ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA<br />
REPÚBLICA DE COSTA RICA<br />
PLENARIO<br />
LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES<br />
DECRETO LEGISLATIVO N.º 8642<br />
EXPEDIENTE N.º 16.398<br />
SAN JOSÉ - COSTA RICA<br />
8642<br />
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA<br />
DECRETA:<br />
LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES<br />
TÍTULO I<br />
DISPOSICIONES GENERALES, ADMINISTRACIÓN DEL<br />
ESPECTRO RADIOELÉCTRICO Y TÍTULOS HABILITANTES<br />
CAPÍTULO I<br />
DISPOSICIONES GENERALES<br />
ARTÍCULO 1.- Objeto y ámbito de aplicación<br />
El objeto de esta Ley es establecer el ámbito y los mecanismos de<br />
regulación de las telecomunicaciones, que comprende el uso y la explotación<br />
de las redes y la prestación de los servicios de telecomunicaciones.<br />
Están sometidas a la presente Ley y a la jurisdicción costarricense,<br />
las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o<br />
extranjeras, que operen redes o presten servicios de telecomunicaciones que<br />
se originen, terminen o transiten por el territorio nacional.<br />
ARTÍCULO 2.- Objetivos de esta Ley<br />
Son objetivos de esta Ley:<br />
a) Garantizar el derecho de los habitantes a obtener servicios de<br />
telecomunicaciones, en los términos establecidos en esta Ley.<br />
b) Asegurar la aplicación de los principios de universalidad y<br />
solidaridad del servicio de telecomunicaciones.<br />
c) Fortalecer los mecanismos de universalidad y solidaridad de las<br />
telecomunicaciones, garantizando el acceso a los habitantes que lo<br />
requieran.<br />
d) Proteger los derechos de los usuarios de los servicios de<br />
telecomunicaciones, asegurando eficiencia, igualdad, continuidad,<br />
calidad, mayor y mejor cobertura, mayor y mejor información, más y<br />
mejores alternativas en la prestación de los servicios, así como<br />
garantizar la privacidad y confidencialidad en las comunicaciones, de<br />
acuerdo con nuestra Constitución Política.<br />
e) Promover la competencia efectiva en el mercado de las<br />
telecomunicaciones, como mecanismo para aumentar la disponibilidad de<br />
servicios, mejorar su calidad y asegurar precios asequibles.<br />
f) Promover el desarrollo y uso de los servicios de<br />
telecomunicaciones dentro del marco de la sociedad de la información<br />
y el conocimiento y como apoyo a sectores como salud, seguridad<br />
ciudadana, educación, cultura, comercio y gobierno electrónico.<br />
g) Asegurar la eficiente y efectiva asignación, uso, explotación,<br />
administración y control del espectro radioeléctrico y demás recursos<br />
escasos.<br />
h) Incentivar la inversión en el sector de las telecomunicaciones,<br />
mediante un marco jurídico que contenga mecanismos que garanticen los<br />
principios de transparencia, no discriminación, equidad, seguridad<br />
jurídica y que no fomente el establecimiento de tributos.<br />
i) Procurar que el país obtenga los máximos beneficios del progreso<br />
tecnológico y de la convergencia.<br />
j) Lograr índices de desarrollo de telecomunicaciones<br />
similares a los países desarrollados.<br />
ARTÍCULO 3.- Principios rectores<br />
La presente Ley se sustenta en los siguientes principios rectores:<br />
a) Universalidad: prestación de un mínimo de servicios de<br />
telecomunicaciones a los habitantes de todas las zonas y regiones del<br />
país, sin discriminación alguna en condiciones adecuadas de calidad y<br />
precio.<br />
b) Solidaridad: establecimiento de mecanismos que permitan el<br />
acceso real de las personas de menores ingresos y grupos con<br />
necesidades sociales especiales a los servicios de<br />
telecomunicaciones, en condiciones adecuadas de calidad y precio, con<br />
el fin de contribuir al desarrollo humano de estas poblaciones<br />
vulnerables.<br />
c) Beneficio del usuario: establecimiento de garantías y derechos<br />
a favor de los usuarios finales de los servicios de<br />
telecomunicaciones, de manera que puedan acceder y disfrutar,<br />
oportunamente, de servicios de calidad, a un precio asequible,<br />
recibir información detallada y veraz, ejercer su derecho a la<br />
libertad de elección y a un trato equitativo y no discriminatorio.<br />
d) Transparencia: establecimiento de condiciones adecuadas para<br />
que los operadores, proveedores y demás interesados puedan participar<br />
en el proceso de formación de las políticas sectoriales de<br />
telecomunicaciones y la adopción de los acuerdos y las resoluciones<br />
que las desarrollen y apliquen. También, implica poner a disposición<br />
del público en general: i) información relativa a los procedimientos<br />
para obtener los títulos habilitantes, ii) los acuerdos de acceso e<br />
interconexión, iii) los términos y las condiciones impuestas en todos<br />
los títulos habilitantes, que sean concedidos, iv) las obligaciones y<br />
demás procedimientos a los que se encuentran sometidos los operadores<br />
y proveedores, v) información general sobre precios y tarifas, y vi)<br />
información general sobre los requisitos y trámites para el acceso a<br />
los servicios de telecomunicaciones.<br />
e) Publicidad: obligación de publicar un extracto de las<br />
condiciones generales y de las especificaciones técnicas necesarias<br />
para identificar las bandas de frecuencia que sean objeto de concurso<br />
público en el diario oficial La Gaceta y por lo menos en un periódico<br />
de circulación nacional. También, conlleva la obligación de los<br />
operadores y proveedores de realizar las publicaciones relacionadas<br />
con propaganda o información publicitaria de manera veraz y<br />
transparente, en tal forma que no resulten ambiguas o engañosas para<br />
el usuario.<br />
f) Competencia efectiva: establecimiento de mecanismos adecuados<br />
para que todos los operadores y proveedores del mercado compitan en<br />
condiciones de igualdad, a fin de procurar el mayor beneficio de los<br />
habitantes y el libre ejercicio del Derecho constitucional y la<br />
libertad de elección.<br />
g) No discriminación: trato no menos favorable al otorgado a<br />
cualquier otro operador, proveedor o usuario, público o privado, de<br />
un servicio de telecomunicaciones similar o igual.<br />
h) Neutralidad tecnológica: posibilidad que tienen los operadores<br />
de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones para<br />
escoger las tecnologías por utilizar, siempre que estas dispongan de<br />
estándares comunes y garantizados, cumplan los requerimientos<br />
necesarios para satisfacer las metas y los objetivos de política<br />
sectorial y se garanticen, en forma adecuada, las condiciones de<br />
calidad y precio a que se refiere esta Ley.<br />
i) Optimización de los recursos escasos: asignación y utilización<br />
de los recursos escasos y de las infraestructuras de<br />
telecomunicaciones de manera objetiva, oportuna, transparente, no<br />
discriminatoria y eficiente, con el doble objetivo de asegurar una<br />
competencia efectiva, así como la expansión y mejora de las redes y<br />
servicios.<br />
j) Privacidad de la información: obligación de los operadores y<br />
proveedores, de conformidad con el artículo 24 de la Constitución<br />
Política, a garantizar el derecho a la intimidad, la libertad y el<br />
secreto de las comunicaciones, así como proteger la confidencialidad<br />
de la información que obtengan de sus clientes, o de otros<br />
operadores, con ocasión de la suscripción de los servicios, salvo que<br />
estos autoricen, de manera expresa, la cesión de la información a<br />
otros entes, públicos o privados.<br />
k) Sostenibilidad ambiental: armonización del uso y la explotación<br />
de las redes y la prestación de los servicios de telecomunicaciones,<br />
con la garantía constitucional de contar con un ambiente sano y<br />
ecológicamente equilibrado. Los operadores y proveedores deberán<br />
cumplir toda la legislación ambiental que les resulte aplicable.<br />
ARTÍCULO 4.- Alcance<br />
Esta Ley es de orden público, sus disposiciones son irrenunciables y<br />
es de aplicación obligatoria sobre cualesquiera otras leyes, reglamentos,<br />
costumbres, prácticas, usos o estipulaciones contractuales en contrario.<br />
Para lo no previsto en esta Ley regirá, supletoriamente, la Ley general<br />
de la Administración Pública, N.° 6227, de 2 de mayo de 1978, en lo que<br />
resulte aplicable.<br />
ARTÍCULO 5.- Casos de emergencia<br />
En caso de declaración de emergencia decretada, conforme al<br />
ordenamiento jurídico, el Poder Ejecutivo podrá dictar medidas temporales<br />
que deberán ser cumplidas por los operadores, proveedores y usuarios de los<br />
servicios de telecomunicaciones. Dichas medidas se adoptarán conforme al<br />
marco constitucional vigente.<br />
El Poder Ejecutivo, con carácter excepcional y transitorio y respetando<br />
los principios de proporcionalidad y razonabilidad, podrá asumir,<br />
temporalmente, la prestación directa de determinados servicios o la<br />
explotación de ciertas redes de telecomunicaciones cuando sea necesario<br />
para mitigar los efectos del estado de necesidad y urgencia.<br />
ARTÍCULO 6.- Definiciones<br />
Para los efectos de esta Ley se define lo siguiente:<br />
1) Acceso universal: derecho efectivo al acceso de servicios de<br />
telecomunicaciones disponibles al público en general, de uso<br />
colectivo a costo asequible y a una distancia razonable respecto de<br />
los domicilios, con independencia de la localización geográfica y<br />
condición socioeconómica del usuario, de acuerdo con lo establecido<br />
en el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones.<br />
2) Acceso: puesta a disposición de terceros por parte de un<br />
operador de redes públicas o proveedor de servicios de<br />
telecomunicaciones disponibles al público, de sus instalaciones o<br />
servicios con fines de prestación de servicios por parte de terceros.<br />
3) Agenda digital: conjunto de acciones a corto, mediano y largo<br />
plazo tendientes a acelerar el desarrollo humano del país, mediante<br />
el acceso, uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información<br />
y las Comunicaciones (TICs).<br />
4) Agenda de solidaridad digital: conjunto de acciones a corto,<br />
mediano y largo plazo tendientes a garantizar el desarrollo humano de<br />
las poblaciones económicamente vulnerables, proporcionándoles acceso<br />
a las TICs.<br />
5) Banda ancha: tecnología que permite el transporte de señales<br />
utilizando medios de transmisión con un ancho de banda suficiente<br />
para garantizar capacidad, velocidad y continuidad en la<br />
transferencia de cualquier combinación de voz, datos, gráficos, video<br />
y audio en cualquier formato.<br />
6) Brecha digital: acceso diferenciado entre países, sectores y<br />
personas a las TICs, así como las diferencias en la habilidad para<br />
utilizar tales herramientas, en el uso actual que les dan y en el<br />
impacto que tienen sobre el desarrollo humano.<br />
7) Competencia efectiva: circunstancia en la que ningún operador<br />
de redes o proveedor de servicios de telecomunicaciones, o grupo de<br />
cualquiera de estos, puede fijar los precios o las condiciones de<br />
mercado unilateralmente, restringiendo el funcionamiento eficiente de<br />
este, en perjuicio de los usuarios.<br />
8) Convergencia: posibilidad de ofrecer a través de una misma red<br />
diversos servicios, simultáneos o no, de telecomunicaciones,<br />
información, radiodifusión o aplicaciones informáticas.<br />
9) Grupo económico: agrupación de sociedades que se manifiesta<br />
mediante una unidad de decisión, es decir, la reunión de todos los<br />
elementos de mando o dirección empresarial por medio de un centro de<br />
operaciones, y se exterioriza mediante dos movimientos básicos: el<br />
criterio de unidad de dirección, ya sea por subordinación o por<br />
colaboración entre empresas, o el criterio de dependencia económica<br />
de las sociedades que se agrupan, sin importar que la personalidad<br />
jurídica de las sociedades se vea afectada, o que su patrimonio sea<br />
objeto de transferencia.<br />
10) Instalación esencial: instalaciones de una red o un servicio de<br />
telecomunicaciones disponible al público que son exclusiva o<br />
predominantemente suministradas por un único o por un limitado número<br />
de operadores y proveedores; y que no resulta factible, económica o<br />
técnicamente, sustituirlas con el objeto de suministrar servicios.<br />
11) Interconexión: conexión física o lógica de redes públicas de<br />
telecomunicaciones utilizadas por un mismo operador o proveedor u<br />
otros distintos, de manera que sus usuarios puedan comunicarse con<br />
los usuarios de otros o sus propios usuarios, o acceder a los<br />
servicios prestados por otros operadores o proveedores.<br />
12) Operador: persona física o jurídica, pública o privada, que<br />
explota redes de telecomunicaciones con la debida concesión o<br />
autorización, las cuales podrán prestar o no servicios de<br />
telecomunicaciones disponibles al público en general.<br />
13) Orientación a costos: cálculo de los precios y las tarifas<br />
basados en los costos atribuibles a la prestación del servicio y de<br />
la infraestructura, los cuales deberán incluir una utilidad, en<br />
términos reales, no menor a la media de la industria nacional o<br />
internacional, en este último caso con mercados comparables.<br />
14) Plan nacional de atribución de frecuencias: plan que designa<br />
las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico según su uso,<br />
tomando en consideración las recomendaciones de la Unión<br />
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Comisión<br />
Interamericana de Telecomunicaciones (Citel). Su dictado corresponde<br />
al ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, en conjunto<br />
con el presidente de la República.<br />
15) Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones:<br />
instrumento de planificación y orientación general del sector<br />
telecomunicaciones, por medio del cual se definen las metas, los<br />
objetivos y las prioridades del sector. Su dictado corresponde al<br />
presidente de la República y al ministro de Ambiente, Energía y<br />
Telecomunicaciones, en coordinación con el Ministerio de<br />
Planificación Nacional y Política Económica.<br />
16) Proveedor: persona física o jurídica, pública o privada, que<br />
proporciona servicios de telecomunicaciones disponibles al público<br />
sobre una red de telecomunicaciones con la debida concesión o<br />
autorización, según corresponda.<br />
17) Operadores o proveedores importantes: operadores o proveedores<br />
que tienen la capacidad de afectar materialmente, teniendo en<br />
consideración los precios y la oferta, los términos de participación<br />
en los mercados relevantes, como resultado de controlar las<br />
instalaciones esenciales o hacer uso de su posición en el mercado.<br />
18) Recursos escasos: incluye el espectro radioeléctrico, los<br />
recursos de numeración, los derechos de vía, las canalizaciones, los<br />
ductos, las torres, los postes y las demás instalaciones requeridas<br />
para la operación de redes públicas de telecomunicaciones.<br />
19) Red de telecomunicaciones: sistemas de transmisión y demás<br />
recursos que permiten la transmisión de señales entre puntos de<br />
terminación definidos mediante cables, ondas hertzianas, medios<br />
ópticos u otros medios radioeléctricos, con inclusión de las redes<br />
satelitales, redes terrestres fijas (de conmutación de circuitos o de<br />
paquetes, incluida Internet) y móviles, sistemas de tendido<br />
eléctrico, utilizadas para la transmisión de señales, redes<br />
utilizadas para la radiodifusión sonora y televisiva y redes de<br />
televisión por cable, con independencia del tipo de información<br />
transportada.<br />
20) Red privada de telecomunicaciones: red de telecomunicaciones<br />
destinada a satisfacer necesidades propias de su titular, lo que<br />
excluye la prestación y explotación de estos servicios a terceros.<br />
21) Red pública de telecomunicaciones: red de telecomunicaciones<br />
que se utiliza, en su totalidad o principalmente, para la prestación<br />
de servicios de telecomunicaciones disponibles al público.<br />
22) Servicio universal: derecho al acceso a un servicio de<br />
telecomunicaciones disponible al público que se presta en cada<br />
domicilio, con una calidad determinada y a un precio razonable y<br />
asequible para todos los usuarios, con independencia de su<br />
localización geográfica y condición socioeconómica, de acuerdo con lo<br />
establecido en el Plan nacional de desarrollo de las<br />
telecomunicaciones.<br />
23) Servicios de telecomunicaciones: servicios que consisten, en su<br />
totalidad o principalmente, en el transporte de señales a través de<br />
redes de telecomunicaciones. Incluyen los servicios de<br />
telecomunicaciones que se prestan por las redes utilizadas para la<br />
radiodifusión sonora o televisiva.<br />
24) Servicios de telecomunicaciones disponibles al público:<br />
servicios que se ofrecen al público en general, a cambio de una<br />
contraprestación económica.<br />
25) Servicio de información: servicio que permite generar,<br />
adquirir, almacenar, recuperar, transformar, procesar, utilizar,<br />
diseminar o hacer disponible información, incluso la publicidad<br />
electrónica, a través de las telecomunicaciones. No incluye la<br />
operación de redes de telecomunicaciones o la prestación de un<br />
servicio de telecomunicaciones propiamente dicha.<br />
26) Sociedad de la información y el conocimiento: sociedad<br />
integrada por redes complejas de comunicaciones y conocimiento que<br />
conlleve la utilización masiva de herramientas electrónicas y<br />
digitales con fines de producción, intercambio y comunicación para<br />
desarrollar conocimiento.<br />
27) Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel): órgano de la<br />
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos encargado de regular,<br />
supervisar, aplicar, vigilar y controlar el ordenamiento jurídico de<br />
las telecomunicaciones.<br />
28) Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs):<br />
técnicas de trabajo y recursos tecnológicos que permiten ofrecer<br />
servicios con el apoyo del equipamiento informático y de las<br />
telecomunicaciones.<br />
29) Telecomunicaciones: toda transmisión, emisión y/o recepción de<br />
signos, señales, escritos, datos, imágenes, sonidos o información de<br />
cualquier naturaleza por hilo, conductores, ondas radioeléctricas,<br />
medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos.<br />
30) Usuario final: usuario que recibe un servicio de<br />
telecomunicaciones sin explotar redes públicas de telecomunicaciones<br />
y sin prestar servicios de telecomunicaciones disponibles al público.<br />
Los términos técnicos referidos en la presente Ley y los requeridos<br />
para su desarrollo, serán definidos por la Superintendencia de<br />
Telecomunicaciones (Sutel).<br />
CAPÍTULO II<br />
ESPECTRO RADIOELÉCTRICO<br />
ARTÍCULO 7.- Planificación, administración y control<br />
El espectro radioeléctrico es un bien de dominio público. Su<br />
planificación, administración y control se llevará a cabo según lo<br />
establecido en la Constitución Política, los tratados internacionales, la<br />
presente Ley, el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones, el<br />
Plan nacional de atribución de frecuencias y los demás reglamentos que al<br />
efecto se emitan.<br />
ARTÍCULO 8.- Objetivos de la planificación, la administración y el<br />
control<br />
Los objetivos de la planificación, la administración y el control del<br />
espectro radioeléctrico son los siguientes:<br />
a) Optimizar su uso de acuerdo con las necesidades y las<br />
posibilidades que ofrezca la tecnología.<br />
b) Garantizar una asignación justa, equitativa, independiente,<br />
transparente y no discriminatoria.<br />
c) Asegurar que la explotación de las frecuencias se realice de<br />
manera eficiente y sin perturbaciones producidas por interferencias<br />
perjudiciales.<br />
ARTÍCULO 9.- Clasificación del espectro radioeléctrico<br />
Por su uso, las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico se<br />
clasifican como sigue:<br />
a) Uso comercial. Comprende la utilización de bandas de<br />
frecuencias para la operación de redes públicas y la prestación de<br />
servicios de telecomunicaciones disponibles al público, a cambio de<br />
una contraprestación económica.<br />
b) Uso no comercial. Consiste en la utilización de bandas de<br />
frecuencias para operaciones de carácter temporal, experimental,<br />
científico, servicios de radiocomunicación privada, banda ciudadana,<br />
de radioaficionados o redes de telemetría de instituciones públicas.<br />
c) Uso oficial. Corresponde a las bandas de frecuencias necesarias<br />
para establecer las comunicaciones de las instituciones del Estado,<br />
las cuales implican un uso exclusivo y no comercial.<br />
d) Uso para seguridad, socorro y emergencia. Corresponde a las<br />
bandas de frecuencias atribuidas para radionavegación, seguridad<br />
aeronáutica, marítima y otros servicios de ayuda.<br />
e) Uso libre. Corresponde a las bandas de frecuencias así<br />
asignadas en el Plan nacional de atribución de frecuencias. Estas<br />
bandas no requerirán concesión, autorización o permiso y estarán<br />
sujetas a las características técnicas establecidas<br />
reglamentariamente.<br />
ARTÍCULO 10.- Definición de competencias<br />
Corresponde al Poder Ejecutivo dictar el Plan nacional de atribución<br />
de frecuencias. En dicho Plan se designarán los usos específicos que se<br />
atribuyen a cada una de las bandas del espectro radioeléctrico, para ello<br />
se tomarán en consideración las recomendaciones de la Unión Internacional<br />
de Telecomunicaciones (UIT) y de la Comisión Interamericana de<br />
Telecomunicaciones (Citel). Además, se definirán los casos en que las<br />
frecuencias no requieren asignación exclusiva, para lo cual se tomarán en<br />
consideración los siguientes criterios: disponibilidad de la frecuencia,<br />
tiempo de utilización, potencia de los equipos, tecnología aplicable, ancho<br />
de banda, modulación de la portadora de frecuencia y zona geográfica.<br />
El Poder Ejecutivo podrá modificar el Plan nacional de atribución de<br />
frecuencias por razones de conveniencia y oportunidad.<br />
El Poder Ejecutivo asignará, reasignará o rescatará las frecuencias<br />
del espectro radioeléctrico, de acuerdo con lo establecido en el Plan<br />
nacional de atribución de frecuencias, de manera objetiva, oportuna,<br />
transparente y no discriminatoria, de conformidad con la Constitución<br />
Política y lo dispuesto en esta Ley.<br />
A la Sutel le corresponderá la comprobación técnica de las emisiones<br />
radioeléctricas, así como la inspección, detección, identificación y<br />
eliminación de las interferencias perjudiciales.<br />
CAPÍTULO III<br />
TÍTULOS HABILITANTES<br />
SECCIÓN I<br />
LAS CONCESIONES<br />
ARTÍCULO 11.- Concesiones<br />
Se otorgará concesión para el uso y la explotación de las frecuencias<br />
del espectro radioeléctrico que se requieran para la operación y<br />
explotación de redes de telecomunicaciones. Dicha concesión habilitará a<br />
su titular para la operación y explotación de la red. Cuando se trate de<br />
redes públicas de telecomunicaciones, la concesión habilitará a su titular<br />
para la prestación de todo tipo de servicio de telecomunicaciones<br />
disponibles al público. La concesión se otorgará para un área de cobertura<br />
determinada, regional o nacional, de tal manera que se garantice la<br />
utilización eficiente del espectro radioeléctrico.<br />
ARTÍCULO 12.- Procedimiento concursal<br />
Las concesiones de frecuencias para la operación y explotación de redes<br />
públicas de telecomunicaciones, serán otorgadas por el Poder Ejecutivo por<br />
medio del procedimiento de concurso público, de conformidad con la Ley de<br />
contratación administrativa y su reglamento. La Sutel instruirá el<br />
procedimiento, previa realización de los estudios necesarios, para<br />
determinar la necesidad y factibilidad del otorgamiento de las concesiones,<br />
de conformidad con el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones<br />
y las políticas sectoriales.<br />
ARTÍCULO 13.- Cartel del concurso<br />
El cartel del concurso deberá establecer, como mínimo, lo siguiente:<br />
a) La fecha, la hora y el lugar de presentación de las ofertas, así<br />
como los requisitos que habrán de cumplir los oferentes y demás<br />
antecedentes que deberán entregarse.<br />
b) Las bandas de frecuencias objeto de concesión, sus modalidades<br />
de uso y zona de cobertura.<br />
c) Las obligaciones de acceso y servicio universal, cuando<br />
corresponda.<br />
d) Los plazos para consultas y aclaraciones al cartel.<br />
e) Los requisitos financieros, técnicos y legales que se valorarán<br />
en la calificación de las ofertas y la metodología que se empleará.<br />
f) El período de vigencia de la concesión.<br />
g) Las condiciones y el calendario de pago de la contraprestación,<br />
cuando corresponda.<br />
h) Las multas y sanciones por incumplimiento del contrato de<br />
concesión.<br />
i) El proyecto de contrato que se suscribirá con el concesionario.<br />
ARTÍCULO 14.- Objeción al cartel<br />
Podrá interponerse recurso de objeción contra el cartel, dentro del<br />
primer tercio del plazo para presentar ofertas. El recurso, debidamente<br />
fundado, se presentará ante la Contraloría General de la República.<br />
Todo oferente potencial, o su representante, podrán interponer el<br />
recurso de objeción al cartel cuando considere que se ha incurrido en<br />
vicios de procedimientos o en alguna violación de los principios<br />
fundamentales de la contratación administrativa, se han omitido<br />
especificaciones técnicas, o se ha quebrantado, de alguna manera, el<br />
ordenamiento regulador de la materia.<br />
El recurso de objeción deberá resolverse dentro de los diez días<br />
hábiles siguientes a su presentación.<br />
Quien pueda recurrir y no lo haga o no alegue las violaciones o los<br />
quebrantos a los que tiene derecho, no podrá utilizar estos argumentos en<br />
el recurso que se interponga en contra del acto de adjudicación.<br />
ARTÍCULO 15.- Presentación de ofertas<br />
Las ofertas se presentarán ante la Sutel, conforme a los términos<br />
establecidos en el cartel. La presentación de la oferta implica el<br />
sometimiento pleno del oferente, tanto al ordenamiento jurídico<br />
costarricense como a las reglas generales y particulares del concurso.<br />
ARTÍCULO 16.- Selección del concesionario y adjudicación<br />
El concesionario será seleccionado de entre las ofertas presentadas,<br />
conforme a las reglas del cartel y según el sistema establecido en las<br />
bases del concurso.<br />
Las ofertas elegibles serán evaluadas por la Sutel, a la que le<br />
corresponderá recomendar al Poder Ejecutivo si la adjudicación procede o<br />
no.<br />
El Poder Ejecutivo podrá desestimar todas las ofertas cuando considere<br />
que estas no se ajustan al cartel, a los objetivos y las metas definidos en<br />
el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones, a lo dispuesto en<br />
el Plan nacional de atribución de frecuencias o a los acuerdos, tratados y<br />
convenios internacionales de telecomunicaciones ratificados por Costa Rica.<br />
El acuerdo de adjudicación deberá ser publicado en el diario oficial La<br />
Gaceta en un plazo de diez (10) días hábiles.<br />
ARTÍCULO 17.- Apelación de la adjudicación<br />
Contra el acto de adjudicación podrá interponerse recurso de apelación,<br />
dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación del acuerdo en<br />
el diario oficial La Gaceta. El recurso, debidamente fundamentado, se<br />
presentará ante la Contraloría General de la República.<br />
Podrá interponer el recurso cualquier parte que ostente un interés<br />
legítimo, actual, propio y directo. Igualmente, estará legitimado para<br />
apelar quien haya presentado oferta, bajo cualquier título de<br />
representación, a nombre de tercero.<br />
El recurso de apelación deberá resolverse dentro de los cuarenta días<br />
hábiles siguientes al auto inicial de traslado. Este plazo podrá<br />
prorrogarse mediante resolución motivada hasta por otros veinte días<br />
hábiles, en casos muy calificados, cuando se necesite recabar prueba<br />
pericial especialmente importante para resolver el recurso, y que por la<br />
complejidad no pueda ser rendida dentro del plazo normal de resolución.<br />
La readjudicación también podrá ser recurrida cuando las causas de la<br />
inconformidad hayan surgido del motivo que fundamentó el acto de<br />
adjudicación.<br />
La resolución final o el auto que ponga término al recurso, dará por<br />
agotada la vía administrativa. Dentro de los tres días hábiles posteriores<br />
a la comunicación, el interesado podrá impugnar el acto final sin efectos<br />
suspensivos, de conformidad con lo dispuesto en la legislación contencioso-<br />
administrativa vigente.<br />
Si la contratación cuya adjudicación se impugna ha sido ejecutada o se<br />
encuentra en curso de ejecución, la sentencia favorable al accionante solo<br />
podrá reconocer los daños y perjuicios causados.<br />
ARTÍCULO 18.- Contrato de concesión<br />
Firme el acto de adjudicación, el Poder Ejecutivo suscribirá con el<br />
concesionario el respectivo contrato, el cual deberá especificar las<br />
condiciones y obligaciones que dicho concesionario deberá cumplir, de<br />
conformidad con esta Ley, sus reglamentos, las bases de la convocatoria, la<br />
oferta y el acto de adjudicación. El contrato deberá ser refrendado por la<br />
Contraloría General de la República.<br />
ARTÍCULO 19.- Concesión directa<br />
Cuando se trate de frecuencias requeridas para la operación de redes<br />
privadas y de las que no requieran asignación exclusiva para su óptima<br />
utilización, las concesiones serán otorgadas por el Poder Ejecutivo en<br />
forma directa, según el orden de recibo de la solicitud que presente el<br />
interesado. La Sutel instruirá el procedimiento de otorgamiento de la<br />
concesión.<br />
ARTÍCULO 20.- Cesión<br />
Las concesiones pueden ser cedidas con la autorización previa del Poder<br />
Ejecutivo. Al Consejo le corresponde recomendar al Poder Ejecutivo si la<br />
cesión procede o no.<br />
Para aprobar la cesión se deberán constatar como mínimo los siguientes<br />
requisitos:<br />
a) Que el cesionario reúne los mismos requisitos del cedente.<br />
b) Que el cesionario se compromete a cumplir las mismas<br />
obligaciones adquiridas por el cedente.<br />
c) Que el cedente haya explotado la concesión por al menos dos años<br />
y haya cumplido las obligaciones y demás condiciones fijadas para tal<br />
efecto en el contrato de concesión.<br />
d) Que la cesión no afecte la competencia efectiva en el mercado.<br />
Autorizada la cesión, deberá suscribirse el respectivo contrato con<br />
el nuevo concesionario.<br />
ARTÍCULO 21.- Reasignación de frecuencias<br />
Procede la reasignación de bandas de frecuencias del espectro<br />
radioeléctrico cuando:<br />
a) Lo exijan razones de interés público o utilidad pública.<br />
b) Lo exijan razones de eficiencia en el uso del espectro<br />
radioeléctrico.<br />
c) Se requiera para poner en práctica nuevas tecnologías.<br />
d) Sea necesario para resolver problemas de interferencia.<br />
e) Exista una concentración de frecuencias que afecte la<br />
competencia efectiva.<br />
f) Sea necesario para cumplir tratados internacionales suscritos<br />
por el país.<br />
Corresponde al Poder Ejecutivo, previa recomendación del Consejo,<br />
acordar la reasignación de bandas de frecuencias del espectro<br />
radioeléctrico, para ello se deberán tomar en cuenta los derechos de los<br />
titulares y la continuidad en la operación de redes o la prestación de los<br />
servicios.<br />
La reasignación dará lugar a una indemnización únicamente cuando se<br />
impida al adjudicatario la operación de las redes o la prestación de los<br />
servicios en los términos indicados en la concesión correspondiente, o<br />
bien, cuando dicha reasignación sea la única causa que obligue a sustituir<br />
o renovar equipos.<br />
ARTÍCULO 22.- Revocación y extinción de las concesiones, las<br />
autorizaciones y los permisos<br />
Para efectos de esta Ley, son causales de resolución y extinción del<br />
contrato de concesión las siguientes:<br />
1) La resolución del contrato de concesión procede por las<br />
siguientes causas:<br />
a) Cuando el concesionario no haya utilizado las frecuencias<br />
para el fin solicitado luego de un año de haber sido asignadas o<br />
de haberse concedido la prórroga. Este plazo podrá ser<br />
prorrogado por el Poder Ejecutivo, previa recomendación del<br />
Consejo, a solicitud de parte y por motivos debidamente<br />
justificados.<br />
b) Incumplimiento de las obligaciones y condiciones<br />
establecidas en esta Ley, los reglamentos que al efecto se dicten<br />
o las impuestas en el contrato de concesión, excepto si se<br />
comprueba caso fortuito o fuerza mayor.<br />
c) Incumplimiento en el pago de la contribución al Fondo<br />
Nacional de Telecomunicaciones y de las obligaciones impuestas de<br />
acceso, servicio universal y solidaridad.<br />
d) El atraso de al menos tres meses en el pago de las tasas y<br />
cánones establecidos en la presente Ley.<br />
e) No cooperar con las autoridades públicas en los casos a que<br />
se refiere el artículo 5 de esta Ley.<br />
f) La reincidencia de infracciones muy graves, de conformidad<br />
con el artículo 67 de esta Ley, durante el plazo de vigencia del<br />
título habilitante.<br />
La declaratoria de resolución del contrato estará precedida de un<br />
proceso administrativo que respetará las reglas del debido proceso.<br />
El titular de la concesión cuya resolución haya sido declarada por<br />
incumplimiento grave de sus obligaciones, estará imposibilitado para<br />
mantener nuevas concesiones de las previstas en esta Ley, por un<br />
plazo mínimo de tres años y máximo de cinco años, contado a partir de<br />
firmeza de la resolución.<br />
2) Las concesiones, las autorizaciones y los permisos se extinguen<br />
por las siguientes causales:<br />
a) El vencimiento del plazo pactado.<br />
b) La imposibilidad de cumplimiento como consecuencia de<br />
medidas adoptadas por los Poderes del Estado.<br />
c) El rescate por causa de interés público.<br />
d) El acuerdo mutuo de la administración concedente y el<br />
concesionario. Este acuerdo deberá estar razonado debidamente<br />
tomando en consideración el interés público.<br />
e) La disolución de la persona jurídica concesionaria.<br />
Cuando la extinción se produzca por causas ajenas al<br />
concesionario, quedará a salvo su derecho de percibir las<br />
indemnizaciones que correspondan según esta Ley y el contrato de<br />
concesión.<br />
SECCIÓN II<br />
AUTORIZACIONES<br />
ARTÍCULO 23.- Autorizaciones<br />
Requerirán autorización las personas físicas o jurídicas que:<br />
a) Operen y exploten redes públicas de telecomunicaciones que no<br />
requieran uso del espectro radioeléctrico.<br />
b) Presten servicios de telecomunicaciones disponibles al público<br />
por medio de redes públicas de telecomunicaciones que no se<br />
encuentren bajo su operación o explotación. El titular de la red<br />
pública que se utilice para este fin, deberá tener la concesión o<br />
autorización correspondiente.<br />
c) Operen redes privadas de telecomunicaciones que no requieran uso<br />
del espectro radioeléctrico.<br />
La autorización será otorgada por la Sutel previa solicitud del<br />
interesado; un extracto de esa solicitud deberá ser publicado en el diario<br />
oficial La Gaceta y en un periódico de circulación nacional. De no<br />
presentarse ninguna objeción en un plazo de diez días hábiles, contado<br />
desde la última publicación, la Sutel deberá resolver acerca de la<br />
solicitud en un plazo máximo de dos meses, para ello deberá tener en<br />
consideración los principios de transparencia y no discriminación. En la<br />
resolución correspondiente, la Sutel fijará al solicitante las condiciones<br />
de la autorización. Mediante resolución razonada, la Sutel podrá denegar<br />
la autorización solicitada cuando se determine que esta no se ajusta a los<br />
objetivos y las metas definidos en el Plan nacional de desarrollo de las<br />
telecomunicaciones.<br />
ARTÍCULO 24.- Plazos y prórroga<br />
El plazo y la prórroga de las concesiones y autorizaciones se regirá<br />
de la siguiente manera:<br />
a) Las concesiones de frecuencias para la operación y explotación de<br />
redes públicas de telecomunicaciones se otorgarán por un período<br />
máximo de quince años, prorrogable a solicitud de parte, hasta por un<br />
período que sumado con el inicial y el de las prórrogas anteriores no<br />
exceda veinticinco años. La solicitud de prórroga deberá ser<br />
presentada por lo menos dieciocho meses antes de su expiración.<br />
b) Las autorizaciones se otorgarán por un período máximo de diez<br />
años, prorrogable a solicitud de parte, por períodos de cinco años,<br />
hasta un máximo de tres prórrogas. La solicitud de prórroga deberá<br />
ser presentada por lo menos seis meses antes de su expiración.<br />
ARTÍCULO 25.- Extinción, caducidad y revocación de las autorizaciones<br />
Para los efectos de esta Ley, son causales de extinción, caducidad y<br />
revocación de las autorizaciones las siguientes:<br />
a) Las autorizaciones se extinguirán por las siguientes causas:<br />
1) Vencimiento del plazo y sus prórrogas.<br />
2) Renuncia expresa.<br />
b) Las autorizaciones caducarán por las siguientes razones:<br />
1) No haber iniciado la operación y explotación de las redes o<br />
la prestación de los servicios luego de un año de haber obtenido<br />
la autorización o de haberse concedido la prórroga. Este plazo<br />
podrá ser prorrogado por la autoridad competente a solicitud de<br />
parte y por motivos justificados debidamente.<br />
2) No haber cumplido las obligaciones y condiciones<br />
establecidas en esta Ley y los reglamentos que al efecto se<br />
dicten, o las impuestas en la autorización, excepto si se<br />
comprueba caso fortuito o fuerza mayor.<br />
3) Negarse a contribuir al Fondo Nacional de<br />
Telecomunicaciones (Fonatel), así como el incumplimiento grave y<br />
reiterado de las obligaciones de acceso, servicio universal y<br />
solidaridad que le hayan sido impuestas.<br />
4) El atraso de al menos tres meses en el pago de la<br />
contribución a Fonatel, así como de las tasas y los cánones<br />
establecidos en la presente Ley.<br />
5) No acatar las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo en<br />
los casos de emergencia declarada, a que se refiere el artículo 5<br />
de esta Ley.<br />
6) Las demás que señale esta Ley.<br />
c) Las autorizaciones se revocarán por razones de oportunidad,<br />
conveniencia o mérito, según la Ley general de la Administración<br />
Pública.<br />
El procedimiento para declarar la caducidad será el procedimiento<br />
ordinario establecido en el libro II de la Ley general de la Administración<br />
Pública, N.° 6227, de 2 de mayo de 1978, y sus reformas.<br />
El titular de la autorización cuya caducidad haya sido declarada,<br />
estará imposibilitado para obtener nuevas autorizaciones de las previstas<br />
en esta Ley, por un plazo de cinco años, contado a partir de la firmeza de<br />
la resolución.<br />
SECCIÓN III<br />
PERMISOS<br />
ARTÍCULO 26.- Permisos<br />
Para el uso de las bandas de frecuencias a que se refieren los incisos<br />
b), c) y d) del artículo 9 de esta Ley, se requerirá un permiso, el cual<br />
será otorgado por el Poder Ejecutivo previa recomendación de la Sutel y el<br />
cumplimiento de los requisitos que se definan reglamentariamente.<br />
La vigencia de los permisos será de cinco años, renovable por<br />
períodos iguales a solicitud del interesado.<br />
Los permisos para fines científicos o experimentales se otorgarán por<br />
una sola vez, por un plazo máximo de cinco años.<br />
Para los efectos de esta Ley, son causales de extinción, caducidad y<br />
revocación de los permisos, las señaladas en el artículo 25 de esta Ley, en<br />
lo que sean aplicables.<br />
SECCIÓN IV<br />
DISPOSICIONES ESPECIALES<br />
ARTÍCULO 27.- Prestación de otros servicios<br />
Los operadores de redes públicas y los proveedores de servicios<br />
disponibles al público, deberán informar a la Sutel acerca de los servicios<br />
que brinden. La Sutel hará constar esta información en el Registro<br />
Nacional de Telecomunicaciones.<br />
Dichos operadores y proveedores podrán ampliar la oferta de servicios<br />
que prestan, informando previamente a la Sutel. Presentado el informe,<br />
podrán iniciar con la prestación de los nuevos servicios. La Sutel podrá<br />
requerir, dentro de los quince días hábiles siguientes a la presentación,<br />
la información adicional o las aclaraciones que resulten necesarias, así<br />
como los ajustes que considere necesarios, a fin de que la prestación de<br />
los nuevos servicios se ajuste a lo previsto en esta Ley, a la concesión o<br />
autorización otorgada y al Plan nacional de desarrollo de las<br />
telecomunicaciones.<br />
El incumplimiento de la obligación de informar a la Sutel implicará una<br />
sanción administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65<br />
sobre la potestad sancionatoria y el artículo 70 sobre los criterios para<br />
la aplicación de las sanciones, ambos de la presente Ley.<br />
ARTÍCULO 28.- Servicio telefónico básico tradicional<br />
Por medio de los procedimientos previstos en este título, no podrán<br />
otorgarse concesiones o autorizaciones relacionadas con la operación de<br />
redes públicas de telecomunicaciones asociadas únicamente con la prestación<br />
del servicio telefónico básico tradicional. En este caso se requerirá la<br />
concesión especial legislativa a que se refiere el inciso 14) del artículo<br />
121 de la Constitución Política. No obstante, dichas redes y el servicio<br />
telefónico básico tradicional estarán sometidas a esta Ley y a la<br />
competencia de la Sutel para efectos de regulación.<br />
ARTÍCULO 29.- Servicios de radiodifusión y televisión<br />
El aprovechamiento de la radiodifusión sonora y televisiva, por sus<br />
aspectos informativos, culturales y recreativos, constituye una actividad<br />
privada de interés público. El otorgamiento de concesiones y la prestación<br />
de los servicios de radiodifusión y televisión continuarán rigiéndose por<br />
lo dispuesto en la Ley de radio, N.º 1758, de 19 de junio de 1954, sus<br />
reformas y su Reglamento. A la Sutel le corresponderá realizar las<br />
actividades y los estudios necesarios para preparar el concurso de la<br />
concesión y recomendarle al Poder Ejecutivo el otorgamiento o no de estas<br />
concesiones.<br />
Los servicios de radiodifusión sonora o televisiva definidos en el<br />
presente artículo, son los de acceso libre; estos se entienden como<br />
servicios de radiodifusión sonora o televisión convencional, de<br />
programación comercial, educativa o cultural, que pueden ser recibidos<br />
libremente por el público, en general, sin pago de derechos de suscripción,<br />
y sus señales se transmiten en un solo sentido a varios puntos de recepción<br />
simultánea.<br />
Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, las redes que sirvan<br />
de soporte a los servicios de radiodifusión y televisión, quedan sujetas a<br />
la presente Ley en lo dispuesto en materia de planificación, administración<br />
y control del espectro radioeléctrico, acceso e interconexión y al régimen<br />
sectorial de competencia previsto en esta Ley.<br />
Cuando los proveedores de servicios de radiodifusión y televisión se<br />
encuentren habilitados tecnológicamente para prestar servicios de<br />
telecomunicaciones por medio de sus redes, deberán sujetarse a las<br />
regulaciones previstas en la presente Ley. Para prestar servicios de<br />
telecomunicaciones deberán contar con el respectivo título habilitante y<br />
cumplir los requisitos legales y administrativos que para ello se requiera.<br />
ARTÍCULO 30.- Sistemas satelitales<br />
La operación de sistemas satelitales, así como la asignación y<br />
explotación de posiciones orbitales asignadas al país, estará sometida a la<br />
Constitución Política, el Derecho internacional y lo dispuesto en esta Ley.<br />
Todos los operadores de sistemas satelitales que, por medio de un<br />
enlace permanente, transmitan o reciban señales radioeléctricas hacia el<br />
territorio nacional o desde él, para la explotación comercial o reventa de<br />
servicios, deberán cumplir las obligaciones que defina la respectiva<br />
concesión, así como los siguientes requisitos:<br />
a) Conformar sus transmisiones a los estándares especificados por<br />
la UIT para las frecuencias de uso satelital.<br />
b) Contar con los derechos internacionales de uso de posiciones<br />
orbitales.<br />
c) Registrar sus equipos transmisores, según lo que se establezca<br />
reglamentariamente.<br />
TÍTULO II<br />
RÉGIMEN DE GARANTÍAS FUNDAMENTALES<br />
CAPÍTULO I<br />
ACCESO UNIVERSAL, SERVICIO UNIVERSAL Y SOLIDARIDAD<br />
DE LAS TELECOMUNICACIONES<br />
ARTÍCULO 31.- Servicio, acceso universal y solidaridad<br />
El presente capítulo establece los mecanismos de financiamiento,<br />
asignación, administración y control de los recursos destinados al<br />
cumplimiento de los objetivos de acceso universal, servicio universal y<br />
solidaridad. A la Sutel, le corresponde garantizar que los operadores y<br />
proveedores cumplan lo establecido en este capítulo y lo que<br />
reglamentariamente se establezca.<br />
ARTÍCULO 32.- Objetivos del acceso universal, servicio universal y<br />
solidaridad<br />
Los objetivos fundamentales del régimen de acceso universal, servicio<br />
universal y solidaridad son los siguientes:<br />
a) Promover el acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad,<br />
de manera oportuna, eficiente y a precios asequibles y competitivos,<br />
a los habitantes de las zonas del país donde el costo de las<br />
inversiones para la instalación y el mantenimiento de la<br />
infraestructura hace que el suministro de estos servicios no sea<br />
financieramente rentable.<br />
b) Promover el acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad,<br />
de manera oportuna, eficiente y a precios asequibles y competitivos,<br />
a los habitantes del país que no tengan recursos suficientes para<br />
acceder a ellos.<br />
c) Dotar de servicios de telecomunicaciones de calidad, de manera<br />
oportuna, eficiente y a precios asequibles y competitivos, a las<br />
instituciones y personas con necesidades sociales especiales, tales<br />
como albergues de menores, adultos mayores, personas con<br />
discapacidad, población indígena, escuelas y colegios públicos, así<br />
como centros de salud públicos.<br />
d) Reducir la brecha digital, garantizar mayor igualdad de<br />
oportunidades, así como el disfrute de los beneficios de la sociedad<br />
de la información y el conocimiento por medio del fomento de la<br />
conectividad, el desarrollo de infraestructura y la disponibilidad de<br />
dispositivos de acceso y servicios de banda ancha.<br />
ARTÍCULO 33.- Desarrollo de objetivos de acceso universal, servicio<br />
universal y solidaridad<br />
Corresponde al Poder Ejecutivo, por medio del Plan nacional de<br />
desarrollo de las telecomunicaciones, definir las metas y las prioridades<br />
necesarias para el cumplimiento de los objetivos de acceso universal,<br />
servicio universal y solidaridad establecidos en el artículo anterior. Con<br />
este fin, dicho Plan deberá contener una agenda digital, como un elemento<br />
estratégico para la generación de oportunidades, el aumento de la<br />
competitividad nacional y el disfrute de los beneficios de la sociedad de<br />
la información y el conocimiento, que a su vez contenga una agenda de<br />
solidaridad digital que garantice estos beneficios a las poblaciones<br />
vulnerables y disminuya la brecha digital.<br />
La Sutel establecerá las obligaciones; y también definirá y ejecutará<br />
los proyectos referidos en el artículo 36 de esta Ley, de acuerdo con las<br />
metas y prioridades definidas en el Plan nacional de desarrollo de las<br />
telecomunicaciones.<br />
ARTÍCULO 34.- Creación del Fondo Nacional de Telecomunicaciones<br />
Créase el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), como<br />
instrumento de administración de los recursos destinados a financiar el<br />
cumplimiento de los objetivos de acceso universal, servicio universal y<br />
solidaridad establecidos en esta Ley, así como de las metas y prioridades<br />
definidas en el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones.<br />
ARTÍCULO 35.- Administración de Fonatel<br />
Corresponde a la Sutel la administración de los recursos de Fonatel.<br />
Dicha administración deberá hacerse de conformidad con esta Ley, el Plan<br />
nacional de desarrollo de las telecomunicaciones y los reglamentos que al<br />
efecto se dicten.<br />
Se autoriza a la Sutel para que administre los recursos financieros del<br />
Fondo, mediante la constitución de los fideicomisos que le sean necesarios<br />
para el cumplimiento de sus fines.<br />
Los contratos de fideicomiso deberán suscribirse con bancos públicos<br />
del Sistema Bancario Nacional, seleccionados de acuerdo con la mejor oferta<br />
entre las recibidas, a partir de la invitación que se realice.<br />
El fiduciario deberá observar las obligaciones que le imponen las<br />
disposiciones legales vigentes, así como las que se derivan del contrato de<br />
fideicomiso que se suscriba. Los recursos que se administren en los<br />
fideicomisos, deberán invertirse en las mejores condiciones de bajo riesgo<br />
y alta liquidez. Los fideicomisos y su administración serán objeto de<br />
control por parte de la Contraloría General de la República.<br />
Se declaran de interés público, las operaciones realizadas mediante los<br />
fideicomisos establecidos en la presente Ley; por lo tanto, tendrán<br />
exención tributaria, arancelaria y de sobretasas para todas las<br />
adquisiciones o venta de bienes y servicios, así como las inversiones que<br />
haga y las rentas que obtenga para el cumplimiento de sus fines.<br />
Los fideicomisos se financiarán con los recursos establecidos en el<br />
artículo 38 de esta Ley.<br />
ARTÍCULO 36.- Formas de asignación<br />
Los recursos de Fonatel serán asignados por la Sutel de acuerdo con el<br />
Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones, para financiar:<br />
a) Las obligaciones de acceso y servicio universal que se impongan<br />
a los operadores y proveedores en sus respectivos títulos<br />
habilitantes.<br />
Serán financiadas por Fonatel, las obligaciones que impliquen un<br />
déficit o la existencia de una desventaja competitiva para el<br />
operador o proveedor, según lo dispone el artículo 38 de esta Ley.<br />
La metodología para determinar dicho déficit, así como para<br />
establecer los cálculos correspondientes y las demás condiciones se<br />
desarrollará reglamentariamente. En cada caso, se indicará al<br />
operador o proveedor las obligaciones que serán financiadas por<br />
Fonatel.<br />
b) Los proyectos de acceso y servicio universal según la siguiente<br />
metodología: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de<br />
esta Ley, la Sutel publicará, anualmente, un listado de los proyectos<br />
de acceso universal, servicio universal y solidaridad por desarrollar<br />
con cargo a Fonatel. El anuncio especificará, para cada proyecto,<br />
las localidades beneficiadas, la calidad mínima del servicio<br />
requerido, el régimen aplicable de tarifas, el período asignado, la<br />
subvención máxima, la fecha estimada de iniciación del servicio, el<br />
plazo de ejecución del proyecto y cualquier otra condición necesaria<br />
que se requiera en el cartel. Estos proyectos serán adjudicados por<br />
medio de un concurso público que llevará a cabo la Sutel. El<br />
operador o proveedor seleccionado será el que cumpla todas las<br />
condiciones establecidas y requiera la subvención más baja para el<br />
desarrollo del proyecto. El procedimiento establecido se realizará<br />
de conformidad con la Ley N.º 7494, Contratación administrativa, de 2<br />
de mayo de 1995, y sus reformas, y lo que reglamentariamente se<br />
establezca.<br />
ARTÍCULO 37.- Ejecución de los fondos de Fonatel<br />
Los operadores o proveedores que ejecuten recursos de Fonatel, deberán<br />
mantener un sistema de contabilidad de costos separada, de conformidad con<br />
lo que se establezca reglamentariamente, el cual deberá ser auditado,<br />
anualmente, por una firma de contadores públicos autorizados, debidamente<br />
acreditada ante la Sutel. Los costos de esta auditoría deberán ser<br />
cancelados por el operador o proveedor auditado.<br />
La Sutel, mediante resolución fundada, podrá disminuir o eliminar el<br />
financiamiento a los ejecutores cuando concurran algunas de las siguientes<br />
situaciones:<br />
a) Se modifiquen o desaparezcan las condiciones que dieron origen a<br />
la subvención, de manera que la prestación del servicio de que se<br />
trate no implique un déficit o la existencia de una desventaja<br />
competitiva para el operador o proveedor.<br />
b) El operador o proveedor a quien se asignan los recursos incumpla<br />
sus obligaciones.<br />
c) Por razones de interés público, caso fortuito o fuerza mayor.<br />
En los casos en que proceda, la Sutel deberá indemnizar al operador o<br />
proveedor los daños y perjuicios.<br />
ARTÍCULO 38.- Financiamiento del Fondo Nacional de Telecomunicaciones<br />
(Fonatel)<br />
Fonatel será financiado con recursos de las siguientes fuentes:<br />
a) Los recursos provenientes del otorgamiento de las concesiones,<br />
cuando corresponda.<br />
b) Las transferencias y donaciones que instituciones públicas o<br />
privadas realicen a favor de Fonatel.<br />
c) Las multas y los intereses por mora que imponga la Sutel.<br />
d) Los recursos financieros que generen los recursos propios de<br />
Fonatel.<br />
e) Una contribución especial parafiscal que recaerá sobre los<br />
ingresos brutos devengados por los operadores de redes públicas de<br />
telecomunicaciones y los proveedores de servicios de<br />
telecomunicaciones disponibles al público, la cual será fijada,<br />
anualmente, por la Sutel de conformidad con el siguiente artículo.<br />
Los recursos de Fonatel no podrán ser utilizados para otro fin que no<br />
sea para lo establecido en el Plan nacional de desarrollo de las<br />
telecomunicaciones, en el cumplimiento de los objetivos de acceso<br />
universal, servicio universal y solidaridad, definidos en el artículo 32 de<br />
esta Ley, y deberán asignarse íntegramente cada año. No obstante, los<br />
costos de administración de Fonatel serán cubiertos con los recursos del<br />
Fondo, para lo cual no se podrá destinar una suma mayor a un uno por ciento<br />
(1%) del total de los recursos.<br />
Se declaran de interés público las operaciones de Fonatel; por lo<br />
tanto, tendrá exención tributaria, arancelaria y de sobretasas para todas<br />
las adquisiciones o venta de bienes y servicios, así como las inversiones<br />
que haga y las rentas que obtenga para el cumplimiento de sus fines.<br />
La administración de los recursos del Fondo estará sometida a la<br />
fiscalización de la Contraloría General de la República, sin perjuicio de<br />
los mecanismos de control interno que se dispongan legal y<br />
reglamentariamente.<br />
ARTÍCULO 39.- Contribución especial parafiscal de operadores y<br />
proveedores de telecomunicaciones a Fonatel<br />
Los objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad,<br />
referidos en el artículo 32 de esta Ley, recibirán el soporte financiero de<br />
la contribución de los operadores de redes públicas de telecomunicaciones y<br />
los proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al público.<br />
Esta contribución parafiscal se justifica en el beneficio individualizable<br />
que para los operadores y proveedores citados representa la maximización<br />
del uso de las redes de telecomunicaciones y el incremento de los usuarios<br />
de servicios de comunicaciones impulsados por la ejecución de los proyectos<br />
de acceso, servicio universal y solidaridad. Estos proyectos representan<br />
actividades inherentes al Estado, de conformidad con lo dispuesto en esta<br />
Ley.<br />
La administración tributaria de esta contribución especial parafiscal<br />
será la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, por lo<br />
que para esta contribución resulta aplicable el título III, Hechos ilícitos<br />
tributarios, del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.<br />
Los contribuyentes de esta contribución son los operadores de redes<br />
públicas de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de<br />
telecomunicaciones disponibles al público, que realizan el hecho generador<br />
de esta contribución al desarrollar las actividades ya mencionadas y<br />
recibir el beneficio individualizable de la actividad estatal.<br />
La contribución será determinada por el contribuyente por medio de una<br />
declaración jurada, que corresponde a un período fiscal año calendario. El<br />
plazo para presentar la declaración vence dos meses y quince días naturales<br />
posteriores al cierre del respectivo período fiscal. El pago de la<br />
contribución se distribuirá en cuatro tractos equivalentes, pagaderos al<br />
día quince de los meses de marzo, junio, setiembre y diciembre del año<br />
posterior al cierre del período fiscal que corresponda.<br />
La base imponible de esta contribución corresponde a los ingresos<br />
brutos obtenidos, directamente, por la operación de redes públicas de<br />
telecomunicaciones o por proveer servicios de telecomunicaciones<br />
disponibles al público.<br />
La tarifa será fijada por la Sutel a más tardar el 30 de noviembre del<br />
período fiscal respectivo. Dicha tarifa podrá ser fijada dentro de una<br />
banda con un mínimo de un uno coma cinco por ciento (1,5%) y un máximo de<br />
un tres por ciento (3%); dicha fijación se basará en las metas estimadas de<br />
los costos de los proyectos por ser ejecutados para el siguiente ejercicio<br />
presupuestario y en las metas de ingresos estimados para dicho siguiente<br />
ejercicio, de conformidad con lo previsto en el artículo 33 de esta Ley.<br />
En el evento de que la Superintendencia no fije tarifa al vencimiento<br />
del plazo señalado, se aplicará la tarifa aplicada al período fiscal<br />
inmediato anterior.<br />
La Tesorería Nacional estará en la obligación de depositar los dineros<br />
recaudados en una cuenta separada a nombre de la Sutel y girarlos a Fonatel<br />
dentro de los quince días naturales del mes siguiente a su ingreso a dicha<br />
cuenta. La recaudación de esta contribución parafiscal no tendrá un destino<br />
ajeno a la financiación de los proyectos de acceso, servicio universal y<br />
solidaridad que se ejecuten con cargo a Fonatel, que constituyen la razón<br />
de ser de esta contribución parafiscal.<br />
ARTÍCULO 40.- Rendición de cuentas de Fonatel<br />
Anualmente, Fonatel será objeto de una auditoría externa, la cual será<br />
financiada con recursos del Fondo y contratada por la Sutel. Toda la<br />
información sobre la operación y el funcionamiento de Fonatel deberá<br />
encontrarse disponible para la auditoría interna de la Aresep.<br />
La Sutel deberá presentar a la Contraloría General de la República y al<br />
ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones informes semestrales y<br />
un informe anual a la Asamblea Legislativa. Estos informes deben incluir<br />
la siguiente información:<br />
a) Las estadísticas relevantes sobre la cobertura de los servicios<br />
de telecomunicaciones.<br />
b) Los estados financieros auditados de Fonatel. Estos estados<br />
financieros deberán especificar el monto pagado por concepto de la<br />
contribución especial parafiscal establecida en el artículo 39 de<br />
esta Ley, por cada operador o proveedor y si alguna entidad se<br />
encuentra en estado de morosidad.<br />
c) Un informe sobre el desempeño de las actividades de Fonatel y el<br />
estado de ejecución de los proyectos que este financia, así como la<br />
información financiera correspondiente desglosada por proyecto.<br />
La Contraloría General de la República y el ministro de Ambiente,<br />
Energía y Telecomunicaciones podrán solicitar los informes adicionales que<br />
sean necesarios para garantizar la transparencia y el uso eficiente de los<br />
recursos de Fonatel.<br />
CAPÍTULO II<br />
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN A LA INTIMIDAD Y<br />
DERECHOS DEL USUARIO FINAL<br />
ARTÍCULO 41.- Régimen jurídico<br />
El presente capítulo desarrolla el régimen de privacidad y de<br />
protección de los derechos e intereses de los usuarios finales de los<br />
servicios de telecomunicaciones.<br />
Los acuerdos entre operadores, lo estipulado en las concesiones,<br />
autorizaciones y, en general, todos los contratos por servicios de<br />
telecomunicaciones que se suscriban de conformidad con esta Ley, tendrán en<br />
cuenta la debida protección de la privacidad y los derechos e intereses de<br />
los usuarios finales.<br />
A la Sutel le corresponde velar por que los operadores y proveedores<br />
cumplan lo establecido en este capítulo y lo que reglamentariamente se<br />
establezca.<br />
ARTÍCULO 42.- Privacidad de las comunicaciones y protección de datos<br />
personales<br />
Los operadores de redes públicas y proveedores de servicios de<br />
telecomunicaciones disponibles al público, deberán garantizar el secreto de<br />
las comunicaciones, el derecho a la intimidad y la protección de los datos<br />
de carácter personal de los abonados y usuarios finales, mediante la<br />
implementación de los sistemas y las medidas técnicas y administrativas<br />
necesarias. Estas medidas de protección serán fijadas reglamentariamente<br />
por el Poder Ejecutivo.<br />
Los operadores y proveedores deberán adoptar las medidas técnicas y<br />
administrativas idóneas para garantizar la seguridad de las redes y sus<br />
servicios. En caso de que el operador conozca un riesgo identificable en la<br />
seguridad de la red, deberá informar a la Sutel y a los usuarios finales<br />
sobre dicho riesgo.<br />
Los operadores y proveedores deberán garantizar que las comunicaciones<br />
y los datos de tráfico asociados a ellas, no serán escuchadas, gravadas,<br />
almacenadas, intervenidas ni vigiladas por terceros sin su consentimiento,<br />
salvo cuando se cuente con la autorización judicial correspondiente, de<br />
conformidad con la ley.<br />
ARTÍCULO 43.- Datos de tráfico y localización<br />
Los datos de tráfico y de localización relacionados con los usuarios<br />
finales que sean tratados y almacenados bajo la responsabilidad de un<br />
operador o proveedor, deberán eliminarse o hacerse anónimos cuando no sean<br />
necesarios para efectos de la transmisión de una comunicación o para la<br />
prestación de un servicio.<br />
Los datos de tráfico necesarios para efectos de la facturación de<br />
abonados y los pagos de las interconexiones, podrán ser tratados hasta la<br />
expiración del plazo durante el cual pueda impugnarse, legalmente, la<br />
factura o exigirse el pago.<br />
Los datos de localización podrán tratarse solamente si se hacen<br />
anónimos o previo consentimiento de los abonados o usuarios, en la medida y<br />
por el tiempo necesario para la prestación de un servicio.<br />
ARTÍCULO 44.- Comunicaciones no solicitadas<br />
Se prohíbe la utilización de sistemas de llamada automática por voz,<br />
fax, correo electrónico o cualquier otro dispositivo con fines de venta<br />
directa, salvo la de los abonados que hayan dado su consentimiento<br />
previamente.<br />
No obstante, cuando una persona, física o jurídica, obtenga con el<br />
consentimiento de sus clientes la dirección de correo electrónico, en el<br />
contexto de la venta de un producto o servicio, esa misma persona podrá<br />
utilizar esta información para la venta directa de sus productos o<br />
servicios con características similares. El suministro de información a<br />
los clientes deberá ofrecerse con absoluta claridad y sencillez. En<br />
cualquier momento, el cliente podrá pedirle al remitente que suspenda los<br />
envíos de información y no podrá cobrársele ningún cargo por ejercer ese<br />
derecho.<br />
Se prohíbe, en cualquier caso, la práctica de enviar mensajes<br />
electrónicos con fines de venta directa en los que se disimule o se oculte<br />
la identidad del remitente, o que no contengan una dirección válida a la<br />
que el destinatario pueda enviar una petición de que se ponga fin a tales<br />
comunicaciones.<br />
ARTÍCULO 45.- Derechos de los usuarios finales de telecomunicaciones<br />
Los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones disponibles<br />
al público tendrán los siguientes derechos:<br />
1) Solicitar y recibir información veraz, expedita y adecuada sobre<br />
la prestación de los servicios regulados en esta Ley y el régimen de<br />
protección del usuario final.<br />
2) Elegir y cambiar libremente al proveedor de servicio.<br />
3) Autorizar previamente el cambio de proveedor de servicio.<br />
4) Recibir un trato equitativo, igualitario y de buena fe de los<br />
proveedores de servicios.<br />
5) Recibir el servicio en forma continua, equitativa, así como<br />
tener acceso a las mejoras que el proveedor implemente, para ello<br />
pagará el precio correspondiente.<br />
6) Acceder gratuitamente a los servicios de emergencia, cuando se<br />
trate de servicios de telefonía o similares.<br />
7) Recibir oportunamente la factura mensual del servicio, en la<br />
forma y por el medio en que se garantice su privacidad.<br />
8) Poder elegir entre facturas desglosadas o no desglosadas de los<br />
servicios consumidos.<br />
9) Recibir una facturación exacta, veraz y que refleje el consumo<br />
realizado para el período correspondiente, para lo cual dicha<br />
facturación deberá elaborarse a partir de una medición efectiva.<br />
10) Recibir una facturación exacta, clara y veraz en cuanto a cargos<br />
por mora y desconexión.<br />
11) Obtener la pronta corrección de los errores de facturación.<br />
12) Elegir el medio de pago de los servicios recibidos.<br />
13) Recibir servicios de calidad en los términos estipulados<br />
previamente y pactados con el proveedor, a precios asequibles.<br />
14) Conocer los indicadores de calidad y rendimiento de los<br />
proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al<br />
público.<br />
15) Disponer gratuitamente de una guía telefónica nacional y de un<br />
servicio nacional de información de voz, sobre su contenido.<br />
16) Solicitar la exclusión, sin costo alguno, de las guías de<br />
abonados disponibles al público, ya sean impresas o electrónicas.<br />
Los abonados podrán decidir cuáles datos personales se incluyen, así<br />
como comprobarlos, corregirlos o suprimirlos.<br />
17) Mantener los números de teléfono sin menoscabar la calidad,<br />
confiabilidad o conveniencia cuando cambie entre proveedores de<br />
servicio similares.<br />
18) Usar igual número de dígitos para acceder a un servicio similar<br />
de telecomunicaciones, independientemente del proveedor del servicio<br />
que haya elegido el usuario final.<br />
19) Ser informado por el proveedor, oportunamente, cuando se<br />
produzca un cambio de los precios, las tarifas o los planes<br />
contratados previamente.<br />
20) Ser informado claramente sobre los plazos de vigencia de las<br />
ofertas.<br />
21) No ser facturado por un servicio que el usuario final no ha<br />
solicitado.<br />
22) Obtener respuesta efectiva a las solicitudes realizadas al<br />
proveedor, las cuales podrán ser presentadas por el usuario por el<br />
medio de su escogencia.<br />
23) Ser informado oportunamente de la desconexión de los servicios.<br />
24) Obtener una compensación por la interrupción del servicio por<br />
faltas atribuibles al proveedor.<br />
25) Solicitar la detención del desvío automático de llamadas a su<br />
terminal por parte de un tercero, sin costo alguno.<br />
26) Impedir, mediante un procedimiento sencillo y gratuito, la<br />
presentación de la identificación de su línea en las llamadas que<br />
genere o la presentación de la identificación de su línea al usuario<br />
que le realice una llamada.<br />
27) Impedir, mediante un procedimiento sencillo y gratuito, la<br />
presentación de la identificación de la línea de origen en las<br />
llamadas entrantes, así como rechazar las llamadas entrantes en que<br />
dicha línea no aparezca identificada.<br />
28) Acceder a la información en idioma español.<br />
29) Los demás que se establezcan en el ordenamiento jurídico<br />
vigente.<br />
La Sutel, tomando en cuenta la disponibilidad de recursos técnicos y<br />
financieros, velará por que los operadores y proveedores ofrezcan a los<br />
usuarios finales con discapacidad acceso a los servicios regulados en esta<br />
Ley en condiciones no discriminatorias.<br />
ARTÍCULO 46.- Contratos de adhesión<br />
La Sutel homologará los contratos de adhesión entre proveedores y<br />
abonados, con la finalidad de corregir cláusulas o contenidos contractuales<br />
abusivos o que ignoren, eliminen o menoscaben los derechos de los abonados.<br />
ARTÍCULO 47.- Vías de reclamación<br />
Los operadores de redes públicas y los proveedores de servicios de<br />
telecomunicaciones disponibles al público, deberán garantizar la atención<br />
eficiente y gratuita de las reclamaciones que presenten los usuarios<br />
finales por violación a lo dispuesto en este capítulo, de acuerdo con la<br />
reglamentación que al efecto se dicte. Con este fin, deberán comunicar a<br />
la Sutel los medios disponibles y los tiempos ofrecidos de atención de<br />
dichas reclamaciones.<br />
ARTÍCULO 48.- Procedimiento<br />
Las reclamaciones originadas por la violación a los derechos a que se<br />
refiere este capítulo, podrán ser interpuestas por el usuario final o por<br />
cualquier persona, sin que sea necesariamente el agraviado por el hecho que<br />
se reclama.<br />
La reclamación deberá presentarse ante el propio operador o proveedor,<br />
el cual deberá resolver en un plazo máximo de diez días naturales. En caso<br />
de resolución negativa o insuficiente o la ausencia de resolución por parte<br />
del operador o proveedor, el reclamante podrá acudir a la Sutel.<br />
La Sutel tramitará, investigará y resolverá la reclamación pertinente,<br />
de acuerdo con los procedimientos administrativos establecidos en la Ley<br />
general de la Administración Pública, N.° 6227, de 2 de mayo de 1978. La<br />
Sutel deberá dictar la resolución final dentro de los quince días hábiles<br />
posteriores al recibo del expediente.<br />
Si la reclamación resulta fundada y sin perjuicio de las sanciones que<br />
correspondan, de conformidad con esta Ley, la Sutel dictará las<br />
disposiciones pertinentes para que se corrijan las anomalías y, cuando en<br />
derecho corresponda, ordenará resarcir los daños y perjuicios en sede<br />
administrativa. Las resoluciones que se dicten serán vinculantes para las<br />
partes involucradas, sin perjuicio de los recursos ordenados en la ley.<br />
Si de la reclamación se desprenden responsabilidades penales para<br />
cualquier involucrado, la Sutel deberá denunciarlo al Ministerio Público.<br />
Las reclamaciones que se presenten ante la Sutel no están sujetas a<br />
formalidades ni requieren autenticación de la firma del reclamante, por lo<br />
que pueden plantearse personalmente o por cualquier medio de comunicación<br />
escrita. En los casos de reclamaciones presentadas por los usuarios<br />
finales ante la Sutel, al operador o proveedor le corresponde la carga de<br />
la prueba.<br />
La acción para reclamar caduca en un plazo de dos meses, contado desde<br />
el acaecimiento de la falta o desde que esta se conoció, salvo para los<br />
hechos continuados, en cuyo caso, comienza a correr a partir del último<br />
hecho.<br />
TÍTULO III<br />
REGULACIÓN PARA LA COMPETENCIA<br />
CAPÍTULO I<br />
OBLIGACIONES DE LOS OPERADORES Y PROVEEDORES<br />
ARTÍCULO 49.- Obligaciones de los operadores y proveedores<br />
Los operadores de redes y proveedores de servicios de<br />
telecomunicaciones tendrán las siguientes obligaciones:<br />
1) Operar las redes y prestar los servicios en las condiciones que<br />
establezcan el título habilitante respectivo, así como la ley, los<br />
reglamentos y las demás disposiciones que al efecto se dicten.<br />
2) Cumplir las obligaciones de acceso universal, servicio universal<br />
y solidaridad que les correspondan, de conformidad con esta Ley.<br />
3) Respetar los derechos de los usuarios de telecomunicaciones y<br />
atender sus reclamaciones, según lo previsto en esta Ley.<br />
4) Las demás que establezca la ley.<br />
ARTÍCULO 50.- Precios y tarifas<br />
Las tarifas de los servicios de telecomunicaciones disponibles al<br />
público serán establecidas inicialmente por la Sutel, conforme a la<br />
metodología de topes de precio o cualquier otra que incentive la<br />
competencia y la eficiencia en el uso de los recursos, de acuerdo con las<br />
bases, los procedimientos y la periodicidad que se defina<br />
reglamentariamente.<br />
Cuando la Sutel determine, mediante resolución motivada, que existen<br />
las condiciones suficientes para asegurar una competencia efectiva, los<br />
precios serán determinados por los proveedores de los servicios de<br />
telecomunicaciones.<br />
En caso de que la Sutel determine, mediante resolución motivada, que<br />
las condiciones de competencia efectiva en el mercado dejan de darse,<br />
deberá intervenir procediendo a fijar la tarifa, de acuerdo con lo<br />
estipulado en el primer párrafo de este artículo.<br />
ARTÍCULO 51.- Servicios de información<br />
Los proveedores de servicios de información no estarán sujetos a las<br />
siguientes obligaciones:<br />
a) Proveer estos servicios al público en general.<br />
b) Justificar sus precios de acuerdo con sus costos o registrarlos.<br />
c) Dar acceso e interconectar sus redes con cualquier cliente<br />
particular para el suministro de tales servicios.<br />
d) Ajustarse a normas o regulaciones técnicas para interconexión,<br />
que no sean otras que para la interconexión con redes públicas de<br />
telecomunicaciones.<br />
La Sutel podrá imponer a los proveedores de servicios de información<br />
las obligaciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo,<br />
cuando determine que esto se requiere para corregir una práctica<br />
monopólica, promover la competencia o resguardar los derechos de los<br />
usuarios.<br />
CAPÍTULO II<br />
RÉGIMEN DE COMPETENCIA<br />
ARTÍCULO 52.- Régimen sectorial de competencia<br />
La operación de redes y la prestación de servicios de<br />
telecomunicaciones, estarán sujetas a un régimen sectorial de competencia,<br />
el cual se regirá por lo previsto en esta Ley y supletoriamente por los<br />
criterios establecidos en el capítulo III de la Ley N.º 7472, Promoción de<br />
la competencia y defensa efectiva del consumidor, de 20 de diciembre de<br />
1994.<br />
A la Sutel le corresponde:<br />
a) Promover los principios de competencia en el mercado nacional de<br />
telecomunicaciones.<br />
b) Analizar el grado de competencia efectiva en los mercados.<br />
c) Determinar cuándo las operaciones o los actos que se ejecuten o<br />
celebren fuera del país, por parte de los operadores o proveedores,<br />
pueden afectar la competencia efectiva en el mercado nacional.<br />
d) Garantizar el acceso de los operadores y proveedores al mercado<br />
de telecomunicaciones en condiciones razonables y no<br />
discriminatorias.<br />
e) Garantizar el acceso a las instalaciones esenciales en<br />
condiciones equitativas y no discriminatorias.<br />
f) Evitar los abusos y las prácticas monopolísticas por parte de<br />
operadores o proveedores en el mercado, estos últimos no podrán<br />
asignar a un solo operador sus sistemas y tecnologías con fines<br />
monopolísticos. Si se lIega a determinar que un proveedor ha creado<br />
o utilizado otras personas jurídicas con estos fines monopolísticos,<br />
la Sutel deberá garantizar que dicha práctica cese inmediatamente,<br />
sin detrimento de las responsabilidades que esta conducta derive.<br />
La Sutel tendrá la competencia exclusiva para conocer de oficio o por<br />
denuncia, así como para corregir y sancionar, cuando proceda, las<br />
prácticas monopolísticas cometidas por operadores o proveedores que tengan<br />
por objeto o efecto limitar, disminuir o eliminar la competencia en el<br />
mercado de las telecomunicaciones.<br />
Se autoriza a la Sutel para que realice convenios e intercambio de<br />
información con las autoridades reguladoras de telecomunicaciones de otras<br />
jurisdicciones. Los deberes de confidencialidad definidos para la Sutel<br />
serán extendidos a las personas que, producto de este intercambio de<br />
información, tengan conocimiento de la información generada.<br />
ARTÍCULO 53.- Prácticas monopolísticas absolutas<br />
Se considerarán prácticas monopolísticas absolutas los actos, los<br />
contratos, los convenios, los arreglos o las combinaciones entre operadores<br />
de redes o proveedores de telecomunicaciones competidores entre sí,<br />
actuales o potenciales, con cualquiera de los propósitos siguientes:<br />
a) Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de compra o venta<br />
al que son ofrecidos o demandados los servicios de telecomunicaciones<br />
en los mercados o intercambiar información con el mismo objeto o<br />
efecto.<br />
b) Establecer la obligación de prestar un número, un volumen o una<br />
periodicidad restringida o limitada de servicios.<br />
c) Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de<br />
un mercado de servicios de telecomunicaciones, actual o futuro, por<br />
medio de la clientela, los proveedores y los tiempos o los espacios<br />
determinados o determinables.<br />
d) Establecer, concertar o coordinar las ofertas o la abstención en<br />
las licitaciones, los concursos, los remates o las subastas públicas.<br />
Los actos a que se refiere este artículo son prohibidos y serán nulos<br />
de pleno derecho y se sancionarán conforme a esta Ley.<br />
ARTÍCULO 54.- Prácticas monopolísticas relativas<br />
Se considerarán prácticas monopolísticas relativas los actos, los<br />
contratos, los convenios, los arreglos o las combinaciones realizados por<br />
operadores de redes o proveedores de servicios de telecomunicaciones, por<br />
sí mismos o actuando conjuntamente con otros agentes económicos, y cuyo<br />
objeto o efecto sea o pueda ser el desplazamiento indebido de otros<br />
operadores o proveedores del mercado, el impedimento sustancial de su<br />
acceso o el establecimiento de barreras de entrada o de ventajas exclusivas<br />
a favor de una o varias personas, en los siguientes casos:<br />
a) El establecimiento de precios o condiciones diferentes a<br />
terceros situados en condiciones similares.<br />
b) La negativa a prestar servicios de telecomunicaciones<br />
normalmente ofrecidos a terceros, salvo que exista una justificación<br />
razonable. Para las situaciones que se presenten respecto de la<br />
interconexión y el acceso, se estará a lo dispuesto en esta Ley.<br />
c) El establecimiento de subsidios cruzados entre diferentes bienes<br />
o servicios ofrecidos por el operador o proveedor.<br />
d) La fijación, la imposición o el establecimiento de la compra,<br />
venta o distribución exclusiva de servicios de telecomunicaciones,<br />
por razón del sujeto, la situación geográfica o por períodos de<br />
tiempo determinados, incluso la división, la distribución o la<br />
asignación de clientes o proveedores, entre operadores o proveedores.<br />
e) La imposición de precio o las demás condiciones que debe<br />
observar un operador o proveedor, al vender, distribuir o prestar<br />
servicios.<br />
f) La venta o la transacción condicionada a comprar, adquirir,<br />
vender o proporcionar otro bien o servicio adicional, normalmente<br />
distinto o distinguible, o sobre la reciprocidad.<br />
g) La venta, la transacción o el otorgamiento de descuentos o<br />
beneficios sujetos a la condición de no usar, adquirir, vender ni<br />
proporcionar los bienes o servicios disponibles y normalmente<br />
ofrecidos a terceros.<br />
h) La concertación entre varios operadores o proveedores o la<br />
invitación a ellos para ejercer presión contra algún usuario,<br />
operador o proveedor, con el propósito de disuadirlo de una conducta<br />
determinada, aplicar represalias u obligarlo a actuar en un sentido<br />
específico.<br />
i) La prestación de servicios a precios o en condiciones<br />
predatorias.<br />
j) Todo acto deliberado que tenga como único fin procurar la salida<br />
de operadores o proveedores del mercado, o implique un obstáculo para<br />
su entrada.<br />
Las prácticas monopolísticas relativas serán prohibidas u estarán<br />
sujetas a la comprobación de los supuestos establecidos en los artículos<br />
13, 14 y 15 de la Ley N.° 7472, Promoción de la competencia y defensa<br />
efectiva del consumidor, de 20 de diciembre de 1994, y se sancionarán<br />
conforme a esta Ley.<br />
Para determinar la existencia de estas prácticas, la Sutel deberá<br />
analizar y pronunciarse sobre los elementos que aporten las partes para<br />
demostrar los efectos procompetitivos o la mayor eficiencia en el mercado<br />
derivada de sus acciones o cualquier otro elemento que se establezca<br />
reglamentariamente; y que producirá algún beneficio significativo y no<br />
transitorio a los usuarios finales. Asimismo, en el análisis se tomará en<br />
cuenta el criterio de la Comisión para Promover la Competencia que sea<br />
aportado dentro del procedimiento.<br />
ARTÍCULO 55.- Criterio técnico de la Comisión para Promover la<br />
Competencia<br />
Las prácticas monopolísticas serán sancionadas por la Sutel, de<br />
conformidad con esta Ley. Previo a resolver sobre la procedencia o no del<br />
procedimiento y antes de dictar la resolución final, la Sutel solicitará a<br />
la Comisión para Promover la Competencia los criterios técnicos<br />
correspondientes. Dichos criterios se rendirán en un plazo de quince días<br />
hábiles, contado a partir del recibo de la solicitud de la Sutel.<br />
Los criterios de la Comisión para Promover la Competencia no serán<br />
vinculantes para la Sutel. No obstante, para apartarse de ellos, la<br />
resolución correspondiente deberá ser debidamente motivada y se requerirá<br />
mayoría calificada para su adopción.<br />
ARTÍCULO 56.- Concentraciones<br />
Entiéndese por concentración la fusión, la adquisición del control<br />
accionario, las alianzas o cualquier otro acto en virtud del cual se<br />
concentren las sociedades, las asociaciones, las acciones, el capital<br />
social, los fideicomisos o los activos en general, que se realicen entre<br />
operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones que<br />
han sido independientes entre sí.<br />
Previo a realizar una concentración, los operadores de redes y los<br />
proveedores de servicios de telecomunicaciones deberán solicitar la<br />
autorización de la Sutel, a fin de que esta evalúe el impacto de la<br />
concentración sobre el mercado. Dicha autorización se requerirá con el fin<br />
de evitar formas de prestación conjunta que se consideren nocivas a la<br />
competencia, los intereses de los usuarios o la libre concurrencia en el<br />
mercado de las telecomunicaciones.<br />
Para emitir su resolución, la Sutel tendrá un plazo de treinta días<br />
hábiles, contado a partir de la presentación de la solicitud de<br />
autorización con la información requerida en la ley y el reglamento<br />
respectivo o, en su defecto, desde la fecha de la presentación de la<br />
información solicitada por la Sutel. En casos de especial complejidad, la<br />
Sutel podrá ampliar ese plazo, por una sola vez, hasta por quince días<br />
hábiles adicionales.<br />
Previo a emitir su resolución, la Sutel deberá conocer el criterio<br />
técnico de la Comisión para Promover la Competencia, conforme al artículo<br />
anterior.<br />
La resolución de la Sutel deberá ser motivada; deberá indicar si<br />
autoriza o no la concentración y si la autoriza con alguna de las<br />
condiciones referidas en el artículo siguiente, deberá especificar el<br />
contenido y el plazo de dichas condiciones.<br />
La Sutel no autorizará las concentraciones que resulten en una<br />
adquisición de poder sustancial o incremento de la posibilidad de ejercer<br />
poder sustancial en el mercado relevante, de conformidad con los artículos<br />
14, 15 y 16 de la Ley N.° 7472, Promoción de la competencia y defensa<br />
efectiva del consumidor, de 20 de diciembre de 1994, que faciliten la<br />
coordinación expresa o tácita entre operadores o proveedores, o produzcan<br />
resultados adversos para los usuarios finales. No obstante, la Sutel podrá<br />
valorar si la concentración es necesaria para alcanzar economías de escala,<br />
desarrollar eficiencias o para evitar la salida, en perjuicio de los<br />
usuarios, de un operador o proveedor, y cualquier otra circunstancia<br />
prevista reglamentariamente.<br />
ARTÍCULO 57.- Condiciones para la autorización de concentraciones<br />
Al autorizar una concentración, la Sutel podrá imponer al operador o<br />
proveedor algunas de las siguientes condiciones:<br />
a) La cesión, el traspaso o la venta de uno o más de sus activos,<br />
derechos o acciones mediante el procedimiento de oferta pública que<br />
se determine reglamentariamente.<br />
b) La separación o escisión del operador o proveedor.<br />
c) La limitación o la restricción de prestar servicios determinados<br />
de telecomunicaciones o la limitación del ámbito geográfico en que<br />
estos puedan ser prestados.<br />
d) La limitación o la restricción para adquirir nuevas concesiones<br />
o autorizaciones, de conformidad con esta Ley.<br />
e) La introducción, eliminación o modificación de alguna de las<br />
cláusulas de los contratos suscritos por el operador o proveedor<br />
relacionados con la operación de redes o la prestación de servicios<br />
de telecomunicaciones.<br />
Estas condiciones podrán aplicarse por el plazo máximo otorgado al<br />
operador o proveedor en la concesión o autorización.<br />
ARTÍCULO 58.- Medidas correctivas<br />
Sin perjuicio de la sanción que corresponda, la Sutel podrá imponer a<br />
los operadores y proveedores las siguientes medidas correctivas, cuando<br />
realicen prácticas monopolísticas o concentraciones no autorizadas en esta<br />
Ley:<br />
a) La suspensión, la corrección o la supresión de la práctica de<br />
que se trate.<br />
b) La desconcentración, parcial o total, de lo que se haya<br />
concentrado indebidamente.<br />
CAPÍTULO III<br />
RÉGIMEN DE ACCESO E INTERCONEXIÓN<br />
ARTÍCULO 59.- Acceso e interconexión<br />
El objetivo de este capítulo es garantizar el acceso y la interconexión<br />
de redes públicas de telecomunicaciones, a fin de procurar la eficiencia,<br />
la competencia efectiva, la optimización del uso de los recursos escasos y<br />
un mayor beneficio para los usuarios. La Sutel deberá asegurar que el<br />
acceso e interconexión sean provistos en forma oportuna y en términos y<br />
condiciones no discriminatorias, razonables, transparentes, proporcionadas<br />
al uso pretendido y no implicarán más que lo necesario para la buena<br />
operación del servicio previsto.<br />
Las obligaciones de acceso e interconexión y las demás condiciones que<br />
la Sutel imponga serán razonables, transparentes, no discriminatorias,<br />
proporcionadas al uso pretendido y no implicarán más que lo necesario para<br />
la buena operación del servicio previsto.<br />
ARTÍCULO 60.- Acuerdos de acceso e interconexión<br />
Los operadores de redes públicas de telecomunicaciones convendrán entre<br />
sí las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo el acceso y la<br />
interconexión, de conformidad con esta Ley, los reglamentos y los planes<br />
técnicos correspondientes y las demás disposiciones que se emitan al<br />
efecto.<br />
Los operadores deberán notificar a la Sutel cuando inicien<br />
negociaciones para el acceso e interconexión. De igual manera, deberán<br />
notificarle los acuerdos que alcancen entre sí y someterlos a su<br />
conocimiento. En este último caso, la Sutel tendrá la facultad para<br />
adicionar, eliminar o modificar las cláusulas que resulten necesarias para<br />
ajustar el acuerdo a lo previsto en esta Ley, de conformidad con el plazo y<br />
las demás condiciones que se definan reglamentariamente.<br />
En caso de que exista negativa de un operador de la red pública de<br />
telecomunicaciones para llevar a cabo negociaciones de interconexión o<br />
acceso, o el acuerdo no se concrete dentro de los tres meses siguientes a<br />
la notificación, la Sutel, de oficio o a petición de parte, intervendrá<br />
con el fin de determinar la forma, los términos y las condiciones bajo las<br />
cuales se llevará a cabo el acceso o la interconexión, lo anterior sin<br />
perjuicio de las sanciones previstas en esta Ley. La Sutel hará dicha<br />
determinación en un plazo máximo de dos meses, contado a partir de que<br />
acuerde la intervención.<br />
La Sutel podrá definir, provisionalmente, las condiciones de acceso e<br />
interconexión hasta que emita su resolución definitiva, en la cual deberá<br />
valorar si existen alternativas técnicas y económicas más factibles y<br />
eficientes a la interconexión o acceso que se solicita.<br />
A la Sutel le corresponde interpretar y velar por el cumplimiento de<br />
los acuerdos de acceso e interconexión.<br />
ARTÍCULO 61.- Precios de interconexión<br />
Los precios de interconexión deberán estar orientados a costos,<br />
conforme al inciso 13) del artículo 6 de esta Ley y serán negociados<br />
libremente por los operadores entre sí, con base en la metodología que<br />
establezca la Sutel. Esta metodología deberá garantizar transparencia,<br />
objetividad, no discriminación, factibilidad financiera y desagregación de<br />
costos.<br />
La negociación de los precios de interconexión estará sujeta a lo<br />
dispuesto en el artículo 60 de esta Ley.<br />
TÍTULO IV<br />
CÁNONES DE TELECOMUNICACIONES<br />
CAPÍTULO ÚNICO<br />
CÁNONES<br />
ARTÍCULO 62.- Canon de regulación<br />
Cada operador de redes de telecomunicaciones y proveedor de servicios<br />
de telecomunicaciones, deberá pagar un único cargo de regulación anual que<br />
se determinará de conformidad con el artículo 59 de la Ley de la Autoridad<br />
Reguladora de los Servicios Públicos, N.º 7593, de 9 de agosto de 1996. El<br />
Estado velará por que no se impongan cargas tributarias. El canon dotará<br />
de los recursos necesarios para una administración eficiente, anualmente<br />
deberán rendir cuentas del uso de recursos mediante un informe que deberá<br />
ser auditado.<br />
ARTÍCULO 63.- Canon de reserva del espectro<br />
Los operadores de redes y los proveedores de servicios de<br />
telecomunicaciones deberán cancelar, anualmente, un canon de reserva del<br />
espectro radioeléctrico. Serán sujetos pasivos de esta tasa los operadores<br />
de redes o proveedores de servicios de telecomunicaciones, a los cuales se<br />
haya asignado bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico,<br />
independientemente de que hagan uso de dichas bandas o no.<br />
El monto por cancelar por parte de los concesionarios será calculado<br />
por la Sutel con consideración de los siguientes parámetros:<br />
a) La cantidad de espectro reservado.<br />
b) La reserva exclusiva y excluyente del espectro.<br />
c) El plazo de la concesión.<br />
d) La densidad poblacional y el índice de desarrollo humano de su<br />
población.<br />
e) La potencia de los equipos de transmisión.<br />
f) La utilidad para la sociedad asociada con la prestación de los<br />
servicios.<br />
g) Las frecuencias adjudicadas.<br />
h) La cantidad de servicios brindados con el espectro concesionado.<br />
i) El ancho de banda.<br />
El objeto del canon es para la planificación, la administración y el<br />
control del uso del espectro radioeléctrico y no para el cumplimiento de<br />
los objetivos de la política fiscal. La recaudación de esta contribución<br />
no tendrá un destino ajeno a la financiación de las actividades que le<br />
corresponde desarrollar a la Sutel, conforme a los artículos 7 y 8 de esta<br />
Ley. En octubre de cada año, el Poder Ejecutivo debe ajustar el presente<br />
canon, vía decreto ejecutivo, realizando de previo el procedimiento<br />
participativo de consulta señalado por esta Ley.<br />
Cualquier ajuste que contravenga los criterios anteriores, será nulo y<br />
regirá el canon del año anterior.<br />
El monto por pagar por parte del contribuyente de este canon será<br />
determinado por este mediante una declaración jurada, correspondiente a un<br />
período fiscal año calendario. El plazo para presentar la declaración y<br />
pago vence dos meses y quince días posteriores al cierre del respectivo<br />
periodo fiscal. La administración de este canon se hará por la Dirección<br />
General de Tributación del Ministerio de Hacienda, por lo que para este<br />
canon resulta aplicable el título lll, Hechos ilícitos tributarios, del<br />
Código de Normas y Procedimientos Tributarios. La Tesorería Nacional<br />
estará en la obligación de depositar los dineros recaudados en una cuenta<br />
separada a nombre de la Sutel, dentro de los quince días naturales del mes<br />
siguiente a su ingreso a la Tesorería.<br />
ARTÍCULO 64.- Intereses y multas por mora<br />
En caso de falta de pago de las contribuciones, los cánones y las<br />
tasas establecidas en la presente Ley, se aplicarán los intereses<br />
calculados de conformidad con el artículo 57 del Código de Normas y<br />
Procedimientos Tributarios. Se aplicará adicionalmente una multa por<br />
concepto de mora, equivalente a un cuatro por ciento (4%) por cada mes o<br />
fracción de mes transcurrido desde el momento en que debió satisfacerse la<br />
obligación hasta la fecha del pago efectivo.<br />
TÍTULO V<br />
RÉGIMEN SANCIONATORIO<br />
CAPÍTULO ÚNICO<br />
INFRACCIONES Y SANCIONES<br />
ARTÍCULO 65.- Potestad sancionatoria<br />
Sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil, a la Sutel le<br />
corresponde conocer y sancionar las infracciones administrativas en que<br />
incurran los operadores o proveedores y también los que exploten redes de<br />
telecomunicaciones o presten servicios de telecomunicaciones de manera<br />
ilegítima.<br />
Para la determinar las infracciones y sanciones a las que se refiere el<br />
presente capítulo, se estará a lo dispuesto en el libro segundo de la Ley<br />
general de la Administración Pública, N.° 6227, de 2 de mayo de 1978, y sus<br />
reformas.<br />
ARTÍCULO 66.- Medidas cautelares<br />
Durante el procedimiento, la Sutel podrá imponer las medidas cautelares<br />
necesarias para asegurar el resultado de un procedimiento sancionatorio o<br />
evitar que se pueda comprometer la actividad prestada, así como la<br />
integridad de instalaciones, redes, equipos y aparatos.<br />
Cuando tenga indicios claros acerca de la operación ilegítima de redes<br />
o la prestación ilegítima de servicios de telecomunicaciones, la Sutel<br />
podrá imponer como medida cautelar el cierre de establecimientos, la<br />
clausura de instalaciones o la remoción de cualquier equipo o instrumento.<br />
Para ejecutar estas medidas se dispondrá del auxilio de la Fuerza Pública.<br />
La Sutel mediante resolución fundada y previa audiencia a los<br />
interesados, debe resolver si confirma, modifica o revoca la medida<br />
adoptada en un plazo máximo de dos meses, contado a partir del inicio del<br />
procedimiento.<br />
ARTÍCULO 67.- Clases de infracciones<br />
Las infracciones en materia de telecomunicaciones pueden ser muy graves<br />
o graves.<br />
a) Son infracciones muy graves:<br />
1) Operar y explotar redes o proveer servicios de<br />
telecomunicaciones sin contar con la concesión o autorización<br />
correspondiente.<br />
2) Usar o explotar bandas de frecuencias del espectro<br />
radioeléctrico sin la correspondiente concesión o permiso.<br />
3) Usar o explotar bandas de frecuencias del espectro<br />
radioeléctrico en violación a lo dispuesto en el Plan nacional de<br />
atribución de frecuencias.<br />
4) Incumplir la obligación de contribuir con Fonatel.<br />
5) Incumplir las obligaciones de acceso y servicio universal<br />
impuestas de conformidad con esta Ley.<br />
6) Ceder o aceptar la cesión de concesiones sin la aprobación<br />
correspondiente.<br />
7) Incumplir las instrucciones adoptadas por la Sutel en el<br />
ejercicio de sus competencias.<br />
8) Negarse a entregar la información que de conformidad con la<br />
ley requiera la Sutel, así como ocultarla o falsearla.<br />
9) Incumplir la obligación de facilitar el acceso oportuno a<br />
las instalaciones esenciales y poner a disposición de los<br />
operadores y proveedores información técnica relevante en<br />
relación con estas instalaciones.<br />
10) Incumplir la obligación de acceso o interconexión y las<br />
demás obligaciones que de ella se deriven.<br />
11) Suspender el acceso o la interconexión sin autorización de<br />
la Sutel.<br />
12) Cobrar a los usuarios finales tarifas distintas de las<br />
fijadas por la Sutel, cuando corresponda.<br />
13) Realizar las prácticas monopolísticas establecidas en esta<br />
Ley.<br />
14) Realizar una concentración sin la autorización a que se<br />
refiere esta Ley.<br />
15) Utilizar la información de los usuarios finales para fines<br />
no autorizados en la ley.<br />
16) Violar la privacidad o intimidad de las comunicaciones de<br />
los usuarios finales.<br />
17) Incumplir las medidas cautelares adoptadas por la Sutel.<br />
18) Incumplir, de manera reiterada, las infracciones graves<br />
establecidas en el inciso b) de este artículo.<br />
b) Son infracciones graves:<br />
1) Operar las redes o proveer servicios de telecomunicaciones<br />
en forma distinta de lo establecido en la concesión o<br />
autorización correspondiente.<br />
2) Incumplir las normas técnicas que resulten aplicables de<br />
conformidad con la ley.<br />
3) Incumplir las obligaciones derivadas de los derechos de los<br />
usuarios a que se refiere esta Ley.<br />
4) Omitir la resolución de las reclamaciones de los usuarios<br />
finales, en el plazo establecido en esta Ley.<br />
5) Incurrir en prácticas de competencia desleal, de<br />
conformidad con el artículo 17 de la Ley N.° 7472, Promoción de<br />
la competencia y defensa efectiva del consumidor, de 20 de<br />
diciembre de 1994.<br />
6) Producir daños a las redes y los sistemas de<br />
telecomunicación por el mal uso y funcionamiento de aparatos<br />
terminales, equipos y sistemas de su propiedad.<br />
7) Utilizar sistemas de llamada automática por voz, fax o<br />
correo electrónico u otros dispositivos en contravención de lo<br />
dispuesto en esta Ley.<br />
8) Emitir señales falsas y engañosas, así como producir<br />
interferencias o perturbaciones graves a las redes o servicios de<br />
telecomunicaciones.<br />
9) Utilizar equipos en forma distinta de la autorizada, así<br />
como darles un mantenimiento inadecuado de manera que se ponga en<br />
peligro personas o propiedades y siempre que no se constituya una<br />
infracción de mayor gravedad.<br />
10) No mantener actualizada ni custodiada la información<br />
requerida por la Sutel.<br />
11) Cualquier acción en contra de lo dispuesto en esta Ley, los<br />
reglamentos u otras obligaciones contractuales, que por su<br />
naturaleza, daño causado y trascendencia no se considere como<br />
infracción muy grave.<br />
ARTÍCULO 68.- Sanciones por infracciones<br />
Las infracciones serán sancionadas de la siguiente manera:<br />
a) Las infracciones muy graves serán sancionadas mediante una multa<br />
de entre cero coma cinco por ciento (0,5%) y hasta un uno por ciento<br />
(1%) de los ingresos brutos del operador o proveedor obtenidos<br />
durante el período fiscal anterior.<br />
b) Las infracciones graves serán sancionadas mediante una multa de<br />
entre cero coma cero veinticinco por ciento (0,025%) y hasta un cero<br />
coma cinco por ciento (0,5%) de los ingresos brutos del operador o<br />
proveedor obtenidos durante el período fiscal anterior.<br />
Cuando un operador o proveedor no haya obtenido ingresos brutos o se<br />
encuentre imposibilitado para reportarlos, la Sutel utilizará como<br />
parámetro para la imposición de sanciones el valor de sus activos.<br />
En el caso de las infracciones referidas en el inciso a) del artículo<br />
anterior que, a juicio de la Sutel, revistan gravedad particular, esta<br />
Superintendencia puede imponer como sanción una multa de un uno por ciento<br />
(1%) y hasta un diez por ciento (10%) de las ventas anuales obtenidas por<br />
el infractor durante el ejercicio fiscal anterior, o entre un uno por<br />
ciento (1%) y hasta por un diez por ciento (10%) del valor de los activos<br />
del infractor.<br />
En el caso de que no se pueda aplicar la sanción sobre las ventas o los<br />
activos, la Sutel utilizará como parámetro para la imposición de sanciones<br />
los ingresos presuntos del período, tomando en cuenta los ingresos brutos<br />
promedio de períodos anteriores y los ingresos promedio del período<br />
anterior de otros operadores o proveedores que desarrollen actividades<br />
económicas y comerciales similares.<br />
Para efectos de imponer la sanción, la Sutel deberá valorar si el<br />
infractor forma parte de un grupo económico, de conformidad con lo definido<br />
en el artículo 6 de esta Ley. En este caso, la sanción será impuesta con<br />
base en el ingreso bruto o las ventas anuales, según sea el caso, de las<br />
empresas que conforman el grupo.<br />
ARTÍCULO 69.- Cierre de establecimientos y remoción de equipos<br />
Con el objetivo de garantizar la integridad y calidad de la red y los<br />
servicios de telecomunicaciones, así como la seguridad de los usuarios, la<br />
Sutel podrá imponer como sanción, en el caso de las infracciones muy<br />
graves, el cierre definitivo de un establecimiento y la clausura de sus<br />
instalaciones, la remoción de cualquier equipo o instrumento que permita la<br />
operación de redes o la prestación de servicios de telecomunicaciones en<br />
forma ilegítima, o ponga en riesgo la integridad de las instalaciones,<br />
redes, equipos y aparatos. Para ejecutar estas medidas se dispondrá del<br />
auxilio de la Fuerza Pública.<br />
ARTÍCULO 70.- Criterios para la aplicación de las sanciones<br />
La Sutel aplicará las sanciones por resolución fundada. Estas se<br />
aplicarán en forma gradual y proporcionada tomando en consideración los<br />
siguientes criterios: la mayor o menor gravedad de la infracción, el tiempo<br />
en que se cometió la infracción, la reincidencia, el beneficio obtenido o<br />
esperado con la infracción, el daño causado y la capacidad de pago del<br />
infractor.<br />
Para imponer las sanciones, la Sutel debe respetar los principios del<br />
debido proceso, la verdad real, el impulso de oficio, la imparcialidad y la<br />
publicidad.<br />
Para establecer la verdad real, la Sutel podrá prescindir de las formas<br />
jurídicas adoptadas por los operadores o proveedores que no correspondan<br />
con la realidad de los hechos investigados.<br />
ARTÍCULO 71.- Prescripción<br />
La prescripción de la responsabilidad administrativa derivada de las<br />
infracciones de esta Ley, se regirá por las siguientes reglas:<br />
a) La acción para reclamar responsabilidad administrativa<br />
prescribirá en el plazo de cuatro años, contado a partir del momento<br />
en el que se cometió la infracción. No obstante, en los casos de<br />
infracciones continuadas o de efectos permanentes, el plazo se<br />
computará desde el día que se cometió la última infracción o desde<br />
que cesó la situación ilícita, respectivamente.<br />
b) La prescripción de la acción se interrumpe con la notificación<br />
al interesado del acto de apertura del procedimiento para determinar<br />
su responsabilidad; el plazo de prescripción se reinicia si el<br />
expediente estuviera paralizado por más de un mes por causa no<br />
imputable al presunto responsable.<br />
c) La sanción impuesta prescribirá en el plazo de tres años,<br />
contado a partir del día inmediato siguiente al que se notifique al<br />
infractor la resolución que determina su responsabilidad y la sanción<br />
que se le impone.<br />
d) La prescripción de la sanción se interrumpe con el inicio del<br />
procedimiento administrativo de ejecución del acto, conforme a lo<br />
dispuesto en los artículos 146, siguientes y concordantes de la Ley<br />
general de la Administración Pública, N.° 6227, de 2 de mayo de 1978,<br />
el plazo de la prescripción se reanuda si el procedimiento estuviera<br />
paralizado por más de un mes por causa no imputable al infractor.<br />
ARTÍCULO 72.- Cobro judicial<br />
Los débitos constituidos en razón de las sanciones establecidas en este<br />
capítulo, que no sean cancelados en sede administrativa, se cobrarán<br />
judicialmente. Para ello, la certificación expedida por la Sutel<br />
constituirá título ejecutivo. Los débitos que no hayan sido cancelados<br />
dentro del plazo conferido, generarán la obligación de pagar intereses<br />
moratorios de tipo legal.<br />
TÍTULO VI<br />
DISPOSICIONES MODIFICATORIAS, DEROGATORIAS Y FINALES<br />
CAPÍTULO I<br />
DISPOSICIONES MODIFICATORIAS Y DEROGATORIAS<br />
ARTÍCULO 73.- Reformas de la ley Promoción de la competencia y defensa<br />
efectiva del consumidor<br />
Refórmase el artículo 9 de la Ley N.° 7472, Promoción de la competencia<br />
y defensa efectiva del consumidor, de 20 de diciembre de 1994. El texto<br />
dirá:<br />
"Artículo 9.- Campo de aplicación<br />
La normativa de este capítulo se aplica a todos los agentes<br />
económicos, con las salvedades y las previsiones indicadas en este<br />
capítulo.<br />
Se exceptúan de la aplicación de la normativa de este título:<br />
a) Los agentes prestadores de servicios públicos en virtud de<br />
una concesión, en los términos que señalen las leyes para<br />
celebrar las actividades necesarias para prestar esos servicios,<br />
de acuerdo con las limitaciones establecidas en la concesión y en<br />
las regulaciones especiales.<br />
b) Los monopolios del Estado creados por ley, mientras<br />
subsistan por leyes especiales para celebrar las actividades<br />
expresamente autorizadas en ellas."<br />
ARTÍCULO 74.- Reformas de la ley de Creación del Sistema de Emergencias<br />
9-1-1<br />
Refórmase los artículos 7 y 10 de la Ley N.° 7566, Creación del<br />
Sistema de Emergencias 9-1-1, de 18 de diciembre de 1995, y sus reformas,<br />
en las siguientes disposiciones:<br />
a) Se reforman los artículos 7 y 10. Los textos dirán:<br />
"Artículo 7.- Tasa de financiamiento<br />
Para garantizar una oportuna y eficiente atención en las<br />
situaciones de emergencia para la vida, libertad, integridad y<br />
seguridad de los abonados y usuarios de los servicios de<br />
telefonía, se financiarán los costos que demande el Sistema de<br />
Emergencias 9-1-1, así como el desarrollo y mejoramiento de las<br />
comunicaciones con las instituciones adscritas al Sistema.<br />
Los contribuyentes de esta tasa son los abonados y usuarios<br />
de los servicios de telefonía, quienes se beneficiarán del<br />
servicio y de la garantía de su permanencia y eficiente<br />
prestación.<br />
Previa comprobación de los costos de operación e inversión<br />
del Sistema de Emergencias 9-1-1, la Sutel fijará la tarifa<br />
porcentual correspondiente a más tardar el 30 de noviembre del<br />
año fiscal en curso. En el evento que la Superintendencia no<br />
fije la tarifa al vencimiento del plazo señalado, se aplicará la<br />
tarifa aplicada al período fiscal inmediato anterior. La tarifa<br />
porcentual será determinada en función de los costos que demande<br />
la eficiente administración del sistema y en consideración con<br />
la proyección del monto de facturación telefónica para el<br />
siguiente ejercicio fiscal. La tarifa porcentual no podrá<br />
exceder un uno por ciento (1%) de la facturación telefónica.<br />
Los proveedores de los servicios de telefonía, en su<br />
condición de agente de percepción de esta tasa tributaria,<br />
incluirán en la facturación telefónica mensual de todos sus<br />
abonados y usuarios el monto correspondiente. Asimismo, deberán<br />
poner a disposición de la administración del Sistema de<br />
Emergencias 9-1-1 los fondos recaudados a más tardar un mes<br />
posterior al período de recaudación, mediante la presentación de<br />
una declaración jurada del período fiscal mensual.<br />
Dichos agentes de percepción asumirán responsabilidad<br />
solidaria por el pago de esta tasa, en caso de no haber<br />
practicado la percepción efectiva. En caso de mora se aplicarán<br />
los intereses aplicables a deudas tributarias, de conformidad con<br />
el artículo 57 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios,<br />
y la multa por concepto de morosidad prevista en el artículo 80<br />
bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.<br />
El monto de los mencionados intereses y multas no podrá<br />
considerarse, por ningún concepto, como costo de operación.<br />
Además, el Sistema de Emergencias 9-1-1 se financiará con<br />
los aportes económicos de las instituciones integrantes de la<br />
comisión coordinadora, para lo cual quedan autorizadas por esta<br />
norma; asimismo, con las transferencias globales contenidas en<br />
los presupuestos de la República y las donaciones y legados de<br />
cualquier naturaleza, que se reciban para utilizarse en ese<br />
Sistema."<br />
"Artículo 10.- Responsabilidad de los proveedores de los<br />
servicios de telefonía<br />
Son responsabilidades exclusivas de los proveedores de<br />
servicios de telefonía diseñar, adquirir, instalar, mantener,<br />
reponer y operar, técnica y administrativamente, un sistema de<br />
telecomunicaciones ágil, moderno y de alta calidad tecnológica,<br />
que permita atender y transferir las llamadas, según los<br />
requerimientos de los usuarios del Sistema.<br />
Los proveedores de servicios de telefonía, públicos o<br />
privados, que operen en el país deberán poner a disposición los<br />
recursos de infraestructura que el Sistema de Emergencias 9-1-1<br />
requiera para el cumplimiento eficiente y oportuno de sus<br />
servicios, en aspectos que garanticen que las llamadas realizadas<br />
por la población deberán ser recibidas por los centros de<br />
atención que el Sistema habilite y se brindarán los datos de<br />
localización del usuario que disponga el acceso al servicio."<br />
b) Se reforma dicha Ley para que donde diga Autoridad Reguladora de<br />
los Servicios Públicos (Aresep), se lea correctamente<br />
Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).<br />
ARTÍCULO 75.- Ley de anclaje de cables submarinos<br />
Modifícase la Ley N.° 7832, de 30 de setiembre de 1998, que autoriza el<br />
anclaje y paso de cables submarinos por el mar territorial, en las<br />
siguientes disposiciones:<br />
a) Se reforman los artículos 2, 3 y 5. Los textos dirán:<br />
"Artículo 2.- La estación de anclaje de cada cable será<br />
parte del sistema de cable submarino. El desarrollador de cada<br />
sistema queda autorizado para construir y operar dicha estación.<br />
Si se trata de simple paso o de paso y anclaje de los cables<br />
submarinos en el territorio nacional, el desarrollador queda<br />
obligado a obtener autorización de la Superintendencia de<br />
Telecomunicaciones (Sutel) o, en su defecto, suscribir un<br />
contrato con cualquier operador de redes o proveedor de servicios<br />
de telecomunicaciones, autorizado legalmente para operar en el<br />
territorio nacional. Este documento contendrá, al menos, los<br />
derechos y deberes de las partes, las causas de extinción, la<br />
obligación de indemnizar en caso de incumplimiento y las<br />
características de inembargabilidad e imprescriptibilidad de los<br />
bienes de dominio público.<br />
Artículo 3.- Los operadores de redes o proveedores de<br />
servicios de telecomunicaciones, autorizados legalmente para<br />
operar en el territorio nacional, quedan facultados para firmar<br />
con los desarrolladores de los cables submarinos para<br />
telecomunicaciones, los contratos y convenios garantes de la<br />
interconexión y el acceso a la capacidad en los cables, en forma<br />
tal que puedan beneficiarse de las ventajas que otorga esta obra<br />
de infraestructura. Los desarrolladores estarán obligados a<br />
ofrecer capacidad en los cables a cualquier operador de redes o<br />
proveedor de servicios de telecomunicaciones, autorizados<br />
legalmente para operar en el territorio nacional, según<br />
corresponda, en términos, precios y condiciones competitivas a<br />
nivel internacional. Según los términos de los contratos de<br />
interconexión, el operador o proveedor autorizado legalmente,<br />
según el caso, se encargará de conectar el sistema de cable con<br />
la red de telecomunicaciones correspondiente, desde el punto de<br />
interconexión acordado con el desarrollador y situado, para este<br />
fin, dentro de la estación de anclaje referida. Después de<br />
suscrito el contrato, para su eficacia se requerirá de la<br />
aprobación de la Sutel, que podrá recomendar modificarlo en aras<br />
de la protección del interés público."<br />
"Artículo 5.- Corresponderá al ministro de Ambiente,<br />
Energía y Telecomunicaciones, en conjunto con el presidente de la<br />
República, autorizar, por decreto, la ruta que seguirá la<br />
localización de cada cable submarino desde su ingreso a las zonas<br />
indicadas en el artículo 1 de esta Ley. Para fijar esta ruta, el<br />
Poder Ejecutivo se fundamentará en las especificaciones y los<br />
criterios técnicos suplidos por cada desarrollador del sistema de<br />
cable submarino y por los suplidos por la Sutel. Además, cuando<br />
el Poder Ejecutivo tenga acreditada debidamente la existencia de<br />
un contrato de interconexión, suscrito entre un desarrollador de<br />
cable submarino y un operador o proveedor, podrá autorizar que<br />
los cables tomen tierra en el territorio nacional, atravesando la<br />
zona marítimo-terrestre hasta conectarse con la red de<br />
telecomunicaciones correspondiente, por medio de la estación de<br />
anclaje.<br />
Para que el Poder Ejecutivo otorgue la autorización citada,<br />
el desarrollador deberá presentar siempre una solicitud con la<br />
siguiente información:<br />
a) Datos técnicos referentes a todo el sistema de cable<br />
que se instalará.<br />
b) Especificaciones de los materiales que se utilizarán.<br />
c) Detalles de las instalaciones y los planos del<br />
anteproyecto. Los planos finales se aportarán una vez que<br />
se cuente con la autorización del Poder Ejecutivo.<br />
d) Duración estimada de la obra.<br />
e) Ruta del cable dentro del territorio costarricense y<br />
condiciones de la interconexión.<br />
f) Estudio del impacto ambiental.<br />
Cuando el desarrollador sea un operador o proveedor, a los<br />
que se refiere la Ley general de telecomunicaciones, en forma<br />
individual o con otras empresas, se necesitará la aprobación<br />
aludida en el primer párrafo de este artículo; para ello, se<br />
aportará al Poder Ejecutivo la información mencionada en los<br />
incisos de este artículo."<br />
b) Se deroga el artículo 7 de la misma Ley.<br />
ARTÍCULO 76.- Ley de radio<br />
Modifícase la Ley de radio N.º 1758, de 19 de junio de 1954, en las<br />
siguientes disposiciones:<br />
a) Se reforman los artículos 7, 8, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 22, 23,<br />
24, 25 y 26 de manera que donde se menciona "estaciones inalámbricas"<br />
se lea "estaciones radiodifusoras", donde se menciona "licencias" se<br />
lea "concesiones", donde se menciona "servicios inalámbricos" se lea<br />
"servicios de radiodifusión y donde se menciona el "Ministerio de<br />
Gobernación" o el "Departamento de Control Nacional de Radio" se lea<br />
"el Ministerio de Ambiente y Energía".<br />
b) Se derogan los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16<br />
y 19.<br />
CAPÍTULO II<br />
DISPOSICIONES FINALES<br />
ARTÍCULO 77.- Reglamentación de la Ley<br />
1) En un plazo no mayor a nueve meses, contado desde la entrada en<br />
vigencia de la presente Ley, el Poder Ejecutivo dictará los<br />
siguientes reglamentos:<br />
a) Reglamento a la Ley general de telecomunicaciones.<br />
b) Reglamento sobre administración, gestión y control del<br />
espectro radioeléctrico.<br />
c) Plan nacional de atribución de frecuencias radioeléctricas.<br />
d) Plan nacional de numeración.<br />
e) Reglamento sobre medidas de protección de la privacidad de<br />
las comunicaciones.<br />
2) En un plazo no mayor a nueve meses, contado desde la entrada en<br />
vigencia de esta Ley, la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora<br />
de los Servicios Públicos dictará los siguientes reglamentos<br />
técnicos:<br />
a) Reglamento de acceso e interconexión.<br />
b) Reglamento de acceso universal, servicio universal y<br />
solidaridad.<br />
c) Reglamento sobre el régimen de protección al usuario final.<br />
d) Reglamento interior de la Superintendencia de<br />
Telecomunicaciones.<br />
e) Reglamento de prestación y calidad de servicios.<br />
f) Reglamento del régimen de competencia en<br />
telecomunicaciones.<br />
g) Reglamento para la fijación de las bases y condiciones para<br />
la fijación de precios y tarifas, comprendido en el artículo 50<br />
de esta Ley.<br />
h) Planes fundamentales de encadenamiento, transmisión y<br />
sincronización.<br />
i) Los demás reglamentos que sean necesarios para la correcta<br />
regulación del mercado de las telecomunicaciones.<br />
CAPÍTULO III<br />
DISPOSICIONES TRANSITORIAS<br />
TRANSITORIO I.-<br />
Los procedimientos en curso, a la entrada en vigencia de esta Ley,<br />
continuarán tramitándose de acuerdo con el ordenamiento vigente aplicable.<br />
De la misma manera, se mantendrán en vigencia las disposiciones<br />
reglamentarias y administrativas, en tanto sean conformes con lo previsto<br />
en la presente Ley.<br />
TRANSITORIO II.-<br />
Los operadores de redes y los proveedores de servicios de<br />
telecomunicaciones disponibles al público que, a la entrada en vigencia de<br />
esta Ley, se encuentren suministrando dichos servicios y estén conformes<br />
con el ordenamiento jurídico, estarán sujetos a la presente Ley.<br />
A partir de la entrada en vigencia de esta Ley, los operadores y<br />
proveedores podrán competir efectivamente para suministrar directamente al<br />
cliente los servicios de telecomunicaciones de redes privadas, Internet y<br />
servicios inalámbricos móviles, así como todos los nuevos servicios que<br />
surjan en virtud de los adelantos tecnológicos.<br />
TRANSITORIO III.-<br />
El Instituto Costarricense de Electricidad y Radiográfica Costarricense<br />
S.A., continuarán prestando los servicios para los que se encuentren<br />
autorizados en sus respectivas leyes de creación y estarán sujetos a los<br />
deberes, los derechos y las obligaciones dispuestos en la presente Ley.<br />
Los contratos de concesión de uso de espectro radioeléctrico suscritos<br />
al amparo de la Ley de radio, N.º 1758, de 19 de junio de 1954, y su<br />
Reglamento, mantendrán plena vigencia por el plazo establecido en el<br />
contrato respectivo. Los concesionarios continuarán prestando los<br />
servicios en las condiciones indicadas en la concesión correspondiente y<br />
estarán sujetos a las regulaciones previstas en esta Ley, de conformidad<br />
con el artículo 29 de esta Ley.<br />
TRANSITORIO IV.-<br />
En el plazo máximo de tres meses, contado desde la integración del<br />
Consejo Sectorial de Telecomunicaciones, los concesionarios de bandas de<br />
frecuencia, públicos o privados, deberán rendirle un informe en el que<br />
indiquen las bandas de frecuencia que tienen asignadas, así como el uso que<br />
estén haciendo de cada una de ellas. Mediante resolución fundada, el Poder<br />
Ejecutivo resolverá lo que corresponda para adecuar su condición a lo<br />
establecido en esta Ley.<br />
Los concesionarios de bandas de frecuencia, públicos o privados,<br />
excepto los concesionarios indicados en el artículo 29 de esta Ley, deberán<br />
devolver las bandas de frecuencias que el Poder Ejecutivo determine que<br />
deben ser objeto de reasignación, de conformidad con lo dispuesto en el<br />
artículo 21 de esta Ley.<br />
En el caso de los concesionarios de bandas de frecuencia de<br />
radiodifusión, deberán rendir un informe en el que indiquen las bandas de<br />
frecuencias que tienen asignadas, así como el uso que estén haciendo de<br />
ellas. Mediante resolución fundada y siguiendo las reglas del debido<br />
proceso, el Poder Ejecutivo resolverá la devolución de las bandas que no se<br />
estén utilizando, de conformidad con la legislación vigente y el respectivo<br />
contrato de concesión.<br />
TRANSITORIO V.-<br />
En el plazo máximo de tres meses, contado desde la integración del<br />
Consejo de la Sutel, el Poder Ejecutivo gestionará ante la Sutel el inicio<br />
de los procedimientos correspondientes para el otorgamiento de las<br />
concesiones de las bandas de frecuencia de telefonía celular u otras bandas<br />
requeridas, de conformidad con los principios de esta Ley, el Plan nacional<br />
de desarrollo de las telecomunicaciones y las políticas sectoriales.<br />
TRANSITORIO VI.-<br />
El primer Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones que se<br />
dicte deberá establecer, como mínimo, las siguientes metas y prioridades de<br />
acceso universal, servicio universal y solidaridad:<br />
1) Servicio universal.<br />
a) Que todos los usuarios finales puedan obtener una conexión<br />
a la red telefónica pública desde una ubicación fija. La<br />
conexión debe ofrecer al usuario final la posibilidad de efectuar<br />
y recibir llamadas telefónicas y permitir comunicaciones de fax y<br />
datos a velocidad suficiente para acceder de forma funcional a<br />
Internet.<br />
b) Que todos los usuarios finales puedan contar con acceso a<br />
Internet de banda ancha, posibilitando, a mediano plazo, el uso<br />
de tecnologías inalámbricas en las comunidades donde los costos<br />
para la instalación y el mantenimiento de la infraestructura es<br />
elevada.<br />
c) Que se ponga a disposición de los abonados al servicio<br />
telefónico una guía telefónica y se actualice, como mínimo, una<br />
vez al año. Asimismo, que se ponga a disposición de todos los<br />
usuarios finales, un servicio de información general sobre<br />
números de abonados. Todos los abonados al servicio telefónico<br />
disponible al público tendrán derecho a figurar en dicha guía y<br />
conforme a las normas que regulan la protección de los datos<br />
personales y el derecho a la intimidad.<br />
d) Que los usuarios finales con discapacidad tengan acceso al<br />
servicio telefónico desde una ubicación fija y a los demás<br />
elementos del servicio universal citados en este transitorio, en<br />
condiciones equiparables a las que se ofrecen al resto de<br />
usuarios finales.<br />
e) Que, cuando así se establezca reglamentariamente, se<br />
ofrezcan a los usuarios finales que sean personas físicas, de<br />
acuerdo con condiciones transparentes, públicas y no<br />
discriminatorias, opciones o paquetes de tarifas que difieran de<br />
las aplicadas en condiciones normales de explotación comercial,<br />
con el objeto de garantizar que las personas con necesidades<br />
sociales especiales, los habitantes de las zonas donde el<br />
servicio no es financieramente rentable, o las personas no<br />
cuenten con recursos suficientes, puedan tener acceso al servicio<br />
telefónico o hacer uso de este.<br />
f) Que se apliquen, cuando proceda, opciones tarifarias<br />
especiales o limitaciones de precios, tarifas comunes,<br />
equiparación geográfica u otros regímenes similares, de acuerdo<br />
con condiciones transparentes, públicas y no discriminatorias.<br />
2) Acceso universal<br />
a) Que exista una oferta suficiente de teléfonos públicos en<br />
todo el territorio nacional, que satisfaga razonablemente las<br />
necesidades de los usuarios finales, en cobertura geográfica,<br />
número de aparatos, accesibilidad de estos teléfonos por los<br />
usuarios con discapacidades y calidad de los servicios, y que sea<br />
posible efectuar gratuitamente llamadas de emergencia desde los<br />
teléfonos públicos.<br />
b) Que se establezcan centros de acceso a Internet de banda<br />
ancha en las comunidades rurales y urbanas menos desarrolladas y,<br />
en particular, en albergues de menores, adultos mayores, personas<br />
con discapacidad y poblaciones indígenas.<br />
c) Que se brinde acceso a Internet de banda ancha a las<br />
escuelas y los colegios públicos que sean parte de los Programas<br />
de Informática Educativa del Ministerio de Educación Pública.<br />
d) Que se brinde acceso a Internet de banda ancha a los<br />
hospitales, clínicas y demás centros de salud comunitarios de la<br />
Caja Costarricense de Seguro Social.<br />
e) Que se brinde acceso a Internet de banda ancha a las<br />
instituciones públicas, a fin de simplificar y hacer más<br />
eficientes sus operaciones y servicios, e incrementar la<br />
transparencia y la participación ciudadana.<br />
Los planes de desarrollo de las telecomunicaciones subsiguientes<br />
deberán contener, como mínimo, lo establecido en este transitorio y las<br />
mejoras que procedan como resultado de los avances tecnológicos.<br />
TRANSITORIO VII.-<br />
Una vez que los concesionarios de bandas de frecuencia, públicos o<br />
privados, cuenten con la adecuación del correspondiente título habilitante,<br />
deberán satisfacer las tasas, los cánones y las contribuciones especiales<br />
que fije la presente Ley general de telecomunicaciones.<br />
Rige a partir de su publicación.<br />
ASAMBLEA LEGISLATIVA.- Aprobado a los catorce días del mes de mayo de dos<br />
mil ocho.<br />
COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO<br />
Francisco Antonio Pacheco Fernández<br />
PRESIDENTE<br />
Hilda González Ramírez Guyon Massey Mora<br />
PRIMERA SECRETARIA SEGUNDO SECRETARIO<br />
dr.-<br />
Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los cuatro<br />
días del mes de junio de dos mil ocho.<br />
Ejecútese y publíquese<br />
ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ<br />
Rodrigo Arias Sánchez<br />
MINISTRO DE LA PRESIDENCIA<br />
Roberto Dobles Mora<br />
MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA<br />
Pedro Pablo Quirós Cortés<br />
PRESIDENTE EJECUTIVO DEL INSTITUTO<br />
COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD<br />
TESTIGO DE HONOR<br />
Sanción: 04-06-2008<br />
Publicación: 30-06-2008 Gaceta: 125
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