ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA<br />
REPÚBLICA DE COSTA RICA<br />
PLENARIO<br />
APROBACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS<br />
CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL<br />
DECRETO LEGISLATIVO Nº 8302<br />
EXPEDIENTE Nº 14.620<br />
SAN JOSÉ - COSTA RICA<br />
8302<br />
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA<br />
DECRETA:<br />
APROBACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS<br />
CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL<br />
ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase, en cada una de las partes, la Convención de<br />
Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, adoptada<br />
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de noviembre de 2000.<br />
El texto es el siguiente:<br />
"CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA<br />
DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL<br />
Artículo 1<br />
Finalidad<br />
El propósito de la presente Convención es promover la cooperación<br />
para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada<br />
transnacional.<br />
Artículo 2<br />
Definiciones<br />
Para los fines de la presente Convención:<br />
a) Por "grupo delictivo organizado" se entenderá un grupo<br />
estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y<br />
que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos<br />
graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con<br />
miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u<br />
otro beneficio de orden material;<br />
b) Por "delito grave" se entenderá la conducta que constituya un<br />
delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro<br />
años o con una pena más grave;<br />
c) Por "grupo estructurado" se entenderá un grupo no formado<br />
fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no<br />
necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente<br />
definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una<br />
estructura desarrollada;<br />
d) Por "bienes" se entenderá los activos de cualquier tipo,<br />
corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o<br />
intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la<br />
propiedad u otros derechos sobre dichos activos;<br />
e) Por "producto del delito" se entenderá los bienes de cualquier<br />
índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de<br />
un delito;<br />
f) Por "embargo preventivo" o "incautación" se entenderá la<br />
prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes,<br />
o la custodia o el control temporales de bienes por mandamiento<br />
expedido por un tribunal u otra autoridad competente;<br />
g) Por "decomiso" se entenderá la privación con carácter definitivo<br />
de bienes por decisión de un tribunal o de otra autoridad competente;<br />
h) Por "delito determinante" se entenderá todo delito del que se<br />
derive un producto que pueda pasar a constituir materia de un delito<br />
definido en el artículo 6 de la presente Convención;<br />
i) Por "entrega vigilada" se entenderá la técnica consistente en<br />
dejar que remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o<br />
más Estados, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo<br />
la supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de investigar<br />
delitos e identificar a las personas involucradas en la comisión de<br />
éstos;<br />
j) Por "organización regional de integración económica" se<br />
entenderá una organización constituida por Estados soberanos de una<br />
región determinada, a la que sus Estados miembros han transferido<br />
competencia en las cuestiones regidas por la presente Convención y que<br />
ha sido debidamente facultada, de conformidad con sus procedimientos<br />
internos, para firmar, ratificar, aceptar o aprobar la Convención o<br />
adherirse a ella; las referencias a los "Estados Parte" con arreglo a<br />
la presente Convención se aplicarán a esas organizaciones dentro de los<br />
límites de su competencia.<br />
Artículo 3<br />
Ámbito de aplicación<br />
1.- A menos que contenga una disposición en contrario, la presente<br />
Convención se aplicará a la prevención, la investigación y el<br />
enjuiciamiento de:<br />
a) Los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23<br />
de la presente Convención; y<br />
b) Los delitos graves que se definen en el artículo 2 de la<br />
presente Convención;<br />
cuando esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la<br />
participación de un grupo delictivo organizado.<br />
2.- A los efectos del párrafo 1 del presente artículo, el delito será de<br />
carácter transnacional si:<br />
a) Se comete en más de un Estado;<br />
b) Se comete dentro de un solo Estado pero una parte sustancial de<br />
su preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro<br />
Estado;<br />
c) Se comete dentro de un solo Estado pero entraña la participación<br />
de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas<br />
en más de un Estado; o<br />
d) Se comete en un solo Estado pero tiene efectos sustanciales en<br />
otro Estado.<br />
Artículo 4<br />
Protección de la soberanía<br />
1.- Los Estados Parte cumplirán sus obligaciones con arreglo a la<br />
presente Convención en Consonancia con los principios de igualdad soberana<br />
e integridad territorial de los Estados, así como de no intervención en los<br />
asuntos internos de otros Estados.<br />
2.- Nada de lo dispuesto en la presente Convención facultará a un Estado<br />
Parte para ejercer, en el territorio de otro Estado, jurisdicción o<br />
funciones que el derecho interno de ese Estado reserve exclusivamente a sus<br />
autoridades.<br />
Artículo 5<br />
Penalización de la participación en un<br />
grupo delictivo organizado<br />
1.- Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole<br />
que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan<br />
intencionalmente:<br />
a) Una de las conductas siguientes, o ambas, como delitos distintos<br />
de los que entrañen el intento o la consumación de la actividad<br />
delictiva:<br />
i) El acuerdo con una o más personas de cometer un delito<br />
grave con un propósito que guarde relación directa o indirecta con<br />
la obtención de un beneficio económico u otro beneficio de orden<br />
material y, cuando así lo prescriba el derecho interno, que<br />
entrañe un acto perpetrado por uno de los participantes para<br />
llevar adelante ese acuerdo o que entrañe la participación de un<br />
grupo delictivo organizado;<br />
ii) La conducta de toda persona que, a sabiendas de la<br />
finalidad y actividad delictiva general de un grupo delictivo<br />
organizado o de su intención de cometer los delitos en cuestión,<br />
participe activamente en:<br />
a) Actividades ilícitas del grupo delictivo organizado;<br />
b) Otras actividades del grupo delictivo organizado, a sabiendas<br />
de que su participación contribuirá al logro de la finalidad<br />
delictiva antes descrita;<br />
b) La organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o<br />
asesoramiento en aras de la comisión de un delito grave que entrañe la<br />
participación de un grupo delictivo organizado.<br />
2.- El conocimiento, la intención, la finalidad, el propósito o el<br />
acuerdo a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo podrán<br />
inferirse de circunstancias fácticas objetivas.<br />
3.- Los Estados Parte cuyo derecho interno requiera la participación de<br />
un grupo delictivo organizado para la penalización de los delitos<br />
tipificados con arreglo al inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del<br />
presente artículo velarán por que su derecho interno comprenda todos los<br />
delitos graves que entrañen la participación de grupos delictivos<br />
organizados. Esos Estados Parte, así como los Estados Parte cuyo derecho<br />
interno requiera la comisión de un acto que tenga por objeto llevar<br />
adelante el acuerdo concertado con el propósito de cometer los delitos<br />
tipificados con arreglo al inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del<br />
presente artículo, lo notificarán al Secretario General de las Naciones<br />
Unidas en el momento de la firma o del depósito de su instrumento de<br />
ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o de<br />
adhesión a ella.<br />
Artículo 6<br />
Penalización del blanqueo del<br />
producto del delito<br />
1.- Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios<br />
fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra<br />
índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan<br />
intencionalmente:<br />
a)<br />
i) La conversión la transferencia de bienes, a sabiendas de<br />
que esos bienes son producto del delito, con el propósito de<br />
ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a<br />
cualquier persona involucrada en la comisión del delito<br />
determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos;<br />
ii) La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza,<br />
origen, ubicación, disposición, movimiento o propiedad de bienes o<br />
del legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son<br />
producto del delito;<br />
b) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico:<br />
i) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a<br />
sabiendas, en el momento de su recepción, de que son producto del<br />
delito;<br />
ii) La participación en la comisión de cualesquiera de los<br />
delitos tipificados con arreglo al presente artículo, así como la<br />
asociación y la confabulación para cometerlos, el intento de<br />
cometerlos, y la ayuda, la incitación, la facilitación y el<br />
asesoramiento en aras de su comisión.<br />
2.- Para los fines de la aplicación o puesta en práctica del párrafo 1<br />
del presente artículo:<br />
a) Cada Estado Parte velará por aplicar el párrafo 1 del presente<br />
artículo a la gama más amplia posible de delitos determinantes;<br />
b) Cada Estado Parte incluirá como delitos determinantes todos los<br />
delitos graves definidos en el artículo 2 de la presente Convención y<br />
los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 8 y 23 de la<br />
presente Convención. Los Estados Parte cuya legislación establezca una<br />
lista de delitos determinantes incluirán entre éstos, como mínimo, una<br />
amplia gama de delitos relacionados con grupos delictivos organizados;<br />
c) A los efectos del apartado b), los delitos determinantes<br />
incluirán los delitos cometidos tanto dentro como fuera de la<br />
jurisdicción del Estado Parte interesado. No obstante, los delitos<br />
cometidos fuera de la jurisdicción de un Estado Parte constituirán<br />
delito determinante siempre y cuando el acto correspondiente sea delito<br />
con arreglo al derecho interno del Estado en que se haya cometido y<br />
constituyese asimismo delito con arreglo al derecho interno del Estado<br />
Parte que aplique o ponga en práctica el presente artículo si el delito<br />
se hubiese cometido allí;<br />
d) Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las<br />
Naciones Unidas una copia de sus leyes destinadas a dar aplicación al<br />
presente artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga a tales<br />
leyes o una descripción de ésta;<br />
e) Si así lo requieren los principios fundamentales del derecho<br />
interno de un Estado Parte, podrá disponerse que los delitos<br />
tipificados en el párrafo 1 del presente artículo no se aplicarán a las<br />
personas que hayan cometido el delito determinante;<br />
f) El conocimiento, la intención o la finalidad que se requieren<br />
como elemento de un delito tipificado en el párrafo 1 del presente<br />
artículo podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas.<br />
Artículo 7<br />
Medidas para combatir el blanqueo de dinero<br />
1.- Cada Estado Parte:<br />
a) Establecerá un amplio régimen interno de reglamentación y<br />
supervisión de los bancos y las instituciones financieras no bancarias<br />
y, cuando proceda, de otros órganos situados dentro de su jurisdicción<br />
que sean particularmente susceptibles de utilizarse para el blanqueo de<br />
dinero a fin de prevenir y detectar todas las formas de blanqueo de<br />
dinero, y en ese régimen se hará hincapié en los requisitos relativos a<br />
la identificación del cliente, el establecimiento de registros y la<br />
denuncia de las transacciones sospechosas;<br />
b) Garantizará, sin perjuicio de la aplicación de los artículos 18<br />
y 27 de la presente Convención, que las autoridades de administración,<br />
reglamentación y cumplimiento de la ley y demás autoridades encargadas<br />
de combatir el blanqueo de dinero (incluidas, cuando sea pertinente con<br />
arreglo al derecho interno, las autoridades judiciales), sean capaces<br />
de cooperar e intercambiar información a nivel nacional e internacional<br />
de conformidad con las condiciones prescritas en el derecho interno y,<br />
a tal fin, considerará la posibilidad de establecer una dependencia de<br />
inteligencia financiera que sirva de centro nacional de recopilación,<br />
análisis y difusión de información sobre posibles actividades de<br />
blanqueo de dinero.<br />
2.- Los Estados Parte considerarán la posibilidad de aplicar medidas<br />
viables para detectar y vigilar el movimiento transfronterizo de efectivo y<br />
de títulos negociables pertinentes, con sujeción a salvaguardias que<br />
garanticen la debida utilización de la información y sin restringir en modo<br />
alguno la circulación de capitales lícitos. Esas medidas podrán incluir la<br />
exigencia de que los particulares y las entidades comerciales notifiquen<br />
las transferencias transfronterizas de cantidades elevadas de efectivo y de<br />
títulos negociables pertinentes.<br />
3.- Al establecer un régimen interno de reglamentación y supervisión con<br />
arreglo al presente artículo y sin perjuicio de lo dispuesto en cualquier<br />
otro artículo de la presente Convención, se insta a los Estados Parte a que<br />
utilicen como guía las iniciativas pertinentes de las organizaciones<br />
regionales, interregionales y multilaterales de lucha contra el blanqueo de<br />
dinero.<br />
4.- Los Estados Parte se esforzarán por establecer y promover la<br />
cooperación a escala mundial, regional, subregional y bilateral entre las<br />
autoridades judiciales, de cumplimiento de la ley y de reglamentación<br />
financiera a fin de combatir el blanqueo de dinero.<br />
Artículo 8<br />
Penalización de la corrupción<br />
1.- Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole<br />
que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan<br />
intencionalmente:<br />
a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario<br />
público, directa o indirectamente, de un beneficio indebido que redunde<br />
en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de<br />
que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento<br />
de sus funciones oficiales;<br />
b) La solicitud o aceptación por un funcionario público, directa o<br />
indirectamente, de un beneficio indebido que redunde en su propio<br />
provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho<br />
funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus<br />
funciones oficiales.<br />
2.- Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas<br />
legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como<br />
delito los actos a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo cuando<br />
esté involucrado en ellos un funcionario público extranjero o un<br />
funcionario internacional. Del mismo modo, cada Estado Parte considerará<br />
la posibilidad de tipificar como delito otras formas de corrupción.<br />
3.- Cada Estado Parte adoptará también las medidas que sean necesarias<br />
para tipificar como delito la participación como cómplice en un delito<br />
tipificado con arreglo al presente artículo.<br />
4.- A los efectos del párrafo 1 del presente artículo y del artículo 9 de<br />
la presente Convención, por "funcionario público" se entenderá todo<br />
funcionario público o persona que preste un servicio público conforme a la<br />
definición prevista en el derecho interno y a su aplicación con arreglo al<br />
derecho penal del Estado Parte en el que dicha persona desempeñe esa<br />
función.<br />
Artículo 9<br />
Medidas contra la corrupción<br />
1.- Además de las medidas previstas en el artículo 8 de la presente<br />
Convención, cada Estado Parte, en la medida en que proceda y sea compatible<br />
con su ordenamiento jurídico, adoptará medidas eficaces de carácter<br />
legislativo, administrativo o de otra índole para promover la integridad y<br />
para prevenir, detectar y castigar la corrupción de funcionarios públicos.<br />
2.- Cada Estado Parte adoptará medidas encaminadas a garantizar la<br />
intervención eficaz de sus autoridades con miras a prevenir, detectar y<br />
castigar la corrupción de funcionarios públicos, incluso dotando a dichas<br />
autoridades de suficiente independencia para disuadir del ejercicio de<br />
cualquier influencia indebida en su actuación.<br />
Artículo 10<br />
Responsabilidad de las personas<br />
jurídicas<br />
1.- Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de<br />
conformidad con sus principios jurídicos, a fin de establecer la<br />
responsabilidad de personas jurídicas por participación en delitos graves<br />
en que esté involucrado un grupo delictivo organizado, así como por los<br />
delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente<br />
Convención.<br />
2.- Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la<br />
responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil<br />
o administrativa.<br />
3.- Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad<br />
penal que incumba a las personas naturales que hayan perpetrado los<br />
delitos.<br />
4.- Cada Estado Parte velará en particular por que se impongan sanciones<br />
penales o no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas<br />
sanciones monetarias, a las personas jurídicas consideradas responsables<br />
con arreglo al presente artículo.<br />
Artículo 11<br />
Proceso, fallo y sanciones<br />
1.- Cada Estado Parte penalizará la comisión de los delitos tipificados<br />
con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención con<br />
sanciones que tengan en cuenta la gravedad de esos delitos.<br />
2.- Cada Estado Parte velará por que se ejerzan cualesquiera facultades<br />
legales discrecionales de que disponga conforme a su derecho interno en<br />
relación con el enjuiciamiento de personas por los delitos comprendidos en<br />
la presente Convención a fin de dar máxima eficacia a las medidas adoptadas<br />
para hacer cumplir la ley respecto de esos delitos, teniendo debidamente en<br />
cuenta la necesidad de prevenir su comisión.<br />
3.- Cuando se trate de delitos tipificados con arreglo a los artículos 5,<br />
6, 8 y 23 de la presente Convención, cada Estado Parte adoptará medidas<br />
apropiadas, de conformidad con su derecho interno y tomando debidamente en<br />
consideración los derechos de la defensa, con miras a procurar que al<br />
imponer condiciones en relación con la decisión de conceder la libertad en<br />
espera de juicio o la apelación se tenga presente la necesidad de<br />
garantizar la comparecencia del acusado en todo procedimiento penal<br />
ulterior.<br />
4.- Cada Estado Parte velará por que sus tribunales u otras autoridades<br />
competentes tengan presente la naturaleza grave de los delitos comprendidos<br />
en la presente Convención al considerar la eventualidad de conceder la<br />
libertad anticipada o la libertad condicional a personas que hayan sido<br />
declaradas culpables de tales delitos.<br />
5.- Cada Estado Parte establecerá, cuando proceda, con arreglo a su<br />
derecho interno, un plazo de prescripción prolongado dentro del cual pueda<br />
iniciarse el proceso por cualquiera de los delitos comprendidos en la<br />
presente Convención y un plazo mayor cuando el presunto delincuente haya<br />
eludido la administración de justicia.<br />
6.- Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará al principio<br />
de que la descripción de los delitos tipificados con arreglo a ella y de<br />
los medios jurídicos de defensa aplicables o demás principios jurídicos que<br />
informan la legalidad de una conducta queda reservada al derecho interno de<br />
los Estados Parte y de que esos delitos han de ser perseguidos y<br />
sancionados de conformidad con ese derecho.<br />
Artículo 12<br />
Decomiso e incautación<br />
1.- Los Estados Parte adoptarán, en la medida en que lo permita su<br />
ordenamiento jurídico interno, las medidas que sean necesarias para<br />
autorizar el decomiso:<br />
a) Del producto de los delitos comprendidos en la presente<br />
Convención o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto;<br />
b) De los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o<br />
destinados a ser utilizados en la comisión de los delitos comprendidos<br />
en la presente Convención.<br />
2.- Los Estados Parte adoptarán las medidas que sean necesarias para<br />
permitir la identificación, la localización, el embargo preventivo o la<br />
incautación de cualquier bien a que se refiera el párrafo 1 del presente<br />
artículo con miras a su eventual decomiso.<br />
3.- Cuando el producto del delito se haya transformado o convertido<br />
parcial o totalmente en otros bienes, esos bienes podrán ser objeto de las<br />
medidas aplicables a dicho producto a tenor del presente artículo.<br />
4.- Cuando el producto del delito se haya mezclado con bienes adquiridos<br />
de fuentes lícitas, esos bienes podrán, sin menoscabo de cualquier otra<br />
facultad de embargo preventivo o incautación, ser objeto de decomiso hasta<br />
el valor estimado del producto entremezclado.<br />
5.- Los ingresos u otros beneficios derivados del producto del delito, de<br />
bienes en los que se haya transformado o convertido el producto del delito<br />
o de bienes con los que se haya entremezclado el producto del delito<br />
también podrán ser objeto de las medidas previstas en el presente artículo,<br />
de la misma manera y en el mismo grado que el producto del delito.<br />
6.- Para los fines del presente artículo y del artículo 13 de la presente<br />
Convención, cada Estado Parte facultará a sus tribunales u otras<br />
autoridades competentes para ordenar la presentación o la incautación de<br />
documentos bancarios, financieros o comerciales. Los Estados Parte no<br />
podrán negarse a aplicar las disposiciones del presente párrafo amparándose<br />
en el secreto bancario.<br />
7.- Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un<br />
delincuente que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito<br />
o de otros bienes expuestos a decomiso, en la medida en que ello sea<br />
conforme con los principios de su derecho interno con la índole del proceso<br />
judicial u otras actuaciones conexas.<br />
8.- Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en<br />
perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.<br />
9.- Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará al principio de<br />
que las medidas en él previstas se definirán y aplicarán de conformidad con<br />
el derecho interno de los Estados Parte y con sujeción a éste.<br />
Artículo 13<br />
Cooperación internacional para<br />
fines de decomiso<br />
1.- Los Estados Parte que reciban una solicitud de otro Estado Parte que<br />
tenga jurisdicción para conocer de un delito comprendido en la presente<br />
Convención con miras al decomiso del producto del delito, los bienes, el<br />
equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo 12 de<br />
la presente Convención que se encuentren en su territorio deberán, en la<br />
mayor medida en que lo permita su ordenamiento jurídico interno:<br />
a) Remitir la solicitud a sus autoridades competentes para obtener<br />
una orden de decomiso a la que, en caso de concederse, darán<br />
cumplimiento; o<br />
b) Presentar a sus autoridades competentes, fin de que se le dé<br />
cumplimiento en el grado solicitado, la orden de decomiso expedida por<br />
un tribunal situado en el territorio del Estado Parte requirente de<br />
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 12 de la<br />
presente Convención en la medida en que guarde relación con el producto<br />
del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en<br />
el párrafo 1 del artículo 12 que se encuentren en el territorio del<br />
Estado Parte requerido.<br />
2.- A raíz de una solicitud presentada por otro Estado Parte que tenga<br />
jurisdicción para conocer de un delito comprendido en la presente<br />
Convención, el Estado Parte requerido adoptará medidas encaminadas a la<br />
identificación, la localización y el embargo preventivo o la incautación<br />
del producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos<br />
mencionados en el párrafo 1 del artículo 12 de la presente Convención con<br />
miras a su eventual decomiso, que habrá de ordenar el Estado Parte<br />
requirente o, en caso de que medie una solicitud presentada con arreglo al<br />
párrafo 1 del presente artículo, el Estado Parte requerido.<br />
3.- Las disposiciones del artículo 18 de la presente Convención serán<br />
aplicables mutatis mutandis al presente artículo. Además de la información<br />
indicada en el párrafo 15 del artículo 18, las solicitudes presentada de<br />
conformidad con el presente artículo contendrán lo siguiente:<br />
a) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado a)<br />
del párrafo 1 del presente artículo, una descripción de los bienes<br />
susceptibles de decomiso y una exposición de los hechos en que se basa<br />
la solicitud del Estado Parte requirente que sean lo suficientemente<br />
explícitas para que el Estado Parte requerido pueda tramitar la orden<br />
con arreglo a su derecho interno;<br />
b) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado b) del<br />
párrafo 1 del presente artículo, una copia admisible en derecho de la<br />
orden de decomiso expedida por el Estado Parte requirente en la que se<br />
basa la solicitud, una exposición de los hechos y la información que<br />
proceda sobre el grado de ejecución que se solicita dar a la orden;<br />
c) Cuando se trate de una solicitud relativa al párrafo 2 del<br />
presente artículo, una exposición de los hechos en que se basa el<br />
Estado Parte requirente y una descripción de las medidas solicitadas.<br />
4.- El Estado Parte requerido adoptará las decisiones o medidas previstas<br />
en los párrafos 1 y 2 del presente artículo conforme y con sujeción a lo<br />
dispuesto en su derecho interno y en sus reglas de procedimiento o en los<br />
tratados, acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales por los que<br />
pudiera estar vinculado al Estado Parte requirente.<br />
5.- Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las Naciones<br />
Unidas una copia de sus leyes y reglamentos destinados a dar aplicación al<br />
presente artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga a tales<br />
leyes y reglamentos o una descripción de ésta.<br />
6.- Si un Estado Parte opta por supeditar la adopción de las medidas<br />
mencionadas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo a la existencia de<br />
un tratado pertinente, ese Estado Parte considerará la presente Convención<br />
como la base de derecho necesaria y suficiente para cumplir ese requisito.<br />
7.- Los Estados Parte podrán denegar la cooperación solicitada con<br />
arreglo al presente artículo si el delito al que se refiere la solicitud no<br />
es un delito comprendido en la presente Convención.<br />
8.- Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en<br />
perjuicio, de los derechos de terceros de buen fe.<br />
9.- Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar tratados,<br />
acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales con miras a aumentar la<br />
eficacia de la cooperación internacional prestada con arreglo al presente<br />
artículo.<br />
Artículo 14<br />
Disposición del producto del delito o de<br />
los bienes decomisados<br />
1.- Los Estados Parte dispondrán del producto del delito o de los bienes<br />
que hayan decomisado con arreglo al artículo 12 o al párrafo 1 del artículo<br />
13 de la presente Convención de conformidad con su derecho interno y sus<br />
procedimientos administrativos.<br />
2.- Al dar curso a una solicitud presentada por otro Estado Parte con<br />
arreglo al artículo 13 de la presente Convención, los Estados Parte, en la<br />
medida en que lo permita su derecho interno y de ser requeridos a hacerlo,<br />
darán consideración prioritaria a la devolución del producto del delito o<br />
de los bienes decomisados al Estado Parte requirente a fin de que éste<br />
pueda indemnizar a las víctimas del delito o devolver ese producto del<br />
delito o esos bienes a sus propietarios legítimos.<br />
3.- Al dar curso a una solicitud presentada por otro Estado Parte con<br />
arreglo a los artículos 12 y 13 de la presente Convención, los Estados<br />
Parte podrán considerar en particular la posibilidad de celebrar acuerdos o<br />
arreglos en el sentido de:<br />
a) Aportar el valor de dicho producto del delito o de dichos<br />
bienes, o los fondos derivados de la venta de dicho producto o de<br />
dichos bienes o una parte de esos fondos, a la cuenta designada de<br />
conformidad con lo dispuesto en el apartado c) del párrafo 2 del<br />
artículo 30 de la presente Convención y a organismos<br />
intergubernamentales especializados en la lucha contra la delincuencia<br />
organizada;<br />
b) Repartirse con otros Estados Parte, sobre la base de un criterio<br />
general o definido para cada caso, ese producto del delito o esos<br />
bienes, o los fondos derivados de la venta de ese producto o de esos<br />
bienes, de conformidad con su derecho interno o sus procedimientos<br />
administrativos.<br />
Artículo 15<br />
Jurisdicción<br />
1.- Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para<br />
establecer su jurisdicción respecto de los delitos tipificados con arreglo<br />
a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención cuando:<br />
a) El delito se cometa en su territorio; o<br />
b) El delito se cometa a bordo de un buque que enarbole su pabellón<br />
o de una aeronave registrada conforme a sus leyes en el momento de la<br />
comisión del delito.<br />
2.- Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 4 de la presente<br />
Convención, un Estado Parte también podrá establecer su jurisdicción para<br />
conocer de tales delitos cuando:<br />
a) El delito se cometa contra uno de sus nacionales;<br />
b) El delito sea cometido por uno de sus nacionales o por una<br />
persona apátrida que tenga residencia habitual en su territorio; o<br />
c) El delito:<br />
i) Sea uno de los delitos tipificados con arreglo al párrafo<br />
1 del artículo 5 de la presente Convención y se cometa fuera de su<br />
territorio con miras a la comisión de un delito grave dentro de su<br />
territorio;<br />
ii) Sea uno de los delitos tipificados con arreglo al inciso<br />
ii) del apartado b) del párrafo 1 del artículo 6 de la presente<br />
Convención y se cometa fuera de su territorio con miras a la<br />
comisión, dentro de su territorio, de un delito tipificado con<br />
arreglo a los incisos i) o ii) del apartado a) o al inciso i) del<br />
apartado b) del párrafo 1 del artículo 6 de la presente<br />
Convención.<br />
3.- A los efectos del párrafo 10 el artículo 16 de la presente<br />
Convención, cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para<br />
establecer su jurisdicción respecto de los delitos comprendidos en la<br />
presente Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en su<br />
territorio y el Estado Parte no lo extradite por el solo hecho de ser uno<br />
de sus nacionales.<br />
4.- Cada Estado Parte podrá también adoptar las medidas que sean<br />
necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos<br />
comprendidos en la presente Convención cuando el presunto delincuente se<br />
encuentre en su territorio y el Estado Parte no lo extradite.<br />
5.- Si un Estado Parte que ejerce su jurisdicción con arreglo a los<br />
párrafos 1 ó 2 del presente artículo ha recibido notificación, o tomado<br />
conocimiento por otro conducto, de que otro u otros Estados Parte están<br />
realizando una investigación, un proceso o una actuación judicial respecto<br />
de los mismos hechos, las autoridades competentes de esos Estados Parte se<br />
consultarán, según proceda, a fin de coordinar sus medidas.<br />
6.- Sin perjuicio de las normas del derecho internacional general, la<br />
presente Convención no excluirá el ejercicio de las competencias penales<br />
establecidas por los Estados Parte de conformidad con su derecho interno.<br />
Artículo 16<br />
Extradición<br />
1.- El presente artículo se aplicará a los delitos comprendidos en la<br />
presente Convención o a los casos en que un delito al que se hace<br />
referencia en los apartados a) o b) del párrafo 1 del artículo 3 entrañe la<br />
participación de un grupo delictivo organizado y la persona que es objeto<br />
de la solicitud de extradición se encuentre en el territorio del Estado<br />
Parte requerido, siempre y cuando el delito por el que se pide la<br />
extradición sea punible con arreglo al derecho interno del Estado Parte<br />
requirente y del Estado Parte requerido.<br />
2.- Cuando la solicitud de extradición se base en varios delitos graves<br />
distintos, algunos de los cuales no estén comprendidos en el ámbito del<br />
presente artículo, el Estado Parte requerido podrá aplicar el presente<br />
artículo también respecto de estos últimos delitos.<br />
3.- Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se<br />
considerará incluido entre los delitos que dan lugar a extradición en todo<br />
tratado de extradición vigente entre los Estados Parte. Los Estados Parte<br />
se comprometen a incluir tales delitos como casos de extradición en todo<br />
tratado de extradición que celebren entre sí.<br />
4.- Si un Estado Parte que supedita la extradición a la existencia de un<br />
tratado recibe una solicitud de extradición de otro Estado Parte con el que<br />
no lo vincula ningún tratado de extradición, podrá considerar la presente<br />
Convención como la base jurídica de la extradición respecto de los delitos<br />
a los que se aplica el presente artículo.<br />
5.- Los Estados Parte que supediten la extradición a la existencia de un<br />
tratado deberán:<br />
a) En el momento de depositar su instrumento de ratificación,<br />
aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella,<br />
informar al Secretario General de las Naciones Unidas de si<br />
considerarán o no la presente Convención como la base jurídica de la<br />
cooperación en materia de extradición en sus relaciones con otros<br />
Estados Parte en la presente Convención; y<br />
b) Si no consideran la presente Convención como la base jurídica de<br />
la cooperación en materia de extradición, esforzarse, cuando proceda,<br />
por celebrar tratados de extradición con otros Estados Parte en la<br />
presente Convención a fin de aplicar el presente artículo.<br />
6.- Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de<br />
un tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo<br />
como casos de extradición entre ellos.<br />
7.- La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el<br />
derecho interno del Estado Parte requerido o en los tratados de extradición<br />
aplicables, incluidas, entre otras, las relativas al requisito de una pena<br />
mínima para la extradición y a los motivos por los que el Estado Parte<br />
requerido puede denegar la extradición.<br />
8.- Los Estados Parte, de conformidad con su derecho interno, procurarán<br />
agilizar los procedimientos de extradición y simplificar los requisitos<br />
probatorios correspondientes con respecto a cualquiera de los delitos a los<br />
que se aplica el presente artículo.<br />
9.- A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de<br />
extradición, el Estado Parte requerido podrá, tras haberse cerciorado de<br />
que las circunstancias lo justifican y tienen carácter urgente, y a<br />
solicitud del Estado Parte requirente, proceder a la detención de la<br />
persona presente en su territorio cuya extradición se pide o adoptar otras<br />
medidas adecuadas para garantizar la comparecencia de esa persona en los<br />
procedimientos de extradición.<br />
10.- El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre un presunto<br />
delincuente, si no lo extradita respecto de un delito al que se aplica el<br />
presente artículo por el solo hecho de ser uno de sus nacionales, estará<br />
obligado, previa solicitud del Estado Parte que pide la extradición, a<br />
someter el caso sin demora injustificada a sus autoridades competentes a<br />
efectos de enjuiciamiento. Dichas autoridades adoptarán su decisión y<br />
llevarán a cabo sus actuaciones judiciales de la misma manera en que lo<br />
harían respecto de cualquier otro delito de carácter grave con arreglo al<br />
derecho interno de ese Estado Parte. Los Estados Parte interesados<br />
cooperarán entre sí, en particular en lo que respecta a los aspectos<br />
procesales y probatorios, con miras a garantizar la eficiencia de dichas<br />
actuaciones.<br />
11.- Cuando el derecho interno de un Estado Parte le permita conceder la<br />
extradición o; de algún otro modo, la entrega de uno de sus nacionales sólo<br />
a condición de que esa persona sea devuelta a ese Estado Parte para cumplir<br />
la condena que le haya sido impuesta como resulta del juicio o proceso por<br />
el que se haya solicitado la extradición o la entrega, y cuando ese Estado<br />
Parte y el Estado Parte que solicite la extradición acepten esa opción, así<br />
como otras condiciones que estimen apropiadas, esa extradición o entrega<br />
condicional será suficiente para que quede cumplida la obligación enunciada<br />
en el párrafo 10 del presente artículo.<br />
12.- Si la extradición solicitada con el propósito de que se cumpla una<br />
condena es denegada por el hecho de que la persona buscada es nacional del<br />
Estado Parte requerido, éste, si su derecho interno lo permite y de<br />
conformidad con los requisitos de dicho derecho, considerará, previa<br />
solicitud del Estado Parte requirente, la posibilidad de hacer cumplir la<br />
condena impuesta o el resto pendiente de dicha condena con arreglo al<br />
derecho interno de Estado Parte requirente.<br />
13.- En todas las etapas de las actuaciones se garantizará un trato justo<br />
a toda persona contra la que se haya iniciado una instrucción en relación<br />
con cualquiera de los delitos a los que se aplica el presente artículo,<br />
incluido el goce de todos los derechos y garantías previstos por el derecho<br />
interno del Estado Parte en cuyo territorio se encuentre esa persona.<br />
14.- Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá interpretarse<br />
como la imposición de una obligación de extraditar si el Estado Parte<br />
requerido tiene motivos justificados para presumir que la solicitud se ha<br />
presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona por razón de su<br />
sexo, raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opiniones políticas o<br />
que su cumplimiento ocasionaría perjuicios a la posición de esa persona por<br />
cualquiera de estas razones.<br />
15.- Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de extradición<br />
únicamente porque se considere que el delito también entraña cuestiones<br />
tributarias.<br />
16.- Antes de denegar la extradición, el Estado Parte requerido, cuando<br />
proceda, consultará al Estado Parte requirente para darle amplia<br />
oportunidad de presentar sus opiniones y de proporcionar información<br />
pertinente a su alegato.<br />
17.- Los Estados Parte procurarán celebrar acuerdo o arreglos bilaterales<br />
y multilaterales para llevar a cabo la extradición o aumentar su eficacia.<br />
Artículo 17<br />
Traslado de personas condenadas a<br />
cumplir una pena<br />
Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de celebrar<br />
acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales sobre el traslado a su<br />
territorio de toda persona que haya sido condenada a pena de prisión o a<br />
otra pena de privación de libertad por algún delito comprendido en la<br />
presente Convención a fin de que complete allí su condena.<br />
Artículo 18<br />
Asistencia judicial recíproca<br />
1.- Los Estados Parte se prestarán la más amplia asistencia judicial<br />
recíproca respecto de investigaciones, procesos y actuaciones judiciales<br />
relacionados con los delitos comprendidos en la presente Convención con<br />
arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 y se prestarán también asistencia<br />
de esa índole cuando el Estado Parte requirente tenga motivos razonables<br />
para sospechar que el delito a que se hace referencia en los apartados a) o<br />
b) del párrafo 1 del artículo 3 es de carácter transnacional, así como que<br />
las víctimas, los testigos, el producto, los instrumentos o las pruebas de<br />
esos delitos se encuentran en el Estado Parte requerido y que el delito<br />
entraña la participación de un grupo delictivo organizado.<br />
2.- Se prestará asistencia judicial recíproca en la mayor medida posible<br />
conforme a las leyes, tratados, acuerdos y arreglos pertinentes del Estado<br />
Parte requerido con respecto a investigaciones, procesos y actuaciones<br />
judiciales relacionados con los delitos de los que una persona jurídica<br />
pueda ser considerada responsable de conformidad con el artículo 10 de la<br />
presente Convención en el Estado Parte requirente.<br />
3.- La asistencia judicial recíproca que se preste de conformidad con el<br />
presente artículo podrá solicitarse para cualquiera de los fines<br />
siguientes:<br />
a) Recibir testimonios o tomar declaración a personas;<br />
b) Presentar documentos judiciales;<br />
c) Efectuar inspecciones e incautaciones y embargos preventivos;<br />
d) Examinar objetos y lugares;<br />
e) Facilitar información, elementos de prueba y evaluaciones de<br />
peritos;<br />
f) Entregar originales o copias certificadas de los documentos y<br />
expedientes pertinentes, incluida la documentación pública, bancaria y<br />
financiera, así como la documentación social o comercial de sociedades<br />
mercantiles;<br />
g) Identificar o localizar el producto del delito, los bienes, los<br />
instrumentos u otros elementos con fines probatorios;<br />
h) Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado<br />
Parte requirente;<br />
i) Cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el derecho<br />
interno del Estado Parte requerido.<br />
4.- Sin menoscabo del derecho interno, las autoridades competentes de un<br />
Estado Parte podrán, sin que se les solicite previamente, transmitir<br />
información relativa a cuestiones penales a una autoridad competente de<br />
otro Estado Parte si creen que esa información podría ayudar a la autoridad<br />
a emprender o concluir con éxito indagaciones y procesos penales o podría<br />
dar lugar a una petición formulada por este último Estado Parte con arreglo<br />
a la presente Convención.<br />
5.- La transmisión de información con arreglo al párrafo 4 del presente<br />
artículo se hará sin perjuicio de las indagaciones y procesos penales que<br />
tengan lugar en el Estado de las autoridades competentes que facilitan la<br />
información. Las autoridades competentes que reciben la información deberán<br />
acceder a toda solicitud de que se respete su carácter confidencial,<br />
incluso temporalmente, o de que se impongan restricciones a su utilización.<br />
Sin embargo, ello no obstará para que el Estado Parte receptor revele, en<br />
sus actuaciones, información que sea exculpatoria de una persona acusada.<br />
En tal caso, el Estado Parte receptor notificará al Estado Parte transmisor<br />
antes de revelar dicha información y, si así se le solicita, consultará al<br />
Estado Parte transmisor. Si, en un caso excepcional, no es posible<br />
notificar con antelación, el Estado Parte receptor informará sin demora al<br />
Estado Parte transmisor de dicha revelación.<br />
6.- Lo dispuesto en el presente artículo no afectará a las obligaciones<br />
dimanantes de otros tratados bilaterales o multilaterales vigentes o<br />
futuros que rijan, total o parcialmente, la asistencia judicial recíproca.<br />
7.- Los párrafos 9 a 29 del presente artículo se aplicarán a las<br />
solicitudes que se formulen con arreglo al presente artículo siempre que no<br />
medie entre los Estados Parte interesados un tratado de asistencia judicial<br />
recíproca. Cuando esos Estados Parte estén vinculados por un tratado de esa<br />
índole se aplicarán las disposiciones correspondientes de dicho tratado,<br />
salvo que los Estados Parte convengan en aplicar, en su lugar, los párrafos<br />
9 a 29 del presente artículo. Se insta encarecidamente a los Estados Parte<br />
a que apliquen estos párrafos si facilitan la cooperación.<br />
8.- Los Estados Parte no invocarán el secreto bancario para denegar la<br />
asistencia judicial recíproca con arreglo al presente artículo.<br />
9.- Los Estados Parte podrán negarse a prestar la asistencia judicial<br />
recíproca con arreglo al presente artículo invocando la ausencia de doble<br />
incriminación. Sin embargo, de estimarlo necesario, el Estado Parte<br />
requerido podrá prestar asistencia, en la medida en que decida hacerlo a<br />
discreción propia, independientemente de que la conducta esté o no<br />
tipificada como delito en el derecho interno del Estado Parte requerido.<br />
10.- La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena en el<br />
territorio de un Estado Parte y cuya presencia se solicite en otro Estado<br />
Parte para fines de identificación, para prestar testimonio o para que<br />
ayude de alguna otra forma a obtener pruebas necesarias para<br />
investigaciones, procesos o actuaciones judiciales respecto de delitos<br />
comprendidos en la presente Convención podrá ser trasladada si se cumplen<br />
las condiciones siguientes:<br />
a) La persona, debidamente informada, da su libre consentimiento;<br />
b) Las autoridades competentes de ambos Estados Parte están de<br />
acuerdo, con sujeción a las condiciones que éstos consideren<br />
apropiadas.<br />
11.- A los efectos del párrafo 10 del presente artículo:<br />
a) El Estado Parte al que se traslade a la persona tendrá la<br />
competencia y la obligación de mantenerla detenida, salvo que el Estado<br />
Parte del que ha sido trasladada solicite o autorice otra cosa;<br />
b) El Estado Parte al que se traslade a la persona cumplirá sin<br />
dilación su obligación de devolverla a la custodia del Estado Parte del<br />
que ha sido trasladada, según convengan de antemano o de otro modo las<br />
autoridades competentes de ambos Estados Parte;<br />
c) El Estado Parte al que se traslade a la persona no podrá exigir<br />
al Estado Parte del que ha sido trasladada que inicie procedimientos de<br />
extradición para su devolución;<br />
d) El tiempo que la persona haya permanecido detenida en el Estado<br />
Parte al que ha sido trasladada se computará como parte de la pena que<br />
ha de cumplir en el Estado del que ha sido trasladada.<br />
12.- A menos que el Estado Parte desde el cual se ha de trasladar a una<br />
persona de conformidad con los párrafos 10 y 11 del presente artículo esté<br />
de acuerdo, dicha persona, cualquiera que sea su nacionalidad, no podrá ser<br />
enjuiciada, detenida, condenada ni sometida a ninguna otra restricción de<br />
su libertad personal en el territorio del Estado al que sea trasladada en<br />
relación con actos, omisiones o condenas anteriores a su salida del<br />
territorio del Estado del que ha sido trasladada.<br />
13.- Cada Estado Parte designará a una autoridad central encargada de<br />
recibir solicitudes de asistencia judicial recíproca y facultada para<br />
darles cumplimiento o para transmitirlas a las autoridades competentes para<br />
su ejecución. Cuando alguna región o algún territorio especial de un<br />
Estado Parte disponga de un régimen distinto de asistencia judicial<br />
recíproca, el Estado Parte podrá designar a otra autoridad central que<br />
desempeñará la misma función para dicha región o dicho territorio. Las<br />
autoridades centrales velarán por el rápido y adecuado cumplimiento o<br />
transmisión de las solicitudes recibidas. Cuando la autoridad central<br />
transmita la solicitud a una autoridad competente para su ejecución,<br />
alentará la rápida y adecuada ejecución de la solicitud por parte de dicha<br />
autoridad. Cada Estado Parte notificará al Secretario General de las<br />
Naciones Unidas, en el momento de depositar su instrumento de ratificación,<br />
aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, el<br />
nombre de la autoridad central que haya sido designada a tal fin. Las<br />
solicitudes de asistencia judicial recíproca y cualquier otra comunicación<br />
pertinente serán transmitidas a las autoridades centrales designadas por<br />
los Estados Parte. La presente disposición no afectará al derecho de<br />
cualquiera de los Estados Parte a exigir que estas solicitudes y<br />
comunicaciones le sean enviadas por vía diplomática y, en circunstancias<br />
urgentes, cuando los Estados Parte convengan en ello, por conducto de la<br />
Organización Internacional de Policía Criminal, de ser posible.<br />
14.- Las solicitudes se presentarán por escrito o, cuando sea posible, por<br />
cualquier medio capaz de registrar un texto escrito, en un idioma aceptable<br />
para el Estado Parte requerido, en condiciones que permitan a dicho Estado<br />
Parte determinar la autenticidad. Cada Estado Parte notificará al<br />
Secretario General de las Naciones Unidas, en el momento de depositar su<br />
instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la presente<br />
Convención o de adhesión a ella, el idioma o idiomas que sean aceptables<br />
para cada Estado Parte. En situaciones de urgencia, y cuando los Estados<br />
Parte convengan en ello, las solicitudes podrán hacerse oralmente, debiendo<br />
ser confirmadas sin demora por escrito.<br />
15.- Toda solicitud de asistencia judicial recíproca contendrá lo<br />
siguiente:<br />
a) La identidad de la autoridad que hace la solicitud;<br />
b) El objeto y la índole de las investigaciones, los procesos o las<br />
actuaciones judiciales a que se refiere la solicitud y el nombre y las<br />
funciones de la autoridad encargada de efectuar dichas investigaciones,<br />
procesos o actuaciones;<br />
c) Un resumen de los hechos pertinentes, salvo cuando se trate de<br />
solicitudes de presentación de documentos judiciales;<br />
d) Una descripción de la asistencia solicitada y pormenores sobre<br />
cualquier procedimiento particular que el Estado Parte requirente desee<br />
que se aplique;<br />
e) De ser posible, la identidad, ubicación y nacionalidad de toda<br />
persona interesada; y<br />
f) La finalidad para la que se solicita la prueba, información o<br />
actuación.<br />
16.- El Estado Parte requerido podrá pedir información complementaria<br />
cuando sea necesaria para dar cumplimiento a la solicitud de conformidad<br />
con su derecho interno o para facilitar dicho cumplimiento.<br />
17.- Se dará cumplimiento a toda solicitud con arreglo al derecho interno<br />
del Estado Parte requerido y en la medida en que ello no lo contravenga y<br />
sea factible, de conformidad con los procedimientos especificados en la<br />
solicitud.<br />
18.- Siempre que sea posible y compatible con los principios fundamentales<br />
del derecho interno, cuando una persona se encuentre en el territorio de un<br />
Estado Parte y tenga que prestar declaración como testigo o perito ante<br />
autoridades judiciales de otro Estado Parte, el primer Estado Parte, a<br />
solicitud del otro, podrá permitir que la audiencia se celebre por<br />
videoconferencia si no es posible o conveniente que la persona en cuestión<br />
comparezca personalmente en el territorio del Estado Parte requirente. Los<br />
Estados Parte podrán convenir en que la audiencia esté a cargo de una<br />
autoridad judicial del Estado Parte requirente y en que asista a ella una<br />
autoridad judicial del Estado Parte requerido.<br />
19.- El Estado Parte requirente no transmitirá ni utilizará, sin previo<br />
consentimiento del Estado Parte requerido, la información o las pruebas<br />
proporcionadas por el Estado Parte requerido para investigaciones, procesos<br />
o actuaciones judiciales distintos de los indicados en la solicitud. Nada<br />
de lo dispuesto en el presente párrafo impedirá que el Estado Parte<br />
requirente revele, en sus actuaciones, información o pruebas que sean<br />
exculpatorias de una persona acusada. En este último caso, el Estado Parte<br />
requirente notificará al Estado Parte requerido antes de revelar la<br />
información o las pruebas y, si así se le solicita, consultará al Estado<br />
Parte requerido. Si, en un caso excepcional, no es posible notificar con<br />
antelación, el Estado Parte requirente informará sin demora al Estado Parte<br />
requerido de dicha revelación.<br />
20.- El Estado Parte requirente podrá exigir que el Estado Parte requerido<br />
mantenga reserva acerca de la existencia y el contenido de la solicitud,<br />
salvo en la medida necesaria para darle cumplimiento. Si el Estado Parte<br />
requerido no puede mantener esa reserva, lo hará saber de inmediato al<br />
Estado Parte requirente.<br />
21.- La asistencia judicial recíproca podrá ser denegada:<br />
a) Cuando la solicitud no se haga de conformidad con lo dispuesto<br />
en el presente artículo;<br />
b) Cuando el Estado Parte requerido considere que el cumplimiento<br />
de lo solicitado podría menoscabar su soberanía, su seguridad, su orden<br />
público u otros intereses fundamentales;<br />
c) Cuando el derecho interno del Estado Parte requerido prohiba a<br />
sus autoridades actuar en la forma solicitada con respecto a un delito<br />
análogo, si éste hubiera sido objeto de investigaciones, procesos o<br />
actuaciones judiciales en el ejercicio de su propia competencia;<br />
d) Cuando acceder a la solicitud sea contrario al ordenamiento<br />
jurídico del Estado Parte requerido en lo relativo a la asistencia<br />
judicial recíproca.<br />
22.- Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de asistencia<br />
judicial recíproca únicamente porque se considere que el delito también<br />
entraña asuntos fiscales.<br />
23.- Toda denegación de asistencia judicial recíproca deberá fundamentarse<br />
debidamente.<br />
24.- El Estado Parte requerido cumplirá la solicitud de asistencia<br />
judicial recíproca lo antes posible y tendrá plenamente en cuenta, en la<br />
medida de sus posibilidades, los plazos que sugiera el Estado Parte<br />
requirente y que estén debidamente fundamentados, de preferencia en la<br />
solicitud. El Estado Parte requerido responderá a las solicitudes<br />
razonables que formule el Estado Parte requirente respecto de la evolución<br />
del trámite de la solicitud. El Estado Parte requirente informará con<br />
prontitud cuando ya no necesite la asistencia solicitada.<br />
25.- La asistencia judicial recíproca podrá ser diferida por el Estado<br />
Parte requerido si perturbase investigaciones, procesos o actuaciones<br />
judiciales en curso.<br />
26.- Antes de denegar una solicitud presentada con arreglo al párrafo 21<br />
del presente artículo o de diferir su cumplimiento con arreglo al párrafo<br />
25 del presente artículo, el Estado Parte requerido consultará al Estado<br />
Parte requirente para considerar si es posible prestar la asistencia<br />
solicitada supeditándola a las condiciones que estime necesarias. Si el<br />
Estado Parte requirente acepta la asistencia con arreglo a esas<br />
condiciones, ese Estado Parte deberá observar las condiciones impuestas.<br />
27.- Sin perjuicio de la aplicación del párrafo 12 del presente artículo,<br />
el testigo, perito u otra persona que, a instancias del Estado Parte<br />
requirente, consienta en prestar testimonio en un juicio o en colaborar en<br />
una investigación, proceso o actuación judicial en el territorio del Estado<br />
Parte requirente no podrá ser enjuiciado, detenido, condenado ni sometido a<br />
ninguna otra restricción de su libertad personal en ese territorio por<br />
actos, omisiones o declaraciones de culpabilidad anteriores a la fecha en<br />
que abandonó el territorio del Estado Parte requerido. Ese salvoconducto<br />
cesará cuando el testigo, perito u otra persona haya tenido, durante quince<br />
días consecutivos o durante el período acordado por los Estados Parte<br />
después de la fecha en que se le haya informado oficialmente de que las<br />
autoridades judiciales ya no requerían su presencia, la oportunidad de<br />
salir del país y no obstante permanezca voluntariamente en ese territorio o<br />
regrese libremente a él después de haberlo abandonado.<br />
28.- Los gastos ordinarios que ocasione el cumplimiento de una solicitud<br />
serán sufragados por el Estado Parte requerido, a menos que los Estados<br />
Parte interesados hayan acordado otra cosa. Cuando se requieran a este fin<br />
gastos cuantiosos o de carácter extraordinario, los Estados Parte se<br />
consultarán para determinar las condiciones en que se dará cumplimiento a<br />
la solicitud, así como la manera en que se sufragarán los gastos.<br />
29.- El Estado Parte requerido:<br />
a) Facilitará al Estado Parte requirente una copia de los<br />
documentos oficiales y otros documentos o datos que obren en su poder y<br />
a los que, conforme a su derecho interno, tenga acceso el público en<br />
general;<br />
b) Podrá, a su arbitrio y con sujeción a las condiciones que juzgue<br />
apropiadas, proporcionar al Estado Parte requirente una copia total o<br />
parcial de los documentos oficiales o de otros documentos o datos que<br />
obren en su poder y que, conforme a su derecho interno, no estén al<br />
alcance del público en general.<br />
30.- Cuando sea necesario, los Estados Parte considerarán la posibilidad<br />
de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales que sirvan a<br />
los fines del presente artículo y que, en la práctica hagan efectivas sus<br />
disposiciones o las refuercen.<br />
Artículo 19<br />
Investigaciones conjuntas<br />
Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o<br />
arreglos bilaterales o multilaterales en virtud de los cuales, en relación<br />
con cuestiones que son objeto de investigaciones, procesos o actuaciones<br />
judiciales en uno o más Estados, las autoridades competentes puedan<br />
establecer órganos mixtos de investigación. A falta de acuerdos o arreglos<br />
de esa índole, las investigaciones conjuntas podrán llevarse a cabo<br />
mediante acuerdos concertados caso por caso. Los Estados Parte<br />
participantes velarán por que la soberanía del Estado Parte en cuyo<br />
territorio haya de efectuarse la investigación sea plenamente respetada.<br />
Artículo 20<br />
Técnicas especiales de investigación<br />
1.- Siempre que lo permitan los principio fundamentales de su<br />
ordenamiento jurídico interno, cada Estado Parte adoptará, dentro de sus<br />
posibilidades y en las condiciones prescritas por su derecho interno, las<br />
medidas que sean necesarias para permitir el adecuado recurso a la entrega<br />
vigilada y, cuando lo considere apropiado, la utilización de otras técnicas<br />
especiales de investigación, como la vigilancia electrónica o de otra<br />
índole y las operaciones encubiertas, por sus autoridades competentes en su<br />
territorio con objeto de combatir eficazmente la delincuencia organizada.<br />
2.- A los efectos de investigar los delitos comprendidos en la presente<br />
Convención, se alienta a los Estados Parte a que celebren, cuando proceda,<br />
acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales apropiados para utilizar<br />
esas técnicas especiales de investigación en el contexto de la cooperación<br />
en el plano internacional. Esos acuerdos o arreglos se concertarán y<br />
ejecutarán respetando plenamente el principio de la igualdad soberana de<br />
los Estados y al ponerlos en práctica se cumplirán estrictamente las<br />
condiciones en ellos contenidas.<br />
3.- De no existir los acuerdos o arreglos mencionados en el párrafo 2 del<br />
presente artículo, toda decisión de recurrir a esas técnicas especiales de<br />
investigación en el plano internacional se adoptará sobre la base de cada<br />
caso particular y podrá, cuando sea necesario, tener en cuenta los arreglos<br />
financieros y los entendimientos relativos al ejercicio de jurisdicción por<br />
los Estados Parte interesados.<br />
4.- Toda decisión de recurrir a la entrega vigilada en el plano<br />
internacional podrá, con el consentimiento de los Estados Parte<br />
interesados, incluir la aplicación de métodos tales como interceptar los<br />
bienes, autorizarlos a proseguir intactos o retirarlos o sustituirlos total<br />
o parcialmente.<br />
Artículo 21<br />
Remisión de actuaciones penales<br />
Los Estados Parte considerarán la posibilidad de remitirse<br />
actuaciones penales para el enjuiciamiento por un delito comprendido en la<br />
presente Convención cuando se estime que esa remisión obrará en beneficio<br />
de la debida administración de justicia, en particular en casos en que<br />
intervengan varias jurisdicciones, con miras a concentrar las actuaciones<br />
del proceso.<br />
Artículo 22<br />
Establecimiento de antecedentes penales<br />
Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas o de otra<br />
índole que sean necesarias para tener en cuenta, en las condiciones y para<br />
los fines que estime apropiados, toda previa declaración de culpabilidad,<br />
en otro Estado, de un presunto delincuente a fin de utilizar esa<br />
información en actuaciones penales relativas a un delito comprendido en la<br />
presente Convención.<br />
Artículo 23<br />
Penalización de la obstrucción de la justicia<br />
Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole<br />
que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan<br />
intencionalmente:<br />
a) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa,<br />
el ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para inducir a<br />
falso testimonio u obstaculizar la prestación de testimonio o la<br />
aportación de pruebas en un proceso en relación con la comisión de uno<br />
de los delitos comprendidos en la presente Convención;<br />
b) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación para<br />
obstaculizar el cumplimiento de las funciones oficiales de un<br />
funcionario de la justicia o de los servicios encargados de hacer<br />
cumplir la ley en relación con la comisión de los delitos comprendidos<br />
en la presente Convención. Nada de lo previsto en el presente apartado<br />
menoscabará el derecho de los Estados Parte a disponer de legislación<br />
que proteja a otras categorías de funcionarios públicos.<br />
Artículo 24<br />
Protección de los testigos<br />
1.- Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas dentro de sus<br />
posibilidades para proteger de manera eficaz contra eventuales actos de<br />
represalia o intimidación a los testigos que participen en actuaciones<br />
penales y que presten testimonio sobre delitos comprendidos en la presente<br />
Convención, así como, cuando proceda, a sus familiares y demás personas<br />
cercanas.<br />
2.- Las medidas previstas en el párrafo 1 del presente artículo podrán<br />
consistir, entre otras, sin perjuicio de los derechos del acusado, incluido<br />
el derecho a las garantías procesales, en:<br />
a) Establecer procedimientos para la protección física de esas<br />
personas, incluida, en la medida de lo necesario y lo posible, su<br />
reubicación, y permitir, cuando proceda, la prohibición total o parcial<br />
de revelar información relativa a su identidad y paradero;<br />
b) Establecer normas probatorias que permitan que el testimonio de<br />
los testigos se preste de modo que no se ponga en peligro su seguridad,<br />
por ejemplo aceptando el testimonio por conducto de tecnologías de<br />
comunicación como videoconferencias u otros medios adecuados.<br />
3.- Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o<br />
arreglos con otros Estados para la reubicación de las personas mencionadas<br />
en el párrafo 1 del presente artículo.<br />
4.- Las disposiciones del presente artículo también serán aplicables a<br />
las víctimas en el caso de que actúen como testigos.<br />
Artículo 25<br />
Asistencia y protección a las víctimas<br />
1.- Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas dentro de sus<br />
posibilidades para prestar asistencia y protección a las víctimas de los<br />
delitos comprendidos en la presente Convención, en particular en casos de<br />
amenaza de represalia o intimidación.<br />
2.- Cada Estado Parte establecerá procedimientos adecuados que permitan a<br />
las víctimas de los delitos comprendidos en la presente Convención obtener<br />
indemnización y restitución.<br />
3.- Cada Estado Parte permitirá, con sujeción a su derecho interno, que<br />
se presenten y examinen las opiniones y preocupaciones de las víctimas en<br />
las etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los delincuentes<br />
sin que ello menoscabe los derechos de la defensa.<br />
Artículo 26<br />
Medidas para intensificar la cooperación con las<br />
autoridades encargadas de hacer cumplir la ley<br />
1.- Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para alentar a las<br />
personas que participen o hayan participado en grupos delictivos<br />
organizados a:<br />
a) Proporcionan información útil a las autoridades competentes con<br />
fines investigativos y probatorios sobre cuestiones como:<br />
i) La identidad, la naturaleza, la composición, la<br />
estructura, la ubicación o las actividades de los grupos<br />
delictivos organizados;<br />
ii) Los vínculos, incluidos los vínculos internacionales, con<br />
otros grupos delictivos organizados;<br />
iii) Los delitos que los grupos delictivos organizados hayan<br />
cometido o puedan cometer;<br />
b) Prestar ayuda efectiva y concreta a las autoridades competentes<br />
que pueda contribuir a privar a los grupos delictivos organizados de<br />
sus recursos o del producto del delito.<br />
2.- Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, en los casos<br />
apropiados, la mitigación de la pena de las personas acusadas que presten<br />
una cooperación sustancial en la investigación o el enjuiciamiento respecto<br />
de los delitos comprendidos en la presente Convención.<br />
3.- Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, de<br />
conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, la<br />
concesión de inmunidad judicial a las personas que presten una cooperación<br />
sustancial en la investigación o el enjuiciamiento respecto de los delitos<br />
comprendidos en la presente Convención.<br />
4.- La protección de esas personas será la prevista en el artículo 24 de<br />
la presente Convención.<br />
5.- Cuando una de las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente<br />
artículo que se encuentre en un Estado Parte pueda prestar una cooperación<br />
sustancial a las autoridades competentes de otro Estado Parte, los Estados<br />
Parte interesados podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o<br />
arreglos, de conformidad con su derecho interno, con respecto a la eventual<br />
concesión, por el otro Estado Parte, del trato enunciado en los párrafos 2<br />
y 3 del presente artículo.<br />
Artículo 27<br />
Cooperación en materia de cumplimiento de la ley<br />
1.- Los Estados Parte colaborarán estrechamente, en consonancia con sus<br />
respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos, con miras a aumentar<br />
la eficacia de las medidas de cumplimiento de la ley orientadas a combatir<br />
los delitos comprendidos en la presente Convención. En particular, cada<br />
Estado Parte adoptará medidas eficaces para:<br />
a) Mejorar los canales de comunicación entre sus autoridades,<br />
organismos y servicios competentes y, de ser necesario, establecerlos,<br />
a fin de facilitar el intercambio seguro y rápido de información sobre<br />
todos los aspectos de los delitos comprendidos en la presente<br />
Convención, así como, si los Estados Parte interesados lo estiman<br />
oportuno, sobre sus vinculaciones con otras actividades delictivas;<br />
b) Cooperar con otros Estados Parte en la realización de<br />
indagaciones con respecto a delitos comprendidos en la presente<br />
Convención acerca de:<br />
i) La identidad, el paradero y las actividades de personas<br />
presuntamente implicadas en tales delitos o la ubicación de otras<br />
personas interesadas;<br />
ii) El movimiento del producto del delito o de bienes<br />
derivados de la comisión de esos delitos;<br />
iii) El movimiento de bienes, equipo u otros instrumentos<br />
utilizados o destinados a utilizarse en la comisión de esos<br />
delitos;<br />
c) Proporcionar, cuando proceda, los elementos o las cantidades de<br />
sustancias que se requieran para fines de análisis o investigación;<br />
d) Facilitar una coordinación eficaz entre sus organismos,<br />
autoridades y servicios competentes y promover el intercambio de<br />
personal y otros expertos, incluida la designación de oficiales de<br />
enlace, con sujeción a acuerdos o arreglos bilaterales entre los<br />
Estados Parte interesados;<br />
e) Intercambiar información con otros Estados Parte sobre los<br />
medios y métodos concretos empleados por los grupos delictivos<br />
organizados, así como, cuando proceda, sobre las rutas y los medios de<br />
transporte y el uso de identidades falsas, documentos alterados o<br />
falsificados u otros medios de encubrir sus actividades;<br />
f) Intercambiar información y coordinar las medidas administrativas<br />
y de otra índole adoptadas con miras a la pronta detección de los<br />
delitos comprendidos en la presente Convención,<br />
2.- Los Estados Parte, con miras a dar efecto a la presente Convención,<br />
considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o<br />
multilaterales en materia de cooperación directa entre sus respectivos<br />
organismos encargados de hace cumplir la ley y, cuando tales acuerdos o<br />
arreglos ya existan, de enmendarlos. A falta de tales acuerdos o arreglos<br />
entre los Estados Parte interesados, las Partes podrán considerar la<br />
presente Convención como la base para la cooperación en materia de<br />
cumplimiento de la ley respecto de los delitos comprendidos en la presente<br />
Convención. Cuando proceda, los Estados Parte recurrirán plenamente a la<br />
celebración de acuerdos y arreglos, incluso con organizaciones<br />
internacionales o regionales, con miras a aumentar la cooperación entre sus<br />
respectivos organismos encargados de hacer cumplir la ley.<br />
3.- Los Estados Parte se esforzarán por colaborar en la medida de sus<br />
posibilidades para hacer frente a la delincuencia organizada transnacional<br />
cometida mediante el recurso a la tecnología moderna.<br />
Artículo 28<br />
Recopilación, intercambio y análisis de información sobre<br />
la naturaleza de la delincuencia organizada<br />
1.- Los Estados Parte considerarán la posibilidad de analizar, en<br />
consulta con los círculos científicos y académicos, las tendencias de la<br />
delincuencia organizada en su territorio, las circunstancias en que actúa<br />
la delincuencia organizada, así como los grupos profesionales y las<br />
tecnologías involucrados.<br />
2.- Los Estados Parte considerarán la posibilidad de desarrollar y<br />
compartir experiencia analítica acerca de las actividades de la<br />
delincuencia organizada, tanto a nivel bilateral como por conducto de<br />
organizaciones internacionales y regionales. A tal fin, se establecerán y<br />
aplicarán, según proceda, definiciones, normas y metodologías comunes.<br />
3.- Los Estados Parte considerarán la posibilidad de vigilar sus<br />
políticas y las medidas en vigor encaminadas a combatir la delincuencia<br />
organizada y evaluarán su eficacia y eficiencia.<br />
Artículo 29<br />
Capacitación y asistencia técnica<br />
1.- Cada Estado Parte, en la medida necesaria, formulará, desarrollará o<br />
perfeccionará programas de capacitación específicamente concebidos para el<br />
personal de sus servicios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos<br />
fiscales, jueces de instrucción y personal de aduanas, así como para el<br />
personal de otra índole encargado de la prevención, la detección y el<br />
control de los delitos comprendidos en la presente Convención. Esos<br />
programas podrán incluir adscripciones e intercambios de personal. En<br />
particular y en la medida en que lo permita el derecho interno, guardarán<br />
relación con:<br />
a) Los métodos empleados en la prevención, la detección y el<br />
control de los delitos comprendidos en la presente Convención;<br />
b) Las rutas y técnicas utilizadas por personas presuntamente<br />
implicadas en delitos comprendidos en la presente Convención, incluso<br />
en los Estados de tránsito, y las medidas de lucha pertinentes;<br />
c) La vigilancia del movimiento de bienes de contrabando;<br />
d) La detección y vigilancia de los movimientos del producto del<br />
delito o de los bienes, el equipo u otros instrumentos utilizados para<br />
cometer tales delitos y los métodos empleados para la transferencia,<br />
ocultación o disimulación de dicho producto, bienes, equipo u otros<br />
instrumentos, así como los métodos utilizados para combatir el blanqueo<br />
de dinero y otros delitos financieros;<br />
e) El acopio de pruebas;<br />
f) Las técnicas de control en zonas y puertos francos;<br />
g) El equipo y las técnicas modernos utilizados para hacer cumplir<br />
la ley, incluidas la vigilancia electrónica, la entrega vigilada y las<br />
operaciones encubiertas;<br />
h) Los métodos utilizados para combatir la delincuencia organizada<br />
transnacional mediante computadoras, redes de telecomunicaciones u<br />
otras formas de la tecnología moderna; y<br />
i) Los métodos utilizados para proteger a las víctimas y los<br />
testigos.<br />
2.- Los Estados Parte se prestarán asistencia en la planificación y<br />
ejecución de programas de investigación y capacitación encaminados a<br />
intercambiar conocimientos especializados en las esferas mencionadas en el<br />
párrafo 1 del presente artículo y, a tal fin, también recurrirán, cuando<br />
proceda, a conferencias y seminarios regionales e internacionales para<br />
promover la cooperación y fomentar el examen de los problemas de interés<br />
común, incluidos los problemas y necesidades especiales de los Estados de<br />
tránsito.<br />
3.- Los Estados Parte promoverán actividades de capacitación y asistencia<br />
técnica que faciliten la extradición y la asistencia judicial recíproca.<br />
Dicha capacitación y asistencia técnica podrán incluir la enseñanza de<br />
idiomas, adscripciones e intercambios de personal entre autoridades<br />
centrales u organismos con responsabilidades pertinentes.<br />
4.- Cuando haya acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales<br />
vigentes, los Estados Parte intensificarán, en la medida necesaria, sus<br />
esfuerzos por optimizar las actividades operacionales y de capacitación en<br />
las organizaciones internacionales y regionales, así como en el marco de<br />
otros acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales pertinentes.<br />
Artículo 30<br />
Otras medidas: aplicación de la Convención mediante<br />
el desarrollo económico y la asistencia técnica<br />
1.- Los Estados Parte adoptarán disposiciones conducentes a la aplicación<br />
óptima de la presente Convención en la medida de lo posible, mediante la<br />
cooperación internacional, teniendo en cuenta los efectos adversos de la<br />
delincuencia organizada en la sociedad en general y en el desarrollo<br />
sostenible en particular.<br />
2.- Los Estados Parte harán esfuerzos concretos, en la medida de lo<br />
posible y en forma coordinada entre sí, así como con organizaciones<br />
internacionales y regionales, por:<br />
a) Intensificar su cooperación en los diversos niveles con los<br />
países en desarrollo con miras a fortalecer las capacidades de esos<br />
países para prevenir y combatir la delincuencia organizada<br />
transnacional;<br />
b) Aumentar la asistencia financiera y material a fin de apoyar<br />
los esfuerzos de los países en desarrollo para combatir con eficacia la<br />
delincuencia organizada transnacional y ayudarles a aplicar<br />
satisfactoriamente la presente Convención;<br />
c) Prestar asistencia técnica a los países en desarrollo y a los<br />
países con economías en transición para ayudarles a satisfacer sus<br />
necesidades relacionadas con la aplicación de la presente Convención.<br />
A tal fin, los Estados Parte procurarán hacer contribuciones<br />
voluntarias adecuadas y periódicas a una cuenta específicamente<br />
designada a esos efectos en un mecanismo de financiación de las<br />
Naciones Unidas. Los Estados Parte también podrán considerar en<br />
particular la posibilidad, conforme a su derecho interno y a las<br />
disposiciones de la presente Convención, de aportar a la cuenta antes<br />
mencionada un porcentaje del dinero o del valor correspondiente del<br />
producto del delito o de los bienes ilícitos decomisados con arreglo a<br />
lo dispuesto en la presente Convención;<br />
d) Alentar y persuadir a otros Estados e instituciones<br />
financieras, según proceda, para que se sumen a los esfuerzos<br />
desplegados con arreglo al presente artículo, en particular<br />
proporcionando un mayor número de programas de capacitación y equipo<br />
moderno a los países en desarrollo a fin de ayudarles a lograr los<br />
objetivos de la presente Convención.<br />
3.- En lo posible, estas medidas no menoscabarán los compromisos<br />
existentes en materia de asistencia externa ni otros arreglos de<br />
cooperación financiera en los planos bilateral, regional o internacional.<br />
4.- Los Estados Parte podrán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o<br />
multilaterales sobre asistencia material y logística, teniendo en cuenta<br />
los arreglos financieros necesarios para hacer efectiva la cooperación<br />
internacional prevista en la presente Convención y para prevenir, detectar<br />
y combatir la delincuencia organizada transnacional.<br />
Artículo 31<br />
Prevención<br />
1.- Los Estados Parte procurarán formular y evaluar proyectos nacionales<br />
y establecer y promover prácticas y políticas óptimas para la prevención de<br />
la delincuencia organizada transnacional.<br />
2.- Los Estados Parte procurarán, de conformidad con los principios<br />
fundamentales de su derecho interno, reducir las oportunidades actuales o<br />
futuras de que dispongan los grupos delictivos organizados para participar<br />
en mercados lícitos con el producto del delito adoptando oportunamente<br />
medidas legislativas, administrativas o de otra índole. Estas medidas<br />
deberían centrarse en:<br />
a) El fortalecimiento de la cooperación entre los organismos<br />
encargados de hacer cumplir la ley o el ministerio público y las<br />
entidades privadas pertinentes, incluida la industria;<br />
b) La promoción de la elaboración de normas y procedimientos<br />
concebidos para salvaguardar la integridad de las entidades públicas y<br />
de las entidades privadas interesadas, así como códigos de conducta<br />
para profesiones pertinentes, en particular para los abogados, notarios<br />
públicos, asesores fiscales y contadores;<br />
c) La prevención de la utilización indebida por parte de grupos<br />
delictivos organizados de licitaciones públicas y de subsidios y<br />
licencias concedidos por autoridades públicas para realizar actividades<br />
comerciales;<br />
d) La prevención de la utilización indebida de personas jurídicas<br />
por parte de grupos delictivos organizados; a este respecto, dichas<br />
medidas podrían incluir las siguientes:<br />
i) El establecimiento de registros públicos de personas<br />
jurídicas y naturales involucradas en la constitución, la gestión y<br />
la financiación de personas jurídicas;<br />
ii) La posibilidad de inhabilitar por mandato judicial o<br />
cualquier medio apropiado durante un período razonable a las<br />
personas condenadas por delitos comprendidos en la presente<br />
Convención para actuar como directores de personas jurídicas<br />
constituidas en sus respectivas jurisdicciones;<br />
iii) El establecimiento de registros nacionales de personas<br />
inhabilitadas para actuar como directores de personas jurídicas; y<br />
iv) El intercambio de información contenida en los registros<br />
mencionados en los incisos i) y iii) del presente apartado con las<br />
autoridades competentes de otros Estados Parte.<br />
3.- Los Estados Parte procurarán promover la reintegración social de las<br />
personas condenadas por delitos comprendidos en la presente Convención.<br />
4.- Los Estados Parte procurarán evaluar periódicamente los instrumentos<br />
jurídicos y las prácticas administrativas pertinentes vigentes a fin de<br />
detectar si existe el peligro de que sean utilizados indebidamente por<br />
grupos delictivos organizados.<br />
5.- Los Estados Parte procurarán sensibilizar a la opinión pública con<br />
respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la delincuencia<br />
organizada transnacional y la amenaza que representa. Cuando proceda,<br />
podrá difundirse información a través de los medios de comunicación y se<br />
adoptarán medidas para fomentar la participación pública en los esfuerzos<br />
por prevenir y combatir dicha delincuencia.<br />
6.- Cada Estado Parte comunicará al Secretario General de las Naciones<br />
Unidas el nombre y la dirección de la autoridad o las autoridades que<br />
pueden ayudar a otros Estados Parte a formular medidas para prevenir la<br />
delincuencia organizada transnacional.<br />
7.- Los Estados Parte colaborarán entre sí y con las organizaciones<br />
internacionales y regionales pertinentes, según proceda, con miras a<br />
promover y formular las medidas mencionadas en el presente artículo. Ello<br />
incluye la participación en proyectos internacionales para la prevención de<br />
la delincuencia organizada transnacional, por ejemplo mediante la<br />
mitigación de las circunstancias que hacen vulnerables a los grupos<br />
socialmente marginados a las actividades de la delincuencia organizada<br />
transnacional.<br />
Artículo 32<br />
Conferencia de las Partes en la Convención<br />
1.- Se establecerá una Conferencia de las Partes en la Convención con<br />
objeto de mejorar la capacidad de los Estados Parte para combatir la<br />
delincuencia organizada transnacional y para promover y examinar la<br />
aplicación de la presente Convención.<br />
2.- El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la Conferencia<br />
de las Partes a más tardar un año después de la entrada en vigor de la<br />
presente Convención. La Conferencia de las Partes aprobará reglas de<br />
procedimiento y normas que rijan las actividades enunciadas en los párrafos<br />
3 y 4 del presente artículo (incluidas normas relativas al pago de los<br />
gastos resultantes de la puesta en marcha de esas actividades).<br />
3.- La Conferencia de las Partes concertará mecanismos con miras a lograr<br />
los objetivos mencionados en el párrafo 1 del presente artículo, en<br />
particular a:<br />
a) Facilitar las actividades que realicen los Estados Parte con<br />
arreglo a los artículos 29, 30 y 31 de la presente Convención,<br />
alentando inclusive la movilización de contribuciones voluntarias;<br />
b) Facilitar el intercambio de información entre Estados Parte<br />
sobre las modalidades y tendencias de la delincuencia organizada<br />
transnacional y sobre prácticas eficaces para combatirla;<br />
c) Cooperar con las organizaciones internacionales y regionales y<br />
las organizaciones no gubernamentales pertinentes;<br />
d) Examinar periódicamente la aplicación de la presente<br />
Convención;<br />
e) Formular recomendaciones para mejorar la presente Convención y<br />
su aplicación.<br />
4.- A los efectos de los apartados d) y e) el párrafo 3 del presente<br />
artículo, la Conferencia de las Partes obtendrá el necesario conocimiento<br />
de las medidas adoptadas y de las dificultades encontradas por los Estados<br />
Parte en aplicación de la presente Convención mediante la información que<br />
ellos le faciliten y mediante los demás mecanismos de examen que establezca<br />
la Conferencia de las Partes.<br />
5.- Cada Estado Parte facilitará a la Conferencia de las Partes<br />
información sobre sus programas, planes y prácticas, así como sobre las<br />
medidas legislativas y administrativas adoptadas para aplicar la presente<br />
Convención, según lo requiera la Conferencia de las Partes.<br />
Artículo 33<br />
Secretaría<br />
1.- El Secretario General de las Naciones Unidas prestará los servicios<br />
de secretaría necesarios a la Conferencia de las Partes en la Convención.<br />
2.- La secretaria:<br />
a) Prestará asistencia a la Conferencia de las Partes en la<br />
realización de las actividades enunciadas en el artículo 32 de la<br />
presente Convención y organizará los períodos de sesiones de la<br />
Conferencia de las Partes y les prestará los servicios necesarios;<br />
b) Prestará asistencia a los Estados Partes que la soliciten en el<br />
suministro de información a la Conferencia de las Parte según lo<br />
previsto en el párrafo 5 del artículo 32 de la presente Convención; y<br />
c) Velará por la coordinación necesaria con la secretaría de otras<br />
organizaciones internacionales y regionales pertinentes.<br />
Artículo 34<br />
Aplicación de la Convención<br />
1.- Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios<br />
fundamentales de su derecho interno, las medidas que sean necesarias,<br />
incluidas medidas legislativas y administrativas, para garantizar el<br />
cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a la presente Convención.<br />
2.- Los Estados Parte tipificarán en su derecho interno los delitos<br />
tipificados de conformidad con los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente<br />
Convención independientemente del carácter transnacional o la participación<br />
de un grupo delictivo organizado según la definición contenida en el<br />
párrafo 1 del artículo 3 de la presente Convención, salvo en la medida en<br />
que el artículo 5 de la presente Convención exija la participación de un<br />
grupo delictivo organizado.<br />
3.- Cada Estado Parte podrá adoptar medidas más estrictas o severas que<br />
las previstas en la presente Convención a fin de prevenir y combatir la<br />
delincuencia organizada transnacional.<br />
Artículo 35<br />
Solución de controversias<br />
1.- Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia relacionada<br />
con la interpretación o aplicación de la presente Convención mediante la<br />
negociación.<br />
2.- Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la<br />
interpretación o la aplicación de la presente Convención que no pueda<br />
resolverse mediante la negociación dentro de un plazo razonable deberá, a<br />
solicitud de uno de esos Estados Parte, someterse a arbitraje. Si, seis<br />
meses después de la fecha de la solicitud de arbitraje, esos Estados Parte<br />
no han podido ponerse de acuerdo sobre la organización del arbitraje,<br />
cualquiera de esos Estados Parte podrá remitir la controversia a la Corte<br />
Internacional de Justicia mediante solicitud conforme al Estatuto de la<br />
Corte.<br />
3.- Cada Estado Parte podrá, en el momento de la firma, ratificación,<br />
aceptación o aprobación de la presente Convención o adhesión a ella,<br />
declarar que no se considera vinculado por el párrafo 2 del presente<br />
artículo. Los demás Estados Parte no quedarán vinculados por el párrafo 2<br />
del presente artículo respecto de todo Estado Parte que haya hecho esa<br />
reserva.<br />
4.- El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con el<br />
párrafo 3 del presente artículo podrá en cualquier momento retirar esa<br />
reserva notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.<br />
Artículo 36<br />
Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión<br />
1.- La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados<br />
del 12 al 15 de diciembre de 2000 en Palermo (Italia) y después de esa<br />
fecha en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York hasta el 12 de<br />
diciembre de 2002.<br />
2.- La presente Convención también estará abierta a la firma de las<br />
organizaciones regionales de integración económica siempre que al menos uno<br />
de los Estados miembros de tales organizaciones haya firmado la presente<br />
Convención de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente<br />
artículo.<br />
3.- La presente Convención estará sujeta a ratificación, aceptación o<br />
aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se<br />
depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Las<br />
organizaciones regionales de integración económica podrán depositar su<br />
instrumento de ratificación, aceptación o aprobación si por lo menos uno de<br />
sus Estados miembros ha procedido de igual manera. En ese instrumento de<br />
ratificación, aceptación o aprobación, esas organizaciones declararán el<br />
alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por la<br />
presente Convención. Dichas organizaciones comunicarán también al<br />
depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su<br />
competencia.<br />
4.- La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los<br />
Estados u organizaciones regionales de integración económica que cuenten<br />
por lo menos con un Estado miembro que sea Parte en la presente Convención.<br />
Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario<br />
General de las Naciones Unidas. En el momento de su adhesión, las<br />
organizaciones regionales de integración económica declararán el alcance de<br />
su competencia con respecto a las cuestiones regidas por la presente<br />
Convención. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario<br />
cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia.<br />
Artículo 37<br />
Relación con los protocolos<br />
1.- La presente Convención podrá complementarse con uno o más protocolos.<br />
2.- Para pasar a ser parte en un protocolo, los Estados o las<br />
organizaciones regionales de integración económica también deberán ser<br />
parte en la presente Convención.<br />
3.- Los Estados Parte en la presente Convención no quedarán vinculados<br />
por un protocolo a menos que pasen a ser parte en el protocolo de<br />
conformidad con sus disposiciones.<br />
4.- Los protocolos de la presente Convención se interpretarán juntamente<br />
con ésta, teniendo en cuenta la finalidad de esos protocolos.<br />
Artículo 38<br />
Entrada en vigor<br />
1.- La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día después de<br />
la fecha en que se haya depositado el cuadragésimo instrumento de<br />
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. A los efectos del<br />
presente párrafo, los instrumentos depositados por una organización<br />
regional de integración económica no se considerarán adicionales a los<br />
depositados por los Estados miembros de tal organización.<br />
2.- Para cada Estado u organización regional de integración económica que<br />
ratifique, acepte o apruebe la presente Convención o se adhiera a ella<br />
después de haberse depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación,<br />
aceptación, aprobación o adhesión, la presente Convención entrará en vigor<br />
el trigésimo día después de la fecha en que ese Estado u organización haya<br />
depositado el instrumento pertinente.<br />
Artículo 39<br />
Enmienda<br />
1.- Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor de la<br />
presente Convención, los Estados Parte podrán proponer enmiendas por<br />
escrito al Secretario General de las Naciones Unidas, quien a continuación<br />
comunicará toda enmienda propuesta a los Estados Parte y a la Conferencia<br />
de las Partes en la Convención para que la examinen y decidan a respecto.<br />
La Conferencia de las Partes hará todo lo posible por lograr un consenso<br />
sobre cada enmienda. Si se han agotado todas las posibilidades de lograr<br />
un consenso y no se ha llegado a un acuerdo, la aprobación de la enmienda<br />
exigirá, en última instancia, una mayoría de dos tercios de los Estados<br />
Parte presentes y votantes en la sesión de la Conferencia de las Partes.<br />
2.- Las organizaciones regionales de integración económica, en asuntos de<br />
su competencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo al presente<br />
artículo con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que<br />
sean Partes en la presente Convención. Dichas organizaciones no ejercerán<br />
su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.<br />
3.- Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presente<br />
artículo estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los<br />
Estados Parte.<br />
4.- Toda enmienda refrendada de conformidad con el párrafo 1 del presente<br />
artículo entrará en vigor respecto de un Estado Parte noventa días después<br />
de la fecha en que éste deposite en poder del Secretario General de las<br />
Naciones Unidas un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de<br />
esa enmienda.<br />
5.- Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados<br />
Parte que hayan expresado su consentimiento al respecto. Los demás Estados<br />
Parte quedarán sujetos a las disposiciones de la presente Convención, así<br />
como a cualquier otra enmienda anterior que hubiesen ratificado, aceptado<br />
o aprobado.<br />
Artículo 40<br />
Denuncia<br />
1.- Los Estados Parte podrán denunciar la presente Convención mediante<br />
notificación escrita al Secretario General de las Naciones Unidas. La<br />
denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario<br />
General haya recibido la notificación.<br />
2.- Las organizaciones regionales de integración económica dejarán de ser<br />
Partes en la presente Convención cuando la hayan denunciado todos sus<br />
Estados miembros.<br />
3.- La denuncia de la presente Convención con arreglo al párrafo 1 del<br />
presente artículo entrañará la denuncia de sus protocolos.<br />
Artículo 41<br />
Depositario e idiomas<br />
1.- El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario de<br />
la presente Convención.<br />
2.- El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe, chino,<br />
español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en<br />
poder del Secretario General de las Naciones Unidas.<br />
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente<br />
autorizados por sus respectivos gobiernos, han firmado la presente<br />
Convención."<br />
|Miguel Ángel Rodríguez Echeverría |Roberto Rojas L. |<br />
|PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA |MINISTRO DE RELACIONES |<br />
| |EXTERIORES Y CULTO |<br />
| | |<br />
Rige a partir de su publicación.<br />
ASAMBLEA LEGISLATIVA.- San José, a los veintinueve días del mes de agosto<br />
del año dos mil dos.<br />
COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO<br />
Rolando Laclé Castro<br />
PRESIDENTE<br />
Ronaldo Alfaro García Lilliana Salas Salazar<br />
PRIMER SECRETARIO SEGUNDA SECRETARIA<br />
Lrr.-<br />
Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los doce días<br />
del mes de setiembre del dos mil dos.<br />
Ejecútese y publíquese<br />
ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA<br />
Elayne Whyte Gómez<br />
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES<br />
Y CULTO A.I.<br />
Sanción:12-09-2002<br />
Publicación: 27-06-03 a la Gaceta: 123
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