Nota: la presente normativa fue derogada por el artículo 69, inciso c) de<br />
la Ley de Pensiones Alimentarias, N° 7654, de 19 de diciembre de 1996, con<br />
excepción del párrafo segundo del artículo 34, que mantiene su vigencia.<br />
N° 1620<br />
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA,<br />
DECRETA:<br />
La siguiente:<br />
Ley de Pensiones Alimenticias<br />
CAPITULO I<br />
De los Derechos en Relación a las Pensiones<br />
Artículo 1°.- Las diligencias sumarias tendientes a demandar el<br />
establecimiento de una pensión alimenticia provisional, corresponden a las<br />
Agencias Judiciales de la materia, y donde no las hubiere a las Judiciales<br />
de Policía, Jefaturas Políticas y Agencias Principales de Policía,<br />
existentes para cada jurisdicción, las cuales resolverán en primera<br />
instancia todas las cuestiones relativas a su creación, extinción y<br />
modificaciones.<br />
Artículo 2°.- Las apelaciones serán resueltas por los alcaldes civiles<br />
de la respectiva jurisdicción, cuando proceda, y la distribución la hará<br />
por riguroso turno la correspondiente Agencia o Jefatura Política.<br />
Artículo 3°.- Las cuestiones decididas de ese modo tienen carácter<br />
provisional y subsisten mientras en vía ordinaria no se resuelva cosa<br />
distinta por sentencia ejecutoria.<br />
Sin embargo, cuando en la secuela de un juicio ordinario sobre<br />
alimentos, divorcio o separación de cuerpos, se planteare la cuestión de<br />
alimentos provisionales, en esta vía se tramitará la respectiva solicitud y<br />
sus incidencias hasta la decisión definitiva del asunto; pero una vez que<br />
haya sentencia firme, queda a opción de la parte interesada exigir el pago<br />
de la pensión alimenticia, bien ante el Juez que conoció del juicio, o bien<br />
ante la autoridad que corresponda, según el artículo 1°, caso este último<br />
en que la parte no podrá volver a gestionar sobre alimentos ante el Juez<br />
que conoció de la demanda ordinaria. Las autoridades a que se refiere el<br />
artículo 1°, serán competentes también para fijar el monto de la pensión,<br />
si el Juez no lo hubiere hecho en la sentencia y para resolver cualesquiera<br />
incidentes sobre disminución o aumento de la pensión, o sobre negativa<br />
justificada del deudor a dar alimentos, de conformidad con el artículo 8°,<br />
siempre que esos incidentes se funden sustancialmente en hechos posteriores<br />
al fallo ejecutorio.<br />
(Así reformado por el artículo 1° de la Ley N° 1686, de 13 de<br />
noviembre de 1953.)<br />
Artículo 4°.- (Derogado por el artículo 3° del Código de Familia, Ley<br />
N° 5476, de 21 de diciembre de 1973.)<br />
Artículo 5°.- La obligación alimentaria que se contraiga ante los<br />
personeros legales del Patronato Nacional de la Infancia tendrá los mismos<br />
efectos de sentencia ejecutoria, sólo susceptible de las variantes, en<br />
cuanto existencia y monto, que correspondan de acuerdo con la ley.<br />
Artículo 6°.- (Derogado por el artículo 3° del Código de Familia, Ley<br />
N° 5476, de 21 de diciembre de 1973.)<br />
Artículo 7°.- (Derogado por el artículo 3° del Código de Familia, Ley<br />
N° 5476, de 21 de diciembre de 1973.)<br />
Artículo 8° - (Derogado por el artículo 3° de la Ley de promulgación<br />
del Código de Familia N° 5476, de 21 de diciembre de 1973.)<br />
Artículo 9°.- Podrán conocer de las diligencias sumarias sobre pensión<br />
alimenticia, los funcionarios competentes por razón del domicilio del<br />
demandado, o del actor, a elección de éste en el momento de establecer su<br />
acción.<br />
Sin embargo, en caso de cambiar de residencia el demandante, esté o no<br />
concluída la demanda respectiva, lo comunicará así a la autoridad que<br />
conoce de la acción, para que el legajo lo remita a la autoridad del<br />
vecindario últimamente escogido, a fin de que continúe en su tramitación y<br />
lo fenezca, o haga cumplir la sentencia ya dictada.<br />
Artículo 10.- Tienen personería para demandar alimentos en favor de<br />
menores de edad o de mayores que por su discapacidad no tienen acceso a la<br />
presentación personal de los trámites judiciales, tanto sus representantes<br />
legales como sus simples guardadores; en tal caso, estas circunstancias<br />
deberán probarse junto con la demanda.<br />
(Así reformado por el artículo 78 de la Ley de Igualdad de<br />
Oportunidades para Personas con Discapacidad N° 7600, de 2 de mayo de<br />
1996.)<br />
Artículo 11.- En caso de menores y de personas con discapacidad<br />
abandonadas que no tengan acceso a la presentación personal de los trámites<br />
judiciales los agentes judiciales podrán actuar de oficio o a instancia o<br />
denuncia del Patronato Nacional de la Infancia, de sus juntas provinciales,<br />
la Procuraduría de la Familia o los jefes de los establecimientos que<br />
tengan la guarda, custodia o protección de los demandantes.<br />
(Así reformado por el artículo 78 de la Ley de Igualdad de<br />
Oportunidades para Personas con Discapacidad N° 7600, de 2 de mayo de<br />
1996.)<br />
Artículo 12.-<br />
(Este primer párrafo fue derogado por el artículo 3° del Código de<br />
Familia, Ley N° 5476, de 21 de diciembre de 1973, dejando incólume el resto<br />
del numeral.)<br />
Si el deudor de alimentos tuviere una fuente regular de ingresos,<br />
proporcionada por el Estado, sus instituciones, o una entidad o persona<br />
particular, sea ella por concepto de salarios, dietas, pensiones o<br />
jubilaciones, se ordenará la retención de la suma respectiva a la orden de<br />
la autoridad que conozca de la demanda de pensión; y la disposición que tal<br />
ordene, deberá ser necesariamente acatada por quienes la reciban, las<br />
cuales serán solidariamente responsables del pago de la pensión si no lo<br />
hacen. Se podrá juzgar por desobediencia a la autoridad, al responsable<br />
del desacato, y el funcionario que conozca del juicio de pensión podrá<br />
imponer la multa del caso dentro del mismo expediente, en los términos<br />
indicados en el Código de Policía.<br />
(Así reformado por el artículo 1° de la Ley N° 3355 de 7 de agosto de<br />
1964.)<br />
Artículo 13.- No será obstáculo para el secuestro de las pensiones<br />
ordenado por la autoridad respectiva, la existencia de embargos sobre los<br />
sueldos ni de ventas o cesiones de los mismos; éstas sólo valdrán en el<br />
tanto no cubierto por la imposición alimentaria.<br />
Artículo 14.- No será excusa atendible la de que el empleado o<br />
funcionario no devenga sueldo, o de parte del obligado la de que no tiene<br />
ingresos, o la de que sus negocios no le producen utilidades. Todo sin<br />
perjuicio del obligado bastanteo de las probanzas y de las averiguaciones<br />
que de oficio o a indicación de parte, acordare la propia autoridad en los<br />
autos, a fin de justipreciar el monto asignable en calidad de pensión a los<br />
obligados.<br />
Artículo 15.- La falsedad en que incurrieren, tanto el obligado como<br />
el patrono, o el jefe del mismo, a fin de ocultar o alterar las verdaderas<br />
entradas, sueldos, dietas o ganancias, será penada por las autoridades de<br />
policía, a solicitud de los petentes, con multa de cincuenta a trescientos<br />
sesenta colones, o arresto de veinticinco a ciento ochenta días. En el caso<br />
de dos o más reincidencias sólo podrá imponerse la pena de arresto<br />
indicada.<br />
Artículo 16.- Si el deudor de alimentos comprobare a satisfacción, a<br />
juicio de la autoridad competente, que carece de trabajo y de recursos<br />
económicos en absoluto, podrá concedérsele un término prudencial, para que<br />
busque colocación remunerada. Pasado el lapso concedido, entrará en<br />
vigencia la obligación a su cargo.<br />
Ese término prudencial no podrá exceder de un mes, prorrogable en<br />
casos excepcionales a juicio de la autoridad correspondiente, por quince<br />
días más.<br />
Y las cuotas que hubiere dejado de depositar por razón del término que<br />
se le concede en la respectiva resolución, las cancelará una vez que<br />
obtenga trabajo, o cuando, a juicio de la autoridad, debería haberlo<br />
conseguido por haber transcurrido el término que se le diera al efecto, y<br />
podrá cancelarlas por medio de abonos prudenciales conjuntamente con las<br />
pensiones correspondientes.<br />
Artículo 17.- La obligación de alimentos constituye título ejecutivo.<br />
Si hubiere renuencia al cumplimiento del obligado, podrá despacharse<br />
ejecución y embargo por las sumas adecuadas y acumuladas en tanto no mayor<br />
de un año. También podrá despacharse ejecución en caso de renuencia, tal<br />
como se contempla en el artículo 12.<br />
Artículo 18.- Si el obligado hiciere solicitud fundado en que las<br />
pensiones atrasadas que hubiere acumulado no puede pagarlas sino con<br />
facilidades, en varios tractos, y comprobare la necesidad que de ello<br />
tuviere, podrá accederse a su solicitud, total o parcialmente, tomando en<br />
cuenta las posibilidades del obligado y necesidades del demandante.<br />
Artículo 19.- Ningún deudor de alimentos que estuviere condenado al<br />
pago de una pensión alimenticia, ante cualquiera de las autoridades<br />
competentes según esta ley, podrá abandonar el país sin dejar<br />
suficientemente garantizado el pago de aquélla en un plazo de un año.<br />
A este efecto, se llevará un archivo en la Agencia Judicial de<br />
Pensiones Alimenticias de la ciudad de San José, en que consten los nombres<br />
de los obligados al pago de una pensión.<br />
Para formar ese archivo, toda autoridad que imponga el pago de<br />
pensión, comunicará a dicha Agencia, por la vía más rápida, la sentencia<br />
que haya dictado de la obligación, cuando se produjere.<br />
(Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 3051, de 31 de octubre<br />
de 1962.)<br />
(El párrafo cuarto de este artículo fue anulado por Resolución de la<br />
Sala Constitucional N° 6123-93 de 23 de noviembre de 1993.)<br />
Artículo 20.- En casos muy calificados de ocultación del deudor de<br />
alimentos, a fin de evitar el apremio, podrán ordenar el allanamiento, que<br />
se llevará a cabo con las formalidades que contiene el Código de<br />
Procedimientos Penales y previa resolución que lo acordare.<br />
Artículo 21.- Cuando los deudores de alimentos residieren fuera del<br />
lugar asiento de la Agencia Judicial competente en el caso, podrán hacer el<br />
envío de las pensiones por medio de las autoridades judiciales de su<br />
domicilio, que extenderán el recibo. Este recibo descarga al obligado del<br />
apremio o embargo, o retención acordada en su contra.<br />
Artículo 22.- Para el conocimiento en primera instancia de las<br />
demandas de pensión y demás incidencias procedentes, serán competentes las<br />
Agencias Judiciales del país; en virtud de apelación conocerán los Alcaldes<br />
como se dijo por riguroso turno, en relación a cada caso y Agencia.<br />
CAPITULO II<br />
Del Procedimiento<br />
Artículo 23.- La solicitud de pensión podrá formularse por escrito<br />
o verbalmente.<br />
Se tramitará en papel común y contendrá fundamentalmente:<br />
a) Nombre y apellidos, calidades y vecindario del peticionario y<br />
presunto obligado;<br />
b) Nombres y apellidos de los presuntos beneficiarios;<br />
c) Estimación de la cuota alimentaria que se demanda;<br />
d) Indicación de las posibilidades económicas del demandado y del<br />
actor; y<br />
e) Indicación de las pruebas fundamento de la demanda.<br />
Artículo 24.- Si se pidiere y procediere acordar una pensión<br />
provisional al obligado, se hará, notificándose esa imposición al mismo,<br />
junto con el traslado de la solicitud, para responder a la cual tendrá ocho<br />
días hábiles a partir de la notificación. El mismo término de ocho días se<br />
concederá al demandado para contestar aun cuando no se trate de pensión<br />
provisional.<br />
Artículo 25.- La notificación se hará por cédula, conforme el Código de<br />
Procedimientos Civiles, y caso de no poder hacerse por ese medio, se hará<br />
la misma por medio de publicación en el "Boletín Judicial". Si el obligado<br />
estuviere ausente del país, se le nombrará un curador a su costa, cuyos<br />
honorarios fijará la autoridad correspondiente.<br />
Artículo 26.- Si el demandado no respondiere a la audiencia, se dictará<br />
sentencia; en otros casos ésta se dictará ocho días después de concluídas<br />
las pruebas. Será apelable dentro de tercero día ante el Superior, y en el<br />
memorial de apelación o en el acta de apelación si se hiciere verbal ante<br />
la autoridad sentenciadora se motivará la inconformidad que hubiere.<br />
El Superior fallará a los cinco días después de recibidos los autos.<br />
Se notificará sólo a quien hubiere señalado dentro del perímetro judicial,<br />
casa u oficina donde recibirlas en primera instancia.<br />
Son apelables igualmente las resoluciones posteriores que modifiquen o<br />
extingan el derecho a pensión o que se pronuncien sobre su aumento o<br />
disminución.<br />
(Nota: El voto de la Sala Constitucional N° 300-90 de 21 de marzo de<br />
1990, hizo una interpretación de este artículo en sentido de que carecen de<br />
recurso de apelación los autos que resuelvan incidentes posteriores a la<br />
sentencia. Así como cualquier interpretación o aplicación que niegue el<br />
recurso contra resoluciones que establezcan o impongan una pensión<br />
provisional u otras similares que tengan efectos propios y no sean<br />
consecuencia de otras ya firmes y ejecutivas. Deben entenderse apelables<br />
en el efecto devolutivo y sin perjuicio de su ejecutividad inclusive por la<br />
vía de apremio corporal que en su caso se hubiera decretado.<br />
Artículo 27.- Sólo en casos muy calificados se admitirá prueba para<br />
mejor proveer por la autoridad superior, que se recibirá en su despacho<br />
dentro de tercero día. Una vez recibida, el fallo se dictará dentro de los<br />
cinco días siguientes.<br />
Artículo 28.- Si el demandado se opusiere, bien a la cuantía de la<br />
pensión demandada, bien a la procedencia de la misma, en el indicado<br />
término de ocho días deberá haber la objeción y proponer la prueba de<br />
descargo. Sólo se admitirán aquellas que conduzcan lógicamente a la<br />
demostración buscada y se prescindirá de aquellas que tiendan sólo a<br />
alargar los trámites. Si se adujere prueba documental se presentarán los<br />
documentos del caso o se indicará el lugar donde se encuentran para que se<br />
hagan venir, y si se tratare de testimonial, se indicarán nombres,<br />
apellidos y domicilios de los testigos, entregándose las cédulas de<br />
citación al interesado, quien deberá aportar esa prueba a la hora fijada,<br />
dentro de los tres días siguientes<br />
Artículo 29.- La sentencia contendrá un ligera exposición preámbulo, a<br />
modo de resultando único y los considerandos precisos referentes a los<br />
hechos probados, y el por tanto, todo en el forma más lacónica posible.<br />
Artículo 30.- La sentencia se notificará cuando concurra el interesado<br />
al despacho; si no se apelare dentro del término indicado, quedará firme y<br />
se ejecutará. Caso de que no concurriere, se le citará bajo apercibimientos<br />
de desobediencia a la autoridad, para que se presente al despacho, y si<br />
hubiere renuencia, no obstante la citación, se le hará venir mediante la<br />
policía.<br />
Artículo 31.- Si el demandado alegare que los peticionarios menores no<br />
tienen la relación de paternidad que correspondiere conforme a las leyes, y<br />
no resultare prueba en contrario de los autos, el Agente en sentencia,<br />
enviará a juicio ordinario a las partes a ventilar sus derechos.<br />
Artículo 32.- En determinados casos se puede recurrir a la vía<br />
telegráfica o de radios nacionales, para la notificación al demandado, y<br />
por comisión a otra autoridad judicial. Esta podrá contestar del mismo<br />
modo, con indicación del día y hora en que realizó la notificación.<br />
Artículo 33.- Las pruebas testimoniales se recibirán con las<br />
formalidades que contiene el Código de Procedimientos Civiles, en forma lo<br />
más lacónica posible.<br />
Artículo 34.- Ningún funcionario o empleado que tenga atingencia con<br />
esta materia podrá cobrar honorario alguno por las notificaciones u otras<br />
diligencias que practicare. Salvo en casos de embargo en lugares distantes<br />
del asiento de la autoridad, en que deberá procurarse a ésta los medios de<br />
movilización que procedieren.<br />
Las certificaciones del Registro Civil, del Registro Público y de la<br />
Tributación Directa se extenderán para efectos de pensión libres de toda<br />
expensa a solicitud de parte. Del mismo modo los edictos que se deriven de<br />
la presente ley se publicarán libres de todo pago.<br />
Este último párrafo está vigente, según el artículo 69 inciso c) de la<br />
Ley de Pensiones Alimentarias, N° 7654, de 19 de diciembre de 1996.<br />
Artículo 35.- Después de dictada la resolución que imponga la pensión<br />
o que la denegare en relación al estado y situación económica de las<br />
partes, podrá intentarse dentro del mismo expediente, por vía de solicitud<br />
incidental para modificar la situación creada, aduciendo las pruebas<br />
correspondientes, ello con ajuste a los demás trámites antes indicados.<br />
Artículo 36.- La solicitud para que se permita el pago en tractos de<br />
las pensiones atrasadas, se hará acompañando los objetivos y fundamentos de<br />
la solicitud; la autoridad acordará favorable o desfavorablemente<br />
apreciando a conciencia el caso. Esa resolución es apelable, en los mismos<br />
términos antes indicados.<br />
Artículo 37.- La fijación de la pensión alimenticia puede ser<br />
retroactiva hasta un año anterior a la solicitud; sin embargo, para esa<br />
retroactividad anual es preciso cumplir el requisito que prescribe el<br />
artículo 165 del Código Civil; y tratándose de pensiones ya obtenidas con<br />
anterioridad, es preciso que la parte acreedora haya estado gestionando en<br />
forma eficaz el pago de las pensiones acordadas.<br />
Tratándose de gestiones de embargo éste se despachará únicamente sobre<br />
las pensiones adeudadas al momento de la solicitud; y sobre pensiones<br />
acumuladas durante el año anterior a la demanda cuando concurren las dos<br />
circunstancias apuntadas en el párrafo primero de este artículo.<br />
Artículo 38.- Deróganse las leyes que se opongan a la ejecución de la<br />
presente y en especial la N° 10 de 6 de junio de 1916, reformada por la ley<br />
N° 24 de 1° de junio de 1940.<br />
Transitorio.- Los juicios pendientes de tramitación al entrar en<br />
vigencia la presente ley, deberán ajustarse a los nuevos trámites en ella<br />
establecidos.<br />
Comuníquese al Poder Ejecutivo<br />
Dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Legislativa.- Palacio<br />
Nacional.- San José, a los treinta y un días del mes de julio de mil<br />
novecientos cincuenta y tres.- A. Bonilla B., Presidente.- Alvaro Rojas E.,<br />
Primer Secretario.- Mario Fernández Alfaro, Segundo Secretario.<br />
Casa Presidencial.- San José, a los cinco días del mes de agosto de<br />
mil novecientos cincuenta y tres.- Ejecútese.- OTILIO ULATE.- El Ministro<br />
de Gobernación,-G. Guzmán.<br />
Fecha de sanción: 05 de agosto de 1953.<br />
Fecha de publicación: 23-8-53<br />
Rige a partir de: 08 de agosto de 1953.<br />
Fecha de actualización: 10 de agosto de 2000.<br />
Actualizado por: MCC
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