Ley General De Migración Y Extranjería

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RESELLO No. 7033 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA: LEY GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA TÍTULO PRIMERO De la Organización y Funciones ARTÍCULO 1.- La Dirección General de Migración y Extranjería y el Consejo Nacional de Migración, órganos del Ministerio de Gobernación y Policía, son las entidades competentes para la aplicación de las disposiciones de la presente ley. ARTÍCULO 2.- Toda mención que se haga en esta ley a la "Dirección" o al "Consejo" se entenderá referida a la Dirección General de Migración y Extranjería y al Consejo Nacional de Migración, respectivamente. ARTÍCULO 3.- La Dirección General de Migración y Extranjería será el órgano ejecutivo de la política migratoria que dicte el Poder Ejecutivo. ARTÍCULO 4.- El Consejo Nacional de Migración ejercerá funciones de asesoramiento, principalmente, de conformidad con lo dispuesto por la presente ley. CAPÍTULO PRIMERO De la Dirección General de Migración y Extranjería ARTÍCULO 5.- El cargo de Director General de la Dirección General de Migración y Extranjería será ejercido por un funcionario de nombramiento del Ministerio de Gobernación y Policía. ARTÍCULO 6.- El Director General deberá ser abogado debidamente incorporado al Colegio respectivo. Formará parte del Consejo Nacional de Migración con voz y voto. ARTÍCULO 7.- La Dirección General tendrá las siguientes funciones: 1) Conceder las visas de ingreso previstas en las categorías de admisión que establecen esta ley y su reglamento, de acuerdo con los criterios de selección determinados por el Consejo. 2) Otorgar prórroga de permanencia a los extranjeros que hubieren ingresado al país. 3) Otorgar cambios de categoría a los extranjeros que hubieren ingresado con visa de radicados temporales o de no residentes. 4) Regularizar la situación migratoria de los migrantes ilegales cuando así corresponda. 5) Fiscalizar el ingreso y egreso internacional de personas. 6) Proceder al rechazo de los extranjeros que intenten ingresar al país, en los casos que corresponda, según la presente ley. 7) Declarar ilegal el ingreso o permanencia de extranjeros cuando no pudieren probar su situación migratoria legal en el país. 8) Declarar la pérdida de la condición de "residente permanente" o "radicado temporal", cuando así corresponda. 9) Cancelar los permisos de permanencia de los extranjeros, en los casos señalados por esta ley y su reglamento. 10) Ordenar la deportación de los extranjeros según las causales previstas en la presente ley. 11) Otorgar visa de salida y de reingreso al extranjero, si correspondiere. 12) Otorgar pasaporte o salvoconducto y visa de salida a los costarricenses que viajan al exterior. 13) Otorgar, renovar y cancelar la cédula correspondiente a los extranjeros que residan en el país como residentes permanentes o radicados, siempre y cuando no exista voto de mayoría absoluta de la totalidad de los miembros del Consejo en que se recomiende lo contrario. Además, la Dirección General deberá conocer y resolver cuando se trate de los siguientes casos: 1) Solicitud de cédula por reunión familiar, de conformidad con las categorías migratorias que se establecen en esta ley. 2) Solicitud de residencia de religiosos. 3) Cambio de categoría migratoria. 4) Cambio de condición. 5) Cambio de patrono. 6) Liberación de condición. 7) Cancelación del status migratorio por naturalización, por abandono del país o por fallecimiento. 8) Cambio del status migratorio del pensionado o residente rentista y sus dependientes. 9) Modificación del estado civil. 10) Cambio de domicilio. 11) Rebajos de garantía. 12) Modificación de apellidos. 13) Todos aquellos casos que por acuerdo firme del Consejo deban ser resueltos por la Dirección. 14) Otorgar, renovar o cancelar todo otro documento que se estime conveniente para un extranjero. 15) Determinar el status de refugiado de acuerdo con la ley y los convenios internacionales, resolver sobre estas solicitudes y otorgar la documentación que corresponda a los refugiados. Asimismo, otorgar la credencial respectiva a los asilados políticos. 16) Llevar el registro y control computarizado de entrada y salida de pasajeros nacionales y extranjeros. Asimismo, llevar un control permanente sobre pasaportes en blanco, pasaportes emitidos, pasaportes reportados como perdidos, duplicados de pasaportes y renovación de pasaportes. 17) Habilitar, previo decreto del Poder Ejecutivo, lugares para el ingreso o egreso del país de nacionales y extranjeros, para lo cual dispondrá la realización del correspondiente control migratorio, por medio de sus propios oficiales o de aquellos en quienes se delegue dicha función. 18) Inspeccionar los medios de transporte internacional para aplicar las normas vigentes relativas a la entrada y salida del país de extranjeros o tripulantes. 19) Inspeccionar los lugares de trabajo y alojamiento, a fin de verificar posibles infracciones relacionadas con el status migratorio de los extranjeros. 20) Verificar el pago de los derechos fiscales que deban abonarse de acuerdo con la naturaleza de los trámites. 21) Delegar y avocar, en caso necesario, facultades de su competencia, cuando con ello se faciliten los servicios que debe prestar. 22) Administrar el fondo especial destinado para cubrir los gastos ocasionados por las deportaciones y las expulsiones. 23) Conceder visas de cortesía en casos calificados, en función del interés del país. 24) Impedir la salida del territorio nacional o de aguas territoriales a los medios de transporte que no cumplan con las obligaciones establecidas en esta ley. 25) Los demás que tengan relación directa con la Dirección y el control del movimiento migratorio en el país. CAPÍTULO SEGUNDO Del Consejo Nacional de Migración ARTÍCULO 8.- El Consejo Nacional de Migración estará integrado por el Director General de Migración y Extranjería y por un representante titular de cada uno de los siguientes ministerios: a) Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. b) Ministerio de Gobernación y Policía. c) Ministerio de Seguridad Pública. ch) Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. d) Ministerio de Justicia. También habrá un representante del Instituto Costarricense de Turismo. Cada uno de los ministerios podrá acreditar, además, un representante suplente que sustituirá al titular en caso de ausencia, en igualdad de condiciones y prerrogativas. En caso de ausencia del Director General de Migración y Extranjería lo sustituirá el Subdirector de la dependencia, en igualdad de condiciones y prerrogativas. El Poder Ejecutivo determinará su forma de nombramiento y el tiempo de duración en el cargo. ARTÍCULO 9.- Son funciones del Consejo. 1) Asesorar al Ministro de Gobernación y Policía y a la Dirección General de Migración y Extranjería sobre la política migratoria que deban seguir, y proponerles los objetivos y medidas necesarias para hacerla efectiva. 2) Facilitar la puesta en práctica de la política migratoria aprobada por el Poder Ejecutivo, lo mismo que coordinar las tareas que con ese fin cumplan los organismos participantes en la aplicación de dicha política. 3) Fijar criterios de selección, especialmente los de carácter ocupacional, a fin de que sean tenidos en cuenta por la Dirección General para la admisión de extranjeros según las categorías de ingreso previstas en la ley. 4) Conocer y recomendar respecto de las solicitudes de residencia o radicación. 5) Proponer modificaciones a la legislación migratoria, a fin de mejorarla y adecuarla a las necesidades del país. 6) Proponer y estudiar tratados bilaterales y multilaterales de Migración. 7) Promover acuerdos operativos y de asistencia técnica con el Comité Intergubernamental para las Migraciones u otros organismos internacionales especializados en migraciones. 8) Fijar los requisitos que deben contener las solicitudes de residencia o de radicación. ARTÍCULO 10.- En aquellos casos en que el Consejo, por mayoría absoluta de sus miembros, recomiende otorgar o renovar una cédula de residencia, con lo cual no esté de acuerdo la Dirección, resolverá en definitiva y de oficio el Ministro. CAPÍTULO TERCERO De la Policía Especial de Migración ARTÍCULO 11.- Créase la Policía Especial de Migración, como un cuerpo de control y vigilancia del movimiento migratorio, encargada del cumplimiento de las disposiciones legales respecto al ingreso, permanencia y actividades de los extranjeros, de acuerdo con su status migratorio en el país. La Policía Especial de Migración dependerá de la Dirección General y tendrá jurisdicción en todo el territorio de la República. Sus integrantes tendrán los mismos deberes y atribuciones que los miembros de la Fuerza Pública, sin formar parte de esta. ARTÍCULO 12.- El personal de la Policía Especial de Migración deberá tener una preparación mínima de bachiller, estará sujeto a un régimen disciplinario especial y deberá cumplir con los requisitos de ingreso que se establecerán en el reglamento respectivo. Este personal estará protegido por el régimen de Servicio Civil, excepto el jefe y el subjefe de ese cuerpo. ARTÍCULO 13.- Para velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta ley, de su reglamento y de las resoluciones que las autoridades de Migración dicten dentro de su competencia, los miembros de la Policía Especial de Migración, debidamente identificados, deberán practicar los siguientes controles migratorios, para lo cual son hábiles las veinticuatro horas del día: 1) Efectuar inspecciones en hoteles, pensiones, casas de alojamiento, casas de huéspedes, moteles y similares, excepción hecha de las habitaciones, salvo que haya una orden de allanamiento o que proceda este conforme con la ley. 2) Investigar la situación migratoria de los trabajadores extranjeros, para lo cual podrán ingresar a los centros de trabajo en horas laborales. Podrán, además, revisar planillas, cédulas de identidad y de residencia, tarjetas de asistencia, medios de pago, según se establezca en el reglamento de esta ley. 3) Visitar sitios de diversión o de espectáculos públicos con el fin de controlar la situación migratoria de los extranjeros. 4) Colaborar en el control de embarque o desembarque de pasajeros en cualquier punto o lugar del país, especialmente cuando viajen en algún medio de transporte internacional. 5) Solicitar la identificación de las personas, a fin de determinar sus situación migratoria, en caso de extranjeros. 6) Interrogar y recibir declaración a los presuntos infractores de esta ley y detenerlos en cuanto fuere procedente por el tiempo estrictamente necesario. 7) Los demás que le encomienden esta ley y su reglamento. ARTÍCULO 14.- La Policía Especial de Migración contará con la colaboración de las autoridades de Policía administrativa cuando se les solicite. ARTÍCULO 15.- El Poder Ejecutivo dictará el reglamento por medio del cual se regirán la organización y atribuciones, tanto del personal como de las secciones que integren la Policía Especial de Migración, así como los aspectos que sean necesarios para el mejor desempeño de sus funciones. CAPÍTULO CUARTO De los Agentes de Migración en el Exterior ARTÍCULO 16.- Los representantes consulares de Costa Rica actuarán como agentes de Migración en el exterior y están obligados, en este aspecto, a acatar y cumplir con las disposiciones y directrices de la Dirección y del Consejo, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y su reglamento. Sus funciones migratorias serán: 1) Recibir y remitir a la Dirección General las solicitudes de inmigrantes que deseen obtener la categoría de residentes permanentes en Costa Rica, así como las solicitudes de ingreso al país con cualquiera de las otras categorías o subcategorías restringidas establecidas en el título tercero, capítulo primero de esta ley y su reglamento que requieran permisos autorizados de la Dirección General. 2) Visar los pasaportes de los extranjeros cuyo ingreso al país haya sido autorizado por la Dirección General. Deberá constatarse previamente que sobre el petente no pese ninguno de los impedimentos de admisión establecidos por la ley. 3) Atender, obligadamente, las instrucciones de la Dirección General sobre cuestiones migratorias. 4) Extender pasaporte o salvoconducto a los costarricenses en el exterior, de acuerdo con lo dispuesto por esta ley y su reglamento. 5) Extender visa de reingreso al país a los extranjeros que presenten cédula de residencia vigente. La extensión de cualquier documento migratorio al margen de las disposiciones legales será causal de destitución inmediata sin responsabilidad patronal, y el caso será puesto en conocimiento del Ministerio Público. Los documentos así emitidos serán absolutamente nulos. TÍTULO SEGUNDO De las Visas y de los Documentos CAPÍTULO PRIMERO De las Visas ARTÍCULO 17.- La visa constituye un permiso de ingreso al territorio nacional o de salida de él, extendido por la autoridad competente y sujeto a las regulaciones de esta ley y su reglamento. ARTÍCULO 18.- Las visas de ingreso al país deberán ser gestionadas estando el interesado en el exterior. La petición podrá ser interpuesta por el extranjero ante el Cónsul Costarricense competente, o por terceros ante la Dirección General. En caso de que se otorgue la visa solicitada, se cursará la comunicación respectiva al Cónsul interviniente para que proceda a visar el pasaporte del interesado. ARTÍCULO 19.- Se exceptúa del presente régimen el otorgamiento de las visas diplomáticas y oficiales. ARTÍCULO 20.- La visa sólo se extenderá en pasaportes o documentos de viaje vigentes, extendidos por autoridades competentes. La visa de ingreso requerirá, además, la presentación del boleto de regreso o de continuación del viaje, así como de un comprobante de los medios económicos de que cuenta el interesado para subsistir en el país, cuyo monto mínimo será determinado por el reglamento. ARTÍCULO 21.- No se otorgará la visa de ingreso a quienes tengan alguno de los impedimentos especificados en esta ley o a quienes se encuentren en la lista de personas que la Dirección General haya señalado al Cónsul, como no hábiles para ingresar al territorio nacional. Igualmente, las autoridades de Migración podrán negar la visa de ingreso al país a los extranjeros que, por razones de seguridad, salubridad o por cualquier otro motivo, consideren inconvenientes para la seguridad o tranquilidad Pública. ARTÍCULO 22.- Las visas concedidas a los extranjeros no suponen su admisión incondicional en el territorio de la República. Cualquiera que sea su categoría, los extranjeros no serán admitidos si se encuentran comprendidos en alguno de los impedimentos para ingresar. ARTÍCULO 23.- Las visas consulares en los casos de los residentes permanentes y de radicados temporales, tienen una vigencia de sesenta días a partir de su expedición, y de treinta días para los no residentes, salvo los casos en que por convenio o acuerdos bilaterales o internacionales se señale un plazo diferente al mencionado en este artículo. CAPÍTULO SEGUNDO De los Documentos de Migración ARTÍCULO 24.- Corresponderá exclusivamente a la Dirección General la expedición de los documentos migratorios, los cuales serán los siguientes: 1) Pasaporte ordinario, en el caso de nacionales. 2) Pases o tarjetas locales para personas que habiten en zonas limítrofes nacionales, según lo establezcan el reglamento y los convenios internacionales. 3) Documentos de viaje a extranjeros que necesiten salir de Costa Rica y no tengan representantes acreditados en la República, o que, por cualquier otra circunstancia, no puedan obtener de las autoridades de su país un documento de viaje. En este caso se hará constar en los documentos la nacionalidad del titular y los datos suficientes para su identificación, según lo determine el reglamento de esta ley. 4) Salvoconductos para un solo viaje a costarricenses que, por urgencia o necesidad, no puedan proveerse del respectivo pasaporte. ARTÍCULO 25.- Para salir legalmente del país, los costarricenses deberán proveerse de un pasaporte expedido por la Dirección General y obtener la visa correspondiente. ARTÍCULO 26.- Se exceptúa del régimen de la presente ley la emisión de los pasaportes diplomáticos o de servicio. ARTÍCULO 27.- Se prohíbe la expedición de pasaportes a personas que no tengan nacionalidad costarricense. ARTÍCULO 28.- Los pasaportes caducarán a los diez años, contados a partir de la fecha de su expedición. Deberán ser revalidados por una única vez a los cinco años de su otorgamiento, de conformidad con los requisitos que establezca el reglamento. ARTÍCULO 29.- Cuando un pasaporte fuere hurtado o robado, se extraviare, destruyere o en cualquier forma se inutilizare, la persona a cuyo favor se hubiere expedido, deberá informarlo inmediatamente a la Dirección General o al Consulado de Costa Rica en el lugar donde se hallare, a efecto de que dicho pasaporte sea eliminado como documento valido del registro respectivo. Para la obtención de un nuevo pasaporte será requisito indispensable, en aquellos casos de robo, hurto o extravío, denunciar, únicamente ante el órgano judicial correspondiente, la pérdida del anterior y pagar el doble de los derechos. NOTA: Anulado el párrafo tercero de este artículo por sentencia de la Sala Constitucional No. 6419-99 de las 15:06 horas del 17 de agosto de 1999. ARTÍCULO 29 bis.- Trámite consular para emitir constancias. Cuando en el exterior, se solicite un documento migratorio, para un costarricense menor de edad que esté indocumentado por cualquier razón, los consulados costarricenses antes de extender el documento, deberán consultar con las siguientes instituciones: a) La Dirección General de Migración y Extranjería, para saber cuándo y por cuál puesto fronterizo se efectuó la salida de la persona menor de edad y si salió legalmente. b) El Patronato Nacional de la Infancia, sobre la autorización de salida dada a la persona menor de edad o, en su caso, sobre el impedimento que existía para que no saliera del país. Si se comprueba la salida ilegal de una persona menor de edad, el consulado costarricense solicitará al Estado respectivo, la prohibición de salida del menor de edad y de su acompañante, hacia otro destino que no sea Costa Rica y se realizarán las gestiones pertinentes para que ese menor de edad y quien lo acompañe sean devueltos a Costa Rica, con la vigilancia adecuada. Sin perjuicio de las sanciones penales correspondientes, el incumplimiento de esta disposición por parte de las autoridades consulares costarricenses dará lugar al despido del responsable. Así adicionado por el artículo 5 de Ley No.7538 del 22 de agosto de 1995. CAPÍTULO TERCERO De los Documentos de Residencia ARTÍCULO 30.- Los extranjeros residentes y aquellos que determine el reglamento de esta ley, acreditarán su status migratorio con el documento que para tal fin otorgará la Dirección General. ARTÍCULO 31.- Los documentos que acreditan la permanencia en el país son: a) Cédula de residencia. b) Permiso temporal de radicación c) Carné de refugiado. ch) Carné de residente pensionado o de residente rentista. d) Carné de asilado territorial. ARTÍCULO 32.- En los documentos mencionados en el artículo anterior se indicará, en cada caso, su término de validez y si su titular está o no habilitado para laborar en el país conforme con el ordenamiento jurídico. TÍTULO TERCERO Del Ingreso, Permanencia y Egreso CAPÍTULO PRIMERO De las Categorías Migratorias ARTÍCULO 33.- Para los efectos del ingreso y permanencia en el país, los extranjeros pueden ser admitidos en la categoría de residentes o de no residentes. ARTÍCULO 34.- La categoría de residente se divide en las subcategorías de "residentes permanentes" y de "radicados temporales". ARTÍCULO 35.- Considérase residente permanente al extranjero que ingrese al país para permanecer en él en forma definitiva. Los residentes permanentes podrán ingresar como: a) Inmigrantes, que podrán ser espontáneos, llamados o asistidos. b) Rentistas o pensionados. c) Inversionistas. ch) Parientes de ciudadano costarricense, entendiéndose como tales al cónyuge, hijos, padres y hermanos solteros. ARTÍCULO 36.- Considérase "radicado temporal" a todo extranjero que, sin ánimo de permanecer definitivamente en el país, ingrese en alguna de las siguientes subcategorías: a) Científicos profesionales, técnicos o personal especializado, contratados por empresas o instituciones establecidas o que desarrollen actividades en el país, para efectuar trabajos de su especialidad. b) Empresarios, hombres de negocios y personal directivo de empresas nacionales o extranjeras. c) Estudiantes. ch) Religiosos que se dediquen a las actividades propias de su culto o a la enseñanza. d) Asilados y refugiados. e) Cónyuge e hijos menores de las personas mencionadas en los incisos anteriores. f) Aquellos que, sin estar comprendidos en los incisos que anteceden, fueren autorizados por la Dirección General. g) Los propietarios y tripulantes de naves turísticas o de recreo. La permanencia de estos inmigrantes y sus embarcaciones en las marinas turísticas, se regirá por las normas legales y reglamentarias respectivas. Así adicionado este inciso por el artículo 24 de la Ley de Concesión y Operación de Marinas Turísticas Ley No.7744 del 19 de diciembre de 1997. ARTÍCULO 37.- Los extranjeros que ingresen al país como "no residentes", pueden ser admitidos en alguna de las siguientes subcategorías: a) Turistas. b) Personas de especial relevancia en el ámbito científico, profesional, público, cultural, económico o político que, en función de su especialidad, fueren invitadas por los poderes del Estado o instituciones públicas o privadas. c) Agentes viajeros y delegados comerciales, siempre y cuando tengan representación de su actividad legitimada en Costa Rica, de acuerdo con el artículo 366 del Código de Comercio. ch) Artistas, deportistas e integrantes de espectáculos públicos. d) Pasajeros en tránsito. e) Tránsito vecinal fronterizo. f) Tripulantes del transporte internacional. g) Trabajadores migrantes. ARTÍCULO 38.- El procedimiento, requisitos y condiciones para ingresar al país, según las categorías y subcategorías mencionadas, así como el plazo de permanencia, serán fijados en el correspondiente reglamento. ARTÍCULO 39.- El extranjero que desee obtener cédula de residencia deberá solicitarla personalmente, o por medio de apoderado, en su país de origen o de aquel en que legalmente resida, mediante el procedimiento, los requisitos y las condiciones que fije el correspondiente reglamento. No se tramitará solicitud de residencia a quien haya ingresado al país con visa de turista, salvo en casos muy calificados, de ejecutivos de empresas establecidas en el país, en que la Dirección, discrecionalmente, podrá autorizar la apertura del respectivo expediente. ARTÍCULO 40.- Los funcionarios diplomáticos y consulares extranjeros y los funcionarios de organismos internacionales acreditados en el país, mientras permanezcan en sus funciones o se encuentren en tránsito por el territorio costarricense, quedan exceptuados de las disposiciones de esta ley en cuanto a la admisión y permanencia en el país, las que se regirán, a condición de reciprocidad, por las disposiciones de los convenios o tratados suscritos por la República. En igual situación se encuentran el cónyuge y, los parientes de las personas antes mencionadas, así como los extranjeros titulares de visas costarricenses diplomáticas u oficiales. CAPÍTULO SEGUNDO De la Radicación ARTÍCULO 41.- Para los efectos migratorios, se considerará también "residente permanente", al extranjero ingresado al país como "radicado temporal", que a su pedido obtuviere la residencia definitiva. Para los mismos efectos, se considerará "radicado temporal" al extranjero ingresado al país como "no residente" que a su solicitud, obtuviere su radicación temporal. En ambos casos la Dirección General asignará al extranjero la categoría o subcategoría migratoria acorde con las actividades que desarrolle en el país. En ningún caso los extranjeros incluidos en los incisos a), d), e), f) y g) del artículo 37 podrán cambiar su categoría de ingreso. En ningún caso se tramitará solicitud de residencia a quien haya ingresado al país con visa de turista. ARTÍCULO 42.- Podrán igualmente gestionar la radicación temporal los residentes ilegales, cuando fueren intimados a regularizar su situación migratoria, o en aquellos casos en que así, lo determine la Dirección General, mediante resolución fundada. ARTÍCULO 43.- Cuando las circunstancias lo aconsejen, la Dirección General, previa autorización del Poder Ejecutivo, podrá poner en vigencia, por un plazo determinado un régimen de excepción destinado a promover y facilitar la radicación de aquellos extranjeros que estuvieren residiendo ilegalmente en el país. CAPÍTULO TERCERO Del Ingreso ARTÍCULO 44.- Todas las personas que lleguen al país serán sometidas al correspondiente control migratorio, con el fin de determinar si están en condiciones de ser o no admitidas de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. ARTÍCULO 45.- El ingreso de nacionales y de extranjeros al territorio nacional, cualquiera que sea su categoría de admisión, se realizará exclusivamente por los puestos habilitados, sean estos terrestres, marítimos o aéreos, oportunidad en la cual serán sometidos al respectivo control migratorio. ARTÍCULO 46.- Al momento de su ingreso, el extranjero deberá ser portador de pasaporte válido en el que conste la visa otorgada por la autoridad costarricense competente, con indicación de la categoría y subcategoría de ingreso otorgada. En el caso de reingreso de residentes extranjeros, además del pasaporte deberán presentar el correspondiente permiso de reingreso. ARTÍCULO 47.- La autoridad migratoria, en el momento de efectuar el control de ingreso, procederá a rechazar a aquellos extranjeros que se encuentren en cualquiera de las situaciones previstas en el artículo 118 de esta ley. ARTÍCULO 48.- Producido el rechazo del extranjero, la autoridad migratoria deberá disponer su reembarco o inmediata reconducción al país de embarque, de origen o a un tercer país que lo acepte. CAPÍTULO CUARTO De la Ilegalidad del Ingreso o de la Permanencia ARTÍCULO 49.- Considérase ilegal el ingreso o la permanencia en el territorio nacional del extranjero que se encontrare en alguna de las siguientes situaciones: a) Que hubiere ingresado al país por un lugar no habilitado para tales efectos. b) Que hubiere ingresado sin someterse al control migratorio. c) Que no cumpliere con las disposiciones que regulan el ingreso o la permanencia de extranjeros, según los requisitos impuestos a las categorías de residentes y no residentes y sus respectivas subcategorías. ARTÍCULO 50.- Al declarar ilegal el ingreso o la permanencia de un extranjero en el país, según la profesión del extranjero, su parentesco con nacionales costarricenses, el plazo de permanencia acreditado y demás condiciones personales y sociales, la Dirección General podrá: a) Intimarlo a que regularice su situación migratoria. b) Conminarlo a que haga abandono del país en un plazo determinado. c) Ordenar su deportación o, según corresponda, elevar los antecedentes al Ministerio de Gobernación y Policía, con el fin de que ordene la expulsión. CAPÍTULO QUINTO De la Cancelación de la Residencia o la Permanencia ARTÍCULO 51.- La Dirección General podrá disponer la cancelación de la residencia del extranjero y la pérdida de su status migratorio en los siguientes casos: a) Dentro de los primeros cinco años, cuando el residente no cumpliere con las condiciones impuestas al otorgarle el ingreso o la residencia. b) Cuando permaneciere fuera del territorio nacional por un lapso mayor de un año, salvo que medien las causales de excepción previstas en el respectivo reglamento. c) Cuando no renovare la cédula de residencia en los plazos fijados por esta ley. ch) Cuando incurriere en la causal prevista por el artículo 88 de esta ley. d) Cuando alojare, ocultare o encubriere a un extranjero que se encuentre ilegalmente en el país. ARTÍCULO 52.- La Dirección General podrá cancelar la residencia acordada a los extranjeros admitidos como radicados temporales, cuando permanecieren fuera del territorio nacional por un lapso mayor de seis meses, cuando desnaturalizaren los motivos que se tuvieron en cuenta para otorgarle la radicación o cuando no renovaren, en el plazo establecido, el correspondiente permiso, o no comunicaren oportunamente el cambio de domicilio. ARTÍCULO 53.- El plazo de permanencia acordado para los extranjeros admitidos como no residentes podrá ser cancelado por la Dirección General, sin previa audiencia, en cualquier momento, cuando aquellos incumplan las condiciones que se tuvieron en cuenta para autorizar su ingreso al país. ARTÍCULO 54.- ANULADO por resolución de la Sala Constitucional No. 2754 de las 14:36 horas del 15 de junio de 1993. ARTÍCULO 55.- La orden de deportación o expulsión implicará la pérdida del status migratorio. ARTÍCULO 56.- El extranjero al que se le hubiere cancelado su status migratorio en el país deberá abandonar el territorio nacional en el plazo que fije la autoridad competente para tal efecto, bajo apercibimiento de ordenar su expulsión o deportación, según corresponda, si no acata lo dispuesto. CAPÍTULO SEXTO Del Egreso ARTÍCULO 57.- La autoridad migratoria podrá impedir la salida del país a toda persona que no se encuentre en posesión de la documentación necesaria, conforme con lo dispuesto por esta ley. ARTÍCULO 58.- Para salir del territorio nacional, los costarricenses y los extranjeros, deberán requerir de las autoridades migratorias la correspondiente visa de salida. ARTÍCULO 59.- Los extranjeros residentes permanentes y los radicados temporales que se ausenten del país con el ánimo de regresar, deberán solicitar, conjuntamente con la visa de salida, el permiso de reingreso, el cual será válido por el plazo de un año, para los primeros, y de seis meses para los segundos. TÍTULO CUARTO De los Impedimentos de Admisión ARTÍCULO 60.- No serán admitidos en el país, aun gozando de visa para tal propósito, y podrán ser rechazados en el momento de pretender ingresar a territorio nacional, los extranjeros que se encuentren comprendidos en cualquiera de los siguientes casos: 1) Los afectados por enfermedad infecto-contagiosa o transmisible que pueda significar un riesgo para la salud Pública. 2) Derogado por el artículo 81, inciso b), de la Ley sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad No.7600 del 2 de mayo de 1996. 3) Derogado por el artículo 81, inciso b), de la Ley sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad No.7600 del 2 de mayo de 1996 4) Derogado por el artículo 81, inciso b), de la Ley sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad No.7600 del 2 de mayo de 1996. 5) Derogado por el artículo 81, inciso b), de la Ley sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad No.7600 del 2 de mayo de 1996. 6) Los reconocidos internacionalmente como traficantes de drogas y que lucren con la prostitución Así reformado este inciso por el artículo 77 de la Ley sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad No. 7600 del 2 de mayo de 1996. 7) Derogado por el artículo 81, inciso b), de la Ley sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad No.7600 del 2 de mayo de 1996. 8) Los condenados o procesados por delitos comunes de carácter doloso que merezcan, según las leyes de Costa Rica, la aplicación de penas privativas de libertad superiores a un año, excepto que, de acuerdo con la ley costarricense, la pena o la acción penal estuvieren prescritas. 9) Los deportados o expulsados del país, a menos que la autoridad competente hubiere autorizado su reingreso. 10) Aquellos cuyos antecedentes hagan presumir que comprometerán la seguridad nacional, el orden público o el estilo de vida. ARTÍCULO 61.- Por razones de conveniencia nacional, la Dirección General, con la autorización del Poder Ejecutivo, podrá en forma temporal, imponer restricciones en el ingreso al país, a determinada persona o grupo de personas. ARTÍCULO 62.- La Dirección General podrá en caso de que pese sobre el extranjero alguno de los impedimentos de admisión, establecidos en el artículo 60, disponer las excepciones que considere pertinentes, en función del parentesco que el extranjero tenga con nacionales costarricenses, de sus antecedentes personales y de otras condiciones especiales. TÍTULO QUINTO De los Extranjeros ARTÍCULO 63.- La admisión, el ingreso y la permanencia de extranjeros en el territorio de la República quedan sujetos a las condiciones y requisitos que establecen la presente ley y su reglamento. ARTÍCULO 64.- Los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos individuales y sociales que los costarricenses, con las excepciones y limitaciones que la Constitución Política y las leyes establecen. No podrán intervenir en los asuntos políticos del país y estarán sometidos a la jurisdicción de los tribunales de justicia y de las autoridades de la República, sin que puedan recurrir a la vía diplomática, salvo lo que dispongan los convenios internacionales. ARTÍCULO 65.- Por no gozar los extranjeros de los derechos políticos, no podrán elegir ni ser elegidos para cargos de elección popular, ni podrán ser nombrados para cualquier otro empleo o comisión que otorgue autoridad o jurisdicción civil o política, ni asociarse para intervenir en la política de la República, ni tomar parte alguna en ella; tampoco podrán ejercer el derecho de petición en esta clase de actividad. ARTÍCULO 66.- Los extranjeros ingresados al país bajo la categoría de "residentes permanentes" están habilitados para residir en forma indefinida en él, en la medida en que cumplan con la legislación migratoria vigente y no incurran en las causales de expulsión. ARTÍCULO 67.- Los extranjeros admitidos en el país como "radicados temporales" o "no residentes" podrán permanecer en el territorio nacional durante el plazo autorizado. Deberán abandonarlo al finalizar ese plazo. El reglamento de esta ley determinará los plazos, según las categorías o subcategorías de ingreso y permanencia, así como sus prórrogas. ARTÍCULO 68.- Los extranjeros residentes en el país están en la obligación de obtener y portar su documento migratorio de identificación, que deberán mostrar a la autoridad competente cuando esta lo requiera. ARTÍCULO 69.- Los residentes permanentes y los radicados temporales deberán renovar anualmente su documento migratorio de identificación expedido por la Dirección General. Los residentes permanentes que acrediten una residencia continua de diez años en el país podrán renovar su cédula de residencia cada cinco años. ARTÍCULO 70.- Los extranjeros con residencia permanente o radicación temporal en el país, habilitados para trabajar según su categoría o subcategoría de ingreso y permanencia, gozarán de la protección de las leyes laborales y sociales pertinentes. ARTÍCULO 71.- Los extranjeros admitidos o autorizados como residentes permanentes podrán participar en toda tarea, actividad remunerada o lucrativa por cuenta propia, o en relación de dependencia, de acuerdo con su categoría de ingreso, con las leyes que reglamentan su ejercicio y con lo dispuesto por la presente ley y su reglamento. ARTÍCULO 72.- Los extranjeros admitidos o autorizados como radicados temporales podrán, con las excepciones que establece el reglamento de esta ley, desarrollar tareas asalariadas o lucrativas por cuenta propia o en relación de dependencia solamente durante el período de su permanencia legal y en aquellas actividades autorizadas por la Dirección General, previo informe favorable del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ARTÍCULO 73.- Los extranjeros admitidos como no residentes no podrán realizar tareas o actividades lucrativas, por cuenta propia o en relación de dependencia excepto los artistas, deportistas o integrantes de espectáculos públicos y los trabajadores migrantes, según la autorización que otorgue la Dirección General, previo informe favorable del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ARTÍCULO 74.- Los extranjeros están en la obligación de comunicar a la Dirección General todo cambio de domicilio o residencia, dentro de los ocho días siguientes a su traslado. Asimismo, deberán notificar el citado cambio a la autoridad de Policía administrativa del cantón o distrito donde residirá. ARTÍCULO 75.- Los extranjeros que residan ilegalmente en el país no podrán trabajar o realizar tareas remuneradas o lucrativas, ya sea por cuenta propia o ajena, con o sin relación de dependencia. ARTÍCULO 76.- El Director General del Registro Civil deberá enviar a la Dirección General de Migración y Extranjería: a) Copia de cada resolución firme en que se otorgue la naturalización a un extranjero. b) Copia del acta de defunción de un extranjero que falleciere. c) Cualquier otro documento requerido para el cumplimiento de la ley. ARTÍCULO 77.- Las autoridades penales que inicien un proceso contra un extranjero deberán comunicarlo de inmediato a la Dirección General. Asimismo, enviarán copia de la resolución en que se resuelva la situación jurídica del imputado y del fallo que se dicte. TÍTULO SEXTO De los Medios de Transporte Internacional ARTÍCULO 78.- Los medios de transporte internacional de pasajeros estarán sujetos a inspecciones de control migratorio, tanto a la entrada como a la salida del país, para lo cual la Dirección General determinará los lugares en los que se realizará la inspección de control de los pasajeros, tripulantes y personal de la dotación del medio de transporte, y habilitará para tales efectos los recintos en que se efectuará la inspección. ARTÍCULO 79.- Las empresas de transporte internacional son responsables por el transporte de pasajeros y tripulantes en condiciones reglamentarias. Dicha responsabilidad subsiste hasta tanto no hayan pasado el examen de control migratorio y sean admitidos en la República. ARTÍCULO 80.- Cuando el control migratorio no se efectúe a bordo del medio de transporte, deberán considerarse el lugar que el efecto se designe, como una continuación del transporte, sin tener por admitido a ningún pasajero, tripulante o personal de la dotación que no haya pasado previamente por la inspección migratoria. ARTÍCULO 81.- Las empresas de transporte internacional de pasajeros están obligadas a presentar ante las autoridades migratorias, tanto a la entrada como a la salida del país, los documentos, planillas o tarjetas de embarque o desembarque que determine el reglamento respectivo. ARTÍCULO 82.- Los tripulantes y el personal integrante de la dotación de un medio de transporte internacional que llegue o salga del país, deberán estar provistos de la documentación hábil para acreditar su identidad y su condición de tripulante o de pertenecer a la dotación de transporte. Asimismo, quedan sujetos al otorgamiento de la visa, en los términos que establezca el reglamento de esta ley. ARTÍCULO 83.- Las empresas de transporte internacional quedan obligadas a transportar a su cargo, fuera del territorio costarricense y en el plazo que se le fije, a todo extranjero cuyo rechazo, deportación o expulsión ordenen el Ministro de Gobernación y Policía o las autoridades competentes. ARTÍCULO 84.- La obligación de transporte establecida en el artículo anterior se limita a una plaza, cuando el medio de transporte no exceda de ciento cincuenta plazas, y a dos plazas cuando supere dicha cantidad. ARTÍCULO 85.- Las obligaciones emergentes de los artículos 83, 84 y 102 son consideradas carga pública, y su acatamiento no dará lugar a pago o a indemnización alguna. TÍTULO SÉTIMO De las Infracciones y Sanciones CAPÍTULO PRIMERO De las Sanciones a Extranjeros ARTÍCULO 86.- Será deportado el extranjero que, mediante declaraciones o presentación de documentos falsos, trate de obtener u obtenga visa de ingreso, radicación, cédula de residencia o cualquier otro documento migratorio. ARTÍCULO 87.- Será sancionado con ochenta a cien días multa por la autoridad judicial competente, el extranjero que ocultare o no comunicare el cambio de su domicilio o residencia, sin perjuicio de la cancelación de su permanencia en el país. Al reincidente se le sancionará con el doble de la pena establecida. ARTÍCULO 88.- Será sancionado con pena de seis meses a un año de prisión, el extranjero deportado que reingresare sin autorización o el extranjero que ingresare al país eludiendo el control migratorio por un lugar no habilitado. ARTÍCULO 89.- Será reprimido con prisión de seis meses a un año de prisión el extranjero expulsado del territorio nacional que reingresare con violación a lo dispuesto por el artículo 129. ARTÍCULO 90.- Una vez abonadas las multas establecidas en la presente ley, o cumplida la pena prevista en los artículos 88 y 89, el extranjero será deportado del territorio nacional. ARTÍCULO 91.- El juzgamiento y la aplicación de las sanciones establecidas en los artículos 87, 88, 89, 96, 97, 103 y 105 serán del conocimiento de la autoridad judicial competente. CAPÍTULO SEGUNDO De la Responsabilidad de quienes den Trabajo o Alojamiento ARTÍCULO 92.- Ninguna persona física o jurídica, pública o privada, podrá proporcionar trabajo u ocupación remunerada a los extranjeros que residan ilegalmente en el país, o que aunque residan legalmente, no estuvieren habilitados para ejercer dichas actividades. ARTÍCULO 93.- Queda prohibido a los dueños, administradores o encargados de hoteles, pensiones o negocios similares, proporcionar alojamiento a los extranjeros que se encuentren ilegalmente en el país. ARTÍCULO 94.- Las personas mencionadas en los artículos 92 y 93 anteriores, sean físicas o jurídicas, están en la obligación de enviar a la Dirección General un reporte semanal de los extranjeros que trabajen en sus empresas o que se hospeden en sus establecimientos. Si se tratare de casas particulares que rentan habitaciones el reporte será mensual. ARTÍCULO 95.- Toda irregularidad migratoria que fuere detectada por los que den trabajo o alojamiento a extranjeros deberá ser reportada inmediatamente a la autoridad migratoria o de Policía administrativa más cercana. ARTÍCULO 96.- Quienes infringieren las disposiciones establecidas en los artículo 92, 93, 94 y 95 serán sancionados, ante la sola comprobación de la infracción, con una pena de cien a doscientos días multa. ARTÍCULO 97.- A fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones migratorias mencionadas, la Dirección General podrá efectuar inspecciones en los lugares de trabajo y de hospedaje y levantará el acta respectiva en caso de constatarse infracciones. ARTÍCULO 98.- El empleador que otorgue un contrato simulado falso, a fin de facilitar a un extranjero la obtención de la visa de ingreso o de radicación en el país, será reprimido con prisión de sesenta a noventa días inconmutables. ARTÍCULO 99.- Para la aplicación de las multas previstas en el presente título, se tendrá en cuenta la naturaleza de la infracción, los antecedentes y la reincidencia de los infractores. ARTÍCULO 100.- La verificación de la infracción no exime a los empleadores del pago de los sueldos, salarios u otro tipo de remuneración al personal que hubiere contratado con violación a lo dispuesto por esta ley. ARTÍCULO 101.- Las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberán denunciar ante la autoridad judicial competente, cualquier infracción que comprueben en la contratación de extranjeros y que se relacione con su status migratorio. CAPÍTULO TERCERO De las Obligaciones de los Medios de Transporte Internacional ARTÍCULO 102.- Si en el momento del control migratorio la autoridad migratoria rehusara la admisión de un extranjero la empresa de transporte en que dicho pasajero llegó al país queda obligada a llevarlo, por su cuenta y riesgo, al país de procedencia, de origen o a otro país que lo acepte. Si no lo hiciere, la empresa será responsable de los gastos de transporte que sea necesario suplir con tal propósito. ARTÍCULO 103.- Las empresas de transporte serán penadas con multa de quince mil a veinte mil colones por el incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 79 y 81 de la presente ley. ARTÍCULO 104.- En caso de deserción del tripulante o del personal de a bordo, el porteador quedará obligado a transportarlo por su cuenta fuera del territorio nacional. ARTÍCULO 105.- Ningún tripulante, o personal de a bordo extranjero de un medio de transporte internacional podrá permanecer en territorio costarricense después de la salida del transporte en que llegó al país, sin expresa autorización de la Dirección General. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la aplicación de una multa a la empresa transportadora, de quince mil a veinte mil colones por cada infracción. ARTÍCULO 106.- En caso de que la empresa se negara a cumplir con las obligaciones resultantes de los artículos 83, 84, 102 y 104, la Dirección General impedirá la salida del territorio nacional o de aguas territoriales costarricenses, del medio de transporte correspondiente, hasta tanto la empresa responsable no satisfaga el incumplimiento de las obligaciones pertinentes. CAPÍTULO CUARTO De los Recursos Administrativos ARTÍCULO 107.- Contra las resoluciones de la Dirección General únicamente procederán los recursos de revocatoria y de apelación cuando: a) Se lesionen intereses de los extranjeros en relación con su status migratorio. b) Se ordene la deportación de un extranjero según las causales previstas en los numerales 3, 4 y 5 del artículo 118. No cabra recurso alguno contra las resoluciones que deniegan el ingreso de un extranjero con cualquiera de las categorías fijadas en esta ley. ARTÍCULO 108.- La revocatoria o apelación, cuando procedan, deberán interponerse dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación respectiva, ante la Dirección General. En este acto, se ofrecerá toda la prueba que se estime pertinente. ARTÍCULO 109.- Los recursos citados no requieren una redacción especial; bastará, para su correcta formulación, que de su texto se infiera claramente la petición de revocar o de apelar el acto que se objeta. ARTÍCULO 110.- El recurso de revocatoria deberá ser resuelto por la Dirección General en el plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su interposición. Transcurrido dicho término se tendrá por denegado el recurso de referencia. Si se hubiere interpuesto el recurso de apelación en forma subsidiaria, automáticamente pasarán los autos a conocimiento del Ministro de Gobernación y Policía, para su conocimiento y resolución. ARTÍCULO 111.- Resuelto negativamente el recurso de revocatoria, la Dirección General admitirá la apelación y emplazará para que, dentro del tercer día, concurra ante el Ministro a hacer valer sus derechos. ARTÍCULO 112.- En caso de apelación, el Ministro de Gobernación y Policía resolverá lo pertinente en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del recibo del expediente. ARTÍCULO 113.- La interposición del recurso de revocatoria o de apelación, en el caso del inciso b) del artículo 107, suspende la ejecución de las medidas ordenadas hasta tanto estas queden firmes. Contra lo resuelto en alzada por el Ministerio de Gobernación y Policía, en este caso, no cabra recurso contencioso administrativo. Texto modificado por resolución de la Sala Constitucional No. 2754 de las 14:36 horas del 15 de junio de 1993. ARTÍCULO 114.- La resolución declarada por el Ministro de Gobernación y Policía dará por agotada la vía administrativa en los casos contemplados en el inciso a) del artículo 107 de esta ley. TÍTULO OCTAVO Del Rechazo, Deportación y Expulsión CAPÍTULO PRIMERO Del Rechazo ARTÍCULO 115.- El rechazo es la acción por medio de la cual la autoridad competente, al efectuar el control migratorio, niega a un extranjero su ingreso al país y ordena su inmediato traslado al país de embarque, de origen o a un tercer país que lo admita. ARTÍCULO 116.- Procede efectuar el rechazo del extranjero en los siguientes casos: 1) Cuando no presentare la documentación necesaria exigida para autorizar su ingreso al país. 2) Cuando se constatare la existencia de algunas de las causales de inadmisión contenidas en el título cuarto de esta ley. 3) Cuando fuere sorprendido intentando ingresar al territorio nacional con elusión del control migratorio, o por un lugar no habilitado para ese efecto. 4) Cuando hubiere sido deportado o expulsado y no tuviere permiso de reingreso expedido por la autoridad competente. 5) Cuando estuviere incluido en la lista de personas no deseables en poder de la Dirección General, a efecto de evitar su ingreso en el país. ARTÍCULO 117.- Contra la decisión de la autoridad migratoria de proceder al rechazo de un extranjero por estar incluido en algunas de las causas mencionadas en el artículo anterior, no cabe la interposición de recurso alguno en sede administrativa o jurisdiccional. CAPÍTULO SEGUNDO De la Deportación ARTÍCULO 118.- La deportación es el acto ordenado por la autoridad migratoria competente, por medio del cual se pone fuera de la frontera del territorio nacional al extranjero que se encuentre en cualquiera de las siguientes situaciones: 1) Haber ingresado clandestinamente al país o sin cumplir con las normas que reglamentan su ingreso o admisión. 2) Haber obtenido el ingreso o permanencia en el país mediante declaraciones o presentación de documentos falsos. 3) Permanecer en el país una vez vencido el plazo autorizado. 4) Permanecer en territorio nacional una vez cancelada su residencia. 5) Cuando a los no residentes se les cancele su permanencia y no hagan abandono del país en el plazo otorgado. ARTÍCULO 119.- En los casos citados, la Dirección General ordenará que el extranjero sea deportado a su país de origen o a un tercer país que lo admita. CAPÍTULO TERCERO De la Expulsión ARTÍCULO 120.- La expulsión es la orden emanada del Ministro de Gobernación y Policía por medio de la cual un extranjero residente, debe hacer abandono del territorio nacional en el plazo fijado al efecto. ARTÍCULO 121.- Existe causal de expulsión. a) Cuando, cualquiera que fuere el status migratorio, se considere que la presencia del extranjero es nociva, o que sus actividades comprometen la seguridad nacional, la tranquilidad u orden público. Texto modificado por Resolución de la Sala Constitucional No. 1684-91 de las 16:00 horas del 28 de agosto de 1991. b) Cuando el extranjero haya sido condenado por los tribunales de Costa Rica a sufrir pena de prisión mayor de tres años. c) Cuando el extranjero incumpla las condiciones propias del asilado político o del refugiado. ARTÍCULO 122.- No obstante acreditarse alguna de las causales mencionadas en el artículo anterior, el Ministro de Gobernación y Policía podrá suspender la expulsión cuando circunstancias especiales así lo aconsejen. ARTÍCULO 123.- En los casos de expulsión el Departamento Legal de Ministerio de Gobernación y Policía, a solicitud de la Dirección General, levantará la información tendente a comprobar los cargos formulados y conferirá al extranjero un plazo de tres a cinco días hábiles para que ofrezca pruebas de descargo. Una vez recibida la prueba, el referido Departamento Legal, como órgano director del procedimiento rendirá dictamen y pasará las diligencias al Ministro de Gobernación y Policía para que este dicte la resolución correspondiente. ARTÍCULO 124.- La resolución en que se ordene la expulsión de un extranjero será notificada personalmente, o en el domicilio señalado en el expediente, por la Policía Especial de Migración, o por el servidor que al efecto designe el Departamento Legal del Ministerio de Gobernación y Policía. Los servidores que lleven a cabo esta diligencia gozarán de fe pública para todos los efectos legales. ARTÍCULO 125.- El extranjero cuya expulsión se haya ordenado podrá apelar de ella en el acto de notificación o dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación. Si lo hiciera al ser notificado, la autoridad migratoria lo hará constatar en el acta respectiva. De la apelación conocerá en única instancia la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y, mientras esta no se pronuncie, se suspenderá la ejecución de la orden de expulsión. ARTÍCULO 126.- El recurrente podrá reclamar ante la Sala las siguientes defensas: 1) Que es ciudadano costarricense. 2) Que el motivo que se invoca no es causa legal de expulsión. 3) Que son falsos los cargos que se imputan. En el escrito de apelación el recurrente deberá proponer toda la prueba en la que fundamente su defensa, la cual será evacuada por la Sala cuando sea pertinente. La Sala deberá dictar el fallo dentro de los ocho días hábiles siguientes a la fecha en que los autos estén listos. Confirmada la orden de expulsión, se procederá a su inmediata ejecución. ARTÍCULO 127.- Firme la orden de expulsión, el extranjero abandonará el territorio nacional y perderá a favor del Estado, la garantía que hubiere rendido. ARTÍCULO 128.- De toda expulsión o deportación, la Dirección General dará aviso inmediato a las autoridades migratorias nacionales, tanto en el país como en el extranjero, así como al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. ARTÍCULO 129.- El extranjero expulsado no podrá reingresar al país, excepto que lo autorice expresamente el Ministro de Gobernación y Policía. ARTÍCULO 130.- Cuando por sus antecedentes personales pueda presumirse que el extranjero intentará eludir la orden de expulsión, el Ministro de Gobernación y Policía solicitará a la autoridad de Policía administrativa que proceda a la detención del extranjero, la que durará el tiempo estrictamente indispensable para hacer efectiva la orden de expulsión. TÍTULO NOVENO De los Nacionales en el Exterior CAPÍTULO PRIMERO De la Emigración ARTÍCULO 131.- La Dirección General, en coordinación con otros organismos nacionales, promoverá el estudio de las causas que den o puedan dar origen a la emigración de nacionales, a efecto de proponer la ejecución de políticas de retención o de recuperación de recursos humanos residentes en el exterior. ARTÍCULO 132.- El Gobierno de la República podrá suscribir convenios con los Estados donde residan migrantes costarricenses, para asegurarles la igualdad o asimilación de los derechos laborales y de seguridad social con los de los nacionales del país receptor. Dichos tratados deberán, igualmente, garantizar la posibilidad de efectuar remesas de fondos de emigrantes para el sostenimiento de sus familiares en Costa Rica. ARTÍCULO 133.- Las Embajadas y Consulados del Gobierno de Costa Rica, en aquellos países en los que exista una mayor concentración de emigrantes costarricenses, deberán contar con servicios culturales tendentes a preservar su identidad nacional, sin que ello signifique entorpecer el proceso de integración de los emigrantes y sus familias a la sociedad receptora. ARTÍCULO 134.- Se prohíbe en el territorio nacional el reclutamiento de inmigrantes no autorizados expresamente por las autoridades nacionales competentes, y el establecimiento de cualquier tipo de agencia privada de emigración o que negocie con esta, así como cualquier clase de propaganda o publicidad en que se solicite mano de obra nacional para trabajar en el extranjero que carezca de la correspondiente autorización. CAPÍTULO SEGUNDO Del Retorno de Nacionales ARTÍCULO 135.- El Gobierno de la República propiciará el retorno de nacionales que hayan emigrado al extranjero, para lo cual deberá estimular y programar la recuperación de los científicos, profesionales y personal altamente especializado, de acuerdo con las necesidades requeridas para el desarrollo integral del país. ARTÍCULO 136.- La Dirección General, en coordinación con otros organismos, propondrá la adopción de medidas que faciliten el retorno de nacionales. ARTÍCULO 137.- Las Embajadas y Consulados de Costa Rica en el exterior deberán contar con los servicios necesarios para mantener informados a los costarricenses residentes en el exterior de las franquicias, facilidades y programas para retornar a su país. ARTÍCULO 138.- La Dirección General coordinará con el Comité Intergubernamental para las Migraciones (CIM), el procedimiento necesario a fin de facilitar el retorno de los costarricenses que estén en condiciones de ser asistidos por el organismo mencionado. TÍTULO DÉCIMO Del Pago de los Derechos y de la Constitución de un Fondo Especial CAPÍTULO PRIMERO Del Pago de los Derechos ARTÍCULO 139.- Toda gestión que se presente ante cualquiera de las oficinas integrantes de la Dirección General deberá ser hecha en papel común y con las especies fiscales que fije la ley. ARTÍCULO 140.- Los derechos de índole migratoria que establezca la ley y que deban ser pagados mediante timbres, implicarán que estos serán adheridos y cancelados en el documento correspondiente. ARTÍCULO 141.- Estarán exentos de pago de los tributos que gravan los actos migratorios: a) Los agentes diplomáticos y consulares extranjeros. b) Los extranjeros que tengan derecho a tal exención de acuerdo con los tratados o convenios internacionales o por reciprocidad con otras naciones. c) Las personas o grupos organizados y las compañías de espectáculos públicos a los que, por la índole de su visita al país, el Ministerio respectivo exonerare de acuerdo con la ley. ch) Los extranjeros indigentes que, para regresar a su país, tengan que transitar por el territorio nacional. d) Los nacionales que viajen con pasaporte diplomático o de servicio. CAPÍTULO SEGUNDO De la Constitución de un Fondo Especial ARTÍCULO 142.- Constitúyese un fondo especial que se integrará con los siguientes recursos: 1) El monto de las garantías en dinero efectivo establecidas en el artículo 147. 2) Las multas previstas en esta ley, que serán giradas por la autoridad judicial competente a favor de la Dirección General. ARTÍCULO 143.- Los recursos del fondo especial serán destinados para: a) Hacer efectiva la devolución de garantías cuando el extranjero residente abandone el país por haber vencido el plazo de permanencia o por haber renunciado a su status migratorio. b) Cubrir gastos que ocasione la deportación o la expulsión de extranjeros. c) Gastos corrientes y de capital para satisfacer las necesidades de la Dirección General de Migración y Extranjería. Así modificado por el artículo 36.8 de la ley No. 7111 del 12 de diciembre de 1988. ARTÍCULO 144.- Los dineros se depositarán en una cuenta especial en uno de los bancos estatales, bajo el rubro "Fondo Especial de la Dirección General de Migración y Extranjería". ARTÍCULO 145.- El fondo especial será administrado por la Dirección General, de conformidad con el reglamento que al efecto se emitirá. La Contraloría General de la República fiscalizará periódicamente su movimiento. ARTÍCULO 146.- Previa autorización de la Contraloría General de la República, la Dirección General de Migración y Extranjería podrá hacer inversiones en títulos valores del Sistema Bancario Nacional. Los intereses que devenguen dichos títulos deberán ser utilizados de acuerdo con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 143, para mejorar los servicios de la Dirección General. Así modificado por el artículo 36.9 de la Ley No. 7111 del 12 de diciembre de 1988. TÍTULO UNDÉCIMO Disposiciones Finales y Transitorias ARTÍCULO 147.- Con el propósito de cubrir los gastos de permanencia y eventual repatriación del extranjero residente, este deberá depositar una garantía en dinero efectivo, de conformidad con el monto que fije la Dirección General, el que no podrá exceder del valor real de un tiquete de viaje al país que se le fije. Queda prohibido, en aquellos casos de residentes con más de cinco años de residencia en el país o con vínculos de primer grado con costarricense, exigir nuevos depósitos de garantía o de actualización de los ya efectuados. ARTÍCULO 148.- Los actos migratorios seguirán causando los derechos fiscales que actualmente rigen, para lo cual se mantiene la vigencia de las disposiciones legales que los establecen. ARTÍCULO 149.- Son inembargables, para todos los efectos legales, los dineros depositados en el fondo especial establecido por la presente ley y no podrán tener un uso diferente al señalado en ella. ARTÍCULO 150.- Modifícase la Ley No. 1155 del 29 de abril de 1950, para que en lugar de "Ley de Extranjería y Naturalización" se denomine "Ley de Opciones y Naturalizaciones". ARTÍCULO 151.- Refórmase el artículo 128 de la Ley No. 7015 del 22 de noviembre de 1985, para que diga así: "Artículo 128.- Créase el timbre migratorio, cuyo valor será de veinte colones, que deberán agregar los extranjeros a toda solicitud que presenten a la Dirección General de Migración y Extranjería. La emisión y venta del timbre estará a cargo del Banco Central de Costa Rica, el cual depositará lo recaudado en una cuenta especial denominada "Fondo Especial de la Dirección General de Migración y Extranjería" Los recursos que este artículo crea serán utilizados únicamente, en caso necesario, para cubrir los costos de repatriación, deportación o expulsión de extranjeros. ARTÍCULO 152.- Derógase el artículo 176 de la Ley No. 6995 del 22 de julio de 1985. ARTÍCULO 153.- Los ingresos para ayudar a los refugiados que reciba el Gobierno de la República o cualquiera de su instituciones centralizadas o descentralizadas, así como cualquier organismo creado para tal efecto, de parte de organizaciones internacionales o de gobiernos amigos, estarán bajo la supervisión y control de la Contraloría General de la República. Con este propósito, la Contraloría fijará la frecuencia de la presentación de informes sobre el manejo de dichos fondos, los cuales, en ningún caso, podrán utilizarse para fines ajenos a la labor estrictamente humanitaria. ARTÍCULO 154.- Las personas que tengan la condición de ex miembros de los Supremos Poderes, y sus cónyuges, tendrán derecho a que se les expida pasaporte diplomático. ARTÍCULO 155.- Esta ley es de orden público y deroga todas la demás disposiciones legales de carácter migratorio que se le opongan o resulten incompatibles con su aplicación. ARTÍCULO 156.- El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley en un plazo no mayor de noventa días. La falta de reglamentación no afectará su aplicación. ARTÍCULO 157.- Rige a partir de su publicación. TRANSITORIO I.- Los dineros y otros valores que, al entrar en vigencia esta ley, se encuentren depositados en calidad de garantía a favor de la Dirección General, pasarán a formar parte del fondo especial establecido en esta ley. TRANSITORIO II.- A aquellos funcionarios que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley se encuentren nombrados como oficiales de Migración, se les reconocerá el tiempo servido para efectos de su nombramiento en propiedad y se les eximirá del requisito académico a que se refiere el artículo 12 de la misma ley. ASAMBLEA LEGISLATIVA.- San José, a los cuatro días del mes de agosto de mil novecientos ochenta y seis. Rose Mary Karpinski Dodero PRESIDENTA William Corrales Araya Víctor Julio Román Méndez PRIMER SECRETARIO SEGUNDO SECRETARIO Actualizada al 7-7-99. AJP.- Sanción 4-8-86 Publicado 13-8-86 Rige: 13 8-86