Ley 14A (Derogada)

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Nº 14 EL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA DECRETA: La siguiente LEY GENERAL DE PENSIONES Artículo 1º.- Las pensiones a cargo del Tesoro Nacional o cualquiera otra de las dependencias de la Administración Pública, son de dos clases: a) Pensiones de derecho; b) Pensiones de gracia. Artículo 2º.- Son pensiones de derecho: Este artículo fue en su totalidad reformado por artículo 1º de la Ley Nº 1848 del 16 de marzo de 1955. a) Las que se concedan de conformidad con las disposiciones vigentes de la Ordenanza para el Ejército, Nº 6 de 14 de enero de 1898; (Gaceta Nº 35 de 12 de febrero de 1898. Decreto de las Pruebas Nº 18 de 10 de junio de 1898, página 189, II Tomo); b) Las que se asignen en virtud de la ley Nº 27 de 3 de julio de 1905, sobre pensiones a guardas fiscales y sus reformas posteriores; (Este decreto ha sido refundido en el Nº 16 de 5 de diciembre de 1935); c) Las que se señalen con base en el decreto Nº 76 de 29 de junio de 1909 sobre pensiones a músicos de las Bandas Militares y sus modificaciones; Este decreto ha sido implícitamente refundido en la ley Nº 15 de 5 de diciembre de 1935; d) Las que se paguen de conformidad con el decreto Nº 21 de 9 de junio de 1921 a las viudas, hijos y padres de los oficiales y soldados que fallecieron en las acciones del Río Coto o que se inhabilitaron para el trabajo con motivo de las mismas; e) Las que se otorguen de acuerdo con la Ley de Pensiones y Jubilaciones de Maestros y Profesores de 14 de agosto de 1923 y sus modificaciones; (Es la Nº 182 de 11 de setiembre de 1923 y sus reformas, refundida en los artículos 166 a 197 del Código de Educación, promulgado por Decreto Ejecutivo Nº 7 de 26 de febrero de 1944, Gaceta Nº 107 de 16 de mayo); f) Las que se concedan de conformidad con el decreto Nº 2 de 9 de mayo de 1929 a los soldados de la Campaña Nacional de 1856-1857; g) Las que se concedan de acuerdo con el decreto Nº 84 de 10 de julio de 1931, a los damnificados con motivo de los sucesos ocurridos en San Ramón; h) Las que se otorguen conforme a la ley Nº 64 de 25 de julio de 1932, sobre empleados del Registro Público, y sus reformas; (Derogada por la Ley Nº 5 de 16 de setiembre de 1939); ix) Las que se asignen con base en cualquier otro decreto posterior que establezca fondos propios para el pago de pensiones a quienes reúnan los requisitos que en las mismas leyes se indiquen; y j) Las que han sido asignadas por el Poder Ejecutivo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2º de la ley Nº 105 de 9 de agosto de 1928. Este inciso fue adicionado por la Ley Nº 28, del 22 de diciembre de 1935. Todas las demás pensiones, jubilaciones, gratificaciones o auxilios del Tesoro Público, se considerarán pensiones de gracia. Ninguna pensión de gracia será menor de doscientos colones (¢ 200.00) mensuales. En el caso de concurrencia de grupos o partes en un mismo grupo, salvo los casos de hijos de soldados de la Campaña Nacional, la pensión se prorrateará. Así adicionado por el artículo 1 de la Ley N°. 35, del 3 de julio de 1936.y reformado por el artículo 3º de la Ley Nº 3213, del 8 de octubre de 1963. Toda pensión de gracia existente de más de doscientos colones (¢200.00), será reducida de hecho a esta suma. Este último párrafo fue incorporado por el artículo 2° de la Ley Nº 35, del 3 de julio de 1936. Artículo 3º- La solicitud de una pensión de gracia o de derecho deberá hacerse necesariamente por escrito, y en la misma forma, cualesquiera otras gestiones posteriores que se lleguen a efectuar respecto a la misma pensión. La petición, para ser admitida por el organismo al cual corresponda resolverla, deberá documentarse con información instaurada ante la Oficina de Jubilaciones y Pensiones, que demuestre que el interesado reúne los requisitos exigidos por la ley sobre la cual fundamenta su solicitud, si se trata de una pensión de derecho, y los que indica el párrafo siguiente, en el caso de una pensión de gracia. Sólo se otorgará pensión de gracia a quien demuestre en forma fehaciente lo que sigue: a) Que carece de recursos propios para vivir y de parientes obligados a darle alimentos, capacitados para atender a esa prestación. b) Que es honrado y de buenas costumbres. c) Que ha perdido sus facultades mentales o su capacidad para el trabajo, total o parcialmente. Y d) Que los servicios propios o de sus parientes en que fundamenta su solicitud fueron efectivamente prestados a la Nación. El simple hecho de haber prestado servicios en el desempeño de un cargo público, no es recomendación bastante para obtener pensión de gracia del Tesoro Nacional. Es necesario que esos servicios sean extraordinarios por su calidad o por su duración, por el provecho que de ellos obtuviera la Nación, o por el sacrificio que impusieran a quien los prestó. Cuando la solicitud de pensión se fundare en el número de años servidos en el desempeño de un cargo público únicamente, es indispensable la comprobación de por lo menos quince años servidos a la Administración Pública, para que se pueda otorgar el beneficio solicitado. Cuando ocurriere el fallecimiento de quien prestó los servicios a la Nación, sólo se concederá pensión de gracia a las siguientes personas, en su orden: a) A la viuda y a los hijos menores o incapacitados o a los que, aunque mayores de dieciocho y menores de veinticinco, sean estudiantes en una institución de Educación Superior. A falta de viuda, se le concederá a la compañera que hubiese convivido en el beneficiario por un mínimo de cinco años, sino hubiese hijos comunes, o un mínimo de dos años, si hubiese hijos comunes. b) A los padres. Asi reformadoel párrafo anterior y subsiguientes incisos por el artículo 5º de la Nº 5661 del 11 de diciembre de 1974. Los hijos, a los cuales se refieren el inciso a) de este artículo, que se hubieren incapacitado con posterioridad al deceso de su progenitor, tendrán derecho a los beneficios establecidos por la ley, previa comprobación de los demás requisitos pertinentes.(*) Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 490 del 19 de abril de 1949, y conforme por lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley Nº 3439 del 21 de octubre de 1964. (*) Así adicionado este último párrafo, por el artículo 1º de la Ley Nº 5898, del 13 de abril de 1976. Artículo 4º.- Toda pensión de derecho será otorgada por el organismo y mediante los trámites que señale la respectiva ley especial; pero será requisito indispensable para concederla, en cualquier caso, el informe favorable de la Junta Consultiva de Pensiones(*) en cuanto a las circunstancias de reunir el interesado los requisitos que exige la ley en que fundamenta su solicitud. (*) Sobre esta Junta, vease el artículo 6º, párrafo 2º, de la presente ley. Artículo 5º.- Toda pensión de gracia será resuelta por la Junta Nacional de Pensiones, organismo que estará constituido por un funcionario propietario y un suplente de cada una de las siguientes dependencias: Tesorería Nacional, Procuraduría General de la República y Ministerio de Trabajo y Bienestar Social. Su integración se hará por Acuerdo Ejecutivo que se expedirá por medio del Despacho de Trabajo y Bienestar Social. Dicha Junta se regirá por las siguientes disposiciones: Así reformado por el artículo 79, inciso d), de la Ley Orgánica de la Contraloría No.7428, del 7 de setiembre de 1994, suprimiendo la referencia a la Contraloría General de la República. a) El quórum para las sesiones lo formarán dos miembros; Así reformado por el artículo 79, inciso d), de la Ley Orgánica de la Contraloría No.7428, del 7 de setiembre de 1994. b) Las resoluciones se tomarán por el voto de la mayoría de los miembros presentes y se publicarán en el Diario Oficial; c) Los miembros ejercerán sus funciones ad-honórem y celebrarán mensualmente, dentro de los horarios oficiales de trabajo, dos sesiones ordinarias y las extraordinarias que la mayoría de sus miembros estimen convenientes, tomando en cuenta el número de solicitudes tramitadas ante la Oficina de Jubilaciones y Pensiones y lo dispuesto en el artículo 13 de la presente ley; y d) Será requisito indispensable para resolver sobre cada expediente, la presentación del informe de la Oficina de Jubilaciones y Pensiones. La Junta resolverá en única instancia sobre la procedencia de la gestión. Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 3439, del 21 de octubre de 1964. Artículo 6º.- Para los fines de la presente ley, créase la Oficina de Jubilaciones y Pensiones, adscrita al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Deberá la Oficina, asesorándose de técnicos, actuarios y de personas especializadas al respecto, iniciar inmediatamente la confección de una Ley General de Pensiones sobre firmes bases científicas. Mientras esa Ley General no entre en vigencia, la Oficina asumirá las funciones de la Junta Consultiva de Pensiones y hará un estudio minucioso de las pensiones de gracia y de derecho acordadas en el pasado, a fin de determinar si dichas pensiones están de acuerdo con las disposiciones de la respectiva ley. Siempre que se compruebe inobservancia de los preceptos legales respectivos, el informe de la Oficina, refrendado por el Ministro u Oficial Mayor de Trabajo y Previsión Social, dará base a los organismos correspondientes para proceder a la cancelación de la pensión mal concedida. Para los efectos de dictámenes médicos previos a la concesión de algunas pensiones, la Oficina podrá usar los servicios de los profesionales adscritos a los servicios médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social, de acuerdo con la remuneración que acuerde el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Queda autorizado este Ministerio para aumentar su presupuesto ordinario en el tanto en que sea necesario para atender el eficiente funcionamiento de la Oficina de Jubilaciones y Pensiones. Todos los útiles, archivos y enseres de la Junta Consultiva de Pensiones pasarán al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, para el cabal cumplimiento de las nuevas labores que se le encomiendan. Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 85, del 28 de junio de 1948 y conforme al artículo 2º de la Nº 3439, del 21 de octubre de 1964. Artículo 7º.- Los informes de la Junta Consultiva de Pensiones(*) serán rendidos en cuanto a las de derecho, con vista de los documentos auténticos que demuestren que el interesado reune los requisitos exigidos por la ley respectiva; y en cuanto a las pensiones de gracia, con vista de los siguientes documentos: (*) Sobre esta Junta, vease artículo 6º, párrafo 2º, de la presente ley. a) La certificación de nacimiento del petente y en su caso de matrimonio del mismo; si fuere viudo, de defunción del cónyuge y de nacimiento de sus hijos vivos con expresión de su estado civil; Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 1319, del 14 de julio de 1951. b) Certificación de bienes del solicitante, expedida por el Registro Público, con indicación de los gravámenes que pesan sobre ellos; c) Derogado por el artículo 30, inciso b), de la Ley de Justicia Tributaria, Nº 7535, del 1º de agosto de 1995. d) Certificación del Centro de Control(*) acerca de la suma que el solicitante reciba del Tesoro Nacional por cualquier concepto; (*) NOTA: Actualmente Contraloría General de la República. e) Certificación del Registro de Delincuentes y de los Archivos Nacionales sobre los juzgamientos que se hubieren dictado contra el petente; f) Certificación de tres médicos costarricenses incorporados en la Facultad de Medicina, designados anualmente por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, acerca del impedimento físico para trabajar que aduzca el petente, indicando si es temporal o permanente, parcial o absoluto. Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 1319, del 14 de julio de 1951. g) Documentos auténticos que den fe de los servicios en que se basa la solicitud de pensión, emanados de oficinas públicas o de los propios jefes del departamento en que se prestaron tales servicios; h) Declaración categórica de los obligados en primer grado a la prestación alimenticia en favor del solicitante, sobre su incapacidad para cumplir con ella, y de la razón de su impedimento. Artículo 8º.-Las diligencias ante la Oficina de Jubilaciones y Pensiones se tramitarán en papel de undécima clase y toda certificación que se requiera conforme al artículo anterior, se extenderá libre de todo impuesto, tasa o derecho, en papel de la misma clase. Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 2108, del 22 de enero de 1957. Artículo 9º.-Terminadas las diligencias, serán enviadas a la JuntaNacional de Pensiones, si se trata de una solicitud para obtener pensión de gracia, o al organismo correspondiente, si se refieren a pensiones de derecho, junto con el informe de la Oficina de Jubilaciones y Pensiones en ambos casos. Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 1195 del 4 de agosto de 1950, y conforme al artículo 2º de la Nº 3439 del 21 de octubre de 1964. Artículo 10°- Las pensiones de gracia caducarán: a) Por mejorar la fortuna del agraciado de modo que no necesite urgentemente la pensión para vivir; b) Por su mala conducta comprobada; c) Por el cambio de circunstancias de los parientes obligados a darle alimentos, de manera que se pongan en estado de poder dárselos; y d) Por llegar a la mayoridad, a no ser que se esté incapacitado para el trabajo en forma total y permanente. En el caso de viuda, hijos y padres que devenguen una pensión de gracia conjuntamente, la parte desierta por caducidad o por fallecimiento no acrecerá la de los restantes beneficiarios, ni podrá ser objeto de traspaso. A fin de poder constatar que los pensionados no se encuentran en los casos que este artículo considera, así como los de defunción en que cesa el beneficio, la Oficina de Jubilaciones y Pensiones llevará un registro cuidadoso de los pensionados de gracia y de derecho, aplicando respecto a estos últimos los principios consignados en las respectivas leyes de derecho. Salvo lo dispuesto en el inciso h) del artículo 7º, para efecto de la revalidación de las Pensiones de Gracia, todos los años, en los meses de octubre y noviembre, el Jefe de la Oficina de Jubilaciones y Pensiones enviará una lista general de los pensionados al Registro Judicial de Delincuentes, a la Dirección General de la Tributación Directa y al Registro Público, a fin de que estas oficinas certifiquen de oficio la situación de los pensionados. Si la Oficina de Jubilaciones y Pensiones estima que cualquiera de los informes anteriores da lugar a caducidad de la pensión, lo comunicará, para su resolución definitiva, a la Junta Nacional de Pensiones, quien a su entero juicio podrá o no cancelar el beneficio. En los demás casos, en la primera quincena de enero de cada ejercicio fiscal, la Oficina publicará en el Diario Oficial la lista de las personas con derecho a seguir retirando su pensión. Las pensiones otorgadas a los ex-Presidentes de la República y a los Beneméritos de la Patria, así como las de gracia concedidas a sus viudas y a las viudas de los ex-Presidentes de la Corte Suprema de Justicia, no estarán sujetas a los trámites de revalidación exigidos por la Ley General de Pensiones. Tratándose de pensionados, físicamente imposibilitados, podrá eximírseles del requisito de revalidación, previa información y pronunciamiento favorable de la Oficina de Bienestar Social del Ministerio de Trabajo. Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 2082, del 21 de noviembre de 1956). Artículo 11.- Incumbe a las autoridades políticas de la República, así como a cualquier funcionario público, la obligación de denunciar de oficio ante la Oficina de Jubilaciones y Pensiones cualquiera de las causas de caducidad indicadas en el artículo anterior; y a dicha Oficina, proceder de inmediato a la suspensión de la pensión de gracia o de derecho por los motivos indicados en ésta o en otras leyes, efectuando la exclusión de la misma en las planillas correspondientes. Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 490 del 19 de abril de 1949, y conforme al artículo 2º de la Nº 3439, del 21 de octubre de 1964. Artículo 12.- Derogado por el artículo 3º de la Ley Nº 1195, del 4 de agosto de 1950. Artículo 13.- Para el pago de las pensiones de gracia figurará anualmente en el Presupuesto de Gastos de la República, la suma que señale el Poder respectivo. Si esa suma no fuere suficiente para atender el pago completo de las pensiones decretadas, se pagarán las pensiones sin rebajas, por el tanto asignado, hasta donde alcance la suma presupuestada y en el orden cronológico o en el de presentación en el caso de pensionados antiguos que cesen de prestar servicios en cargos públicos. En estas circunstancias, la Oficina de Jubilaciones y Pensiones suspenderá el trámite de las solicitudes de pensión de gracia que se presenten, hasta tanto no quede saldo disponible o se decrete la ampliación de la partida. Así reformado por el artículo 2º de la Ley Nº 1848 del 16 de marzo de 1955 y conforme al artículo 2º de la Nº 3439, del 21 de octubre de 1964. Artículo 14.- Ninguna persona que retire pensión del Estado, por cualquier concepto que sea, de derecho o de gracia, puede ser nombrada para el desempeño de un empleo o cargo público remunerado, salvo que renuncie expresamente a la pensión que le correspondería durante el tiempo que ocupe tal puesto o cargo. Dicha renuncia será comunicada oficialmente al Centro de Control *, a la Secretaría de Hacienda y a la Junta Consultiva de Pensiones **. * Actualmente Contraloría General de la República. ** Sobre esta Junta, véase el artículo 6º, párrafo 2º, de la presente ley. Artículo 15.- Nadie podrá recibir más de una pensión del Estado, excepto en los siguientes casos: a) Que se trate de pensiones provenientes de regímenes de cotización obligatoria, y por servicios diferentes; b) Que se trate de pensiones convenidas entre la Caja Costarricense de Seguro Social y grupos de trabajadores independientes o colegiados, sin mediar cotización estatal de ninguna clase; c) Cuando se trate de pensiones no contempladas en los incisos anteriores, siempre que no excedan de treinta mil colones (¢30.000). Este monto se reajustará cuando el Poder Ejecutivo decrete incrementos para los servidores públicos, por variaciones en el costo de la vida y en los mismos porcentajes decretados para estos. No existirán pensiones inferiores a diez mil colones (¢10.000). Este monto se reajustará por el procedimiento establecido en el párrafo anterior. Así reformado este inciso por el artículo 34 de la Ley No.7302, del 8 de julio de 1992. ch) Que habiendo adquirido derecho a pensión o jubilación en alguno de los regímenes a que se refiere el párrafo anterior, y para los efectos del inciso a) inicial de este artículo, presten servicios en otro puesto no incluido en el sistema que generó el expresado derecho, hasta por diez años, a fin de que puedan completar las contribuciones que les falten para acogerse a pensión del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social. Así adicionado este inciso por el artículo 1º de la Ley No. 6444 del 7 de julio de 1980. En este caso, el ajuste a la suma indicada se hará de oficio. Los organismos del Estado que otorguen o hayan otorgado pensiones están obligados a comunicar al Registro del Estado Civil, la nómina de las personas que reciban esas pensiones, con explicación detallada de sus calidades y el número de cédula de identidad. El Registro del Estado Civil tiene obligación de comunicar, por escrito, a la Oficina de Pensiones y Jubilaciones, al Oficial Presupuestal de Hacienda y al Tesorero Nacional, toda modificación en el estado civil de los pensionados, así como su fallecimiento. Tales comunicaciones deberán enviarse, a más tardar, ocho días después de que el Registro reciba el informe de cambio de estado civil o fallecimiento de los beneficiarios. A las personas que, a partir de la vigencia de esta ley, llegaren a recibir pensiones del Estado en los regímenes cubiertos o subvencionados en la Ley de Presupuesto, y que desempeñen cargos remunerados con sueldos, en cualquier poder, organismo o institución del Estado, o que teniendo la condición de pensionado llegaren a desempeñar esos cargos, se les suspenderá temporalmente el pago de la pensión, mientras subsista la dualidad de pensionado y empleado o funcionario. Se exceptúan de la disposición general, contenida en el párrafo anterior, los pensionados que estén en la siguiente situación: a) Que sean indemnizados de guerra o pensionados de gracia; b) Que reciban cuatrocientos colones o menos de pensión, siempre y cuando dicho beneficio no lo hayan obtenido mediante incapacidad para el trabajo; y c) Que por disposiciones legales vigentes puedan desempeñar esos cargos, siempre que el salario no exceda de doscientos colones mensuales. Las personas que llegaren a recibir, por cualquier razón, más de una pensión, con violación de lo estipulado en este artículo, quedan obligados a reintegrar a la Tesorería Nacional las sumas recibidas indebidamente; para tal efecto podrá declararse un rebajo mensual de hasta el veinticinco por ciento de la pensión, para cubrir el pago de la suma que tenga que devolver. Aquellos que, a partir de la vigencia de esta ley, llegaren a adquirir derecho para recibir más de una pensión, y no estuvieren en los casos de excepción indicados, tendrán derecho a percibir la mayor de ellas. Los giros correspondientes al pago de las pensiones solamente podrán entregarse a los beneficiarios, personalmente. En caso de impedimento físico, que los inhiba para retirar sus giros, o que residan en el exterior, lo harán constar así, a satisfacción de la Pagaduría Nacional, en cuyas oficinas se tomarán las providencias indispensables para que los giros lleguen a manos del beneficiario. No podrá acordarse nombramiento de empleado o funcionario del Estado, sus instituciones y organismos, sin que, previamente, el aspirante demuestre que no está en el disfrute de pensión alguna. Así reformado por el artículo 1º de la Ley No.5810, del 10 de octubre de 1975. Artículo 16.- La contribución del uno por ciento mensual sobre los sueldos de funcionarios y empleados públicos que establece el decreto Nº 115 de 11 de agosto de 1925 *, pasará a engrosar las rentas generales del Erario Público. * Nota: La Ley Nº 115 de cita creó un fondo de pensiones y para constituirlo estableció la contribución aludida, de la cual se exceptúan "los sueldos menores de cien colones y el de aquellos empleados que contribuyan para la formación de fondos especiales de pensiónes." En vista de lo anterior, el presente artículo resulta TÁCITAMENTE DEROGADO por las leyes que crearon los diversos regímenes de pensión para servidores públicos, incluidos los cotizantes al de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, en especial por la Ley Nº 7302, del 8 de julio de 1992. COMUNÍQUESE AL PODER EJECUTIVO Dado en el Salón de Sesiones del Congreso- Palacio Nacional, San José, a los vientiún días del mes de noviembre de mil novecientos treinta y cinco. RICARDO CASTRO B. Joaquín Vargas Coto A. Baltodano B. Primer Secretario Segundo Secretario Casa Presidencial, San José, a los dos días del mes de diciembre de mil novecientos treinta y cinco. Ejecútese RICARDO JIMENEZ El secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y Comercio Carlos Brenes Publicada: 4-12-35 Rige: 14-12-35 Actualizado por AJP y AN, el 13-1-2000