Ley 2760

Descarga el documento

Nº 2760 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA COSTA RICA, DECRETA: La siguiente Ley de Erradicación de Tugurios y Defensa de Arrendatarios CAPITULO I Disposiciones Generales Artículo 1º.-Declárase de utilidad pública todo lo relacionado con la satisfacción de las necesidades de vivienda popular en las áreas urbanas y rurales del país, y en especial lo que se refiere a la erradicación de tugurios, a la defensa de sus arrendatarios, a evitar la formación de áreas de tugurios y al fomento de la construcción de viviendas de precios bajos. Artículo 2º.-Para los fines de esta ley se entiende por: Tugurio: Local destinado a vivienda, establecido en un inmueble, objeto de declaratoria oficial de inhabitabilidad. Compréndese en ese concepto casas, apartamentos, cuartos y, en general, toda construcción o estructura destinada total o parcialmente al expresado fin, aunque sólo se trate de refugio en sitio no urbano de carácter improvisado. Area de Tugurios: Todo circuito, predominantemente residencial, en que las calles, falta de servicios, así como las construcciones o estructuras son perjudiciales a la seguridad, salud o moralidad de la comunidad, por razones de hacinamiento, diseño defectuoso, falta de luz y ventilación, insalubridad o combinación de estos factores. Renovación Integral del Area: Es un proceso mediante el cual se sincroniza y coordina una serie de medidas con efecto directo a las áreas ya desarrolladas o construidas, con el fin de mantener y restaurar un estado de conveniencia comunal; abarca un programa general para mejorar las condiciones de vida y de trabajo en las diferentes zonas de un conglomerado urbano, e incluye no sólo la prevención del deterioro sino también un tratamiento para su corrección. Fraccionamiento: La división de un terreno, en dos o más partes para su venta, cesión, donación, adjudicación, arrendamiento, usufructo, uso, habitación, urbanización, construcción o mera segregación. Urbanización: El fraccionamiento y la habilitación de un terreno para fines urbanos, mediante apertura de calles y provisión de servicios adecuados. Erradicación y Remodelamiento: Proceso que consiste en derribar los tugurios, efectuar la limpieza del área respectiva y los arreglos del sitio en la forma que más convenga al destino que se le asigne. Rehabilitación: Es el proceso de mejoramiento de un área predominante construida, cuyas medidas pueden involucrar reducción de la densidad de población, expropiación y demolición de algunas edificaciones, reparación y modernización de servicios comunales, construcción de calles adecuadas y otros programas de mejoras en las construcciones por parte de sus propios dueños. Instituto: El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. CAPITULO II Defensa de los arrendatarios de tugurios Artículo 3º-Todo local destinado a viviendas debe reunir las condiciones indispensables para ser habitado, de modo que pueda ofrecer a sus moradores continuo y efectivo bienestar. Prohíbese dar en arrendamiento, para fines de vivienda, cualquier local calificado de inhabitable por falta de los requisitos mínimos de seguridad, higiene, comodidad y sana convivencia vecinal. Artículo 4º-La calificación de inhabitabilidad a que se refiere el artículo anterior, será realizada por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, al que se faculta en forma amplia para esos efectos. En el aspecto sanitario se atenderá el dictamen que deberá rendir el Ministerio de Salubridad Pública, a solicitud del Instituto. En el cumplimiento de esa función social, el Instituto actuará de oficio o a solicitud de cualquier persona mayor de edad, sea o no inquilino del tugurio que se ha de calificar. Toda solicitud de inhabitabilidad debe presentarse por escrito y autenticada por la autoridad política del lugar en donde esté ubicado el tugurio objeto de la solicitud. Artículo 5º-Serán declarados inhabitables los locales destinados a vivienda ya construidos o que en adelante se construyan, siempre que muestren cualquiera de las siguientes anomalías: a) Inseguridad, ocasionada por debilidad o deterioro de su estructura o debida a la inestabilidad del terreno en que se asienta; b) Pisos, paredes o techumbres inadecuados; c) Carencia o estado defectuoso del servicio de agua, excusado, baño, pilas, avenamientos y demás servicios sanitarios imprescindibles. Se entenderá que existe tal carencia o estado defectuoso de los servicios, cuando ellos están destinados al uso simultáneo o común de varios arrendatarios; d) Insuficiente luz natural, ventilación, área habitable y altura de piso a cielo; e) Exceso de humedad; y f) Cualquier otra causal contemplada en las leyes o reglamentos. Artículo 6º.- Igual pronunciamiento recaerá sobre las viviendas comprendidas en un área de renovación integral, caso en el cual se tendrá por ampliada la enumeración del artículo anterior, con las deficiencias que a continuación se enumeran: a) Cuando la cabida del lote o su relación de frente a fondo, no cubra los mínimos prefinidos en la respectiva reglamentación municipal; b) El acceso difícil a la vía pública, por no estar próxima la calle o acera, o por gradiente excesiva de éstas, y ausencia o deterioro de los materiales adecuados con que deben ser construidas. c) Sacrificio del espacio que debe privar entre las edificaciones, de acuerdo con los reglamentos; d) Peligro inminente de que sean destruidas por derrumbes o inundaciones; e) Falta de cañería, avenamientos pluviales y cloacas, o de tanques sépticos en donde no sea posible o económica la construcción de cloacas; f) Incomodidad de vecindad, ocasionada por gases, polvo, ruido, peligro de incendio o daño moral; y g) Cualquier otra causal contemplada en las leyes o los reglamentos. Artículo 7º.-Para la validez de la declaratoria de inhabitabilidad, es de rigor formar un expediente, particular o colectivo, en que se deje constancia de haberse cumplido las siguientes formalidades de procedimiento: 1) Que se notifique a los propietarios, poseedores u ocupantes y a cualquiera que pueda tener interés, la determinación de iniciar las correspondientes diligencias administrativas. Al ocupante de la vivienda y al propietario de inmuebles con residencia conocida, se les notificará mediante carta certificada o aviso telegráfico con constancia de entrega. Quienes no puedan ser localizados para hacerles entrega de notificación, se tendrán por notificados a partir de la publicación del aviso respectivo en el Diario Oficial, que se hará gratuitamente. Además, se colocará un rótulo bien visible en el sitio de operación. Los interesados podrán alegar lo que a bien tengan dentro del mes subsiguiente a la publicación del aviso en "La Gaceta" o de la notificación hecha conforme a lo que queda dicho. 2) Que el informe técnico del caso contenga la descripción más completa posible del inmueble donde está el tugurio, cuáles de las deficiencias comprendidas en el artículo 5º resulten comprobadas, el avalúo de la construcción, en censo y composición familiar de la población residente y en qué deben consistir las mejoras; tratándose de renovación integral, se indicará, además, cuáles de los inconvenientes o defectos del artículo 6º se comprueban, así como las razones que a juicio de los dictaminadores existan para recomendar, si ello procediere, la remodelación y el cambio del uso del terreno a fines no residenciales. 3) Que expirado el término del inciso 1) y con base en el dictamen anterior, la Junta Directiva del Instituto acuerde en firme la declaratoria de inhabitabilidad. Artículo 8º.-El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo atenderá, dentro de sus posibilidades, el problema de realojamiento de las personas desplazadas de los tugurios por la aplicación de esta ley, en tanto no sea resuelto por los propios interesados; igualmente corresponde a la Municipalidad del respectivo cantón, emprender programas de renovación integral de áreas, de acuerdo con las previsiones de esta ley. Artículo 9º.-En forma administrativa y con ayuda de la fuerza pública si fuere necesario, se procederá al lanzamiento de los ocupantes de tugurios que se negaren a trasladarse a la vivienda que el Instituto ponga a su disposición. Quienes reocupen luego el tugurio también serán lanzados, pero ya sin obligación de velar por su reacomodo. Artículo 10.-Cuando el Ministerio de Salubridad Pública o el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo califiquen una vivienda como tugurio, el organismo que dicte la resolución respectiva la comunicará al propietario o arrendante y le prevendrá que deberá llevar a cabo las reformas indispensables para proporcionar a sus moradores las condiciones mínimas de comodidad, higiene y seguridad que le señale el Instituto, dentro de un plazo prudencial, que no será menor de tres meses. El plazo se fijará tomando en cuenta las condiciones económicas del arrendante. Pasado el término indicado sin que el arrendante haya llevado a cabo las mejoras los arrendatarios deberán depositar los alquileres en el Instituto, el cual empleara esos fondos para realizar las mejoras ordenadas. Artículo 11.-Las reparaciones no facultarán al propietario o arrendante para aumentar el precio del arrendamiento, salvo que el importe de éste sea menor del 8% anual del valor en que la Tributación Directa estimare el inmueble mejorado, caso en que el reajuste podrá ser efectuado en la vía judicial, precisamente hasta el indicado límite. Las mejoras no facultarán a los propietarios o arrendantes para cobrar las sumas de dinero que se hubieren dejado de percibir en virtud de la disposición del artículo anterior. Artículo 12.-La contravención a lo dispuesto en los artículos 3º y 10, en cuanto al arrendamiento de tugurios y al cobro de alquileres, hará incurrir al arrendante en una multa equivalente al monto cobrado, a favor del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. CAPITULO III Erradicación de Tugurios Artículo 13.-La erradicación de tugurios a través de procesos integrales de renovación, se convendrá inicialmente entre el Instituto y la Municipalidad del cantón. Para el efecto, el primero señalará el cupo de viviendas sustituidas requeridas que se compromete a suplir, y la segunda, los fondos con que cuenta para sufragar los gastos concernientes a la rehabilitación del área propuesta. Este convenio se someterá a la aprobación de la Contraloría General de la República, la que además se encargará de velar porque ambas partes hagan las debidas y oportunas consignaciones presupuestarias, para el cumplimiento recíproco de sus obligaciones. Artículo 14.-La Municipalidad copartícipe iniciará las diligencias formales del proceso, por medio de acuerdo que determine el área afectada por el programa y pedirá al Instituto, sin dilación, iniciar los trámites indicados en el artículo 7º. Artículo 15.-Los bienes inmuebles del área objeto del programa de renovación que fuese indispensable adquirir, podrán ser expropiados con arreglo a la ley Nº 1882 de 7 junio de 1955. Artículo 16.-No podrán realizarse construcciones, reconstrucciones o reparaciones en edificios, sin permiso de la Municipalidad. En el caso de fraccionamiento y urbanización, además del permiso municipal, deberá comprometerse el interesado a traspasar gratuitamente a la Municipalidad, los terrenos que sean necesarios para nuevas vías y otros usos públicos, siempre que lo exija el plan de remodelación y lo permita la forma en que están distribuidas las propiedades. Artículo 17.- (DEROGADO por la Ley No.4240, de 15 de noviembre de 1968, artículo 76.) CAPITULO IV Fraccionamiento de terrenos y su venta Artículo 18.-Se prohíbe fraccionar y urbanizar propiedades inmuebles, sin la autorización de la Municipalidad correspondiente. Para ese efecto, las Municipalidades de la República que no hayan dictado un reglamento de urbanización y fraccionamiento de terrenos, deberán hacerlo dentro de los seis meses posteriores a la fecha en que sea promulgada esta ley, previa consulta al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. La prohibición de fraccionamiento no cubre el que se realice frente a calles públicas o carreteras nacionales, en zonas no urbanas; en este caso, los interesados deberán acatar las disposiciones de la Municipalidad correspondiente y del Departamento de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas. En dichos reglamentos las Municipalidades deberán establecer todas las medidas necesarias para favorecer la erradicación de tugurios y para impedir la formación de este tipo de viviendas. Artículo 19.-Quien fraccione un terreno en forma tal que de hecho constituya una urbanización, responderá a la Municipalidad donde estuvieren situados los terrenos, por el pago del valor total o la parte proporcional, según sea el caso, de las vías públicas, obras e instalaciones que, conforme a la reglamentación sobre fraccionamiento y urbanización, debieron haberse realizado para habilitar las viviendas que se construyan en el aparcelamiento. La acción para hacer efectiva esa garantía prescribe a los cinco años, contados desde el traspaso, o del último traspaso si fueren varios. Artículo 20.-La Municipalidad del cantón donde se desarrolle una lotificación o urbanización resolverá, dentro del mes siguiente, cualquier denuncia que por escrito le haga el Instituto, particularizándole las deficiencias de que adolece aquélla. A partir de la fecha en que se declare con lugar dicha denuncia, por acuerdo municipal o sentencia judicial recaída en alzada, los compradores de lotes del área en desarrollo podrán seguir consignando judicialmente los pagos que deban hacerle a su respectivo vendedor. Las sumas consignadas se mantendrán en depósito para responder preferentemente a la Municipalidad por el cumplimiento de las obligaciones del fraccionador y del urbanizador, al tenor de lo dispuesto en el artículo 22 y demás concordantes del capítulo siguiente. CAPITULO V De los delitos y faltas de policía Artículo 21.-Será reprimido con multa de (5,000.00 a (10,000.00, el propietario de un inmueble que lo fraccione para fines de urbanización y disponga de él mediante venta, donación o arrendamiento, sin la correspondiente autorización municipal. Artículo 22.-La persona que realice el fraccionamiento de terrenos urbanos o rurales para fines de urbanización, en contra de lo que dispongan las leyes o los reglamentos sobre la materia, en sus aspectos principales de cabida mínima de los lotes, ancho de calles, hechura de cordón y caño, instalación de los servicios y reserva de zonas para recreo, y mediante engaño los vende, comete el delito de defraudación y será reprimido con prisión de seis meses a un año y medio, si la defraudación no excede de ( 5,000.00, y con prisión de año y medio a tres años, si es superior a ( 5,000.00. Artículo 23.-La acción penal para perseguir a los responsables de los hechos previstos en los artículos 21 y 22, prescribe a los cinco años. En cuanto al delito de defraudación, la prescripción se operará según las normas establecidas en el Código Penal. Artículo 24.-En caso de reincidencia del hecho previsto en el Artículo 21, la pena será aumentada al doble. El producto de las multas cobradas con base en tal artículo, ingresará al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Artículo 25.-Los que resistieren, por las vías de hecho, a la acción de los funcionarios que intervinieren en la ejecución de programas de erradicación de tugurios, serán juzgados para que reciban la punición establecida en el artículo 140 de Código de Policía. CAPITULO VI Disposiciones Complementarias Artículo 26.-No podrán los propietarios, poseedores, inquilinos y demás personas que tengan derecho o pretendan tenerlo, sobre los inmuebles con construcciones calificadas como tugurios, oponer a la acción administrativa que autoriza esta ley, demandas o recursos fundados en el capitulo V, Libro IV del Código Civil, la Ley de Subsistencia e Inquilinato, Nº 6 de 21 de setiembre de 1939 y sus reformas, la de Poseedores Precarios, N:º 88 de 14 de julio de 1942 y sus enmiendas, la de Construcciones, Decreto-Ley Nº 833 de 2 de noviembre de 1949 y sus modificaciones, ni tampoco en lo que dispone el Título IX del Código Sanitario o en alguna otra disposición legal que pudiese contrariar los fines de esta ley; ello sin perjuicio de lo que en juicio contencioso- administrativo o en recurso de amparo se resuelva, o de la responsabilidad que pueda caber a los funcionarios, por actos de exceso en la aplicación de esta ley. Artículo 27.-Las Municipalidades y el Ministerio de Salubridad Pública podrán, para colaborar con el Instituto, establecer en sus reglamentaciones de urbanización y construcción, normas especiales, compatibles con las finalidades de esta ley, para las viviendas y conjuntos residenciales que el Instituto construya con el objeto de dar nuevo alojamiento a las personas desplazadas por los programas de erradicación de tugurios. Estas normas especiales podrán hacerse extensivas a las cooperativas de vivienda, asociaciones y demás personas morales o físicas que, con propósitos ajenos al lucro, emprendan o coadyuven en programas de vivienda para gente de insuficientes capacidades de pago. Artículo 28.-Las disposiciones de esta ley serán aplicables en un todo a los casos de tugurios habitados por sus propios dueños, cuando las condiciones de esas viviendas afecten los intereses de la comunidad, a juicio del Ministerio de Salubridad Pública o del Instituto. En estos casos el Instituto proporcionará las facilidades de refacción o de construcción, cuando sean pertinentes. Se procederá al realojamiento de las familias afectadas, cuando la demolición fuere necesaria. Ese alojamiento será temporal. Artículo 29.-Las viviendas que el Instituto construya para darle complemento a las disposiciones de esta ley, deberán ajustarse en un todo a las condiciones económicas de sus futuros moradores, especialmente en cuanto a cuotas de amortización y plazos. Artículo 30.-Para lograr la completa rehabilitación y readaptación de las familias beneficiadas por esta ley, el Servicio Social del Instituto hará todo lo que a su alcance esté para lograr estos beneficios. La Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo deberá tomar los acuerdos necesarios para cumplir cabalmente este propósito, pues el nuevo inquilino requiere auxilio inmediato para su ubicación. Artículo 31.-Agrégase un párrafo al inciso ch) del artículo 5º de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Nº 1788 de 24 de agosto de 1954, en los siguientes términos: "Para estos efectos, el Ministerio de Salubridad Pública y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo procederán, conjunta o separadamente, de acuerdo con los artículos 282 y 283 del Código Sanitario". Artículo 32.-Los contratos de arrendamiento vigentes al emitirse esta ley, quedarán también sujetos a sus disposiciones. Artículo 33.-Agréguese un Artículo Transitorio a la ley Nº1788 de 24 de agosto de 1954, que diga: "Transitorio XV.-En los próximos cinco años el Instituto invertirá un mínimo del 75% de las sumas destinadas a sus diversos programas en la lucha contra el tugurio, de acuerdo con el párrafo final del inciso c) del artículo 4º de esta ley. Una vez vencido ese plazo, la Junta Directiva examinará el resultado de sus programas y quedará obligada a continuarlos por igual plazo si los fines de erradicación del tugurio no se han cumplido cabalmente". Artículo 34.-Esta ley modifica en lo conducente la Nº 833 de 4 de noviembre de 1949 y sus reformas (Ley de Construcciones). El Instituto, previo el estudio del caso, comunicará a las Municipalidades las funciones y atribuciones que les competen exclusivamente, las que en esa forma le corresponden al Instituto, y las que deban llevarse a cabo conjuntamente y en determinados casos con intervención del Ministerio de Salubridad Pública. Artículo 35.-Las disposiciones de la presente ley son de orden público y prevalecerán sobre las demás que se le opongan. Artículo 36.-Esta ley rige desde su publicación. Transitorio.-Mientras las Municipalidades no hayan dictado el reglamento indicado en el artículo 18 de esta ley, los permisos correspondientes deberán otorgarse previa consulta al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y de conformidad con lo que disponen los reglamentos que tiene en vigor la Municipalidad del Cantón Central de San José. Comuníquese al Poder Ejecutivo Dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Legislativa.- San José, a los cinco días del mes de junio de mil novecientos sesenta y uno. MARIO LEIVA QUIROS, Presidente. MANUEL DOBLES SANCHEZ, JOSE RAFAEL VEGA ROJAS, Primer Secretario. Secretario Ad-hoc. Casa Presidencial.- San José, a los dieciséis días del mes de junio de mil novecientos sesenta y uno. Ejecútese y Publíquese MARIO ECHANDI El Ministro de Trabajo y Previsión Social F. SOLORZANO S. _____________________________________ ACTUALIZACIÓN: 22-03-2001 SANCIÓN: 16-06-1961 PUBLICACIÓN: 21-06-1961 RIGE: 21-06-1961 ANB