Ley 5775

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No. 5775 (*) LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, DECRETA: (*) El texto de esta ley fue modificado casi en su totalidad y reproducido íntegramente por Ley No.6267 del 29 de agosto de 1978. ARTÍCULO 1.- Los barcos de bandera extranjera, que se dediquen a la pesca dentro de las doscientas millas con referencia a nuestras costas de territorio firme y las doscientas millas en relación con las costas de la Isla del Coco, deberán registrarse ante autoridades costarricenses. ARTÍCULO 2.- El registro del barco podrá obtenerse en los consulados de Costa Rica en San Diego, California, en la ciudad de Panamá y en cualesquiera otros, debidamente autorizados al efecto por el Ministerio de Relaciones Exteriores, o en la Oficina de Pesca de Puntarenas, mediante el pago del timbre de ley correspondiente. Para la obtención del registro deberán presentarse los documentos que acrediten la propiedad del barco. El canon por registro de los barcos pesqueros, equipados con redes, o los llamados "chinchorreros" será de $ 5.00 (cinco pesos centroamericanos), por tonelada neta de registro del barco, y tendrá validez por un año calendario, debiendo adquirirse durante el mes diciembre para el año inmediato posterior. En el caso de que se solicite durante el año en que se va a utilizar, el canon será de $ 10.00 (diez pesos centroamericanos), por tonelada neta de registro del barco y su vigencia será por el resto del año calendario en que se otorgue. El producto monetario, obtenido por tal concepto, será aplicado por el Banco Central, de conformidad con lo estipulado en el artículo 8 de esta ley. Los consulados deberán notificar, mensualmente y en forma directa, a los Ministerios de Agricultura y Ganadería y de Seguridad Pública, el número de registros concedidos, para efectos de control, tanto de las capitanías de puerto como de la Subdirección de Pesca y Villa Silvestre. ARTÍCULO 3.- Los barcos pesqueros, equipados con redes, o los llamados "chinchorreros" de bandera extranjera que dispongan de la matrícula respectiva y deseen pescar en nuestras aguas jurisdiccionales, según se establece en esta ley, deberán obtener un permiso de pesca por viaje, hasta por sesenta (60) días naturales, considerándose como viaje el trayecto desde la salida de Puntarenas hasta la descarga en cualquier país, de cualquier cantidad de producto obtenido, o el vencimiento de los sesenta días. El permiso a que se refiere este artículo pagará el siguiente canon: barcos de cuatrocientas o menos toneladas netas de registro, $ 30.00 (treinta pesos centroamericanos) por tonelada; barcos de más de cuatrocientos toneladas netas de registro, $ 60.00 (sesenta pesos centroamericanos) por tonelada. ARTÍCULO 4.- Los barcos que usen la modalidad de pesca con "carnada viva" pagarán únicamente el cincuenta por ciento de los canones establecidos en los artículos anteriores; además tendrán derecho a pescar la carnada en aguas nacionales, siempre que no se trate de especies que estén siendo utilizadas para consumo humano, y con excepción de los lugares en que esa pesca de carnada viva esté' prohibida. Prohíbese la venta o el traslado de este tipo de carnada. ARTÍCULO 5.- Los barcos extranjeros, que gocen de registro anual y permiso de pesca vigentes y que descarguen la totalidad de su captura para compañías enlatadoras o procesadoras nacionales, siempre que la cantidad no sea menor a trescientas toneladas, -se exceptúan de esta cantidad mínima los barcos cuya capacidad de acarreo no lo permita-, tendrán derecho a prórrogas consecutivas de un nuevo permiso de pesca, por sesenta días, sin pago adicional, siempre que la descarga se efectúe durante el período de vigencia del registro anual por el año calendario para el que se adquirió el permiso. El barco extranjero, con registro anual vigente que entregue un mínimo de trescientas toneladas de atún, pescado fuera de aguas jurisdiccionales de Costa Rica, a compañías o procesadoras de atún nacional, durante el año calendario podrá gozar únicamente de un permiso de pesca por sesenta días naturales, sin el pago correspondiente. El Poder Ejecutivo queda facultado, mediante decreto, para regular los cánones o limitar el otorgamiento de nuevas licencias, según las necesidades de materia prima de las plantas procesadoras nacionales, y las políticas de conservación y preservación del recurso, conforme a las investigaciones científicas realizadas por los organismos competentes. Se les prohíbe a los barcos atuneros de bandera extranjera, descargar, por cualquier título, otros productos o subproductos pesqueros distintos de los autorizados en la licencia de pesca correspondiente, para satisfacer las necesidades de abastecimiento de las plantas procesadoras de atún. La inobservancia de esta disposición acarreará la suspensión inmediata de la licencia de pesca, durante el año en vigencia de la matrícula de pesca. Por reincidencia contra esta normativa, se suspenderá la licencia de venta al barco durante un año calendario. (Así reformado por el artículo 48 de la Ley No. 7384, del 16 de marzo de 1994.) ARTÍCULO 6.- Las actividades de pesca que realicen barcos extranjeros en las aguas sobre las cuales Costa Rica ejerce una jurisdicción especial, según lo establece el segundo párrafo del artículo 6 de la Constitución Política, sin contar con el permiso de pesca o de paso correspondiente, o contraviniéndolos, configurarán el delito de piratería y, en consecuencia, le será aplicable la sanción prevista en el artículo 256 del Código Penal, sin perjuicio de lo que dispongan los convenios internacionales y los principios del Derecho Internacional. La responsabilidad penal recaerá sobre el capitán del barco y sus armadores. Sin perjuicio de lo anterior, deberá pagarse una multa de cien pesos centroamericanos, por tonelada neta de registro del barco, y se le decomisará la totalidad de la pesca. Además, el barco, todas sus instalaciones y accesorios quedarán bajo el control de las autoridades judiciales, en tanto no se haya cancelado la multa. En caso de reincidencia, se procederá al comiso de la nave, sus implementos, accesorios y de la carga. Los barcos que se encontraren en nuestras aguas jurisdiccionales y los sobrevolare un avión con bandera de Costa Rica deberán situar su radio en la frecuencia 8A, para recibir instrucciones si fuere del caso. Si desde el avión no pudiere hacerse contacto por radio con la nave, y aquel diere por lo menos tres vueltas alrededor de ésta, el barco deberá dirigirse de inmediato al puerto nacional más cercano. ARTÍCULO 7.- Para garantizar el cumplimiento de esta ley, el Gobierno de la República se proveerá de los medios necesarios a fin de mantener patrullaje en toda la costa del Pacífico. Además, instalará una estación de radio en Puntarenas, con las frecuencias adecuadas, incluida la 8A, para recibir los avisos de los barcos y darles instrucciones cuando sea necesario. Los barcos pesqueros, sin permiso de pesca, que necesiten atravesar nuestras aguas lo comunicarán al entrar y salir de ellas; contarán con cuarenta y ocho horas para efectuar la travesía o para llegar a puerto nacional. Los capitanes de todas las embarcaciones y aeronaves de bandera nacional quedan investidos de autoridad para que colaboren en el cumplimiento de esta ley, exclusivamente. ARTÍCULO 8.- El Banco Central de Costa Rica girará el producto que se obtenga de los cánones, de las multas y comisos, a que se refiere esta ley, a las siguientes instituciones: 1) Un veinticinco por ciento a la Universidad de Costa Rica, para financiar la creación y funcionamiento de un Centro Regional Universitario, que será instalado en la ciudad de Puntarenas o sus alrededores. 2) Un veinticinco por ciento a la Universidad Nacional, para financiar la creación de la carrera de Biología Marina, de la Escuela de Ciencias Ambientales de esta Universidad, cuya sede también estará en la ciudad de Puntarenas o alrededores, y para el establecimiento, desarrollo y protección de un sistema de reservas científicas, marinas y terrestres en el Golfo de Nicoya y zonas adyacentes. 3) Un veinticinco por ciento al Ministerio de Seguridad Pública, para el mantenimiento de un servicio especial de control, para el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley. 4) Un veinticinco por ciento al Ministerio de Agricultura y Ganadería, para desarrollar métodos técnicos de la Dirección de Pesca y Vida Silvestre. Si transcurridos dos años contados a partir del giro respectivo por parte del Banco Central a las instituciones contempladas en los incisos 1, 2, y 3, estas no han hecho uso de tales dineros, en los términos que indica esta ley, esos dineros pasarán a ser parte del patrimonio del Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura, previa comprobación por parte de la Contraloría General de la República. La Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional deberán presentar al Instituto, semestralmente una lista de los proyectos relacionados con el recurso pesquero que se vayan a desarrollar. (Así adicionados estos dos párrafos finales por el artículo 47 de la Ley No.7384, del 16 de marzo de 1994.) ARTÍCULO 9.- Los ingresos que se obtengan por la aplicación de esta ley constituirán un fondo especial, cuyo manejo y aplicación, como lo expresa ésta, estará vigilado por la Contraloría General de la República, quien deberá aprobar los programas de inversión de estos fondos. ARTÍCULO 10.- En lo sucesivo, las rentas por concepto de multas que ordena la Ley de Pesca y Caza Marítimas, número 190 del 28 de setiembre de 1948 y sus reformas, pasarán a formar parte del fondo especial, citado en el artículo 9 de esta ley. ARTÍCULO 11.- Para los efectos de esta ley se crea el "timbre de pesca", que será emitido por el Banco Central de acuerdo con la reglamentación vigente. ARTÍCULO 12.- El producto de la venta del "timbre de pesca", de las multas, y el fondo que proviene de los comisos, serán depositados en el Banco Central, en una cuenta que se denominará "Derechos de pesca". ARTÍCULO 13.- Los barcos pertenecientes a empresas o sociedades extranjeras de bandera nacional, estarán sujetos a las disposiciones de la presente ley y del Código de Trabajo. ARTÍCULO 14.- Para efectos de la presente ley, se consideran empresas o sociedades extranjeras aquellas en que los costarricenses no tengan más del cincuenta por ciento de las acciones. En todo caso, las acciones deben ser nominativas. Los mismos requisitos se aplicarán a las enlatadoras y frigoríficos. ARTÍCULO 15.- El canon por registro señalado en el artículo 2, y el de los permisos indicados en el artículo 3, ambos de la presente ley, se entenderán como mínimos, pudiendo el Poder Ejecutivo elevarlos hasta en un ciento por ciento por la vía de reglamento. ARTÍCULO 16.- Esta ley deroga todas las disposiciones de leyes anteriores que se le opongan. ARTÍCULO 17.- Esta ley rige desde su publicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo Asamblea Legislativa.- San José, a los veintinueve días del mes de julio de mil novecientos setenta y cinco. ALFONSO CARRO ZÚÑIGA, Presidente. RAFAEL ÁNGEL ROJAS JIMÉNEZ CARLOS LUIS RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ Primer Secretario Segundo Secretario Casa Presidencial.- San José, a los catorce días del mes de agosto de mil novecientos setenta y cinco. Ejecútese y Publíquese DANIEL ODUBER El Ministro de Agricultura y Ganadería HERNÁN GARRÓN SALAZAR. Revisada al 18-7-99. GV.- Sanción 14-8-75 Publicación y rige 30-8-75