N° 2825 (*)<br />
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA,<br />
DECRETA:<br />
La siguiente<br />
LEY DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN<br />
(*) El siguiente texto corresponde al publicado en el Alcance Nº 90, de la<br />
Gaceta N° 278, de 8 de diciembre de 1962, ordenado en virtud de lo<br />
dispuesto por el Transitorio II de la Ley 3042, de 4 de octubre de 1962.<br />
CAPITULO I<br />
DISPOSICIONES GENERALES<br />
Finalidades, Régimen de Posesión de la Propiedad Rural Inmueble<br />
Artículo 1°.- La presente ley tiene por objeto:<br />
1.- Determinar que la propiedad de la tierra se debe promover para el<br />
aumento gradual de su productividad y para una justa distribución de su<br />
producto, elevando la condición social del campesino y haciéndolo partícipe<br />
consciente del desarrollo económico-social de la Nación;<br />
2.- Contribuir al florecimiento de las virtudes republicanas, privadas<br />
y públicas, vinculando al ciudadano a un régimen sano de posesión de la<br />
tierra;<br />
3.- Contribuir a una más justa distribución de la riqueza;<br />
4.- Contribuir a la conservación y uso adecuados de las reservas de<br />
recursos naturales renovables de la Nación;<br />
5.- Evitar la concentración de tierras nacionales en manos de quienes<br />
las utilicen para especulación o explotación en perjuicio de los intereses<br />
de la Nación. Las tierras en manos de esos intereses deben volver al<br />
Estado en la forma que determinan la Constitución y la ley;<br />
6.- Determinar que la tierra no debe utilizarse para la explotación<br />
del trabajador agrícola. El Estado, por todos los medios a su alcance,<br />
estimulará la formación de cooperativas agrícolas para combinar la dignidad<br />
de la pequeña propiedad con la eficiencia de la gran empresa; y<br />
7.- Reconocer, de conformidad con lo anteriormente expuesto, la<br />
existencia y legitimidad de la propiedad privada.<br />
Artículo 2°.- Dentro de sus límites y normas, la presente ley<br />
garantiza:<br />
1.- El derecho de todo individuo o grupo de individuos que formen una<br />
cooperativa, aptos para trabajos agrícolas o pecuarios y que carezcan de<br />
tierra o la posean en cantidades insuficientes, a ser dotados en propiedad<br />
de tierras económicamente explotables, preferentemente en las zonas en<br />
donde trabajen o habiten, y cuando las circunstancias lo aconsejen, en<br />
zonas debidamente seleccionadas; y<br />
2.- El derecho de los agricultores al crédito bancario para una<br />
racional explotación de la tierra.<br />
Artículo 3°.- De acuerdo con lo expuesto en el artículo 1°, la tierra<br />
ha de constituir, para el hombre que la trabaja, la garantía de su<br />
bienestar económico, de su libertad y de su dignidad y, por lo tanto, base<br />
del bienestar, de la libertad y de la dignidad de la Nación.<br />
Artículo 4°.- El Estado está obligado a dar todo su apoyo al<br />
desarrollo de la pequeña y mediana propiedad rural y, de manera especial,<br />
al fomento de las cooperativas agrícolas, a efecto de que lleguen a ser<br />
estables, eficaces y determinantes en la política agraria del mismo.<br />
Artículo 5°.- El Instituto de Tierras y Colonización procurará evitar<br />
el minifundio y la fragmentación agrícolamente irracional de la propiedad<br />
rural. Para ese efecto, propondrá a la Asamblea Legislativa las medidas<br />
legales pertinentes.<br />
Asimismo, el Instituto estudiará la posibilidad de sustituir,<br />
conforme a los principios y normas de esta ley, por la vía legislativa, las<br />
formas indirectas de explotación de la tierra.<br />
Artículo 6°.- Toda persona tiene derecho de denunciar o informar ante<br />
el organismo correspondiente, la existencia de tierra en cuya explotación<br />
no se cumple con la función social de la propiedad.<br />
CAPITULO II<br />
Propiedad Agrícola del Estado<br />
Artículo 7°.- Mientras el Estado, por voluntad propia o por indicación<br />
del Ministerio de Agricultura o del Instituto de Tierras y Colonización,<br />
atendiendo razones de conveniencia nacional, no determine los terrenos que<br />
deben mantenerse bajo su dominio, se considerarán inalienables y no<br />
susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión, salvo los que<br />
estuvieren bajo el domino privado, con título legítimo, los siguientes:<br />
a) DEROGADO.<br />
(Derogado por el artículo 1° de la Ley N° 5385, de 30 de<br />
octubre de 1973.)<br />
b) Los comprendidos en una zona marítimo-terrestre de doscientos<br />
metros de ancho a lo largo de las costas de ambos mares, desde la<br />
pleamar ordinaria, así como los comprendidos en una zona de<br />
cincuenta metros de ancho a lo largo de ambas márgenes de los ríos<br />
navegables;<br />
(NOTA: Este inciso, en su primera parte, fue tácitamente reformado<br />
por la Ley N° 6043, de 2 de marzo de 1977, - Ley sobre la Zona<br />
Marítimo Terrestre - en sus artículos 9 a 25, lo mismo que los<br />
terrenos de las islas a que se refiere el inciso c) siguiente. )<br />
c) Los terrenos de las islas, los situados en las márgenes de los<br />
ríos, arroyos y, en general, de todas las fuentes que estén en<br />
cuencas u hoyas hidrográficas en que broten manantiales, o en que<br />
tengan sus orígenes o cabeceras cualesquiera cursos de agua de los<br />
cuales se surta alguna población, o que convenga reservar con<br />
igual fin. En terrenos planos o de pequeño declive se considerará<br />
inalienable una faja de doscientos metros a uno y otro lados de<br />
dichos ríos, manantiales o arroyos; y en las cuencas u hoyas<br />
hidrográficas, una faja de terreno de trescientos metros a uno y<br />
otro lados de la depresión máxima, en toda la línea, a contar de<br />
la mayor altura inmediata;<br />
d) Los terrenos comprendidos en las dos orillas del río Banano,<br />
diez kilómetros arriba, en una extensión de quinientos metros de<br />
cada lado, protegiendo así las fuentes que surtan o puedan surtir<br />
en lo futuro la cañería de Limón;<br />
e) Una zona de dos kilómetros de radio, con centro en el cráter, o<br />
cima principal alrededor de los volcanes Barba, Poás, Arenal,<br />
Cerro Chato, Tenorio, Santa María y Rincón de la Vieja; de dos<br />
kilómetros de ancho a uno y otro lados de la fila constituida por<br />
los varios picos del Miravalles; la zona de los volcanes Irazú y<br />
Turrialba a partir de los 3.000 metros de altitud y hacia la cima;<br />
los páramos de la Cordillera de Talamanca a partir de los 3.000<br />
metros de altitud y hacia la cima; una zona de tres kilómetros de<br />
radio con centro en la cima del Cerro Dúrika; las sabanas<br />
alrededor del Cerro Chirripó Grande, arriba de los 3.000 metros de<br />
altitud; una zona de dos kilómetros de ancho a uno y otro lados de<br />
la Cordillera entre los Cerros Zurquí y Hondura. Oportunamente<br />
creará el Instituto otras reservas forestales que servirán,<br />
además, de santuario o refugio de la vida animal silvestre y en<br />
los cuales será prohibida la cacería en cualquiera de sus formas;<br />
f) Los comprendidos en una zona de 2.000 metros de ancho a lo largo<br />
de las fronteras con Nicaragua y con Panamá;<br />
g) Los terrenos indispensables para el aprovechamiento de las<br />
fuerzas hidráulicas;<br />
h) Los terrenos que se anegan durante la estación lluviosa o como<br />
consecuencia del desbordamiento de los ríos y que conservan agua<br />
durante el verano, aprovechable como abrevadero, cuando tales<br />
terrenos constituyan el único recurso hídrigo del lugar,<br />
utilizable como abrevadero para el ganado de los vecinos del<br />
lugar. Si para ese uso fuere necesario establecer servidumbres<br />
sobre predios de particulares, el Instituto compensará a éstos<br />
equitativamente; e<br />
i) Todos aquellos terrenos que hubieren sido declarados<br />
indenunciables o inalienables por disposiciones legales<br />
anteriores.<br />
Artículo 8°.- Exceptuados los casos previstos en esta ley, es<br />
prohibido a los particulares encerrar con cercas, carriles o cualquier otra<br />
forma, los terrenos declarados reservas nacionales; derribar montes,<br />
establecer construcciones y cultivos, o extraer de ellos leña, madera,<br />
bejuco, palma u otros productos con fines de explotación. Todo acto de ese<br />
género, si de previo no se han llenado los trámites legales y obtenido la<br />
autorización correspondiente, será considerado, según el caso, como<br />
usurpación de dominio público o como merodeo, debiendo las autoridades<br />
ordenar la destrucción y remoción de las cercas e impedir el uso de esas<br />
tierras, sin lugar a indemnización ni a reclamos por el valor de las<br />
mejoras y sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran caber a<br />
quienes incurrieren en tales faltas.<br />
Artículo 9º.- Se considerarán ríos navegables aquellos que pueden ser<br />
surcados, en cualquier época del año, con o sin el concurso de la marea,<br />
por las embarcaciones regulares de cabotaje entre los puertos de mar y los<br />
de río. Entre los ríos que desembocan al Lago de Nicaragua se considerarán<br />
navegables los que pueden ser surcados por las embarcaciones regulares de<br />
cabotaje entre los puertos de lago y los de río. Para los efectos de esta<br />
ley, la navegabilidad de un río puede extenderse por mejoras introducidas<br />
por el hombre, como dragados, exclusas, embalses y obras similares.<br />
El Instituto Geográfico Nacional, después de investigaciones para<br />
determinar la longitud de la navegación y su límite aguas arriba,<br />
presentará un informe al Poder Ejecutivo para que se emita el<br />
correspondiente decreto.<br />
Artículo 10.- DEROGADO.<br />
(Derogado por el artículo 1° de la Ley Nº 5385, de 30 de octubre de 1973.)<br />
Artículo 11.- Mientras no se pruebe lo contrario, pertenecen al Estado<br />
en carácter de reservas nacionales:<br />
a) Todos los terrenos comprendidos dentro de los límites de la<br />
República que no estén inscritos como propiedad particular, de las<br />
Municipalidades o de las Instituciones Autónomas;<br />
b) Los que no estén amparados por la posesión decenal;<br />
c) Los que, por leyes especiales, no hayan sido destinados a la<br />
formación de colonias agrícolas; y<br />
d) En general todos los que, no siendo de propiedad particular, no<br />
estén ocupados en servicios públicos.<br />
Artículo 12.- Quedan afectados a los fines de la presente ley:<br />
a) Las tierras consideradas como reservas nacionales;<br />
b) Los fundos rústicos del dominio privado del Estado;<br />
c) Los fundos rústicos pertenecientes a las Municipalidades e<br />
Instituciones Autónomas; y<br />
d) Los inmuebles rurales que pasen a poder del Estado en razón y<br />
como consecuencia de enriquecimientos ilícitos contra la cosa<br />
pública.<br />
Artículo 13.- Los inmuebles afectados conforme al presente Capítulo<br />
serán transferidos gratuitamente al Instituto de Tierras y Colonización.<br />
Quedan especialmente autorizados para hacer estos traspasos, tanto el Poder<br />
Ejecutivo como los Gerentes de las Instituciones Autónomas y los<br />
Presidentes Municipales.<br />
Las citadas entidades, con excepción del propio Instituto de Tierras y<br />
Colonización, no podrán enajenar, gravar ni arrendar las tierras afectadas.<br />
A pesar de lo dicho en los párrafos anteriores, el Poder Ejecutivo<br />
podrá requerir del Instituto que le traspase la propiedad de aquellas<br />
tierras que fueren indispensables para la construcción de obras o la<br />
instalación de servicios públicos distintos de los contemplados en esta<br />
ley, así como de aquellas que fueren comprendidas en contratos suscritos<br />
por dicho Poder y ratificados por la Asamblea Legislativa.<br />
Artículo 14.- DEROGADO.<br />
(Derogado por el artículo 109 de la Ley Nº 4465, de 25 de noviembre de<br />
1969)<br />
CAPITULO III (*)<br />
Instituto de Tierras y Colonización<br />
Patrimonio, Administración, Deberes y Atribuciones<br />
(*) NOTA: Este capítulo fue reformado tácitamente por la Ley de<br />
Transformación del ITCO en Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), Nº 6735,<br />
de 29 de marzo de 1982, que en su artículo 1º, y para los fines que<br />
interesa dice: "Transfórmase el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO),<br />
en el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), como una institución autónoma<br />
de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio e<br />
independencia administrativa; teniéndose por reformada, para tales efectos,<br />
la ley Nº 2825 del 14de octubre de 1961 y sus reformas, así como cualquier<br />
otra ley que se le oponga."<br />
Anteriormente, este Capítulo había sido reformado tácitamente en todo<br />
lo relativo a integración de la Junta Directiva, así como a nombramientos<br />
de gerente y auditor, por las leyes N° 4646, de 20 de octubre de 1970<br />
(artículos 5, 6 y 7) y Nº 5507, de 19 de abril de 1974 (artículos 3 y 6)<br />
Artículo 15.- Para cumplir las normas y alcanzar los objetivos de la<br />
presente ley, sus reformas y otras leyes conexas, créase el Instituto de<br />
Tierras y Colonización, como una institución autónoma de derecho público,<br />
con personería jurídica y patrimonio propio, e independencia en materia de<br />
gobierno y administración.<br />
Su funcionamiento se ceñirá exclusivamente a las normas del artículo<br />
188 de la Constitución Política, las de esta ley, sus reformas, leyes<br />
conexas y reglamentos internos.<br />
Su domicilio legal será la ciudad de San José, sin perjuicio de que<br />
pueda establecer dependencias en otros lugares del país.<br />
Artículo 16.- El Instituto tendrá capacidad para comprar, vender y<br />
arrendar bienes muebles e inmuebles, valores y empresas dentro de los<br />
propósitos de su creación; para emprestar, financiar e hipotecar y para<br />
toda otra forma de gestión comercial y legal que sea necesaria para el<br />
desempeño de su cometido, dentro de las normas corrientes de contratación<br />
que su situación financiera le permita, sin incurrir en riesgos indebidos<br />
para la estabilidad de la institución. En los casos en que haya más de una<br />
posibilidad de oferta, capaz de llenar lo objetivos perseguidos para<br />
determinado fin, se seguirá el trámite de licitación. Las compras, ventas<br />
y arrendamientos de tierras se considerarán operaciones de tráfico<br />
ordinario del Instituto, para los efectos del artículo 110 de la Ley de la<br />
Administración Financiera de la República.<br />
Artículo 17.- Se conceden al Instituto los siguientes beneficios:<br />
a) Exoneración de toda clase de impuestos, directos o indirectos,<br />
nacionales o municipales, presentes o futuros;<br />
b) Exoneración del uso del papel sellado, timbres y derechos de<br />
Registro. Este beneficio comprenderá también a los particulares<br />
respecto a aquellos contratos que celebren con el Instituto;<br />
c) Inembargabilidad de sus bienes, depósitos, fondos y rentas;<br />
d) Franquicia postal y telegráfica; y<br />
e) Exención de rendir fianzas de costas y de hacer depósitos para<br />
garantizar embargos preventivos.<br />
Artículo 18.- El Instituto funcionará bajo la dirección superior de<br />
una Junta Directiva, integrada por cinco miembros designados así: el<br />
Ministro de Agricultura y Ganadería, como miembro ex-oficio; dos<br />
representantes de las cooperativas de agricultores y de las comunidades<br />
campesinas legalmente constituidas, y dos miembros que serán personas de<br />
reconocida capacidad en la materia, quienes deberán ser costarricenses por<br />
nacimiento, o naturalizados con no menos de diez años de residencia en el<br />
país, todos escogidos por el Consejo de Gobierno. En casos de ausencia<br />
justificada, el Ministro podrá delegar en un personero del mismo<br />
Ministerio, a escogencia suya, quien debe juramentarse en el mismo acto en<br />
que lo haga el titular.<br />
Artículo 19.- No podrán formar parte de la Junta Directiva quienes<br />
estén ligados entre sí por parentesco de consanguinidad hasta el tercer<br />
grado o de afinidad hasta el segundo grado inclusive. Se exceptúa de esta<br />
disposición el parentesco que pudiere existir con el Ministro de<br />
Agricultura y Ganadería, cuando el nombramiento de éste fuere posterior al<br />
de su pariente integrante de la Junta Directiva.<br />
Artículo 20.- Con excepción del Ministro de Agricultura y Ganadería,<br />
que integrará la Junta Directiva en virtud de su cargo, los demás miembros<br />
serán designados por períodos de cuatro años. Sus nombramientos deberán<br />
hacerse dentro de los cuatro meses siguientes al ocho de mayo, en que toma<br />
posesión el Presidente de la República.<br />
Artículo 21.- Los miembros de la Junta Directiva serán inamovibles<br />
durante el período para el cual fueren nombrados. No obstante, dejará de<br />
ser miembro:<br />
a) El que infringiere alguna de las disposiciones contenidas en las<br />
leyes, decretos o reglamentos aplicables al Instituto;<br />
b) El que incurriere en responsabilidad por actos u operaciones<br />
fraudulentas o ilegales. En caso de un auto de prisión y<br />
enjuiciamiento dictado contra un miembro de la Junta Directiva,<br />
dicho miembro quedará, a juicio del Consejo de Gobierno,<br />
suspendido de sus funciones hasta tanto no haya sentencia firme,<br />
para resolver en definitiva;<br />
c) El que perdiere la ciudadanía costarricense, la capacidad para<br />
el cargo o llegare a encontrarse en alguna de las prohibiciones o<br />
incompatibilidades a que se refiere esta ley;<br />
d) El que se ausentare del país sin autorización de la Junta<br />
Directiva, que en ningún caso podrá darla por más de seis meses;<br />
e) El que, sin causa justificada, a juicio de la Junta Directiva,<br />
hubiere dejado de concurrir a tres sesiones ordinarias<br />
consecutivas;<br />
f) El que, por incapacidad física, no haya podido desempeñar sus<br />
funciones durante seis meses;<br />
g) El que renunciare a su cargo;<br />
h) El que fuere destituido por el Consejo de Gobierno por<br />
comprobársele, mediante expediente creado al efecto, procederes<br />
incorrectos; e<br />
i) A quien se comprobare que es dueño de terrenos que no cumplen la<br />
función social de la propiedad, en virtud de las disposiciones de<br />
esta ley.<br />
En todos los casos señalados, la Junta Directiva dará cuenta al<br />
Consejo de Gobierno, para que éste determine si procede declarar la<br />
separación. Cuando ocurriere una vacante, el nombramiento del sustituto se<br />
hará dentro del término de un mes y la persona nombrada lo será por el<br />
resto del período legal.<br />
Artículo 22.- El dejar de ser miembro de la Junta Directiva, sea por<br />
terminación del período o por cualquier otra causa, no libra a las personas<br />
que hubieren ocupado el cargo, de las responsabilidades legales en que<br />
pudieren haber incurrido durante su actuación.<br />
Artículo 23.- La Junta Directiva ejercerá sus funciones con absoluta<br />
independencia y bajo su exclusiva responsabilidad, dentro de las normas<br />
establecidas por la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y los<br />
principios técnicos aplicables.<br />
Artículo 24.- Los miembros de la Junta Directiva serán personal y<br />
solidariamente responsables por las resoluciones votadas en oposición a las<br />
leyes y reglamentos aplicables.<br />
Quedan exentos de esta responsabilidad los miembros ausentes de las<br />
sesiones en que se hubieren votado tales resoluciones, así como los que<br />
hubieren hecho constar en el acta respectiva, en forma razonada, su voto<br />
contrario.<br />
Cada uno de los integrantes de la Junta Directiva, el Gerente y el<br />
Subgerente, rendirán caución por veinte mil colones (( 20,000.00). Esta<br />
caución puede ser hipotecaria, mediante valores del Estado, pólizas de<br />
fidelidad del Instituto Nacional de Seguros o depósito en efectivo. Para la<br />
calificación de la garantía y el otorgamiento de escrituras en su caso, se<br />
seguirán las prescripciones del Código Fiscal.<br />
Artículo 25.- La Junta Directiva celebrará sesiones con asistencia de<br />
por lo menos tres de sus componentes y las resoluciones se tomarán, en todo<br />
caso, por los votos de tres de sus integrantes, salvados los casos en que<br />
esta ley o sus reglamentos exijan mayor número de votos.<br />
Artículo 26.- La Junta Directiva elegirá de su seno, por mayoría de<br />
votos, un Presidente y un Vicepresidente, quienes durarán un año en sus<br />
funciones, pudiendo ser reelectos. El Ministro integrante de la Junta no<br />
podrá ser electo para estos cargos.<br />
Artículo 27.- En caso de ausencia o de impedimento transitorio del<br />
Presidente, lo sustituirá el Vicepresidente. Cuando en alguna sesión<br />
estuvieren ambos ausentes, la Junta Directiva designará a uno de sus<br />
miembros como Presidente ad-hoc.<br />
Artículo 28.- La Junta Directiva se reunirá en sesión ordinaria una<br />
vez por semana y en extraordinaria cuando sea convocada por el Gerente, por<br />
escrito y con doce horas de anticipación por lo menos, sea por<br />
determinación propia o cuando así lo soliciten dos o más de sus miembros<br />
directores. No podrá, sin embargo, celebrar más de diez sesiones<br />
remuneradas al mes, incluyendo ordinarias y extraordinarias. Los miembros<br />
de la Junta Directiva devengarán dietas fijas, cuyo monto se determinará en<br />
los presupuestos anuales del Instituto, pero en todo caso no podrán<br />
ser superiores a ciento cincuenta colones (( 150.00) por sesión.<br />
Artículo 29.- Cuando alguno de los asistentes tuviere interés<br />
personal en cualquier asunto que se deba conocer en la sesión, o lo<br />
tuvieren sus socios o parientes, dentro del tercer grado de consanguinidad<br />
o afinidad inclusive, deberá retirarse mientras se discute y vota el<br />
asunto.<br />
Artículo 30.- La Junta Directiva del Instituto tendrá los siguientes<br />
deberes:<br />
1) Velar por el cumplimiento de esta ley y sus reglamentos;<br />
2) Dirigir, dentro de las disposiciones de esta ley, la política<br />
agraria, económica y social del Instituto y determinar la<br />
organización del mismo;<br />
3) Acordar y aprobar el presupuesto anual del Instituto, así como<br />
los extraordinarios, con sujeción a los controles que determina la<br />
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.<br />
4) Aprobar la memoria anual, los estados y balances;<br />
5) Resolver las licitaciones conforme a la ley;<br />
6) Solicitar al Poder Ejecutivo el traspaso de las tierras aptas<br />
para la realización de los fines de esta ley;<br />
7) Establecer las demandas que estime convenientes para que el<br />
Estado recupere las tierras de que haya sido despojado<br />
indebidamente y que hayan de serle transferidas al Instituto<br />
conforme a esta ley;<br />
8) Aprobar y ordenar la ejecución de planes de colonización,<br />
"cooperativización" o de simple parcelación de tierras que<br />
adquiera el Instituto para los fines de esta ley, atendiendo a las<br />
necesidades económicas y sociales de cada región en particular y<br />
del país en general y dando preferencia a las zonas cercanas a los<br />
centros de consumo y a las vías de comunicación;<br />
9) Ejercer, conforme a las disposiciones de esta ley, el control,<br />
por parte del Instituto, de las colonias creadas por el Estado;<br />
10) Cooperar en los planes de colonización privada para orientarlos<br />
hacia los fines de esta ley, y ejercer jurisdicción sobre ellos<br />
conforme a las normas jurídicas aplicables;<br />
11) Disponer la adquisición de tierras de propiedad particular,<br />
cuando estime que con ello se cumplen los fines económico-sociales<br />
que persigue esta ley;<br />
12) Gestionar la expropiación, mediante indemnización, de las<br />
tierras propiedad de personas físicas o jurídicas, cuando fueren<br />
necesarias esas tierras para la realización de los fines de esta<br />
ley, tratando, fundamentalmente, de constituir en propietarios a<br />
todos los campesinos a quienes se les adjudica una parcela;<br />
13) Determinar los regímenes de tenencia de las tierras que debe<br />
establecer el Instituto en sus proyectos de parcelación y<br />
colonización;<br />
14) Ayudar al desarrollo del cooperativismo en el campo;<br />
15) Promover, con los organismos que integran el Sistema Bancario<br />
Nacional, la realización de planes especiales para la mejor<br />
organización, extensión y uso del crédito agrícola;<br />
16) Aprobar la adjudicación de tierras para otorgar los respectivos<br />
títulos;<br />
17) Elaborar los proyectos de ley que estime necesarios para el<br />
mejor y más rápido logro de los objetivos de esta ley;<br />
18) Dictar, reformar, derogar e interpretar, para su aplicación, los<br />
reglamentos de servicio del Instituto, los que tendrán plena<br />
validez al ser publicados por éste en el diario oficial;<br />
19) Ordenar la realización de los estudios y el levantamiento de los<br />
inventarios que estimare convenientes, de las tierras del Estado;<br />
20) Ordenar un estudio de las fincas inscritas en el país con una<br />
cabida superior a mil hectáreas, con el fin de constatar si las<br />
cabidas inscritas corresponden a las cantidades de tierra poseídas<br />
en la realidad.<br />
Comprobado cualquier exceso, se procederá de la siguiente<br />
manera:<br />
a) Si la totalidad del inmueble estuviere cultivada o dedicada a<br />
funciones ganaderas, el propietario tendrá derecho, con<br />
intervención del Gerente del Instituto, de rectificar en un<br />
cuarenta por ciento (40%) su medida, mediante acta notarial<br />
inscribible en el asiento respectivo del Registro de Propiedad;<br />
b) Si la tierra correspondiente al exceso estuviere inculta, el<br />
Instituto dictará resolución ordenando se inscriba a nombre del<br />
Instituto de Tierras y Colonización y lo comunicará a la<br />
Procuraduría General de la República para que ésta, en un término<br />
de quince días, proceda a cumplir con lo resuelto mediante<br />
protocolización e inscripción;<br />
La posesión e inscripción de los terrenos inscritos o que se<br />
inscribieren a favor del Instituto de Tierras y Colonización,<br />
según el presente artículo, se mantendrán hasta tanto no se decida<br />
en sentencia definitiva pasada en autoridad de cosa juzgada, en<br />
caso de contención sobre dicha inscripción o posesión.<br />
(El segundo párrafo de este aparte b), fue adicionado por el<br />
artículo 1° de la Ley N° 5110, de 10 de noviembre 1972.)<br />
21) Someter a juicio o fuera de él, los derechos del Instituto;<br />
transigir a someter arbitraje los litigios que tuviere y dar los<br />
poderes que estimare conveniente para ellos;<br />
22) Autorizar la adquisición, gravamen y enajenación de bienes,<br />
hasta por la suma de un millón de colones ((1.000,000.00), así<br />
como contratar empréstitos nacionales y extranjeros. Cuando la<br />
operación excediere de un millón de colones ((1.000,000.00),<br />
deberá pedir autorización a la Asamblea Legislativa;<br />
23) Ejercer las demás funciones y atribuciones que le correspondan<br />
de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes; y<br />
24) Cooperar en la conservación y uso adecuados de los recursos<br />
naturales renovables de la Nación, regidos por leyes especiales.<br />
Artículo 31.- Los miembros de la Junta no podrán participar en<br />
actividades político-electorales, salvo con la emisión de su voto o en las<br />
que sean obligatorias por ley. Esta prohibición será aplicable a los<br />
Gerentes, Auditores y a aquellos otros funcionarios y empleados que<br />
determine la Junta Directiva.<br />
Artículo 32.- La Junta Directiva nombrará, con el voto favorable de no<br />
menos de cuatro de sus miembros, un Gerente General, un Subgerente y un<br />
Auditor. El Gerente General tendrá a su cargo la administración del<br />
Instituto de acuerdo con la ley, los reglamentos y las instrucciones que le<br />
imparta la Junta Directiva.<br />
El Subgerente actuará bajo la autoridad jerárquica del Gerente y lo<br />
reemplazará en sus ausencias temporales. Sus funciones serán las que la<br />
Junta Directiva y el Gerente le señalen.<br />
Los funcionarios citados en el párrafo primero de este artículo serán<br />
nombrados en sus cargos por períodos de dos años, podrán ser reelectos, y<br />
serán responsables por su actuación ante la Junta Directiva. Su remoción<br />
sólo podrá acordarse por el mismo número de votos necesarios para su<br />
nombramiento.<br />
Artículo 33.- El Gerente, el Subgerente y el Auditor estarán sujetos a<br />
las limitaciones que para los miembros de la Junta Directiva establece esta<br />
ley, en cuanto les fueren aplicables.<br />
Artículo 34.- El Gerente, y en su defecto el Subgerente, tendrán los<br />
siguientes deberes y atribuciones:<br />
a) Ejercer las funciones inherentes a su condición de administrador<br />
general; vigilar la organización y funcionamiento de todas las<br />
dependencias del Instituto, la observancia de las leyes y<br />
reglamentos y el cumplimiento de las resoluciones de la Junta<br />
Directiva. Si estimare que éstas son contrarias a las<br />
disposiciones legales o a los intereses de la Institución, deberá<br />
dejar constancia expresa de su opinión negativa, antes de la<br />
aprobación del acta respectiva, con lo cual quedará exento de<br />
responsabilidad por esa causa;<br />
b) Suministrar a la Junta Directiva la información necesaria para<br />
asegurar el buen gobierno y dirección del Instituto;<br />
c) Atender las relaciones del Instituto con el público y dar a la<br />
prensa las informaciones que estime convenientes;<br />
d) Proponer a la Junta Directiva los planes necesarios para<br />
promover la política agraria del Instituto y alcanzar sus metas;<br />
e) Proponer a la Junta Directiva las normas de administración<br />
necesarias para el mejor funcionamiento del Instituto;<br />
f) Elaborar y someter a la aprobación de la Junta Directiva, el<br />
proyecto de presupuesto anual del Instituto y los presupuestos<br />
extraordinarios que fueren necesarios;<br />
g) Proponer a la Junta Directiva la creación de los departamentos,<br />
secciones y servicios que considere necesarios para el mejor<br />
cumplimiento de las funciones del Instituto;<br />
h) Nombrar, promover y remover a los funcionarios y empleados del<br />
Instituto, excepto a los de la Auditoría, concederles licencias e<br />
imponerles sanciones, de conformidad con los reglamentos<br />
respectivos. No podrá nombrar a quienes estuvieren ligados por<br />
parentesco de consanguinidad hasta tercer grado o de afinidad<br />
hasta segundo, ambos inclusive, con él mismo, con el Subgerente o<br />
con el Auditor. No será causal de remoción de un empleado el que<br />
con posterioridad a su designación se nombre en los cargos<br />
mencionados a personas que tengan con él el parentesco indicado, o<br />
que llegaren a ser parientes por afinidad de alguno de ellos;<br />
i) Autorizar con su firma, los valores y documentos que determinen<br />
las leyes, los reglamentos del Instituto y los acuerdos de la<br />
Junta Directiva. Los cheques deberán ser, además, refrendados por<br />
el Auditor;<br />
j) Resolver todos los asuntos que no estuvieren reservados a la<br />
decisión de la Junta Directiva;<br />
k) Asistir a todas las sesiones de la Junta Directiva, en las<br />
cuales no tendrá voto.<br />
El Subgerente y el Auditor podrán asistir a las sesiones con la<br />
misma limitación en cuanto al voto. No obstante, estos<br />
funcionarios y el Gerente no podrán asistir a sesiones cuando se<br />
trate del nombramiento de Gerente, Subgerente o Auditor.<br />
Cuando lo consideren necesario, los funcionarios antes indicados<br />
tendrán derecho de hacer constar en las actas respectivas sus<br />
opiniones sobre los asuntos que se discutan;<br />
l) Vigilar el correcto desarrollo de la política señalada por la<br />
Junta Directiva, la realización de los planes de trabajo y la<br />
ejecución de los presupuestos ordinarios y extraordinarios;<br />
m) Decidir, en caso de urgencia, cualquier asunto de competencia de<br />
la Junta Directiva, o suspender la ejecución de las resoluciones<br />
tomadas por aquélla; en ambos casos convocará a sesión<br />
extraordinaria, a efecto de dar cuenta de lo actuado por la<br />
Gerencia;<br />
n) Delegar sus atribuciones en otros funcionarios del Instituto,<br />
salvo cuando su intervención personal fuere legalmente<br />
obligatoria;<br />
o) Elaborar y presentar, a más tardar el último día de febrero, un<br />
informe de las labores y operaciones realizadas durante el año<br />
anterior; y<br />
p) Ejercer las demás funciones y atribuciones que le correspondan,<br />
de conformidad con la ley, los reglamentos y las disposiciones de<br />
la Junta Directiva.<br />
Artículo 35.- El Gerente General y el Subgerente tendrán,<br />
indistintamente, la representación judicial y extrajudicial del Instituto,<br />
con las facultades que para los apoderados generalísimos determina el<br />
artículo 1253 del Código Civil, sin limitación de suma.<br />
Artículo 36.- El Instituto tendrá un Departamento de Auditoría que<br />
ejercerá vigilancia y fiscalización constante en todos sus departamentos,<br />
secciones y dependencias.<br />
La Auditoría funcionará bajo la autoridad y dirección inmediata de un<br />
Auditor, quien deberá ser Contador Público Autorizado.<br />
Artículo 37.- Los miembros de la Junta Directiva, el Gerente, el<br />
Subgerente y el Auditor del Instituto que ejecutaren o permitieren<br />
operaciones que fueren contrarias a la ley o a los reglamentos aplicables,<br />
responderán con sus bienes de la pérdidas que por tales actos se causen,<br />
sin perjuicio de las demás penas que les correspondan.<br />
Artículo 38.- Además de las que fije la Junta Directiva, el Auditor<br />
tendrá las siguientes funciones y atribuciones:<br />
a) Vigilar y fiscalizar los bienes, las operaciones, las<br />
obligaciones y el capital del Instituto;<br />
b) Fiscalizar, en cuanto tengan relación con su cargo, todos los<br />
actos, operaciones y actividades del Instituto, verificando la<br />
contabilidad y los inventarios; realizando arqueos y otras<br />
comprobaciones y estados de cuenta; comprobarlos con los libros o<br />
documentos correspondientes y certificarlos o refrendarlos cuando<br />
los encontrare correctos. Realizar los arqueos y demás<br />
verificaciones que considere convenientes, por sí mismo o por<br />
medio de los funcionarios del departamento, por lo menos dos veces<br />
al año, a intervalos irregulares y sin previo aviso. Estas<br />
inspecciones, a juicio del Auditor, podrán ser parciales o<br />
generales, referirse solo a una dependencia o a determinada clase<br />
de negocios u operaciones o abarcar todas las dependencias,<br />
negocios y operaciones;<br />
c) Presentar informes resumidos de sus actividades de inspección y<br />
fiscalización a la Junta, que podrá solicitarle, si lo creyere<br />
conveniente, el informe completo y cualquier otra información que<br />
juzgue necesaria;<br />
d) Comunicar al Gerente las irregularidades o infracciones que<br />
observare en las operaciones y funcionamiento del Instituto y, en<br />
caso de que dicho funcionario no dictare en un plazo prudencial<br />
las medidas que fueren indicadas, exponer la situación ante la<br />
Junta Directiva, proponiendo tales medidas;<br />
e) Hacer las sugestiones, observaciones o recomendaciones que<br />
estimare conducentes para corregir los errores y subsanar<br />
deficiencias o irregularidades que encontrare;<br />
f) Levantar las informaciones que le solicite la Junta, examinar<br />
libremente todos los libros y archivos del Instituto y exigir en<br />
la forma, condiciones y plazos que él mismo determine, la<br />
presentación de balances, estados de situación y de cuentas y<br />
demás informaciones y pormenores que considere oportunos;<br />
g) Delegar sus atribuciones en otros funcionarios del departamento,<br />
salvo cuando su intervención personal fuere legalmente<br />
obligatoria; y<br />
h) Ejercer las demás funciones y atribuciones que le correspondan<br />
por ley o por reglamentos.<br />
Artículo 39.- El Auditor dependerá directamente de la Junta Directiva,<br />
ante la cual serán apelables sus decisiones.<br />
Artículo 40.- El Gerente, el Subgerente y el Auditor, perderán el<br />
cargo si incurrieren en alguna de las causales por las cuales un miembro de<br />
la Junta Directiva pierde el suyo.<br />
Para demostrar la personería de cualquiera de esos tres funcionarios y<br />
la de aquellos otros que actúen por delegación de ellos, será suficiente la<br />
cita de publicación en "La Gaceta", de su nombramiento, aceptación y<br />
juramentación.<br />
(Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 3336, de 31 de julio de<br />
1964.)<br />
Artículo 41.- Formarán el patrimonio del Instituto de Tierras y<br />
Colonización, para los efectos de esta Ley, además del capital a que se<br />
refiere el inciso d) del artículo 8º de la Ley de Fomento Económico, Nº<br />
2466 de 9 de noviembre de 1959, los siguientes bienes y contribuciones:<br />
a) Las reservas nacionales y tierras que el Estado le traspase, así<br />
como las que el Instituto adquiera por medios legales, para los fines<br />
establecidos por esta ley.<br />
Para este efecto, se faculta al Poder Ejecutivo para traspasar<br />
al Instituto, a solicitud de éste, por medio de la Procuraduría General de<br />
la República, las tierras que se consideren necesarias para los fines de<br />
esta ley, dentro de un término de seis meses que se contará, en cada caso,<br />
desde la fecha en que se pida el traspaso correspondiente por el Poder<br />
Ejecutivo;<br />
b) Los aportes adicionales que se asignen a dicho Instituto en los<br />
presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República;<br />
c) Las sumas que se recauden por concepto de venta y arrendamiento<br />
de tierras y bosques;<br />
d) El producto del siguiente impuesto sobre tierras incultas<br />
pertenecientes a una solo persona, de una extensión no inferior a cien<br />
hectáreas, que se cobrará según la siguiente tarifa progresiva:<br />
1) Los terrenos incultos estarán exentos del impuesto, cuando su<br />
total perteneciente a una sola persona, en todo el país, no pase de cien<br />
hectáreas.<br />
2) Si el total de propiedad inculta de una persona, física o<br />
jurídica, en toda la Republica, pasa de cien hectáreas, la contribución<br />
será pagada anualmente, con arreglo de la tarifa progresiva siguiente:<br />
Un cuarto de uno por ciento sobre el valor de las doscientos<br />
cincuenta o fracción mayor de cien hectáreas;<br />
Un medio de uno por ciento sobre el exceso de doscientas cincuenta<br />
hectáreas hasta quinientas hectáreas;<br />
Tres cuartos de uno por ciento sobre el exceso de quinientas<br />
hectáreas hasta mil hectáreas;<br />
Un uno por ciento sobre el exceso de mil hectáreas hasta mil<br />
quinientas hectáreas;<br />
Un uno y cuarto por ciento sobre el exceso de mil quinientas<br />
hectáreas hasta dos mil hectáreas;<br />
Un uno y medio por ciento sobre el exceso de dos mil hectáreas hasta<br />
tres mil hectáreas;<br />
Un uno y tres cuartos por ciento sobre el exceso de tres mil<br />
hectáreas hasta cuatro mil hectáreas;<br />
Un dos por ciento sobre el exceso de cuatro mil hectáreas hasta<br />
cinco mil hectáreas; y<br />
Un dos y medio por ciento sobre el exceso de cinco mil hectáreas.<br />
Cuando los terrenos incultos de un contribuyente tuvieren diferentes<br />
valores, el valor total de ellos se dividirá por el número de hectáreas, y<br />
el cociente que resulte será el valor medio que se tome como base para el<br />
cálculo de este impuesto.<br />
Como terreno inculto será considerado todo aquel que se encuentre en<br />
estado natural o de abandono, sin que su dueño, por sí o por medio de<br />
arrendatario o colonos, haya emprendido en él trabajos de cultivo o de<br />
explotación. La simple apertura de carriles para fijar los linderos de la<br />
propiedad, la explotación empírica de maderas, o el aprovechamiento de los<br />
valores naturales superficiales, no le quitarán su carácter de inculto.<br />
Para mantener y mejorar los regímenes climatéricos y pluviales, y en<br />
resguardo de la conservación de recursos naturales, se considerarán<br />
exceptuadas de los impuestos de tierras incultas las áreas cubiertas de<br />
bosques, cultivadas o naturales. La explotación sistemática y organizada<br />
con la ayuda de instalaciones mecánicas estables como aserraderos,<br />
maquinaria minera u otras parecidas, sí puede ser admitida como<br />
aprovechamiento que le quita al terreno el carácter de inculto. El<br />
Instituto decidirá en cada caso si hay lugar a ello, y fijará la extensión<br />
de terreno así clasificada de explotación o de legítima reserva en el<br />
sentido de los párrafos inmediatos anteriores.<br />
Los terrenos incultos que formen parte de una empresa agrícola, se<br />
considerarán como legítima reserva para futuros cultivos y estarán sujetos<br />
solamente el tipo general de la contribución, como si se hallasen en<br />
explotación debida, si su extensión no fuere mayor de la ya cultivada. No<br />
es necesario, para que gocen de esta ventaja, que la porción inculta forme<br />
un solo cuerpo con lo ya aprovechado sin interrupción.<br />
Tampoco se considerarán terrenos incultos para efectos de la presente<br />
ley, aquellos que deban dedicarse forzosamente a cultivos y explotaciones<br />
forestales por existir en ellos vertientes de agua, por tener declives que<br />
obliguen a mantener los bosques para evitar la erosión, o aquellos que por<br />
ley deben mantenerse en forma de bosque por estar situados en la faja que<br />
la misma ley establece en la cresta de las montañas como zona de "división<br />
de aguas"; todo ello a juicio del respectivo departamento del Instituto;<br />
e) El producto de sus utilidades netas ; y<br />
f) Lo que corresponda por el impuesto de los cigarrillos al<br />
Instituto, según la ley Nº 3021 de 21 de agosto de 1962 (Aumento de los<br />
impuestos sobre importación de gasolina y sobre el consumo de cerveza,<br />
refrescos y cigarrillos).<br />
Toda persona física o jurídica poseedora de terrenos incultos en<br />
exceso de cien hectáreas, sujeta al pago del impuesto creado por este<br />
artículo, deberá declarar anualmente la cantidad de tierras de su propiedad<br />
que esté en esas condiciones. La Tributación Directa, a partir de la<br />
declaración número treinta y dos (32), correspondiente al período de pago<br />
del impuesto sobre la renta, del 1º de octubre de 1961 al 30 de setiembre<br />
de 1962, incluirá en las fórmulas de declaración, un nuevo cuadro destinado<br />
específicamente a los fines de recaudación de este impuesto. Basada en<br />
tales declaraciones, la Tributación Directa deberá emitir los recibos<br />
correspondientes, que pondrá al cobro por medio del Banco Cajero del<br />
Estado, con todas las formalidades y requisitos que son de uso en los demás<br />
tributos a favor del Estado. El Banco Cajero del Estado apartará en cuenta<br />
especial el producto de este impuesto y lo girará directamente cada mes a<br />
favor del Instituto de Tierras y Colonización.<br />
El Instituto y la Tributación Directa tendrán facultades para<br />
verificar, por medio de sus funcionarios, la exactitud de las declaraciones<br />
hechas por las personas sujetas al pago, y formularios en el cuadro a que<br />
se refiere el párrafo anterior.<br />
El propietario estará obligado a suministrar la información necesaria<br />
a juicio del Instituto, para efectos de la verificación mencionada. En caso<br />
de comprobarse declaraciones falsas o que no se ajusten a la realidad, el<br />
declarante deberá pagar el doble del impuesto a que legalmente está<br />
obligado.<br />
Artículo 42.- Se considerarán exceptuados del pago del impuesto sobre<br />
tierras incultas, los terrenos dedicados a la industria forestal, la cual<br />
merecerá el mayor apoyo y estímulo del Estado.<br />
La Junta Directiva del Instituto calificará como industria forestal a<br />
las empresas que lo soliciten, ante la evidencia de los programas de<br />
explotación que estén llevando a cabo o que se propongan realizar, que se<br />
consideren convenientes para el país o para una zona suya, con vista de su<br />
importancia técnico-económica, las mejoras hechas o por hacer en el terreno<br />
de las instalaciones mecánicas estables, como aserraderos, edificaciones o<br />
similares, que tengan o vayan a establecerse. Los solicitantes deberán<br />
igualmente evidenciar un interés real en la conservación y explotación<br />
técnica, racional y adecuada de los bosques, para extraerles sus maderas,<br />
por medio de rendimientos periódicos, que los preserven o los sustituyan,<br />
en forma parcial o complementaria, con explotaciones de carácter agrícola o<br />
ganadero de verdadera importancia económica.<br />
El Instituto podrá revisar, cuando lo crea conveniente, la<br />
calificación que hubiere hecho, dentro de los términos de este artículo,<br />
para cancelarla si hubieren dejado de existir las razones que originalmente<br />
las justificaron.<br />
El Instituto establecerá en el reglamento de esta ley los requisitos<br />
que debe llenar una empresa para ser considerada industria forestal.<br />
Artículo 43.- El Instituto deberá, preferentemente, darle solución a<br />
los problemas que resulten de la posesión en precario de tierras en todo el<br />
territorio nacional y de la posesión en las zonas de la Milla Marítima,<br />
debiendo destinar desde el principio la mayor parte de sus recursos a esa<br />
tarea.<br />
Para ese fin, desarrollará preferentemente sus programas de<br />
parcelación, colonización y organización de cooperativas, en aquellas zonas<br />
donde existen núcleos de poseedores en precario y que se consideren aptas<br />
para ese objeto, así como en las tierras del Estado, en las reservas<br />
nacionales o en otras propiedades que entidades publicas le traspasen con<br />
ese propósito.<br />
En el caso de la Milla Marítima se respetarán los arriendos vigentes a<br />
la fecha de la promulgación de la presente ley y los derechos adquiridos en<br />
la misma por los poseedores de buena fe, sin prejuicio de lo que establece<br />
esta ley.<br />
Artículo 44.- El Instituto Geográfico de Costa Rica deberá colaborar<br />
con el Instituto de Tierras y Colonización a efecto de que éste aproveche<br />
la experiencia y el personal adiestrado de aquél. El Instituto de Tierras y<br />
Colonización podrá contratar con el Instituto Geográfico de Costa Rica la<br />
ejecución de los trabajos de cartografía y derivados, que estén a su cargo<br />
en relación con los fines de esta ley.<br />
Artículo 45.- El Instituto podrá solicitar, por medio del Poder<br />
Ejecutivo o directamente, según el caso, el asesoramiento de organismos<br />
extranjeros e internacionales, oficiales o particulares, para la mejor<br />
solución de los problemas o situación relacionados con la presente ley,<br />
acerca de los cuales se carezca de antecedentes o jurisprudencia aplicable<br />
a determinados casos.<br />
Artículo 46.- El Instituto, para los efectos de esta ley, formará solo<br />
o en asocio de alguna institución docente, un centro de investigación<br />
geográfica regional, cuya finalidad será el estudio objetivo, en el<br />
terreno, de las características de las varias zonas del país, sus problemas<br />
agrícolas, sociales y económicos, y proponer una solución adecuada. Este<br />
centro coordinará las actividades y aprovechará las experiencias de los<br />
organismos públicos y privados que se ocupen en tareas relacionadas con la<br />
investigación geográfica regional.<br />
Artículo 47.- El Estado queda obligado a ejecutar los planos y la<br />
construcción de caminos de penetración; asimismo, el Estado dará asistencia<br />
en materias especializadas a través de los correspondientes organismos<br />
-centralizados y autónomos-, como vivienda rural, por el Instituto Nacional<br />
de Vivienda y Urbanismo, fomento de la producción y garantía de precios,<br />
por el Consejo Nacional de Producción; previsión social y salubridad a<br />
través de los respectivos Ministerios; y educación rural, por el<br />
Departamento de Extensión Agrícola del Ministerio de Agricultura y<br />
Ganadería y el Ministerio de Educación Pública.<br />
Artículo 48.- Todas las instituciones autónomas, municipalidades y<br />
dependencias del Estado que tengan relación con el objeto de la presente<br />
ley, dentro de sus facultades legales y constitucionales, deberán dar su<br />
colaboración cuando esta les sea requerida por el Instituto de Tierras y<br />
Colonización.<br />
CAPÍTULO IV<br />
Parcelación de Tierras<br />
Artículo 49.- El Instituto podrá efectuar la parcelación de sus<br />
tierras para llenar, entre otros, los siguientes fines inmediatos:<br />
a) Una mejor distribución de la tierra;<br />
b) Resolución de situaciones de hecho inconvenientes, adecuándolas<br />
a<br />
los fines de esta ley; y<br />
c) propósitos de colonización.<br />
Artículo 50.- Toda adquisición de tierras que lleve a cabo el<br />
Instituto para los fines de parcelación o colonización establecidos en esta<br />
ley, debe estar precedida de un estudio de su situación legal y geográfica,<br />
para lo cual se levantará el plano del terreno y se enlazará, en posición<br />
acimut y altitud con la red de triangulación y nivelación del Instituto<br />
Geográfico; se estudiarán, además, sus posibilidades de explotación<br />
económica y demás condiciones determinantes de las posibilidades de orden<br />
natural y técnico de los predios. Igual estudio deberá hacerse respecto de<br />
las tierras que el Instituto tome en arrendamiento o administración con los<br />
mismos fines.<br />
Artículo 51.- Los inmuebles que el Instituto adquiera, arriende o<br />
administre, para los fines del artículo anterior, deberán ser objeto de<br />
avalúo. Los peritos nombrados al efecto tomaran en cuenta, además de otros<br />
elementos que contribuyan a una tasación justa, los siguientes factores:<br />
a) Clase de tierra de acuerdo con su aptitud agrícola;<br />
b) Su productividad en función de las condiciones de explotación<br />
prevalecientes en la zona;<br />
c) El valor declarado por el propietario o la estimación oficial hecha<br />
con propósitos fiscales, de acuerdo con la ley;<br />
d) El precio de adquisición de las tierras en la última transmisión de<br />
dominio que se hubiere realizado en un período comprendido entre los<br />
tres y los diez años que preceden al momento de la estimación;<br />
e) Los precios de compra de tierras similares en la propia zona; y<br />
f) Medios de comunicación y facilidades para sacar los productos.<br />
Artículo 52.- Para los planes de parcelación o colonización, se<br />
procurará dar preferencia a aquellas zonas y tierras en donde existen<br />
núcleos de poseedores en precario y que se consideren aptas para el objeto;<br />
a las tierras del Estado, a las reservas nacionales y a aquellas que las<br />
Instituciones autónomas, las Municipalidades y otras entidades públicas<br />
pongan, para el objeto, a disposición del Instituto de Tierras y<br />
Colonización.<br />
Artículo 53.- El Sistema Bancario Nacional, las Municipalidades y las<br />
Instituciones Autónomas están obligados a ofrecer al Instituto, con<br />
preferencia sobre cualesquiera otros compradores, las fincas rurales que<br />
resuelvan vender. En caso de bienes adquiridos por las citadas<br />
Instituciones en o por pago de créditos a su favor, el precio de venta para<br />
el Instituto estará determinado por el valor de la deuda respectiva, más<br />
las costas. Si el Instituto no resolviere su compra dentro de los noventa<br />
días siguientes, la entidad oferente podrá vender de acuerdo con sus<br />
facultades, pero el Instituto conservará preferencia para hacer la<br />
adquisición en igualdad de circunstancias.<br />
Para ser inscrita en el Registro de la Propiedad una escritura<br />
traslativa de dominio de las condiciones expresadas en el presente<br />
artículo, es indispensable presentar constancia del Instituto de haber<br />
llenado los requisitos establecidos en los párrafos anteriores.<br />
Artículo 54.- Adquirido un terreno por el Instituto, se procederá al<br />
estudio de sus condiciones y a su mensura para dividirlo en parcelas de<br />
área aconsejable, según la calidad de la tierra y la clase de explotación<br />
para que sea apta, a fin de que la capacidad productiva de la parcela sea<br />
suficiente para procurar la emancipación económica del agricultor y para<br />
contribuir eficazmente al incremento de la producción nacional.<br />
Artículo 55.- Determinados la colonización, parcelación o<br />
arrendamiento de tierras, el Instituto dará curso a las solicitudes<br />
presentadas, a fin de efectuar las adjudicaciones procedentes. Las<br />
solicitudes podrán ser presentadas en cualquier agencia de esa Institución.<br />
Artículo 56.- Cuando el Instituto lo considere conveniente, para el<br />
mejor cumplimiento de los fines de esta ley, podrá explotar directamente y<br />
en forma temporal, sus propiedades, o bien darlas en arriendo.<br />
Artículo 57.- Como complemento de sus actividades de parcelación y<br />
colonización, el Instituto podrá, cuando lo estime conveniente y previa<br />
consulta con el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, construir<br />
viviendas en las zonas rurales, como una contribución más al mejoramiento<br />
de las condiciones de vida del campo.<br />
Artículo 58.- El valor base de las parcelas o extensiones adicionales<br />
otorgadas a título oneroso, será la parte proporcional correspondiente del<br />
costo de adquisición de las tierras por hectáreas y de las obras y mejoras<br />
efectuadas en la parcela, así como los gastos de financiación de la<br />
producción, durante el primer año, que deberá suministrar el Instituto.<br />
En ningún caso se cargará a los parceleros el costo de las obras<br />
destinadas a los servicios públicos en los centros agrarios, tales como<br />
carreteras, caminos de penetración, y otros de carácter general, excepto<br />
cuando dichas obras han sido construidas por el Instituto.<br />
En atención a la función social de la propiedad de la tierra, cuando<br />
se trate de parcelas otorgadas a título oneroso que resulten muy costosas<br />
por estar ubicadas en regiones en donde el valor comercial de la tierra sea<br />
muy alto, el precio de venta de aquéllas podrá ser menor, según el estudio<br />
agro-económico que haga el Instituto.<br />
Los intereses que se cobren no podrán ser superiores a un tanto por<br />
ciento que cubra los gastos de administración.<br />
Artículo 59.- La cuota anual de amortización será igual al resultado<br />
de la división del precio de la parcela por veinticinco. Dichas cuotas se<br />
comenzaran a pagar cinco años después de haber recibido el adjudicatario su<br />
parcela.<br />
El Instituto hará lo posible porque la cuota anual de amortización no<br />
sea mayor del cinco por ciento de la producción de la parcela, estimada<br />
según los promedios en cada zona. Cuando la cosecha de un año fuere mala<br />
por razones ajenas a la voluntad del adjudicatario, el Instituto deberá<br />
hacer las adecuaciones de plazo necesarias.<br />
Artículo 60.- El cumplimiento de las obligaciones por parte del<br />
adjudicatario de todas las obligaciones en la explotación de la parcela,<br />
con la obtención, a juicio del Instituto, de un nivel superior al promedio<br />
de productividad anual fijado previamente, le dará derecho a un crédito<br />
adicional del 25% del concedido en el año anterior, siempre que fuera para<br />
utilizarlo en el aumento de la producción agrícola.<br />
Artículo 61.- El Instituto, en sus operaciones, dará preferencia a<br />
aquellos parceleros que acepten su plan de ahorro y, de éstos, a quienes<br />
formen una cooperativa.<br />
Artículo 62.- Toda solicitud para adquisición de parcelas deberá<br />
contener, como mínimo, los siguientes datos:<br />
a) Nombre, apellidos, calidades y vecindario del solicitante, así como<br />
las obligaciones crediticias a su cargo;<br />
b) Nombre, apellidos y calidades de los hijos que convivan con él;<br />
c) Capacidad técnica y experiencia en trabajos agrarios del solicitante<br />
y de los hijos que convivan con él; actividades a que se han dedicado y<br />
resultados obtenidos en ellas.<br />
El solicitante debe comprometerse a trabajar la parcela personalmente<br />
y con sus descendientes, hasta el segundo grado de consanguinidad, y que<br />
vivan con él, siempre que estén en condiciones físicas de hacerlo.<br />
Debe declarar, bajo la fe del juramento, que carece de tierras o que<br />
son insuficientes las que posea.<br />
Artículo 63.- Entre los aspirantes que llenen los requisitos a que se<br />
refiere el artículo anterior, se establecerá la siguiente prelación:<br />
1) Los arrendatarios, aparceros, colonos y ocupantes que estén<br />
cultivando las tierras objeto de la adjudicación, así como los obreros<br />
agrícolas (jornaleros) de las mismas;<br />
2) Los campesinos residentes en la región en donde estén ubicadas las<br />
tierras objeto de distribución y que carezcan de ellas o que cultiven un<br />
área que no constituya una unidad económica de explotación familiar;<br />
3) Los campesinos de otras regiones, prefiriéndose los de las vecinas,<br />
que se encuentren en las mismas condiciones estipuladas en el inciso<br />
trasanterior;<br />
4) Cualquiera otra persona que formulare la correspondiente solicitud,<br />
prefiriéndose a aquella que demostrare tener experiencia o conocimiento en<br />
materia agrícola.<br />
En igualdad de condiciones, se preferirá a los padres de familia que<br />
tengan más hijos o más personas a su cargo.<br />
Los mayores de dieciocho años se considerarán personas capaces a los<br />
efectos de la dotación y administración de parcelas y de concesiones de<br />
créditos Tendrán prelación especial los arrendatarios, aparceros,<br />
colonos, ocupantes y trabajadores agrícolas en general que hubieren sido<br />
desalojados de las tierras que van a ser objeto de dotación, o que<br />
estuvieren pendientes de desalojo.<br />
También tendrán prelación especial, dentro de la clasificación<br />
anterior, todos los grupos de agricultores que se organicen en<br />
cooperativas.<br />
Artículo 64.- No se adjudicará más de una parcela a cada<br />
beneficiario. Dentro de los límites y condiciones fijados por esta ley, la<br />
parcela puede ser mayor o menor, según el número de hijos y de personas que<br />
estén a cargo del adjudicatario.<br />
Los adquirentes deberán comprometerse a cumplir las instrucciones que<br />
les imparta el Instituto para su explotación.<br />
Artículo 65.- Una vez acordada la adjudicación de las parcelas por<br />
venta, el Instituto expedirá a favor del ocupante un título de Posesión<br />
Provisional en que consten sus derechos y obligaciones.<br />
Si el ocupante ha cultivado el mínimo señalado por el Instituto y<br />
cumplido a satisfacción de éste todas las demás obligaciones, tendrá<br />
derecho a que se le otorgue título de propiedad, garantizando el pago con<br />
hipoteca de su parcela.<br />
Artículo 66.- El incumplimiento de las obligaciones impuestas al<br />
ocupante de una parcela, causará, a juicio del Instituto, la pérdida del<br />
derecho sobre la misma.<br />
En el caso de dictarse una resolución en tal sentido, que requerirá<br />
cuatro votos conformes de la Junta Directiva, la parcela volverá al dominio<br />
del Instituto con toda su dotación, reconociéndole este al parcelero el<br />
valor de las mejoras necesarias o útiles que hubiere hecho de su peculio.<br />
Artículo 67.- El beneficiario no podrá traspasar el dominio de su<br />
predio, ni gravarlo, arrendarlo o subdividirlo sin autorización del<br />
Instituto, excepto que hayan transcurrido quince años desde la adquisición<br />
de la parcela y de que todas las obligaciones con dicho organismo<br />
estuvieren canceladas.<br />
Tampoco podrá, sin esa autorización y durante el mismo término,<br />
gravar las cosechas, semillas, animales, enseres, útiles o equipos<br />
necesarios para la explotación de la parcela, a menos que todas sus<br />
obligaciones con el Instituto estuvieren canceladas. Para autorizar el<br />
gravamen del inmueble se requieren cuatro votos conformes de la Junta<br />
Directiva. Será absolutamente nulo cualquier contrato que se celebre sin<br />
que se cumplan las disposiciones anteriores.<br />
Transcurridos los quince años y adquirido el derecho de propiedad,<br />
cualquier enajenación de parcela que, a juicio del Instituto, pueda<br />
producir la concentración o subdivisión excesiva de la propiedad, dará<br />
derecho a éste para adquirir la o las parcelas que se ofrezcan en venta por<br />
el precio que fijen los peritos nombrados por las partes, o por un tercero,<br />
en caso de discordia. Este tercer perito será nombrado por los otros dos<br />
expertos. El Registro Público tomará nota de las limitaciones a que se<br />
refiere este artículo.<br />
Artículo 68.- En el contrato que se realice con el parcelero y en el<br />
título que se le entregue, se harán constar las estipulaciones siguientes:<br />
1) Que antes de haber cancelado sus obligaciones con el Instituto, el<br />
parcelero no podrá traspasar el dominio de su predio, gravarlo, arrendarlo,<br />
subdividirlo, ni gravar las cosechas, semillas, animales, enseres, útiles o<br />
equipos necesarios para la explotación de la parcela, sin autorización del<br />
Instituto;<br />
2) Que después de haber terminado sus obligaciones con el Instituto,<br />
cualquier enajenación de parcela que, a juicio de esa Institución, pueda<br />
producir la concentración o subdivisión excesiva de la propiedad, dará<br />
derecho al Instituto para readquirir la o las parcelas que se ofrezcan en<br />
venta, por el precio que fijen los peritos nombrados de conformidad con las<br />
disposiciones de esta ley;<br />
3) Que las parcelas, cosechas, semillas, animales, enseres, útiles y<br />
equipo necesario para la explotación de las parcelas, no podrán ser objeto<br />
de medidas judiciales, preventivas o ejecutivas, por terceros o acreedores,<br />
antes de que los parceleros hayan cancelado sus obligaciones con el<br />
Instituto, salvo que tales acreedores lo sean por haber suplido créditos<br />
debidamente autorizados por éste;<br />
4) Que el Instituto deberá, de conformidad con el procedimiento<br />
estipulado en el Capítulo de Tribunales de Tierras, revocar o extinguir la<br />
adjudicación por los siguientes motivos:<br />
a) Por destinar la parcela a fines distintos de los previstos en la<br />
presente ley;<br />
b) Por el abandono injustificado de la parcela o de la familia. En este<br />
último caso, el Instituto le adjudicará la parcela a la esposa, a la o las<br />
personas que hayan convivido permanentemente con el parcelero y que<br />
demuestren mayor capacidad, siempre que reúnan las condiciones estipuladas<br />
en el artículo 62;<br />
c) Por negligencia o ineptitud manifiesta del adjudicatario en la<br />
explotación de la parcela o conservación de las construcciones, mejoras o<br />
elementos de trabajo que se le hayan confiado o pertenezcan a la<br />
organización;<br />
d) Por comprobarse la explotación indirecta de la explotación, salvo las<br />
excepciones contempladas;<br />
e) Por incumplimiento, sin causa justificada, de las obligaciones de<br />
pago contraídas con el Instituto; y<br />
f) Por falta reiterada a las normas legales para la conservación de los<br />
recursos naturales.<br />
Con excepción del caso b) y antes de la revocatoria o extinción del<br />
derecho, debe proceder una amonestación que no haya sido atendida por el<br />
adjudicatario.<br />
Artículo 69.- Con el objeto de garantizar la integridad de la<br />
parcela, en caso de fallecimiento del parcelero o colono antes de haberse<br />
producido las condiciones que señala el artículo 67, el Instituto, después<br />
de aprobarlo, autorizará el traspaso del contrato de adjudicación, dentro<br />
del siguiente orden de precedencia:<br />
a) Al heredero designado por el causante, que reúna las condiciones<br />
exigidas por esta ley y sus reglamentos;<br />
b) A los herederos que reuniendo las mismas condiciones, se comprometan<br />
a continuar en conjunto la explotación de la parcela, como unidad económica<br />
familiar; y<br />
c) Al heredero que designen los demás coherederos por convenio privado,<br />
y en caso de no haberlo, al que el Instituto estime idóneo para la<br />
adjudicación.<br />
Si no hubiere heredero capaz en los términos de esta ley y sus<br />
reglamentos, o si el presunto adjudicatario no pudiere garantizar el pago<br />
del haber sucesorio que por razón de la parcela pudiere corresponder a los<br />
otros herederos, el Instituto podrá adjudicarse judicialmente la parcela,<br />
depositando a la orden de la sucesión el valor del inmueble dado por el<br />
perito de la mortual, con deducción de las deudas que el causante tuviera<br />
con el Instituto.<br />
El Instituto de Desarrollo Agrario deberá considerar las directrices<br />
definidas por la Ley de Manejo, Conservación y Recuperación de Suelos, para<br />
valorar la adquisición y adjudicación de terrenos. Es obligación suya<br />
disponer de estudios de capacidad de uso de la tierra, antes de adquirirla,<br />
para fines de titulación.<br />
Toda adjudicación de terrenos deberá limitarse a que la utilización<br />
del terreno adjudicado no pueda ir en contra de la capacidad de uso del<br />
terreno. El incumplimiento de esta disposición acarreará la revocatoria de<br />
la adjudicación.<br />
(Así adicionados estos dos párrafos finales por el artículo 64 de la Ley de<br />
Uso y Conservación de Suelos, Nº 7779, de 30 de abril de 1998.)<br />
Artículo 70.- El Instituto, los Ministerios de Obras Públicas,<br />
Salubridad y Educación, preferentemente, la Caja Costarricense de Seguro<br />
Social, Municipalidades y demás Instituciones autónomas afines, quedan<br />
facultadas para completar las dotaciones de tierras con la construcción de<br />
obras de vialidad, riego, saneamiento, asistencia médica, centros<br />
hospitalarios, vivienda, educación y otros servicios comunes.<br />
Artículo 71.- En cada centro agrario se crearán grupos de estudios<br />
agropecuarios y las escuelas establecidas destinarán capítulo importante a<br />
la formación de trabajadores agrícolas aptos para llenar sus funciones<br />
orientadas hacia los objetivos de la presente ley, insistiendo,<br />
fundamentalmente, en los beneficios del cooperativismo.<br />
Artículo 72.- Como medio de mejorar la economía campesina, se pueden<br />
organizar las parcelas en forma de granjas mixtas, por lo que el Instituto<br />
proporcionará a los beneficiarios, como ayuda de instalación, los medios<br />
para adquirir en cantidades adecuadas los ganados, aves de corral, y otras<br />
clases de animales que favorezcan la realización de este fin.<br />
Artículo 73.- Se establecerán potreros comunales para el pastoreo de<br />
los ganados de los campesinos cuando sea necesario.<br />
Artículo 74.- En las zonas donde ocurra sequía, ningún particular<br />
podrá alegar derecho de propiedad sobre las fuentes de agua que deban<br />
servir de abrevadero a los ganados, cuando éstas constituyan el único<br />
recurso hídrigo del lugar. Esta fuentes deberán ser clasificadas por el<br />
Instituto, pertenecerán al Estado, y se destinarán siempre al servicio<br />
gratuito del ganado de los campesinos del lugar. Si para ello fuere<br />
necesario expropiar propiedades o establecer servidumbres sobre predios de<br />
particulares, el Instituto indemnizara a éstos equitativamente, conforme a<br />
la ley.<br />
Artículo 75.- El Instituto, de acuerdo con los organismos<br />
pertinentes, velará por el acondicionamiento de las comunidades o familias<br />
indígenas, de conformidad con el espíritu de esta ley. No se declarará que<br />
las extensas zonas donde estas comunidades viven aisladamente, pertenecen<br />
exclusivamente a ellas, pero sí se tratará de reunir a todas estas<br />
comunidades, formando un solo centro agrario, en la zona que el Instituto<br />
considere adecuada y para lo cual se hará uso del área de terreno que sea<br />
necesaria.<br />
Artículo 76.- A título gratuito y en propiedad, se entregarán a las<br />
familias indígenas parcelas que el Instituto señale como mínimo<br />
indispensable para satisfacer las necesidades de las mismas, y explotables<br />
por ese grupo, sin necesidad de trabajadores asalariados.<br />
Artículo 77.- Los beneficiarios de las parcelas a que se refiere el<br />
artículo trasanterior, podrán solicitar posteriormente del Instituto, la<br />
adquisición, por compra, de extensiones adicionales de tierra, siempre que<br />
con ellas no se exceda el límite legal, que se demuestre que es<br />
insuficiente la parcela original para dar los rendimientos económicos<br />
requeridos para el mantenimiento de la familia, y que tiene explotada<br />
racionalmente la parcela poseída.<br />
Artículo 78.- A las familias indígenas que sean trasladadas a otras<br />
zonas de conformidad con los artículos precedentes, el Instituto las<br />
indemnizará en los daños que pudiera ocasionarles.<br />
Artículo 79.- A efecto de otorgar parcelas a comunidades o familias<br />
indígenas, el Instituto no esperará solicitudes, sino que enviará delegados<br />
a esas zonas a ofrecerles parcelas y a exponer planes de trabajo, cuando<br />
éstos estén debidamente confeccionados y el Instituto en condiciones de<br />
realizarlos.<br />
Artículo 80.- El Instituto considerará la solución del problema<br />
indígena de gran importancia y urgencia.<br />
De ser necesario, por el exceso de población o por las diferentes<br />
costumbres, podrá formar varios centros agrarios, pero tratando de que<br />
estén cerca unos de otros.<br />
Artículo 81.- Los parceleros están exentos del pago de todo impuesto<br />
con motivo de las parcelas, adjudicación de créditos y demás operaciones<br />
que para tales fines realicen.<br />
CAPITULO V<br />
Colonización<br />
Artículo 82.- Por colonización se entenderá, para los efectos de esta<br />
ley, el conjunto de medidas a adoptarse para promover una racional<br />
subdivisión y aprovechamiento de la tierra por grupos de agricultores, a<br />
quienes se procurará dar adecuada asistencia técnica y financiera, de<br />
acuerdo con las posibilidades del Instituto.<br />
Artículo 83.- Las colonias podrán proyectarse con las limitaciones<br />
establecidas en esta ley, para los siguientes regímenes de tenencia:<br />
a) En propiedad;<br />
b) En arrendamiento a precio fijo, con opción de compra o sin ella;<br />
c) En aparcería a precio proporcional al producto de la<br />
explotación, con opción de compra o sin ella; y<br />
d) En usufructo a largo plazo o vitalicio, y a precio fijo<br />
proporcional al producto de la explotación.<br />
Las diferentes modalidades de colonización señaladas, podrán ser<br />
objeto de traslación o combinación y constituirán fases de un proceso<br />
encaminado a asegurar la mayor independencia económica del trabajador<br />
rural, dentro de un espíritu de cooperación del Estado con éste, y de<br />
dichos trabajadores entre sí y todo de acuerdo con las necesidades y<br />
posibilidades económicas y sociales del país y de cada zona.<br />
Los detalles en las distintas modalidades de colonización serán<br />
previstos en la reglamentación de esta ley, donde se podrá completar la<br />
integración de comisiones consultivas que estudien los aspectos del plan de<br />
colonización a desarrollar, o de las tierras seleccionadas para tal<br />
finalidad.<br />
Artículo 84.- El Instituto establecerá colonias solamente en aquellos<br />
casos en que pueda ofrecer a los colonos, ya sea en forma directa, por<br />
medio del Sistema Bancario Nacional o por otras fuentes, la financiación<br />
adecuada para su conveniente instalación. Los centros, unidades o colonias<br />
se regirán por reglamentos que dictará el Instituto.<br />
Artículo 85.- El Instituto creará todas las colonias que sean<br />
necesarias, según sus posibilidades económicas, en todo el territorio<br />
nacional, adaptando su estructura y objetivos a las condiciones de las<br />
respectivas zonas.<br />
El Instituto no dará su aprobación para la fundación de una colonia,<br />
hasta no tener a mano estudios que determinen probabilidades de éxito.<br />
Artículo 86.- Durante todo el tiempo que se estime conveniente, en<br />
cada colonia se establecerá una administración permanente, encargada de la<br />
dirección de los trabajos, entrega de parcelas, orientación de los colonos,<br />
y, en general, de todas aquellas actividades necesarias para el cumplido<br />
desenvolvimiento de una colonización. El administrador o director será<br />
preferentemente un Ingeniero Agrónomo.<br />
Artículo 87.- En todo proyecto de colonización, se reservarán, las<br />
áreas requeridas para el establecimiento y desarrollo de las poblaciones,<br />
de los servicios públicos y demás necesidades de la colonia, así como<br />
también para la defensa de los suelos, las aguas, el bosque y demás<br />
recursos naturales, y que prescriban, tanto las leyes y reglamentos, como<br />
las disposiciones especiales del Instituto.<br />
Artículo 88.- Todo proyecto de parcelación privada requerirá ser<br />
aprobado previamente por el Instituto, para gozar de los beneficios que<br />
esta ley establece para la parcelación y colonización oficiales.<br />
Artículo 89.- En todo lo que no se opusieren, serán aplicados a la<br />
colonización los principios que corresponden a la parcelación.<br />
Artículo 90.- El Instituto deberá asumir, cuando esté en condiciones<br />
de hacerlo, la jurisdicción sobre las colonias creadas por el Estado que<br />
estén actualmente bajo su cuidado, control o dirección, y les dará la<br />
organización que considere más adecuada dentro de las disposiciones legales<br />
bajo cuyo imperio fueron establecidas. Ello, no obstante, el Instituto<br />
procurará, dentro de sus facultades o por medio de acuerdo con los colonos,<br />
adaptarlas a las normas de esta ley.<br />
Asimismo, queda a cargo del Instituto, la vigilancia del cumplimiento<br />
de los contratos con el Estado mediante los cuales hayan sido establecidas<br />
colonias de carácter semi-oficial o particular. Cuando a su juicio hubiere<br />
incumplimiento de parte de los concesionarios, recomendará la rescisión o<br />
resolución del contrato, según corresponda, si no fuere posible un<br />
entendimiento con los colonos o con sus<br />
representantes legales.<br />
Los organismos del Estado encargados por leyes o contratos de<br />
autorizar las inscripciones de parcelas de colonias, deberán oír<br />
previamente por treinta días al Instituto.<br />
Artículo 91.- Las actuales empresas de colonización informarán al<br />
Instituto acerca de sus contratos con el Estado y presentarán, anualmente,<br />
una relación de sus actividades en los aspectos legales, agrícolas,<br />
económicos y sociales.<br />
El Instituto revisará tales contratos y solicitará la adecuación de<br />
los mismos a los principios generales de la presente ley. Pagará con bonos<br />
los daños que pueda ocasionar tal revisión.<br />
Las citadas empresas de colonización, están obligadas a solicitar al<br />
Instituto instructores para que les den cursos de cooperativismo agrario.<br />
CAPITULO VI<br />
Regulación de Conflictos entre Propietarios y Poseedores en Precario<br />
Artículo 92.- El Instituto es el organismo facultado para intervenir<br />
en todos los casos de posesión precaria de tierras, y procurará<br />
encontrarles solución satisfactoria, de acuerdo con las disposiciones<br />
establecidas por esta ley.<br />
Para los efectos de esta ley se entenderá que es poseedor en precario<br />
todo aquel que por necesidad realice actos de posesión estables y<br />
efectivos, como dueño, en forma pacífica, pública e ininterrumpida, por más<br />
de un año, y con el propósito de ponerlo en condiciones de producción para<br />
su subsistencia o la de su familia, sobre un terreno debidamente inscrito a<br />
nombre de un tercero en el Registro Público.<br />
Los poseedores en precario que tengan posesión decenal en las<br />
condiciones enunciadas en el párrafo anterior, podrán inscribir su derecho<br />
de acuerdo con lo establecido en esta ley y por el procedimiento de<br />
información posesoria; pero una vez involucrados en la resolución de un<br />
conflicto motivado por la posesión precaria de tierras, quedarán sujetos a<br />
lo dispuesto en el párrafo final del artículo 101 de esta ley; los que no<br />
tuvieren la posesión decenal, reclamarán sus derechos conforme a las<br />
disposiciones de este Capítulo.<br />
(Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 3336, de 31 de julio de<br />
1964.)<br />
Artículo 93.- Para todos los efectos legales se respetarán los<br />
derechos de posesión adquiridos hasta la creación del Instituto, conforme<br />
al artículo 13 vigente de la llamada Ley de Ocupantes, Nº 88 de 14 de julio<br />
de 1942; y con el objeto de dar mayores facilidades de crédito, de acuerdo<br />
con el espíritu y letra de esta ley, a quienes hayan convalidado<br />
jurídicamente su posesión, y de acuerdo con la intención de la ley Nº 1921<br />
de 5 de agosto de 1955, refórmase el artículo 14 de la Ley de Informaciones<br />
Posesorias, Nº 139 de 14 de julio de 1941, para que se lea así:<br />
"Artículo 14.- Las informaciones posesorias y rectificaciones de<br />
medida, como medio de adquirir la propiedad, quedan definitivamente<br />
consolidadas por el transcurso de tres años, que se contarán a partir<br />
del día de la inscripción del respectivo título en el Registro Público,<br />
ya que se limita a ese plazo la prescripción negativa de la acción del<br />
tercero a quien esto pueda afectar.<br />
Sin embargo, las informaciones posesorias y rectificaciones de medida,<br />
se consideran consolidadas después de tres años, contados a partir del<br />
día de inscripción del respectivo título en el Registro Público,<br />
únicamente para el efecto de solicitar y obtener préstamos de los<br />
organismos del Sistema Bancario Nacional y otras Instituciones<br />
Autónomas del Estado.<br />
Sin perjuicio de los derechos de los Bancos y otras instituciones como<br />
acreedores hipotecarios, en los casos en que prosperen acciones<br />
reivindicatorias sobre los títulos emanados en informaciones posesorias<br />
o en rectificaciones de medida, los reivindicantes deberán hacerse<br />
cargo de pagar en los mismos términos y condiciones, los créditos que<br />
hubieren sido obtenidos por los titulantes en hipoteca sobre las<br />
propiedades reivindicadas, y los reivindicantes se subrogarán los<br />
derechos de los acreedores hipotecarios, para ejercitarlos en contra de<br />
los titulantes vencidos. No obstante, éstos no reembolsarán aquellas<br />
sumas que demuestren haber invertido en mejoras estables de las<br />
propiedades hipotecadas. En cada uno de estos casos, la Institución<br />
acreedora deberá enviar a la autoridad que conozca del asunto, copia de<br />
los documentos que obren en su poder acerca de la forma en que se<br />
invirtió el préstamo, si para ello fuere requerida."<br />
(Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 3336, de 31 de julio de<br />
1964.)<br />
Artículo 94.- La solución de los conflictos derivados de la posesión<br />
precaria de tierras, se buscará fundamentalmente a través de contratos<br />
directos de compra-venta entre el propietario y los ocupantes, con<br />
intervención del Instituto, y en la forma en que se indica en los artículos<br />
siguientes.<br />
Previamente al establecimiento de una acción judicial cualquiera en<br />
que pueda estar comprendido un problema de posesión precaria de tierras,<br />
los propietarios deberán presentar su reclamo ante el Instituto, conforme a<br />
los procedimientos mencionados en este Capítulo. Transcurridos tres meses<br />
a partir del recibo de la gestión respectiva sin que el Instituto haya<br />
declarado la existencia de un conflicto de posesión de tierras, o un año<br />
desde esa declaratoria, sin que el conflicto haya sido solucionado, se<br />
tendrá por agotado el procedimiento administrativo, y los accionantes<br />
podrán dirigirse a los Tribunales. No obstante lo anterior, cualquiera de<br />
los interesados podrá solicitar al Juez o Alcalde de la Jurisdicción en que<br />
esté situada la finca, que lleve a cabo una inspección ocular, con citación<br />
de partes, para comprobar cualesquiera hechos o señales que pudieren variar<br />
o desaparecer con el tiempo. Mientras el asunto esté en el Instituto, no<br />
correrá el término de la prescripción para ninguna de las partes.<br />
Solucionado el conflicto por el Instituto con la conformidad del<br />
propietario, u ordenada la expropiación por el Poder Ejecutivo, el<br />
propietario carecerá de toda acción judicial, sea civil o penal, contra los<br />
poseedores en calidad de tales. Caso contrario, los ocupantes quedarán<br />
expuestos a las sanciones legales comunes que puedan proceder.<br />
Los escritos presentados por las partes ante el Instituto, en<br />
diligencias de solución de conflictos de posesión precaria de tierras y<br />
otras relacionadas con cuestiones agrarias, estarán exentas de<br />
autenticación y del uso de especies fiscales.<br />
(Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 3336, de 31 de julio de<br />
1964.)<br />
Artículo 95.- Para acogerse a las disposiciones de la presente ley,<br />
el propietario de un inmueble o cualquiera de los ocupantes en precario,<br />
deberá dirigirse por escrito al Instituto formulando la consiguiente<br />
solicitud, e indicando con la mayor claridad posible, el nombre, apellidos,<br />
calidades y domicilio del propietario y del mayor número de ocupantes, así<br />
como la descripción y ubicación de la finca, ya esté ésta total o<br />
parcialmente ocupada.<br />
Una vez que el Instituto intervenga en la solución del conflicto<br />
suscitado entre el propietario de un inmueble y poseedores en precario,<br />
podrá gestionar ante el Juez Civil de Hacienda que anote el conflicto al<br />
margen de la finca en el Registro Público, con el fin de que esa anotación<br />
perjudique a terceros que quieran adquirir, hipotecar, arrendar o celebrar<br />
cualquier contratación sobre la finca anotada.<br />
La anotación se hará por medio de mandamiento que el Juez expedirá a<br />
favor del Instituto, y quien adquiriere la finca así anotada tomará el<br />
expediente tramitado en el Instituto en el estado en que se encuentre.<br />
(Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 3336, de 31 de julio de<br />
1964.)<br />
Artículo 96.- Una vez recibida la solicitud, el Instituto pedirá a el<br />
o los interesados, los datos adicionales que considere necesarios, tales<br />
como cargas reales que soporta la finca, número y extensión aproximados de<br />
los lotes ocupados, actos, tiempo y forma de posesión de los ocupantes,<br />
valor aproximado de la finca total y de los lotes ocupados en particular,<br />
constancia de los valores de la finca declarados en la Tributación Directa<br />
durante los diez años anteriores a la presentación de la solicitud,<br />
constancia de que el ocupante no es propietario de bienes inscritos con una<br />
cabida mayor de cien hectáreas y de que no ha adquirido parcela alguna al<br />
amparo de la ley Nº 88 de 14 de julio de 1942.<br />
El Instituto podrá, cuando lo juzgue conveniente, obtener por su<br />
propia cuenta, total o parcialmente, la información a que el párrafo<br />
anterior se refiere; podrá, asimismo, hacer las investigaciones que<br />
considere necesarias para corroborar o ampliar los datos que le hayan sido<br />
suministrados.<br />
Artículo 97.- El Instituto contará, para hacer las investigaciones a<br />
que se refiere el último párrafo del artículo anterior, con la colaboración<br />
que obligadamente le darán los propios interesados, los funcionarios y los<br />
empleados del Gobierno, municipales y de las otras Instituciones del<br />
Estado.<br />
Las personas encargadas por el Instituto para desempeñar estas<br />
funciones o cualesquiera otras relacionadas con esta ley, tendrán libre<br />
acceso a los terrenos afectados, vecinos u otros si fuere necesario para<br />
que llenen su cometido.<br />
(Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 3336, de 31 de julio de<br />
1964.)<br />
Artículo 98.- Obtenidas las referencias a que se contraen los<br />
artículos anteriores, el Instituto convocará a propietarios y ocupantes a<br />
una comparecencia, con el objeto de promover un arreglo directo entre las<br />
partes a base de la compra-venta de las parcelas ocupadas, en las<br />
condiciones mínimas de pago que más adelante se dirán.<br />
Artículo 99.- Si no se pudiere llegar a un arreglo entre propietarios<br />
y ocupantes, el Instituto realizará un avalúo de los terrenos ocupados, en<br />
el que se indicará el valor total del inmueble y el de las parcelas<br />
ocupadas, en la forma más práctica y conveniente.<br />
( Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 3336, de 31 de julio de<br />
1964.)<br />
Artículo 100.- El avalúo de las parcelas ocupadas no comprenderá de<br />
ningún modo, desde luego, el valor de las construcciones, cultivos y demás<br />
mejoras que fueren propiedad de los ocupantes. Si se tratare de valorar<br />
parcelas localizadas en terrenos adquiridos al amparo de la ley Nº 88 de 14<br />
de julio de 1942, el perito tomará en cuenta, para los efectos de su<br />
avalúo, solamente el precio de adquisición, más el valor de las mejoras<br />
útiles que el propietario hubiere introducido a la finca.<br />
Artículo 101.- No se incluirán en el avalúo ni se pagarán, las<br />
parcelas respecto de las cuales deba admitirse como procedente la excepción<br />
de prescripción positiva. Estarán en este caso aquéllas poseídas en forma<br />
continua, pública y pacífica por más de diez años, ya sea que la posesión<br />
haya sido ejercida directamente por el ocupante o por sus transmitentes.<br />
Es decir, que para los efectos de la prescripción positiva de que este<br />
artículo trata, no será necesario el título traslativo de dominio que exige<br />
el Código Civil.<br />
Para el caso en que fuere necesario expropiar la finca ocupada, de<br />
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 152 de esta ley, los<br />
poseedores que se encontraren en la situación contemplada en el párrafo<br />
primero de este artículo, podrán demostrar en las mismas diligencias de<br />
expropiación y mediante el trámite de los incidentes, la posesión decenal.<br />
Declarada por los Tribunales dicha posesión, las parcelas respectivas<br />
no se tomarán en cuenta para los efectos de la indemnización<br />
correspondiente y el Instituto las adjudicará de acuerdo con los principios<br />
establecidos en el Capítulo de parcelaciones en lo que fuere procedente,<br />
cobrando al poseedor únicamente los gastos que demanden la medida,<br />
adjudicación y titulación.<br />
(Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 3336, de 31 de julio de<br />
1964.)<br />
Artículo 102.- Efectuado el avalúo, el Instituto lo someterá a<br />
consideración de los interesados y los requerirá para que manifiesten,<br />
dentro del término de quince días hábiles, a partir de la notificación, si<br />
lo aprueban o si están dispuestos a vender o a comprar en su caso el<br />
inmueble o parte del mismo por el precio fijado, a efecto de que se otorgue<br />
la escritura correspondiente.<br />
(Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 3336, de 31 de julio de<br />
1964.)<br />
Artículo 103.- Si el propietario o alguno de los ocupantes<br />
manifestaren su desacuerdo con el avalúo realizado por el Instituto, éste<br />
pedirá a la Tributación Directa que, por medio de su cuerpo de peritos<br />
valuadores, proceda a hacer un nuevo avalúo del total o de la porción<br />
respectiva, según sea el caso, dentro de las condiciones estipuladas en la<br />
presente ley, cuyo resultado se someterá a consideración de las partes a<br />
efecto de que manifiesten, dentro de los ocho días hábiles siguientes, si<br />
están de acuerdo en comprar o en vender en su caso, el inmueble o parte del<br />
mismo, por el precio fijado.<br />
El avalúo que efectúe la Tributación Directa deberá ser entregado al<br />
Instituto a más tardar veinte días hábiles después de haber sido enviado el<br />
caso a su consideración y el Instituto de inmediato, lo someterá a<br />
conocimiento de las partes.<br />
Si el propietario o los ocupantes no estuvieren de acuerdo con el<br />
avalúo realizado por el cuerpo de peritos de la Tributación Directa, podrán<br />
recurrir del mismo, para ante el Tribunal Fiscal Administrativo, dentro del<br />
término de quince días hábiles, a partir de la notificación respectiva.<br />
El Tribunal Fiscal Administrativo deberá entregar su informe al<br />
Instituto a más tardar diez días hábiles después de haber sido sometido el<br />
negocio a su consideración. Lo resuelto en este caso por el Tribunal, no da<br />
por agotada la vía administrativa.<br />
(Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 3336, de 31 de julio de<br />
1964.)<br />
Artículo 104.- Si el propietario estuviere de acuerdo con el avalúo<br />
hecho en definitiva por el Tribunal Fiscal Administrativo, los ocupantes<br />
deberán obligadamente someterse al mismo, para lo cual contarán con un<br />
plazo de quince días hábiles a partir del recibo de la comunicación que les<br />
haga el Instituto, para que se presenten a formalizar la negociación.<br />
Si los ocupantes se negaren a aceptar el precio fijado en definitiva<br />
de conformidad con los artículos 99 y siguientes de esta ley, que haya sido<br />
aceptado por el propietario, quedarán sujetos a las disposiciones legales<br />
comunes.<br />
(Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 3336, de 31 de julio de<br />
1964.)<br />
Artículo 105.- Cuando el propietario de la finca no aceptare el avalúo<br />
del Tribunal Fiscal Administrativo a que hace referencia el artículo<br />
anterior, el Instituto podrá gestionar la expropiación parcial o total de<br />
la finca afectada, y una vez efectuada la expropiación, hará las<br />
adjudicaciones que considere necesarias para la resolución del conflicto,<br />
de acuerdo con los principios establecidos en el Capítulo de Parcelaciones<br />
en lo que fuere procedente.<br />
Cuando se expropiare un inmueble, conforme está indicado en el párrafo<br />
anterior, el avalúo realizado de conformidad con los artículos 103 y 104 de<br />
esta ley, sustituirá para todos los efectos legales, el exigido en el<br />
artículo 2º de la ley Nº 1371 de 10 de noviembre de 1951.<br />
En toda expropiación que se realice al amparo de esta ley, tocará al<br />
propietario cubrir de su cuenta los gastos que demande el nombramiento del<br />
perito valuador que le corresponde, pero el Juez, al fijar los honorarios<br />
correspondientes, no se sujetará a la tarifa señalada en el artículo 4º de<br />
la ley Nº 1371.<br />
El Instituto mantendrá un registro de esta clase de documentos, que<br />
tendrá fe pública.<br />
(Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 3336, de 31 de julio de<br />
1964.)<br />
Artículo 106.- Previos los estudios de carácter económico-agrario que<br />
en cada caso habrá de hacer el Instituto, éste fijará las condiciones a las<br />
cuales deberán sujetarse los contratos de compra-venta de parcelas a que se<br />
refieren los artículos 94 y siguientes de esta ley, observando los<br />
requisitos mínimos que a continuación se dan:<br />
a) El ocupante dispondrá de un plazo no menor de diez años, ni mayor de<br />
veinte, para amortizar la deuda contraída con el propietario, por la compra<br />
de la respectiva parcela o parcelas;<br />
b) El ocupante otorgará al propietario hipoteca sobre su o sus parcelas.<br />
Sin embargo, si el ocupante obtuviere con alguna institución del Estado un<br />
crédito a largo plazo para pagar parcialmente el valor de la o las<br />
parcelas, el propietario, en tal caso, tendrá que ceder su derecho de<br />
primera hipoteca a la Institución que otorgue el crédito, pasando el<br />
propietario a segundo lugar, por el resto de la deuda. El propietario podrá<br />
oponerse a tal concesión, únicamente si estuviere dispuesto a ofrecer al<br />
ocupante, las mismas facilidades de pago de la institución prestataria; y<br />
c) El tipo de interés será el legal, y el pago de las amortizaciones a<br />
la deuda, conjuntamente con los intereses, lo hará el ocupante en cuotas<br />
fijas iguales, anuales, semestrales o trimestrales.<br />
Artículo 107.- El Sistema Bancario Nacional, el Consejo Nacional de<br />
Producción, el Ministerio de Agricultura y las demás instituciones del<br />
Estado en capacidad de hacerlo, darán a los ocupantes en precario que en<br />
virtud de la aplicación de esta ley adquieran en propiedad sus parcelas, la<br />
máxima asistencia económica y técnica para poner en buen pie de producción<br />
sus tierras.<br />
Artículo 108.- Los propietarios o poseedores en precario que habiendo<br />
iniciado gestiones judiciales al amparo de la ley Nº 88 de 14 de julio de<br />
1942, y cuyos procedimientos no hubieren alcanzado sentencia firme, o sea<br />
la resolución que habría de fijar el tanto a indemnizar al propietario,<br />
estarán sujetos a los procedimientos señalados en esta ley.<br />
Artículo 109.- Si de conformidad con la ley Nº 88 de 14 de julio de<br />
1942, existiere sentencia firme que fijara la suma a indemnizar al<br />
propietario de terrenos ocupados por poseedores en precario, el Estado<br />
pagará a los actuales propietarios de los derechos a aplicar en los baldíos<br />
nacionales, el tanto aplicado, con bonos, en la forma que se indica en los<br />
artículos siguientes.<br />
Artículo 110.- El propietario de los derechos a aplicar, se dirigirá<br />
al Ministerio de Economía y Hacienda, aportando certificación del Juzgado<br />
de que le pertenecen los derechos y de que se encuentran libres de todo<br />
gravamen, y además, las pruebas pertinentes, a juicio del Ministerio, a fin<br />
de que el Estado le pague tales derechos.<br />
El Ministerio de Economía y Hacienda pedirá su opinión legal a la<br />
Procuraduría General de la República respecto de cada reclamo que se<br />
presente. La Procuraduría, previamente a pronunciarse, hará un estudio del<br />
expediente que dio origen a los derechos, y aconsejará al Ministerio lo que<br />
considere más conveniente a los intereses del Estado, o procederá a<br />
establecer las acciones judiciales pertinentes para comprobar la<br />
legitimidad de la causa originaria de esos derechos.<br />
Artículo 111.- No obstante lo dicho en los artículos anteriores, el<br />
Estado establecerá, por conducto de la Procuraduría General de la<br />
Republica, todas las acciones civiles o penales que estime convenientes,<br />
para recuperar las propiedades, el valor de los pagos hechos y resarcirse<br />
de los daños y perjuicios que, con la aplicación indebida de la ley Nº 88<br />
de 14 de julio de 1942, o con los abusos cometidos al amparo de la misma,<br />
se le hayan irrogado.<br />
Artículo 112.- Sin perjuicio de lo dispuesto por esta ley, los<br />
propietarios de derechos a aplicar en baldíos nacionales que hubieren<br />
gestionado la respectiva aplicación sin haber obtenido sentencia firme a su<br />
favor, podrán acogerse a los preceptos que se señalan a continuación,<br />
siempre que reúnan los siguientes requisitos:<br />
a) Que actualmente estén cultivando, en forma directa o por su<br />
cuenta, los terrenos que en el expediente de aplicación habían<br />
solicitado;<br />
b) Que esos terrenos no comprenden baldíos declarados inalienables<br />
o destinados a un fin especial; y<br />
c) Que su aplicación se hubiere iniciado antes de la promulgación<br />
de la ley Nº 1294 de 1º de junio de 1951.<br />
Artículo 113.- El propietario de los derechos a que se refiere el<br />
artículo anterior se dirigirá por escrito al Instituto, pidiendo que se le<br />
otorgue el correspondiente título de propiedad, a efecto de lo cual tendrá<br />
un término de seis meses, contados a partir de la vigencia de esta ley.<br />
Artículo 114.- Con la solicitud que formule, el interesado deberá<br />
acompañar los siguientes documentos y datos:<br />
a) Certificación del Juzgado de que es propietario de derechos para<br />
aplicar en baldíos nacionales de conformidad con la ley Nº 88 de<br />
14 de julio de 1942, y de que están libres de todo gravamen, con<br />
indicación del monto a su favor;<br />
b) Certificación o constancia del Juzgado de la fecha en que inició<br />
las diligencias de aplicación y de que las respectivas gestiones<br />
no alcanzaron sentencia firme, indicándose la razón de esta última<br />
circunstancia;<br />
c) Clase y extensión de los cultivos existentes en el terreno y<br />
fecha de su iniciación, e indicación de las construcciones y demás<br />
mejoras realizadas;<br />
d) Naturaleza, situación y superficie del terreno; medida lineal de<br />
los frentes a las calles públicas y linderos, con indicación de<br />
los nombres, apellidos y domicilio de los colindantes;<br />
e) Plano, con demarcación de las áreas cultivadas; y<br />
f) Cualesquiera otras indicaciones que el Instituto estime<br />
convenientes.<br />
Artículo 115.- El Instituto, una vez en poder de la solicitud a que<br />
se refiere el artículo anterior, hará los estudios pertinentes y fijará el<br />
precio por hectárea, para cuyo efecto no tomará en cuenta las mejoras<br />
existentes.<br />
Artículo 116.- Si el gestionante aceptare el precio fijado y la<br />
extensión del terreno que puede inscribirse a su nombre, el Instituto<br />
solicitará al Poder Ejecutivo que comisione al Procurador General de la<br />
República para que, en representación del Estado, proceda al otorgamiento<br />
ante notario de la escritura de traspaso, a nombre del Estado y a favor del<br />
interesado, con cargo a los derechos de aplicación que tuviere. El Registro<br />
inscribirá, individualizada, esa parte de las reservas nacionales.<br />
Artículo 117.- Los derechos que le sobraren al gestionante, después<br />
de haber recibido el traspaso de la finca a que se refiere el artículo<br />
anterior, le serán cubiertos conforme a lo previsto en los artículos 108 y<br />
siguientes de esta ley.<br />
Artículo 118.- Si el valor de la finca fuere mayor que el monto de<br />
los derechos del gestionante, se le traspasará únicamente la superficie que<br />
resulte cubierta con aquéllos, localizada de acuerdo con el interesado. El<br />
resto continuará como reserva nacional, sin que el Estado adquiera por ello<br />
obligación indemnizatoria por razón de mejoras o de cualquier otra causa.<br />
Artículo 119.- El Instituto podrá autorizar el traspaso al<br />
gestionante de aquella extensión de terreno que juzgue necesaria para<br />
constituir una unidad económica familiar, aún cuando no estuviere<br />
totalmente sometida a explotación agrícola.<br />
Artículo 120.- Si el interesado no estuviere de acuerdo con el precio<br />
fijado o con la extensión asignada de terreno, solo podrá pedir entonces<br />
que se le paguen sus derechos conforme a los procedimientos establecidos en<br />
los artículos 108 y siguientes de esta ley.<br />
Artículo 121.- Los propietarios de derechos a que se refiere el<br />
artículo 109 que no presentaren la gestión de que habla el artículo 112,<br />
dentro de los seis meses siguientes a la vigencia de esta ley, sólo podrán<br />
pedir el pago de sus derechos en bonos y sus derechos prescribirán<br />
totalmente en un plazo de dos años, a contar de la misma fecha. Los<br />
terrenos ocupados continuarán como reservas nacionales, sin que el Estado<br />
adquiera por ello obligación indemnizatoria por razón de mejoras o de<br />
cualquier otra causa.<br />
Artículo 122.- Mientras no hayan transcurrido diez años, los terrenos<br />
que en virtud de esta ley adquieran los propietarios de derechos a aplicar,<br />
sólo podrán ser vendidos, gravados, arrendados o subdivididos, con la<br />
aprobación previa del Instituto. Además, el Instituto, en caso de venta,<br />
tendrá prioridad.<br />
Artículo 123.- Todo poseedor en precario que al amparo de la ley Nº<br />
88 de 14 de julio de 1942 y como consecuencia de sentencia firme dictada en<br />
intercambio de tierras con base en la misma ley, hubiere resultado<br />
adjudicatario de una parcela que considerare no haber sido localizada o<br />
deslindada en el terreno, podrá pedir al Instituto que ordene el<br />
levantamiento del plano y amojonamiento respectivos comprobando por medio<br />
de certificación del Juzgado y de la autoridad política del lugar, su<br />
condición de ocupante y su efectiva posesión del lote adjudicado en el<br />
intercambio. El Instituto examinará la solicitud y pruebas presentadas, así<br />
como cualesquiera otras que estimare oportunas, y siendo satisfactorias<br />
ordenará el levantamiento del plano y deslinde solicitado, con cobro del<br />
valor del trabajo al propietario o a quien corresponda. Si por el<br />
contrario, resultare que en el intercambio se procedió con error de hecho o<br />
de derecho, o con violación de las leyes o deberes de los funcionarios, el<br />
Instituto pondrá el caso en conocimiento de la Procuraduría General de la<br />
República para que estudie el caso y para que, si lo estimare procedente,<br />
establezca las acciones pertinentes con arreglo a la ley.<br />
Artículo 124.- La posesión ininterrumpida, pacífica, pública y como<br />
dueño, por diez años o más, contados con posterioridad a la vigencia de la<br />
Ley Nº 88 de 14 de julio de 1942, dará derecho a que se declare con lugar,<br />
en favor del adjudicatario demandado de conformidad con el artículo 123, la<br />
excepción de prescripción positiva, y a que éste se acoja a la ley<br />
respectiva para inscribir su derecho.<br />
(Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 3336, de 31 de julio de<br />
1964.)<br />
Artículo 125.- El Juez a cuyo cargo estuvo el conocimiento de las<br />
diligencias de intercambio de tierras establecidas al amparo de la ley Nº<br />
88 antes citada, declarará de oficio la deserción en aquellas que hubieren<br />
sido abandonadas por más de seis meses antes de entrar en vigencia la ley<br />
Nº 1294 de 1º de junio de 1951.<br />
Artículo 126.- Si hubiere necesidad de levantar un plano de la finca<br />
ocupada, a ello procederá el Instituto en la forma prescrita anteriormente<br />
para todo levantamiento. En dicho plano se demarcarán las parcelas ocupadas<br />
y el resto de la finca. El ingeniero encargado de practicar la medida, hará<br />
constar en su informe si tanto el dueño como los ocupantes están de acuerdo<br />
en cuanto a la extensión de los terrenos ocupados. Si el dueño alegare que<br />
el resto de la finca tiene mayor cabida que la indicada en el Registro,<br />
deberá hacerse constar esa circunstancia a costa del propietario.<br />
Mas si los terrenos ocupados o el inmueble donde se encuentran,<br />
colindan con reservas nacionales o terrenos devueltos al Estado por canje<br />
de tierras o cualesquiera otras causas, la medida del resto, junto con la<br />
de las porciones ocupadas, no podrán sobrepasar la que el Registro<br />
indicare, salvo que la división entre el inmueble y dichos terrenos del<br />
Estado, indicada en las inscripciones originales del Registro, fuere un<br />
lindero natural, tal como un río, confluencias de ríos, quebradas, cerros,<br />
lomas, etc. La rectificación o inscripción del resto se hará sin perjuicio<br />
de terceros de mejor derecho.<br />
El valor de la medida lo cargará el Instituto proporcionalmente a<br />
cada uno de los interesados. Sin embargo, en casos muy especiales, el<br />
Instituto podrá acordar por su cuenta el pago total o parcial de ella.<br />
Artículo 127.- Cuando el Instituto intervenga en la solución de<br />
conflictos suscitados entre propietarios y poseedores en precario, dará<br />
preferencia a los casos de poseedores que carecían de tierras y de recursos<br />
económicos antes de la ocupación, y cuyo único medio de vida siga siendo la<br />
explotación de la parcela por ellos ocupada.<br />
Artículo 128.- Facúltase al Sistema Bancario Nacional y a las otras<br />
instituciones de crédito, de seguros y de fomento de la producción para<br />
que, con arreglo a sus leyes orgánicas, y previa consulta al Instituto,<br />
proporcionen ayuda económica a los poseedores en precario que se hubieren<br />
acogido a las disposiciones de esta ley.<br />
Artículo 129.- Será rechazada toda acusación o denuncia por usurpación<br />
o daños que establezca el propietario contra los ocupantes de terrenos que<br />
no estén bien deslindados por cercas o carriles de un ancho mínimo de tres<br />
metros, que indiquen con claridad el perímetro del inmueble; quedan a salvo<br />
las acciones civiles que tuviere el dueño.<br />
El Instituto será parte en toda información posesoria que se tramite<br />
ante los Tribunales, así como en los expedientes en que se discutan<br />
derechos sobre terrenos no inscritos.<br />
Si en un negocio judicial relacionado con terrenos rurales apareciere<br />
implicado un problema de posesión precaria de tierras, el Juez o Alcalde,<br />
de oficio o a petición de parte o del Instituto, podrá tener a éste como<br />
parte en el asunto. La resolución sobre este particular será apelable en un<br />
solo efecto.<br />
En casos urgentes el Instituto podrá presentar sus gestiones ante<br />
cualquier Tribunal de la República, con ruego, que el Tribunal no podrá<br />
desatender, de que este las trasmita telegráficamente, indicando en<br />
términos generales el contenido del escrito, a la oficina donde radique el<br />
juicio, sin perjuicio de que el original lo remita por las vías normales<br />
para ser incorporado al expediente. El Tribunal a quo actuará con vista del<br />
mensaje telegráfico.<br />
(Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 3336, de 31 de julio de<br />
1964.)<br />
Artículo 130.- Las fincas que mediante esta ley adquieran los<br />
poseedores en precario, sea por compra directa al propietario o a través<br />
del Instituto, serán adjudicadas en los procedente, siguiendo los<br />
principios señalados para la parcelación y colonización. Sin embargo,<br />
cuando por cualquier motivo se adjudicare una parcela que ya esté en<br />
explotación, se faculta al Instituto para modificar la forma de pago<br />
establecida en el artículo 59 de esta ley, tomando en consideración la<br />
productividad de la tierra y la capacidad de pago del agricultor.<br />
(Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 3336, de 31 de julio de<br />
1964.)<br />
Artículo 131.- El Instituto podrá aplicar soluciones distintas al<br />
sistema de compra-venta, cuando fuere conveniente.<br />
Las normas de este capítulo no serán aplicadas al precarista que lo<br />
hubiere sido anteriormente y que estuviere en posesión de su parcela<br />
anterior o se comprobare que la traspasó. Quien estuviere en tal condición<br />
no podrá, por ningún motivo ser reconocido como poseedor en precario.<br />
(Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 3336, de 31 de julio de<br />
1964.)<br />
CAPITULO VII<br />
Crédito Agrario<br />
Artículo 132.- Para el cumplimiento de los fines de la presente ley,<br />
el Instituto coordinará su política con la del crédito rural a cargo de los<br />
Bancos del Estado, que se aplicará preferentemente:<br />
a) A los arrendatarios, subarrendatarios, obreros agrícolas y<br />
aparceros que deseen adquirir una propiedad rural. Se le dará<br />
preferencia a la que estén trabajando personalmente, de acuerdo<br />
con lo estipulado en esta ley;<br />
b) A los poseedores y pequeños y medianos propietarios rurales,<br />
para la explotación racional de su empresa o para ampliar sus<br />
parcelas; y<br />
c) A los parceleros y colonos.<br />
Artículo 133.- El Estado está en la obligación de suministrar, por<br />
medio de los organismos del Sistema Bancario Nacional y dentro de las<br />
posibilidades de éstos, ayuda técnica y económica a los agricultores que:<br />
a) Se comprometan a destinar el producto de los créditos a la<br />
explotación eficiente de la tierra en forma tal que los factores<br />
de producción se apliquen eficazmente en ella, de acuerdo con la<br />
zona donde se encuentren y con sus propias características;<br />
b Soliciten esa asistencia para cultivar predios que no constituyen un<br />
latifundio o un minifundio;<br />
c) Se comprometan a cumplir con las disposiciones vigentes sobre<br />
conservación de recursos naturales;<br />
d) Han acatado las normas jurídicas que regulan el trabajo<br />
asalariado, las demás relaciones de trabajo en el campo y los<br />
contratos agrícolas en las condiciones que señala la ley; y<br />
e) Han inscrito el predio en el Catastro y en el Registro de la<br />
Propiedad.<br />
Artículo 134.- Como principio fundamental de una bien entendida<br />
seguridad rural, el crédito que se otorgue a los campesinos debe tener una<br />
definida orientación.<br />
El Instituto está obligado a hacer los estudios necesarios del suelo<br />
costarricense, dividiendo el país en zonas de producción. Los resultados de<br />
esta investigación serán comunicados al Sistema Bancario Nacional para<br />
efectos de la mayor orientación y planificación del crédito rural.<br />
Artículo 135.- El servicio de crédito agrícola se orientará por las<br />
normas siguientes:<br />
a) Se consideran sujetos con derecho a estos créditos, fundamentalmente,<br />
las cooperativas agrícolas o pecuarias debidamente constituidas, los<br />
pequeños y medianos agricultores, sean o no beneficiarios de<br />
dotaciones realizadas de acuerdo con esta ley, y las colonias<br />
formadas con base en leyes especiales.<br />
Tendrán igualmente carácter de sujetos con derecho al crédito y<br />
a la asistencia técnica del Estado, las empresas comunitarias de<br />
autogestión campesina agrícolas y pecuarias por pequeños productores<br />
que, por reunir los requisitos mínimos de organización conforme a los<br />
respectivos reglamentos, hayan sido reconocidos por el Instituto y se<br />
encuentren debidamente inscritos en el Registro que al efecto llevará<br />
esa Institución. Dichas empresas contarán con personalidad jurídica y<br />
podrán celebrar toda clase de contratos y actos necesarios para el<br />
cumplimiento de sus fines, con las condiciones y limitaciones legales<br />
y reglamentarias que les fueren aplicables.<br />
(El párrafo segundo de este inciso a), fue adicionado por el artículo<br />
1° de la Ley Nº 5496, de 30 de marzo de 1974.)<br />
b) La concesión de estos créditos será oportuna y con un plazo<br />
adecuado a la capacidad productiva de la explotación; y<br />
c) Los créditos no podrán devengar un interés mayor anual, para las<br />
cooperativas, del 6%; para los pequeños propietarios, colonos y<br />
empresas comunitarias de autogestión campesina agrícola y<br />
pecuarias del 8% anual.<br />
(Este inciso c), fue reformado por el artículo 3º de la Ley Nº 5496,<br />
de 30 de marzo de 1974.)<br />
Artículo 136.- Los créditos responderán a los siguientes principios<br />
de planificación:<br />
a) Atención del cultivo de producto o a la cría de ganado,<br />
adecuados a la zona, según clasificación hecha por el Instituto;<br />
b) Para cubrir los gastos de vida de las familias campesinas,<br />
adquisición de ganado menor y aves de corral, semillas,<br />
fertilizantes, insecticidas, fungicidas, preparación de la tierra,<br />
siembras, cultivo, cosechas, seguros y pequeñas reparaciones;<br />
c) Crédito complementario para atender gastos urgentes e<br />
inaplazables en la vida familiar del campesino, que se estimará en<br />
relación a la necesidad y posibilidad de pago del solicitante;<br />
d) Créditos para mejorar mobiliarios destinados a la adquisición de<br />
maquinaria, útiles, aperos de labranza y animales de labor, para<br />
ceba, producción o recría;<br />
e) Créditos para el beneficio, conservación y transformación de los<br />
frutos y las operaciones destinadas a mejorar la calidad de los<br />
mismos;<br />
f) Créditos de rehabilitación que se otorgarán a quien, por causa<br />
ajena a su voluntad o fuerza mayor, no hubiere cancelado su deuda;<br />
g) Créditos para mejoras permanentes, como la construcción de<br />
viviendas, silos, caminos, drenajes, riego, conservación de<br />
recursos, reforestación, plantación de frutales y otros<br />
permanentes, construcción de cercas, aguadas y pozos, y siembras<br />
de pastos artificiales; y<br />
h) Cualesquiera otros tipos de crédito necesarios para la<br />
producción agropecuaria.<br />
Artículo 137.- Los pequeños y medianos pescadores serán igualmente<br />
beneficiarios, individual o colectivamente, de los servicios de crédito a<br />
que se contrae este Capítulo y de conformidad con el espíritu de esta ley.<br />
Tendrán prelación los que se organicen en cooperativas.<br />
Artículo 138.- En las condiciones estipuladas, los créditos los<br />
concederá tanto el Banco Nacional como todos los que formen el Sistema<br />
Bancario Nacional, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto<br />
Nacional de Vivienda y Urbanismo, los cuales quedan autorizados para<br />
acordar préstamos a títulos hipotecarios hasta del 75% del valor venal de<br />
la propiedad, y con plazos hasta de 25 años.<br />
Artículo 139.- Facúltase al Sistema Bancario Nacional para otorgar<br />
créditos a los adjudicatarios, parceleros, colonos, arrendatarios y otros<br />
beneficiarios, destinados a la compra o dotación de las parcelas adquiridas<br />
por compra al Instituto, ya se trate de parcelaciones hechas en fincas<br />
previamente sometidas a dominio privado o en las reservas nacionales.<br />
También se le autoriza para acordar préstamos con garantía<br />
hipotecaria de segundo grado, y siempre que el Instituto tenga la primera<br />
hipoteca hasta del 75% de la diferencia entre el valor venal de la<br />
propiedad y lo adeudado al Instituto. Lo mismo se podrá hacer sobre las<br />
propiedades ya libres en poder de los adjudicatarios y los plazos podrán<br />
extenderse hasta 25 años.<br />
Artículo 140.- El Instituto realizará las operaciones de crédito que<br />
fueren necesarias para el desarrollo de las actividades relacionadas con<br />
esta ley, y otorgará, en la medida de su posibilidad, facilidades de<br />
crédito a los parceleros, colonos y demás agricultores comprendidos en la<br />
misma, de acuerdo con las normas que fije la Junta Directiva. Asimismo, el<br />
Instituto podrá garantizar, ante terceros, las obligaciones de crédito<br />
contraídas por esos agricultores.<br />
CAPITULO VIII<br />
Adquisición y Expropiación de Tierras<br />
Artículo 141.- Todas las tierras de propiedad de una persona natural<br />
o jurídica que excedan de los límites fijados para el latifundio, serán<br />
expropiadas para su distribución entre los campesinos y obreros agrícolas<br />
sin tierras o con tierras insuficientes. La expropiación se hará en forma<br />
progresiva, según las condiciones económicas del Instituto, y en las zonas<br />
que éste determine.<br />
También procederá la expropiación del minifundio antieconómico a cuyo<br />
propietario no se le pueda completar su parcela en la respectiva zona, y se<br />
niegue a vendérsela al Instituto.<br />
No obstante lo dicho en el párrafo anterior, el Instituto no podrá<br />
expropiar al minifundista mientras no esté en condiciones de entregarle una<br />
parcela económicamente explotable, y de prestarle la ayuda económica y<br />
técnica adecuadas.<br />
Artículo 142.- Son inexpropiables los predios rústicos en cuya<br />
explotación se cumple con la función social de la propiedad, de conformidad<br />
con lo estipulado en esta ley.<br />
Artículo 143.- Procederá la expropiación, cuando en el lugar de las<br />
dotaciones o en los centros rurales o de colonias que trate de fundar o<br />
fomentar el Instituto, no existan tierras baldías, o sean éstas<br />
insuficientes, o no sean económicamente explotables, al libre criterio del<br />
Instituto y no se puedan adquirir, por otro medio, tierras suficientes<br />
económicamente explotables.<br />
Artículo 144.- La expropiación se realizará en primer lugar sobre<br />
aquellas tierras que no cumplan su función social, en el siguiente orden de<br />
prelación.<br />
1) Las incultas, y, entre ellas, las de mayor extensión; las<br />
explotadas indirectamente por medio de arrendatarios, medianeros,<br />
colonos y ocupantes, y las no explotadas durante los últimos cinco<br />
años anteriores al proceso de expropiación.<br />
2) Las que, destinadas a parcelamientos rurales privados, colonias<br />
o asociaciones formadas con base en leyes específicas, no hayan<br />
desarrollado dichos parcelamientos o no estén cumpliendo fielmente<br />
con los fines prescritos en tales leyes. En estos casos, el<br />
Instituto debe salvar los derechos de los parceleros ya<br />
establecidos; y<br />
3) Las tierras de agricultura dedicadas a la ganadería.<br />
También procederá la expropiación, sin tener en cuenta la prelación<br />
anterior, cuando no quedare otro recurso para resolver un problema agrario<br />
de evidente gravedad. Esta situación debe probarla previamente el<br />
Instituto.<br />
Artículo 145.- Si una persona es propietaria de varios inmuebles que<br />
sean objeto de expropiación, tendrá derecho a escoger de los mismos la<br />
extensión que, según los principios establecidos en esta ley y la zona de<br />
ubicación, le fije el Instituto.<br />
Artículo 146.- Los medianos y pequeños propietarios cuyos fundos<br />
hayan sido expropiados totalmente, tendrán derecho, una vez establecida la<br />
respectiva organización agraria, a obtener en propiedad, a título oneroso,<br />
una parcela adecuada a sus necesidades y a la zona.<br />
Artículo 147.- La expropiación se hará total en caso de que la<br />
parcela destruya la unidad económica del fundo, lo inutilice o lo haga<br />
impropio para el uso a que está destinado.<br />
Artículo 148.- Antes de proceder a la expropiación del inmueble, el<br />
Instituto gestionara directamente un arreglo amistoso con el propietario.<br />
No logrado dicho arreglo en un plazo de sesenta días, contados a partir de<br />
la primera notificación, solicitará la expropiación sin necesidad de previa<br />
declaratoria de utilidad pública, por sobreentenderse ésta.<br />
Artículo 149.- Cuando sea necesario disponer, para los fines de la<br />
presente ley, de tierras baldías ocupadas por terceros que mantengan en<br />
ellas explotaciones agrícolas o pecuarias, y no se haya logrado un acuerdo<br />
con el ocupante, se solicitará una expropiación de las obras y mejoras,<br />
reconociéndose al ocupante el derecho de conservar una parte, la cual se<br />
fijará de acuerdo con los planes y fines de esta ley.<br />
Artículo 150.- Al ocupante de tierras baldías se le aplicarán las<br />
mismas reglas relativas a la función social de la propiedad. En el juicio<br />
de expropiación que correspondiera, siempre se le han de pagar las mejoras<br />
y obras que tenga.<br />
Artículo 151.- El pago de las tierras que expropie el Instituto para<br />
los fines de esta ley, no podrá exceder del valor de la finca declarado<br />
para fines fiscales al momento de promoverse el conflicto ante el<br />
Instituto. En caso de no haber acuerdo de partes, el pago se hará por el<br />
precio que, dentro del límite expresado, fije el Tribunal Fiscal<br />
Administrativo, previo informe de un perito que se escogerá de preferencia<br />
dentro del cuerpo de peritos de la Tributación Directa.<br />
No tomará en cuenta el Tribunal Fiscal Administrativo para fijar ese<br />
precio las mejoras que tenga el inmueble no realizadas por el propietario.<br />
(Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 3336, de 31 de julio de<br />
1964.)<br />
Nota: Este artículo fue interpretado auténticamente por el artículo 2º<br />
de las Leyes números 5052, de 17 de agosto de 1972 y 5540, de 8 de julio de<br />
1974. No obstante, dicha interpretación fue declarada inconstitucional, por<br />
Resolución de Corte Plena, de 30 de noviembre de 1976, publicada en el<br />
Boletín Judicial Nº 55, de 19 de marzo de 1977.<br />
Artículo 152.- El Instituto podrá adquirir los bienes inmuebles que<br />
necesitare para el cumplimiento de esta ley y queda autorizado, si fuere<br />
del caso, para gestionar las expropiaciones de los mismos, de acuerdo con<br />
los artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º y 9º de la ley Nº 1371 de 10 de<br />
noviembre de 1951(*), y pagará el valor de tales inmuebles con dinero<br />
efectivo o con bonos del Estado, de acuerdo con su propio criterio.<br />
Artículo 153.- Para los efectos de las expropiaciones a que se<br />
refiere el artículo anterior, se declaran de interés público:<br />
1) Las tierras en que estén establecidos colonos, arrendatarios,<br />
aparceros o poseedores en precario;<br />
2) Las tierras aptas para los fines de esta ley, que a juicio del<br />
Instituto sean indispensables para la realización de los fines de<br />
la misma;<br />
3) Las tierras localizadas en zonas en las cuales se puedan<br />
realizar obras de riego o mejores aprovechamientos hidráulicos; y<br />
4) Las tierras que por razón de su tamaño, latifundio o minifundio,<br />
perjudiquen el adecuado desarrollo económico-social de una zona.<br />
Artículo 154.- No serán objeto de expropiación las tierras en que<br />
existan explotaciones que por su importancia técnica o económica, o por la<br />
magnitud de las mejoras hechas, puedan considerarse ejemplares, o que se<br />
estime de conveniencia para el país conservar en su estado actual.<br />
Artículo 155.- El Instituto dará preferencia, en igualdad de<br />
condiciones, al ex propietario del inmueble comprado o expropiado, en el<br />
momento de proceder a la adjudicación de las respectivas parcelas.<br />
CAPITULO IX<br />
Vivienda Rural<br />
Artículo 156.- El mejoramiento de la vivienda rural es también<br />
objetivo fundamental de esta ley. El Instituto deberá coordinar su política<br />
en ese sentido con el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.<br />
La planificación de vivienda rural debe tender a evitar la dispersión<br />
de los habitantes del campo, procurando la concentración de los mismos en<br />
centros poblados, para la mejor prestación de los servicios públicos.<br />
Artículo 157.- El Instituto acogerá preferentemente las solicitudes<br />
de las cooperativas para la construcción, ampliación o mejora de las<br />
viviendas de sus asociados.<br />
En segundo lugar acogerá las demandas en igual sentido que presenten<br />
los pequeños y medianos propietarios y colonos.<br />
Artículo 158.- En las grandes explotaciones agrícolas - que serán<br />
determinadas por el Instituto - los patronos estarán obligados a facilitar<br />
viviendas a sus trabajadores permanentes, en los términos y condiciones que<br />
establezca el Instituto. Para el cumplimiento de esta disposición, el<br />
Estado podrá colaborar con la ayuda técnica y crediticia que estimare<br />
conveniente.<br />
Artículo 159.- En la construcción de viviendas rurales, el Instituto<br />
y los organismos afines, procurarán que se utilicen en la medida de lo<br />
posible los materiales de la región, y la mano de obra de los propios<br />
beneficiarios.<br />
El adjudicatario no podrá enajenar ni gravar las viviendas sin el<br />
previo consentimiento del Instituto, el que tendrá derecho preferente de<br />
adquisición en igualdad de circunstancias.<br />
CAPITULO X<br />
Contratos de Arrendamiento de Tierras y Explotaciones Forestales<br />
de las Reservas Nacionales y Fincas del Estado<br />
Artículo 160.- DEROGADO.<br />
(Derogado por el artículo 109 de la Ley Nº 4465, de 25 de noviembre de<br />
1969.)<br />
Artículo 161.- DEROGADO.<br />
(Derogado por el artículo 109 de la Ley Nº 4465, de 25 de noviembre de<br />
1969.)<br />
Artículo 162.- DEROGADO.<br />
(Derogado por el artículo 109 de la Ley Nº 4465, de 25 de noviembre de<br />
1969.)<br />
Artículo 163.- DEROGADO.<br />
(Derogado por el artículo 109 de la Ley Nº 4465, de 25 de noviembre de<br />
1969.)<br />
Artículo 164.- DEROGADO.<br />
(Derogado por el artículo 109 de la Ley Nº 4465, de 25 de noviembre de<br />
1969.)<br />
Artículo 165.- DEROGADO.<br />
(Derogado por el artículo 109 de la Ley Nº 4465, de 25 de noviembre de<br />
1969.)<br />
Artículo 166.- DEROGADO.<br />
(Derogado por el artículo 109 de la Ley Nº 4465, de 25 de noviembre de<br />
1969.)<br />
Artículo 167.- DEROGADO.<br />
(Derogado por el artículo 109 de la Ley Nº 4465, de 25 de noviembre de<br />
1969.)<br />
Artículo 168.- DEROGADO.<br />
(Derogado por el artículo 109 de la Ley Nº 4465, de 25 de noviembre de<br />
1969.)<br />
CAPITULO XI<br />
Disposiciones Finales<br />
Artículo 169.- El Instituto podrá fomentar, establecer o participar,<br />
en aquellas industrias rurales que contribuyan a los fines perseguidos por<br />
esta ley.<br />
Artículo 170.- El Instituto estudiará la posibilidad de desarrollar<br />
planes de explotación intensiva en las tierras aledañas a los centros de<br />
población, con el fin de organizar granjas familiares. En la realización y<br />
financiación de estos planes podrán participar las Municipalidades, o las<br />
entidades particulares creadas al efecto, con sujeción a las disposiciones<br />
del Instituto, el cual podrá hacer extensivos a ellas los beneficios de la<br />
presente ley.<br />
Artículo 171.- Queda autorizado el Instituto para que, previos los<br />
estudios conducentes, se dirija a la Procuraduría General de la República<br />
con el objeto de que ésta, si lo estimare del caso, promueva ante los<br />
tribunales comunes las acciones que correspondan para que el Estado<br />
recupere los excedentes de cabida que de acuerdo con la ley de<br />
Informaciones Posesorias, Nº 139 de 14 de julio de 1941, no puedan<br />
inscribirse así como aquellas otras tierras que se presuma han sido<br />
adquiridas irregularmente por particulares, cuando considere que dichas<br />
tierras son convenientes para sus planes de parcelación o colonización.<br />
Artículo 172.- Las operaciones relacionadas con la adquisición de<br />
tierras por parte del Instituto, así como las que éste haga, serán<br />
inscritas libres de toda clase de impuestos y derechos. Los parceleros o<br />
colonos gozarán durante los cinco primeros años, a contar de la fecha de<br />
adjudicación, de exención de todo pago de impuestos nacionales y<br />
municipales imputables a dichas tierras. Si transcurrido ese término las<br />
parcelas no hubieren sido inscritas, los adjudicatarios pagarán al<br />
Instituto el equivalente de los impuestos citados, y el Registro Público<br />
inscribirá como título de propiedad una certificación debidamente<br />
autenticada, extendida por el Instituto, en que conste el contrato de<br />
adjudicación.<br />
Artículo 173.- El Estado, con la aprobación del Consejo de Gobierno,<br />
podrá garantizar las operaciones del Instituto.<br />
Artículo 174.- Toda persona que posea bienes inmuebles debe tener<br />
título legal que la autorice, y está obligada a comprobarlo cuando fuere<br />
requerida a ello por la autoridad competente.<br />
Artículo 175.- Todo propietario de tierras colindantes con reservas<br />
nacionales está obligado a tener cercado su inmueble, o hecha su<br />
delimitación con carriles o mojones visibles en toda la extensión de la<br />
colindancia aludida, de modo que los mismos puedan en todo momento ser<br />
claramente reconocidos para establecer con facilidad la línea divisoria.<br />
Artículo 176.- Toda enajenación, arrendamiento o concesión de<br />
derechos que haga el Instituto, lleva implícitas las condiciones<br />
siguientes:<br />
1) Que se hace sin perjuicio de terceros;<br />
2) Que no queda obligado a la evicción ni al saneamiento;<br />
3) Que el adquirente o el concesionario no podrá reclamar contra la<br />
medida o la localización que hubiere servido de base para la<br />
enajenación, concesión o arrendamiento; y<br />
4) Que el Estado tendrá derecho en cualquier momento a tomar hasta<br />
un 10%, del área adjudicada, para ejercitar en ella la servidumbre<br />
de transito necesaria para la construcción y vigilancia de toda<br />
clase de vías de comunicación y aprovechamiento de fuerzas<br />
hidroeléctricas, así como para la construcción y vigilancia de<br />
líneas telegráficas y telefónicas; al uso de los terrenos<br />
indispensables para la construcción<br />
de puentes y muelles; a la extracción de materiales para esas<br />
mismas obras; al aprovechamiento de los cursos de agua que fueren<br />
precisos para el abastecimiento de poblaciones, abrevaderos de<br />
ganado, regadío y cualesquiera otros usos de interés general.<br />
Dichas restricciones y cargas van aparejadas a la adjudicación,<br />
arrendamiento o concesión que se haga y el Registro no inscribirá<br />
el título respectivo si en él no constan en forma expresa. Por el<br />
área que tome para los fines indicados, el Estado pagara el precio<br />
original de compra y el valor de las mejoras necesarias y útiles.<br />
Artículo 177.- De las resoluciones dictadas por el Instituto a que<br />
se refieren los artículos 66, 166 y 168, cabrá recurso de apelación para<br />
ante la Sala Segunda Civil de la Corte Suprema de Justicia, la que<br />
resolverá en definitiva dentro de los quince días siguientes.<br />
La apelación deberá interponerse dentro de los cinco días siguientes<br />
a la notificación de lo resuelto por el Instituto.<br />
( El párrafo final de este artículo, contenido en el texto original de la<br />
Ley, fue derogado por el artículo 2° de la Ley Nº 3336, de 31 de julio de<br />
1964.)<br />
Artículo 178.- A aquellos agricultores que desean adquirir fincas<br />
rústicas por compra a terceros, cuyo plan de explotación sea sometido a la<br />
consideración de un Banco, y aprobado por alguno de los miembros del<br />
Sistema Bancario Nacional, este podrá otorgarles préstamos con garantías<br />
hipotecarias hasta del 75% del valor venal de la propiedad, con plazos<br />
hasta de veinte años, y de conformidad con las demás disposiciones legales<br />
sobre la materia. En todos los casos el comprador aportara como mínimo el<br />
25%, así como también la diferencia que pudiera resultar entre el avalúo<br />
hecho por la Institución Bancaria y el precio de compra.<br />
Las propiedades para cuya compra se hagan estos préstamos, habrán de<br />
reunir las condiciones establecidas por la ley para el cumplimiento de sus<br />
fines de parcelación y colonización, y los compradores deberán llenar los<br />
requisitos exigidos por la misma a los aspirantes a colonos.<br />
Artículo 179.- El Poder Ejecutivo y el Instituto de Tierras y<br />
Colonización, en lo que a cada uno respecta, al reglamentar esta ley,<br />
señalaran los trámites complementarios para su debida ejecución.<br />
Artículo 180.- Queda autorizado el Ministerio de economía y Hacienda<br />
para exonerar de todo impuesto las herramientas, maquinarias, implementos y<br />
cualesquiera otros materiales que utilicen las cooperativas y los<br />
agricultores que se acojan a esta ley, para la explotación de su empresa.<br />
Artículo 181.- Se faculta al Banco Central de Costa Rica para que<br />
haga las gestiones conducentes a obtener líneas de crédito hasta por la<br />
suma de veinte millones de dólares ($20.000,000.00), en bancos o agencias<br />
del exterior, destinados a financiar los programas agrarios del Instituto<br />
de Tierras y Colonización, conforme a las disposiciones de esta ley.<br />
Artículo 182.- Se faculta al Poder Ejecutivo para que emita<br />
bonos, en moneda nacional o extranjera, hasta por la suma de<br />
veinte millones de dólares<br />
($20.000,000.00), con un vencimiento de 20 años y un interés del 7% anual,<br />
cuyo producto se destinara íntegramente a financiar los programas agrarios<br />
del Instituto de Tierras y Colonización contemplados en esta ley.<br />
Cada una de las emisiones de bonos que haga el Poder Ejecutivo de<br />
acuerdo con esta facultad, deberá contar con la ratificación de la Asamblea<br />
Legislativa.<br />
Artículo 183.- El Instituto podrá vender tierras situadas en los<br />
alrededores de donde haya realizado planes de parcelación o colonización y<br />
favorecidas con la valorización provocada por los mismos, a efecto de<br />
recoger ahorro de parte de finqueros particulares y encauzarlo a los fines<br />
de esta ley.<br />
Artículo 184.- Deróganse los artículos 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48 y<br />
transitorio 6 de la Ley de Fomento Económico, Nº 2466 de 9 de noviembre de<br />
1959; así como las Leyes Nº 13 de 6 de enero de 1939 ( Ley General sobre<br />
Terrenos Baldíos ); Nº 88 de 14 de julio de 1942 ( Reglamentación de la<br />
Adjudicación de Terrenos Baldíos), salvo para el caso previsto en el<br />
artículo transitorio 16 de esta ley; y Nº 1294 de 1° de junio de 1951( Ley<br />
de Parásitos ), y, en lo que a denuncios se refiere, las números 19 de 12<br />
de noviembre de 1942 ( Denuncio de Terrenos en la Milla Marítima del<br />
Atlántico ) y 201 de 26 de agosto de 1943 ( Reforma a la Ley de Denuncio de<br />
Terrenos en la Milla Marítima del Atlántico ), así como cualquiera otra<br />
disposición legal que se oponga a la ejecución de la presente.<br />
Artículo 185.- Esta ley es de orden público y rige desde el día de su<br />
publicación.<br />
Disposiciones Transitorias<br />
Transitorio.- A petición del Instituto, los Tribunales, en resolución<br />
considerada, podrán suspender los procedimientos establecidos ya contra<br />
cualquier persona que hubiere sido declarada por el citado organismo<br />
poseedora en precario de tierras. Dicha suspensión podrá decretarse en<br />
cualquier fase o estado del juicio de que se trate, y por el tiempo que sea<br />
prudencialmente necesario para que el Instituto logre una solución<br />
satisfactoria del conflicto, y podrá prorrogarse, siguiendo el mismo<br />
procedimiento que se ha indicado.<br />
Solucionado el conflicto en la forma que indica el párrafo tercero<br />
del artículo 94, el Instituto lo pondrá en conocimiento de los tribunales<br />
para que estos declaren caducas las acciones civiles y extinguidas, tanto<br />
las penales como las penas que hubieren sido dictadas contra los poseedores<br />
en precario, en condición de tales.<br />
Caso contrario, los propietarios podrán dirigirse de nuevo a los<br />
tribunales comunes, para lo cual no les correrá término alguno en su contra<br />
durante la suspensión de los procedimientos ).<br />
(Así adicionado por Ley Nº 3336, de 31 de julio de 1964.)<br />
Artículo 1º.- Los expedientes de denuncio de tierras para fines de<br />
explotación agrícola en los cuales el Juez hubiere extendido cédula de<br />
posesión, se seguirán tramitando de conformidad con las normas establecidas<br />
en las leyes vigentes al momento de su iniciación.<br />
Las solicitudes de denuncios que no hubieren alcanzado cédula de<br />
posesión, se tendrán por no presentadas y el Juez archivará el expediente<br />
respectivo.<br />
Igualmente, el Juez declarara de oficio la caducidad de aquellas<br />
solicitudes de denuncio que estuvieren en el caso del artículo 35 de la Ley<br />
General de Terrenos Baldíos, Nº 13 de 10 de enero de 1939.<br />
Artículo 2º.- Los terrenos que de conformidad con el artículo<br />
transitorio anterior, se puedan inscribir en el futuro, estarán sujetos a<br />
las condiciones y obligaciones que señalaban las leyes en virtud de las<br />
cuales fueron adquiridos.<br />
Artículo 3º.- Los contratos de arrendamiento de baldíos nacionales,<br />
de fajas de la trocha de ferrocarril, de milla marítima y fluvial, de<br />
fincas del Estado, así como las concesiones otorgadas para la explotación<br />
de bosques nacionales, hechos con anterioridad a la vigencia de esta ley,<br />
quedarán sujetos a las cláusulas establecidas en tales contratos o<br />
concesiones y a todas las disposiciones legales en virtud de las cuales se<br />
otorgaron, hasta el vencimiento de sus plazos actuales. Las renovaciones de<br />
dichos contratos o concesiones, quedarán sujetas al criterio del Instituto,<br />
y a las nuevas normas que éste establezca.<br />
Artículo 4º.- Las dependencias administrativas a cuyo cuidado han<br />
estado las funciones que por esta ley se encargan al Instituto de Tierras y<br />
Colonización, seguirán atendiéndolas hasta tanto éste no las asuma.<br />
Dichas dependencias le traspasarán al Instituto, cuando éste se lo<br />
solicite, los archivos, equipo y materiales de trabajo.<br />
Artículo 5º.- Suspéndense, en lo que a informaciones posesorias se<br />
refiere, los efectos de las leyes números 19 de 12 de noviembre de 1942 y<br />
201 de 26 de agosto de 1943, sobre denuncios e informaciones posesorias en<br />
la Milla Marítima. Modifícase el artículo 15 de la ley Nº 139 de 14 de<br />
julio de 1941 en el sentido de que la prescripción será de tres años en<br />
lugar de diez.<br />
(Así reformado por el artículo 1° de la Ley Nº 3218, de 19 de octubre de<br />
1963.)<br />
Artículo 6°.- DEROGADO.<br />
(Derogado por el artículo 2° de la Ley Nº 5257, de 31 de julio de 1973.)<br />
Artículo 7°.- Mientras dure la suspensión de los efectos de las leyes<br />
relativas a Informaciones Posesorias a que se hace referencia en el<br />
artículo transitorio anterior, se autoriza al Poder Ejecutivo para conferir<br />
administrativamente título de propiedad por medio del Instituto, a los<br />
poseedores de parcelas de baldíos nacionales y de fincas no inscritas, cuya<br />
extensión no sea superior a cincuenta hectáreas.<br />
Las disposiciones de este transitorio serán aplicables únicamente a<br />
aquellas parcelas poseídas por el actual ocupante, o por quienes le hayan<br />
antecedido en la ocupación, durante un período no menor de diez años, con<br />
el consentimiento tácito o expreso del Estado, y hayan sido además<br />
sometidas a explotación agrícola o pecuaria en una proporción no menor de<br />
las dos terceras partes de su área total.<br />
Artículo 8°.- Para el trámite de adjudicación de parcelas conforme a<br />
lo prescrito en el transitorio anterior, el Instituto seguirá el<br />
procedimiento de información sumaria, que incluirá una inspección ocular de<br />
uno de los funcionarios autorizados de su departamento técnico<br />
correspondiente, con citación previa de todos los colindantes y, cuando<br />
fuere posible, de la autoridad civil o de policía del lugar. Las gestiones<br />
de inscripción serán publicadas por medio de edictos en el Diario Oficial,<br />
concediéndose a los interesados un plazo de treinta días a partir de la<br />
primera publicación, para oposiciones. Además del informe y los otros<br />
requisitos a que se refieren éste y el transitorio anterior, es<br />
indispensable la presentación de un plano catastrado del terreno, con<br />
indicación de la clase de cultivos o tipos de explotación a que está<br />
sometido y el área de cada uno de ellos.<br />
Artículo 9°.- El costo del plano a que se refiere el transitorio<br />
anterior, así como el valor de los tramites de inscripción, correrán por<br />
cuenta del interesado.<br />
Artículo 10.- Las parcelas adjudicadas en propiedad de acuerdo con<br />
las prescripciones de los transitorios 7° y siguientes de esta ley, no<br />
podrán ser enajenadas parcial ni totalmente, ni gravadas, ni arrendadas,<br />
sin autorización expresa del Instituto, por el término de diez años.<br />
Se exceptúan de la prohibición anterior las operaciones que se<br />
celebren con el Sistema Bancario Nacional, con el Consejo Nacional de<br />
Producción, con las cooperativas de que forme parte el ocupante y con<br />
cualesquiera otras instituciones de crédito del Estado. En caso de remate<br />
por razón de operaciones, las restricciones a que se refiere el párrafo<br />
anterior quedarán de hecho eliminadas.<br />
Artículo 11.- A fin de que los objetivos a que se refieren los<br />
artículos transitorio 7° y siguientes se puedan cumplir en forma más cabal,<br />
el Instituto podrá contratar por su cuenta, en los casos en que<br />
dificultades económicas de los interesados lo requieran, y en todos<br />
aquellos otros en que lo juzgue conveniente, tanto los trabajos de mensura<br />
y deslinde de las parcelas, como los de notariado. Los precios a pagar por<br />
los adjudicatarios por tales servicios, no podrán ser superiores a los que<br />
los adjudicatarios demuestren estar en capacidad de obtener mediante<br />
contratos personales directos con profesionales del ramo respectivo.<br />
Los terrenos que el Estado haya adjudicado en propiedad a<br />
particulares en virtud de leyes o contratos anteriores a la promulgación de<br />
esta ley, podrán ser enajenados, gravados y arrendados cuando hayan<br />
transcurrido diez años desde la fecha de la adjudicación, o antes si esas<br />
leyes o contratos lo permiten, o si el Instituto autoriza tales<br />
transacciones.<br />
Las disposiciones de este artículo no deben entenderse en menoscabo<br />
de otras limitaciones a la propiedad, impuestas por esta ley.<br />
Artículo 12.- Se autoriza al Sistema Bancario Nacional para conceder,<br />
a quienes resulten adjudicatarios de parcelas por ejecución de los<br />
artículos transitorios 7° y siguientes de la presente ley, crédito<br />
hipotecario con garantía de la respectiva parcela, para cubrir el costo de<br />
los trabajos de medida y deslinde, y el valor de la escritura de traspaso.<br />
A tales créditos el Sistema Bancario Nacional procurará dar prioridad sobre<br />
cualesquiera otros de carácter hipotecario, excepción hecha de los créditos<br />
de producción a corto plazo.<br />
Artículo 13.- Las disposiciones contenidas en los transitorios 7º y<br />
siguientes de esta ley, son aplicables a los poseedores de parcelas en<br />
fincas adquiridas por el Estado para fines de parcelación, colonización o<br />
solución de problemas de ocupantes en precario, siempre que los bienes<br />
inscritos del ocupante, conjuntamente con la parcela a inscribir, no sumen<br />
más de cincuenta hectáreas.<br />
Artículo 14.- El Instituto deberá someter a la consideración de la<br />
Asamblea Legislativa, en el transcurso del primer año de vigencia de la<br />
presente ley, un proyecto en relación con las leyes cuyos efectos por esta<br />
se suspendan.<br />
Artículo 15.- El Instituto de Tierras y Colonización, al hacer los<br />
nombramientos de empleados del Departamento de Crédito Rural, Tierras y<br />
Colonias, deberá nombrar a los funcionarios y empleados del Departamento de<br />
Tierras y Bosques del Ministerio de Agricultura, para quienes no habrá<br />
solución de continuidad en sus derechos laborales adquiridos.<br />
Artículo 16.-Si de conformidad con la ley N° 88 de 14 de julio de 1942<br />
existiere sentencia firme que adjudique a los poseedores los terrenos que a<br />
ellos corresponden, el Juez Civil de Hacienda que conoció del expediente de<br />
intercambio de esas tierras, extenderá la ejecutoria y adicionales a ella<br />
que fueren necesarias, para que el Registro Público inscriba a nombre de<br />
esos poseedores, los lotes respectivos. Asimismo queda facultado el Juez<br />
para dictar las resoluciones necesarias a fin de que se haga esa<br />
inscripción en el Registro, haciendo en consecuencia en ellas las<br />
advertencias legales y además las aclaraciones o rectificaciones del caso.<br />
Comuníquese al Poder Ejecutivo<br />
Dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Legislativa.-San José, a<br />
los dos días del mes de octubre de mil novecientos sesenta y uno.<br />
MARIO LEIVA QUIROS,<br />
Presidente.<br />
MANUEL DOBLES SÁNCHEZ, JOSE RAFAEL VEGA ROJAS,<br />
Primer Secretario.<br />
Secretario Ad-hoc.<br />
Casa Presidencial.-San José, a los catorce días del mes de octubre de<br />
mil novecientos sesenta y uno.<br />
Ejecútese y Publíquese<br />
MARIO ECHANDI<br />
El Ministro de Agricultura y Ganadería.<br />
ADRIANO URBINA GUTIERREZ.<br />
_____________________________<br />
Actualizado al: 15-03-2001.<br />
Sanción: 14-10-1961.<br />
Publicación: 25-10-1961.<br />
Rige: 25-10-1961.<br />
JCBM.-
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