Aprobación Del Acuerdo Entre El Gobierno De La República De Costa Rica Y El Gobierno De La República De Corea Para La Promoción Y Protección Recíproca De Las Inversiones

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8217 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA: APROBACIÓN DEL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COREA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS INVERSIONES ARTÍCULO 1.- Apruébase, en cada una de sus partes, el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Corea para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, suscrito el 11 de agosto de 2000. El texto es el siguiente: "ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO DE COREA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS INVERSIONES El Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Corea (en adelante referidos como las "Partes Contratantes"), Deseando promover mayor cooperación económica para el beneficio recíproco de ambas Partes Contratantes. Con el objetivo de crear condiciones favorables para las inversiones de inversionistas de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante, y Reconociendo que la promoción y protección de las inversiones de conformidad con este Acuerdo incentivará nuevas iniciativas en este campo, Han convenido lo siguiente: Artículo 1 Definiciones Para los propósitos de este Acuerdo: 1.- El término "inversión" significa cualquier tipo de activo invertido por un inversionista de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante de conformidad con la legislación de esta última Parte contratante y en particular, aunque no exclusivamente, incluye: a) Bienes muebles e inmuebles así como cualquier otro derecho real, tales como hipotecas, derechos de prenda, arrendamientos u otras obligaciones; b) Acciones, títulos, obligaciones y cualquier otro tipo de participaciones en una sociedad o empresa; c) Créditos relacionados a una inversión o a cualquier obligación bajo contrato que tenga valor económico. d) Derechos de propiedad intelectual incluyendo derechos relativos a derechos de autor, patentes, derechos de marca, diseños industriales, indicaciones geográficas, circuitos integrados, nombres comerciales, procesos técnicos, secretos comerciales y know-how y buen nombre; y e) Concesiones que tengan un valor económico conferido por ley o por contrato, incluyendo concesiones para la exploración, cultivo, extracción o explotación de recursos naturales. Cualquier cambio en la forma en que los activos hayan sido invertidos o reinvertidos no afectarán su designación como "inversión". 2.- El término "rentas" significa las sumas producidas por las inversiones y en particular, aunque no exclusivamente, incluirá ganancias, intereses, incrementos de capital, dividendos, regalías y todo tipo de honorarios. 3.- El término "inversionistas" significará cualquier persona física o jurídica de una Parte Contratante que invierta o haya efectuado inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante: a) El término "persona física" significa una persona física que tenga la nacionalidad de esa Parte Contratante de conformidad con su legislación; y b) El término "persona jurídica" significa cualquier entidad tal como compañías, instituciones públicas, autoridades, fundaciones, sociedades, firmas, establecimientos comerciales, organizaciones, corporaciones o asociaciones, debidamente incorporadas o constituidas de conformidad con la legislación de esa Parte Contratante y que tenga su asiento o domicilio en el territorio de esa Parte Contratante, tenga o no fines de lucro. 4.- El término "territorio" significa el territorio de la República de Costa Rica o el territorio de la República de Corea respectivamente, así como las áreas marítimas, incluyendo la plataforma continental y el subsuelo adyacente al límite externo del mar territorial, sobre el cual el Estado interesado ejerce, de conformidad con el derecho internacional, derechos soberanos o su jurisdicción para propósitos de exploración y explotación de los recursos naturales de dichas áreas. Artículo 2 Promoción y Protección de las Inversiones 1.- Cada Parte Contratante promoverá y creará condiciones favorables en su territorio para las inversiones de inversionistas de la otra Parte Contratante y admitirá dichas inversiones de conformidad con su legislación. 2.- Las inversiones efectuadas por inversionistas de cada Parte Contratante se les otorgará en todo momento un trato justo y equitativo y gozarán de plena protección y seguridad en el territorio de la otra Parte Contratante. 3.- Ninguna Parte Contratante deberá perjudicar de ninguna manera mediante medidas no razonables o arbitrarias la operación, administración, mantenimiento, uso, goce o disposición de inversiones en su territorio efectuadas por inversionistas de la otra Parte Contratante. Artículo 3 Tratamiento de las Inversiones 1.- Una vez que la inversión haya sido admitida, cada Parte Contratante otorgará a las inversiones y rentas efectuadas por inversionistas de la otra Parte Contratante en su territorio un trato justo y equitativo y no menos favorable que el que le otorga a las inversiones y rentas de sus propios inversionistas o la inversiones y rentas de inversionistas de cualquier tercer Estado, cualquiera que sea más favorable para los inversionistas. 2.- Una vez que la inversión haya sido admitida, cada Parte Contratante otorgará a los inversionistas de la otra Parte Contratante en su territorio en lo que se refiere a administración, mantenimiento, uso, goce o disposición de sus inversiones, un trato justo y equitativo y no menos favorable que el que se conceda a sus propios inversionistas o a inversionistas de cualquier tercer Estado, cualquiera que sea más favorable para los inversionistas. 3.- Nada en este Artículo se interpretará en el sentido de obligar a una Parte Contratante a extender a las inversiones de inversionistas de la otra Parte Contratante, ventajas resultantes en virtud de cualquier asociación presente o futura en un área de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica y monetaria u otra institución similar de integración económica. 4.- Nada en este Artículo se interpretará para obligar a una Parte Contratante a extender a las inversiones de inversionistas de la otra Parte Contratante deducciones, exenciones fiscales o cualquier otra ventaja similar resultante de un acuerdo sobre doble tributación o cualquier otro acuerdo relativo a materia fiscal suscrito por una Parte Contratante y cualquier tercer Estado. Artículo 4 Indemnización por pérdidas 1.- Los inversionistas de una Parte Contratante cuyas inversiones sufran pérdidas debido a guerra u otro conflicto armado, a un estado de emergencia nacional, revuelta, insurrección, conmoción pública u otra situación similar en el territorio de la otra Parte Contratante, deberá otorgárseles por esta última Parte Contratante un trato no menos favorable que el que dicha Parte Contratante otorgue a sus propios inversionistas o a inversionistas de cualquier tercer Estado en lo relativo a restitución, indemnización, compensación u otras formas de acuerdo. Los pagos resultantes, si hubiere, serán libremente transferibles sin retrasos indebidos. 2.- Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 1 de este Artículo, los inversionistas de una Parte Contratante que, en cualquiera de las situaciones a que se refiere dicho párrafo, sufra pérdidas en el territorio de la otra Parte Contratante resultantes de: a) Requisición de su propiedad por sus fuerzas o autoridades; o b) Destrucción de su propiedad por sus fuerzas o autoridades que no fuere causada en acción de combate o que no fuere requerida por la necesidad de la situación, deberá otorgársele restitución o compensación adecuada no menos favorable que aquella que le sea otorgada bajo las mismas circunstancias a inversionistas de la otra Parte Contratante o a inversionistas de cualquier tercer Estado. Los pagos resultantes deberán ser libremente transferibles sin retrasos indebidos. Artículo 5 Expropiación 1.- Las inversiones de inversionistas de una Parte Contratante no deberán ser nacionalizadas, expropiadas o de cualquier otra manera sujetas a medidas tengan un efecto equivalente a la nacionalización o expropiación (en adelante referida como "expropiación") en el territorio de la otra Parte Contratante excepto por motivo de interés público y contra indemnización pronta, adecuada y efectiva. La expropiación deberá efectuarse de manera no discriminatoria y de conformidad con el debido proceso. 2.- Dicha indemnización será equivalente al valor justo de mercado de las inversiones expropiadas inmediatamente antes de que la expropiación tuviera lugar o antes de que la inminente expropiación fuera de conocimiento público, la que fuera primero. Deberá incluir intereses basados en la tasa comercial aplicable desde el día de la desposesión de la propiedad expropiada hasta la fecha de pago y deberá efectuarse sin demora, será efectivamente realizable y libremente transferible. Tanto en materia de expropiación como en indemnización, deberá otorgarse un trato no menos favorable que aquel que la Parte contratante conceda a sus propios inversionistas o a inversionistas de cualquier tercer Estado. 3.- Inversionistas de una Parte Contratante que hayan sido afectados por la expropiación tendrán derecho a una pronta revisión de su caso y de la valuación de sus inversiones de conformidad con los principios establecidos en este Artículo por parte de una autoridad judicial u otra autoridad independiente de la otra Parte Contratante. 4.- Cuando una Parte Contratante expropie los activos de una compañía que esté incorporada o constituida de conformidad con su legislación y en que inversionistas de la otra Parte Contratante participen o posean acciones u obligaciones, se aplicarán las disposiciones de este Artículo. Artículo 6 Transferencias 1.- Cada Parte Contratante garantizará a los inversionistas de la otra Parte Contratante la libre transferencia de sus inversiones y rentas. Dichas transferencias deberán incluir en particular, aunque no exclusivamente: a) Ganancias netas, ganancias de capital, dividendos, intereses, regalías, honorarios y cualquier otra renta resultante de las inversiones; b) Procedimientos resultantes de la venta o la liquidación total o parcial de la inversión; c) Fondos para el pago de préstamos relacionados con la inversión; d) Ganancias de nacionales de la otra Parte Contratante que sean legalmente admitidos para trabajar en relación con inversiones en su territorio; e) Fondos adicionales necesarios para el mantenimiento o desarrollo de las inversiones existentes; f) Gastos de administración de la inversión en el territorio de la otra Parte Contratante o un tercer Estado; y g) Las indemnizaciones de conformidad con los Artículos 4 y 5. 2.- Todas las transferencias realizadas al amparo de este Acuerdo se efectuarán en moneda libremente convertible, sin restricción o demora injustificada a la tasa de cambio aplicable a transacciones corrientes en la fecha de la realización de la transferencia, a menos que se acuerde lo contrario. Artículo 7 Subrogación 1.- Si una Parte Contratante o su agencia designada realiza un pago a sus propios inversionistas de conformidad con una garantía otorgada en relación con inversiones en el territorio de la otra Parte Contratarte, esta última Parte Contratante deberá reconocer: a) La asignación, ya sea de conformidad con la ley o relativa a una transacción legal, de cualquier derecho o reclamación por parte de inversionistas de la primera Parte Contratante o su agencia designada; y b) Que la primera Parte Contratante o su agencia designada tiene derecho, en virtud de la subrogación, a ejercer los derechos y a exigir las reclamaciones de esos inversionistas. Artículo 8 Solución de Controversias entre una Parte Contratante e Inversionistas de la otra Parte Contratante 1.- Cualquier disputa entre una Parte Contratante y un inversionista de una Parte Contratante, incluyendo expropiación o nacionalización de inversiones deberá, en la medida de lo posible, ser resuelta por las partes en disputa de una manera amistosa. 2.- Los remedios locales de conformidad con la legislación de una Parte Contratante en el territorio en el que la inversión haya sido efectuada deberán estar disponibles para los inversionistas de la otra Parte Contratante sobre la base de un tratamiento no menos favorable que el otorgado a las inversiones de sus propios inversionistas o inversionistas de cualquier tercer Estado, cualquiera que sea más favorable a los inversionistas. 3.- Si la disputa no pudiere solucionarse dentro de los seis (6) meses desde la fecha en que el inversionista notificó por escrito su reclamación a la Parte Contratante, ésta deberá enviarse, a requerimiento de cualquiera de las partes, al Centro Internacional para el Arreglo de Disputas relativas a Inversión (CIADI) establecido por la Convención de Washington de 18 de marzo de 1965 para el Arreglo de Disputas relativas a Inversión entre Estados y Nacionales de otros Estados. 4.- El laudo emitido por el CIADI será definitivo y obligatorio para las partes en conflicto. Cada Parte Contratante deberá asegurar el reconocimiento y la ejecución del laudo, de conformidad con su legislación relevante. 5.- Las Partes Contratantes no deberán interferir mediante el uso de canales diplomáticos en cualquier asunto remitido ya sea a los tribunales o a un tribunal arbitral de conformidad con los términos de este Artículo, excepto en el caso que la Parte Contratante en disputa no hubiese cumplido con la decisión judicial o arbitral. Artículo 9 Solución de Controversias entre las Partes Contratantes 1.- Cualquier disputa entre las Partes Contratantes relativa a la interpretación o aplicación de este Acuerdo será solucionada, en la medida de lo posible, por medio de consulta o canales diplomáticos. 2.- Si cualquier disputa no puede solucionarse en un período de seis (6) meses, deberá, a solicitud de cualquier Parte Contratante, someterse a un tribunal arbitral ad hoc de conformidad con las disposiciones de este Artículo. 3.- Este tribunal arbitral deberá constituirse para cada caso individual de la siguiente manera: en los dos (2) meses siguientes a la fecha de recibo de la petición de arbitraje, cada Parte Contratante deberá nombrar un miembro del tribunal. Estos dos miembros deberán elegir a un nacional de un tercer Estado, quien con la aprobación de ambas Partes Contratantes será nombrado como Presidente del tribunal. El Presidente deberá ser nombrado dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de nombramiento de los otros dos miembros. 4.- Si dentro de los períodos especificados en el párrafo 3 de este Artículo los nombramientos necesarios no hubiesen sido efectuados, cualquier Parte Contratante podrá solicitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia que realice los nombramientos. Si el Presidente fuese nacional de cualquiera de las Partes Contratantes o estuviese inhabilitado para descargar dicha función, el Vice-Presidente será invitado a efectuar los nombramientos. Si el Vice-Presidente fuese también nacional de cualquiera de las Partes Contratantes o estuviese inhabilitado para descargar esta función, el miembro de la Corte Internacional de Justicia con más antigüedad que no sea nacional de una de las Partes Contratantes será invitado a efectuar los nombramientos. 5.- El tribunal arbitral dictará su laudo con base en las disposiciones de este Acuerdo y otros acuerdos aplicables entre las Partes Contratantes y con base en principios universalmente reconocidos de Derecho Internacional. 6.- El tribunal arbitral tomará su decisión por mayoría de votos. Dicha decisión será definitiva y obligatoria para ambas Partes Contratantes. 7.- A menos que se acuerde de otra manera por las Partes Contratantes, el tribunal arbitral determinará su propio procedimiento. 8.- Cada Parte Contratante correrá con los gastos resultantes de su propio árbitro y de su representación en el procedimiento arbitral. Los gastos del Presidente y los gastos restantes deberán correr por partes iguales entre ambas Partes Contratantes. El tribunal podrá en su decisión, sin embargo, asignar que una proporción mayor de los gastos deberá ser asumida por una de las dos Partes Contratantes. Artículo 10 Aplicación de otras Reglas 1.- Cuando una materia sea regulada al mismo tiempo por este Acuerdo y por otro acuerdo internacional del que ambas Partes Contratantes son parte, o por principios generales del Derecho Internacional, nada en este Acuerdo impedirá el que cualquier Parte Contratante o cualquiera de sus inversionistas tome las ventajas de las reglas que sean más favorables para su caso. 2.- Si el tratamiento otorgado con una de las Partes Contratantes a los inversionistas de la otra Parte Contratante de conformidad con su legislación u otras disposiciones específicas o contratos fuese más favorable que el otorgado por este Acuerdo, se otorgará el tratamiento más favorable. 3.- Cada Parte Contratante deberá observar cualquier otra obligación que haya asumido en relación con inversiones de inversionistas de la otra Parte Contratante en su territorio. Artículo 11 Aplicación del Acuerdo Este Acuerdo se aplicará a todas las inversiones, efectuadas antes o después de su entrada en vigor, pero no se aplicará a ninguna disputa relativa a inversiones que haya sido resuelta antes de su entrada en vigor. Artículo 12 Entrada en vigor, duración y terminación 1.- Este Acuerdo entrará en vigor treinta (30) días después de la última notificación de cualquiera de las Partes Contratantes a la otra Parte Contratante de que todos los requerimientos legales para su entrada en vigor han sido cumplidos. 2.- El Acuerdo permanecerá en vigor por un período inicial de diez (10) años y continuará de ahí en adelante indefinidamente a menos que cualquiera de las Partes Contratantes notifique a la otra Parte Contratante por escrito con un año de anterioridad, su intención de terminar este Acuerdo. 3.- En relación con las inversiones efectuadas con anterioridad a la fecha de terminación de este Acuerdo, las provisiones de los Artículos 1 a 11 de este Acuerdo permanecerán vigentes por un período de veinte (20) años adicionales desde la fecha de terminación. 4.- Este Acuerdo podrá ser revisado por consentimiento mutuo. Cualquier revisión o terminación de este Acuerdo deberá ser efectuada sin perjuicio de cualquier derecho u obligación incurrida en el marco de este Acuerdo con anterioridad a la fecha efectiva de dicha revisión o terminación. EN FE DE LO CUAL, los respectivos plenipotenciarios, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Acuerdo. HECHO en duplicado en San José el 11 de agosto del 2000, en los idiomas español, coreano e inglés, todos siendo igualmente auténticos. El texto en idioma inglés prevalecerá en casos de diferencias de interpretación. Por el Gobierno de la Por el Gobierno de la República de Costa Rica República de Corea F. Tomás Dueñas Kim Young-Sik MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR EMBAJADOR" ARTÍCULO 2.- El Gobierno de la República de Costa Rica interpreta, en relación con el artículo 11 del presente Acuerdo, que este no tiene efectos retroactivos en perjuicio de derechos patrimoniales adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas. Rige a partir de su publicación. ASAMBLEA LEGISLATIVA.- San José, a los doce días del mes de febrero del año dos mil dos. COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO Ovidio Pacheco Salazar PRESIDENTE Vanessa de Paúl Castro Mora Everardo Rodríguez Bastos PRIMERA SECRETARIA SEGUNDO SECRETARIO daa.-