ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA<br />
REPÚBLICA DE COSTA RICA<br />
PLENARIO<br />
APROBACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES<br />
UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN<br />
DECRETO LEGISLATIVO N.º 8557<br />
EXPEDIENTE N.º 15.743<br />
SAN JOSÉ - COSTA RICA<br />
8557<br />
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA<br />
DECRETA:<br />
APROBACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES<br />
UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN<br />
ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase, en cada una de las partes, la Convención de<br />
las Naciones Unidas contra la Corrupción. El texto es el siguiente:<br />
"CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS<br />
CONTRA LA CORRUPCIÓN<br />
Preámbulo<br />
Los Estados Parte en la presente Convención, Preocupados por la<br />
gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción<br />
para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las<br />
instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia<br />
y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley,<br />
Preocupados también por los vínculos entre la corrupción y otras<br />
formas de delincuencia, en particular la delincuencia organizada y la<br />
delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero,<br />
Preocupados asimismo por los casos de corrupción que entrañan vastas<br />
cantidades de activos, los cuales pueden constituir una proporción<br />
importante de los recursos de los Estados, y que amenazan la<br />
estabilidad política y el desarrollo sostenible de esos Estados,<br />
Convencidos de que la corrupción ha dejado de ser un problema local<br />
para convertirse en un fenómeno transnacional que afecta a todas las<br />
sociedades y economías, lo que hace esencial la cooperación<br />
internacional para prevenirla y luchar contra ella,<br />
Convencidos también de que se requiere un enfoque amplio y<br />
multidisciplinario para prevenir y combatir eficazmente la<br />
corrupción,<br />
Convencidos asimismo de que la disponibilidad de asistencia técnica<br />
puede desempeñar un papel importante para que los Estados estén en<br />
mejores condiciones de poder prevenir y combatir eficazmente la<br />
corrupción, entre otras cosas fortaleciendo sus capacidades y creando<br />
instituciones,<br />
Convencidos de que el enriquecimiento personal ilícito puede ser<br />
particularmente nocivo para las instituciones democráticas, las<br />
economías nacionales y el imperio de la ley,<br />
Decididos a prevenir, detectar y disuadir con mayor eficacia las<br />
transferencias internacionales de activos adquiridos ilícitamente y a<br />
fortalecer la cooperación internacional para la recuperación de<br />
activos,<br />
Reconociendo los principios fundamentales del debido proceso en los<br />
procesos penales y en los procedimientos civiles o administrativos<br />
sobre derechos de propiedad,<br />
Teniendo presente que la prevención y la erradicación de la<br />
corrupción son responsabilidad de todos los Estados y que estos deben<br />
cooperar entre sí, con el apoyo y la participación de personas y<br />
grupos que no pertenecen al sector público, como la sociedad civil,<br />
las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de base<br />
comunitaria, para que sus esfuerzos en este ámbito sean eficaces,<br />
Teniendo presentes también los principios de debida gestión de los<br />
asuntos y los bienes públicos, equidad, responsabilidad e igualdad<br />
ante la ley, así como la necesidad de salvaguardar la integridad y<br />
fomentar una cultura de rechazo de la corrupción,<br />
Encomiando la labor de la Comisión de Prevención del Delito y<br />
Justicia Penal y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y<br />
el Delito en la prevención y la lucha contra la corrupción,<br />
Recordando la labor realizada por otras organizaciones<br />
internacionales y regionales en esta esfera, incluidas las<br />
actividades del Consejo de Cooperación Aduanera (también denominado<br />
Organización Mundial de Aduanas), el Consejo de Europa, la Liga de<br />
los Estados Árabes, la Organización de Cooperación y Desarrollo<br />
Económicos, la Organización de los Estados Americanos, la Unión<br />
Africana y la Unión Europea,<br />
Tomando nota con reconocimiento de los instrumentos multilaterales<br />
encaminados a prevenir y combatir la corrupción, incluidos, entre<br />
otros la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada por<br />
la Organización de los Estados Americanos el 29 de marzo de 1996, el<br />
Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los<br />
que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de<br />
los Estados Miembros de la Unión Europea, aprobado por el Consejo de<br />
la Unión Europea el 26 de mayo de 1997, el Convenio sobre la lucha<br />
contra el soborno de los funcionarios públicos extranjeros en las<br />
transacciones comerciales internacionales, aprobado por la<br />
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos el 21 de<br />
noviembre de 1997, el Convenio de derecho penal sobre la corrupción,<br />
aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 27 de<br />
enero de 1999, el Convenio de derecho civil sobre la corrupción,<br />
aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 4 de<br />
noviembre de 1999 y la Convención de la Unión Africana para prevenir<br />
y combatir la corrupción, aprobada por los Jefes de Estado y de<br />
Gobierno de la Unión Africana el 12 de julio de 2003,<br />
Acogiendo con satisfacción la entrada en vigor, el 29 de septiembre<br />
de 2003, de la Convención de las Naciones Unidas contra la<br />
Delincuencia Organizada Transnacional,<br />
Han Convenido en lo siguiente:<br />
Capítulo I<br />
Disposiciones generales<br />
Artículo 1<br />
Finalidad<br />
La finalidad de la presente Convención es:<br />
a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir<br />
más eficaz y eficientemente la corrupción;<br />
b) Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y<br />
la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la<br />
corrupción, incluida la recuperación de activos;<br />
c) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y<br />
la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos.<br />
Artículo 2<br />
Definiciones<br />
A los efectos de la presente Convención:<br />
a) Por "funcionario público" se entenderá: i) toda persona<br />
que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o<br />
judicial de un Estado Parte, ya sea designado o elegido,<br />
permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la<br />
antigüedad de esa persona en el cargo; ii) toda otra persona que<br />
desempeñe una función pública, incluso para un organismo público<br />
o una empresa pública, o que preste un servicio público, según se<br />
defina en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la<br />
esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado Parte;<br />
iii) toda otra persona definida como "funcionario público" en el<br />
derecho interno de un Estado Parte. No obstante, a los efectos<br />
de algunas medidas específicas incluidas en el capítulo II de la<br />
presente Convención, podrá entenderse por "funcionario público"<br />
toda persona que desempeñe una función pública o preste un<br />
servicio público según se defina en el derecho interno del Estado<br />
Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento<br />
jurídico de ese Estado Parte;<br />
b) Por "funcionario público extranjero" se entenderá toda<br />
persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo<br />
o judicial de un país extranjero, ya sea designado o elegido; y<br />
toda persona que ejerza una función pública para un país<br />
extranjero, incluso para un organismo público o una empresa<br />
pública;<br />
c) Por "funcionario de una organización internacional pública"<br />
se entenderá un empleado público internacional o toda persona que<br />
tal organización haya autorizado a actuar en su nombre;<br />
d) Por "bienes" se entenderá los activos de cualquier tipo,<br />
corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o<br />
intangibles y los documentos o instrumentos legales que acrediten<br />
la propiedad u otros derechos sobre dichos activos;<br />
e) Por "producto del delito" se entenderá los bienes de<br />
cualquier índole derivados u obtenidos directa o indirectamente<br />
de la comisión de un delito;<br />
f) Por "embargo preventivo" o "incautación" se entenderá la<br />
prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o<br />
trasladar bienes, o de asumir la custodia o el control temporales<br />
de bienes sobre la base de una orden de un tribunal u otra<br />
autoridad competente;<br />
g) Por "decomiso" se entenderá la privación con carácter<br />
definitivo de bienes por orden de un tribunal u otra autoridad<br />
competente;<br />
h) Por "delito determinante" se entenderá todo delito del que<br />
se derive un producto que pueda pasar a constituir materia de un<br />
delito definido en el artículo 23 de la presente Convención;<br />
i) Por "entrega vigilada" se entenderá la técnica consistente<br />
en permitir que remesas ilícitas o sospechosas salgan del<br />
territorio de uno o más Estados, lo atraviesen o entren en él,<br />
con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades<br />
competentes, con el fin de investigar un delito e identificar a<br />
las personas involucradas en su comisión.<br />
Artículo 3<br />
Ámbito de aplicación<br />
1.- La presente Convención se aplicará, de conformidad con sus<br />
disposiciones, a la prevención, la investigación y el enjuiciamiento<br />
de la corrupción y al embargo preventivo, la incautación, el decomiso<br />
y la restitución del producto de delitos tipificados con arreglo a la<br />
presente Convención.<br />
2.- Para la aplicación de la presente Convención, a menos que<br />
contenga una disposición en contrario, no será necesario que los<br />
delitos enunciados en ella produzcan daño o perjuicio patrimonial al<br />
Estado.<br />
Artículo 4<br />
Protección de la soberanía<br />
1. Los Estados Parte cumplirán sus obligaciones con arreglo a la<br />
presente Convención en consonancia con los principios de igualdad<br />
soberana e integridad territorial de los Estados, así como de no<br />
intervención en los asuntos internos de otros Estados.<br />
2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención facultará a un<br />
Estado Parte para ejercer, en el territorio de otro Estado,<br />
jurisdicción o funciones que el derecho interno de ese Estado reserve<br />
exclusivamente a sus autoridades.<br />
Capítulo II<br />
Medidas preventivas<br />
Artículo 5<br />
Políticas y prácticas de prevención de la corrupción<br />
1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios<br />
fundamentales de su ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o<br />
mantendrá en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la<br />
corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen<br />
los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los<br />
asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la<br />
transparencia y la obligación de rendir cuentas.<br />
2. Cada Estado Parte procurará establecer y fomentar prácticas<br />
eficaces encaminadas a prevenir la corrupción.<br />
3. Cada Estado Parte procurará evaluar periódicamente los<br />
instrumentos jurídicos y las medidas administrativas pertinentes a<br />
fin de determinar si son adecuados para combatir la corrupción.<br />
4. Los Estados Parte, según proceda y de conformidad con los<br />
principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, colaborarán<br />
entre sí y con las organizaciones internacionales y regionales<br />
pertinentes en la promoción y formulación de las medidas mencionadas<br />
en el presente artículo. Esa colaboración podrá comprender la<br />
participación en programas y proyectos internacionales destinados a<br />
prevenir la corrupción.<br />
Artículo 6<br />
Órgano u órganos de prevención de la corrupción<br />
1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios<br />
fundamentales de su ordenamiento jurídico, garantizará la existencia<br />
de un órgano u órganos, según proceda, encargados de prevenir la<br />
corrupción con medidas tales como:<br />
a) La aplicación de las políticas a que se hace alusión en el<br />
artículo 5 de la presente Convención y, cuando proceda, la<br />
supervisión y coordinación de la puesta en práctica de esas<br />
políticas;<br />
b) El aumento y la difusión de los conocimientos en materia de<br />
prevención de la corrupción.<br />
2. Cada Estado Parte otorgará al órgano o a los órganos mencionados<br />
en el párrafo 1 del presente artículo la independencia necesaria, de<br />
conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento<br />
jurídico, para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz y<br />
sin ninguna influencia indebida. Deben proporcionárseles los<br />
recursos materiales y el personal especializado que sean necesarios,<br />
así como la capacitación que dicho personal pueda requerir para el<br />
desempeño de sus funciones.<br />
3. Cada Estado Parte comunicará al Secretario General de las<br />
Naciones Unidas el nombre y la dirección de la autoridad o las<br />
autoridades que puedan ayudar a otros Estados Parte a formular y<br />
aplicar medidas concretas de prevención de la corrupción.<br />
Artículo 7<br />
Sector público<br />
1. Cada Estado Parte, cuando sea apropiado y de conformidad con los<br />
principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, procurará<br />
adoptar sistemas de convocatoria, contratación, retención, promoción<br />
y jubilación de empleados públicos y, cuando proceda, de otros<br />
funcionarios públicos no elegidos, o mantener y fortalecer dichos<br />
sistemas. Estos:<br />
a) Estarán basados en principios de eficiencia y transparencia<br />
y en criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud;<br />
b) Incluirán procedimientos adecuados de selección y formación<br />
de los titulares de cargos públicos que se consideren<br />
especialmente vulnerables a la corrupción, así como, cuando<br />
proceda, la rotación de esas personas a otros cargos;<br />
c) Fomentarán una remuneración adecuada y escalas de sueldo<br />
equitativas, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo económico<br />
del Estado Parte;<br />
d) Promoverán programas de formación y capacitación que les<br />
permitan cumplir los requisitos de desempeño correcto, honorable<br />
y debido de sus funciones y les proporcionen capacitación<br />
especializada y apropiada para que sean más conscientes de los<br />
riesgos de corrupción inherentes al desempeño de sus funciones.<br />
Tales programas podrán hacer referencia a códigos o normas de<br />
conducta en las esferas pertinentes.<br />
2. Cada Estado Parte considerará también la posibilidad de adoptar<br />
medidas legislativas y administrativas apropiadas, en consonancia con<br />
los objetivos de la presente Convención y de conformidad con los<br />
principios fundamentales de su derecho interno, a fin de establecer<br />
criterios para la candidatura y elección a cargos públicos.<br />
3. Cada Estado Parte considerará asimismo la posibilidad de adoptar<br />
medidas legislativas y administrativas apropiadas, en consonancia con<br />
los objetivos de la presente Convención y de conformidad con los<br />
principios fundamentales de su derecho interno, para aumentar la<br />
transparencia respecto de la financiación de candidaturas a cargos<br />
públicos electivos y, cuando proceda, respecto de la financiación de<br />
los partidos políticos.<br />
4. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios<br />
fundamentales de su derecho interno, procurará adoptar sistemas<br />
destinados a promover la transparencia y a prevenir conflictos de<br />
intereses, o a mantener y fortalecer dichos sistemas.<br />
Artículo 8<br />
Códigos de conducta para funcionarios públicos<br />
1. Con objeto de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de<br />
conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento<br />
jurídico, promoverá, entre otras cosas, la integridad, la honestidad<br />
y la responsabilidad entre sus funcionarios públicos.<br />
2. En particular, cada Estado Parte procurará aplicar, en sus<br />
propios ordenamientos institucionales y jurídicos, códigos o normas<br />
de conducta para el correcto, honorable y debido cumplimiento de las<br />
funciones públicas.<br />
3. Con miras a aplicar las disposiciones del presente artículo,<br />
cada Estado Parte, cuando proceda y de conformidad con los principios<br />
fundamentales de su ordenamiento jurídico, tomará nota de las<br />
iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales,<br />
interregionales y multilaterales, tales como el Código Internacional<br />
de Conducta para los titulares de cargos públicos, que figura en el<br />
anexo de la resolución 51/59 de la Asamblea General de 12 de<br />
diciembre de 1996.<br />
4. Cada Estado Parte también considerará, de conformidad con los<br />
principios fundamentales de su derecho interno, la posibilidad de<br />
establecer medidas y sistemas para facilitar que los funcionarios<br />
públicos denuncien todo acto de corrupción a las autoridades<br />
competentes cuando tengan conocimiento de ellos en el ejercicio de<br />
sus funciones.<br />
5. Cada Estado Parte procurará, cuando proceda y de conformidad con<br />
los principios fundamentales de su derecho interno, establecer<br />
medidas y sistemas para exigir a los funcionarios públicos que hagan<br />
declaraciones a las autoridades competentes en relación, entre otras<br />
cosas, con sus actividades externas y con empleos, inversiones,<br />
activos y regalos o beneficios importantes que puedan dar lugar a un<br />
conflicto de intereses respecto de sus atribuciones como funcionarios<br />
públicos.<br />
6. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar, de<br />
conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno,<br />
medidas disciplinarias o de otra índole contra todo funcionario<br />
público que transgreda los códigos o normas establecidos de<br />
conformidad con el presente artículo.<br />
Artículo 9<br />
Contratación pública y gestión de la hacienda pública<br />
1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios<br />
fundamentales de su ordenamiento jurídico, adoptará las medidas<br />
necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación<br />
pública, basados en la transparencia, la competencia y criterios<br />
objetivos de adopción de decisiones, que sean eficaces, entre otras<br />
cosas, para prevenir la corrupción. Esos sistemas, en cuya<br />
aplicación se podrán tener en cuenta valores mínimos apropiados,<br />
deberán abordar, entre otras cosas:<br />
a) La difusión pública de información relativa a<br />
procedimientos de contratación pública y contratos, incluida<br />
información sobre licitaciones e información pertinente u<br />
oportuna sobre la adjudicación de contratos, a fin de que los<br />
licitadores potenciales dispongan de tiempo suficiente para<br />
preparar y presentar sus ofertas;<br />
b) La formulación previa de las condiciones de participación,<br />
incluidos criterios de selección y adjudicación y reglas de<br />
licitación, así como su publicación;<br />
c) La aplicación de criterios objetivos y predeterminados para<br />
la adopción de decisiones sobre contratación pública a fin de<br />
facilitar la ulterior verificación de la aplicación correcta de<br />
las reglas o procedimientos;<br />
d) Un mecanismo eficaz de examen interno, incluido un sistema<br />
eficaz de apelación, para garantizar recursos y soluciones<br />
legales en el caso de que no se respeten las reglas o los<br />
procedimientos establecidos conforme al presente párrafo;<br />
e) Cuando proceda, la adopción de medidas para reglamentar las<br />
cuestiones relativas al personal encargado de la contratación<br />
pública, en particular declaraciones de interés respecto de<br />
determinadas contrataciones públicas, procedimientos de<br />
preselección y requisitos de capacitación.<br />
2. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios<br />
fundamentales de su ordenamiento jurídico, adoptará medidas<br />
apropiadas para promover la transparencia y la obligación de rendir<br />
cuentas en la gestión de la hacienda pública. Esas medidas abarcarán,<br />
entre otras cosas:<br />
a) Procedimientos para la aprobación del presupuesto nacional;<br />
b) La presentación oportuna de información sobre gastos e<br />
ingresos;<br />
c) Un sistema de normas de contabilidad y auditoría, así como<br />
la supervisión correspondiente;<br />
d) Sistemas eficaces y eficientes de gestión de riesgos y<br />
control interno; y<br />
e) Cuando proceda, la adopción de medidas correctivas en caso<br />
de incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente<br />
párrafo.<br />
3. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios<br />
fundamentales de su derecho interno, adoptará las medidas que sean<br />
necesarias en los ámbitos civil y administrativo para preservar la<br />
integridad de los libros y registros contables, estados financieros u<br />
otros documentos relacionados con los gastos e ingresos públicos y<br />
para prevenir la falsificación de esos documentos.<br />
Artículo 10<br />
Información pública<br />
Habida cuenta de la necesidad de combatir la corrupción, cada<br />
Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su<br />
derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias para<br />
aumentar la transparencia en su administración pública, incluso en lo<br />
relativo a su organización, funcionamiento y procesos de adopción de<br />
decisiones, cuando proceda. Esas medidas podrán incluir, entre otras<br />
cosas:<br />
a) La instauración de procedimientos o reglamentaciones que<br />
permitan al público en general obtener, cuando proceda,<br />
información sobre la organización, el funcionamiento y los<br />
procesos de adopción de decisiones de su administración pública<br />
y, con el debido respeto a la protección de la intimidad y de los<br />
datos personales, sobre las decisiones y actos jurídicos que<br />
incumban al público;<br />
b) La simplificación de los procedimientos administrativos,<br />
cuando proceda, a fin de facilitar el acceso del público a las<br />
autoridades encargadas de la adopción de decisiones; y<br />
c) La publicación de información, lo que podrá incluir<br />
informes periódicos sobre los riesgos de corrupción en su<br />
administración pública.<br />
Artículo 11<br />
Medidas relativas al poder judicial y al ministerio público<br />
1. Teniendo presentes la independencia del poder judicial y su<br />
papel decisivo en la lucha contra la corrupción, cada Estado Parte,<br />
de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento<br />
jurídico y sin menoscabo de la independencia del poder judicial,<br />
adoptará medidas para reforzar la integridad y evitar toda<br />
oportunidad de corrupción entre los miembros del poder judicial.<br />
Tales medidas podrán incluir normas que regulen la conducta de los<br />
miembros del poder judicial.<br />
2. Podrán formularse y aplicarse en el ministerio público medidas<br />
con idéntico fin a las adoptadas conforme al párrafo 1 del presente<br />
artículo en los Estados Parte en que esa institución no forme parte<br />
del poder judicial pero goce de independencia análoga.<br />
Artículo 12<br />
Sector privado<br />
1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios<br />
fundamentales de su derecho interno, adoptará medidas para prevenir<br />
la corrupción y mejorar las normas contables y de auditoría en el<br />
sector privado, así como, cuando proceda, prever sanciones civiles,<br />
administrativas o penales eficaces, proporcionadas y disuasivas en<br />
caso de incumplimiento de esas medidas.<br />
2. Las medidas que se adopten para alcanzar esos fines podrán<br />
consistir, entre otras cosas, en:<br />
a) Promover la cooperación entre los organismos encargados de<br />
hacer cumplir la ley y las entidades privadas pertinentes;<br />
b) Promover la formulación de normas y procedimientos<br />
encaminados a salvaguardar la integridad de las entidades<br />
privadas pertinentes, incluidos códigos de conducta para el<br />
correcto, honorable y debido ejercicio de las actividades<br />
comerciales y de todas las profesiones pertinentes y para la<br />
prevención de conflictos de intereses, así como para la promoción<br />
del uso de buenas prácticas comerciales entre las empresas y en<br />
las relaciones contractuales de las empresas con el Estado;<br />
c) Promover la transparencia entre entidades privadas,<br />
incluidas, cuando proceda, medidas relativas a la identidad de<br />
las personas jurídicas y naturales involucradas en el<br />
establecimiento y la gestión de empresas;<br />
d) Prevenir la utilización indebida de los procedimientos que<br />
regulan a las entidades privadas, incluidos los procedimientos<br />
relativos a la concesión de subsidios y licencias por las<br />
autoridades públicas para actividades comerciales;<br />
e) Prevenir los conflictos de intereses imponiendo<br />
restricciones apropiadas, durante un período razonable, a las<br />
actividades profesionales de ex funcionarios públicos o a la<br />
contratación de funcionarios públicos en el sector privado tras<br />
su renuncia o jubilación cuando esas actividades o esa<br />
contratación estén directamente relacionadas con las funciones<br />
desempeñadas o supervisadas por esos funcionarios públicos<br />
durante su permanencia en el cargo;<br />
f) Velar por que las empresas privadas, teniendo en cuenta su<br />
estructura y tamaño, dispongan de suficientes controles contables<br />
internos para ayudar a prevenir y detectar los actos de<br />
corrupción y por que las cuentas y los estados financieros<br />
requeridos de esas empresas privadas estén sujetos a<br />
procedimientos apropiados de auditoría y certificación.<br />
3. A fin de prevenir la corrupción, cada Estado Parte adoptará las<br />
medidas que sean necesarias, de conformidad con sus leyes y<br />
reglamentos internos relativos al mantenimiento de libros y<br />
registros, la divulgación de estados financieros y las normas de<br />
contabilidad y auditoría, para prohibir los siguientes actos<br />
realizados con el fin de cometer cualesquiera de los delitos<br />
tipificados con arreglo a la presente Convención:<br />
a) El establecimiento de cuentas no registradas en libros;<br />
b) La realización de operaciones no registradas en libros o<br />
mal consignadas;<br />
c) El registro de gastos inexistentes;<br />
d) El asiento de gastos en los libros de contabilidad con<br />
indicación incorrecta de su objeto;<br />
e) La utilización de documentos falsos; y<br />
f) La destrucción deliberada de documentos de contabilidad<br />
antes del plazo previsto en la ley.<br />
4. Cada Estado Parte denegará la deducción tributaria respecto de<br />
gastos que constituyan soborno, que es uno de los elementos<br />
constitutivos de los delitos tipificados con arreglo a los artículos<br />
15 y 16 de la presente Convención y, cuando proceda, respecto de<br />
otros gastos que hayan tenido por objeto promover un comportamiento<br />
corrupto.<br />
Artículo 13<br />
Participación de la sociedad<br />
1. Cada Estado Parte adoptará medidas adecuadas, dentro de los<br />
medios de que disponga y de conformidad con los principios<br />
fundamentales de su derecho interno, para fomentar la participación<br />
activa de personas y grupos que no pertenezcan al sector público,<br />
como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las<br />
organizaciones con base en la comunidad, en la prevención y la lucha<br />
contra la corrupción, y para sensibilizar a la opinión pública con<br />
respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la corrupción,<br />
así como a la amenaza que esta representa. Esa participación debería<br />
reforzarse con medidas como las siguientes:<br />
a) Aumentar la transparencia y promover la contribución de la<br />
ciudadanía a los procesos de adopción de decisiones;<br />
b) Garantizar el acceso eficaz del público a la información;<br />
c) Realizar actividades de información pública para fomentar<br />
la intransigencia con la corrupción, así como programas de<br />
educación pública, incluidos programas escolares y<br />
universitarios;<br />
d) Respetar, promover y proteger la libertad de buscar,<br />
recibir, publicar y difundir información relativa a la<br />
corrupción. Esa libertad podrá estar sujeta a ciertas<br />
restricciones, que deberán estar expresamente fijadas por la ley<br />
y ser necesarias para:<br />
i) Garantizar el respeto de los derechos o la reputación<br />
de terceros;<br />
ii) Salvaguardar la seguridad nacional, el orden público,<br />
o la salud o la moral públicas.<br />
2. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para garantizar<br />
que el público tenga conocimiento de los órganos pertinentes de lucha<br />
contra la corrupción mencionados en la presente Convención y<br />
facilitará el acceso a dichos órganos, cuando proceda, para la<br />
denuncia, incluso anónima, de cualesquiera incidentes que puedan<br />
considerarse constitutivos de un delito tipificado con arreglo a la<br />
presente Convención.<br />
Artículo 14<br />
Medidas para prevenir el blanqueo de dinero<br />
1. Cada Estado Parte:<br />
a) Establecerá un amplio régimen interno de reglamentación y<br />
supervisión de los bancos y las instituciones financieras no<br />
bancarias, incluidas las personas naturales o jurídicas que<br />
presten servicios oficiales u oficiosos de transferencia de<br />
dinero o valores y, cuando proceda, de otros órganos situados<br />
dentro de su jurisdicción que sean particularmente susceptibles<br />
de utilización para el blanqueo de dinero, a fin de prevenir y<br />
detectar todas las formas de blanqueo de dinero, y en dicho<br />
régimen se hará hincapié en los requisitos relativos a la<br />
identificación del cliente y, cuando proceda, del beneficiario<br />
final, al establecimiento de registros y a la denuncia de las<br />
transacciones sospechosas;<br />
b) Garantizará, sin perjuicio de la aplicación del artículo 46<br />
de la presente Convención, que las autoridades de administración,<br />
reglamentación y cumplimiento de la ley y demás autoridades<br />
encargadas de combatir el blanqueo de dinero (incluidas, cuando<br />
sea pertinente con arreglo al derecho interno, las autoridades<br />
judiciales) sean capaces de cooperar e intercambiar información<br />
en los ámbitos nacional e internacional, de conformidad con las<br />
condiciones prescritas en el derecho interno y, a tal fin,<br />
considerará la posibilidad de establecer una dependencia de<br />
inteligencia financiera que sirva de centro nacional de<br />
recopilación, análisis y difusión de información sobre posibles<br />
actividades de blanqueo de dinero.<br />
2. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de aplicar medidas<br />
viables para detectar y vigilar el movimiento transfronterizo de<br />
efectivo y de títulos negociables pertinentes, con sujeción a<br />
salvaguardias que garanticen la debida utilización de la información<br />
y sin restringir en modo alguno la circulación de capitales lícitos.<br />
Esas medidas podrán incluir la exigencia de que los particulares y<br />
las entidades comerciales notifiquen las transferencias<br />
transfronterizas de cantidades elevadas de efectivo y de títulos<br />
negociables pertinentes.<br />
3. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de aplicar medidas<br />
apropiadas y viables para exigir a las instituciones financieras,<br />
incluidas las que remiten dinero, que:<br />
a) Incluyan en los formularios de transferencia electrónica de<br />
fondos y mensajes conexos información exacta y válida sobre el<br />
remitente;<br />
b) Mantengan esa información durante todo el ciclo de pagos; y<br />
c) Examinen de manera más minuciosa las transferencias de<br />
fondos que no contengan información completa sobre el remitente.<br />
4. Al establecer un régimen interno de reglamentación y supervisión<br />
con arreglo al presente artículo, y sin perjuicio de lo dispuesto en<br />
cualquier otro artículo de la presente Convención, se insta a los<br />
Estados Parte a que utilicen como guía las iniciativas pertinentes de<br />
las organizaciones regionales, interregionales y multilaterales de<br />
lucha contra el blanqueo de dinero.<br />
5. Los Estados Parte se esforzarán por establecer y promover la<br />
cooperación a escala mundial, regional, subregional y bilateral entre<br />
las autoridades judiciales, de cumplimiento de la ley y de<br />
reglamentación financiera a fin de combatir el blanqueo de dinero.<br />
Capítulo III<br />
Penalización y aplicación de la ley<br />
Artículo 15<br />
Soborno de funcionarios públicos nacionales<br />
Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra<br />
índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se<br />
cometan intencionalmente:<br />
a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario<br />
público, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido<br />
que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o<br />
entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga<br />
de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales;<br />
b) La solicitud o aceptación por un funcionario público, en<br />
forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde<br />
en su propio provecho o en el de otra persona o entidad con el<br />
fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el<br />
cumplimiento de sus funciones oficiales.<br />
Artículo 16<br />
Soborno de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios<br />
de organizaciones internacionales públicas<br />
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra<br />
índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se<br />
cometan intencionalmente, la promesa, el ofrecimiento o la concesión,<br />
en forma directa o indirecta, a un funcionario público extranjero o a<br />
un funcionario de una organización internacional pública, de un<br />
beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra<br />
persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se<br />
abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones oficiales para<br />
obtener o mantener alguna transacción comercial u otro beneficio<br />
indebido en relación con la realización de actividades comerciales<br />
internacionales.<br />
2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las<br />
medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para<br />
tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la<br />
solicitud o aceptación por un funcionario público extranjero o un<br />
funcionario de una organización internacional pública, en forma<br />
directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su<br />
propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que<br />
dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de<br />
sus funciones oficiales.<br />
Artículo 17<br />
Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas<br />
de desviación de bienes por un funcionario público<br />
Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra<br />
índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se<br />
cometan intencionalmente, la malversación o el peculado, la<br />
apropiación indebida u otras formas de desviación por un funcionario<br />
público, en beneficio propio o de terceros u otras entidades, de<br />
bienes, fondos o títulos públicos o privados o cualquier otra cosa de<br />
valor que se hayan confiado al funcionario en virtud de su cargo.<br />
Artículo 18<br />
Tráfico de influencias<br />
Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas<br />
legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como<br />
delito, cuando se cometan intencionalmente:<br />
a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario<br />
público o a cualquier otra persona, en forma directa o indirecta,<br />
de un beneficio indebido con el fin de que el funcionario público<br />
o la persona abuse de su influencia real o supuesta para obtener<br />
de una administración o autoridad del Estado Parte un beneficio<br />
indebido que redunde en provecho del instigador original del acto<br />
o de cualquier otra persona;<br />
b) La solicitud o aceptación por un funcionario público o<br />
cualquier otra persona, en forma directa o indirecta, de un<br />
beneficio indebido que redunde en su provecho o el de otra<br />
persona con el fin de que el funcionario público o la persona<br />
abuse de su influencia real o supuesta para obtener de una<br />
administración o autoridad del Estado Parte un beneficio<br />
indebido.<br />
Artículo 19<br />
Abuso de funciones<br />
Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las<br />
medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para<br />
tipificar como delito, cuando se cometa intencionalmente, el abuso de<br />
funciones o del cargo, es decir, la realización u omisión de un acto,<br />
en violación de la ley, por parte de un funcionario público en el<br />
ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener un beneficio<br />
indebido para sí mismo o para otra persona o entidad.<br />
Artículo 20<br />
Enriquecimiento ilícito<br />
Con sujeción a su constitución y a los principios fundamentales<br />
de su ordenamiento jurídico, cada Estado Parte considerará la<br />
posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que<br />
sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa<br />
intencionalmente, el enriquecimiento ilícito, es decir, el incremento<br />
significativo del patrimonio de un funcionario público respecto de<br />
sus ingresos legítimos que no pueda ser razonablemente justificado<br />
por él.<br />
Artículo 21<br />
Soborno en el sector privado<br />
Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas<br />
legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como<br />
delito, cuando se cometan intencionalmente en el curso de actividades<br />
económicas, financieras o comerciales:<br />
a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión, en forma<br />
directa o indirecta, a una persona que dirija una entidad del<br />
sector privado o cumpla cualquier función en ella, de un<br />
beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de<br />
otra persona, con el fin de que, faltando al deber inherente a<br />
sus funciones, actúe o se abstenga de actuar;<br />
b) La solicitud o aceptación, en forma directa o indirecta,<br />
por una persona que dirija una entidad del sector privado o<br />
cumpla cualquier función en ella, de un beneficio indebido que<br />
redunde en su propio provecho o en el de otra persona, con el fin<br />
de que, faltando al deber inherente a sus funciones, actúe o se<br />
abstenga de actuar.<br />
Artículo 22<br />
Malversación o peculado de bienes en el sector privado<br />
Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las<br />
medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para<br />
tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente en el curso<br />
de actividades económicas, financieras o comerciales, la malversación<br />
o el peculado, por una persona que dirija una entidad del sector<br />
privado o cumpla cualquier función en ella, de cualesquiera bienes,<br />
fondos o títulos privados o de cualquier otra cosa de valor que se<br />
hayan confiado a esa persona por razón de su cargo.<br />
Artículo 23<br />
Blanqueo del producto del delito<br />
1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios<br />
fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de<br />
otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se<br />
cometan intencionalmente:<br />
a)<br />
i) La conversión o la transferencia de bienes, a<br />
sabiendas de que esos bienes son producto del delito, con<br />
el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de<br />
los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la<br />
comisión del delito determinante a eludir las consecuencias<br />
jurídicas de sus actos;<br />
ii) La ocultación o disimulación de la verdadera<br />
naturaleza, el origen, la ubicación, la disposición, el<br />
movimiento o la propiedad de bienes o del legítimo derecho<br />
a estos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del<br />
delito;<br />
b) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento<br />
jurídico:<br />
i) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a<br />
sabiendas, en el momento de su recepción, de que son<br />
producto del delito;<br />
ii) La participación en la comisión de cualesquiera de<br />
los delitos tipificados con arreglo al presente artículo,<br />
así como la asociación y la confabulación para cometerlos,<br />
la tentativa de cometerlos y la ayuda, la incitación, la<br />
facilitación y el asesoramiento en aras de su comisión.<br />
2. Para los fines de la aplicación o puesta en práctica del párrafo<br />
1 del presente artículo:<br />
a) Cada Estado Parte velará por aplicar el párrafo 1 del<br />
presente artículo a la gama más amplia posible de delitos<br />
determinantes;<br />
b) Cada Estado Parte incluirá como delitos determinantes, como<br />
mínimo, una amplia gama de delitos tipificados con arreglo a la<br />
presente Convención;<br />
c) A los efectos del apartado b) supra, entre los delitos<br />
determinantes se incluirán los delitos cometidos tanto dentro<br />
como fuera de la jurisdicción del Estado Parte interesado. No<br />
obstante, los delitos cometidos fuera de la jurisdicción de un<br />
Estado Parte constituirán delito determinante siempre y cuando el<br />
acto correspondiente sea delito con arreglo al derecho interno<br />
del Estado en que se haya cometido y constituyese asimismo delito<br />
con arreglo al derecho interno del Estado Parte que aplique o<br />
ponga en práctica el presente artículo si el delito se hubiese<br />
cometido allí;<br />
d) Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de<br />
las Naciones Unidas una copia de sus leyes destinadas a dar<br />
aplicación al presente artículo y de cualquier enmienda ulterior<br />
que se haga a tales leyes o una descripción de esta;<br />
e) Si así lo requieren los principios fundamentales del<br />
derecho interno de un Estado Parte, podrá disponerse que los<br />
delitos enunciados en el párrafo 1 del presente artículo no se<br />
aplican a las personas que hayan cometido el delito determinante.<br />
Artículo 24<br />
Encubrimiento<br />
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23 de la presente<br />
Convención, cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar<br />
las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para<br />
tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente tras la<br />
comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la<br />
presente Convención pero sin haber participado en ellos, el<br />
encubrimiento o la retención continua de bienes a sabiendas de que<br />
dichos bienes son producto de cualesquiera de los delitos tipificados<br />
con arreglo a la presente Convención.<br />
Artículo 25<br />
Obstrucción de la justicia<br />
Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra<br />
índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se<br />
cometan intencionalmente:<br />
a) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o la<br />
promesa, el ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido<br />
para inducir a una persona a prestar falso testimonio o a<br />
obstaculizar la prestación de testimonio o la aportación de<br />
pruebas en procesos en relación con la comisión de los delitos<br />
tipificados con arreglo a la presente Convención;<br />
b) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación para<br />
obstaculizar el cumplimiento de las funciones oficiales de un<br />
funcionario de la justicia o de los servicios encargados de hacer<br />
cumplir la ley en relación con la comisión de los delitos<br />
tipificados con arreglo a la presente Convención. Nada de lo<br />
previsto en el presente artículo menoscabará el derecho de los<br />
Estados Parte a disponer de legislación que proteja a otras<br />
categorías de funcionarios públicos.<br />
Artículo 26<br />
Responsabilidad de las personas jurídicas<br />
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, en<br />
consonancia con sus principios jurídicos, a fin de establecer la<br />
responsabilidad de personas jurídicas por su participación en delitos<br />
tipificados con arreglo a la presente Convención.<br />
2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la<br />
responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal,<br />
civil o administrativa.<br />
3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la<br />
responsabilidad penal<br />
que incumba a las personas naturales que hayan cometido los delitos.<br />
4. Cada Estado Parte velará en particular por que se impongan<br />
sanciones penales o no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas,<br />
incluidas sanciones monetarias, a las personas jurídicas consideradas<br />
responsables con arreglo al presente artículo.<br />
Artículo 27<br />
Participación y tentativa<br />
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra<br />
índole que sean necesarias para tipificar como delito, de conformidad<br />
con su derecho interno, cualquier forma de participación, ya sea como<br />
cómplice, colaborador o instigador, en un delito tipificado con<br />
arreglo a la presente Convención.<br />
2. Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas y de<br />
otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, de<br />
conformidad con su derecho interno, toda tentativa de cometer un<br />
delito tipificado con arreglo a la presente Convención.<br />
3. Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas y de<br />
otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, de<br />
conformidad con su derecho interno, la preparación con miras a<br />
cometer un delito tipificado con arreglo a la presente Convención.<br />
Artículo 28<br />
Conocimiento, intención y propósito como elementos de un delito<br />
El conocimiento, la intención o el propósito que se requieren<br />
como elemento de un delito tipificado con arreglo a la presente<br />
Convención podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas.<br />
Artículo 29<br />
Prescripción<br />
Cada Estado Parte establecerá, cuando proceda, con arreglo a su<br />
derecho interno, un plazo de prescripción amplio para iniciar<br />
procesos por cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la<br />
presente Convención y establecerá un plazo mayor o interrumpirá la<br />
prescripción cuando el presunto delincuente haya eludido la<br />
administración de justicia.<br />
Artículo 30<br />
Proceso, fallo y sanciones<br />
1. Cada Estado Parte penalizará la comisión de los delitos<br />
tipificados con arreglo a la presente Convención con sanciones que<br />
tengan en cuenta la gravedad de esos delitos.<br />
2. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para<br />
establecer o mantener, de conformidad con su ordenamiento jurídico y<br />
sus principios constitucionales, un equilibrio apropiado entre<br />
cualesquiera inmunidades o prerrogativas jurisdiccionales otorgadas a<br />
sus funcionarios públicos para el cumplimiento de sus funciones y la<br />
posibilidad, de ser preciso, de proceder efectivamente a la<br />
investigación, el enjuiciamiento y el fallo de los delitos<br />
tipificados con arreglo a la presente Convención.<br />
3. Cada Estado Parte velará por que se ejerzan cualesquiera<br />
facultades legales discrecionales de que disponga conforme a su<br />
derecho interno en relación con el enjuiciamiento de personas por los<br />
delitos tipificados con arreglo a la presente Convención a fin de dar<br />
máxima eficacia a las medidas adoptadas para hacer cumplir la ley<br />
respecto de esos delitos, teniendo debidamente en cuenta la necesidad<br />
de prevenirlos.<br />
4. Cuando se trate de delitos tipificados con arreglo a la presente<br />
Convención, cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas, de<br />
conformidad con su derecho interno y tomando debidamente en<br />
consideración los derechos de la defensa, con miras a procurar que,<br />
al imponer condiciones en relación con la decisión de conceder la<br />
libertad en espera de juicio o la apelación, se tenga presente la<br />
necesidad de garantizar la comparecencia del acusado en todo<br />
procedimiento penal ulterior.<br />
5. Cada Estado Parte tendrá en cuenta la gravedad de los delitos<br />
pertinentes al considerar la eventualidad de conceder la libertad<br />
anticipada o la libertad condicional a personas que hayan sido<br />
declaradas culpables de esos delitos.<br />
6. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de establecer, en<br />
la medida en que ello sea concordante con los principios<br />
fundamentales de su ordenamiento jurídico, procedimientos en virtud<br />
de los cuales un funcionario público que sea acusado de un delito<br />
tipificado con arreglo a la presente Convención pueda, cuando<br />
proceda, ser destituido, suspendido o reasignado por la autoridad<br />
correspondiente, teniendo presente el respeto al principio de<br />
presunción de inocencia.<br />
7. Cuando la gravedad de la falta lo justifique y en la medida en<br />
que ello sea concordante con los principios fundamentales de su<br />
ordenamiento jurídico, cada Estado Parte considerará la posibilidad<br />
de establecer procedimientos para inhabilitar, por mandamiento<br />
judicial u otro medio apropiado y por un período determinado por su<br />
derecho interno, a las personas condenadas por delitos tipificados<br />
con arreglo a la presente Convención para:<br />
a) Ejercer cargos públicos; y<br />
b) Ejercer cargos en una empresa de propiedad total o parcial<br />
del Estado.<br />
8. El párrafo 1 del presente artículo no menoscabará el ejercicio<br />
de facultades disciplinarias por los organismos competentes contra<br />
empleados públicos.<br />
9. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará al<br />
principio de que la descripción de los delitos tipificados con<br />
arreglo a ella y de los medios jurídicos de defensa aplicables o<br />
demás principios jurídicos que regulan la legalidad de una conducta<br />
queda reservada al derecho interno de los Estados Parte y de que esos<br />
delitos habrán de ser perseguidos y sancionados de conformidad con<br />
ese derecho.<br />
10. Los Estados Parte procurarán promover la reinserción social de<br />
las personas condenadas por delitos tipificados con arreglo a la<br />
presente Convención.<br />
Artículo 31<br />
Embargo preventivo, incautación y decomiso<br />
1. Cada Estado Parte adoptará, en el mayor grado en que lo permita<br />
su ordenamiento jurídico interno, las medidas que sean necesarias<br />
para autorizar el decomiso:<br />
a) Del producto de delitos tipificados con arreglo a la<br />
presente Convención o de bienes cuyo valor corresponda al de<br />
dicho producto;<br />
b) De los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o<br />
destinados a utilizarse en la comisión de los delitos tipificados<br />
con arreglo a la presente Convención.<br />
2. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para<br />
permitir la identificación, la localización, el embargo preventivo o<br />
la incautación de cualquier bien a que se haga referencia en el<br />
párrafo 1 del presente artículo con miras a su eventual decomiso.<br />
3. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con su derecho<br />
interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean<br />
necesarias para regular la administración, por parte de las<br />
autoridades competentes, de los bienes embargados, incautados o<br />
decomisados comprendidos en los párrafos 1 y 2 del presente artículo.<br />
4. Cuando ese producto del delito se haya transformado o convertido<br />
parcial o totalmente en otros bienes, éstos serán objeto de las<br />
medidas aplicables a dicho producto a tenor del presente artículo.<br />
5. Cuando ese producto del delito se haya mezclado con bienes<br />
adquiridos de fuentes lícitas, esos bienes serán objeto de decomiso<br />
hasta el valor estimado del producto entremezclado, sin menoscabo de<br />
cualquier otra facultad de embargo preventivo o incautación.<br />
6. Los ingresos u otros beneficios derivados de ese producto del<br />
delito, de bienes en los que se haya transformado o convertido dicho<br />
producto o de bienes con los que se haya entremezclado ese producto<br />
del delito también serán objeto de las medidas previstas en el<br />
presente artículo, de la misma manera y en el mismo grado que el<br />
producto del delito.<br />
7. A los efectos del presente artículo y del artículo 55 de la<br />
presente Convención, cada Estado Parte facultará a sus tribunales u<br />
otras autoridades competentes para ordenar la presentación o la<br />
incautación de documentos bancarios, financieros o comerciales. Los<br />
Estados Parte no podrán negarse a aplicar las disposiciones del<br />
presente párrafo amparándose en el secreto bancario.<br />
8. Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir a<br />
un delincuente que demuestre el origen lícito del presunto producto<br />
del delito o de otros bienes expuestos a decomiso, en la medida en<br />
que ello sea conforme con los principios fundamentales de su derecho<br />
interno y con la índole del proceso judicial u otros procesos.<br />
9. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en<br />
perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.<br />
10. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará al<br />
principio de que las medidas en él previstas se definirán y aplicarán<br />
de conformidad con el derecho interno de los Estados Parte y con<br />
sujeción a este.<br />
Artículo 32<br />
Protección de testigos, peritos y víctimas<br />
1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas, de conformidad<br />
con su ordenamiento jurídico interno y dentro de sus posibilidades,<br />
para proteger de manera eficaz contra eventuales actos de represalia<br />
o intimidación a los testigos y peritos que presten testimonio sobre<br />
delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, así como,<br />
cuando proceda, a sus familiares y demás personas cercanas.<br />
2. Las medidas previstas en el párrafo 1 del presente artículo<br />
podrán consistir, entre otras, sin perjuicio de los derechos del<br />
acusado e incluido el derecho a las garantías procesales, en:<br />
a) Establecer procedimientos para la protección física de esas<br />
personas, incluida, en la medida de lo necesario y posible, su<br />
reubicación, y permitir, cuando proceda, la prohibición total o<br />
parcial de revelar información sobre su identidad y paradero;<br />
b) Establecer normas probatorias que permitan que los testigos<br />
y peritos presten testimonio sin poner en peligro la seguridad de<br />
esas personas, por ejemplo aceptando el testimonio mediante<br />
tecnologías de comunicación como la videoconferencia u otros<br />
medios adecuados.<br />
3. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar<br />
acuerdos o arreglos con otros Estados para la reubicación de las<br />
personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo.<br />
4. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán también a<br />
las víctimas en la medida en que sean testigos.<br />
5. Cada Estado Parte permitirá, con sujeción a su derecho interno,<br />
que se presenten y consideren las opiniones y preocupaciones de las<br />
víctimas en etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los<br />
delincuentes sin que ello menoscabe los derechos de la defensa.<br />
Artículo 33<br />
Protección de los denunciantes<br />
Cada Estado Parte considerará la posibilidad de incorporar en su<br />
ordenamiento jurídico interno medidas apropiadas para proporcionar<br />
protección contra todo trato injustificado a las personas que<br />
denuncien ante las autoridades competentes, de buena fe y con motivos<br />
razonables, cualesquiera hechos relacionados con delitos tipificados<br />
con arreglo a la presente Convención.<br />
Artículo 34<br />
Consecuencias de los actos de corrupción<br />
Con la debida consideración de los derechos adquiridos de buena<br />
fe por terceros, cada Estado Parte, de conformidad con los principios<br />
fundamentales de su derecho interno, adoptará medidas para eliminar<br />
las consecuencias de los actos de corrupción. En este contexto, los<br />
Estados Parte podrán considerar la corrupción un factor pertinente en<br />
procedimientos jurídicos encaminados a anular o dejar sin efecto un<br />
contrato o a revocar una concesión u otro instrumento semejante, o<br />
adoptar cualquier otra medida correctiva.<br />
Artículo 35<br />
Indemnización por daños y perjuicios<br />
Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de<br />
conformidad con los principios de su derecho interno, para garantizar<br />
que las entidades o personas perjudicadas como consecuencia de un<br />
acto de corrupción tengan derecho a iniciar una acción legal contra<br />
los responsables de esos daños y perjuicios a fin de obtener<br />
indemnización.<br />
Artículo 36<br />
Autoridades especializadas<br />
Cada Estado Parte, de conformidad con los principios<br />
fundamentales de su ordenamiento jurídico, se cerciorará de que<br />
dispone de uno o más órganos o personas especializadas en la lucha<br />
contra la corrupción mediante la aplicación coercitiva de la ley.<br />
Ese órgano u órganos o esas personas gozarán de la independencia<br />
necesaria, conforme a los principios fundamentales del ordenamiento<br />
jurídico del Estado Parte, para que puedan desempeñar sus funciones<br />
con eficacia y sin presiones indebidas. Deberá proporcionarse a esas<br />
personas o al personal de ese órgano u órganos formación adecuada y<br />
recursos suficientes para el desempeño de sus funciones.<br />
Artículo 37<br />
Cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley<br />
1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para alentar a las<br />
personas que participen o hayan participado en la comisión de delitos<br />
tipificados con arreglo a la presente Convención a que proporcionen a<br />
las autoridades competentes información útil con fines investigativos<br />
y probatorios y a que les presten ayuda efectiva y concreta que pueda<br />
contribuir a privar a los delincuentes del producto del delito, así<br />
como a recuperar ese producto.<br />
2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, en casos<br />
apropiados, la mitigación de la pena de toda persona acusada que<br />
preste cooperación sustancial en la investigación o el enjuiciamiento<br />
de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.<br />
3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, de<br />
conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno,<br />
la concesión de inmunidad judicial a toda persona que preste<br />
cooperación sustancial en la investigación o el enjuiciamiento de los<br />
delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.<br />
4. La protección de esas personas será, mutatis mutandis, la<br />
prevista en el artículo 32 de la presente Convención.<br />
5. Cuando las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente<br />
artículo se encuentren en un Estado Parte y puedan prestar<br />
cooperación sustancial a las autoridades competentes de otro Estado<br />
Parte, los Estados Parte interesados podrán considerar la posibilidad<br />
de celebrar acuerdos o arreglos, de conformidad con su derecho<br />
interno, con respecto a la eventual concesión, por el otro Estado<br />
Parte, del trato previsto en los párrafos 2 y 3 del presente<br />
artículo.<br />
Artículo 38<br />
Cooperación entre organismos nacionales<br />
Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de<br />
conformidad con su derecho interno, para alentar la cooperación<br />
entre, por un lado, sus organismos públicos, así como sus<br />
funcionarios públicos, y, por otro, sus organismos encargados de<br />
investigar y enjuiciar los delitos. Esa cooperación podrá incluir:<br />
a) Informar a esos últimos organismos, por iniciativa del<br />
Estado Parte, cuando haya motivos razonables para sospechar que<br />
se ha cometido alguno de los delitos tipificados con arreglo a<br />
los artículos 15, 21 y 23 de la presente Convención; o<br />
b) Proporcionar a esos organismos toda la información<br />
necesaria, previa solicitud.<br />
Artículo 39<br />
Cooperación entre los organismos nacionales y el sector privado<br />
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de<br />
conformidad con su derecho interno, para alentar la cooperación entre<br />
los organismos nacionales de investigación y el ministerio público,<br />
por un lado, y las entidades del sector privado, en particular las<br />
instituciones financieras, por otro, en cuestiones relativas a la<br />
comisión de los delitos tipificados con arreglo a la presente<br />
Convención.<br />
2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de alentar a sus<br />
nacionales y demás personas que tengan residencia habitual en su<br />
territorio a denunciar ante los organismos nacionales de<br />
investigación y el ministerio público la comisión de todo delito<br />
tipificado con arreglo a la presente Convención.<br />
Artículo 40<br />
Secreto bancario<br />
Cada Estado Parte velará por que, en el caso de investigaciones<br />
penales nacionales de delitos tipificados con arreglo a la presente<br />
Convención, existan en su ordenamiento jurídico interno mecanismos<br />
apropiados para salvar todo obstáculo que pueda surgir como<br />
consecuencia de la aplicación de la legislación relativa al secreto<br />
bancario.<br />
Artículo 41<br />
Antecedentes penales<br />
Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas o de<br />
otra índole que sean necesarias para tener en cuenta, en las<br />
condiciones y para los fines que estime apropiados, toda previa<br />
declaración de culpabilidad de un presunto delincuente en otro Estado<br />
a fin de utilizar esa información en actuaciones penales relativas a<br />
delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.<br />
Artículo 42<br />
Jurisdicción<br />
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para<br />
establecer su jurisdicción respecto de los delitos tipificados con<br />
arreglo a la presente Convención cuando:<br />
a) El delito se cometa en su territorio; o<br />
b) El delito se cometa a bordo de un buque que enarbole su<br />
pabellón o de una aeronave registrada conforme a sus leyes en el<br />
momento de la comisión.<br />
2. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 4 de la presente<br />
Convención, un Estado Parte también podrá establecer su jurisdicción<br />
para conocer de tales delitos cuando:<br />
a) El delito se cometa contra uno de sus nacionales;<br />
b) El delito sea cometido por uno de sus nacionales o por una<br />
persona apátrida que tenga residencia habitual en su territorio;<br />
o<br />
c) El delito sea uno de los delitos tipificados con arreglo al<br />
inciso ii) del apartado b) del párrafo 1 del artículo 23 de la<br />
presente Convención y se cometa fuera de su territorio con miras<br />
a la comisión, dentro de su territorio, de un delito tipificado<br />
con arreglo a los incisos i) o ii) del apartado a) o al inciso i)<br />
del apartado b) del párrafo 1 del artículo 23 de la presente<br />
Convención; o<br />
d) El delito se cometa contra el Estado Parte.<br />
3. A los efectos del artículo 44 de la presente Convención, cada<br />
Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer<br />
su jurisdicción respecto de los delitos tipificados con arreglo a la<br />
presente Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en su<br />
territorio y el Estado Parte no lo extradite por el solo hecho de ser<br />
uno de sus nacionales.<br />
4. Cada Estado Parte podrá también adoptar las medidas que sean<br />
necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos<br />
tipificados con arreglo a la presente Convención cuando el presunto<br />
delincuente se encuentre en su territorio y el Estado Parte no lo<br />
extradite.<br />
5. Si un Estado Parte que ejerce su jurisdicción con arreglo a los<br />
párrafos 1 ó 2 del presente artículo ha recibido notificación, o<br />
tomado conocimiento por otro conducto, de que otros Estados Parte<br />
están realizando una investigación, un proceso o una actuación<br />
judicial respecto de los mismos hechos, las autoridades competentes<br />
de esos Estados Parte se consultarán, según proceda, a fin de<br />
coordinar sus medidas.<br />
6. Sin perjuicio de las normas del derecho internacional general,<br />
la presente Convención no excluirá el ejercicio de las competencias<br />
penales establecidas por los Estados Parte de conformidad con su<br />
derecho interno.<br />
Capítulo IV<br />
Cooperación internacional<br />
Artículo 43<br />
Cooperación internacional<br />
1. Los Estados Parte cooperarán en asuntos penales conforme a lo<br />
dispuesto en los artículos 44 a 50 de la presente Convención. Cuando<br />
proceda y esté en consonancia con su ordenamiento jurídico interno,<br />
los Estados Parte considerarán la posibilidad de prestarse asistencia<br />
en las investigaciones y procedimientos correspondientes a cuestiones<br />
civiles y administrativas relacionadas con la corrupción.<br />
2. En cuestiones de cooperación internacional, cuando la doble<br />
incriminación sea un requisito, éste se considerará cumplido si la<br />
conducta constitutiva del delito respecto del cual se solicita<br />
asistencia es delito con arreglo a la legislación de ambos Estados<br />
Parte, independientemente de si las leyes del Estado Parte requerido<br />
incluyen el delito en la misma categoría o lo denominan con la misma<br />
terminología que el Estado Parte requirente.<br />
Artículo 44<br />
Extradición<br />
1. El presente artículo se aplicará a los delitos tipificados con<br />
arreglo a la presente Convención en el caso de que la persona que es<br />
objeto de la solicitud de extradición se encuentre en el territorio<br />
del Estado Parte requerido, siempre y cuando el delito por el que se<br />
pide la extradición sea punible con arreglo al derecho interno del<br />
Estado Parte requirente y del Estado Parte requerido.<br />
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente<br />
artículo, los Estados Parte cuya legislación lo permita podrán<br />
conceder la extradición de una persona por cualesquiera de los<br />
delitos comprendidos en la presente Convención que no sean punibles<br />
con arreglo a su propio derecho interno.<br />
3. Cuando la solicitud de extradición incluya varios delitos, de<br />
los cuales al menos uno dé lugar a extradición conforme a lo<br />
dispuesto en el presente artículo y algunos no den lugar a<br />
extradición debido al período de privación de libertad que conllevan<br />
pero guarden relación con los delitos tipificados con arreglo a la<br />
presente Convención, el Estado Parte requerido podrá aplicar el<br />
presente artículo también respecto de esos delitos.<br />
4. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo<br />
se considerará incluido entre los delitos que dan lugar a extradición<br />
en todo tratado de extradición vigente entre los Estados Parte.<br />
Éstos se comprometen a incluir tales delitos como causa de<br />
extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí.<br />
Los Estados Parte cuya legislación lo permita, en el caso de que la<br />
presente Convención sirva de base para la extradición, no<br />
considerarán de carácter político ninguno de los delitos tipificados<br />
con arreglo a la presente Convención.<br />
5. Si un Estado Parte que supedita la extradición a la existencia<br />
de un tratado recibe una solicitud de extradición de otro Estado<br />
Parte con el que no lo vincula ningún tratado de extradición, podrá<br />
considerar la presente Convención como la base jurídica de la<br />
extradición respecto de los delitos a los que se aplica el presente<br />
artículo.<br />
6. Todo Estado Parte que supedite la extradición a la existencia de<br />
un tratado deberá:<br />
a) En el momento de depositar su instrumento de ratificación,<br />
aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a<br />
ella, informar al Secretario General de las Naciones Unidas de si<br />
considerará o no la presente Convención como la base jurídica de<br />
la cooperación en materia de extradición en sus relaciones con<br />
otros Estados Parte en la presente Convención; y<br />
b) Si no considera la presente Convención como la base<br />
jurídica de la cooperación en materia de extradición, procurar,<br />
cuando proceda, celebrar tratados de extradición con otros<br />
Estados Parte en la presente Convención a fin de aplicar el<br />
presente artículo.<br />
7. Los Estados Parte que no supediten la extradición a la<br />
existencia de un tratado reconocerán los delitos a los que se aplica<br />
el presente artículo como causa de extradición entre ellos.<br />
8. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el<br />
derecho interno del Estado Parte requerido o en los tratados de<br />
extradición aplicables, incluidas, entre otras cosas, las relativas<br />
al requisito de una pena mínima para la extradición y a los motivos<br />
por los que el Estado Parte requerido puede denegar la extradición.<br />
9. Los Estados Parte, de conformidad con su derecho interno,<br />
procurarán agilizar los procedimientos de extradición y simplificar<br />
los requisitos probatorios correspondientes con respecto a cualquiera<br />
de los delitos a los que se aplica el presente artículo.<br />
10. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus<br />
tratados de extradición, el Estado Parte requerido podrá, tras<br />
haberse cerciorado de que las circunstancias lo justifican y tienen<br />
carácter urgente, y a solicitud del Estado Parte requirente, proceder<br />
a la detención de la persona presente en su territorio cuya<br />
extradición se pide o adoptar otras medidas adecuadas para garantizar<br />
la comparecencia de esa persona en los procedimientos de extradición.<br />
11. El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre un presunto<br />
delincuente, si no lo extradita respecto de un delito al que se<br />
aplica el presente artículo por el solo hecho de ser uno de sus<br />
nacionales, estará obligado, previa solicitud del Estado Parte que<br />
pide la extradición, a someter el caso sin demora injustificada a sus<br />
autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento. Dichas<br />
autoridades adoptarán su decisión y llevarán a cabo sus actuaciones<br />
judiciales de la misma manera en que lo harían respecto de cualquier<br />
otro delito de carácter grave con arreglo al derecho interno de ese<br />
Estado Parte. Los Estados Parte interesados cooperarán entre sí, en<br />
particular en lo que respecta a los aspectos procesales y<br />
probatorios, con miras a garantizar la eficiencia de dichas<br />
actuaciones.<br />
12. Cuando el derecho interno de un Estado Parte sólo le permita<br />
extraditar o entregar de algún otro modo a uno de sus nacionales a<br />
condición de que esa persona sea devuelta a ese Estado Parte para<br />
cumplir la condena impuesta como resultado del juicio o proceso por<br />
el que se solicitó la extradición o la entrega y ese Estado Parte y<br />
el Estado Parte que solicita la extradición acepten esa opción, así<br />
como toda otra condición que estimen apropiada, tal extradición o<br />
entrega condicional será suficiente para que quede cumplida la<br />
obligación enunciada en el párrafo 11 del presente artículo.<br />
13. Si la extradición solicitada con el propósito de que se cumpla<br />
una condena es denegada por el hecho de que la persona buscada es<br />
nacional del Estado Parte requerido, éste, si su derecho interno lo<br />
permite y de conformidad con los requisitos de dicho derecho,<br />
considerará, previa solicitud del Estado Parte requirente, la<br />
posibilidad de hacer cumplir la condena impuesta o el resto pendiente<br />
de dicha condena con arreglo al derecho interno del Estado Parte<br />
requirente.<br />
14. En todas las etapas de las actuaciones se garantizará un trato<br />
justo a toda persona contra la que se haya iniciado una instrucción<br />
en relación con cualquiera de los delitos a los que se aplica el<br />
presente artículo, incluido el goce de todos los derechos y garantías<br />
previstos por el derecho interno del Estado Parte en cuyo territorio<br />
se encuentre esa persona.<br />
15. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá<br />
interpretarse como la imposición de una obligación de extraditar si<br />
el Estado Parte requerido tiene motivos justificados para presumir<br />
que la solicitud se ha presentado con el fin de perseguir o castigar<br />
a una persona en razón de su sexo, raza, religión, nacionalidad,<br />
origen étnico u opiniones políticas o que su cumplimiento ocasionaría<br />
perjuicios a la posición de esa persona por cualquiera de estas<br />
razones.<br />
16. Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de extradición<br />
únicamente porque se considere que el delito también entraña<br />
cuestiones tributarias.<br />
17. Antes de denegar la extradición, el Estado Parte requerido,<br />
cuando proceda, consultará al Estado Parte requirente para darle<br />
amplia oportunidad de presentar sus opiniones y de proporcionar<br />
información pertinente a su alegato.<br />
18. Los Estados Parte procurarán celebrar acuerdos o arreglos<br />
bilaterales y multilaterales para llevar a cabo la extradición o<br />
aumentar su eficacia.<br />
Artículo 45<br />
Traslado de personas condenadas a cumplir una pena<br />
Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de celebrar<br />
acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales sobre el traslado a<br />
su territorio de toda persona que haya sido condenada a pena de<br />
prisión u otra forma de privación de libertad por algún delito<br />
tipificado con arreglo a la presente Convención a fin de que cumpla<br />
allí su condena.<br />
Artículo 46<br />
Asistencia judicial recíproca<br />
1. Los Estados Parte se prestarán la más amplia asistencia judicial<br />
recíproca respecto de investigaciones, procesos y actuaciones<br />
judiciales relacionados con los delitos comprendidos en la presente<br />
Convención.<br />
2. Se prestará asistencia judicial recíproca en la mayor medida<br />
posible conforme a las leyes, tratados, acuerdos y arreglos<br />
pertinentes del Estado Parte requerido con respecto a<br />
investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados con<br />
los delitos de los que una persona jurídica pueda ser considerada<br />
responsable de conformidad con el artículo 26 de la presente<br />
Convención en el Estado Parte requirente.<br />
3. La asistencia judicial recíproca que se preste de conformidad<br />
con el presente artículo podrá solicitarse para cualquiera de los<br />
fines siguientes:<br />
a) Recibir testimonios o tomar declaración a personas;<br />
b) Presentar documentos judiciales;<br />
c) Efectuar inspecciones e incautaciones y embargos<br />
preventivos;<br />
d) Examinar objetos y lugares;<br />
e) Proporcionar información, elementos de prueba y<br />
evaluaciones de peritos;<br />
f) Entregar originales o copias certificadas de los documentos<br />
y expedientes pertinentes, incluida la documentación pública,<br />
bancaria y financiera, así como la documentación social o<br />
comercial de sociedades mercantiles;<br />
g) Identificar o localizar el producto del delito, los bienes,<br />
los instrumentos u otros elementos con fines probatorios;<br />
h) Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el<br />
Estado Parte requirente;<br />
i) Prestar cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el<br />
derecho interno del Estado Parte requerido;<br />
j) Identificar, embargar con carácter preventivo y localizar<br />
el producto del delito, de conformidad con las disposiciones del<br />
capítulo V de la presente Convención;<br />
k) Recuperar activos de conformidad con las disposiciones del<br />
capítulo V de la presente Convención.<br />
4. Sin menoscabo del derecho interno, las autoridades competentes<br />
de un Estado Parte podrán, sin que se les solicite previamente,<br />
transmitir información relativa a cuestiones penales a una autoridad<br />
competente de otro Estado Parte si creen que esa información podría<br />
ayudar a la autoridad a emprender o concluir con éxito indagaciones y<br />
procesos penales o podría dar lugar a una petición formulada por este<br />
último Estado Parte con arreglo a la presente Convención.<br />
5. La transmisión de información con arreglo al párrafo 4 del<br />
presente artículo se hará sin perjuicio de las indagaciones y<br />
procesos penales que tengan lugar en el Estado de las autoridades<br />
competentes que facilitan la información. Las autoridades<br />
competentes que reciben la información deberán acceder a toda<br />
solicitud de que se respete su carácter confidencial, incluso<br />
temporalmente, o de que se impongan restricciones a su utilización.<br />
Sin embargo, ello no obstará para que el Estado Parte receptor<br />
revele, en sus actuaciones, información que sea exculpatoria de una<br />
persona acusada. En tal caso, el Estado Parte receptor notificará al<br />
Estado Parte transmisor antes de revelar dicha información y, si así<br />
se le solicita, consultará al Estado Parte transmisor. Si, en un caso<br />
excepcional, no es posible notificar con antelación, el Estado Parte<br />
receptor informará sin demora al Estado Parte transmisor de dicha<br />
revelación.<br />
6. Lo dispuesto en el presente artículo no afectará a las<br />
obligaciones dimanantes de otros tratados bilaterales o<br />
multilaterales vigentes o futuros que rijan, total o parcialmente, la<br />
asistencia judicial recíproca.<br />
7. Los párrafos 9 a 29 del presente artículo se aplicarán a las<br />
solicitudes que se formulen con arreglo al presente artículo siempre<br />
que no medie entre los Estados Parte interesados un tratado de<br />
asistencia judicial recíproca. Cuando esos Estados Parte estén<br />
vinculados por un tratado de esa índole se aplicarán las<br />
disposiciones correspondientes de dicho tratado, salvo que los<br />
Estados Parte convengan en aplicar, en su lugar, los párrafos 9 a 29<br />
del presente artículo. Se insta encarecidamente a los Estados Parte<br />
a que apliquen esos párrafos si facilitan la cooperación.<br />
8. Los Estados Parte no invocarán el secreto bancario para denegar<br />
la asistencia judicial recíproca con arreglo al presente artículo.<br />
9.<br />
a) Al atender a una solicitud de asistencia con arreglo al<br />
presente artículo, en ausencia de doble incriminación, el Estado<br />
Parte requerido tendrá en cuenta la finalidad de la presente<br />
Convención, enunciada en el artículo 1;<br />
b) Los Estados Parte podrán negarse a prestar asistencia con<br />
arreglo al presente artículo invocando la ausencia de doble<br />
incriminación. No obstante, el Estado Parte requerido, cuando<br />
ello esté en consonancia con los conceptos básicos de su<br />
ordenamiento jurídico, prestará asistencia que no entrañe medidas<br />
coercitivas. Esa asistencia se podrá negar cuando la solicitud<br />
entrañe asuntos de minimis o cuestiones respecto de las cuales la<br />
cooperación o asistencia solicitada esté prevista en virtud de<br />
otras disposiciones de la presente Convención;<br />
c) En ausencia de doble incriminación, cada Estado Parte podrá<br />
considerar la posibilidad de adoptar las medidas necesarias que<br />
le permitan prestar una asistencia más amplia con arreglo al<br />
presente artículo.<br />
10. La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena en<br />
el territorio de un Estado Parte y cuya presencia se solicite en otro<br />
Estado Parte para fines de identificación, para prestar testimonio o<br />
para que ayude de alguna otra forma a obtener pruebas necesarias para<br />
investigaciones, procesos o actuaciones judiciales respecto de<br />
delitos comprendidos en la presente Convención podrá ser trasladada<br />
si se cumplen las condiciones siguientes:<br />
a) La persona, debidamente informada, da su libre<br />
consentimiento;<br />
b) Las autoridades competentes de ambos Estados Parte están de<br />
acuerdo, con sujeción a las condiciones que éstos consideren<br />
apropiadas.<br />
11. A los efectos del párrafo 10 del presente artículo:<br />
a) El Estado Parte al que se traslade a la persona tendrá la<br />
competencia y la obligación de mantenerla detenida, salvo que el<br />
Estado Parte del que ha sido trasladada solicite o autorice otra<br />
cosa;<br />
b) El Estado Parte al que se traslade a la persona cumplirá<br />
sin dilación su obligación de devolverla a la custodia del Estado<br />
Parte del que ha sido trasladada, según convengan de antemano o<br />
de otro modo las autoridades competentes de ambos Estados Parte;<br />
c) El Estado Parte al que se traslade a la persona no podrá<br />
exigir al Estado Parte del que ha sido trasladada que inicie<br />
procedimientos de extradición para su devolución;<br />
d) El tiempo que la persona haya permanecido detenida en el<br />
Estado Parte al que ha sido trasladada se computará como parte de<br />
la pena que ha de cumplir en el Estado del que ha sido<br />
trasladada.<br />
12. A menos que el Estado Parte desde el cual se ha de trasladar a<br />
una persona de conformidad con los párrafos 10 y 11 del presente<br />
artículo esté de acuerdo, dicha persona, cualquiera que sea su<br />
nacionalidad, no podrá ser enjuiciada, detenida, condenada ni<br />
sometida a ninguna otra restricción de su libertad personal en el<br />
territorio del Estado al que sea trasladada en relación con actos,<br />
omisiones o condenas anteriores a su salida del territorio del Estado<br />
del que ha sido trasladada.<br />
13. Cada Estado Parte designará a una autoridad central encargada de<br />
recibir solicitudes de asistencia judicial recíproca y facultada para<br />
darles cumplimiento o para transmitirlas a las autoridades<br />
competentes para su ejecución. Cuando alguna región o algún<br />
territorio especial de un Estado Parte disponga de un régimen<br />
distinto de asistencia judicial recíproca, el Estado Parte podrá<br />
designar a otra autoridad central que desempeñará la misma función<br />
para dicha región o dicho territorio. Las autoridades centrales<br />
velarán por el rápido y adecuado cumplimiento o transmisión de las<br />
solicitudes recibidas. Cuando la autoridad central transmita la<br />
solicitud a una autoridad competente para su ejecución, alentará la<br />
rápida y adecuada ejecución de la solicitud por parte de dicha<br />
autoridad. Cada Estado Parte notificará al Secretario General de las<br />
Naciones Unidas, en el momento de depositar su instrumento de<br />
ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o de<br />
adhesión a ella, el nombre de la autoridad central que haya sido<br />
designada a tal fin. Las solicitudes de asistencia judicial<br />
recíproca y cualquier otra comunicación pertinente serán transmitidas<br />
a las autoridades centrales designadas por los Estados Parte. La<br />
presente disposición no afectará al derecho de cualquiera de los<br />
Estados Parte a exigir que estas solicitudes y comunicaciones le sean<br />
enviadas por vía diplomática y, en circunstancias urgentes, cuando<br />
los Estados Parte convengan en ello, por conducto de la Organización<br />
Internacional de Policía Criminal, de ser posible.<br />
14. Las solicitudes se presentarán por escrito o, cuando sea<br />
posible, por cualquier medio capaz de registrar un texto escrito, en<br />
un idioma aceptable para el Estado Parte requerido, en condiciones<br />
que permitan a dicho Estado Parte determinar la autenticidad. Cada<br />
Estado Parte notificará al Secretario General de las Naciones Unidas,<br />
en el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación<br />
o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, el<br />
idioma o idiomas que le son aceptables. En situaciones de urgencia, y<br />
cuando los Estados Parte convengan en ello, las solicitudes podrán<br />
hacerse oralmente, debiendo ser confirmadas sin demora por escrito.<br />
15. Toda solicitud de asistencia judicial recíproca contendrá lo<br />
siguiente:<br />
a) La identidad de la autoridad que hace la solicitud;<br />
b) El objeto y la índole de las investigaciones, los procesos<br />
o las actuaciones judiciales a que se refiere la solicitud y el<br />
nombre y las funciones de la autoridad encargada de efectuar<br />
dichas investigaciones, procesos o actuaciones;<br />
c) Un resumen de los hechos pertinentes, salvo cuando se trate<br />
de solicitudes de presentación de documentos judiciales;<br />
d) Una descripción de la asistencia solicitada y pormenores<br />
sobre cualquier procedimiento particular que el Estado Parte<br />
requirente desee que se aplique;<br />
e) De ser posible, la identidad, ubicación y nacionalidad de<br />
toda persona interesada; y<br />
f) La finalidad para la que se solicita la prueba, información<br />
o actuación.<br />
16. El Estado Parte requerido podrá pedir información adicional<br />
cuando sea necesaria para dar cumplimiento a la solicitud de<br />
conformidad con su derecho interno o para facilitar dicho<br />
cumplimiento.<br />
17. Se dará cumplimiento a toda solicitud con arreglo al derecho<br />
interno del Estado Parte requerido y, en la medida en que ello no lo<br />
contravenga y sea factible, de conformidad con los procedimientos<br />
especificados en la solicitud.<br />
18. Siempre que sea posible y compatible con los principios<br />
fundamentales del derecho interno, cuando una persona se encuentre en<br />
el territorio de un Estado Parte y tenga que prestar declaración como<br />
testigo o perito ante autoridades judiciales de otro Estado Parte, el<br />
primer Estado Parte, a solicitud del otro, podrá permitir que la<br />
audiencia se celebre por videoconferencia si no es posible o<br />
conveniente que la persona en cuestión comparezca personalmente en el<br />
territorio del Estado Parte requirente. Los Estados Parte podrán<br />
convenir en que la audiencia esté a cargo de una autoridad judicial<br />
del Estado Parte requirente y en que asista a ella una autoridad<br />
judicial del Estado Parte requerido.<br />
19. El Estado Parte requirente no transmitirá ni utilizará, sin previo<br />
consentimiento del Estado Parte requerido, la información o las<br />
pruebas proporcionadas por el Estado Parte requerido para<br />
investigaciones, procesos o actuaciones judiciales distintos de los<br />
indicados en la solicitud. Nada de lo dispuesto en el presente<br />
párrafo impedirá que el Estado Parte requirente revele, en sus<br />
actuaciones, información o pruebas que sean exculpatorias de una<br />
persona acusada. En este último caso, el Estado Parte requirente<br />
notificará al Estado Parte requerido antes de revelar la información<br />
o las pruebas y, si así se le solicita, consultará al Estado Parte<br />
requerido. Si, en un caso excepcional, no es posible notificar con<br />
antelación, el Estado Parte requirente informará sin demora al Estado<br />
Parte requerido de dicha revelación.<br />
20. El Estado Parte requirente podrá exigir que el Estado Parte<br />
requerido mantenga reserva acerca de la existencia y el contenido de<br />
la solicitud, salvo en la medida necesaria para darle cumplimiento.<br />
Si el Estado Parte requerido no puede mantener esa reserva, lo hará<br />
saber de inmediato al Estado Parte requirente.<br />
21. La asistencia judicial recíproca podrá ser denegada:<br />
a) Cuando la solicitud no se haga de conformidad con lo<br />
dispuesto en el presente artículo;<br />
b) Cuando el Estado Parte requerido considere que el<br />
cumplimiento de lo solicitado podría menoscabar su soberanía, su<br />
seguridad, su orden público u otros intereses fundamentales;<br />
c) Cuando el derecho interno del Estado Parte requerido<br />
prohíba a sus autoridades actuar en la forma solicitada con<br />
respecto a un delito análogo, si éste hubiera sido objeto de<br />
investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en el<br />
ejercicio de su propia competencia;<br />
d) Cuando acceder a la solicitud sea contrario al ordenamiento<br />
jurídico del Estado Parte requerido en lo relativo a la<br />
asistencia judicial recíproca.<br />
22. Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de asistencia<br />
judicial recíproca únicamente porque se considere que el delito<br />
también entraña cuestiones tributarias.<br />
23. Toda denegación de asistencia judicial recíproca deberá<br />
fundamentarse debidamente.<br />
24. El Estado Parte requerido cumplirá la solicitud de asistencia<br />
judicial recíproca lo antes posible y tendrá plenamente en cuenta, en<br />
la medida de sus posibilidades, los plazos que sugiera el Estado<br />
Parte requirente y que estén debidamente fundamentados, de<br />
preferencia en la solicitud. El Estado Parte requirente podrá pedir<br />
información razonable sobre el estado y la evolución de las gestiones<br />
realizadas por el Estado Parte requerido para satisfacer dicha<br />
petición. El Estado Parte requerido responderá a las solicitudes<br />
razonables que formule el Estado Parte requirente respecto del estado<br />
y la evolución del trámite de la solicitud. El Estado Parte<br />
requirente informará con prontitud al Estado Parte requerido cuando<br />
ya no necesite la asistencia solicitada.<br />
25. La asistencia judicial recíproca podrá ser diferida por el<br />
Estado Parte requerido si perturba investigaciones, procesos o<br />
actuaciones judiciales en curso.<br />
26. Antes de denegar una solicitud presentada con arreglo al párrafo<br />
21 del presente artículo o de diferir su cumplimiento con arreglo al<br />
párrafo 25 del presente artículo, el Estado Parte requerido<br />
consultará al Estado Parte requirente para considerar si es posible<br />
prestar la asistencia solicitada supeditándola a las condiciones que<br />
estime necesarias. Si el Estado Parte requirente acepta la<br />
asistencia con arreglo a esas condiciones, ese Estado Parte deberá<br />
cumplir las condiciones impuestas.<br />
27. Sin perjuicio de la aplicación del párrafo 12 del presente<br />
artículo, el testigo, perito u otra persona que, a instancias del<br />
Estado Parte requirente, consienta en prestar testimonio en un juicio<br />
o en colaborar en una investigación, proceso o actuación judicial en<br />
el territorio del Estado Parte requirente no podrá ser enjuiciado,<br />
detenido, condenado ni sometido a ninguna otra restricción de su<br />
libertad personal en ese territorio por actos, omisiones o<br />
declaraciones de culpabilidad anteriores a la fecha en que abandonó<br />
el territorio del Estado Parte requerido. Ese salvoconducto cesará<br />
cuando el testigo, perito u otra persona haya tenido, durante quince<br />
días consecutivos o durante el período acordado por los Estados Parte<br />
después de la fecha en que se le haya informado oficialmente de que<br />
las autoridades judiciales ya no requerían su presencia, la<br />
oportunidad de salir del país y no obstante permanezca<br />
voluntariamente en ese territorio o regrese libremente a él después<br />
de haberlo abandonado.<br />
28. Los gastos ordinarios que ocasione el cumplimiento de una<br />
solicitud serán sufragados por el Estado Parte requerido, a menos que<br />
los Estados Parte interesados hayan acordado otra cosa. Cuando se<br />
requieran a este fin gastos cuantiosos o de carácter extraordinario,<br />
los Estados Parte se consultarán para determinar las condiciones en<br />
que se dará cumplimiento a la solicitud, así como la manera en que se<br />
sufragarán los gastos.<br />
29. El Estado Parte requerido:<br />
a) Facilitará al Estado Parte requirente una copia de los<br />
documentos oficiales y otros documentos o datos que obren en su<br />
poder y a los que, conforme a su derecho interno, tenga acceso el<br />
público en general;<br />
b) Podrá, a su arbitrio y con sujeción a las condiciones que<br />
juzgue apropiadas, proporcionar al Estado Parte requirente una<br />
copia total o parcial de los documentos oficiales o de otros<br />
documentos o datos que obren en su poder y que, conforme a su<br />
derecho interno, no estén al alcance del público en general.<br />
30. Cuando sea necesario, los Estados Parte considerarán la<br />
posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o<br />
multilaterales que contribuyan a lograr los fines del presente<br />
artículo y que lleven a la práctica o refuercen sus disposiciones.<br />
Artículo 47<br />
Remisión de actuaciones penales<br />
Los Estados Parte considerarán la posibilidad de remitirse a<br />
actuaciones penales para el enjuiciamiento por un delito tipificado<br />
con arreglo a la presente Convención cuando se estime que esa<br />
remisión redundará en beneficio de la debida administración de<br />
justicia, en particular en casos en que intervengan varias<br />
jurisdicciones, con miras a concentrar las actuaciones del proceso.<br />
Artículo 48<br />
Cooperación en materia de cumplimiento de la ley<br />
1. Los Estados Parte colaborarán estrechamente, en consonancia con<br />
sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos, con miras<br />
a aumentar la eficacia de las medidas de cumplimiento de la ley<br />
orientadas a combatir los delitos comprendidos en la presente<br />
Convención. En particular, los Estados Parte adoptarán medidas<br />
eficaces para:<br />
a) Mejorar los canales de comunicación entre sus autoridades,<br />
organismos y servicios competentes y, de ser necesario,<br />
establecerlos, a fin de facilitar el intercambio seguro y rápido<br />
de información sobre todos los aspectos de los delitos<br />
comprendidos en la presente Convención, así como, si los Estados<br />
Parte interesados lo estiman oportuno, sobre sus vinculaciones<br />
con otras actividades delictivas;<br />
b) Cooperar con otros Estados Parte en la realización de<br />
indagaciones con respecto a delitos comprendidos en la presente<br />
Convención acerca de:<br />
i) La identidad, el paradero y las actividades de<br />
personas presuntamente implicadas en tales delitos o la<br />
ubicación de otras personas interesadas;<br />
ii) El movimiento del producto del delito o de bienes<br />
derivados de la comisión de esos delitos;<br />
iii) El movimiento de bienes, equipo u otros instrumentos<br />
utilizados o destinados a utilizarse en la comisión de esos<br />
delitos;<br />
c) Proporcionar, cuando proceda, los elementos o las<br />
cantidades de sustancias que se requieran para fines de análisis<br />
o investigación;<br />
d) Intercambiar, cuando proceda, información con otros Estados<br />
Parte sobre los medios y métodos concretos empleados para la<br />
comisión de los delitos comprendidos en la presente Convención,<br />
entre ellos el uso de identidad falsa, documentos falsificados,<br />
alterados o falsos u otros medios de encubrir actividades<br />
vinculadas a esos delitos;<br />
e) Facilitar una coordinación eficaz entre sus organismos,<br />
autoridades y servicios competentes y promover el intercambio de<br />
personal y otros expertos, incluida la designación de oficiales<br />
de enlace con sujeción a acuerdos o arreglos bilaterales entre<br />
los Estados Parte interesados;<br />
f) Intercambiar información y coordinar las medidas<br />
administrativas y de otra índole adoptadas para la pronta<br />
detección de los delitos comprendidos en la presente Convención.<br />
2. Los Estados Parte, con miras a dar efecto a la presente<br />
Convención, considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o<br />
arreglos bilaterales o multilaterales en materia de cooperación<br />
directa entre sus respectivos organismos encargados de hacer cumplir<br />
la ley y, cuando tales acuerdos o arreglos ya existan, de<br />
enmendarlos. A falta de tales acuerdos o arreglos entre los Estados<br />
Parte interesados, los Estados Parte podrán considerar que la<br />
presente Convención constituye la base para la cooperación recíproca<br />
en materia de cumplimiento de la ley respecto de los delitos<br />
comprendidos en la presente Convención. Cuando proceda, los Estados<br />
Parte aprovecharán plenamente los acuerdos y arreglos, incluidas las<br />
organizaciones internacionales o regionales, a fin de aumentar la<br />
cooperación entre sus respectivos organismos encargados de hacer<br />
cumplir la ley.<br />
3. Los Estados Parte se esforzarán por colaborar en la medida de<br />
sus posibilidades para hacer frente a los delitos comprendidos en la<br />
presente Convención que se cometan mediante el recurso a la<br />
tecnología moderna.<br />
Artículo 49<br />
Investigaciones conjuntas<br />
Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar<br />
acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en virtud de los<br />
cuales, en relación con cuestiones que son objeto de investigaciones,<br />
procesos o actuaciones judiciales en uno o más Estados, las<br />
autoridades competentes puedan establecer órganos mixtos de<br />
investigación. A falta de tales acuerdos o arreglos, las<br />
investigaciones conjuntas podrán llevarse a cabo mediante acuerdos<br />
concertados caso por caso. Los Estados Parte participantes velarán<br />
por que la soberanía del Estado Parte en cuyo territorio haya de<br />
efectuarse la investigación sea plenamente respetada.<br />
Artículo 50<br />
Técnicas especiales de investigación<br />
1. A fin de combatir eficazmente la corrupción, cada Estado Parte,<br />
en la medida en que lo permitan los principios fundamentales de su<br />
ordenamiento jurídico interno y conforme a las condiciones prescritas<br />
por su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias,<br />
dentro de sus posibilidades, para prever el adecuado recurso, por sus<br />
autoridades competentes en su territorio, a la entrega vigilada y,<br />
cuando lo considere apropiado, a otras técnicas especiales de<br />
investigación como la vigilancia electrónica o de otra índole y las<br />
operaciones encubiertas, así como para permitir la admisibilidad de<br />
las pruebas derivadas de esas técnicas en sus tribunales.<br />
2. A los efectos de investigar los delitos comprendidos en la<br />
presente Convención, se alienta a los Estados Parte a que celebren,<br />
cuando proceda, acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales<br />
apropiados para utilizar esas técnicas especiales de investigación en<br />
el contexto de la cooperación en el plano internacional. Esos<br />
acuerdos o arreglos se concertarán y ejecutarán respetando plenamente<br />
el principio de la igualdad soberana de los Estados y al ponerlos en<br />
práctica se cumplirán estrictamente las condiciones en ellos<br />
contenidas.<br />
3. De no existir los acuerdos o arreglos mencionados en el párrafo<br />
2 del presente artículo, toda decisión de recurrir a esas técnicas<br />
especiales de investigación en el plano internacional se adoptará<br />
sobre la base de cada caso particular y podrá, cuando sea necesario,<br />
tener en cuenta los arreglos financieros y los entendimientos<br />
relativos al ejercicio de jurisdicción por los Estados Parte<br />
interesados.<br />
4. Toda decisión de recurrir a la entrega vigilada en el plano<br />
internacional podrá, con el consentimiento de los Estados Parte<br />
interesados, incluir la aplicación de métodos tales como interceptar<br />
los bienes o los fondos, autorizarlos a proseguir intactos o<br />
retirarlos o sustituirlos total o parcialmente.<br />
Capítulo V<br />
Recuperación de activos<br />
Artículo 51<br />
Disposición general<br />
La restitución de activos con arreglo al presente capítulo es un<br />
principio fundamental de la presente Convención y los Estados Parte<br />
se prestarán la más amplia cooperación y asistencia entre sí a este<br />
respecto.<br />
Artículo 52<br />
Prevención y detección de transferencias<br />
del producto del delito<br />
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la presente<br />
Convención, cada Estado Parte adoptará las medidas que sean<br />
necesarias, de conformidad con su derecho interno, para exigir a las<br />
instituciones financieras que funcionan en su territorio que<br />
verifiquen la identidad de los clientes, adopten medidas razonables<br />
para determinar la identidad de los beneficiarios finales de los<br />
fondos depositados en cuentas de valor elevado, e intensifiquen su<br />
escrutinio de toda cuenta solicitada o mantenida por o a nombre de<br />
personas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas<br />
prominentes y de sus familiares y estrechos colaboradores. Ese<br />
escrutinio intensificado deberá estructurarse razonablemente de modo<br />
que permita descubrir transacciones sospechosas con objeto de<br />
informar al respecto a las autoridades competentes y no deberá ser<br />
concebido de forma que desaliente o impida el curso normal del<br />
negocio de las instituciones financieras con su legítima clientela.<br />
2. A fin de facilitar la aplicación de las medidas previstas en el<br />
párrafo 1 del presente artículo, cada Estado Parte, de conformidad<br />
con su derecho interno e inspirándose en las iniciativas pertinentes<br />
de las organizaciones regionales, interregionales y multilaterales de<br />
lucha contra el blanqueo de dinero, deberá:<br />
a) Impartir directrices sobre el tipo de personas naturales o<br />
jurídicas cuyas cuentas las instituciones financieras que<br />
funcionan en su territorio deberán someter a un mayor escrutinio,<br />
los tipos de cuentas y transacciones a las que deberán prestar<br />
particular atención y la manera apropiada de abrir cuentas y de<br />
llevar registros o expedientes respecto de ellas; y<br />
b) Notificar, cuando proceda, a las instituciones financieras<br />
que funcionan en su territorio, a solicitud de otro Estado Parte<br />
o por propia iniciativa, la identidad de determinadas personas<br />
naturales o jurídicas cuyas cuentas esas instituciones deberán<br />
someter a un mayor escrutinio, además de las que las<br />
instituciones financieras puedan identificar de otra forma.<br />
3. En el contexto del apartado a) del párrafo 2 del presente<br />
artículo, cada Estado Parte aplicará medidas para velar por que sus<br />
instituciones financieras mantengan, durante un plazo conveniente,<br />
registros adecuados de las cuentas y transacciones relacionadas con<br />
las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo, los<br />
cuales deberán contener, como mínimo, información relativa a la<br />
identidad del cliente y, en la medida de lo posible, del beneficiario<br />
final.<br />
4. Con objeto de prevenir y detectar las transferencias del<br />
producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención,<br />
cada Estado Parte aplicará medidas apropiadas y eficaces para<br />
impedir, con la ayuda de sus órganos reguladores y de supervisión, el<br />
establecimiento de bancos que no tengan presencia real y que no estén<br />
afiliados a un grupo financiero sujeto a regulación. Además, los<br />
Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir a sus<br />
instituciones financieras que se nieguen a entablar relaciones con<br />
esas instituciones en calidad de bancos corresponsales, o a continuar<br />
las relaciones existentes, y que se abstengan de establecer<br />
relaciones con instituciones financieras extranjeras que permitan<br />
utilizar sus cuentas a bancos que no tengan presencia real y que no<br />
estén afiliados a un grupo financiero sujeto a regulación.<br />
5. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de establecer, de<br />
conformidad con su derecho interno, sistemas eficaces de divulgación<br />
de información financiera para los funcionarios públicos pertinentes<br />
y dispondrá sanciones adecuadas para todo incumplimiento del deber de<br />
declarar. Cada Estado Parte considerará asimismo la posibilidad de<br />
adoptar las medidas que sean necesarias para permitir que sus<br />
autoridades competentes compartan esa información con las autoridades<br />
competentes de otros Estados Parte, si ello es necesario para<br />
investigar, reclamar o recuperar el producto de delitos tipificados<br />
con arreglo a la presente Convención.<br />
6. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las<br />
medidas que sean necesarias, con arreglo a su derecho interno, para<br />
exigir a los funcionarios públicos pertinentes que tengan algún<br />
derecho o poder de firma o de otra índole sobre alguna cuenta<br />
financiera en algún país extranjero que declaren su relación con esa<br />
cuenta a las autoridades competentes y que lleven el debido registro<br />
de dicha cuenta. Esas medidas deberán incluir sanciones adecuadas<br />
para todo caso de incumplimiento.<br />
Artículo 53<br />
Medidas para la recuperación directa de bienes<br />
Cada Estado Parte, de conformidad con su derecho interno:<br />
a) Adoptará las medidas que sean necesarias a fin de facultar<br />
a otros Estados Parte para entablar ante sus tribunales una<br />
acción civil con objeto de determinar la titularidad o propiedad<br />
de bienes adquiridos mediante la comisión de un delito tipificado<br />
con arreglo a la presente Convención;<br />
b) Adoptará las medidas que sean necesarias a fin de facultar<br />
a sus tribunales para ordenar a aquellos que hayan cometido<br />
delitos tipificados con arreglo a la presente Convención que<br />
indemnicen o resarzan por daños y perjuicios a otro Estado Parte<br />
que haya resultado perjudicado por esos delitos; y<br />
c) Adoptará las medidas que sean necesarias a fin de facultar<br />
a sus tribunales o a sus autoridades competentes, cuando deban<br />
adoptar decisiones con respecto al decomiso, para reconocer el<br />
legítimo derecho de propiedad de otro Estado Parte sobre los<br />
bienes adquiridos mediante la comisión de un delito tipificado<br />
con arreglo a la presente Convención.<br />
Artículo 54<br />
Mecanismos de recuperación de bienes mediante la cooperación<br />
internacional para fines de decomiso<br />
1. Cada Estado Parte, a fin de prestar asistencia judicial<br />
recíproca conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de la presente<br />
Convención con respecto a bienes adquiridos mediante la comisión de<br />
un delito tipificado con arreglo a la presente Convención o<br />
relacionados con ese delito, de conformidad con su derecho interno:<br />
a) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus<br />
autoridades competentes puedan dar efecto a toda orden de<br />
decomiso dictada por un tribunal de otro Estado Parte;<br />
b) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus<br />
autoridades competentes, cuando tengan jurisdicción, puedan<br />
ordenar el decomiso de esos bienes de origen extranjero en una<br />
sentencia relativa a un delito de blanqueo de dinero o a<br />
cualquier otro delito sobre el que pueda tener jurisdicción, o<br />
mediante otros procedimientos autorizados en su derecho interno;<br />
y<br />
c) Considerará la posibilidad de adoptar las medidas que sean<br />
necesarias para permitir el decomiso de esos bienes sin que medie<br />
una condena, en casos en que el delincuente no pueda ser<br />
enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga o ausencia, o en<br />
otros casos apropiados.<br />
2. Cada Estado Parte, a fin de prestar asistencia judicial<br />
recíproca solicitada con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 del<br />
artículo 55 de la presente Convención, de conformidad con su derecho<br />
interno:<br />
a) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus<br />
autoridades competentes puedan efectuar el embargo preventivo o<br />
la incautación de bienes en cumplimiento de una orden de embargo<br />
preventivo o incautación dictada por un tribunal o autoridad<br />
competente de un Estado Parte requirente que constituya un<br />
fundamento razonable para que el Estado Parte requerido considere<br />
que existen razones suficientes para adoptar esas medidas y que<br />
ulteriormente los bienes serían objeto de una orden de decomiso a<br />
efectos del apartado a) del párrafo 1 del presente artículo;<br />
b) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus<br />
autoridades competentes puedan efectuar el embargo preventivo o<br />
la incautación de bienes en cumplimiento de una solicitud que<br />
constituya un fundamento razonable para que el Estado Parte<br />
requerido considere que existen razones suficientes para adoptar<br />
esas medidas y que ulteriormente los bienes serían objeto de una<br />
orden de decomiso a efectos del apartado a) del párrafo 1 del<br />
presente artículo; y<br />
c) Considerará la posibilidad de adoptar otras medidas para<br />
que sus autoridades competentes puedan preservar los bienes a<br />
efectos de decomiso, por ejemplo sobre la base de una orden<br />
extranjera de detención o inculpación penal relacionada con la<br />
adquisición de esos bienes.<br />
Artículo 55<br />
Cooperación internacional para<br />
fines de decomiso<br />
1. Los Estados Parte que reciban una solicitud de otro Estado Parte<br />
que tenga jurisdicción para conocer de un delito tipificado con<br />
arreglo a la presente Convención con miras al decomiso del producto<br />
del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en<br />
el párrafo 1 del artículo 31 de la presente Convención que se<br />
encuentren en su territorio deberán, en la mayor medida en que lo<br />
permita su ordenamiento jurídico interno:<br />
a) Remitir la solicitud a sus autoridades competentes para<br />
obtener una orden de decomiso a la que, en caso de concederse,<br />
darán cumplimiento; o<br />
b) Presentar a sus autoridades competentes, a fin de que se le<br />
dé cumplimiento en el grado solicitado, la orden de decomiso<br />
expedida por un tribunal situado en el territorio del Estado<br />
Parte requirente de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1<br />
del artículo 31 y en el apartado a) del párrafo 1 del artículo 54<br />
de la presente Convención en la medida en que guarde relación con<br />
el producto del delito, los bienes, el equipo u otros<br />
instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo 31 que se<br />
encuentren en el territorio del Estado Parte requerido.<br />
2. A raíz de una solicitud presentada por otro Estado Parte que<br />
tenga jurisdicción para conocer de un delito tipificado con arreglo a<br />
la presente Convención, el Estado Parte requerido adoptará medidas<br />
encaminadas a la identificación, la localización y el embargo<br />
preventivo o la incautación del producto del delito, los bienes, el<br />
equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo<br />
31 de la presente Convención con miras a su eventual decomiso, que<br />
habrá de ordenar el Estado Parte requirente o, en caso de que medie<br />
una solicitud presentada con arreglo al párrafo 1 del presente<br />
artículo, el Estado Parte requerido.<br />
3. Las disposiciones del artículo 46 de la presente Convención<br />
serán aplicables, mutatis mutandis, al presente artículo. Además de<br />
la información indicada en el párrafo 15 del artículo 46, las<br />
solicitudes presentadas de conformidad con el presente artículo<br />
contendrán lo siguiente:<br />
a) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado a)<br />
del párrafo 1 del presente artículo, una descripción de los<br />
bienes susceptibles de decomiso, así como, en la medida de lo<br />
posible, la ubicación y, cuando proceda, el valor estimado de los<br />
bienes y una exposición de los hechos en que se basa la solicitud<br />
del Estado Parte requirente que sean lo suficientemente<br />
explícitas para que el Estado Parte requerido pueda tramitar la<br />
orden con arreglo a su derecho interno;<br />
b) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado b)<br />
del párrafo 1 del presente artículo, una copia admisible en<br />
derecho de la orden de decomiso expedida por el Estado Parte<br />
requirente en la que se basa la solicitud, una exposición de los<br />
hechos y la información que proceda sobre el grado de ejecución<br />
que se solicita dar a la orden, una declaración en la que se<br />
indiquen las medidas adoptadas por el Estado Parte requirente<br />
para dar notificación adecuada a terceros de buena fe y para<br />
garantizar el debido proceso y un certificado de que la orden de<br />
decomiso es definitiva;<br />
c) Cuando se trate de una solicitud relativa al párrafo 2 del<br />
presente artículo, una exposición de los hechos en que se basa el<br />
Estado Parte requirente y una descripción de las medidas<br />
solicitadas, así como, cuando se disponga de ella, una copia<br />
admisible en derecho de la orden de decomiso en la que se basa la<br />
solicitud.<br />
4. El Estado Parte requerido adoptará las decisiones o medidas<br />
previstas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo conforme y con<br />
sujeción a lo dispuesto en su derecho interno y en sus reglas de<br />
procedimiento o en los acuerdos o arreglos bilaterales o<br />
multilaterales por los que pudiera estar vinculado al Estado Parte<br />
requirente.<br />
5. Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las<br />
Naciones Unidas una copia de sus leyes y reglamentos destinados a dar<br />
aplicación al presente artículo y de cualquier enmienda ulterior que<br />
se haga de tales leyes y reglamentos o una descripción de ésta.<br />
6. Si un Estado Parte opta por supeditar la adopción de las medidas<br />
mencionadas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo a la<br />
existencia de un tratado pertinente, ese Estado Parte considerará la<br />
presente Convención como la base de derecho necesaria y suficiente<br />
para cumplir ese requisito.<br />
7. La cooperación prevista en el presente artículo también se podrá<br />
denegar, o se podrán levantar las medidas cautelares, si el Estado<br />
Parte requerido no recibe pruebas suficientes u oportunas o si los<br />
bienes son de escaso valor.<br />
8. Antes de levantar toda medida cautelar adoptada de conformidad<br />
con el presente artículo, el Estado Parte requerido deberá, siempre<br />
que sea posible, dar al Estado Parte requirente la oportunidad de<br />
presentar sus razones a favor de mantener en vigor la medida.<br />
9. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en<br />
perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.<br />
Artículo 56<br />
Cooperación especial<br />
Sin perjuicio de lo dispuesto en su derecho interno, cada Estado<br />
Parte procurará adoptar medidas que le faculten para remitir a otro<br />
Estado Parte que no la haya solicitado, sin perjuicio de sus propias<br />
investigaciones o actuaciones judiciales, información sobre el<br />
producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención<br />
si considera que la divulgación de esa información puede ayudar al<br />
Estado Parte destinatario a poner en marcha o llevar a cabo sus<br />
investigaciones o actuaciones judiciales, o que la información así<br />
facilitada podría dar lugar a que ese Estado Parte presentara una<br />
solicitud con arreglo al presente capítulo de la Convención.<br />
Artículo 57<br />
Restitución y disposición de activos<br />
1. Cada Estado Parte dispondrá de los bienes que haya decomisado<br />
conforme a lo dispuesto en los artículos 31 ó 55 de la presente<br />
Convención, incluida la restitución a sus legítimos propietarios<br />
anteriores, con arreglo al párrafo 3 del presente artículo, de<br />
conformidad con las disposiciones de la presente Convención y con su<br />
derecho interno.<br />
2. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios<br />
fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de<br />
otra índole que sean necesarias para permitir que sus autoridades<br />
competentes procedan a la restitución de los bienes decomisados, al<br />
dar curso a una solicitud presentada por otro Estado Parte, de<br />
conformidad con la presente Convención, teniendo en cuenta los<br />
derechos de terceros de buena fe.<br />
3. De conformidad con los artículos 46 y 55 de la presente<br />
Convención y con los párrafos 1 y 2 del presente artículo, el Estado<br />
Parte requerido:<br />
a) En caso de malversación o peculado de fondos públicos o de<br />
blanqueo de fondos públicos malversados a que se hace referencia<br />
en los artículos 17 y 23 de la presente Convención, restituirá al<br />
Estado Parte requirente los bienes decomisados cuando se haya<br />
procedido al decomiso con arreglo a lo dispuesto en el artículo<br />
55 de la presente Convención y sobre la base de una sentencia<br />
firme dictada en el Estado Parte requirente, requisito al que<br />
podrá renunciar el Estado Parte requerido;<br />
b) En caso de que se trate del producto de cualquier otro<br />
delito comprendido en la presente Convención, restituirá al<br />
Estado Parte requirente los bienes decomisados cuando se haya<br />
procedido al decomiso con arreglo a lo dispuesto en el artículo<br />
55 de la presente Convención y sobre la base de una sentencia<br />
firme dictada en el Estado Parte requirente, requisito al que<br />
podrá renunciar el Estado Parte requerido, y cuando el Estado<br />
Parte requirente acredite razonablemente ante el Estado Parte<br />
requerido su propiedad anterior de los bienes decomisados o el<br />
Estado Parte requerido reconozca los daños causados al Estado<br />
Parte requirente como base para la restitución de los bienes<br />
decomisados;<br />
c) En todos los demás casos, dará consideración prioritaria a<br />
la restitución al Estado Parte requirente de los bienes<br />
decomisados, a la restitución de esos bienes a sus propietarios<br />
legítimos anteriores o a la indemnización de las víctimas del<br />
delito.<br />
4. Cuando proceda, a menos que los Estados Parte decidan otra cosa,<br />
el Estado Parte requerido podrá deducir los gastos razonables que<br />
haya efectuado en el curso de las investigaciones o actuaciones<br />
judiciales que hayan posibilitado la restitución o disposición de los<br />
bienes decomisados conforme a lo dispuesto en el presente artículo.<br />
5. Cuando proceda, los Estados Parte podrán también dar<br />
consideración especial a la posibilidad de celebrar acuerdos o<br />
arreglos mutuamente aceptables, sobre la base de cada caso<br />
particular, con miras a la disposición definitiva de los bienes<br />
decomisados.<br />
Artículo 58<br />
Dependencia de inteligencia financiera<br />
Los Estados Parte cooperarán entre sí a fin de impedir y<br />
combatir la transferencia del producto de delitos tipificados con<br />
arreglo a la presente Convención y de promover medios y arbitrios<br />
para recuperar dicho producto y, a tal fin, considerarán la<br />
posibilidad de establecer una dependencia de inteligencia financiera<br />
que se encargará de recibir, analizar y dar a conocer a las<br />
autoridades competentes todo informe relacionado con las<br />
transacciones financieras sospechosas.<br />
Artículo 59<br />
Acuerdos y arreglos bilaterales y multilaterales<br />
Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar<br />
acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales con miras a aumentar<br />
la eficacia de la cooperación internacional prestada de conformidad<br />
con el presente capítulo de la Convención.<br />
Capítulo VI<br />
Asistencia técnica e intercambio de información<br />
Artículo 60<br />
Capacitación y asistencia técnica<br />
1. Cada Estado Parte, en la medida necesaria, formulará,<br />
desarrollará o perfeccionará programas de capacitación<br />
específicamente concebidos para el personal de sus servicios<br />
encargados de prevenir y combatir la corrupción. Esos programas de<br />
capacitación podrán versar, entre otras cosas, sobre:<br />
a) Medidas eficaces para prevenir, detectar, investigar,<br />
sancionar y combatir la corrupción, incluso el uso de métodos de<br />
reunión de pruebas e investigación;<br />
b) Fomento de la capacidad de formulación y planificación de<br />
una política estratégica contra la corrupción;<br />
c) Capacitación de las autoridades competentes en la<br />
preparación de solicitudes de asistencia judicial recíproca que<br />
satisfagan los requisitos de la presente Convención;<br />
d) Evaluación y fortalecimiento de las instituciones, de la<br />
gestión de la función pública y la gestión de las finanzas<br />
públicas, incluida la contratación pública, así como del sector<br />
privado;<br />
e) Prevención y lucha contra las transferencias del producto<br />
de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención y<br />
recuperación de dicho producto;<br />
f) Detección y embargo preventivo de las transferencias del<br />
producto de delitos tipificados con arreglo a la presente<br />
Convención;<br />
g) Vigilancia del movimiento del producto de delitos<br />
tipificados con arreglo a la presente Convención, así como de los<br />
métodos empleados para la transferencia, ocultación o<br />
disimulación de dicho producto;<br />
h) Mecanismos y métodos legales y administrativos apropiados y<br />
eficientes para facilitar la restitución del producto de delitos<br />
tipificados con arreglo a la presente Convención;<br />
i) Métodos utilizados para proteger a las víctimas y los<br />
testigos que cooperen con las autoridades judiciales; y<br />
j) Capacitación en materia de reglamentos nacionales e<br />
internacionales y en idiomas.<br />
2. En la medida de sus posibilidades, los Estados Parte<br />
considerarán la posibilidad de prestarse la más amplia asistencia<br />
técnica, especialmente en favor de los países en desarrollo, en sus<br />
respectivos planes y programas para combatir la corrupción, incluido<br />
apoyo material y capacitación en las esferas mencionadas en el<br />
párrafo 1 del presente artículo, así como capacitación y asistencia e<br />
intercambio mutuo de experiencias y conocimientos especializados, lo<br />
que facilitará la cooperación internacional entre los Estados Parte<br />
en las esferas de la extradición y la asistencia judicial recíproca.<br />
3. Los Estados Parte intensificarán, en la medida necesaria, los<br />
esfuerzos para optimizar las actividades operacionales y de<br />
capacitación en las organizaciones internacionales y regionales y en<br />
el marco de los acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales<br />
pertinentes.<br />
4. Los Estados Parte considerarán, previa solicitud, la posibilidad<br />
de ayudarse entre sí en la realización de evaluaciones, estudios e<br />
investigaciones sobre los tipos, causas, efectos y costos de la<br />
corrupción en sus respectivos países con miras a elaborar, con la<br />
participación de las autoridades competentes y de la sociedad,<br />
estrategias y planes de acción contra la corrupción.<br />
5. A fin de facilitar la recuperación del producto de delitos<br />
tipificados con arreglo a la presente Convención, los Estados Parte<br />
podrán cooperar facilitándose los nombres de peritos que puedan ser<br />
útiles para lograr ese objetivo.<br />
6. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de recurrir a la<br />
organización de conferencias y seminarios subregionales, regionales e<br />
internacionales para promover la cooperación y la asistencia técnica<br />
y para fomentar los debates sobre problemas de interés mutuo,<br />
incluidos los problemas y necesidades especiales de los países en<br />
desarrollo y los países con economías en transición.<br />
7. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de establecer<br />
mecanismos voluntarios con miras a contribuir financieramente a los<br />
esfuerzos de los países en desarrollo y los países con economías en<br />
transición para aplicar la presente Convención mediante programas y<br />
proyectos de asistencia técnica.<br />
8. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de hacer<br />
contribuciones voluntarias a la Oficina de las Naciones Unidas contra<br />
la Droga y el Delito con el propósito de impulsar, a través de dicha<br />
Oficina, programas y proyectos en los países en desarrollo con miras<br />
a aplicar la presente Convención.<br />
Artículo 61<br />
Recopilación, intercambio y análisis de información sobre la corrupción<br />
1. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de analizar, en<br />
consulta con expertos, las tendencias de la corrupción en su<br />
territorio, así como las circunstancias en que se cometen los delitos<br />
de corrupción.<br />
2. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de desarrollar y<br />
compartir, entre sí y por conducto de organizaciones internacionales<br />
y regionales, estadísticas, experiencia analítica acerca de la<br />
corrupción e información con miras a establecer, en la medida de lo<br />
posible, definiciones, normas y metodologías comunes, así como<br />
información sobre las prácticas óptimas para prevenir y combatir la<br />
corrupción.<br />
3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de vigilar sus<br />
políticas y medidas en vigor encaminadas a combatir la corrupción y<br />
de evaluar su eficacia y eficiencia.<br />
Artículo 62<br />
Otras medidas: aplicación de la Convención mediante el<br />
Desarrollo económico y la asistencia técnica<br />
1. Los Estados Parte adoptarán disposiciones conducentes a la<br />
aplicación óptima de la presente Convención en la medida de lo<br />
posible, mediante la cooperación internacional, teniendo en cuenta<br />
los efectos adversos de la corrupción en la sociedad en general y en<br />
el desarrollo sostenible en particular.<br />
2. Los Estados Parte harán esfuerzos concretos, en la medida de lo<br />
posible y en forma coordinada entre sí, así como con organizaciones<br />
internacionales y regionales, por:<br />
a) Intensificar su cooperación en los diversos planos con los<br />
países en desarrollo con miras a fortalecer la capacidad de esos<br />
países para prevenir y combatir la corrupción;<br />
b) Aumentar la asistencia financiera y material a fin de<br />
apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo para prevenir y<br />
combatir la corrupción con eficacia y ayudarles a aplicar<br />
satisfactoriamente la presente Convención;<br />
c) Prestar asistencia técnica a los países en desarrollo y a<br />
los países con economías en transición para ayudarles a<br />
satisfacer sus necesidades relacionadas con la aplicación de la<br />
presente Convención. A tal fin, los Estados Parte procurarán<br />
hacer contribuciones voluntarias adecuadas y periódicas a una<br />
cuenta específicamente designada a esos efectos en un mecanismo<br />
de financiación de las Naciones Unidas. Con arreglo a su derecho<br />
interno y a las disposiciones de la Convención, los Estados Parte<br />
podrán también dar consideración especial a la posibilidad de<br />
ingresar en esa cuenta un porcentaje del dinero decomisado o de<br />
la suma equivalente a los bienes o al producto del delito<br />
decomisados conforme a lo dispuesto en la Convención;<br />
d) Alentar y persuadir a otros Estados e instituciones<br />
financieras, según proceda, para que se sumen a los esfuerzos<br />
desplegados con arreglo al presente artículo, en particular<br />
proporcionando un mayor número de programas de capacitación y<br />
equipo moderno a los países en desarrollo a fin de ayudarles a<br />
lograr los objetivos de la presente Convención.<br />
3. En lo posible, estas medidas no menoscabarán los compromisos<br />
existentes en materia de asistencia externa ni otros arreglos de<br />
cooperación financiera en los ámbitos bilateral, regional o<br />
internacional.<br />
4. Los Estados Parte podrán celebrar acuerdos o arreglos<br />
bilaterales o multilaterales sobre asistencia material y logística,<br />
teniendo en cuenta los arreglos financieros necesarios para hacer<br />
efectiva la cooperación internacional prevista en la presente<br />
Convención y para prevenir, detectar y combatir la corrupción.<br />
Capítulo VII<br />
Mecanismos de aplicación<br />
Artículo 63<br />
Conferencia de los Estados Parte en la Convención<br />
1. Se establecerá una Conferencia de los Estados Parte en la<br />
Convención a fin de mejorar la capacidad de los Estados Parte y la<br />
cooperación entre ellos para alcanzar los objetivos enunciados en la<br />
presente Convención y promover y examinar su aplicación.<br />
2. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la<br />
Conferencia de los Estados Parte a más tardar un año después de la<br />
entrada en vigor de la presente Convención. Posteriormente se<br />
celebrarán reuniones periódicas de la Conferencia de los Estados<br />
Parte de conformidad con lo dispuesto en las reglas de procedimiento<br />
aprobadas por la Conferencia.<br />
3. La Conferencia de los Estados Parte aprobará el reglamento y las<br />
normas que rijan la ejecución de las actividades enunciadas en el<br />
presente artículo, incluidas las normas relativas a la admisión y la<br />
participación de observadores y el pago de los gastos que ocasione la<br />
realización de esas actividades.<br />
4. La Conferencia de los Estados Parte concertará actividades,<br />
procedimientos y métodos de trabajo con miras a lograr los objetivos<br />
enunciados en el párrafo 1 del presente artículo, y en particular:<br />
a) Facilitará las actividades que realicen los Estados Parte<br />
con arreglo a los artículos 60 y 62 y a los capítulos II a V de<br />
la presente Convención, incluso promoviendo la aportación de<br />
contribuciones voluntarias;<br />
b) Facilitará el intercambio de información entre los Estados<br />
Parte sobre las modalidades y tendencias de la corrupción y sobre<br />
prácticas eficaces para prevenirla y combatirla, así como para la<br />
restitución del producto del delito, mediante, entre otras cosas,<br />
la publicación de la información pertinente mencionada en el<br />
presente artículo;<br />
c) Cooperará con organizaciones y mecanismos internacionales y<br />
regionales y organizaciones no gubernamentales pertinentes;<br />
d) Aprovechará adecuadamente la información pertinente<br />
elaborada por otros mecanismos internacionales y regionales<br />
encargados de combatir y prevenir la corrupción a fin de evitar<br />
una duplicación innecesaria de actividades;<br />
e) Examinará periódicamente la aplicación de la presente<br />
Convención por sus Estados Parte;<br />
f) Formulará recomendaciones para mejorar la presente<br />
Convención y su aplicación;<br />
g) Tomará nota de las necesidades de asistencia técnica de los<br />
Estados Parte con respecto a la aplicación de la presente<br />
Convención y recomendará las medidas que considere necesarias al<br />
respecto.<br />
5. A los efectos del párrafo 4 del presente artículo, la<br />
Conferencia de los Estados Parte obtendrá el necesario conocimiento<br />
de las medidas adoptadas y de las dificultades encontradas por los<br />
Estados Parte en la aplicación de la presente Convención por conducto<br />
de la información que ellos le faciliten y de los demás mecanismos de<br />
examen que establezca la Conferencia de los Estados Parte.<br />
6. Cada Estado Parte proporcionará a la Conferencia de los Estados<br />
Parte información sobre sus programas, planes y prácticas, así como<br />
sobre las medidas legislativas y administrativas adoptadas para<br />
aplicar la presente Convención, según lo requiera la Conferencia de<br />
los Estados Parte. La Conferencia de los Estados Parte tratará de<br />
determinar la manera más eficaz de recibir y procesar la información,<br />
incluida la que reciba de los Estados Parte y de organizaciones<br />
internacionales competentes. También se podrán considerar las<br />
aportaciones recibidas de organizaciones no gubernamentales<br />
pertinentes debidamente acreditadas conforme a los procedimientos<br />
acordados por la Conferencia de los Estados Parte.<br />
7. En cumplimiento de los párrafos 4 a 6 del presente artículo, la<br />
Conferencia de los Estados Parte establecerá, si lo considera<br />
necesario, un mecanismo u órgano apropiado para apoyar la aplicación<br />
efectiva de la presente Convención.<br />
Artículo 64<br />
Secretaría<br />
1. El Secretario General de las Naciones Unidas prestará los<br />
servicios de secretaría necesarios a la Conferencia de los Estados<br />
Parte en la Convención.<br />
2. La secretaría:<br />
a) Prestará asistencia a la Conferencia de los Estados Parte<br />
en la realización de las actividades enunciadas en el artículo 63<br />
de la presente Convención y organizará los períodos de sesiones<br />
de la Conferencia de los Estados Parte y les proporcionará los<br />
servicios necesarios;<br />
b) Prestará asistencia a los Estados Parte que la soliciten en<br />
el suministro de información a la Conferencia de los Estados<br />
Parte según lo previsto en los párrafos 5 y 6 del artículo 63 de<br />
la presente Convención; y<br />
c) Velará por la coordinación necesaria con las secretarías de<br />
otras organizaciones internacionales y regionales pertinentes.<br />
Capítulo VIII<br />
Disposiciones finales<br />
Artículo 65<br />
Aplicación de la Convención<br />
1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios<br />
fundamentales de su derecho interno, las medidas que sean necesarias,<br />
incluidas medidas legislativas y administrativas, para garantizar el<br />
cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a la presente<br />
Convención.<br />
2. Cada Estado Parte podrá adoptar medidas más estrictas o severas<br />
que las previstas en la presente Convención a fin de prevenir y<br />
combatir la corrupción.<br />
Artículo 66<br />
Solución de controversias<br />
1. Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia<br />
relacionada con la interpretación o aplicación de la presente<br />
Convención mediante la negociación.<br />
2. Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la<br />
interpretación o la aplicación de la presente Convención que no pueda<br />
resolverse mediante la negociación dentro de un plazo razonable<br />
deberá, a solicitud de uno de esos Estados Parte, someterse a<br />
arbitraje. Si, seis meses después de la fecha de la solicitud de<br />
arbitraje, esos Estados Parte no han podido ponerse de acuerdo sobre<br />
la organización del arbitraje, cualquiera de esos Estados Parte podrá<br />
remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante<br />
solicitud conforme al Estatuto de la Corte.<br />
3. Cada Estado Parte podrá, en el momento de la firma,<br />
ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o de<br />
la adhesión a ella, declarar que no se considera vinculado por el<br />
párrafo 2 del presente artículo. Los demás Estados Parte no quedarán<br />
vinculados por el párrafo 2 del presente artículo respecto de todo<br />
Estado Parte que haya hecho esa reserva.<br />
4. El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con el<br />
párrafo 3 del presente artículo podrá en cualquier momento retirar<br />
esa reserva notificándolo al Secretario General de las Naciones<br />
Unidas.<br />
Artículo 67<br />
Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión<br />
1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los<br />
Estados del 9 al 11 de diciembre de 2003 en Mérida, México, y después<br />
de esa fecha en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York hasta el<br />
9 de diciembre de 2005.<br />
2. La presente Convención también estará abierta a la firma de las<br />
organizaciones regionales de integración económica siempre que al<br />
menos uno de los Estados miembros de tales organizaciones haya<br />
firmado la presente Convención de conformidad con lo dispuesto en el<br />
párrafo 1 del presente artículo.<br />
3. La presente Convención estará sujeta a ratificación, aceptación<br />
o aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o<br />
aprobación se depositarán en poder del Secretario General de las<br />
Naciones Unidas. Las organizaciones regionales de integración<br />
económica podrán depositar su instrumento de ratificación, aceptación<br />
o aprobación si por lo menos uno de sus Estados miembros ha procedido<br />
de igual manera. En ese instrumento de ratificación, aceptación o<br />
aprobación, esas organizaciones declararán el alcance de su<br />
competencia con respecto a las cuestiones regidas por la presente<br />
Convención. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario<br />
cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia.<br />
4. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los<br />
Estados u organizaciones regionales de integración económica que<br />
cuenten por lo menos con un Estado miembro que sea Parte en la<br />
presente Convención. Los instrumentos de adhesión se depositarán en<br />
poder del Secretario General de las Naciones Unidas. En el momento<br />
de su adhesión, las organizaciones regionales de integración<br />
económica declararán el alcance de su competencia con respecto a las<br />
cuestiones regidas por la presente Convención. Dichas organizaciones<br />
comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente<br />
del alcance de su competencia.<br />
Artículo 68<br />
Entrada en vigor<br />
1. La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día<br />
después de la fecha en que se haya depositado el trigésimo<br />
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. A<br />
los efectos del presente párrafo, los instrumentos depositados por<br />
una organización regional de integración económica no se considerarán<br />
adicionales a los depositados por los Estados miembros de tal<br />
organización.<br />
2. Para cada Estado u organización regional de integración<br />
económica que ratifique, acepte o apruebe la presente Convención o se<br />
adhiera a ella después de haberse depositado el trigésimo instrumento<br />
de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, la presente<br />
Convención entrará en vigor el trigésimo día después de la fecha en<br />
que ese Estado u organización haya depositado el instrumento<br />
pertinente o en la fecha de su entrada en vigor con arreglo al<br />
párrafo 1 del presente artículo, si ésta es posterior.<br />
Artículo 69<br />
Enmienda<br />
1. Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor<br />
de la presente Convención, los Estados Parte podrán proponer<br />
enmiendas y transmitirlas al Secretario General de las Naciones<br />
Unidas, quien a continuación comunicará toda enmienda propuesta a los<br />
Estados Parte y a la Conferencia de los Estados Parte en la<br />
Convención para que la examinen y adopten una decisión al respecto.<br />
La Conferencia de los Estados Parte hará todo lo posible por lograr<br />
un consenso sobre cada enmienda. Si se han agotado todas las<br />
posibilidades de lograr un consenso y no se ha llegado a un acuerdo,<br />
la aprobación de la enmienda exigirá, en última instancia, una<br />
mayoría de dos tercios de los Estados Parte presentes y votantes en<br />
la reunión de la Conferencia de los Estados Parte.<br />
2. Las organizaciones regionales de integración económica, en<br />
asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo<br />
al presente artículo con un número de votos igual al número de sus<br />
Estados miembros que sean Partes en la presente Convención. Dichas<br />
organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus Estados<br />
miembros ejercen el suyo y viceversa.<br />
3. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del<br />
presente artículo estará sujeta a ratificación, aceptación o<br />
aprobación por los Estados Parte.<br />
4. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del<br />
presente artículo entrará en vigor respecto de un Estado Parte<br />
noventa días después de la fecha en que éste deposite en poder del<br />
Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento de<br />
ratificación, aceptación o aprobación de esa enmienda.<br />
5. Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los<br />
Estados Parte que hayan expresado su consentimiento al respecto. Los<br />
demás Estados Parte quedarán sujetos a las disposiciones de la<br />
presente Convención, así como a cualquier otra enmienda anterior que<br />
hubiesen ratificado, aceptado o aprobado.<br />
Artículo 70<br />
Denuncia<br />
1. Los Estados Parte podrán denunciar la presente Convención<br />
mediante notificación escrita al Secretario General de las Naciones<br />
Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que<br />
el Secretario General haya recibido la notificación.<br />
2. Las organizaciones regionales de integración económica dejarán<br />
de ser Partes en la presente Convención cuando la hayan denunciado<br />
todos sus Estados miembros.<br />
Artículo 71<br />
Depositario e idiomas<br />
1. El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario<br />
de la presente Convención.<br />
2. El original de la presente Convención, cuyo texto en árabe,<br />
chino, español, francés, inglés y ruso es igualmente auténtico, se<br />
depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.<br />
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente<br />
autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado la presente<br />
Convención."<br />
Rige a partir de su publicación.<br />
ASAMBLEA LEGISLATIVA.- Aprobado a los diecisiete días del mes de octubre de<br />
dos mil seis.<br />
COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO<br />
Francisco Antonio Pacheco Fernández<br />
PRESIDENTE<br />
Clara Zomer Rezler Guyon Massey Mora<br />
PRIMERA SECRETARIA SEGUNDO SECRETARIO<br />
24 de octubre de 2006, dr.-<br />
Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los veintinueve días<br />
del mes de noviembre del dos mil seis.<br />
Ejecútese y publíquese<br />
ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ<br />
Edgar Ugalde Álvarez<br />
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO A.I.<br />
Sanción: 29-11-2006<br />
Publicación: 18-12-2006 Gaceta: 242
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