br />
2. El acto que agota la vía deberá incluir mención expresa de la consulta y<br />
de la opinión del órgano consultado, así como, en su caso, de las razones<br />
por las cuales se aparta del dictamen, si éste no es vinculante.<br />
3. La consulta deberá evacuarse dentro de los seis días siguientes a su<br />
recibo, sin suspensión del término para resolver.<br />
Artículo 357.-<br />
1. No será necesario agotar previamente la vía administrativa para accionar<br />
judicialmente, inclusive por la vía interdictal, contra las simples<br />
actuaciones materiales de la Administración, no fundadas en un acto<br />
administrativo eficaz.<br />
2. En tales casos, la autoridad judicial podrá inclusive detener prima<br />
facie la actuación impugnada en la forma prevista por la Ley Reguladora de<br />
la Jurisdicción Contencioso Administrativa para la suspensión del acto<br />
administrativo.<br />
3. En los demás casos no será admisible la vía interdictal.<br />
CAPÍTULO CUARTO<br />
De la Queja<br />
Artículo 358.-<br />
1. En todo momento podrá reclamarse en queja contra los defectos de<br />
tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de<br />
plazos preceptivamente señalados u omisión de trámites que puedan<br />
subsanarse antes de la resolución definitiva del asunto.<br />
2. La queja se presentará ante el superior jerárquico de la autoridad o<br />
funcionario que se presuma responsable de la infracción o falta, citándose<br />
el precepto infringido y acompañándose copia simple del escrito.<br />
3. En ningún caso se suspenderá el respectivo procedimiento.<br />
4. La resolución que recaiga se notificará al reclamante en el plazo de<br />
quince días, a contar desde que se formuló la queja.<br />
5. Contra tal resolución no habrá lugar a recurso alguno.<br />
Artículo 359.- Si la queja fuere acogida, se amonestará al funcionario que<br />
hubiere dado origen a ella y, en caso de reincidencia o falta grave, podrá<br />
ordenarse la apertura del expediente disciplinario que para tal efecto<br />
determine el Estatuto de Servicio Civil.<br />
Artículo 360.- Si la queja no fuere resuelta en el plazo señalado en el<br />
artículo 358.4, el interesado podrá reproducirla ante la Presidencia de la<br />
República.<br />
TÍTULO NOVENO<br />
De los Procedimientos Especiales<br />
CAPÍTULO ÚNICO<br />
De la Elaboración de Disposiciones de Carácter General<br />
Artículo 361.-<br />
1. Se concederá audiencia a las entidades descentralizadas sobre los<br />
proyectos de disposiciones generales que puedan afectarlas.<br />
2. Se concederá a las entidades representativas de intereses de carácter<br />
general o corporativo afectados por la disposición la oportunidad de<br />
exponer su parecer, dentro del plazo de diez días, salvo cuando se opongan<br />
a ello razones de interés público o de urgencia debidamente consignadas en<br />
el anteproyecto.<br />
3. Cuando, a juicio del Poder Ejecutivo o del Ministerio, la naturaleza de<br />
la disposición lo aconseje, el anteproyecto será sometido a la información<br />
pública, durante el plazo que en cada caso se señale.<br />
Artículo 362.- En la disposición general se han de consignar expresamente<br />
las anteriores que quedan total o parcialmente reformadas o derogadas.<br />
Artículo 363.-<br />
1. Los proyectos que deban someterse a la aprobación del Consejo de<br />
Gobierno, se remitirán con ocho días de antelación a los demás Ministros<br />
convocados, con el objeto de que formulen las observaciones pertinentes.<br />
2. En casos de urgencia, apreciada por el propio Consejo, podrá abreviarse<br />
u omitirse el trámite del párrafo anterior.<br />
DISPOSICIONES FINALES<br />
Disposiciones Finales Comunes<br />
CAPÍTULO ÚNICO<br />
Artículo 364.-<br />
1. Esta ley es de orden público y deroga las que se le opongan, con las<br />
limitaciones y salvedades que se establecen en los artículos siguientes.<br />
2. En caso de duda, sus principios y normas prevalecerán sobre los de<br />
cualesquiera otras disposiciones de rango igual o menor.<br />
3. Serán también criterios de interpretación de todo el ordenamiento<br />
jurídico administrativo del país.<br />
Artículo 365.-<br />
1. El Libro Primero se aplicará a toda la Administración, desde que entre<br />
en vigencia esta ley, siempre que esa aplicación no produzca efecto<br />
retroactivo.<br />
2. Los actos o situaciones válidos, nacidos con anterioridad, continuarán<br />
rigiéndose por la legislación anterior, salvo en cuanto a sus efectos<br />
pendientes, que se ajustarán a esta ley, en cuanto fuere compatible con su<br />
naturaleza.<br />
3. Los principios generales del mismo Libro Primero prevalecerán en todo<br />
caso.<br />
Artículo 366.-<br />
1. El Libro Segundo regirá, a partir de su vigencia, para todo<br />
procedimiento administrativo, aún aquellos que se encuentren pendientes de<br />
resolución o recurso, con las salvedades y limitaciones del artículo 371.<br />
(*).<br />
2. No obstante, los términos o plazos para trámites pendientes o para la<br />
resolución final, se contarán a partir de la vigencia de esta ley, mientras<br />
ello no implique una prórroga o ampliación de los establecidos en la<br />
legislación anterior, en cuyo caso regirán estos últimos.<br />
(*) NOTA: Debe entenderse 367.<br />
Artículo 367.-<br />
1. Se derogan todas las disposiciones anteriores que establezcan o regulen<br />
procedimientos administrativos de carácter general, o cuya especialidad no<br />
resulte de la índole de la materia que rijan.<br />
2. Se exceptúa de la aplicación de esta ley, en lo relativo a procedimiento<br />
administrativo:<br />
a) Las expropiaciones;<br />
b) Los concursos y licitaciones;<br />
c) Los contratos de la Administración que lo tengan establecido por ley;<br />
d) La materia tributaria que lo tenga establecido por ley;<br />
e) Lo concerniente al personal, tanto público como laboral, regulado por<br />
ley o por reglamento autónomo de trabajo, en su caso, salvo en cuanto a los<br />
funcionarios excluidos de esas disposiciones por motivos de rango o<br />
confianza;<br />
f) Los procedimientos en materia de Registros Públicos;<br />
g) Los procedimientos relativos a la aprobación, ejecución y liquidación de<br />
presupuestos, y los demás de fiscalización financiera y contable por parte<br />
de la Contraloría General de la República, cuando estén regulados; y<br />
h) Los demás que el Poder Ejecutivo determine por decreto, dentro de los<br />
tres meses siguientes a la promulgación de esta ley, cuando existan motivos<br />
igualmente justificados que los de los incisos anteriores, y siempre que<br />
estén regulados por ley.<br />
3. Los casos exceptuados en el párrafo anterior continuarán rigiéndose por<br />
sus normas de procedimientos especiales.<br />
Artículo 368.-<br />
1. Se mantienen vigentes, pero como complementarias y subordinados a ésta,<br />
las demás leyes, reglamentos y otras normas de procedimiento existentes<br />
para materias especiales, a condición de que sean necesarios por razón de<br />
la índole propia de tales materias, conforme lo determine por Decreto el<br />
Poder Ejecutivo.<br />
2. Igualmente, se mantienen vigentes las disposiciones de procedimiento<br />
administrativo contenidas en la Ley Reguladora de la Jurisdicción<br />
Contencioso Administrativa.<br />
Artículo 369.-<br />
1. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley.<br />
2. La falta de reglamentación no será obstáculo para la aplicación de esta<br />
ley.<br />
3. Los reglamentos generales de procedimiento para toda la Administración o<br />
para cada uno de los Ministerios o entes administrativos, deberán quedar<br />
promulgados dentro del término de seis meses a partir de la vigencia de<br />
esta ley.<br />
4. El mismo término regirá en cuanto a las disposiciones necesarias para<br />
adaptar la organización administrativa a esta ley.<br />
5. Las disposiciones del Poder Ejecutivo de conformidad con éste y los dos<br />
artículos anteriores, se considerarán generales para efectos de esta ley y<br />
de la Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.<br />
Artículo 370.- Esta ley entrará en vigencia seis meses después de su<br />
publicación.<br />
COMUNÍQUESE AL PODER EJECUTIVO<br />
Asamblea Legislativa.- San José, a los veintiocho días del mes de abril de<br />
mil novecientos setenta y ocho.<br />
Elías Soley Soler.<br />
Presidente<br />
Rolando Araya Monge<br />
Carlos Luis Fernández Fallas<br />
Primer Secretario<br />
Segundo Secretario<br />
Casa Presidencial.- San José, a los dos días del mes de mayo de mil<br />
novecientos setenta y ocho.<br />
Daniel Oduber<br />
Presidente<br />
Fernando Volio Jiménez<br />
Ministro de la Presidencia<br />
__________________________________<br />
Revisada al día 15/10/98.<br />
Sanción 2-5-78<br />
Rige 30-11-78<br />
GVQ.-
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