Ley 3504

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No. 3504 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA: La siguiente LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Y DEL REGISTRO CIVIL TÍTULO I CAPÍTULO I DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Organización, dirección y vigilancia del sufragio ARTÍCULO 1.- La organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, corresponden en forma exclusiva al Tribunal Supremo de Elecciones, el cual goza de independencia en el desempeño de su cometido. Del Tribunal dependen los demás organismos electorales. Pronunciamiento definitivo sobre las resoluciones del Registro Civil ARTÍCULO 2.- Le corresponde al Tribunal pronunciarse definitivamente acerca de las resoluciones del Registro Civil elevadas a su conocimiento en virtud de apelación o de consulta. Integración ARTÍCULO 3.- El Tribunal Supremo de Elecciones estará integrado, ordinariamente, por tres Magistrados propietarios y seis suplentes de nombramiento de la Corte Suprema de Justicia por el voto de dos tercios del total de sus miembros. Deberán reunir condiciones iguales a las exigidas para ser Magistrado de esta Corte y estarán sujetos a las mismas responsabilidades establecidas para sus miembros. El cargo de miembro del Tribunal Supremo de Elecciones es incompatible con cualquier otra función remunerada por el Estado o sus instituciones, excepto la de docencia de las instituciones estatales de educación superior. Desde un año antes y hasta seis meses después de la celebración de las elecciones generales para Presidente y Vicepresidentes de la República o Diputados a la Asamblea Legislativa, el Tribunal deberá integrarse con sus miembros propietarios y dos de los suplentes escogidos por la Corte Suprema de Justicia para formar, en esa época, un tribunal de cinco miembros. Así reformado por el artículo 5 de la Ley No.7653 del 10 de diciembre de 1996. Juramento de los Magistrados y otros funcionarios ARTÍCULO 4.- Los Magistrados prestarán el juramento constitucional ante la Corte Suprema de Justicia. El Secretario, los Delegados, el Pro-Secretario y los Jefes de Sección o de Departamento del Tribunal, así como el Director, los Oficiales Mayores, el Secretario, Jefes de Sección y Jefes de Oficinas Regionales del Registro Civil, lo harán ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Funciones ARTÍCULO 5.- El Tribunal tiene las funciones determinadas en la Constitución Política, esta Ley Orgánica, el Código Electoral y las demás que le confieran las leyes de la República. Ausencia de propietarios. Integración con suplentes ARTÍCULO 6.- Para reemplazar temporalmente a los Magistrados propietarios se llamará mediante sorteo, a alguno de los Magistrados suplentes. En casos de ausencia definitiva se dará cuenta a la Corte Suprema de Justicia, para que proceda a la respectiva designación. Quórum ARTÍCULO 7.- El quórum lo formará la mayoría del Tribunal salvo en los casos siguientes en que se requiera la asistencia de todos los Magistrados que lo integran: a) Declaratoria de elección de Presidente y Vice-Presidentes de la República, Diputados a la Asamblea Legislativa, o a una Constituyente, y Regidores y Síndicos Municipales. b) Resultado de un plebiscito. c) Demandas de nulidad. d) Resoluciones de fondo en los casos determinados por el artículo 102, incisos 3) y 5), de la Constitución Política. e) Inscripción o cancelación de Partidos Políticos o de candidatos. f) Nombramiento del Director General del Registro Civil. g) Cualquier otro que expresamente determine la ley. Mayoría para las decisiones. Participación de Suplentes en la votación ARTÍCULO 8.- Los acuerdos o resoluciones del Tribunal se tomarán por simple mayoría de votos presentes. Si no resultare mayoría de votos conformes de toda conformidad, se hará una nueva votación en la cual participarán dos Magistrados suplentes. Si aún así no hubiere resolución de mayoría, el Magistrado cuyo voto fuere único, debe adherirse forzosamente a cualquiera de los otros votos, con el fin de formar mayoría, sin que esta forzada adhesión pueda acarrearle ninguna responsabilidad. Sesiones ordinarias y extraordinarias ARTÍCULO 9.- El Tribunal celebrará sesión cuantas veces sea necesario; señalará los días de las ordinarias y se reunirá, además, en forma extraordinaria, cada vez que sea convocado por el Presidente para asuntos urgentes, o cuando lo solicite la mayoría de los Magistrados en ejercicio. Las sesiones y votaciones serán privadas. Casos de excepción ARTÍCULO 10.- Las sesiones del Tribunal serán privadas. A aquellas en que se verifiquen escrutinios sólo los fiscales de los partidos que hubieren participado en la elección cuya documentación se escruta, tienen derecho a asistir. Podrán también asistir fiscales o interesados a las sesiones, cuando el Tribunal así lo acuerde a solicitud de parte interesada. Las votaciones serán siempre en privado. CAPÍTULO II DE LOS MAGISTRADOS SUPLENTES Magistrados Suplentes ARTÍCULO 11.- Las faltas temporales de los Magistrados propietarios las llenará el Tribunal con Magistrados suplentes, por sorteo. Las faltas absolutas se llenarán en igual forma hasta tanto la Corte Suprema de Justicia no haga nueva designación de propietarios. Es obligación del Magistrado suplente la de asistir con puntualidad al Tribunal cuando deba integrarlo; la inobservancia de esta disposición faculta al Tribunal para separarlo y llamar a otro suplente en su lugar. Los Magistrados suplentes llamados a integrar el Tribunal, no podrán excusarse sino por motivo legal. Separación de Magistrados por impedimento ARTÍCULO 12.- El Magistrado con motivo legal de impedimento respecto de determinado asunto, se separará de su conocimiento hasta que cese el motivo y en su lugar actuará un Suplente. CAPÍTULO III DEL PRESIDENTE Atribuciones del Presidente ARTÍCULO 13.- Además de las atribuciones que por otras disposiciones legales le correspondan, el Presidente del Tribunal tiene las siguientes: a) Abrir y cerrar las sesiones; anticipar o prorrogar las horas de despacho en caso de que así lo requiera algún asunto urgente o grave, y convocar, extraordinariamente al Tribunal, cuando fuere necesario; b) Fijar el orden en que deban verse los asuntos sujetos al conocimiento del Tribunal; c) Dirigir los debates, y poner a votación los asuntos cuando el Tribunal los considere discutidos; y d) Ejercer la representación legal del Tribunal. Las resoluciones que el Presidente dictare en uso de las atribuciones que se le confieren en este artículo, no podrán prevalecer contra el voto de la mayoría del Tribunal. CAPÍTULO IV DEL SECRETARIO Atribuciones y deberes del Secretario; requisitos que debe reunir para serlo ARTÍCULO 14.- El Secretario del Tribunal deberá ser costarricense y abogado de los Tribunales de la República; será el Jefe Administrativo de las oficinas del Tribunal, estará supeditado a este y tendrá las siguientes atribuciones: a) Expedir las certificaciones y constancias; b) Dar a conocer a los interesados, por el medio correspondiente las resoluciones y actuaciones del Tribunal; c) Recibir por sí, o por medio de los escribientes, los escritos y documentos que presenten los interesados; d) Poner en conocimiento del Tribunal, a más tardar en la sesión inmediata a su recibo, los escritos o documentos a que hace referencia el inciso anterior; e) Mostrar, por si o por medio de los escribientes, los expedientes y documentos a quienes los soliciten, pero sin permitir que salgan del Despacho; f) Custodiar los expedientes y documentos; g) Vigilar por que los empleados subalternos de la Oficina cumplan estrictamente con sus deberes, dando cuenta al Tribunal de las irregularidades que observe; h) Redactar las actas de las sesiones conforme a las minutas que para ello le entregará el Tribunal; e i) Cumplir todas las demás obligaciones y atribuciones que las leyes y los acuerdos del Tribunal le impongan. Ausencia del Secretario ARTÍCULO 15.- En ausencia del Secretario actuará como tal el Pro-Secretario o el funcionario o empleado que el Tribunal designe. CAPÍTULO V DEL INSPECTOR ELECTORAL Atribuciones del Inspector: ARTÍCULO 16.- El Inspector Electoral es de nombramiento del Tribunal; deberá ser costarricense y abogado de los Tribunales de la República. Tendrá las siguientes atribuciones: a) Vigilar la ejecución de los planes de trabajo ordenados por el Tribunal, tanto en el Registro Civil como en sus Oficinas Regionales y Ambulantes; b) Cooperar con el Director del Registro en la vigilancia y desarrollo de las labores propias del Registro e informar inmediatamente al Tribunal de las causas que impidan o retrasen la marcha de aquéllas, ya sea por deficiencia del personal, por falta de material necesario o por cualquiera otra causa; c) Visitar con la frecuencia necesaria para la buena marcha de las mismas, todas las Secciones del Registro Civil y las Oficinas Regionales, hacer a sus respectivos jefes las observaciones pertinentes y sugerir al Tribunal las medidas o enmiendas de carácter disciplinario o legal que juzgue oportunas; d) Levantar de oficio, por orden del Tribunal o de su Presidente, las informaciones necesarias para esclarecer cualquier hecho que afecte la disciplina o la correcta actuación que deben observar los empleados y funcionarios del Tribunal, del Registro Civil y de sus Oficinas Regionales o Ambulantes: e) Atender las quejas que los particulares o representantes de partidos políticos le presenten por escrito y tratar de resolver la situación si está dentro de sus facultades, o dar cuenta al Tribunal si fuere necesario; y f) Cerciorarse de si todos los funcionarios y empleados del Tribunal, del Registro Civil y de las Oficinas Regionales asisten puntualmente y desempeñan con regularidad sus funciones; y en caso de que note alguna irregularidad al respecto, informar de inmediato al Tribunal. ARTÍCULO 17.- El inspector gozará de pase libre en toda empresa estatal de transporte, cuando viaje en ejercicio de sus funciones. CAPÍTULO VI DE LA AUDITORÍA Y CONTABILIDAD ELECTORALES Funciones de la Auditoría ARTÍCULO 18.- Habrá en el Registro una Oficina de Auditoría y Contabilidad Electorales que dependerá directamente del Tribunal, que contará con el personal necesario y cuyas funciones principales serán las de fiscalizar, verificar y contabilizar las operaciones del Registro a efecto de que las resoluciones que impliquen movimiento electoral y los documentos relativos a esas operaciones, sean objeto de los correspondientes asientos en los libros de contabilidad que para ello llevará dicha oficina. Es obligación del jefe de esta oficina hacer del conocimiento del Tribunal, tan pronto como se advierta, toda diferencia entre las cuentas de la contabilidad y las operaciones del Registro, o en cuanto a las existencias de las fórmulas necesarias para efectuar tales operaciones. De la contabilidad Electoral y de las fórmulas e instrumentos de seguridad ARTÍCULO 19.- De todas las fórmulas e instrumentos de seguridad que el Tribunal o el Registro ordenen confeccionar o tengan en existencia, se llevará contabilidad y se harán frecuentes inventarios. A excepción de las papeletas de votación, todas las fórmulas de seguridad irán numeradas consecutivamente a efecto de fiscalizar su uso. De toda incineración de fórmulas o destrucción de instrumentos de seguridad, se levantará acta. Los pedidos de esas fórmulas o instrumentos requerirán las firmas de todos los Magistrados del Tribunal. Se tratará de obtener garantía del fabricante de que solamente en esa forma podrá repetirse el pedido. Ni el agente de la casa en Costa Rica, ni ninguna persona, podrán recibir o tener en su poder fórmulas o instrumentos de seguridad de los usados para asuntos electorales. De las piezas mecánicas correspondientes al sistema "Protectograph Signer", en las que estén grabadas firmas de funcionarios, se llevará un registro contable. Una vez contabilizadas las resoluciones, los expedientes respectivos pasarán a la Sección de Padrones e Índices, la que por medio de la confección o exclusión de las respectivas tarjetas comprobará los cómputos, y si hubiere diferencia, lo comunicará a la Auditoría para su verificación. CAPÍTULO VII DEL CONTADOR Atribuciones del Contador: ARTÍCULO 20.- El Contador del Tribunal tendrá las siguientes atribuciones: a) Atender la administración económica del Tribunal; b) Efectuar, con arreglo a las disposiciones legales pertinentes y las del Tribunal, las gestiones necesarias para el pago de las cuentas por compras de muebles, útiles y demás materiales necesarios que obtengan el Tribunal y sus dependencias, conservando los comprobantes y haciéndolos de conocimiento del Tribunal para que este autorice los respectivos pagos; c) Llevar la contabilidad en que se asiente todo el movimiento económico del Tribunal y sus dependencias, las cuales le suministrarán los informes que solicitare; d) Confeccionar las planillas de servicios ordinarios y extraordinarios; e) Confeccionar para su oportuna presentación, el proyecto de Presupuesto anual correspondiente al Tribunal y sus dependencias; f) Dar cuenta al Tribunal de las irregularidades que en relación con su cargo observe en los funcionarios y empleados; y g) Cumplir las órdenes de sus superiores, así como todas las demás obligaciones y atribuciones que las leyes le impongan. CAPÍTULO VIII DEL PROVEEDOR Atribuciones del Proveedor: ARTÍCULO 21.- El Proveedor del Tribunal tendrá las siguientes atribuciones: a) Efectuar con arreglo a las disposiciones legales pertinentes y a las del Tribunal, las compras de muebles, útiles y demás materiales necesarios haciéndolo previamente del conocimiento del Contador, para que este le informe si existe partida presupuestaria disponible y, en su caso, tome razón del respectivo gasto; b) Llevar un detalle exacto y diario de las existencias de materiales para uso de las dependencias del Tribunal, al que rendirá el informe respectivo cada mes; c) Dar cuenta al Tribunal de las necesidades de las Oficinas y de las irregularidades que en relación con su cargo, observe en los funcionarios y empleados; d) Vigilar y fiscalizar los bienes del Tribunal; y e) Llevar un inventario completo de los mismos. CAPÍTULO IX DE LOS OTROS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Nombramiento del Director General y demás funcionarios y empleados del Registro Civil ARTÍCULO 22.-El Director General, el Secretario y los Oficiales Mayores del Registro Civil, serán nombrados por el Tribunal por un período de cuatro años, contados a partir de su designación y podrán ser reelectos. El Tribunal nombrará también a los demás funcionarios y empleados del Registro. Director Interino ARTÍCULO 23.- Las faltas temporales del Director General las suplirá un Director Interino, designado por el Tribunal. Tal designación podrá hacerse mediante recargo de funciones en uno de los Oficiales Mayores del Registro. Requisitos para ser funcionario o empleado del Tribunal y del Registro ARTÍCULO 24.- Para ser Director General, Secretario u Oficial Mayor del Registro, se requiere: a) Ser costarricense y ciudadano en ejercicio; b) Ser del estado seglar; c) Ser abogado de los Tribunales de la República; y d) Ser mayor de veinticinco años. Los demás funcionarios y empleados del Tribunal y del Registro deben ser mayores de dieciocho años, costarricenses y del estado seglar, cuando la ley no determine expresamente otros requisitos. Separación temporal del Director motivada por parentesco con candidatos ARTÍCULO 25.- El Director General será separado de su puesto temporalmente, con derecho a su sueldo, cuando figure como candidato a la Presidencia o Vicepresidencia de la República, su cónyuge o cualquiera de sus parientes, por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive. El impedimento cesará a partir de la declaratoria de la respectiva elección. Revocatoria del nombramiento del Director y de otros funcionarios o empleados ARTÍCULO 26.- Corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones, en sesión a la que concurran todos sus miembros, y previa información levantada sobre el caso, revocar el nombramiento del Director General del Registro, por infracción grave de alguno de sus deberes. El Director solicitará al Tribunal la revocatoria o suspensión del nombramiento de cualquiera de los funcionarios o empleados del Registro, cuando a su juicio haya infringido alguna disposición legal; el Tribunal resolverá lo pertinente vista la información respectiva. Incompatibilidad por parentesco. Motivos de incapacidad para ser funcionarios o empleados ARTÍCULO 27.- No puede ser funcionario o empleado del Tribunal ni del Registro Civil quien sea cónyuge, ascendiente, descendiente, hermano, tío o sobrino, consanguíneo o afín, de un funcionario o empleado del Tribunal o del Registro. No pueden ser nombrados para desempeñar cargos en el Tribunal o en el Registro, los procesados con auto de enjuiciamiento, los que estuvieren sufriendo pena de inhabilitación para cargos y oficios públicos, los condenados por delitos que merezcan prisión como pena ordinaria; los insolventes y quebrados, mientras no esté calificada de excusable la insolvencia o quiebra; los que acostumbren embriagarse; los que hubieren sido destituidos de cargos judiciales y electorales; y, en general, todos los que no observen buena conducta o tengan antecedentes de dudosa moralidad. La inobservancia de estas disposiciones motivará la revocatoria del respectivo nombramiento. CAPÍTULO X DE LA JORNADA DE TRABAJO Días y horas de trabajo ARTÍCULO 28.- Corresponde al Tribunal fijar los días y horas de servicio de sus Dependencias. Los empleados están obligados a la jornada ordinaria y a la extraordinaria que se acuerde por sus superiores, cuando así lo requiera el buen servicio. CAPÍTULO XI DE LAS SANCIONES POR FALTAS CONTRA FUNCIONARIOS ELECTORALES Multas ARTÍCULO 29.- El Tribunal podrá sancionar disciplinariamente, con multa de cincuenta a quinientos colones a favor del Tesoro Nacional, a toda persona que en sus intervenciones escritas u orales ante el propio Tribunal o sus organismos dependientes, incurra en faltas de respeto o agravios contra los integrantes de dichos organismos o de otras personas. La resolución del Tribunal al respecto será transcrita a la Agencia Judicial de Policía correspondiente, para su ejecución. Amonestaciones o expulsión a causantes de desorden ARTÍCULO 30.- El causante de cualquier falta de respeto o de la debida compostura, durante la ejecución de actos ante un organismo electoral, deberá ser amonestado por el Presidente, Director o Jefe respectivo y, de ser necesario, este ordenará su expulsión del recinto por medio de la fuerza pública. Delitos o faltas contra funcionarios o empleados electorales ARTÍCULO 31.- Si en los actos a que se refieren los artículos anteriores se produjeren hechos que constituyeren delito o falta contra los funcionarios o empleados electorales, se someterán a conocimiento de la autoridad penal correspondiente para su debido juzgamiento. CAPÍTULO XII DE LOS DISTINTIVOS DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ELECTORALES Distintivos ARTÍCULO 32.- El Tribunal determinará los distintivos que usarán en forma exclusiva los Magistrados, Director General del Registro Civil, Delegados u otros funcionarios y empleados de las Dependencias Electorales. CAPÍTULO XIII DE LAS ACTAS Y DE LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL Libro de Actas ARTÍCULO 33.- El Tribunal llevará un libro destinado únicamente a actas de las sesiones que celebre, el cual tendrá sus folios debidamente numerados y de él formarán parte los tomos sucesivos que sean necesarios. Actas. Indicaciones que sobre las mismas pueden hacer los Magistrados ARTÍCULO 34.- El acta de cada sesión será leída, aprobada y firmada por los Magistrados, de ser posible en la sesión inmediata siguiente. En el caso de desacuerdo de un Magistrado, acerca del acta o de parte de ella, podrá hacer consignar la indicación pertinente, la cual firmará él solo, pero deberá firmar además, conjuntamente con los otros Magistrados, el acta correspondiente. Obligación de firmar las actas ARTÍCULO 35.- Los Magistrados asistentes a una sesión, estarán obligados a firmar el acta respectiva; si por cualquier motivo no asistieren a la sesión en que se apruebe y firme el acta, deberán hacerlo posteriormente. Firmeza de las resoluciones o actuaciones del Tribunal ARTÍCULO 36.- Las resoluciones del Tribunal quedarán firmes al aprobarse el acta respectiva, salvo que se haya dispuesto otra cosa. Cualquier Magistrado puede pedir revisión de lo acordado en la sesión inmediata anterior o solicitar modificaciones en la redacción del acta, antes de ser aprobada. TÍTULO II CAPÍTULO I DEL REGISTRO CIVIL Asiento y Departamentos del Registro, Director General, Oficiales Mayores y Secretario ARTÍCULO 37.- El Registro Civil tendrá su asiento en la Capital de la República y dependerá en forma exclusiva del Tribunal Supremo de Elecciones; se compone de dos Departamentos: uno Civil y otro Electoral, bajo la autoridad de un Director General. Cada Departamento tendrá un Oficial Mayor encargado de extender certificaciones, de ejecutar las órdenes de la Dirección, sobre disciplina y distribución de trabajo, además de las facultades que expresamente les confieran las leyes y reglamentos. La Dirección contará con un Secretario General, con facultades para expedir certificaciones, y a quien corresponderá, además de las funciones propias de su cargo, vigilar por el debido cumplimiento de las disposiciones que emanen del Tribunal o de la Dirección. CAPÍTULO II DE LA SECCIÓN DE ARCHIVO Documentos que deben custodiarse en el Archivo ARTÍCULO 38.- En la sección de Archivo se depositarán para su conservación y custodia, todos los documentos y expedientes que den fundamento a las inscripciones practicadas en el Departamento Civil o en el Electoral, así como cualquier libro o documento que por disposición de la Ley, del Tribunal Supremo de Elecciones o del Director del Registro Civil, deba ser custodiado en esta Sección. Los documentos no deben salir del Archivo ARTÍCULO 39.- En ningún caso se permitirá que salgan del archivo los expedientes, libros o documentos en él depositados, salvo que el Tribunal, el Director, los Oficiales Mayores o los Jefes de Sección del Registro los pidan por escrito. En estos casos se exigirá el recibo correspondiente, el cual se conservará hasta tanto no se verifique la devolución. Incineración de expedientes correspondientes a electores fallecidos o excluidos ARTÍCULO 40.- Los expedientes electorales de ciudadanos que por defunción han sido excluidos de las listas de electores, serán incinerados dos años después de haberse producido la exclusión. CAPÍTULO III DE LA SECCIÓN DE PERSONAL Funciones de la Sección de Personal ARTÍCULO 41.- La Sección de Personal tendrá a su cargo lo relativo al personal del Registro, para lo cual actuará de conformidad con las disposiciones legales atinentes y la reglamentación que al efecto dictará el Tribunal. Entre sus funciones principales estará la de tramitar lo propio a efecto de que el ingreso de los nuevos servidores al Registro lo sea a base de idoneidad y capacidad, previamente comprobadas mediante pruebas que deberán rendir los candidatos. Esta Sección tendrá a su cargo, además, todos aquellos asuntos relativos al personal que le sean encomendados por el Tribunal Supremo de Elecciones o por el Director General del Registro Civil. TÍTULO III CAPÍTULO I DEPARTAMENTO CIVIL Organización del Departamento Civil ARTÍCULO 42.- El Departamento Civil comprende: a) La Sección del Estado Civil. b) La Sección de Opciones y Naturalizaciones. CAPÍTULO II SECCIÓN DEL ESTADO CIVIL Actos y asuntos que deben inscribirse ARTÍCULO 43.- Se inscribirán en el Departamento Civil mediante asientos debidamente numerados, los nacimientos, los matrimonios y las defunciones. Además se anotarán al margen del respectivo asiento, las legitimaciones, los reconocimientos, las adopciones, las emancipaciones, las investigaciones o impugnaciones de paternidad, los divorcios, las separaciones judiciales, las nulidades de matrimonio, opciones y cancelaciones de nacionalidad, las ausencias y presunciones de muerte, las interdicciones judiciales, los actos relativos a la adquisición o modificación de la nacionalidad y la defunción de la persona en el asiento de su nacimiento o de su naturalización. Documentos con los cuales se practican los asientos ARTÍCULO 44.- Las inscripciones se practicarán con fundamento en los documentos que para el caso deben expedir los funcionarios que por ley actúen como Registradores Auxiliares del Registro Civil, o quienes estén investidos de ese carácter; por los párrocos o autoridades eclesiásticas con respecto a las actuaciones propias de su ministerio; por los funcionarios diplomáticos o consulares acreditados ante el Gobierno de Costa Rica, que de acuerdo con los tratados puedan hacerlo; por los funcionarios judiciales o administrativos o por el Patronato Nacional de la Infancia u otra Institución competente, cuando en el ejercicio de sus cometidos dictaren resoluciones firmes, con respecto a hechos del estado civil; por los notarios con respecto a los instrumentos públicos ante ellos otorgados, cuando se refieran también a hechos relativos al estado civil; o con los documentos oficialmente expedidos en otros países siempre que estén debidamente autenticados. Prueba de los hechos relativos al estado civil ARTÍCULO 45.- Lo referente al estado civil, se prueba con la correspondiente inscripción practicada en el Departamento Civil. Prueba supletoria de los hechos referentes al estado civil ARTÍCULO 46.- No hallándose registrados los actos referentes al estado civil o no estándolo en debida forma, se admitirá cualquier especie de prueba conforme lo disponga la ley. Requisitos comunes a todas las inscripciones ARTÍCULO 47.- Toda inscripción debe expresar: a) El lugar, hora, día, mes y año en que se haga; y b) Las declaraciones contenidas en el documento exigido por la ley para la especie de inscripción. Además, deberá ser firmada por el funcionario que la practique. CAPÍTULO III NACIMIENTOS Inscripción de nacimientos ocurridos dentro y fuera del país ARTÍCULO 48.- Todo nacimiento que ocurra en el territorio costarricense debe inscribirse en el Departamento Civil; también se inscribirá el nacimiento ocurrido en el extranjero del hijo de padre o madre costarricense, si así lo solicita la parte interesada. Obligación de declarar los nacimientos ARTÍCULO 49.- Tanto el padre como la madre del recién nacido están en la obligación de declarar el nacimiento de su hijo, ya sea personalmente o por medio de autorización escrita. Corresponde también esa obligación: a) A la persona a cuyo cargo está el niño; b) Al jefe del establecimiento público o de la casa donde el nacimiento haya ocurrido; c) A los abuelos, tíos y hermanos del recién nacido; y d) A quien encontrare un recién nacido abandonado. ARTÍCULO 50.- Término para declarar los nacimientos Dentro del término de un mes de nacida una persona, debe presentarse la declaración ante cualquier registrador del Registro Civil. La declaración de nacimiento se realizará mediante la certificación expedida por el médico, la obstétrica o la enfermera que atendió el parto. A falta de esos documentos, se aceptará la manifestación escrita de las personas a quienes corresponda declarar el nacimiento, conforme al artículo anterior. En todos los casos, a la declaración de nacimiento se le adjuntarán las huellas de las plantas de los pies de la persona recién nacida, con los nombres del padre y la madre. La inscripción del nacimiento de personas mayores de diez años se practicará solo por resolución que así lo disponga, dictada por el Registro Civil, previa comprobación del nacimiento, conforme se establece en el Reglamento del Registro Civil. Esta resolución será consultada ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Así reformado por el artículo 6 de la Ley No.7538 del 22 de agosto de 1995. ARTÍCULO 51.- Requisitos de la inscripción del nacimiento Además de las declaraciones generales, toda inscripción de nacimiento deberá contener las huellas de las plantas de los pies de la persona recién nacida, junto con el nombre de su padre y madre. Deberán constar también los siguientes datos: a) Lugar, hora, día, mes y año del nacimiento. b) Sexo y nombre de la persona recién nacida. c) Nombres, apellidos, estado civil, profesión u oficio, nacionalidad y domicilio de los padres, cuando ambos hayan de ser declarados y en los demás casos, solo los del progenitor que declare el nacimiento. Si la persona de cuya inscripción se trata, ha tenido uno o más hermanas o hermanos del mismo nombre, se declarará su orden en la filiación y se anotarán las partidas de muerte en las inscripciones de nacimiento correspondientes a los hermanos anteriores que lleven el mismo nombre. Así reformado por el artículo 6 de la Ley No.7538 del 22 de agosto de 1995. ARTÍCULO 52.- Requisitos para inscribir el nacimiento de un expósito En la inscripción de nacimiento de un expósito, deberán indicarse: a) Lugar, hora, día, mes y año en que fue hallado, y el nombre de la persona que lo encontró. b) Sexo. c) Edad aparente. d) Cualquier señal o defecto de conformación que lo distinga. e) Cualquier declaración que lo acompañe. f) Los vestidos y la ropa con que fue hallado. g) Cualquier otro detalle que pueda servir para identificarlo. Se adjuntarán, además, en el expediente respectivo, las huellas de las plantas de los pies de la persona recién nacida. Así reformado por el artículo 6 de la Ley No.7538 del 22 de agosto de 1995. Prohíbe la declaración en contrario respecto de hijos de matrimonio ARTÍCULO 53.- No se admitirá declaración en contrario respecto del hijo nacido durante el matrimonio, o en tiempo en que legalmente debe reputarse como nacido dentro de aquél. Excepción al principio de no admitir declaración de paternidad de hijos nacidos fuera de matrimonio ARTÍCULO 54.- Inscripción de hijas e hijos habidos fuera del matrimonio En la inscripción de nacimiento de hijos e hijas habidos fuera del matrimonio, se consignarán la paternidad y la maternidad, si la declaración es hecha por las dos personas que se atribuyen la calidad de progenitores y ambos la firman. El Registrador deberá hacer el apercibimiento a la madre de las disposiciones legales y administrativas establecidas respecto de la declaración e inscripción de la paternidad; asimismo, de las responsabilidades civiles en que pueda incurrir por señalar como tal a quien, después de haberse sometido a las pruebas técnicas respectivas, no resulte ser el padre biológico; además, de las características de la certeza de la prueba de ADN y de la obligatoriedad de practicarse la prueba. Informada la madre y en ausencia de declaración del padre, ella podrá firmar el acta e indicar el nombre del presunto padre. En ese acto, la criatura quedará inscrita bajo los apellidos de su madre. Al presunto padre se le citará mediante notificación, para que se manifieste al respecto dentro de los diez días hábiles a partir de la notificación, y se le prevendrá de que la no manifestación de oposición al señalamiento de paternidad dará lugar al reconocimiento administrativo de la filiación. En caso de que al apersonarse no acepte la paternidad del menor, se dará solo una cita gratuita a la madre, a la criatura y al padre señalado, para que acudan a realizarse un estudio comparativo de marcadores genéticos, ante los laboratorios de la Caja Costarricense de Seguro Social acreditados por el Ente Nacional de Acreditación de Laboratorios (ENAL); mediante este estudio quedará definido si la afiliación señalada es cierta. La Caja Costarricense de Seguro Social tendrá la obligación de garantizar la cadena de custodia de la prueba, así como de comunicar al Registro Civil los resultados de la prueba. Si el presunto padre no se apersona o si se niega a llevar a cabo la prueba genética, procederá aplicar la presunción de paternidad y dará lugar para que así se declare, administrativamente, y se inscriba con los apellidos de ambos progenitores, siempre y cuando la madre y el niño o la niña se hayan presentado a realizarse la prueba. Dicha declaración administrativa otorgará las obligaciones legales propias de la paternidad. Inscrita la declaración administrativa de la paternidad, el progenitor o sus sucesores podrán tramitar, en la vía judicial, un proceso de impugnación de la paternidad declarada administrativamente. Este trámite no suspenderá la inscripción del menor. Contra la resolución administrativa que determine presuntivamente la paternidad, no cabrá recurso administrativo alguno. Contra esa resolución no cabrá, en vía judicial o administrativa, el incidente de suspensión de ejecución ni cualquier otra medida cautelar tendiente a enervar sus efectos. (Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 8101, de 16 de abril de 2001.) ARTÍCULO 54 bis.- Notificaciones Para los casos de los procesos de reconocimiento de paternidad, el Registro Civil se ajustará a las disposiciones de la Ley de notificaciones, citaciones y otras comunicaciones, Nº 7637, de 21 de octubre de 1996. Para estos efectos, toda notificación deberá realizarse en forma personal y las que se efectúen en forma contraria carecerán de toda validez y eficiencia jurídicas. (Así adicionado por el artículo 2º de la Ley Nº 8101, de 16 de abril de 2001.) CAPÍTULO IV MATRIMONIOS Inscripción de matrimonios celebrados dentro y fuera del país ARTÍCULO 55.- Todo matrimonio que de acuerdo con la ley se celebre en el territorio costarricense, debe inscribirse en el Departamento Civil; los que se celebren en el extranjero, entre costarricenses o entre un costarricense y un extranjero pueden inscribirse a solicitud de parte interesada. ARTÍCULO 56.- Derogado por el artículo 3 de Ley No. 5476 del 21 de diciembre de 1973. Matrimonios celebrados por la Iglesia Católica. Obligación de declararlos ARTÍCULO 57.- Tanto las autoridades de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, como los funcionarios competentes para celebrar matrimonios, están en la obligación de declararlos al Registro Civil en el curso del mes siguiente. Requisitos de la inscripción de matrimonios ARTÍCULO 58.- En la inscripción del matrimonio, además de las declaraciones generales, deben consignarse: a) Nombres, apellidos y generales de los cónyuges, con indicación de su estado civil anterior; b) Nombres, apellidos y nacionalidad de los progenitores de los contrayentes, si fueren conocidos; c) Nombres, apellidos y generales del funcionario y testigos ante quienes se hubiere celebrado el matrimonio; y d) Lugar, hora, día, mes y año, edificio público o particular en que el matrimonio se hubiere celebrado. Si hubiere habido dispensa o hubiere sido necesario el consentimiento de quien ejerciere la patria potestad o la tutela, se harán constar esas circunstancias. CAPÍTULO V DEFUNCIONES Inscripción de defunciones ocurridas dentro y fuera del país ARTÍCULO 59.- Toda defunción que ocurra en el territorio nacional debe inscribirse en el Departamento Civil; la que ocurriere en el extranjero de un costarricense, de su cónyuge, de sus hijos o de sus padres consanguíneos o afines se inscribirá también, a solicitud de parte interesa. Obligación de declarar las defunciones ARTÍCULO 60.- Están en la obligación de declarar las defunciones a la mayor brevedad o de comunicarlo al Departamento Civil en su caso: a) Los Registradores Auxiliares del Departamento Civil y los Tesoreros de las Juntas de Protección Social, con respecto a las que se les declaren o informen en razón de sus cargos. b) Los parientes más próximos de la persona fallecida; cónyuge, padres, hijos y hermanos; c) Las personas que tengan noticia cierta del fallecimiento, así como las autoridades civiles, militares, fiscales y eclesiásticas que tuvieren conocimiento de inhumaciones practicadas en lugares distintos a los cementerios autorizados; y d) Los capitanes de naves y las personas que las presenciaren, con respecto a las que ocurrieren a bordo, durante la navegación; si hubiere sido en jurisdicción de la República, o viaje hacia ella, la declaración se hará ante un Registrador del Registro Civil; y si el viaje fuere con destino al extranjero, la declaración se hará ante un Agente Diplomático o Consular de Costa Rica, si se tratare de un costarricense. Requisitos de la inscripción de defunciones ARTÍCULO 61.- La inscripción de defunción, además de las declaraciones generales, mencionará si fuere posible: a) El lugar, hora, día, mes y año del fallecimiento; b) El nombre, sexo, apellidos, edad, nacionalidad, número de cédula de identidad y domicilio correspondiente al difunto; c) Los nombres, domicilio, nacionalidad y profesión de los padres del muerto, si de ello hubiere noticia; d) El nombre del cónyuge, consignándose si vive o no; y e) La enfermedad o causa de la muerte, si fuere conocida. Requisitos de la inscripción de defunción de persona no identificada ARTÍCULO 62.- Si se tratare de la defunción de persona no identificada, la inscripción expresará: a) El lugar, hora, día, mes y año en que fue hallado el cadáver; b) El estado en que se hallare; c) El sexo y la edad que represente; y d) Los datos referentes al vestido que tenía y cualesquiera otras circunstancias o indicios que pudieran servir para identificarlo. Si posteriormente se identificare la persona fallecida se completará la inscripción con los nuevos datos. CAPÍTULO VI LEGITIMACIONES, RECONOCIMIENTOS, EMANCIPACIONES, ADOPCIONES, DIVORCIOS, ETC. ARTÍCULO 63.- Los actos de legitimación, reconocimiento, filiación, divorcio, separación judicial, nulidad de matrimonio, ausencia, presunción de muerte, interdicción judicial, adopción, naturalización y opción o cancelación de nacionalidad, se inscribirán de oficio, a solicitud del interesado o de quien lo represente, o por mandamiento de la autoridad competente y deben constar al margen del respectivo asiento. Así reformado por el artículo 4 de la Ley No.5476 del 21 de diciembre de 1973. CAPÍTULO VII RECTIFICACIONES DE LOS ASIENTOS DEL REGISTRO OCURSOS Cancelación de asientos ARTÍCULO 64.- Las inscripciones hechas en el Registro, cuando resultare la evidencia de haberse incurrido en algún vicio que implique nulidad, o de que los datos que sirvieron para practicar el asiento contenían alguna falsedad, deberán ser canceladas por el Director del Registro, de oficio, o a solicitud de parte interesada. Para que sea procedente la cancelación, es indispensable que previamente se consigne al margen del asiento respectivo una nota de advertencia y se llenen los trámites que indican los artículos 66 y 67. La cancelación no perjudicará a tercero de buena fe, sino a partir de la fecha de la indicada anotación marginal. La resolución final del Registro, de no ser apelada, se elevará en consulta al Tribunal Supremo de Elecciones. Forma de hacer modificaciones en el Departamento del Estado Civil ARTÍCULO 65.- Las enmiendas o modificaciones en las inscripciones del Departamento del Estado Civil, se harán en virtud de sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Elecciones en vía de ocurso o por sentencia dictada por los Tribunales Civiles en juicio ordinario. No obstante el Registrador General rectificará mediante resolución los errores puramente materiales o de copia en los asientos, cuando en el despacho exista el documento original que demuestre el error, pero la rectificación podrá ser revocada a su vez, si parte interesada demuestra al Registrador motivo justo. Igualmente el Registrador General rectificará, a petición de parte interesada, los asuntos referentes a esta, a sus causantes o a quienes representen legalmente, siempre que se trate de simples errores ortográficos, o de errores en los nombres, apellidos o sexo, si de las alegaciones que se le hicieren o documentos que se le presentaren fuere evidente que se trata de una simple equivocación. La rectificación deberá ordenarse por resolución que se publicará en el Diario Oficial; podrá revocarse en cualquier momento, si parte interesada se opusiere a ella, y en ningún caso perjudicará a tercero, cualquiera que sea el tiempo transcurrido. La rectificación se hará constar al margen del asiento respectivo, con indicación de la resolución que la ordenó. Rectificación de errores y su tramitación en el Registro Civil ARTÍCULO 66.- Cuando el Registrador tuviere conocimiento de un error que no sea de los que indican los párrafos segundo y tercero del artículo anterior, pondrá en el asiento respectivo una nota marginal de advertencia, y publicará por tres veces en el Diario Oficial un aviso sobre el particular para que los interesados, dentro de ocho días posteriores a la primera publicación, aleguen sus derechos. Vencido el término indicado se agregará a las diligencias en todo caso, una certificación del asiento; y si los hubiere, los documentos o alegatos presentados por los interesados, así como las indicaciones que estime pertinentes el Director, el cual enviará al Tribunal los autos, para su resolución definitiva. La resolución que dicte el Director elevando los autos al conocimiento del Tribunal, se notificará a los interesados que se hubieren apersonado. Término para resolver el ocurso en el Tribunal. Efectos de la resolución ARTÍCULO 67.- Dentro de los quince días siguientes al recibo de lo actuado y las certificaciones de los asientos conducentes del Registro, el Tribunal dictará la resolución que corresponda. Dictada la resolución por el Tribunal, se devolverán los autos al Registro, para su ejecución. Intervención de representantes en caso de menores o inhábiles ARTÍCULO 68.- Si hubiere menores interesados en los casos anteriores, se dará audiencia al respectivo representante y al Patronato Nacional de la Infancia. Si se tratare de inhábiles se dará audiencia a su representante o en su defecto a la Procuraduría General de la República, para que se apersonen en su nombre. CAPÍTULO VIII CALIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y DENEGACIÓN DE INSCRIPCIONES Suspensión de la inscripción o anotación de documentos. Recursos ARTÍCULO 69.- El Registrador General podrá suspender la inscripción o anotación marginal de los documentos que se le presenten, cuando a su juicio no reúnan los requisitos y formalidades necesarios y avisará por el periódico oficial a los interesados. Si el interesado no se conformare con la suspensión, podrá en cualquier tiempo solicitar por escrito en papel sellado correspondiente, y exponiendo los motivos en que se apoye, la revocatoria de la orden o la denegación formal de la inscripción. El Registrador resolverá lo que estime conveniente. Si accede a la revocatoria, mandará practicar el asiento; en caso contrario, remitirá el expediente al Tribunal, previa notificación a las partes que hubieren indicado casa con ese objeto. Trámite de estos asuntos en el Tribunal ARTÍCULO 70.- Dentro de los ocho días siguientes al recibo del documento y actuaciones, el Tribunal dictará la resolución que corresponda. Dictada la resolución, se procederá conforme al párrafo último del artículo 67. CAPÍTULO IX SECCIÓN DE OPCIONES Y NATURALIZACIONES Solicitudes ante la Sección de Opciones y Naturalizaciones ARTÍCULO 71.- Todas las actuaciones relativas a adquisición, recuperación, modificación o pérdida de nacionalidad, se tramitarán en la Sección de Opciones y Naturalizaciones. TÍTULO IV CAPÍTULO I DEPARTAMENTO ELECTORAL Organización del Departamento Electoral ARTÍCULO 72.- El Departamento Electoral comprende las siguientes secciones: a) De estudios y resoluciones; b) De cédulas y fotografías; y c) De padrones e índices. Funciones del Departamento Electoral ARTÍCULO 73.- El Departamento Electoral tiene a su cargo las siguientes funciones: a) Expedir las cédulas de identidad; b) Empadronar a todos los electores; c) Formar la lista general de electores o Padrón Nacional Electoral; d) Confeccionar el padrón-registro y el padrón fotográfico para cada Junta Receptora de Votos; e) Dar cumplimiento a las sentencias judiciales en cuanto afecten los derechos políticos y resolver las gestiones para recobrarlos cuando se compruebe la extinción de la responsabilidad penal; f) Preparar el material electoral para toda elección o plebiscito; g) Llevar el registro de tarifas y de las horas de trabajo de las radio- emisoras para la propaganda político-electoral de los partidos políticos inscritos, y de las imprentas de servicio público y periódicos que no sean órganos oficiales de un partido político determinado, de acuerdo con lo que disponga el Código Electoral; h) Mantener libre de inexactitudes y deficiencias el Padrón Nacional Electoral; i) Llevar un registro correspondiente a la presentación de solicitudes de cédula y a las solicitudes que impliquen modificación en las listas de electores; y j) Cualquier otra que le encomiende la ley. CAPÍTULO II SECCIÓN DE ESTUDIOS Y RESOLUCIONES Funciones de la Sección de Estudios y Resoluciones ARTÍCULO 74.- Corresponde a esta Sección el estudio de las solicitudes tendientes a la expedición de cédula de identidad y a las inclusiones, exclusiones o traslados de los electores, y la revisión constante de las listas de electores a efecto de mantenerlas depuradas. Asimismo le incumbe dictar las resoluciones interlocutorias y definitivas. ARTÍCULO 75.- Requisitos para solicitar cédula, inscripción y traslado Establécense los siguientes trámites para las solicitudes y renovaciones de cédulas y traslados de domicilio: a) La identidad de quien solicite cédula por primera vez deberá ser corroborada por sus padres, abuelos, hermanos o por dos testigos, identificados con su cédula de identidad, quienes deberán ser apercibidos de que, en caso de falsedad de identificación, incurrirán en el delito de falsificación de documento público, tipificado en el artículo 357 del Código Penal. Si la persona que pide cédula de identidad no estuviere inscrita en las listas electorales, el Registro incluirá de oficio su nombre en el domicilio que indique la solicitud. b) La cédula de identidad deberá solicitarse personalmente, en los formularios o por los medios que disponga el Tribunal Supremo de Elecciones. La solicitud será firmada por el interesado quien, además, deberá imprimir la huella dactilar por lo menos de un dedo de cualquiera de sus manos, salvo imposibilidad física absoluta que se hará constar. La firma no requerirá autenticación si el solicitante se identificare con su cédula de identidad anterior, aunque esté caduca; tampoco si el funcionario encargado de recibir la solicitud pudiere verificar la identidad con datos o información del Registro Civil. En caso contrario, la firma deberá ser autenticada con la firma y sello de un abogado o de un funcionario público autorizado por el Tribunal. El solicitante será responsable por la veracidad de los datos consignados en la solicitud. La inexactitud total o parcial de elementos esenciales para identificarlo, aparte de causar la nulidad absoluta de la cédula de identidad que se extienda con base en esa información, hará incurrir al solicitante en el delito de falsedad ideológica, previsto y sancionado por el artículo 358 del Código Penal. c) En un formulario especial o por lo medios disponibles, el elector inscrito que cambie de domicilio deberá solicitar ante el Registro Civil, el traslado de su inscripción electoral al nuevo domicilio; para ello, deberá indicar su nombre y número de cédula de identidad, el distrito electoral de su inscripción y a cuál distrito desea ser trasladado. En esa solicitud deberán constar, además, la huella dactilar y la firma del interesado, debidamente autenticada por un abogado o por un funcionario público autorizado. Las oficinas regionales y los ceduladores ambulantes estarán obligados a recibir todas las solicitudes de cédula o de traslado de electores y enviarlas inmediatamente al Registro Civil. Deberán extender el recibo donde consten la hora y fecha de recepción, en los formularios que el Tribunal les suministrará. Así reformado por el artículo 5 de la Ley No.7653 del 10 de diciembre de 1996. ARTÍCULO 76.- Quienes hayan de cumplir dieciocho años de edad a la fecha de una elección de Presidente y Vicepresidentes de la República, podrán si han alcanzado ya la edad de dieciséis años, solicitar anticipadamente su cédula y ser inscritos como electores. Tales inscripciones no quedarán firmes sino hasta que la persona alcance la referida edad de dieciocho años, momento a partir del cual podrá ser retirada la cédula de identidad por cada interesado. Los costarricenses naturalizados que cumplan los doce meses de haber obtenido su naturalización dentro de los seis meses anteriores a una elección, se inscribirán como electores si ya les hubiere sido expedida su cédula de identidad. Así reformado por el artículo 1 de la Ley No.4859 del 7 de octubre de 1971. Formalidades de las solicitudes o reclamaciones ARTÍCULO 77.- A las solicitudes o reclamaciones que se presenten al Registro deberá acompañarse la prueba necesaria. Las solicitudes que se refieran a expedición de cédula, inclusión electoral y traslado de domicilio, sólo se admitirán en las fórmulas especiales que el Registro Civil distribuirá gratuitamente a los ciudadanos y partidos políticos, en cantidad suficiente a juicio del mismo. El Registro y el Tribunal tomarán las providencias del caso para que haya siempre cantidad disponible de esas fórmulas. Numeración de las solicitudes. Solicitudes colectivas (*) ARTÍCULO 78.- (*) A cada solicitud, se le pondrá el número de orden de presentación, la hora y fecha de recibida. Inmediatamente después se procederá a confeccionar la respectiva tarjeta conforme al inciso 10) del artículo 73. Solamente los partidos políticos legalmente inscritos tendrán derecho a presentar solicitudes de cédula de identidad o de traslado de domicilio electoral, que se refieran a diferentes ciudadanos, siempre que el número que se presente cada día, no exceda de 500. Estas solicitudes deberán presentarse ante la Secretaría del Registro o la Oficialía Mayor Electoral del Departamento Electoral y se tomarán las providencias que sean del caso para evitar que los empleados identifiquen el Partido Político a que pertenezcan. No se recibirán solicitudes con señales o distintivos que revelen la intención de identificar la inclinación política del solicitante. Las que fueren recibidas no obstante esta prohibición, se rechazarán mediante la correspondiente resolución. Tampoco podrá referirse cada solicitud a más de un caso o expediente. (*) NOTA: Conforme al artículo 6 y la disposición transitoria de la Ley No.7653 del 10 de diciembre de 1996, el presente artículo se tendrá por derogado a partir de la fecha, en que el Tribunal Supremo de Elecciones dé por abierto el proceso electoral del año 2002. Resoluciones interlocutorias ARTÍCULO 79.- A las solicitudes que adolezcan de defectos formales o estén carentes de la correspondiente documentación, no se les dará curso, y serán apartadas con resolución interlocutoria en la que habrá de indicarse el defecto o defectos de que adolezcan, refiriéndolos por medio de la letra correspondiente a la clave que para tales casos el Registro haya hecho de conocimiento público. Orden en que se dictan las resoluciones ARTÍCULO 80.- Las solicitudes o reclamaciones que reúnan los requisitos legales serán resueltas en el orden riguroso de su presentación. Sin embargo, se resolverán de preferencia, por el orden de presentación entre ellas, las que impliquen inscripción en el Padrón Electoral. Término dentro del cual no pueden el Registro y el Tribunal dictar resolucionesmodificatorias de las listas de electores; facultad del Director para corregir errores ARTÍCULO 81.- En los cuatro meses anteriores a una elección no recibirá el Registro Civil gestión alguna que pueda modificar las listas de electores. Dentro de los tres meses anteriores a una elección, no podrán el Registro ni el Tribunal dictar resolución alguna que modifique las listas de electores. Sin embargo, el Director podrá corregir los errores que figuren en las listas, y además, cancelar las inscripciones de personas fallecidas, siempre que en ambos casos se haya producido la respectiva resolución firme; y pueda hacerlo hasta el mismo día de la elección dirigiendo nota o telegrama a la correspondiente Junta Receptora de Votos. De dichas comunicaciones enviará copia inmediata al Tribunal Supremo de Elecciones y a los partidos políticos. Publicación de la nómina de inclusiones, exclusiones y traslados, mensual en un caso y diario en otro ARTÍCULO 82.- El Director del Registro hará publicar mensualmente nóminas de todas las inclusiones, exclusiones y traslados firmes, con la cita respectiva del lugar en cuyo padrón se haya hecho la operación. Tales publicaciones se harán diariamente desde el día de la convocatoria a elecciones hasta el día en que cese todo movimiento en las listas o nóminas para dichas elecciones. Las publicaciones deberán hacerse en listas que se exhiban en el local del Registro, y de ellas se entregará copia a los Partidos Políticos inscritos en escala nacional. Cancelación por defunción ARTÍCULO 83.- Conforme se produzca la inscripción de defunciones, la Sección respectiva lo comunicará sin pérdida de tiempo a la Sección de Estudios y Resoluciones, con todos los datos necesarios, para que se proceda de oficio a las cancelaciones. Corresponde a esta Sección procurarse los datos que no le hubieren sido suministrados y que fueren necesarios para resolver. La cuenta cedular y la ficha del padrón de las personas fallecidas se cancelarán y archivarán. En la ficha respectiva del índice de nacimientos, se anotará la defunción. De otras resoluciones. Comunicación a la Sección de Padrones e Índices ARTÍCULO 84.- Firmes las resoluciones que concedan cédulas de identidad, traslados, inclusiones, exclusiones, o rectificaciones electorales, serán comunicadas de inmediato con todos los datos necesarios a la Sección de Padrones e Índices, para que proceda a practicar la operación correspondiente. Queda a cargo de esa Sección procurarse los datos necesarios para su trabajo, que no le hubieren sido suministrados. Si notare cualquier deficiencia deberá darle aviso inmediato al Superior. Cancelación de las inscripciones electorales, por caducidad de la cédula ARTÍCULO 85.- Al caducar la cédula del elector correspondiente, se suprimirán del padrón las inscripciones electorales conforme a los dispuesto en el Artículo 94. Confección de expedientes en cada caso y su archivo ARTÍCULO 86.- Se hará un solo expediente de la documentación que corresponda a las solicitudes de cada ciudadano y se archivará. No se expedirá cédula primera vez o duplicado, en el caso de que el respectivo expediente no esté completo y no comprenda constancia de que no existe defunción inscrita. Obligación de comunicar al Registro sentencias que suspenden la ciudadanía y caso en que el Registro actuará de oficio ARTÍCULO 87.- Toda sentencia judicial que modifique los derechos políticos o electorales de los ciudadanos, deberá ser comunicada por el Juez de la causa, tan pronto como quede firme, al Registro Civil, para su inmediato acatamiento. El Director del Registro, ordenará su ejecución, en la forma que corresponda de acuerdo con lo resuelto, y serán practicadas sin demora las anotaciones o inscripciones pertinentes. CAPÍTULO III SECCIÓN DE CEDULAS Y FOTOGRAFIAS Funciones de esta Sección ARTÍCULO 88.- Corresponde a esta Sección: a) Confeccionar las tarjetas cedulares; b) Hacer, ordenar o recibir, según el caso, la fotografía de los ciudadanos; c) Expedir las cédulas de identidad; d) Custodiar el tarjetero cedular y el fichero fotográfico; e) Confeccionar los correspondientes Padrones Fotográficos para identificar a los electores en el curso de la votación; y f) Las demás funciones que disponga la Ley o el Tribunal. ARTÍCULO 89.- Todo costarricense de uno u otro sexo, mayor de dieciocho años o emancipado, tiene obligación ineludible de adquirir su cédula de identidad. Así reformado por el artículo 1 de la Ley No.4859 del 7 de octubre de 1971. Datos que debe contener la solicitud de cédula de identidad ARTÍCULO 90.- Toda solicitud de cédula de identidad debe contener los siguientes datos: a) Nombre y apellidos legales del solicitante, y si fuere conocido con nombres y apellidos diferentes, lo hará constar así; b) Sexo; c) Profesión u oficio; d) Lugar de nacimiento indicado distrito, cantón y provincia; e) Fecha de nacimiento; f) Si es costarricense por nacimiento, por opción o por naturalización (si es por opción se indicará el tomo y el número del asiento; y si es por naturalización, el número y fecha del acuerdo y resolución respectivos); g) Si sabe leer, escribir o al menos firmar; h) Nombre y apellidos legales del padre y de la madre; i) Estado Civil (si es casado, separado judicialmente, divorciado o viudo, expresar nombre y apellidos legales de quien es o fue el cónyuge); j) Domicilio (indicar provincia, cantón, ciudad, villa, distrito o caserío, y de ser posible calle o avenida y número de la casa donde vive o dar las señas referidas a un punto conocido); k) Lugar y fecha en que se hace la solicitud; l) Firma del solicitante o de la persona que lo haga a su ruego, si no supiere firmar o no pudiere por impedimento físico; y autenticación de la firma en la forma que exige esta ley; y m) Oficina en que desea retirar su cédula. ARTÍCULO 91.- Fotografías Las solicitudes de cédula deberán gestionarse en la sede del Registro Civil, en cualquiera de sus oficinas regionales o ante los funcionarios designados para ese efecto. Para emitir el documento de identidad, las fotografías serán tomadas con métodos y técnicas mecánicos e informáticos, según los requerimientos que establezcan oportunamente el Tribunal y el Registro Civil. Si se solicitare renovación de la cédula por caducidad o deterioro, se adjuntará la cédula en uso cuando fuere posible. Así reformado por el artículo 5 de la Ley No.7653 del 10 de diciembre de 1996. Formalidades para la entrega al solicitante ARTÍCULO 92.- La entrega de la cédula se hará personalmente al interesado previa identificación del mismo, en el Registro o por el funcionario judicial, Oficina Regional o Delegado que el Tribunal designe. El que reciba la cédula deberá firmar la razón correspondiente en presencia del funcionario que la entrega. Si no supiere firmar, lo hará otra persona a ruego. ARTÍCULO 93.- Cédula de identidad La cédula de identidad contendrá la información necesaria, a juicio del Tribunal Supremo de Elecciones, para identificar, conforme a derecho, plenamente a su portador. Para confeccionar y emitir este documento, el Tribunal y el Registro Civil utilizarán las técnicas más avanzadas y seguras para la identificación personal. Así reformado por el artículo 5 de laLey No.7653 del 10 de diciembre de 1996. ARTÍCULO 94.-Término de validez de la cédula de identidad El término de validez de la cédula de identidad será de diez años a partir de la fecha de su emisión. Transcurrido ese término, se considerará vencida y caduca para todo efecto legal y, de oficio, se cancelará la inscripción del ciudadano como elector. Sin embargo, cuando los diez años referidos se cumplan dentro del término de doce meses anteriores a la fecha de una elección, la cédula de identidad y la inscripción del ciudadano como elector permanecerán válidas, en todos sus efectos hasta el día de la elección inclusive. Así reformado por el artículo 5 de la Ley No.7653 del 10 de diciembre de 1996. Actos en que es obligatoria la presentación de la cédula ARTÍCULO 95.- La presentación de la cédula de identidad es indispensable para: a) Emitir el voto; b) Todo acto o contrato notarial; c) Iniciar gestiones o acciones administrativas o judiciales; d) Firmar las actas matrimoniales, ya sean civiles o católicas; e) Ser nombrado funcionario o empleado del Estado, sus instituciones y municipalidades; f) Formalizar contratos de trabajo; g) Firmar obligaciones a favor de instituciones autónomas, semiautónomas o de las Juntas Rurales de Crédito y Oficinas de Ayuda al Agricultor; h) Obtener pasaporte; i) Formalizar el Seguro Social, sin que esta disposición pueda amparar al patrono de las consecuencias que la ley y Reglamento de la Caja Costarricense de Seguro Social le imponen; j) Recibir giros del Estado, municipalidades e instituciones autónomas o semiautónomas; k) Matricular los padres o encargados a sus hijos o pupilos en escuelas y colegios, públicos o privados; l) Obtener o renovar la licencia de conductor de vehículos; y m) Cualquier otra diligencia u operación en que sea del caso justificar la identidad personal. En las actuaciones de las personas jurídicas se presentará la cédula del respectivo personero. En las escrituras públicas, en los contratos privados, en los expedientes administrativos y judiciales, pagarés y certificados de prenda, deberá consignarse el número de la cédula de las partes. En los Tribunales de Justicia, los litigantes gozarán de dos meses para presentar su cédula, y vencido ese término sin que hayan observado este requisito, o logrado una prórroga del plazo, no se les atenderán sus posteriores gestiones. No producirá nulidad de actuaciones la sola circunstancia de falta de presentación oportuna de la cédula. Los Tribunales de Justicia, en casos muy calificados, y tomando en cuenta los motivos de impedimento aducidos por el litigante, quedan facultados para prorrogar el plazo de dos meses arriba indicado, con el fin de evitar denegatoria de justicia a quien esté imposibilitado para exhibir su cédula. Sanciones por falta de cédula ARTÍCULO 96.- Los funcionarios o empleados del Gobierno Central, municipalidades, instituciones autónomas o semiautónomas, que no exijan la presentación de la cédula de identidad, serán sancionados con suspensión de sus cargos, sin goce de sueldo, por ocho días la primera vez y quince días las veces siguientes, si bien a partir de la tercera vez podrán ser destituidos de sus funciones siendo esta causa justa. Quienes omitan la presentación de la cédula no podrán llevar a cabo los actos a que se refiere, el artículo anterior y el incumplimiento de su portación, será sancionado con una multa de veinticinco colones (¢25.00) la primera vez, cincuenta colones (¢50.00) la segunda y cien colones (¢100.00) las siguientes. La imposición de esta multa estará a cargo de los Agentes Judiciales, Jefes Políticos o Agentes Principales de Policía. Sanción para quien no mostrare su cédula a requerimiento de autoridad, y para quien usare o poseyere cédula ajena ARTÍCULO 97.- Quien sin razón justificada no hubiese obtenido su cédula de identidad, incurrirá en las penas que prescribe el artículo 139 del Código de Policía y quien usare o poseyere indebidamente una cédula ajena, incurrirá en las sanciones del artículo 154 del Código Electoral. CAPÍTULO IV SECCIÓN DE PADRONES E ÍNDICES Formación de la lista general de electores y Padrón-Registro ARTÍCULO 98.- Corresponde a esta Sección confeccionar la lista general de electores así como el Padrón-Registro para uso de cada Junta Receptora de Votos, y los índices del Registro. Forma de hacer la inscripción de electores. Sistema de tarjetas ARTÍCULO 99.- La inscripción de electores se hará en tarjetas perforadas, mediante el sistema de máquinas eléctricas, o mediante grabación de datos en discos o cintas magnéticas. Con fundamento en esas tarjetas o datos gravados serán confeccionadas las listas de los electores, tanto la provisional como la definitiva, lo mismo que el padrón-registro, para uso de cada junta receptora de Votos. El Tribunal tendrá bajo su custodia, una reproducción exacta de todas esas tarjetas o cintas grabadas, y el Registro Civil deberá comunicar al Tribunal, cada ocho días, las modificaciones, a fin de mantener dicha reproducción al día. Así reformado por el artículo 1 de la Ley No.6643 del 9 de setiembre de 1981. ARTÍCULO 100.- La tarjeta de inscripción electoral contendrá los siguientes datos: nombre y apellidos, sexo, número de cédula de identidad, su distrito electoral y cualquier otro dato que se considere necesario. De cada tarjeta de inscripción se harán copias exactas y suficientes a fin de mantener al día el índice alfabético general, y para cualquier otro propósito. Así reformado por el artículo 1 de la Ley No.4859 del 7 de octubre de 1971. Operaciones en el tarjetero cuando sobrevengan circunstancias modificatorias de la inscripción ARTÍCULO 101.- Las modificaciones de la inscripción de un elector en el tarjetero electoral, se harán así: en los casos de rehabilitación se confeccionará e incluirá la tarjeta correspondiente; en los casos de rectificación y cambio de domicilio la tarjeta afectada será sustituida por otra que contenga las modificaciones ordenadas; y para los casos de inhabilitación, ausencia legalmente declarada, interdicción judicial, muerte o declaración judicial de presunción de muerte y pérdida de la nacionalidad se marcará la tarjeta correspondiente, con un sello visible. Las tarjetas retiradas, sustituidas o inutilizadas, se agregarán al expediente respectivo y en los casos de defunción a la cuenta cedular correspondiente. En el índice general se efectuarán las modificaciones así: cuando se trate de rehabilitación, se sustituirá la tarjeta en que consta la inhabilitación por otra que no tenga esa anotación; en los casos de rectificación o cambio de domicilio se reemplazará la tarjeta existente por otra que contenga las modificaciones ordenadas; y en los demás casos mencionados en el párrafo anterior, se anotará en la tarjeta el dato correspondiente. Inscripción alfabética de electores por distritos electorales. Índices Generales de Electores y de solicitudes rechazadas ARTÍCULO 102.- La inscripción de electores se hará por distritos electorales en estricto orden alfabético. Además, el Registro mantendrá al día un índice general de inscripción de electores en riguroso orden alfabético donde constarán los nombres, apellidos y número de cédula de identidad de todas las personas inscritas, así como el distrito electoral al cual pertenece cada una. De la misma manera se mantendrá un índice general de solicitudes rechazadas, ya fueren de cédula, de inclusión o de traslado de manera que permita su fácil localización. Ese índice deberá incluir el número del expediente respectivo. Las fichas perforadas correspondientes al padrón, serán de color especial y llevarán en facsímil la firma del Director. Los expedientes de solicitudes rechazadas y los respectivos índices, serán incinerados un año después de verificada cada elección nacional. Así reformado por el artículo 1 de la Ley No.4859 del 7 de octubre de 1971. Cómo se forma la lista general de electores ARTÍCULO 103.- La lista general de electores se forma tomando en cuenta todas las inscripciones practicadas, las nuevas inclusiones, exclusiones, traslados y rectificaciones efectuadas mediante resolución firme. TÍTULO V CAPÍTULO UNICO DE LAS NOTIFICACIONES Y DE LOS TERMINOS Notificaciones de las resoluciones del Registro Civil ARTÍCULO 104.- Las resoluciones que dictare el Registro en materia civil o de opciones y naturalizaciones, se notificarán mediante nota certificada dirigida a la casa señalada para notificaciones en la ciudad de San José; o bien en forma personal al interesado o a su apoderado, cuando se presentaren al Registro para ser notificados, y mediante acta que firmará el Jefe de la Sección respectiva, que para el caso tiene fe pública, y el notificado si lo desea. Las que dicte en materia electoral, lo serán mediante exposición de copia literal o en lo conducente de la resolución, en el sitio señalado para tal fin en el Registro, durante un mínimo de cinco horas de labor ordinaria, correspondientes al mismo día. Cuándo se tendrán por notificadas las resoluciones ARTÍCULO 105.- La notificación se tendrá por practicada: en lo civil y en opciones y naturalizaciones al día siguiente de haberse hecho la notificación personalmente; o cinco días después de haberse entregado la nota al correo para ser certificada; o tres días después de haberse dictado la resolución, cuando no se hubiere indicado casa para notificaciones. En lo electoral al día siguiente de la exposición de la copia. Notificación de los acuerdos y resoluciones del Tribunal. Publicación ARTÍCULO 106.- Los acuerdos y resoluciones que dictare el Tribunal, en materia civil o electoral, se notificarán a los interesados personalmente o mediante el envío de copia literal, o en lo conducente, por nota certificada u otro medio que use la Dirección Nacional de Comunicaciones. Las publicaciones de carácter electoral que esta ley ordena se harán siempre en el Diario Oficial. El Tribunal publicará sus resoluciones en ese diario cuando lo estime conveniente. Así reformado por el artículo 2 de la Ley No.6833 del 21 de diciembre de 1982. Forma de contar los términos ARTÍCULO 107.- En los términos por días no se contarán los inhábiles y los términos por meses o años se contarán de fecha a fecha, conforme al calendario usual. En todo término el día de vencimiento se tendrá por concluido en el instante en que, según el reglamento respectivo, deba cerrarse el despacho ordinario del Registro Civil o del Tribunal de acuerdo con el reloj de cada una de esas Oficinas. Si el día final de un término fuere inhábil, se tendrá por prorrogado hasta el día hábil siguiente. Los términos, si la ley no determinare otro punto de partida, comenzarán a correr al día siguiente de notificado el acuerdo o resolución. TÍTULO VI (*) SANCIONES ARTÍCULO 108.-(*) Inhabilitación absoluta Será sancionado con inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos de uno a seis años: a) El Director o funcionario del Registro Civil que contravenga lo señalado en los artículos 98 a 103 inclusive. b) Los funcionarios comprendidos en el artículo 83, que no entreguen al Registro Civil la lista diaria que ordena ese artículo para la rectificación ininterrumpida del Padrón Electoral. c) Los funcionarios comprendidos en el artículo 87, que no comuniquen al Registro Civil sus acuerdos o resoluciones dentro de los tres días posteriores a su firmeza. ARTÍCULO 109.-(*) Prisión de uno a doce meses Será sancionado con pena de prisión de uno a doce meses: a) El Director o funcionario del Registro Civil que desacate lo dispuesto en los artículos 75, 80, 81 y 99. b) El Gobernador, Delegado Cantonal o Delegado Distrital que incumpla lo dispuesto en el artículo 75. c) El testigo que falte a la verdad al identificar a una persona, según lo señalado en el artículo 75." (*) Nota: El presente título y los artículos 108 y 109 se adicionaron por disposición del artículo 7 de la Ley No.7653 del 10 de diciembre de 1996, que también dispuso correr la numeración de los títulos y artículos siguientes. TÍTULO VII CAPÍTULO UNICO DISPOSICIONES GENERALES Forma de las resoluciones del Registro. Quienes las firman ARTÍCULO 110.- Las resoluciones del Registro Civil serán firmadas por el director y por el jefe de la respectiva sección. Cuando las circunstancias lo ameriten, el Tribunal Supremo de Elecciones podrá autorizar, por acuerdo que se publicará en el diario oficial "La Gaceta", al Secretario General del Registro Civil o a los oficiales mayores, para que firmen estas resoluciones en sustitución del Director. Las resoluciones que dicte la Sección de Estudios y Resoluciones del Registro Civil, serán firmadas únicamente por el funcionario encargado de calificar y resolver las solicitudes presentadas. Si se interpusieran recursos, el Director será quien los resuelva y quien firme la respectiva resolución, junto con el jefe de la sección. Las certificaciones del Departamento Civil serán expedidas y firmadas por los funcionarios que el Tribunal Supremo de Elecciones designe para ese fin, mediante acuerdo que se publicará en el diario oficial La Gaceta. Las resoluciones del Registro podrán dictarse tanto en tiempo de trabajo ordinario como extraordinario. Así reformado por el artículo 1 de la Ley No.7239 del 14 de mayo de 1991. Actuaciones del Registro de oficio o a solicitud de parte ARTÍCULO 111.- El Registro podrá actuar de oficio o a solicitud de parte interesada, en los casos en que ello proceda con fundamento en la prueba necesaria. Apelación de las resoluciones del Registro. Término y trámite ARTÍCULO 112.- Apelación de las resoluciones del Registro, término y trámite Toda resolución del Registro podrá apelarse ante el Tribunal, dentro del término de tres días posteriores a la notificación respectiva. Quedan a salvo las disposiciones que en cuanto a recursos establecen el Código Electoral, la Ley de Extranjería y Naturalización y el artículo 54 de esta Ley. Si el recurso se formula en tiempo, el Registro lo admitirá inmediatamente después de interpuesto y enviará el expediente al Tribunal. Recibido el expediente, el Tribunal resolverá dentro del término de quince días, salvo que ordene pruebas para mejor proveer; en este caso, el término se contará a partir del día en que la prueba haya sido evacuada. (Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 8101, de 16 abril de 2001.) Formalidades propias de los escritos ARTÍCULO 113.- Todo escrito dirigido al Tribunal o al Registro, deberá hacerse con tinta o a máquina; la firma del gestionante o de quien lo haga a ruego, habrá de ser autenticada por un abogado, o por el Jefe de la Oficina Regional, o por la autoridad política del domicilio del gestionante y deberá llevar cita de su cédula de identidad o de residencia, o hacer manifestación de que no la tienen. Ausencia de disposición expresa ARTÍCULO 114.- Con relación a las materias de que trata esta ley, a falta de disposición expresa se estará a los principios generales de Derecho. La apreciación de la prueba se hará conforme a las reglas de la sana crítica. Leyes que se derogan ARTÍCULO 115.- Esta ley deroga los números 1535 del 10 de diciembre de 1952 y sus reformas y la 2403 de 15 de julio de 1959, y deja sin efecto cualquier disposición legal que se le oponga. TRANSITORIO I.- El requisito exigido en el inciso 3) del artículo 24 no se exigirá para los actuales Oficial Mayor del Departamento del Estado Civil y Secretario General del Registro, mientras duren en esas funciones. TRANSITORIO II.- Las restricciones indicadas en el párrafo primero del artículo 27 no rigen para aquellos funcionarios o empleados nombrados con anterioridad a la vigencia de la presente ley. TRANSITORIO III.- Para la observancia de lo que establece el artículo 22, dentro de los ocho días siguientes a la vigencia de esta ley, el Tribunal procederá a nombrar al Secretario y Oficiales Mayores del Registro, por el término de cuatro años. Comuníquese al Poder Ejecutivo Dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Legislativa.- San José a los treinta días del mes de abril de mil novecientos sesenta y cinco. RODOLFO SOLANO ORFILA, Presidente ARMANDO BOLAÑOS BOLAÑOS, MINOR CALVO ORTEGA, Primer Secretario Segundo Secretario Casa Presidencial.- San José, a los diez días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y cinco. Ejecútese y Publíquese FRANCISCO J. ORLICH El Ministro de Gobernación y Carteras Anexas FRANCISCO URBINA. ______________________________ Actualizada al: 14 de mayo de 2001. Sanción: 10-05-1965 Publicación: 26-05-1965. La Gaceta No.117. Rige: 10 días después de su publicación. (2ª Revisión SSB.- RZC.) (1ª Revisión 11-11-98 JC.)