Ley 3

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No. 3 EL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA DECRETA: La siguiente, LEY DE JUEGOS Artículo 1º.- Son prohibidos todos los juegos en que la pérdida o la ganancia dependa de la suerte o del acaso y no de la habilidad o destreza del jugador. Son también prohibidos aquellos en que intervenga el envite. Artículo 2º.- Son permitidos los juegos carteados o sea aquellos donde no haya envite, y los que por su índole contribuyen a la destreza y ejercicio del cuerpo. Artículo 3º.- El juego de gallos es prohibido. A los infractores de esta disposición se impondrá las penas señaladas en el artículo siguiente. Artículo 4º.- A los jugadores de juegos prohibidos se les impondrá una multa de cien colones o arresto de sesenta días. A la primera reincidencia, la multa será de doscientos colones y el arresto de ciento veinte días. Las siguientes reincidencias le harán incurrir en arresto de ciento veinte a ciento ochenta días, conmutable en multa de cuatrocientos a seiscientos colones. Artículo 5º.- El banquero, dueño o administrador, agente o encargado de un juego prohibido, será castigado con arresto inconmutable de sesenta a ciento ochenta días. En igual pena incurrirá el ocupante de la casa, tienda, pieza o terreno donde se verificare el juego prohibido, o se decomisaren los objetos, dineros, etc. de que habla el artículo 7º e inciso 4º del artículo 16. El arresto será de ciento ochenta días, si la casa donde se hubiere jugado fuere un hotel, hostería, cafetería, fonda, posada, club, casino, vinatería, taquilla, billar u otro establecimiento frecuentados por el público, o si en la casa de juego se hubiese admitido, aun de simples espectadores, a personas menores de edad. Artículo 6º - Si el establecimiento no perteneciere a una persona particular sino a una sociedad, las penas señaladas para el empresario, se impondrán al administrador del establecimiento, o si no lo hubiere, al Presidente de la Sociedad o de su Junta Directiva. Artículo 7º.- Las multas impuestas benefician los fondos de Educación Común del lugar donde el hecho ocurriere; y el dinero o efectos puestos en juego, los instrumentos, útiles y demás objetos destinados a él, caerán siempre en comiso a favor de los expresados fondos. Las Juntas de Educación tendrán personería para intervenir en todas las causas por juego, o para hacer las denuncias respectivas ante la autoridad encargada de conocer de estos procesos. Artículo 8º.- (Derogado por el artículo 15 de la Ley No. 1387, del 21 de noviembre de 1951.) Artículo 9º.- (Derogado por el artículo 15 de la Ley No. 1387, del 21 de noviembre de 1951.) Artículo 10.- (Derogado por el artículo 15 de la Ley No. 1387, del 21 de noviembre de 1951.) Artículo 11.- (Derogado por el artículo 15 de la Ley No. 1387, del 21 de noviembre de 1951.) Artículo 12.- No podrán establecerse billares públicos, sin el pago del impuesto respectivo. La patente no podrá concederse para lugares donde no haya empleados de policía que los vigilen, ni para puntos que no sean céntricos. Artículo 13.- En las capitales de provincia y demás ciudades, los billares públicos sólo podrán abrirse de las cuatro de la tarde a las once de la noche, en los días de trabajo, y de las doce del día a las once de la noche en los días de fiesta legal. En las otras poblaciones, estos establecimientos se abrirán de las doce del día a las diez de la noche en días feriados y de las seis de la tarde a las diez de la noche en los días de trabajo. Por cada vez que se contravenga esta disposición, se impondrá al dueño del billar cinco colones de multa. A la tercera reincidencia se cerrará el billar por la policía y quedará el dueño inhabilitado para tener esta clase de establecimientos por sí o por medio de terceros. Artículo 14.- Si fueren admitidos menores de dieciséis años en un billar, se impondrá al dueño de éste, y al padre o encargado del menor, una multa de diez colones a cada uno por cada vez; si fuere mayor de dieciséis y menor de veintiuno, la multa se impondrá solamente al dueño del establecimiento. A la tercera reincidencia se le aplicará a éste la pena final del artículo anterior. Artículo 15.- El conocimiento de las causas por juego prohibido será de la exclusiva competencia de los Agentes Principales de Policía en las capitales de provincia, y de los Jefes Políticos en los cantones menores, y sus procedimientos serán los señalados en el Título II, Capítulo Unico del Libro V del Código de Procedimientos Penales. Artículo 16.- El cuerpo del delito de juego y por consiguiente la responsabilidad del acusado, se justificará en cualquiera de estas formas: 1º- Por la declaración de dos testigos presenciales del acto;2º- Por la confesión del acusado o indiciado;3º- Por la declaración de dos jugadores de un mismo acto de juego;4º- Por la aprehensión que se haga de objetos en apuestas, aparatos, utensilios y demás enseres destinados a la práctica de los juegos prohibidos, en las mesas o sitios donde se juegue o en poder de uno de los jugadores sorprendidos;5º- Por la declaración de un testigo presencial del acto y la confesión de un jugador del mismo;6º- Por el dinero, en cualquier forma o cantidad, que se tomare sobre la mesa, o aparato que se utilice para el juego. Artículo 17.- Se presumen jugadores, y serán penados como tales, los que en el momento de ser sorprendidos en reunión por sospechas de juego prohibido, intenten fugarse o resistan de algún modo a la captura de ellos y al decomiso de los efectos de que trata el artículo 7º o el inciso 4º del artículo 16. Artículo 18.- En persecución de juegos prohibidos el Jefe de Policía podrá autorizar a sus subalternos, por orden escrita y firmada por él, a penetrar a las casas particulares en que se verifiquen juegos de azar. Se presume ser de esta clase aquellos lugares en que alguna vez hubiere la autoridad aprehendido juegos prohibidos y aquellos respecto de los cuales se justifique previamente en cualquiera de las formas indicadas en el artículo 16 que se ha jugado o que se está jugando. Artículo 19.- Los billares y demás establecimientos públicos no pueden tener comunicación con el interior de las casas en que se encuentran o con otra contigua. Los Gobernadores y Jefes Políticos harán cerrar el establecimiento de quien desobedezca e impondrán a éste multa de diez a cincuenta colones. Artículo 20.- Los dueños o administradores de billares públicos que permitan la permanencia de particulares en el interior del local del establecimiento después de la hora del cierre, incurrirán en la pena que fija el artículo 5º de esta ley. Artículo 21.- Las personas que son sorprendidas en el interior de un billar público, después de cerrado éste, se tendrán por presuntos jugadores y se les juzgará y penará como a éstos. Artículo 22.- Siempre que por los medios establecidos por esta ley se justificare que en un establecimiento público se ha jugado por dos veces juegos prohibidos, deben los Gobernadores o Jefes Políticos, ordenar su clausura. Artículo 23.- En cada una de las Gobernaciones, Jefaturas Políticas y Agencias Principales de Policía, se anotarán en un libro, que al efecto se llevará, los nombres de los jugadores condenados, la fecha de la condena y la cuantía de ésta. Artículo 24.- Durante la celebración de las Fiestas Cívicas en cualesquiera poblaciones de la República, no se tolerarán, por ningún motivo, los juegos prohibidos. Artículo 25.- El funcionario que infrinja las disposiciones de esta ley será destituido e incurrirá, además, en noventa días de arresto inconmutable. Las autoridades de policía que toleraren o no cumplieren estrictamente con todas las disposiciones de esta ley, -además de las penas señaladas en este artículo-, pagarán a la Junta de Educación respectiva, la multa que en cada caso debería pagar el infractor. Artículo 26.- Quedan por la presente derogadas todas las leyes anteriores relativas a juegos prohibidos. Comuníquese al Poder Ejecutivo Dado en el Salón de Sesiones del Congreso.- Palacio Nacional.- San José, a los treinta días del mes de agosto de mil novecientos veintidós. ARTURO VOLIO Presidente M. F. QUESADA NAUTILIO ACOSTA Primer Secretario Segundo Secretario Casa Presidencial.- San José, a los treinta y un días del mes de agosto de mil novecientos veintidós. Ejecútese JULIO ACOSTA El Secretario de Estado encargado del Despacho de Policía AQUILES ACOSTA ___________________________________________ ACTUALIZADA: 24 de abril de 2000. SANCIÓN: 31 de agosto de1922. PUBLICACIÓN: 02 de setiembre de 1922. RIGE: 10 días después de su publicación.