Ley 1279

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(NOTA: Esta Ley N° 1279, fue derogada en su totalidad por el inciso a) del artículo 127, de la Ley N° 8131, de 18 de setiembre de 2001, con sujeción a lo establecido en el Transitorio VI de la Ley N° 8131 que dice lo siguiente: "En un plazo máximo de dos meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, la Contraloría General de la República presentará a la Asamblea Legislativa un proyecto que contendrá un capítulo sobre control interno, así como las reformas que, en materia de responsabilidades, considere pertinentes".) Ley No. 1279 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA: LEY DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA REPÚBLICA TÍTULO I CAPÍTULO ÚNICO ARTÍCULO 1.- La Administración Financiera de la República corresponde al Poder Ejecutivo y estará bajo la superior vigilancia del Ministro de Hacienda quien velará por su correcta realización y por la acertada organización de las oficinas que de modo inmediato han de llevar a cabo la gestión financiera nacional. ARTÍCULO 2.- Para el normal desarrollo de las actividades que le corresponden, el Ministerio de Hacienda contará con las oficinas que estime convenientes y necesarias. Las siguientes forman la organización financiera básica del Estado: a) La Tesorería Nacional; b) La Oficina del Presupuesto; c) La Contabilidad Nacional; y d) La Proveeduría Nacional. ARTÍCULO 3.- Las oficinas citadas en el artículo anterior componen el organismo administrativo básico, encargado del manejo de la Hacienda Pública. Cada una funcionará con entera independencia de las otras en los asuntos que exclusivamente les conciernan, pero actuarán coordinadamente por medio del Ministro de Hacienda las que tengan asuntos comunes, a efecto de evitar posibles duplicaciones u omisiones en la labor conjunta a ellas encomendada. Cada oficina está obligada a suministrar a cualquiera de las otras los datos o informaciones que requieran para el correcto desempeño de su función. En caso de conflicto administrativo entre ellas, será resuelto por el Ministro de Hacienda, sin recurso. ARTÍCULO 4.- Es incompatible con el cargo de Jefe de las oficinas citadas el desempeño de cualquier otro cargo público. Además, la designación no podrá recaer en la persona que tenga parentesco por consanguinidad o afinidad en línea directa, y en la colateral hasta el tercer grado inclusive, con el Ministro de Hacienda, o con el Contralor y Subcontralor General de la República; el nombramiento de estos últimos funcionarios puede hacerse aunque exista parentesco con empleados ya existentes en las oficinas citadas en el artículo 2 anterior. ARTÍCULO 5.- Sin perjuicio de la fiscalización superior que corresponde a la Contraloría General de la República, cada una de las oficinas que en conjunto forman la organización financiera del Estado está obligada a ejercer vigilancia y la fiscalización internas de todas las operaciones de cualquier naturaleza que éstas sean, procurando que ellas se realicen dentro de los mandatos legales vigentes y en beneficio del Estado. Especialmente están en la obligación de velar por que la actividad que específicamente se encomienda a cada una de ellas se realice en la mejor forma posible. En el desempeño de esta gestión podrán realizar revisiones y arqueos, verificaciones, comprobaciones y toda clase de actos que normalmente conduzcan a un mejor cumplimiento de su misión, sin perjuicio de los que las leyes o los reglamentos les confieren en forma expresa y particular. ARTÍCULO 6.- Todo funcionario, empleado o agente del Gobierno, encargado de recibir, custodiar o pagar bienes o valores del Estado o cuyas atribuciones permitan o exijan su tenencia será responsable de ellos y de cualquier pérdida, daño, abuso, empleo o pago ilegal que sea o sean imputables a su dolo, culpa o negligencia; como empleo ilegal se considerará, además de otros, el manejo de los bienes o valores en forma distinta a la prescrita por las leyes, reglamentos o disposiciones superiores; incurrirá en igual responsabilidad quien permita a otra persona manejar o usar los bienes públicos en forma indebida. En estos casos procederá la destitución del responsable sin perjuicio de la sanción judicial correspondiente. Cuando la Contraloría General de la República llegare a determinar que existe causa de responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en éste o los siguientes artículos, ese organismo tendrá plena autoridad para ordenar administrativamente la suspensión o destitución, según proceda, así como para promover las acciones legales que correspondan, de conformidad con la legislación común, planteando al efecto las respectivas denuncias ante el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República. (Así reformado por el artículo 1 de la Ley No. 5901 de 20 de abril de 1976). ARTÍCULO 7.- El funcionario o empleado que, en nombre del Fisco, contraiga deudas o compromisos de cualquier naturaleza, en contra de las leyes o sin autorización legal, será exclusivamente responsable ante los acreedores de la obligación civil proveniente del compromiso contraído y será, además, castigado con la suspensión de sus funciones, hasta por un mes y sin goce de sueldo. En casos de reincidencia procede la destitución. Estas medidas no excluyen la acción penal correspondiente cuando exista intención dolosa, caso en el cual será destituido el funcionario o empleado inmediatamente. ARTÍCULO 8.- Ningún funcionario, empleado o agente será relevado de responsabilidad por haber procedido contra la ley o disposiciones reglamentarias en virtud de orden superior al pago, uso o disposición de fondos o bienes a su cuidado, o a rebajas ilegales de impuestos, salvo que compruebe haber objetado, por escrito, la orden recibida y comunicado el texto de su oposición al superior que impartió la orden y al Contralor General de la República. En tal caso, el funcionario que mantiene la orden será el responsable de sus consecuencias. ARTÍCULO 9.- Todo funcionario o empleado que tenga a su cargo la recaudación, administración o custodia de fondos o bienes fiscales, deberá rendir garantía a favor de la Hacienda Pública para asegurar el correcto cumplimiento de sus deberes u obligaciones. Ningún funcionario o empleado podrá entrar al desempeño de su cargo sin dar previamente cumplimiento a lo dispuesto en este artículo. Las leyes y reglamentos, y en su defecto la Contraloría General de la República, determinarán las diversas clases y montos de las garantías, las sanciones en que incurren quienes no den cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, los procedimientos y formas en que se harán efectivas las garantías, los trámites para su cancelación y cualquier otro asunto relacionado con la materia de este artículo. El depósito de dinero en efectivo o en bonos del Estado y las pólizas de fidelidad que extienda el Instituto Nacional de Seguros son las únicas formas aceptables como garantías, de acuerdo con este artículo. TÍTULO II DE LA TESORERÍA NACIONAL CAPÍTULO I De las Funciones de la Tesorería ARTÍCULO 10.- La Tesorería Nacional es el centro de operaciones de todas las oficinas de rentas nacionales; este organismo es el único que tiene facultad legal para pagar a nombre del Estado y recibir las cantidades que a título de renta o por cualquier otro motivo deban ingresar a las arcas nacionales. ARTÍCULO 11.- La Tesorería debe vigilar por la exacta y correcta recaudación de los impuestos, rentas, tasas y demás ingresos del Tesoro Público y no podrá efectuar ningún pago si éste no se ajusta exactamente al Presupuesto Nacional o a disposiciones legales de carácter fiscal vigentes y que ordenen la respectiva erogación de fondos públicos. No expedirá órdenes de pago, si no hay fondos para hacerlas efectivas. ARTÍCULO 12.- Las funciones del Cajero de Gobierno serán confiadas al Banco Central de Costa Rica que tendrá el carácter de Cajero General. En cuanto realice esas funciones, se considerará como auxiliar de la Tesorería Nacional, quedando sujeto a sus disposiciones y no podrá disponer de los fondos del Gobierno, ni pagar suma alguna con cargo a ellos si no es mediante giro u orden de la misma. El Banco será el encargado de hacer directamente los arreglos para el servicio de caja en los demás lugares del interior de la República. Ninguna suma de dinero depositada en cualquier otra Oficina o Institución que no sea el Banco Central o sus Agencias Auxiliares significará un pago verificado a favor del Supremo Gobierno sino cuando dicho depósito hubiere sido hecho materia de excepción, por medio de instrucciones expresas del Tesorero Nacional. Las concentraciones de fondos de las oficinas del servicio exterior de la República se harán de conformidad con los plazos que la Tesorería Nacional establezca. ARTÍCULO 13.- El Banco Cajero deberá remitir diariamente a la Tesorería Nacional un informe comprensivo de todas las sumas recaudadas directa o indirectamente y de todos los pagos efectuados por cuenta del Tesoro Público. ARTÍCULO 14.- La Tesorería Nacional mantendrá en su propia Caja únicamente las sumas que estrictamente exijan los servicios de la Pagaduría Nacional a que se refiere el artículo 26 de esta ley; podrá disponer libremente la distribución de los recursos fiscales en uno o varios fondos todos a su orden y manejarlos conforme a su exclusivo criterio para el mayor beneficio fiscal. Ningún Ministerio podrá disponer de otros fondos que no sean los de Caja Chica a que se refiere el párrafo que sigue. Se establecerá una Caja Chica Central en cada Ministerio cuyas necesidades la hagan necesaria; el monto de cada una de ellas será determinado de común acuerdo entre el Ministerio interesado y la Tesorería Nacional y los fondos deberán ser usados única y exclusivamente en la adquisición de artículos y servicios tan indispensables y de verdadera urgencia que se justifique su pago fuera de los trámites que establece esta ley; ningún pago efectuado por Caja Chica podrá exceder la suma de dos mil colones (¢2.000,00)(*), salvo aquellos casos muy calificados a juicio del Proveedor Nacional, y que deberán regirse por una reglamentación especial que dictará el Poder Ejecutivo de acuerdo con la Contraloría General de la República. Cada uno de los Oficiales Presupuestales será responsable por la Caja Chica a su cuidado. (*) Monto así modificado por el artículo 12 de la Ley No. 6016 de 29 de noviembre de 1976. ARTÍCULO 15.- La Tesorería está obligada a rendir diariamente al Ministro de Hacienda un informe de la situación de fondos del Erario Público y a recomendar las medidas que estime convenientes a efecto de que no falten los indispensables para atender los gastos de la Administración Pública. CAPÍTULO II De los Ingresos y Egresos del Fisco ARTÍCULO 16.- Los ingresos del Tesoro Público, por cualquier concepto, serán hechos directamente en el Banco que actúe como Cajero del Gobierno o en las Tesoreras Auxiliares de la jurisdicción que corresponda y en los formularios oficiales autorizados por la Contabilidad Nacional. ARTÍCULO 17.- Todo funcionario o persona que recaude fondos de cualquier naturaleza pertenecientes al Erario, deberá depositarlos diariamente en el Banco que actúe como Cajero, o en la Tesorería Auxiliar de su jurisdicción. La suma bruta recaudada deberá depositarse sin rebaja ni deducciones de ninguna naturaleza. Son prohibidas las compensaciones de egresos con ingresos o viceversa. ARTÍCULO 18.- Las Tesorerías Auxiliares deberán informar cada día al Banco que actúe como Cajero, de todos los fondos recaudados en favor del Fisco; y remitirán diariamente a la Contabilidad Nacional y a la Contraloría General de la República un duplicado de esos enteros. ARTÍCULO 19.- Todo pago del Gobierno se hará por medio de giros nominativos que expedirá la Tesorería Nacional. Constituye delito la falsificación o suplantación comprobada de la firma del beneficiario del giro y será sancionada con las penas indicadas en el artículo 281 del Código Penal. ARTÍCULO 20.- La Tesorería Nacional no emitirá ningún giro u orden de pago sin tener la aprobación del gasto correspondiente por parte de la Contraloría General de la República. Sin esta formalidad, el giro u orden de pago no constituirá obligación para el Estado. ARTÍCULO 21.- Toda erogación, a cargo del Tesoro Nacional, requerirá la publicación previa, en "La Gaceta", del convenio de pago correspondiente. Esta publicación será ordenada por el Tesorero Nacional y deberá señalar, por lo menos, el número consecutivo del convenio de pago, el título contra cuyo presupuesto se efectúa el pago, el número de la factura de gobierno, el nombre natural o jurídico del beneficiario del pago, el monto del pago y la mercadería o el servicio proveído, que origine el pago. Se exceptúan de la publicación individual, los pagos de pensiones, subvenciones, alquileres y servicios de la deuda pública, siempre que se haya hecho una publicación previa y general, que indique que son gastos fijos y los períodos en que van a ser pagados. Además, se exceptúan, completamente, de la formalidad de publicación, los sueldos del personal de la Administración Pública, que están consignados en el Presupuesto Nacional. Mediante el consentimiento del Contralor General de la República, la Tesorería Nacional podrá efectuar pagos urgentes que, a su juicio, no requieran la publicación previa; en estos casos la publicación deberá ordenarse dentro de los ocho días siguientes a la realización del pago. El convenio de pago será emitido por la Oficina de Control de Presupuesto y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la presente ley, deberá ser firmado por el Tesorero Nacional. (Así reformado por el artículo 9, numeral 102, de la Ley No. 6700 de 23 de diciembre de 1981). ARTÍCULO 22.- Quedan exceptuados de la formalidad de publicación aquellos pagos que por circunstancias muy especiales considere el Consejo de Gobierno que no deben publicarse. En estos casos el Consejo deberá informar del pago, inmediatamente y en forma confidencial, a la Asamblea Legislativa y a la Contraloría General. ARTÍCULO 23.- La Tesorería Nacional durante un año, a partir de su emisión, mantendrá a la orden de los interesados los giros emitidos; pasado ese plazo procederá a anularlos, quedando el derecho a los interesados para solicitar de nuevo, durante el año siguiente, la emisión de los giros mediante nueva tramitación; pasado el citado plazo de dos años, los giros que no hubieren sido retirados prescribirán de pleno derecho en beneficio del Tesoro Público. CAPÍTULO III De la Oficina de Tesorería ARTÍCULO 24.- La Oficina de la Tesorería Nacional estará a cargo del Tesorero Nacional y del Subtesorero; este último suplirá al primero en sus ausencias con iguales atribuciones y deberes. ARTÍCULO 25.- La Oficina de la Tesorería llevará una contabilidad de caja limitada exclusivamente a satisfacer las necesidades de información financiera y de control interno que le son propias; remitirá informe diario al Ministro de Hacienda y a la Contraloría General de la República de los ingresos y egresos del Tesoro del día anterior, con especificación del saldo en caja y las referencias más salientes e importantes. ARTÍCULO 26.- La Tesorería tendrá una Oficina Auxiliar de distribución de giros y de pago que se denominará Pagaduría Nacional; esta Oficina efectuará únicamente los pagos que por razones prácticas no puedan ser realizados directamente por los cajeros autorizados, a juicio del Tesorero Nacional. ARTÍCULO 27.- La Pagaduría Nacional será de la absoluta responsabilidad del Tesorero Nacional y tendrá los cajeros pagadores que éste estime convenientes; no podrá existir entre ellos parentesco por consanguinidad o afinidad en línea directa, y en la colateral hasta el tercer grado inclusive. Los cajeros pagadores serán nombrados por el Poder Ejecutivo a propuesta del Tesorero Nacional. ARTÍCULO 28.- La Tesorería Nacional publicará en el Diario Oficial por lo menos una vez al mes, y durante los primeros quince días, un detalle de las entradas, salidas y saldos de caja del Tesoro Público durante el mes inmediato anterior. Mediante acuerdo entre el Ministro de Hacienda, la Contraloría y la Tesorería, estos informes pueden ser más frecuentes y comprensivos. CAPÍTULO IV Del Tesorero y Subtesorero Nacional ARTÍCULO 29.- El Tesorero y Subtesorero Nacionales deberán ser personas de muy reconocida capacidad e integridad, siendo sus funciones las establecidas en la Constitución Política y en esta ley; su nombramiento corresponden al Consejo de Gobierno y ambos funcionarios gozarán de completa independencia en el desempeño de sus funciones. El período de nombramiento es de cuatro años, pudiendo ser reelectos y podrán ser removidos por justa causa. ARTÍCULO 30.- El Tesorero y el Subtesorero Nacional deberán mantener vigente, por su cuenta y por todo el tiempo que ejerzan sus funciones, una garantía por valor de cincuenta mil colones (¢50,000.00); de su vigencia y otros detalles cuidará la Contraloría General de la República. TÍTULO III DEL PRESUPUESTO NACIONAL CAPÍTULO I Del Presupuesto en General ARTÍCULO 31.- El presupuesto fiscal ordinario y los extraordinarios aprobados por el Poder Legislativo de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales correspondientes constituyen el límite de acción de los Poderes Públicos para el uso y disposición de los recursos del Estado. Son obligaciones exigibles del Estado únicamente las que comprenda el presupuesto anual ordinario y extraordinario y las ampliaciones a los mismos que autorice posteriormente el Poder Legislativo por razones muy calificadas y con arreglo a la Constitución y a la ley. ARTÍCULO 32.- La iniciativa de los presupuestos ordinarios y extraordinarios corresponde al Poder Ejecutivo; la Asamblea Legislativa no podrá aumentar los gastos presupuestos por el Poder Ejecutivo si no es señalando nuevos ingresos para cubrirlos, previo informe de la Contraloría General sobre la efectividad fiscal de los mismos. ARTÍCULO 33.- El presupuesto anual ordinario comprenderá indicación de todos los gastos ordinarios autorizados para ese período, sin excepción y la estimación de todos los ingresos ordinarios probables de la Administración Pública durante el ejercicio respectivo, sin deducciones ni omisiones de ninguna especie. Los presupuestos extraordinarios comprenderán la totalidad de los egresos extraordinarios y de los ingresos extraordinarios u ordinarios. Para este efecto se tendrá como ingreso de carácter extraordinario cualquier excedente entre los ingresos ordinarios presupuestos y los ingresos ordinarios efectivos, del cual se dispondrá conforme a la ley. En ningún caso el monto de los gastos presupuestos podrá exceder el de los ingresos probables. ARTÍCULO 34.- El año fiscal se extiende del 1° de enero al 31 de diciembre y para ese período deberá emitirse el presupuesto de la República. CAPÍTULO II De la Preparación y Formación del Presupuesto ARTÍCULO 35.- La preparación de los proyectos de presupuesto, tanto ordinarios como extraordinarios, corresponderá al Poder Ejecutivo y estará a cargo directo de la Oficina del Presupuesto dentro de los términos de esta ley, y de conformidad con la técnica de la Ciencia Hacendaria. ARTÍCULO 36.- A más tardar el 1° de junio de cada año, los Presidentes de los Poderes Legislativo y Judicial, el Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones y cada uno de los Ministros de Gobierno presentará al Ministro de Hacienda, quien los remitirá inmediatamente a la Oficina del Presupuesto para su estudio y ordenación, sus respectivos proyectos de presupuesto para el año inmediato siguiente. ARTÍCULO 37.- El proyecto general de presupuesto será formulado por la Oficina del Presupuesto de conformidad con los anteproyectos parciales a que se refiere el artículo anterior, con los estudios que al efecto realiza y los probables ingresos del período fiscal. En este proyecto podrán ser rebajadas, aumentadas, suprimidas o modificadas cualesquiera de las partidas que figuren en los proyectos parciales citados. ARTÍCULO 38.- En caso de inconformidad de parte de los Presidentes de los Poderes Legislativo y Judicial, del Tribunal Supremo de Elecciones o de los Ministros de Gobierno respecto al proyecto de la Oficina del Presupuesto, resolverá lo que proceda el Presidente de la República habiendo oído las razones aducidas por la Oficina del Presupuesto. ARTÍCULO 39.- El Ministro de Hacienda presentará a la Asamblea Legislativa a más tardar el 1° de setiembre de cada año, y a nombre del Poder Ejecutivo, el proyecto definitivo de presupuesto. ARTÍCULO 40.- El proyecto de presupuesto y la respectiva ley serán arreglados conforme a las siguientes normas: La primera parte comprenderá una estimación de los ingresos probables del Tesoro Nacional durante el año respectivo. La segunda parte comprenderá la indicación detallada de todos los gastos que el Poder Ejecutivo y, en su caso la Asamblea Legislativa, consideren indispensables para el sostenimiento de la Administración Pública y la realización de obras nacionales durante el año correspondiente. (Así reformado por el artículo 20 de la Ley No. 5214 del 19 de junio de 1973). ARTÍCULO 41.- Por separado, como presupuesto extraordinario, pero al mismo tiempo que el proyecto de presupuesto ordinario, el Ministro de Hacienda presentará a la Asamblea Legislativa el proyecto de inversión durante el ejercicio respectivo, de los recursos que provengan del uso que se haya hecho o que se intente hacer del crédito público, ya sea en forma de empréstitos internos o empréstitos externos o de cualquier otra fuente extraordinaria. ARTÍCULO 42.- Junto con el proyecto de presupuesto, el Ministro de Hacienda presentará al Poder Legislativo un informe sobre el estado de la Hacienda Pública y una exposición en que detalle y motive los cambios, supresiones, aumentos o disminuciones que se propongan en las partidas de egresos con respecto a las del año anterior; y explique las estimaciones ingresos que, a su juicio, merezcan comentario especial. Acompañará además: a) La liquidación del presupuesto correspondiente al año fiscal anterior; b) Un estado detallado de la Hacienda Pública al 30 de junio, anterior a la fecha de presentación del proyecto; c) Un cuadro comparativo del proyecto de los diferentes renglones de ingresos en los tres años anteriores y del promedio resultante para cada uno de ellos. d) El cálculo del rendimiento probable de las rentas de reciente creación. ARTÍCULO 43.- La Asamblea Legislativa dará al proyecto de presupuesto la tramitación reglamentaria discutiendo de previo la estimación de ingresos; y separadamente una vez aprobada aquella, las diferentes secciones, capítulos y partidas del presupuesto de gastos. La Ley de Presupuesto deberá estar definitivamente aprobada antes del 30 de noviembre de cada año. ARTÍCULO 44.- En la discusión del proyecto de presupuesto admitirse mociones que tiendan a reducirlo o a eliminar cualquier partida de las que figuren en él. Toda moción o proyecto que implique aumento de gastos será tramitado después de conocido el informe de la Contraloría General de la República establecido en el párrafo 2 del artículo 45 de esta ley, salvo que ese aumento pueda atenderse con las disminuciones acordadas. ARTÍCULO 45.- Cuando fuere preciso efectuar algún gasto para el cual no existe partida en el presupuesto aprobado o la señalada en él no es suficiente, será solicitada a la Asamblea Legislativa la ampliación necesaria, indicándose a la vez la fuente efectiva de recursos con que haya de cubrirse el gasto, a fin de no alterar en ningún caso el equilibrio del presupuesto. El proyecto respectivo, cuando contemplare nuevas rentas, deberá ser acompañado necesariamente de un estudio o informe sobre la efectividad fiscal de las rentas que se indiquen para cubrir el nuevo gasto, formulado por la Contraloría General de la República. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 39, el Poder Ejecutivo puede enviar en cualquier momento a la Asamblea Legislativa los proyectos de presupuesto extraordinarios que estime convenientes. CAPÍTULO III Del Presupuesto de Egresos ARTÍCULO 46.- El presupuesto ordinario de gastos no podrá exceder el presupuesto ordinario de ingresos. Cada partida del presupuesto de gastos constituye un máximum para la atención del servicio u obra a que ella se refiere, el cual no podrá ser excedido en ninguna forma ni circunstancia, sin previa autorización legislativa. El Poder Ejecutivo no podrá traspasar créditos de una partida a otra, ni aumentar sueldos o dotaciones en ningún caso, aun cuando al hacerlo no exceda el monto total de la partida o del capítulo. Los remanentes de créditos que resulten a consecuencia de vacantes, licencias, supresiones, reorganizaciones o economías de cualquier otra especie, quedarán automáticamente cancelados y de ellos no se podrá disponer para atender otros servicios u obligaciones. Las partidas de eventuales son para verdaderas necesidades no previstas en el presupuesto y por lo mismo no podrán dedicarse al pago de sueldos ni de otras asignaciones fijas. Sin embargo, cuando la Asamblea esté en receso, el Poder Ejecutivo mediante decreto podrá variar el destino de una partida autorizada, o abrir créditos adicionales pero únicamente para satisfacer necesidades urgentes o imprevistas en casos de guerra, conmoción interna, o calamidad pública. En tales casos, la Contraloría General de la República no podrá negar su aprobación a los gastos ordenados y el decreto respectivo implicará convocatoria de la Asamblea Legislativa a sesiones extraordinarias para su conocimiento dentro de un plazo no mayor de ocho días. (Nota: El párrafo último de este artículo, fue interpretado por el artículo único de la Ley No. 1741 del 29 de abril de 1954, en el sentido de que las partidas de eventuales sí pueden utilizarse para el pago de horas extras, trabajos extraordinarios y recargo de funciones ). ARTÍCULO 47.- Las partidas globales o asignadas por año deben considerarse divididas por regla general en doce cuotas mensuales de igual cuantía con el fin de que los gastos que se realicen no disminuyan el crédito disponible para los meses futuros. Por excepción cuando la naturaleza y los fines del gasto lo justifiquen, podrá disponerse de tales partidas en forma distinta, previo acuerdo entre el Ministro de Hacienda, el Contralor General y el Tesorero de la Nación. ARTÍCULO 48.- El Oficial Presupuestal correspondiente, o quien haga sus veces, de la Corte Suprema de Justicia, de la Asamblea Legislativa, del Tribunal Electoral y de cada uno de los Ministerios de Gobierno llevarán nota de las cantidades giradas cada mes y presentarán diariamente a sus superiores el remanente de cada una de las partidas de sus respectivos presupuestos. ARTÍCULO 49.- Ninguna persona podrá desempeñar simultáneamente más de un cargo remunerado de la Administración Pública, ni recibir más de un giro por concepto de sueldos. Quedan a salvo de esta prohibición los profesores o maestros en cuanto a funciones docentes, los médicos en razón del ejercicio de su profesión y los funcionarios judiciales con respecto a las actividades relacionadas con el Código de Trabajo que desempeñen como recargo y los Agentes de Policía que ejercen como recargo la Administración de Correos. (Así reformado por el artículo único de la Ley No. 1381 de 18 de diciembre de 1951). La persona que goce de jubilación o pensión de derecho o de gracia y acepte cargo o función remunerada en la Administración Pública, perderá por ese mismo hecho el beneficio de la pensión o jubilación que le correspondería recibir durante el tiempo que dure el ejercicio del cargo referido. Quedan exceptuadas de esta disposición aquellas personas que por la índole de los servicios especializados que están en capacidad de prestar, sean objeto de un nombramiento remunerado por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, durante los seis meses anteriores a la fecha de una elección y hasta un mes después de la verificación de la misma. (Así reformado por Ley No. 4533 de 23 de febrero de 1970, artículo 1). Aparte de los sueldos o dietas devengados no podrá autorizarse, por planillas ni por otro medio, pago alguno a favor de los funcionarios o empleados como retribución por los servicios ordinarios prestados. Igual prohibición rige en cuanto a las personas que reciban pensión o jubilación de cualquier especie a cargo del Tesoro Público. El pago de horas extras a que tengan derecho los funcionarios y empleados públicos de acuerdo con la ley, se tramitará en planillas independientes de las que correspondan a los servicios cuya retribución determina la Ley General del Presupuesto, indicando el cargo que desempeña cada persona, el número de horas de trabajo y la causa que motivó éste. Dichas planillas deberán presentarse necesariamente dentro de los quince o treinta días inmediatos siguientes a aquel en que se hizo el trabajo extraordinario y la falta de presentación de las planillas correspondientes significará que no hubo horas extras de trabajo. Para la ejecución de trabajos extraordinarios por parte de los empleados o funcionarios públicos, que no puedan calificarse como horas extras de acuerdo con la ley, se requiere la aprobación previa y por escrito de la Contraloría General de la República; será igualmente necesaria ésta cuando para la ejecución de tales trabajos se requiera contratar los servicios de otras personas que no pertenecen a la Administración Pública. La falta de aprobación previa, en ambos casos, impedirá todo pago o remuneración. No puede haber empleados supernumerarios; los que trabajan en las dependencias del Gobierno que integran su personal permanente han de ser los mismos en número y título del destino que figuran en el Presupuesto General. La Tesorería Nacional rechazará las listas de servicio que excedan el número de empleados autorizados para las citadas dependencias. La creación de puestos o destinos y el aumento de sueldos solamente podrá decretarlos la Asamblea Legislativa y a iniciativa del Poder Ejecutivo. (Así reformado por Ley No. 1346 de 27 de setiembre de 1951, artículo 1). NOTA: Afectado expresamente por el numeral 110 de la Ley No. 7015 del 29 de noviembre de 1985, cuyo texto señala: "Los servidores públicos que desempeñen cargos en propiedad en la Administración Pública, tendrán derecho a percibir, además de su salario, la pensión que les correspondiere en razón del fallecimiento de su cónyuge, mientras permanezcan viudos. La presente norma reforma, en lo conducente, tanto el artículo 15 de la Ley General de Pensiones No. 14 del 2 de diciembre de 1935, como el artículo 49 de la Ley de la Administración Financiera de la República, No. 1279 del 2 de mayo de 1951, así como cualquiera otra disposición que se le oponga." ARTÍCULO 50.- Se tendrán por canceladas, automáticamente al final del ejercicio para el cual fueron votadas, en su totalidad o en la parte que no hubieran sido giradas o comprometidas, todas las partidas del presupuesto de egresos que no estuvieran agotadas al terminar el año fiscal. Sin embargo, todos los compromisos efectivamente adquiridos que quedaren pendientes del período que termina, pueden liquidarse o reconocerse dentro de un término de seis meses sin que la autorización deba aparecer en el nuevo presupuesto vigente. No podrán reconocerse, para los efectos de este artículo, compromisos que no hayan sido adquiridos mediante orden de compra expedida por la Proveedora Nacional o por medio de una Reserva de Crédito Especial, previamente formulada. CAPÍTULO IV Del Presupuesto de Ingresos ARTÍCULO 51.- Todos los ingresos o recursos públicos, cualquiera que sea su naturaleza y la fuente donde procedan, constituirán un solo fondo indivisible con el cual se cubrirán los gastos de la Administración Pública, de acuerdo con el presupuesto general. Las rentas destinadas al sostenimiento de los organismos o entidades públicas que desempeñen sus funciones con independencia del Poder Ejecutivo y que éstas no perciben directamente, ingresarán también al fondo común referido, con cargo al cual se cubrirán los gastos ordinarios o extraordinarios de tales organismos. El Poder Ejecutivo transformará en subvenciones todos los productos de rentas con destino especial y los incluirá en el presupuesto anual ordinario; la subvención deberá variarse conforme al producto efectivo de la renta, tomando como base el promedio de los últimos cinco años, o en su defecto, el de los existentes. ARTÍCULO 52.- No se creará en adelante renta o fondo con destino especial salvo en los casos previstos en la Constitución Política. ARTÍCULO 53.- El Poder Ejecutivo podrá hacer uso del crédito público interno ad-referindum, únicamente cuando fuere indispensable para cubrir los gastos autorizados en el presupuesto ordinario por no haber producido las rentas previstas las sumas que se calcularon; o bien cuando se trate de cancelar créditos de la deuda interna de modo que el total de la deuda pública no aumente ni sus condiciones resulten más onerosas para el Estado. En uno y otro caso, deberá someter la operación, a más tardar dentro de un mes desde su fecha, a conocimiento de la Asamblea Legislativa para su aprobación o importación, conforme a la fracción 15) del artículo 121 de la Constitución Política. CAPÍTULO V De la liquidación del Presupuesto ARTÍCULO 54.- Terminado el año fiscal la Oficina del Presupuesto procederá a efectuar la liquidación del presupuesto ordinario y de los extraordinarios que hubieren sido aprobados, así como las ampliaciones; del presupuesto deberá ser supervigilada por la Contraloría General de la República, la que podrá hacer las observaciones y salvedades que estime convenientes. La Oficina deberá presentar dicha liquidación al Ministro de Hacienda antes del quince de febrero siguiente, éste a su vez, y en nombre del Poder Ejecutivo, la presentará a la Contraloría General a más tardar el 1° de marzo siguiente. La Contraloría, de conformidad con las estipulaciones de artículo 17 de su ley orgánica deberá remitirlo a la Asamblea a más tardar el 1° de mayo inmediato siguiente. A la Asamblea Legislativa corresponde la aprobación o importación final y definitiva de la cuenta consuntiva presupuestal. ARTÍCULO 55.- La liquidación del presupuesto de egresos detallará separadamente: a) Las sumas autorizadas y las sumas gastadas dentro de cada capítulo del presupuesto; b) Los egresos que por cualquier otro concepto se hubieren producido en el año relacionado; y c) Los compromisos pendientes del ejercicio que termina. ARTÍCULO 56.- La liquidación del presupuesto de ingresos indicará por separado: a) El monto calculado y el monto efectivo de cada una de las fuentes de ingresos del Tesoro Nacional. b) El monto de las sumas que hubieren ingresado como resultado de operaciones de crédito y de la enajenación de bienes nacionales o simplemente en administración; y c) Una estimación del costo de recaudación de aquellos ingresos que a juicio del Ministro de Hacienda así lo ameriten. CAPÍTULO VI De la Oficina del Presupuesto ARTÍCULO 57.- La Oficina del Presupuesto es un organismo técnico especializado; estará a cargo de un Jefe que es un colaborador especializado del Ministro del ramo para la preparación, tramitación y ejecución de la ley de presupuesto y las que con ella se relacionen. ARTÍCULO 58.- Corresponde a la Oficina del Presupuesto, sin perjuicio de la superior y externa vigilancia de la Contraloría General de la República, el control jurídico-contable, económico y financiero del presupuesto, así como la ejecución de las disposiciones que le son propias conforme a lo dispuesto en las leyes; en cumplimiento de todo esto podrá requerir de las dependencias públicas toda la información que estime necesaria respecto a los gastos del presupuesto. Le corresponde también realizar los estudios conducentes en las diversas dependencias públicas, a fin de proponer al Poder Ejecutivo las modificaciones necesarias para el mejoramiento de los servicios, pudiendo recabar, a ese efecto de todas las dependencias administrativas los informes que estime convenientes. ARTÍCULO 59.- Será obligación de la Oficina del Presupuesto, también, recopilar y analizar las leyes que tengan relación con ingresos y egresos del Tesoro Nacional, y proponer al Poder Ejecutivo las modificaciones que considere convenientes para su perfeccionamiento. ARTÍCULO 60.- Ninguna gestión de aumento de personal en las dependencias públicas será tramitada sin el informe previo del Jefe del Presupuesto, quien esta obligado a darlo dentro de los ocho días siguientes de haberse solicitado. ARTÍCULO 61.- El Jefe de la Oficina del Presupuesto presentará anualmente al Ministerio de Hacienda, en el curso del mes de febrero, una memoria detallada de las labores realizadas durante el ejercicio precedente, la cual será publicada en el Diario Oficial. ARTÍCULO 62.- La Oficina del Presupuesto llevará los registros que estime convenientes limitados al establecimiento de un control presupuestal satisfactorio. ARTÍCULO 63.- Como auxiliar en la preparación y ejecución del Presupuesto de cada una de las ramas de la Administración Pública, habrá en cada dependencia un Oficial Presupuestal, siempre que el movimiento así lo amerite. Todos los Oficiales Presupuestales dependen, para fines técnicos del sistema presupuestario, de la Oficina del Presupuesto, aun cuando están subordinados a la autoridad jerárquica del ramo a que pertenecen. CAPÍTULO VII Del Jefe del Presupuesto ARTÍCULO 64.- El Jefe de la Oficina del Presupuesto deberá ser persona de reconocida capacidad e integridad y su nombramiento corresponde al Presidente de la República. El período de su gestión es de seis años pudiendo ser reelecto. ARTÍCULO 65.- Para ser Jefe de la Oficina del Presupuesto es indispensable: a) Ser ciudadano en ejercicio; b) Ser costarricense por nacimiento o por naturalización con diez años de residencia en el país después de haber obtenido la nacionalidad;c c) Ser mayor de veinticinco años; d) Rendir garantía de veinticinco mil colones por su cuenta y conforme a las leyes, antes de entrar a ejercer el cargo. CAPÍTULO VIII Del Presupuesto de las Instituciones y Corporaciones Autónomas o Semiautónomas ARTÍCULO 66.- Las Instituciones y Corporaciones Autónomas y Semiautónomas, seguirán hasta donde les sea razonablemente aplicables, las normas y disposiciones contenidas en este título, en lo que no resulte modificado de sus leyes Orgánicas o estatutos y presentarán anualmente a la Contraloría General de la República su presupuesto ordinario que comprenderá los egresos calculados para el año. ARTÍCULO 67.- Las Instituciones Autónomas que por su naturaleza tengan su principal fuente de egresos en rentas fijas, tasas o subvenciones presentarán su presupuesto con una sección de egresos y otra de ingresos; las instituciones cuya principal fuente de ingresos está constituida por ingresos variables originados en transacciones propias, presentarán solamente un presupuesto de gastos con una declaración de que los ingresos que se espera percibir se consideran suficientes para cubrir los gastos presupuestos. ARTÍCULO 68.- Salvo regla especial propia en contrario, las Instituciones y Corporaciones Autónomas y Semiautónomas, deberán presentar sus presupuestos a la Contraloría General de la República, a más tardar el 31 de octubre de cada año, para su estudio y aprobación. ARTÍCULO 69.- La Contraloría General de la República deberá pronunciarse antes de vencer el segundo mes siguiente al recibo del Presupuesto. Si no lo hiciere, se dará cuenta de ello a la Asamblea Legislativa, para lo que dispone el artículo 183 de la Constitución Política. En el caso de que la Contraloría atrase la tramitación de un presupuesto, continuará rigiendo el vigente hasta tanto no se corrija la deficiencia. ARTÍCULO 70.- Dentro de los tres primeros meses, después de vencido su año económico, las instituciones contempladas en este Capítulo deberán enviar a la Contraloría una cuenta consuntiva del presupuesto del año anterior con indicación de las partidas presupuestas y de las efectivamente ingresadas o gastadas. Dicha cuenta consuntiva será concordante con el presupuesto presentado conforme al artículo 66 anterior. ARTÍCULO 71.- Cuando las necesidades lo justificaren las instituciones a que este Capítulo se refiere podrán presentar a la Contraloría General sus presupuestos extraordinarios indicando el origen de los recursos y su destino. La Contraloría General de la República se pronunciará dentro de los quince días siguientes a su presentación y en falta de pronunciamiento se procederá como se indica en el artículo 69. ARTÍCULO 72.- Los presupuestos ordinarios y extraordinarios de las Instituciones y Corporaciones Autónomas y Semiautónomas, deberán publicarse, en detalle, en el Diario Oficial, lo mismo que la cuenta consuntiva del Presupuesto, a que se refiere el artículo 70. Ninguna institución podrá realizar gastos que no están contemplados en sus presupuestos. TÍTULO IV DE LA CONTABILIDAD DE LA NACIÓN CAPÍTULO I De las Funciones y Organización Técnica de la Contabilidad Nacional ARTÍCULO 73.- La Contabilidad Nacional tiene por función primordial llevar las cuentas de todo el patrimonio nacional; en ejercicio de tal función, es el centro de las cuentas de la Hacienda Pública y estará a su cargo la Contabilidad Oficial de la Nación. La Contabilidad de la Deuda Pública consolidada corresponde llevarla a la Institución u organismo encargado de ese servicio. La Contabilidad Nacional sólo llevará registro de la deuda flotante y de las sumas globales de la deuda consolidada para efecto de lo dispuesto en el artículo 75 de esta ley. ARTÍCULO 74.- En el ejercicio de sus funciones, corresponde a la Contabilidad Nacional: a) Llevar un registro detallado de todos los bienes, derechos y deudas u obligaciones del Estado o bajo su administración y custodia así como de las operaciones o transacciones que aumenten o disminuyen dichos bienes o deudas; b) Llevar un registro minucioso de todos los actos que afecten el Tesoro Público, especialmente la recaudación, custodia y pago de fondos; c) Revisar las operaciones aritméticas que contengan las cuentas y si notare algún error, lo comunicará a la Tesorería y Contraloría. No se incorporará a la Contabilidad Nacional la respectiva cuenta mientras no sea aclarado y corregido el error; d) Archivar todas las cuentas del Gobierno, de modo que sea posible localizarlas con facilidad, una vez hecha la revisión que indica el inciso que antecede; e) Prestar su colaboración a la Contraloría General de la República para el examen y fenecimiento de las cuentas de las instituciones y corporaciones del Estado y de los funcionarios públicos; f) Inspeccionar los bienes, libros y documentos en poder de las Dependencias sujetas a su fiscalización; g) Cooperar con la Contraloría General y con las otras oficinas de la Administración Pública para el mejor desempeño de las funciones que a ellas corresponden; y h) Rendir informes periódicos de su labor. El reglamento a esta ley determinará la forma y condiciones de ese informe. ARTÍCULO 75.- La Contabilidad de la Nación debe llevarse por el sistema de partida doble y de acumulación separada en dos secciones: a) La sección del Patrimonio Nacional en donde se llevará el registro detallado y la determinación de los haberes y deudas de Estado y la obtención del Patrimonio Nacional así como su uso y disposición; y b) La Sección del Tesoro donde se llevará el registro minucioso de los ingresos y egresos públicos y la determinación periódica del superávit o déficit. Para cada una de esas secciones se tendrá un diferente juego de libros de contabilidad, especialmente diseñados al efecto y de acuerdo con los más modernos sistemas en la materia. Los libros de Contabilidad Nacional deberán ser legalizados por la Contraloría General de la República, de conformidad con el artículo 24 de su Ley Orgánica. ARTÍCULO 76.- Como parte de la Sección del Patrimonio Nacional, la Contabilidad Nacional deberá llevar un inventario completo de todos los bienes raíces pertenecientes al Estado, con indicación de la respectiva inscripción en el Registro Público, así como todos los otros activos que formen el Patrimonio de la Nación, excepto aquellos cuyo registro lleve la Proveedora Nacional. ARTÍCULO 77.- El Registro de la Propiedad llevará una sección especial de propiedades del Estado en la que hará constar todas las inscripciones de inmuebles que pertenecen al Estado, así como cualquier servidumbre o derecho real, consignados todas las referencias que contengan las inscripciones originales, clasificando el trabajo por provincias y dotándolo del índice correspondiente. La Oficina del Catastro levantará planos y llevará un registro de los inmuebles citados así como de los demás bienes incluyendo baldíos, denunciables o indenunciables que pertenezcan al Estado. Ambas oficinas suministrarán a la Contabilidad Nacional los informes que ésta requiera para el cabal cumplimiento de lo estipulado en el artículo 75 de esta ley. ARTÍCULO 78.- La Sección del Tesoro deberá registrar en forma minuciosa y detallada la totalidad de las rentas percibidas y por percibir y de los gastos efectuados y por realizar. CAPÍTULO II De la Oficina de la Contabilidad Nacional ARTÍCULO 79.- La Oficina de la Contabilidad Nacional estará a cargo de un Jefe que es el Contador Nacional. ARTÍCULO 80.- La Oficina de la Contabilidad Nacional es la encargada de dictar los sistemas, prácticas, procedimientos, terminología y formularios que deben adoptar todas las dependencias y oficinas públicas de la Nación y en los establecimientos que desempeñen las funciones de Cajero del Gobierno. Ninguna oficina pública podrá adoptar formularios oficiales para la movilización de bienes sin la aprobación de la Contabilidad Nacional. Igualmente es la encargada de establecer la forma y especificación de los reportes o informes de la contabilidad que dichas instituciones deben rendir a las oficinas. Todas estas medidas deben tomarse de común acuerdo con la Contraloría General de la República, siguiendo lo dispuesto en el inciso c) del artículo 8 de la Ley de la Contraloría. Igual procedimiento habrá de seguirse al establecer cualquier reforma en el sistema de contabilidad. ARTÍCULO 81.- Todas las dependencia gubernamentales deberán informar periódicamente a la Contabilidad Nacional, en la forma y plazo que ésta indique, de los movimientos de bienes o cambios en los derechos y obligaciones que en ellas se realicen y atender cualquier solicitud de informes que en materia de cuentas les solicite aquella oficina. ARTÍCULO 82.- La Contabilidad Nacional debe informar al Ministro de Hacienda diariamente de la situación de la Hacienda Pública y mensualmente deberá publicar un resumen de dicha situación en el Diario Oficial. ARTÍCULO 83.- La Oficina de Máquinas del Ministerio de Hacienda atenderá de preferencia el trabajo mecánico contable y estadístico en relación con las labores encomendadas a todas las oficinas que forman la Administración Financiera del Estado. CAPÍTULO III Del Contador Nacional ARTÍCULO 84.- El Contador Nacional es el Jefe de la Contabilidad Nacional y de todas las contabilidades auxiliares. Su nombramiento corresponde al Poder Ejecutivo. ARTÍCULO 85.- Para ser Contador Nacional se requiere: a) Ser de reconocida solvencia moral y técnica; y b) Ser costarricense de nacimiento o naturalizado con no menos de diez años después de la fecha de la naturalización; ARTÍCULO 86.- El Contador Nacional es responsable de la organización técnica y del buen funcionamiento de la dependencia a su cargo, siendo responsable de omisiones o violaciones de los preceptos de esta ley en cuyo caso incurrirá a las sanciones civil y penal correspondiente, si hubiere culpa o dolo de su parte. ARTÍCULO 87.- El Contador Nacional debe rendir garantía por la suma de veinticinco mil colones (¢25.000,00), a favor de la Hacienda Pública, por su cuenta, que deberá ser aprobada y vigilada por la Contraloría General de la República. TÍTULO V De la Proveeduría Nacional CAPÍTULO ÚNICO Funciones ARTÍCULOS 88 AL 91 inclusive fueron derogados por el artículo 111 de la Ley de Contratación Administrativa No. 7494 de 2 de mayo de 1995). TÍTULO VI De los Contratos Administrativos CAPÍTULO I Disposiciones Generales (NOTA: El artículo 175 del Código Electoral Ley No. 1536 del 10 de diciembre de 1952, tácitamente modifica las disposiciones del presente Título en lo relativo a las contrataciones que realice el Tribunal Supremo de Elecciones. También resulta tácitamente modificado por la Ley de Concesión de Obra Pública, No. 7404 de 3 de mayo de 1994). ARTÍCULO 92.- (Derogado por el artículo 111 de la Ley de Contratación Administrativa No. 7494 de 2 de mayo de 1995). ARTÍCULO 93.- Administraciones con un presupuesto ordinario superior a novecientos millones de colones (¢900.000.000,00): Licitación pública en caso de: 1) Enajenación o arrendamiento de sus bienes cuyo monto exceda de cuarenta y cinco millones de colones (¢45.000.000,00), o arrendamiento por cualquier monto, cuando sean por tiempo indeterminado; 2) Adquisición de inmuebles o contratos de obra cuyo monto exceda de sesenta millones de colones (¢60.000.000,00); y 3) Suministros y todo otro contrato no contemplado en los dos numerales anteriores, por un monto superior cuarenta y cinco millones de colones (¢45.000.000,00). b) Licitación Privada en los casos contemplados anteriormente, cuando los montos sean inferiores a los límites indicados. 1/ c) Directamente en los casos contemplados en el inciso anterior, cuando el monto total de la operación sea inferior a seis millones de colones (¢6.000.000,00). d) Remate, como procedimiento alterno, a juicio de la administración y previa autorización de la Contraloría General de la República, en el caso de enajenación o arrendamiento de bienes, sin que la subasta pueda aprobarse por suma inferior a la que se le haya fijado como base." 1/ Considerando lo señalado por la Sala Constitucional en su voto No. 0998- 98 de las once horas treinta minutos del dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho en lo que a esta materia se refiere establece que la Licitación por registro, y Licitación restringida son modalidades de la Licitación Privada, deberá observarse lo siguiente: i) Licitación por registro, cuando los montos sean inferiores a los límites indicados en el inciso a) y superiores o iguales a quince millones de colones (¢15.000.000,00), excepto para adquisición de inmuebles y contratos de obra donde deberán ser superiores o iguales a veinte millones de colones (¢20.000.000,00). ii) Licitación restringida, cuando el monto total de la operación sea inferior a quince millones de colones (¢15.000.000,00), excepto para adquisición de inmuebles y contratos de obra donde será inferior a veinte millones de colones (¢20.000.000,00), y superior o igual a seis millones de colones (¢6.000.000,00). (Ver NOTA al artículo 95 siguiente) ARTÍCULO 94.- Administraciones con un presupuesto ordinario de noventa millones de colones a novecientos millones de colones (¢90.000.000,00 a ¢900.000.000,00). a) Licitación pública en caso de: 1) Enajenación o arrendamiento de sus bienes cuyo monto exceda de dieciocho millones de colones (¢18.000.000,00), o arrendamiento por cualquier monto, cuando sean por tiempo indeterminado; 2) Adquisición de inmuebles o contratos de obra cuyo monto exceda de treinta y seis millones de colones (¢36.000.000,00); y, 3) Suministros y todo otro contrato no contemplado en los dos numerales anteriores, por un monto superior a dieciocho millones de colones (¢18.000.000,00). b) Licitación Privada en los casos contemplados anteriormente, cuando los montos sean inferiores a los límites indicados. 1/ c) Directamente en los casos contemplados en el inciso anterior, cuando el monto total de la operación sea inferior a tres millones quinientos mil colones (¢3.500.000,00), excepto para adquisición de inmuebles y contratos de obra donde deberán ser inferiores a cuatro millones de colones(¢4.000.000,00). d) Remate, como procedimiento alterno, a juicio de la administración y previa autorización de la Contraloría General de la República, en el caso de enajenación o arrendamiento de bienes, sin que la subasta pueda aprobarse por suma inferior a la que se le haya fijado como base." 1/ Considerando lo señalado por la Sala Constitucional en su voto No. 0998- 98 de las once horas treinta minutos del dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho en lo que a esta materia se refiere se introduce la siguiente subdivisión: i) Licitación por registro, cuando los montos sean inferiores a los límites indicados en el inciso a) y superiores o iguales a siete millones de colones (¢7.000.000,00), excepto para adquisición de inmuebles y contratos de obra donde deberán ser superiores o iguales a doce millones de colones (¢12.000.000,00). ii) Licitación restringida, cuando el monto total de la operación sea inferior a siete millones de colones (¢7.000.000,00), excepto para adquisición de inmuebles y contratos de obra donde será inferior a doce millones de colones (¢12.000.000,00), y superior o igual a tres millones quinientos mil colones (¢3.500.000,00), excepto para adquisición de muebles y contratos de obra donde deberán ser superiores o iguales a cuatro millones de colones (¢4.000.000,00). (Ver NOTA al artículo 95 siguiente) "ARTÍCULO 95.- Administraciones con un presupuesto ordinario inferior a noventa millones de colones (¢90.000.000,00): a) Licitación pública en caso de: 1) Enajenación o arrendamiento de sus bienes cuyo monto exceda de seis millones de colones (¢6.000.000,00), o arrendamiento por cualquier monto, cuando sean por tiempo indeterminado; 2) Adquisición de inmuebles o contratos de obra cuyo monto exceda de doce millones de colones (¢12.000.000,00); y, 3) Suministros y todo otro contrato no contemplado en los dos numerales anteriores, por un monto superior a seis millones de colones (¢6.000.000,00). b) Licitación Privada en los casos contemplados anteriormente, cuando los montos sean inferiores a los límites indicados. 1/ c) Directamente en los casos contemplados en el inciso anterior, cuando el monto total de la operación sea inferior a un millón de colones (¢1.000.000,00), excepto para adquisición de inmuebles y contratos de obra donde deberán ser inferiores a un millón quinientos mil colones (¢1.500.000,00). d) Remate, como procedimiento alterno, a juicio de la administración y previa autorización de la Contraloría General de la República, en el caso de enajenación o arrendamiento de bienes, sin que la subasta pueda aprobarse por suma inferior a la que se le haya fijado como base." 1/ Considerando lo señalado por la Sala Constitucional en su voto No. 0998- 98 de las once horas treinta minutos del dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho en lo que a esta materia se refiere se introduce la siguiente subdivisión: i) Licitación por registro, cuando los montos sean inferiores a los límites indicados en el inciso a) y superiores o iguales a dos millones de colones (¢2.000.000,00), excepto para adquisición de inmuebles y contratos de obra donde deberán ser superiores o iguales a cuatro millones de colones (¢4.000.000,00). ii) Licitación restringida, cuando el monto total de la operación sea inferior a dos millones de colones (¢2.000.000,00), excepto para adquisición de inmuebles y contratos de obra donde será inferior a cuatro millones de colones (¢4.000.000,00), y superior o igual a un millón de colones (¢1.000.000,00), excepto para adquisición de muebles y contratos de obra donde deberán ser superiores o iguales a un millón quinientos mil colones (¢1.500.000,00). (NOTA: Los artículos 93, 94 y 95 de esta Ley fueron derogados por el artículo 111 de la Ley de Contratación Administrativa No. 7494 de 2 de mayo de 1995, por Resolución de la Sala Constitucional No. 998-98 de 11:30 horas. de 1° de febrero de 1998, fueron restablecidos los sistemas en ellos, señalándose en el citado fallo, que "...en tanto el legislador no supla la normativa sustitutiva que se conforme con los términos de esta sentencia, le corresponderá a la Contraloría General de la República fijar los límites y montos que definen las distintas modalidades de licitación para celebrar los contratos administrativos,...". Conforme a lo indicado, mediante Resolución No. 1-DEE-98 de las 11:00 horas del 7 agosto de 1998, publicada en el Diario Oficial La Gaceta del jueves 13 de agosto setiembre de 1998, adicionada por Resolución de las 9:00 horas del 24 de agosto de 1998, publicada en el Diario Oficial La Gaceta del martes 1° de setiembre de 1998, la Contraloría General de la República fijó los montos que aquí se indican para los artículos 93, 94 y 95 de la presente ley y, asimismo estableció, los montos para las licitaciones por registro y las licitaciones restringidas) ARTÍCULO 96.- (DEROGADO por el artículo 111 de la Ley de Contratación Administrativa No. 7494 de 2 de mayo de 1995). ARTÍCULO 97.-(DEROGADO por el artículo 111 de la Ley de Contratación Administrativa No. 7494 de 2 de mayo de 1995). ARTÍCULO 98.- (DEROGADO por el artículo 111 de la Ley de Contratación Administrativa No. 7494 de 2 de mayo de 1995). ARTÍCULO 99.- El importe de la venta de bienes promovida por la Proveeduría Nacional entrará sin deducciones, al Tesoro Público y el de la venta de bienes de las instituciones estatales a sus propios fondos, de igual manera. (Así reformado por el artículo 1 de la Ley No. 5901 de 20 de abril de 1976) ARTÍCULO 100.- (DEROGADO por el artículo 111 de la Ley de Contratación Administrativa No. 7494 de 2 de mayo de 1995). CAPÍTULO II De los Procedimientos de Contratación ARTÍCULOS del 101 a 106 fueron derogados por el artículo 111 de la ley de contratación administrativa no. 7494 de 2 de mayo de 1995). CAPÍTULO III Prohibiciones ARTÍCULO 107.- (Derogado por el artículo 111 de la Ley de Contratación Administrativa No. 7494 de 2 de mayo de 1995). CAPÍTULO IV De las sanciones ARTÍCULOS del 108 al 111 fueron derogados por el artículo 111 de la Ley de Contratación Administrativa No. 7494 de 2 de mayo de 1995). CAPÍTULO V De la Ejecución de los Contratos Administrativos ARTÍCULOS del 112 al 118 fueron derogados por el artículo 111 de la Ley de Contratación Administrativa No. 7494 de 2 de mayo de 1995). TÍTULO VII Disposiciones Finales (NOTA: La numeración de los artículos de este Título fue modificada por el artículo 1 de la Ley No. 7373 del 1 de diciembre de 1993. Los anteriores artículos 115 a 119 son ahora 119 a 123 inclusive). CAPÍTULO ÚNICO ARTÍCULO 119.- (Derogado por el artículo 111 de la Ley de Contratación Administrativa No. 7494 de 2 de mayo de 1995). ARTÍCULO 120.- (Derogado por el artículo 111 de la Ley de Contratación Administrativa No. 7494 de 2 de mayo de 1995). ARTÍCULO 121.- Toda acción contra el Estado o sus instituciones fundada en pago indebido de impuestos, contribuciones o tasas, prescribe a los tres años, desde la fecha en que se hubiere hecho el pago que se estime ilegal o erróneo. (Así reformado por el artículo 1 de la Ley No. 5901 de 20 de abril de 1976). ARTÍCULO 122.- (Derogado por el artículo 111 de la Ley de Contratación Administrativa No. 7494 de 2 de mayo de 1995). ARTÍCULO 123.- Facúltase a la Contraloría General de la República para modificar hasta en un doscientos por ciento, los límites económicos del régimen de contratación regulados por los artículos 93, 94, 95 y 96, inciso b), de esta ley. Para estos efectos, la Contraloría General de la República emitirá, cada vez que se requiera, una modificación en tal sentido, mediante la correspondiente resolución razonada, que deberá publicarse en el diario oficial "La Gaceta", y que comenzará a regir treinta días después. (Así reformado por el artículo 1 de la Ley No. 6807 de 6 de setiembre de 1982). Dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Legislativa. Palacio Nacional - San José a los treinta días del mes de abril de mil novecientos cincuenta y uno. Marcial Rodríguez C. Presidente Fernando Lara Gonzalo Ortíz M. Primer Secretario Segundo Secretario Casa Presidencial - San José, a los dos días del mes de mayo de mil novecientos cincuenta y uno. Otilio Ulate Presidente _______________________________ Actualizada al 25-10-2001. LMRF.-