Ley 1153 (Derogada)

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(DEROGADA por el artículo 57 de la Ley Nº. 5412, de 8 de noviembre de 1973, excepto en su artículo 29. La Ley Nº.3543 de 15 de agosto de 1965, modificó algunas de las disposiciones de la presente ley, y dispuso una nueva publicación de ella.) No. 1153 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA DECRETA: La siguiente LEY GENERAL DE ASISTENCIA MEDICO-SOCIAL CAPITULO I DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA MEDICO-SOCIAL Artículo 1º- Créase la Dirección General de Asistencia Médico-Social como dependencia del Ministerio de Salubridad Pública. Artículo 2º- La Dirección estará a cargo de un Médico y Cirujano, incorporado en el Colegio de Médicos y Cirujanos de la República. Para hacer el respectivo nombramiento el Poder Ejecutivo, si lo estimare conveniente, podrá solicitar una terna al Colegio de Médicos y Cirujanos. Artículo 3º.- La Dirección General de Asistencia Médico-Social, de acuerdo con las normas que dicte el Consejo Médico-Social, a que se refiere el artículo 5º de la presente ley, tendrá las siguientes atribuciones: a) La coordinación de los servicios de las instituciones de asistencia médica existentes o que en lo futuro se establezcan, así como la de los servicios de los organismos de protección social a su cuidado; b) La dirección técnica y la fiscalización económica de las instituciones a que se refiere el inciso anterior, cuando sean sostenidas o subvencionadas por el Estado o por las municipalidades; c) La supervigilancia técnica de instituciones análogas que sean mantenidas con fondos particulares; d) La inspección de la contabilidad de las instituciones a que se refiere el inciso a) del presente artículo; verificar sus arqueos, controlar los inventarios anuales de sus bienes y revisar sus balances generales; e) Aprobar y proponer modificaciones a sus presupuestos; f) Aprobar, rechazar o modificar los contratos que por una suma mayor de dos mil colones propongan las instituciones comprendidas en la presente ley. Ningún contrato de carácter comercial o transacción de igual naturaleza será válido cuando se celebre con los directores, miembros de las Juntas, y superintendentes de las instituciones, o con sus parientes dentro del tercer grado consanguíneo y segundo político, ya sea directamente o por interpuesta persona; g) Proponer al Ministerio de Salubridad Pública los proyectos de ley, reglamentos y disposiciones generales que contribuyan al mejoramiento de la asistencia médico-social; y h) Velar por que se cumplan, por parte de las instituciones relacionadas con esta ley, las leyes y reglamentos que las rijan. Artículo 4º.- Se crea un organismo adjunto a la Dirección General, que se denominará Consejo Técnico de Asistencia Médico-Social, que estará integrado en la siguiente forma: a) Por el Director General de Asistencia, quien lo presidirá; b) Por un Delegado propietario y uno suplente del Colegio de Médicos y Cirujanos; c) Por un Delegado propietario y uno suplente de la Junta de Protección Social de San José; d) Por un Delegado propietario y uno suplente del Consejo Técnico del Hospital San Juan de Dios; y e) Por tres Delegados propietarios y tres suplentes que nombrarán las Juntas de Protección Social de las Cabeceras de Provincia, con excepción de San José, que serán nombrados en reunión conjunta que efectuarán los presidentes de las respectivas Juntas, en la Dirección General de Asistencia. Los miembros suplentes serán escogidos como Delegados de las Juntas Cabeceras de Provincia que no tengan representante propietario en el Consejo. El Consejo elegirá entre sus miembros un Vicepresidente, y un 1º, 2º, 3º, y 4º Vocales. El Consejo tendrá a su cargo la resolución de las materias que, en relación con la presente ley, sean sometidas a su conocimiento por el Director General o por cualquiera de sus otros miembros. El Consejo sesionará por lo menos una vez al mes, o cuando sea convocado extraordinariamente por el Director General, o a solicitud de dos de sus componentes. Las resoluciones del Consejo tendrán recurso de apelación para ante el Ministro de Salubridad. Los miembros del Consejo, con excepción del Director General, durarán en sus funciones dos años, pudiendo ser reelectos y desempeñarán sus cargos ad-honórem. Los gastos que demande el Consejo Técnico para el buen desempeño de sus funciones, serán pagados, en la proporción que fije el Consejo, entre las diversas instituciones a su cuidado. Con tal objeto, el Consejo elaborará anualmente un Presupuesto General Ordinario, y los extraordinarios, que fueren del caso, los cuales requerirán para su validez, la aprobación del Ministro de Salubridad Pública. (Así reformado por la Ley No. 3543, de 15 de agosto de 1965.) Artículo 5º.- Para cumplir con lo dispuesto en la presente ley, la Dirección General de Asistencia tendrá bajo su jurisdicción de conformidad con los términos de esta ley, hospitales, maternidades, dispensarios, sanatorios, preventorios, casas cunas, gotas de leche, Cruz Roja, al Patronato Antituberculoso y cualquier otra institución de la misma índole. Artículo 6º.-Las directivas de las Instituciones de Asistencia Médico- Social tendrán a su cargo la administración y dirección técnica de los establecimientos puestos a su cuidado, sujetándose en este último aspecto a las normas que establezca el Consejo Técnico de Asistencia Médico-Social. Artículo 7º.- La Dirección General estudiará y controlará las obras y reparaciones de edificios que emprendan las instituciones bajo su jurisdicción. Ninguna de ellas podrá realizar nuevas edificaciones, ampliaciones o reparaciones mayores de sus locales, sin que los planos o proyectos y presupuestos definitivos sean previamente aprobados por la Dirección General. CAPITULO II ECONOMIA Y ADMINISTRACION Artículo 8º.- El año económico de las instituciones sometidas a la presente ley comenzará el día primero de enero de cada año. Tales instituciones deberán llevar su contabilidad en forma clara, de acuerdo con las normas que indique la Dirección General de Asistencia Médico-Social. Artículo 9º.- De acuerdo con el Consejo Técnico, la Dirección General de Asistencia Médico-Social propondrá cada año, al Ministro de Salubridad, la forma de distribución de los fondos provenientes del Estado entre las instituciones subvencionadas de conformidad con la importancia médico- social de cada una de ellas. Salvo los subsidios otorgados por leyes especiales. Artículo 10.- Salvo lo dispuesto en el artículo 21, las instituciones oficiales a que se refiere esta ley, podrán, con autorización expresa del Poder Ejecutivo, comprar, vender, arrendar, cambiar, hipotecar y en cualquier forma adquirir, enajenar o gravar toda clase de bienes inmuebles siempre que el valor de la operación no sea mayor de diez mil colones. Cuando la operación exceda de ese valor, será necesaria la autorización legislativa. También se requiere la autorización expresa del Poder Legislativo, cualquiera que sea el valor de la respectiva operación, cuando se trate de donaciones, préstamos, otorgamiento de garantías en favor de otras corporaciones similares y de la condonación de impuestos y contribuciones. Artículo 11.- Las instituciones oficiales comprendidas en esta ley presentarán a la Dirección General, a más tardar el primero de noviembre de cada año, el presupuesto ordinario para el ejercicio económico venidero. Artículo 12.- La Dirección General devolverá, antes de que se inicie el ejercicio económico, los presupuestos con la razón de conforme si estuviere correcto, en caso contrario, con los reparos pertinentes. Artículo 13.- La institución cuyo presupuesto no haya sido autorizado si no acepta los reparos de la Dirección General, someterá el asunto para su resolución en última instancia al Ministro de Salubridad. Artículo 14.- Los presupuestos, después de sufrir para su aprobación los trámites indicados en los artículos anteriores, serán publicados en el Diario Oficial; sólo podrá votarse un presupuesto extraordinario cuando sobrevenga una necesidad que no pudo preverse, cuando esté agotada alguna partida ordinaria, o en caso de una obra urgente. Tal presupuesto seguirá los trámites exigidos a los presupuestos ordinarios. Artículo 15.- Las entradas por servicios que las instituciones presten a particulares serán depositadas en cajas auxiliares, autorizadas de común acuerdo entre las Juntas Directivas de las instituciones y la Dirección General. Tales cajas estarán bajo la directa responsabilidad del Tesorero, Administrador o Director de la institución. Artículo 16.- A efecto de distribuir los fondos a que se refiere el artículo 9º de la presente ley, la Dirección General remitirá mensualmente a la Tesorería Nacional, nómina de las instituciones a favor de las cuales ha de girarse tales sumas; pudiendo ordenar a la Tesorería Nacional la retención de tales subsidios hasta segundo aviso, en el caso de las instituciones que no se ajusten al cumplimiento de las leyes y reglamentos que las rijan. Artículo 17.- Los cheques contra los fondos de las instituciones que por leyes y disposiciones especiales estén administradas económicamente por la Dirección General, serán firmados conjuntamente por el Ministro de Salubridad y el Director General. En caso de ausencia de alguno de estos dos funcionarios, firmarán los cheques: por el Ministro de Salubridad, el Director del Departamento Administrativo, y por el Director General, el Oficial Mayor de dicha Dirección. CAPITULO III SECCION DE COMPRAS Artículo 18.- La adquisición de artículos de consumo alimenticio, ropas y enseres propios para servicios hospitalarios, materiales y herramientas para construcciones, drogas, mueblaje, equipos o utensilios en general, deberá ser solicitada a la Dirección General, la cual procederá a la compra, previa licitación pública o privada, por cuenta de las instituciones interesadas sometidas a la presente ley, cuando su valor excediere de diez mil colones, en las que realicen la Junta de Protección Social de San José y el Patronato del Hospital Nacional de Niños; de cinco mil colones en los Hospitales Regionales o Especializados y de dos mil colones en los Hospitales Periféricos o Centros Rurales de Asistencia. Sin embargo, en casos muy especiales, la Dirección General, con la aprobación expresa del Ministerio de Salubridad Pública y de la Contraloría General de la República, podrá prescindir de la licitación y autorizar la compra directa, aún cuando su valor exceda las sumas indicadas, cuando así lo recomiende el Consejo Técnico de Asistencia Médico Social. (Así reformado por la Ley No. 4409, de 29 de agosto de 1969.) Artículo 19.- En el caso de las licitaciones públicas los avisos de las mismas se publicarán en el Diario Oficial con la debida anticipación. Se admitirán únicamente ofertas en castellano y de aquellas firmas que estén al día en el pago de sus impuestos de beneficencia cuando a él estuvieren obligadas por las leyes. Las propuestas serán presentadas a la Dirección General en papel sellado de cincuenta céntimos, en sobre cerrado. Serán abiertas el día y hora fijados, en presencia del Director General o de quien éste haya autorizado para representarlo, y de los participantes a las licitaciones que deseen asistir. Artículo 20.- La Dirección General hará la adjudicación a la propuesta más favorable, o declarará desierta la licitación si por razones justificadas así lo creyera conveniente para los intereses de las instituciones. Las adjudicaciones deberán ser publicadas en el "Diario Oficial". Artículo 21.- Todas las instituciones nombrarán ecónomos para la compra de artículos de alimentación corriente, siempre que ello signifique economía o ventaja. Cuando se trate de otros artículos, queda a juicio de la Dirección General autorizar o denegar el gasto. Artículo 22.- No están sujetas a licitación las compras urgentes de drogas, u otros artículos indispensables, en pequeñas cantidades, que hubiere necesidad de hacer excepcionalmente. En tal caso, deberá también darse aviso a la Dirección General para su conocimiento. CAPITULO IV ASISTENCIA MEDICO-SOCIAL Artículo 23.- Es deber del Estado garantizar asistencia médica a todos los habitantes de la República, pero al mismo tiempo es obligación suya evitar el parasitismo y los abusos que puedan cometerse con las instituciones que define la presente ley. Artículo 24.- Las instituciones mencionadas quedan obligadas a dar asistencia gratuita a las personas pobres que lo necesiten, así como a todas las atacadas de lepra, tuberculosis y enfermedades venéreas; en cuanto a las demás, pagarán los servicios en la medida de sus posibilidades económicas. Sin embargo en los casos de calamidad pública, catástrofe, o epidemia oficialmente declarada, los hospitales admitirán, sin obligación de pago y sin demora, a todas las personas afectadas. Artículo 25.- Créase en la Dirección General una Sección de Cobros, que tendrá como funciones específicas investigar los bienes de las personas que reciban asistencia médica y hospitalaria, y cobrar en cada caso las sumas que por ese concepto deben los particulares. Estará atendida por un Director y el personal subalterno que fuere necesario. En el cumplimiento de sus fines, todos los funcionarios de la República están obligados a suministrar los datos pertinentes y prestar ayuda a la Sección de Cobros. Artículo 26.- Las notas de cuentas, provenientes del servicio de asistencia hospitalaria, una vez visadas por el Director General, tendrán fuerza ejecutiva para su cobro judicial. Artículo 27.- En ningún caso se otorgará exención, perdón o rebaja de la suma adeudada por servicios prestados cuando se compruebe que el beneficiado se halla en capacidad económica de efectuar el pago total. No obstante, se podrán aceptar arreglos para la forma de realizarlo. Artículo 28.- De conformidad con la Ley Nº 23 de 24 de noviembre de 1936, que aumenta el tributo sobre la exportación de bananos para cubrir los gastos de hospitalización de los trabajadores de esa industria, la Dirección General procederá a establecer una Sección encargada de controlar los ingresos de dicho impuesto, los gastos de hospitalización y el trato que reciban los trabajadores enfermos. Artículo 29.- El impuesto de beneficencia que se recaude en un cantón donde exista Junta de Protección Social, corresponderá a tal Junta, si ella tuviera a su cuidado la administración de un hospital. Si dicha Junta tuviere a su cargo únicamente la administración de una maternidad o Centro Rural de Asistencia, le corresponderá el 35% de dicho impuesto, y el 65% restante, en forma proporcional que determine la Dirección General de Asistencia Médico-Social, a los hospitales que por razones de ubicación geográfica y vías de comunicación, sean los que soporten la atención de los enfermos de ese cantón. En los cantones menores donde no existe hospital, ni maternidad, ni Centro Rural de Asistencia, el impuesto correspondiente a bienes situados en su jurisdicción, en un 80%, se repartirá proporcionalmente, de acuerdo con lo que dicte la Dirección General de Asistencia Médico-Social, entre las Juntas de Protección Social cuyos hospitales, por razones de ubicación geográfica y vías de comunicación sean los que soportan la atención de los enfermos de ese cantón. El 20% restante corresponderá a la Junta de Protección Social de dicho cantón. Caso de que en el cantón no existiere Junta de Protección Social, el 20% que le corresponde se girará a la municipalidad del lugar, para la atención del cementerio y obras de saneamiento. La cancelación del impuesto deberá hacerse indistintamente en cualquiera de las Tesorerías de las Juntas de Protección Social, que este artículo señala, o en la del Consejo Técnico de Asistencia Médico-Social, en San José. En todo caso, la Dirección General de Asistencia Médico-Social ordenará la distribución que corresponda. (Así reformado por la Ley Nª.4518, de 26 de diciembre de 1969.) (Téngase presente que esta ley fue derogada por el artículo 57 de la Ley Nº 5412, del 14 de abril de 1950, excepto en este artículo 29.) Artículo 30.- (Derogado por el artículo 2º de la Ley Nº.4518, de 26 de diciembre de 1969.) Artículo 31.- Mientras la Junta de Protección Social del cantón central de Limón no tenga un Hospital, el impuesto de beneficencia correspondiente a esa Provincia en lo que se refiere a lo dispuesto por el artículo 29, se distribuirá como sigue: El ochenta por ciento para la Junta de Protección Social del cantón central y el veinte por ciento restante para la Junta de Protección Social del cantón correspondiente, o en su defecto, para la Municipalidad del mismo, el cual se aplicará a la atención del cementerio o a obras de salubridad pública o de asistencia social. Artículo 32.- Las Juntas de Protección Social que perciban el impuesto de beneficencia, quedan obligadas a separar el 8% de tales ingresos, para las instituciones a que se refiere la Ley Nº 116 de 11 de julio de 1938. Artículo 33.- Las Juntas de Protección Social, así como las Directivas, Comités y Consejos Técnicos de todas las instituciones públicas comprendidas en la presente ley, quedan obligadas a enviar a la Dirección General una minuta de los acuerdos tomados en las sesiones que celebren autorizada por la firma del Secretario respectivo y a más tardar quince días después de celebrada la sesión. Artículo 34.- La Dirección General podrá objetar cualquier acuerdo que considere violatorio de disposiciones legales o reglamentarias, o de las normas dictadas por el Consejo Técnico de acuerdo con el artículo 3º, tomado por los organismos a que se refiere el artículo anterior. Si éstos no consideran justas las observaciones o reparos que se les hagan, podrán recurrir ante el Ministerio de Salubridad Pública. La objeción y recurso mencionados sólo pueden interponerse dentro de los diez días siguientes al recibo de la comunicación respectiva. CAPITULO V SANCIONES Artículo 35.- El funcionario o empleado de las instituciones a que esta ley se refiere, que en alguna forma contraviniere las disposiciones de la presente ley o retardare el cumplimiento de alguno de los deberes que la misma impone, quedará sujeto a las penas establecidas en el artículo 379 del Código Penal. Artículo 36.- Derógase la Ley Nº 48 de 14 de junio de 1940, el artículo 18 de la Ley Nº 10 de 23 de diciembre de 1937, reformada por la Ley Nº 102 de 25 de junio de 1944, y todas las demás que se opongan a la presente. (Nota: Las firmas y fechas que se indican a continuación, corresponden a las de la Ley Nº. 1153 de 14 de abril de 1950.) Artículo 37.- Esta ley rige desde el día de su publicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo Dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Legislativa.- Palacio Nacional.- San José, a los trece días del mes de abril de mil novecientos cincuenta. Marcial Rodríguez C., Presidente. Mario Fernández Alfaro, Gonzalo Ortíz M., Primer Prosecretario. Segundo Secretario. Casa Presidencial.- San José, a los catorce días del mes de abril de mil novecientos cincuenta.- Ejecútese OTILIO ULATE El Ministro de Salubridad Pública y Protección Social, Sáenz Herrera. ____________________________ Actualizada al: 4 de mayo de 2000. Sanción: 14 de abril de 1950. Publicación: 23 de abril de 1950. Fue publicada nuevamente cuando mediante la Ley No.3543 del 15 de agosto de 1965, se reformaron varios de sus artículos. Rige: 10 días después de su publicación. ANB.-GVQ.