N° 8131<br />
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA<br />
Decreta:<br />
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA REPÚBLICA<br />
Y PRESUPUESTOS PÚBLICOS<br />
TÍTULO I<br />
Disposiciones Generales<br />
Artículo 1°- Ámbito de aplicación. La presente Ley regula el<br />
régimen económico-financiero de los órganos y entes administradores o<br />
custodios de los fondos públicos. Será aplicable a:<br />
a) La Administración Central, constituida por el Poder Ejecutivo y<br />
sus dependencias.<br />
b) Los Poderes Legislativo y Judicial, el Tribunal Supremo de<br />
Elecciones, sus dependencias y órganos auxiliares, sin perjuicio<br />
del principio de separación de Poderes estatuido en la Constitución<br />
Política.<br />
c) La Administración Descentralizada y las empresas públicas del<br />
Estado.<br />
d) Las universidades estatales, las municipalidades y la Caja<br />
Costarricense de Seguro Social, únicamente en cuanto al<br />
cumplimiento de los principios establecidos en el título II de esta<br />
Ley, en materia de responsabilidades y a proporcionar la<br />
información requerida por el Ministerio de Hacienda para sus<br />
estudios. En todo lo demás, se les exceptúa de los alcances y la<br />
aplicación de esta Ley.<br />
También esta Ley se aplicará, en lo que concierna, a los entes<br />
públicos no estatales, las sociedades con participación minoritaria del<br />
sector público y las entidades privadas, en relación con los recursos de la<br />
Hacienda Pública que administren o dispongan, por cualquier título, para<br />
conseguir sus fines y que hayan sido transferidos o puestos a su<br />
disposición, mediante partida o norma presupuestaria, por los órganos y<br />
entes referidos en los incisos anteriores o por los presupuestos<br />
institucionales de los bancos del Estado.<br />
Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a los bancos<br />
públicos, excepto en lo correspondiente al trámite de aprobación de sus<br />
presupuestos, así como a lo ordenado en los Artículos 57 y 94 y en el<br />
título X de esta Ley.<br />
Las normas técnicas básicas para aplicar esta Ley serán dictadas por<br />
los órganos competentes del Poder Ejecutivo, previa consulta a la<br />
Contraloría General de la República, la cual dictará las correspondientes a<br />
las universidades, municipalidades y los bancos públicos.<br />
En cuanto al ámbito de aplicación de esta Ley, rigen las<br />
restricciones dispuestas en este Artículo para el resto de las<br />
disposiciones establecidas.<br />
Artículo 2°- Régimen económico-financiero. El régimen económico-<br />
financiero comprende el conjunto de sistemas, órganos, normas y<br />
procedimientos administrativos que facilitan la recaudación de los recursos<br />
públicos y su utilización óptima para el cumplimiento de los objetivos<br />
estatales, así como los sistemas de control.<br />
Artículo 3°- Fines de la Ley. Los fines de la presente Ley que<br />
deberán considerarse en su interpretación y reglamentación serán:<br />
a) Propiciar que la obtención y aplicación de los recursos públicos<br />
se realicen según los principios de economía, eficiencia y<br />
eficacia.<br />
b) Desarrollar sistemas que faciliten información oportuna y<br />
confiable sobre el comportamiento financiero del sector público<br />
nacional, como apoyo a los procesos de toma de decisiones y<br />
evaluación de la gestión.<br />
c) Definir el marco de responsabilidad de los participantes en los<br />
sistemas aquí regulados.<br />
TÍTULO II<br />
Principios y disposiciones generales<br />
de Administración Financiera<br />
CAPÍTULO ÚNICO<br />
Artículo 4°- Sujeción al Plan Nacional de Desarrollo. Todo<br />
presupuesto público deberá responder a los planes operativos<br />
institucionales anuales, de mediano y largo plazo, adoptados por los<br />
jerarcas respectivos, así como a los principios presupuestarios<br />
generalmente aceptados; además, deberá contener el financiamiento asegurado<br />
para el año fiscal correspondiente, conforme a los criterios definidos en<br />
la presente Ley. El Plan Nacional de Desarrollo constituirá el marco<br />
global que orientará los planes operativos institucionales, según el nivel<br />
de autonomía que corresponda de conformidad con las disposiciones legales y<br />
constitucionales pertinentes.<br />
Artículo 5°- Principios presupuestarios. Para los efectos del<br />
Artículo anterior, deberán atenderse los siguientes principios<br />
presupuestarios:<br />
a) Principio de universalidad e integridad. El presupuesto deberá<br />
contener, de manera explícita, todos los ingresos y gastos<br />
originados en la actividad financiera, que deberán incluirse por su<br />
importe íntegro; no podrán atenderse obligaciones mediante la<br />
disminución de ingresos por liquidar.<br />
b) Principio de gestión financiera. La administración de los<br />
recursos financieros del sector público se orientará a los<br />
intereses generales de la sociedad, atendiendo los principios de<br />
economía, eficacia y eficiencia, con sometimiento pleno a la ley.<br />
c) Principio de equilibrio presupuestario. El presupuesto deberá<br />
reflejar el equilibrio entre los ingresos, los egresos y las<br />
fuentes de financiamiento.<br />
d) Principio de anualidad. El presupuesto regirá durante cada<br />
ejercicio económico que irá del 1 de enero al 31 de diciembre.<br />
e) Principio de programación. Los presupuestos deberán expresar<br />
con claridad los objetivos, las metas y los productos que se<br />
pretenden alcanzar, así como los recursos necesarios para<br />
cumplirlos, de manera que puedan reflejar el costo.<br />
f) Principio de especialidad cuantitativa y cualitativa. Las<br />
asignaciones presupuestarias del presupuesto de gastos, con los<br />
niveles de detalle aprobados, constituirán el límite máximo de<br />
autorizaciones para gastar. No podrán adquirirse compromisos para<br />
los cuales no existan saldos presupuestarios disponibles. Tampoco<br />
podrán destinarse saldos presupuestarios a una finalidad distinta<br />
de la prevista en el presupuesto, de conformidad con los preceptos<br />
legales y reglamentarios.<br />
g) Principio de publicidad. En aras de la transparencia, el<br />
presupuesto debe ser asequible al conocimiento público, por los<br />
medios electrónicos y físicos disponibles.<br />
Artículo 6°- Financiamiento de gastos corrientes. Para los<br />
efectos de una adecuada gestión financiera, no podrán financiarse gastos<br />
corrientes con ingresos de capital.<br />
Artículo 7°- Técnicas de formulación presupuestaria. En la<br />
formulación de los presupuestos, se utilizarán las técnicas y los<br />
principios presupuestarios aceptados, con base en criterios funcionales que<br />
permitan evaluar el cumplimiento de las políticas y los planes anuales, así<br />
como la incidencia y el impacto económico-financiero de la ejecución. Para<br />
ello,<br />
deberán atenderse elementos como la prestación de servicios, la producción<br />
de bienes y las funciones generales de dirección y apoyo de cada órgano,<br />
entidad o institución.<br />
Artículo 8°- Contenido de los presupuestos. Los presupuestos<br />
considerarán como mínimo:<br />
a) El presupuesto de ingresos, que comprenderá los generados por la<br />
recaudación de tributos, la prestación y venta de bienes y<br />
servicios, las transferencias, donaciones y otros, así como las<br />
fuentes de financiamiento, internas o externas.<br />
b) El presupuesto de gastos, que comprenderá todos los egresos<br />
previstos para cumplir los objetivos y las metas.<br />
c) La programación de actividades y metas esperadas para el<br />
período, según el nivel de detalle definido en el reglamento.<br />
d) Los requerimientos de recursos humanos, según el detalle que se<br />
establezca en el reglamento respectivo.<br />
e) Las normas que regulen exclusivamente la ejecución<br />
presupuestaria, las cuales se aplicarán durante el ejercicio<br />
económico para el que dicho presupuesto esté vigente<br />
Artículo 9°- Obligatoriedad de las normas y los lineamientos.<br />
Los proyectos de presupuesto de los entes y órganos del sector público<br />
deberán prepararse acatando las normas técnicas y los lineamientos de<br />
política presupuestaria dictados por el órgano competente.<br />
Artículo 10.- Medios de pago. Los entes y órganos del sector<br />
público definirán los medios de pago que podrán utilizarse en procura de la<br />
mayor conveniencia para las finanzas públicas. Atendiendo los principios<br />
de eficiencia y seguridad, podrán establecer que para determinados pagos se<br />
utilice un medio único e implementar los mecanismos y las condiciones para<br />
captar y recibir los recursos.<br />
A la vez, los obligados tendrán el derecho de que el cajero general o<br />
el cajero auxiliar reciba el pago con la sola condición de que, en el<br />
comprobante utilizado, quede constancia de la información requerida para<br />
identificar tanto la causa de la obligación como al obligado.<br />
Artículo 11.- Pago de obligaciones con el sector público. Ninguna<br />
suma de dinero depositada en cualquier oficina o institución, que no sea<br />
un cajero general o auxiliar debidamente autorizado, será reconocida como<br />
pago de obligaciones con la respectiva entidad.<br />
Ningún funcionario público podrá recibir dineros en pago de<br />
obligaciones con el sector público, si no está formalmente autorizado para<br />
tal efecto; tampoco podrá percibirlos por otros medios distintos del<br />
prescrito en el párrafo anterior o en leyes específicas, so pena de la<br />
sanción correspondiente.<br />
Artículo 12.- Requisitos para girar transferencias. Prohíbese a<br />
las entidades del sector público girar transferencias hasta tanto el<br />
presupuesto de la entidad perceptora que las incorpore no haya sido<br />
aprobado de conformidad con el ordenamiento jurídico.<br />
Artículo 13.- Garantías. Sin perjuicio de las previsiones que<br />
deba tomar la Administración, todo encargado de recaudar, custodiar o<br />
administrar fondos y valores públicos deberá rendir garantía con cargo a<br />
su propio peculio, en favor de la Hacienda Pública o la entidad respectiva,<br />
para asegurar el correcto cumplimiento de los deberes y las obligaciones de<br />
los funcionarios. Las leyes y los reglamentos determinarán las clases y<br />
los montos de las garantías, así como los procedimientos aplicables a este<br />
particular, tomando en consideración los niveles de responsabilidad, el<br />
monto administrado y el salario del funcionario.<br />
Artículo 14.- Sistemas de contabilidad. Los entes establecidos en<br />
el Artículo 1 no podrán constituir fideicomisos con fondos provenientes del<br />
erario de no existir una ley especial que los autorice. Dicha ley regulará<br />
las condiciones generales que se incluirán en el contrato de fideicomiso.<br />
Estos entes se sujetarán a la legislación vigente en lo relativo a la<br />
contratación tanto de bienes y servicios como del recurso humano necesario<br />
para la consecución de los objetivos. Asimismo, dichos contratos de<br />
fideicomiso serán de refrendo obligado por parte de la Contraloría General<br />
de la República, la cual, para todos los efectos y en acatamiento del<br />
mandato constitucional, deberá fiscalizar el uso correcto de los dineros,<br />
aprobar los presupuestos de ingresos y egresos, así como emitir las<br />
directrices atinentes a procurar un manejo sano de ellos.<br />
Artículo 15.- Criterios. El sistema de contabilidad de los entes<br />
y órganos del sector público, atenderá los siguientes criterios:<br />
a) Estar basado en principios y normas de contabilidad pública<br />
generalmente aceptados.<br />
b) Permitir la integración de la información presupuestaria del<br />
tesoro con la información patrimonial de cada entidad entre sí.<br />
c) Reflejar la ejecución presupuestaria, los movimientos y la<br />
situación del tesoro, así como las variaciones, composición y<br />
situación del patrimonio de la entidad.<br />
Artículo 16.- Prohibición de otorgar garantías en favor de<br />
personas privadas. Ningún órgano ni ente del sector público podrá otorgar<br />
avales o garantías de operaciones de crédito en favor de personas físicas o<br />
jurídicas de capital enteramente privado, salvo las operaciones típicamente<br />
bancarias de los bancos estatales y el Instituto Nacional de Seguros.<br />
Artículo 17.- Sistemas de control. Para propiciar el uso adecuado<br />
de los recursos financieros del sector público, se contará con sistemas de<br />
control interno y externo.<br />
Artículo 18.- Responsabilidades de control. El control interno<br />
será responsabilidad de la máxima autoridad de cada dependencia. En los<br />
procesos donde participen dependencias diferentes, cada una será<br />
responsable de los subprocesos o actividades que le correspondan.<br />
El control externo corresponderá a la Contraloría General de la<br />
República, de acuerdo con su Ley Orgánica y las disposiciones<br />
constitucionales.<br />
TÍTULO III<br />
Programación Macroeconómica y Fiscal<br />
CAPÍTULO ÚNICO<br />
Artículo 19.- Programación macroeconómica. Sin perjuicio de lo<br />
dispuesto en el Artículo 4 de esta Ley, el marco de referencia para<br />
preparar los presupuestos del sector público estará constituido por la<br />
programación macroeconómica que realizará el Poder Ejecutivo, con la<br />
colaboración del Banco Central de Costa Rica y cualquier otra institución<br />
cuyo concurso se requiera para estos fines, según el Reglamento.<br />
Artículo 20.- Contenido de la programación macroeconómica. La<br />
programación macroeconómica consistirá en la evaluación y proyección del<br />
estado de la economía que, con fundamento en las principales variables<br />
económicas y sociales, tendrá el objetivo de formular directrices y<br />
lineamientos generales que procuren un alto grado de coordinación entre las<br />
políticas en el campo macroeconómico, respetando la autonomía del Banco<br />
Central de Costa Rica en materia cambiaria y monetaria.<br />
Esa programación se fundamentará en las consideraciones de tipo<br />
estratégico, de orden económico y social, así como en las prioridades<br />
definidas por los jerarcas de los respectivos Poderes.<br />
Artículo 21.- Autoridad Presupuestaria. Para los efectos del<br />
ordenamiento presupuestario del sector público, existirá un órgano<br />
colegiado denominado Autoridad Presupuestaria. Además de asesorar al<br />
Presidente de la República en materia de política presupuestaria, tendrá<br />
las siguientes funciones específicas:<br />
a) Formular, para la aprobación posterior del órgano competente<br />
según el inciso b) del presente Artículo, las directrices y los<br />
lineamientos generales y específicos de política presupuestaria<br />
para los órganos referidos en los incisos a), b) y c) del Artículo<br />
1, incluso lo relativo a salarios, empleo, inversión y<br />
endeudamiento. No estarán sujetos a los lineamientos de la<br />
Autoridad Presupuestaria los órganos mencionados en el inciso d)<br />
del Artículo 1, además de los entes públicos, cuyos ingresos<br />
provengan, mediante una legislación especial, del aporte de los<br />
sectores productivos a los que representan.<br />
b) Presentar, para conocimiento del Consejo de Gobierno y<br />
aprobación del Presidente de la República, las directrices y los<br />
lineamientos de política presupuestaria para los órganos referidos<br />
en los incisos a) y c) del Artículo 1. En el caso de los órganos<br />
citados en el inciso b) del Artículo 1 de esta Ley, los mencionados<br />
lineamientos y directrices se propondrán a los jerarcas respectivos<br />
para su conocimiento y aprobación.<br />
c) Velar por el cumplimiento de las directrices y los lineamientos<br />
de política presupuestaria.<br />
Artículo 22.- Conformación. Conformarán la Autoridad<br />
Presupuestaria:<br />
a) El Ministro de Hacienda o su Viceministro, quien la presidirá.<br />
b) El Ministro de Planificación Nacional y Política Económica o un<br />
representante.<br />
c) Un Ministro designado por el Presidente de la República o su<br />
Viceministro.<br />
La Autoridad Presupuestaria contará con un órgano ejecutivo cuyas<br />
funciones se dispondrán en el Reglamento de esta Ley. Dicho órgano estará<br />
a cargo de un Director nombrado por el Ministro de Hacienda. El Director<br />
de Presupuesto Nacional podrá ser designado para este puesto.<br />
Artículo 23.- Lineamientos de política presupuestaria. A partir<br />
de la programación macroeconómica, la Autoridad Presupuestaria, tomando en<br />
consideración el Plan Nacional de Desarrollo, elaborará la propuesta de<br />
lineamientos generales y específicos de política presupuestaria del<br />
siguiente ejercicio económico, para los órganos y entes comprendidos en los<br />
incisos a), b) y c) del Artículo 1 de esta Ley.<br />
En lo que atañe a los órganos y entes incluidos en los incisos a) y<br />
c) del Artículo 1, la propuesta de lineamientos de política presupuestaria<br />
será conocida por el Consejo de Gobierno y la aprobación definitiva<br />
corresponderá al Presidente de la República. Estos lineamientos deberán<br />
publicarse a más tardar el 31 de marzo del año que precede al ejercicio de<br />
que se trate y serán de aplicación obligatoria. La máxima autoridad de<br />
cada órgano y entidad será la responsable de cumplirlos.<br />
En lo que respecta a los órganos aludidos en el inciso b) del<br />
Artículo 1, las directrices referidas se propondrán a los jerarcas<br />
respectivos para su conocimiento y aprobación.<br />
Artículo 24.- Cumplimiento de los lineamientos. Los órganos de la<br />
Administración Central cuyos presupuestos deben ser aprobados por la<br />
Contraloría General de la República, así como los incluidos en el inciso c)<br />
del Artículo 1 de esta Ley, remitirán a la Autoridad Presupuestaria copia<br />
de sus documentos presupuestarios cuando los presenten a la Contraloría<br />
para su aprobación, con el propósito de verificar el cumplimiento de las<br />
directrices y los lineamientos generales y específicos de política<br />
presupuestaria. La Autoridad Presupuestaria informará a la Contraloría<br />
General de la República sobre los resultados de esta verificación.<br />
Artículo 25.- Limitaciones al endeudamiento. La programación<br />
macroeconómica también será utilizada por la Autoridad Presupuestaria como<br />
marco para proponer el límite al crédito del sector público no financiero.<br />
Este precisará el monto máximo del crédito que la Administración Central y<br />
las instituciones públicas no financieras podrán obtener del Sistema<br />
Bancario Nacional, elementos que se incluirán en los lineamientos de<br />
política presupuestaria. Estos límites permanecerán vigentes durante toda<br />
la extensión del ciclo presupuestario subsiguiente.<br />
TÍTULO IV<br />
Sistema de Administración Financiera<br />
CAPÍTULO ÚNICO<br />
Artículo 26.- Definición del Sistema. El Sistema de<br />
Administración Financiera del sector público estará conformado por el<br />
conjunto de normas, principios y procedimientos utilizados, así como por<br />
los entes y órganos participantes en el proceso de planificación,<br />
obtención, asignación, utilización, registro, control y evaluación de sus<br />
recursos financieros.<br />
Artículo 27.- Órgano rector. El Ministerio de Hacienda será el<br />
órgano rector del Sistema de Administración Financiera.<br />
Artículo 28.- Competencias del órgano rector. Serán competencias<br />
del Ministerio de Hacienda, en su papel de rector del Sistema de<br />
Administración Financiera, sin perjuicio de las potestades asignadas a la<br />
Contraloría General de la República ni de la independencia y autonomía de<br />
que gozan los órganos y entes referidos en los incisos b) y c) del Artículo<br />
1 de esta Ley, las siguientes:<br />
a) Dirigir, coordinar y supervisar los subsistemas que conforman el<br />
Sistema de Administración Financiera.<br />
b) Promover la eficiencia y eficacia del sistema de recaudación de<br />
los ingresos de su competencia y velar por él.<br />
c) Promover el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos y<br />
velar por él.<br />
d) Coordinar las actividades de procesamiento de datos, para<br />
efectos del cumplimiento de esta Ley.<br />
e) Dictar, con el Presidente de la República, los decretos<br />
relativos a la administración de los recursos financieros del<br />
Estado.<br />
f) Propiciar la formación y capacitación de los funcionarios que<br />
laboren en el Sistema de Administración Financiera, para el<br />
cumplimiento efectivo de los objetivos de esta Ley.<br />
g) Las demás competencias que otorguen la ley o los reglamentos.<br />
Artículo 29.- Subsistemas. El Sistema de Administración<br />
Financiera comprende los siguientes subsistemas, que deberán estar<br />
interrelacionados:<br />
a) Subsistema de Presupuesto.<br />
b) Subsistema de Tesorería.<br />
c) Subsistema de Crédito Público.<br />
d) Subsistema de Contabilidad.<br />
Asimismo, el Sistema de Administración de Bienes y Contratación<br />
Administrativa se concebirá como un sistema complementario.<br />
TÍTULO V<br />
Subsistema de Presupuesto<br />
CAPÍTULO I<br />
Generalidades<br />
Artículo 30.- Definición. El Subsistema de Presupuesto comprende<br />
los principios, las técnicas, los métodos y procedimientos empleados, así<br />
como los órganos participantes en el proceso presupuestario.<br />
Artículo 31.- Objetivos. Los objetivos del Subsistema de<br />
Presupuesto serán:<br />
a) Presupuestar los recursos públicos según la programación<br />
macroeconómica, de modo que el presupuesto refleje las prioridades<br />
y actividades estratégicas del Gobierno, así como los objetivos y<br />
las metas del Plan Nacional de Desarrollo.<br />
b) Lograr que las etapas de formulación, discusión y aprobación del<br />
presupuesto se cumplan en el tiempo y la forma requeridos.<br />
c) Velar porque la ejecución presupuestaria se programe y<br />
desarrolle coordinadamente, utilizando los recursos según las<br />
posibilidades financieras, la naturaleza de los gastos y los<br />
avances en el cumplimiento de los objetivos y las metas.<br />
d) Dar seguimiento a los resultados financieros de la gestión<br />
institucional y aplicar los ajustes y las medidas correctivas que<br />
se estimen necesarias para garantizar el cumplimiento de los<br />
objetivos y las metas, así como el uso racional de los recursos<br />
públicos.<br />
Artículo 32.- Competencias del órgano rector. Como órgano rector<br />
del Subsistema de Presupuesto, la Dirección General de Presupuesto<br />
Nacional, órgano al que se refiere el Artículo 177 de la Constitución<br />
Política, tendrá las funciones y los deberes siguientes:<br />
a) Elaborar, junto con la Contraloría General de la República, y<br />
dictar los criterios y lineamientos generales que informen las<br />
normas técnicas del proceso de programación, presupuestación y<br />
evaluación presupuestaria del sector público.<br />
b) Dictar las normas técnicas del proceso de elaboración, ejecución<br />
y evaluación presupuestaria de la Administración Central.<br />
c) Analizar los anteproyectos de presupuesto de los órganos y las<br />
dependencias de los entes y órganos incluidos en los incisos a) y<br />
b) del Artículo 1 cuyos presupuestos deban ser aprobados por la<br />
Asamblea Legislativa y realizar los ajustes que procedan, de<br />
conformidad con los lineamientos establecidos dentro de los límites<br />
constitucionales.<br />
d) Elaborar los proyectos de presupuestos ordinarios y<br />
extraordinarios de la República y sus modificaciones.<br />
e) Asesorar, en materia presupuestaria, a todas las entidades e<br />
instituciones del sector público regidas por esta Ley.<br />
f) Poner a disposición de todas las entidades e instituciones del<br />
sector público, el privado o cualquier persona que lo solicite, la<br />
información relativa al contenido del presupuesto nacional<br />
aprobado. Deberán emplearse los medios especificados en esta Ley.<br />
g) Elaborar, en coordinación con la Tesorería Nacional, la<br />
programación financiera de la ejecución del Presupuesto de la<br />
República de conformidad con lo establecido en el Artículo 43.<br />
h) Controlar y evaluar la ejecución parcial y final de los planes y<br />
presupuestos de la Administración Central, aplicando los principios<br />
de esta Ley, su reglamento y las normas técnicas pertinentes.<br />
i) Proponer su propia organización, la cual se determinará mediante<br />
reglamento.<br />
j) Todas las demás atribuciones que le otorguen la Ley y los<br />
reglamentos.<br />
CAPÍTULO II<br />
Proceso Presupuestario<br />
SECCIÓN I<br />
Formulación del Presupuesto de la República<br />
Artículo 33.- Inicio del proceso. Formalmente, el proceso<br />
presupuestario se iniciará con la planificación operativa que cada órgano y<br />
entidad debe realizar en concordancia con los planes de mediano y largo<br />
plazo, las políticas y los objetivos institucionales definidos para el<br />
período, los asuntos coyunturales, la política presupuestaria y los<br />
lineamientos que se dicten para el efecto.<br />
Las técnicas de programación presupuestaria se definirán mediante el<br />
reglamento de esta Ley.<br />
Artículo 34.- Responsable de presentar el anteproyecto. El<br />
titular de cada ente y órgano incluidos en los incisos a) y b) del Artículo<br />
1 será el responsable de presentar el anteproyecto de presupuesto al<br />
Ministerio de Hacienda, atendiendo las disposiciones en cuanto a la forma y<br />
los plazos que se definan para ese efecto.<br />
Artículo 35.- Facultades de la Dirección General de Presupuesto<br />
Nacional. La Dirección General de Presupuesto Nacional analizará los<br />
anteproyectos de presupuesto que deberán ser aprobados por la Asamblea<br />
Legislativa y efectuará los ajustes necesarios de conformidad con la<br />
política presupuestaria y en estricto cumplimiento de los Artículos 176 y<br />
177 de la Constitución Política. Igualmente, con la aprobación del<br />
Ministro de Hacienda, podrá aumentar cualquier partida a solicitud del<br />
titular respectivo.<br />
Artículo 36.- Información del proyecto de ley. La Dirección<br />
General de Presupuesto Nacional elaborará el proyecto de Ley de<br />
presupuesto, atendiendo lo ordenado en el Artículo 8 de esta Ley sobre el<br />
contenido de los presupuestos.<br />
En el proyecto de presupuesto deberá incluirse, además, una<br />
evaluación cuantitativa y cualitativa del impacto eventual en el mediano<br />
plazo, de las políticas de ingresos, gastos y financiamiento a partir de<br />
las cuales se elaboró dicho presupuesto, en las variables macroeconómicas,<br />
en especial en las finanzas públicas, según los requerimientos que se<br />
definan vía reglamento.<br />
La Asamblea Legislativa, según las disposiciones de su Reglamento,<br />
podrá solicitar al Ministerio de Hacienda la inclusión de información<br />
adicional en el proyecto de ley a más tardar el 31 de mayo. Dicha<br />
solicitud deberá ser atendida obligatoriamente.<br />
Artículo 37.- Clasificaciones presupuestarias. Las<br />
clasificaciones presupuestarias de ingresos y gastos se determinarán en el<br />
Reglamento de esta Ley. Para ello, se considerarán, entre otros asuntos,<br />
las necesidades de cada una de las etapas del proceso presupuestario. Tal<br />
reglamentación deberá elaborarse previa consulta a la Contraloría General<br />
de la República, en lo que corresponda dentro del cumplimiento de sus<br />
funciones constitucionales.<br />
Artículo 38.- Fecha de presentación e información complementaria.<br />
El Poder Ejecutivo, por medio del Ministro de Hacienda, presentará el<br />
proyecto de Ley de presupuesto a conocimiento de la Asamblea Legislativa,<br />
a más tardar el 1 de setiembre anterior al año en que regirá dicha ley.<br />
Además, presentará la certificación de ingresos por parte de la Contraloría<br />
General de la República, y la del Banco Central de Costa Rica, en<br />
cuanto a la capacidad de endeudamiento del sector público y los posibles<br />
efectos sobre la economía nacional. Asimismo, al proyecto se le anexará un<br />
informe con los principales objetivos que se propone alcanzar, la<br />
información detallada sobre los compromisos plurianuales, el análisis, en<br />
un contexto de corto y mediano plazo de cinco años como mínimo, de los<br />
aspectos macroeconómicos y financieros considerados en la preparación, la<br />
explicación de las metodologías utilizadas en las estimaciones que se<br />
involucren, los criterios para definir prioridades y la información<br />
adicional que se considere oportuna.<br />
Artículo 39.- Delimitación de facultades en materia<br />
presupuestaria. La iniciativa de los presupuestos corresponde al Poder<br />
Ejecutivo. La Asamblea Legislativa no podrá aumentar los gastos propuestos<br />
por el Poder Ejecutivo, salvo que fije las nuevas rentas o los ingresos<br />
necesarios a los presupuestados que hayan de cubrirlos, previo informe de<br />
la Contraloría General de la República sobre la efectividad fiscal.<br />
Artículo 40.- Apoyo en el proceso de discusión. Para facilitar el<br />
análisis y la toma de decisiones, en el proceso de discusión del proyecto<br />
de presupuesto, la Asamblea Legislativa podrá requerir los servicios de<br />
funcionarios de otros órganos e instituciones públicas especializados en la<br />
materia.<br />
La Contraloría General de la República enviará, a la Asamblea<br />
Legislativa, a más tardar el 30 de setiembre del año que corresponda, un<br />
informe técnico sobre el proyecto de ley de presupuesto nacional. Para<br />
ello, el Poder Ejecutivo le remitirá, en la fecha fijada en el Artículo 178<br />
de la Constitución Política, copia del proyecto junto con la información<br />
razonable que la Asamblea haya solicitado con la debida anticipación, de<br />
conformidad con el reglamento de esta Ley.<br />
SECCIÓN II<br />
Ejecución del Presupuesto de la República<br />
Artículo 41.- Procedimientos y etapas para la ejecución. Las<br />
etapas y los procedimientos necesarios para ejecutar el presupuesto<br />
nacional serán definidos mediante el Reglamento de esta Ley.<br />
Artículo 42.- Programación financiera de la ejecución. La<br />
Dirección General de Presupuesto Nacional, en coordinación con la Tesorería<br />
Nacional, elaborará la programación financiera de la ejecución del<br />
presupuesto de la Administración Central, a partir de la información que<br />
deberán presentarle sus dependencias. Dicha información será especificada<br />
en el reglamento respectivo. En lo que corresponde a los entes y órganos<br />
incluidos en el inciso b) del Artículo 1, deberán presentar la programación<br />
financiera de la ejecución de sus presupuestos a la Dirección General de<br />
Presupuesto Nacional.<br />
De requerirse subejecutar la autorización inicial, al Consejo de<br />
Gobierno le corresponderá aprobar los lineamientos generales de la<br />
subejecución a propuesta del Ministerio de Hacienda; corresponderá a los<br />
jerarcas de cada ente u órgano la decisión final sobre las partidas que se<br />
subejecutarán.<br />
Artículo 43.- Ejecución de transferencias presupuestarias. Los<br />
recursos que se asignen como transferencias presupuestarias, tanto a favor<br />
de sujetos de derecho público como de derecho privado, se mantendrán en la<br />
caja única del Estado y serán girados a sus destinatarios conforme a la<br />
programación financiera que realice el Ministerio de Hacienda, con base en<br />
la programación que le presenten los respectivos destinatarios y la<br />
disponibilidad de recursos del Estado.<br />
Artículo 44.- Financiamiento de nuevos gastos. Toda ley<br />
ordinaria que tenga efectos en el presupuesto nacional deberá indicar,<br />
explícitamente, de qué manera se efectuarán los ajustes presupuestarios<br />
para mantener el principio del equilibrio. En consecuencia, de acuerdo con<br />
el marco jurídico vigente, deberán realizarse los movimientos<br />
presupuestarios correspondientes.<br />
Artículo 45.- Presupuestos extraordinarios y modificaciones.<br />
Podrán dictarse presupuestos extraordinarios y modificaciones del<br />
presupuesto nacional, según las siguientes consideraciones:<br />
a) Quedan reservados a la Asamblea Legislativa:<br />
i) Los que afecten el monto total del presupuesto.<br />
ii) Los que conlleven un aumento de los gastos corrientes en<br />
detrimento de los gastos de capital.<br />
iii) Las transferencias entre programas presupuestarios.<br />
iv) Los que afecten el monto total de endeudamiento.<br />
v) Las transferencias entre servicios no personales y servicios<br />
personales.<br />
b) Quedan reservadas al Poder Ejecutivo todas las modificaciones no<br />
indicadas en el inciso anterior, de acuerdo con la reglamentación<br />
que se dicte para tal efecto.<br />
Artículo 46.- Compromisos presupuestarios. Los saldos disponibles<br />
de las asignaciones presupuestarias caducarán al 31 de diciembre de cada<br />
año.<br />
Los gastos comprometidos pero no devengados a esa fecha, se afectarán<br />
automáticamente en el ejercicio económico siguiente y se imputarán a los<br />
créditos disponibles para este ejercicio.<br />
Los saldos disponibles de las fuentes de financiamiento de crédito<br />
público externo y las autorizaciones de gasto asociadas, se incorporarán<br />
automáticamente al presupuesto del ejercicio económico siguiente.<br />
El monto no utilizado de la autorización por endeudamiento interno<br />
incluida en el presupuesto nacional, caducará el 31 de diciembre del año<br />
correspondiente; por ende, no podrá ser utilizado con posterioridad a tal<br />
fecha.<br />
Mediante reglamento, se emitirán los criterios y mecanismos para<br />
aplicar este Artículo.<br />
Artículo 47.- Desconcentración de la ejecución. Facúltase al<br />
Ministerio de Hacienda para definir, en coordinación con la Contraloría<br />
General de la República en lo correspondiente a sus competencias<br />
constitucionales, los mecanismos y la organización que propicien la<br />
desconcentración de la ejecución del presupuesto de la República y su<br />
adecuada evaluación, en procura de la agilidad necesaria de ese proceso,<br />
con apego a la legalidad y la técnica propias de esta materia.<br />
En lo que se refiere a los entes y órganos incluidos en el inciso b)<br />
del Artículo 1, el Ministerio de Hacienda podrá coordinar con los<br />
respectivos jerarcas lo que corresponda, a efecto de propiciar la adecuada<br />
desconcentración y evaluación de los presupuestos de estos entes.<br />
Artículo 48.- Transparencia de la información. El Ministerio de<br />
Hacienda deberá coordinar lo correspondiente para que el presupuesto<br />
aprobado sea difundido ampliamente por los medios electrónicos o físicos<br />
disponibles, de manera que cualquier ciudadano tenga acceso a él.<br />
SECCIÓN III<br />
Control y Evaluación del Presupuesto de la República<br />
Artículo 49.- Normas técnicas en materia presupuestaria. La<br />
Dirección General de Presupuesto Nacional, en coordinación con la<br />
Contraloría General de la República, determinará las normas técnicas<br />
generales necesarias para el control y la evaluación efectivos<br />
de la ejecución presupuestaria. Dichas normas servirán de base para que<br />
cada dependencia elabore normas específicas, de acuerdo con sus<br />
responsabilidades y área de gestión.<br />
Artículo 50.- Liquidación contable. Finalizado el ejercicio<br />
económico, la Contabilidad Nacional, con el apoyo de las dependencias<br />
correspondientes, preparará el resultado contable del período y su efecto<br />
sobre el patrimonio nacional, así como la liquidación de los<br />
ingresos y egresos del presupuesto nacional y los hará del conocimiento del<br />
Ministro de Hacienda.<br />
Artículo 51.- Informe final sobre resultados. Para conocimiento<br />
de los Ministros de Hacienda y Planificación Nacional y Política Económica,<br />
la Dirección General de Presupuesto Nacional deberá preparar un informe<br />
sobre el resultado de los programas ejecutados durante el período económico<br />
correspondiente.<br />
Artículo 52.- Envío de informes a la Contraloría General de la<br />
República. A más tardar el 1° de marzo, el Ministerio de Hacienda deberá<br />
remitir a la Contraloría General de la República los siguientes informes:<br />
el resultado contable del período, el estado de tesorería, el estado de la<br />
deuda pública interna y externa, los estados financieros consolidados de<br />
los entes y órganos incluidos en los incisos a) y b) del Artículo 1, la<br />
liquidación de ingresos y egresos del presupuesto nacional, el informe de<br />
resultados físicos de los programas ejecutados durante el ejercicio<br />
económico respectivo y el informe anual sobre la administración de bienes.<br />
También, a más tardar en esa misma fecha, el Ministerio de<br />
Planificación Nacional y Política Económica remitirá, a la Contraloría<br />
General de la República, el informe final sobre los resultados de la<br />
ejecución del presupuesto, el cumplimiento de las metas, los objetivos, las<br />
prioridades y acciones estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo y su<br />
aporte al desarrollo económico-social del país.<br />
Tanto el informe de resultados físicos de los programas como el<br />
informe sobre el cumplimiento de las acciones estratégicas que elaborarán<br />
el Ministerio de Hacienda y el de Planificación Nacional y Política<br />
Económica respectivamente, incluirán los elementos explicativos necesarios<br />
para medir la efectividad de los programas, el costo unitario de los<br />
servicios y la eficiencia en el uso de los recursos públicos. De<br />
conformidad con las disposiciones constitucionales, la Contraloría deberá<br />
remitir estos informes y su dictamen a la Asamblea Legislativa.<br />
SECCIÓN IV<br />
Entes sujetos a la Aprobación Presupuestaria<br />
de la Contraloría General de la República<br />
Artículo 53.- Criterios para elaborar proyectos de presupuesto.<br />
Los entes y órganos cuyos presupuestos deban ser aprobados por la<br />
Contraloría General de la República, según las disposiciones<br />
constitucionales y legales vigentes, deberán preparar sus proyectos de<br />
presupuesto ordinarios o extraordinarios y sus modificaciones, atendiendo<br />
las normas técnicas dictadas por la Contraloría General de la República,<br />
los criterios y lineamientos generales citados en el inciso a) del Artículo<br />
31 de esta Ley y los lineamientos sobre política presupuestaria que emita<br />
el Presidente de la República o el órgano competente. Se presentarán a la<br />
Contraloría para su aprobación o improbación.<br />
Artículo 54.- Lineamientos de ejecución. La ejecución<br />
presupuestaria se regirá por los lineamientos que disponga el Presidente de<br />
la República a propuesta de la Autoridad Presupuestaria y por las normas<br />
técnicas que defina la institución respectiva, en virtud del grado de<br />
autonomía y la naturaleza de las actividades desarrolladas.<br />
SECCIÓN V<br />
Evaluación<br />
Artículo 55.- Informes sobre evaluación. Las entidades y los<br />
órganos indicados en los incisos a), b), c) y d) del Artículo 1 de esta<br />
Ley, presentarán los informes periódicos y finales de evaluación física y<br />
financiera de la ejecución de los presupuestos, así como los informes de<br />
gestión, resultados y rendimiento de cuentas, conforme a las disposiciones<br />
tanto del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación Nacional<br />
y Política Económica como de la Contraloría General de la República, para<br />
los efectos de evaluar el sector público. Las fechas para presentar los<br />
informes periódicos serán fijadas por el Reglamento de esta Ley. Sin<br />
embargo, los informes finales deberán presentarse a más tardar el 1 de<br />
marzo de cada año.<br />
Estos órganos establecerán la coordinación necesaria a fin de que los<br />
requerimientos de información sean lo más uniformes posible y consistentes<br />
con las necesidades de cada uno, sin que esto implique duplicidad de<br />
funciones.<br />
Artículo 56.- Resultados de la evaluación. El Ministerio de<br />
Hacienda y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica,<br />
deberán evaluar los resultados de<br />
la gestión institucional para garantizar tanto el cumplimiento de objetivos<br />
y metas como el uso racional de los recursos públicos. Asimismo,<br />
elaborarán y presentarán, a las instancias correspondientes del Poder<br />
Ejecutivo y a la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y<br />
el Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa, informes periódicos sobre los<br />
resultados de la evaluación realizada según el Artículo anterior, de<br />
conformidad con la materia de su competencia; todo sin perjuicio de las<br />
atribuciones correspondientes a la Contraloría General de la República, en<br />
materia de fiscalización superior de la Hacienda Pública.<br />
Además, ambos Ministerios elaborarán conjuntamente un informe de<br />
cierre del ejercicio presupuestario y lo presentarán a la Autoridad<br />
Presupuestaria para que lo conozca y proponga recomendaciones al Presidente<br />
de la República. Todos los informes de evaluación generados por la<br />
Administración estarán a disposición de la Contraloría para los efectos del<br />
cumplimiento de sus atribuciones.<br />
Artículo 57.- Suministro de información. Las entidades y los<br />
órganos comprendidos en el Artículo 1 de esta Ley estarán obligados a<br />
suministrar la información económica, financiera y de ejecución física de<br />
los presupuestos, que el Ministerio de Hacienda les solicite para el<br />
cumplimiento de sus funciones.<br />
TÍTULO VI<br />
Subsistema de Tesorería<br />
CAPÍTULO I<br />
Generalidades<br />
Artículo 58.- Definición. El Subsistema de Tesorería comprende<br />
tanto el conjunto de órganos participantes como las normas y los<br />
procedimientos utilizados en la percepción, el seguimiento y control de los<br />
recursos financieros del tesoro público y en los pagos de las obligaciones<br />
contraídas de conformidad con la Ley de presupuesto, así como la<br />
administración y custodia de los dineros y valores que se generen.<br />
Artículo 59.- Objetivos. Los objetivos del Subsistema son los<br />
siguientes:<br />
a) Mantener al menor costo posible la liquidez necesaria, para<br />
cumplir oportunamente los compromisos financieros de la ejecución<br />
del Presupuesto de la República.<br />
b) Propiciar la recaudación adecuada de los ingresos<br />
correspondientes al tesoro público.<br />
c) Realizar, de manera eficiente y eficaz, los pagos que<br />
correspondan.<br />
d) Administrar la liquidez del Gobierno de la República en procura<br />
del mayor beneficio de las finanzas públicas.<br />
e) Mantener al día el servicio de la deuda pública.<br />
Artículo 60.- Órgano rector. La Tesorería Nacional será el órgano<br />
rector del Subsistema de Tesorería; por consiguiente, coordinará el<br />
funcionamiento de todas las unidades y dependencias que lo conforman.<br />
Artículo 61.- Atribuciones de la Tesorería Nacional. La Tesorería<br />
Nacional tendrá las funciones y los deberes siguientes:<br />
a) Elaborar, con la Dirección de Presupuesto Nacional, la<br />
programación financiera de la ejecución del presupuesto nacional.<br />
b) Preparar el flujo de fondos y administrar el sistema de caja<br />
única establecido en el Artículo 65 de esta Ley, efectuar las<br />
estimaciones y proyecciones presupuestarias del servicio de la<br />
deuda del tesoro y darles seguimiento.<br />
c) Procurar el rendimiento óptimo de los recursos financieros del<br />
tesoro público.<br />
d) Emitir letras del tesoro, de conformidad con el Artículo 75 de<br />
esta Ley.<br />
e) Custodiar los títulos y valores del Gobierno de la República o<br />
de terceros que se pongan a su cargo; para esto, podrá contratar<br />
entidades especializadas en prestar estos servicios, de conformidad<br />
con la Ley de Contratación Administrativa y la reglamentación que<br />
se emita sobre este particular.<br />
f) Velar por la percepción adecuada de las rentas recibidas por los<br />
cajeros auxiliares autorizados para tal efecto.<br />
g) Establecer, en coordinación con la Contraloría General de la<br />
República, los requerimientos de información y procedimientos que<br />
deberán atender las entidades públicas y privadas para recibir<br />
transferencias de recursos de la Administración Central, para<br />
asegurarse de que se realicen de acuerdo con la ley y los<br />
reglamentos.<br />
h) Autorizar el uso de cajas chicas en las dependencias de la<br />
Administración Central para gastos menores, conforme a la<br />
reglamentación que se dictará para el efecto.<br />
i) Proponer su propia organización, la cual se determinará y<br />
regulará mediante reglamento.<br />
j) Definir los procedimientos de emisión, colocación y redención de<br />
la deuda interna del Gobierno de la República.<br />
k) Los demás deberes y las atribuciones que le asignen la<br />
Constitución, la Ley o los reglamentos.<br />
CAPÍTULO II<br />
Administración de Recursos<br />
Artículo 62.- Cajero general. Las funciones de cajero del Estado<br />
serán confiadas al Banco Central de Costa Rica, que tendrá el carácter de<br />
cajero general. En cuanto realice esas funciones, se considerará como<br />
auxiliar de la Tesorería Nacional; queda sujeto a sus disposiciones y no<br />
podrá disponer de los fondos del Gobierno, ni pagar suma alguna con cargo a<br />
ellos, si no es mediante la orden de pago respectiva.<br />
Artículo 63.- Contratos. El Ministerio de Hacienda tendrá plenas<br />
facultades para efectuar los contratos necesarios con los bancos del<br />
Sistema Bancario Nacional y otras entidades autorizadas por ley, para los<br />
efectos de contar con los servicios de recaudación, procesamiento de la<br />
información y depósito de las sumas que corresponda depositar en las<br />
cuentas definidas por la Tesorería Nacional en el banco cajero general,<br />
según los principios de la Ley de Contratación Administrativa.<br />
Artículo 64.- Cumplimiento de plazos por parte de cajeros<br />
auxiliares. El banco cajero general deberá exigir a los cajeros auxiliares<br />
el depósito de las sumas percibidas, en los plazos que fije la Tesorería<br />
Nacional. En caso de incumplimiento se aplicará, en favor del tesoro<br />
público, una comisión que determinará la Tesorería Nacional, sin menoscabo<br />
de otras consecuencias jurídicas que procedan de acuerdo con la<br />
reglamentación y los contratos firmados.<br />
Artículo 65.- Procedimientos para el envío de información. La<br />
Tesorería Nacional, en coordinación con la Contabilidad Nacional, definirá<br />
los procedimientos para enviar la información, así como los comprobantes<br />
sobre las sumas recaudadas y los pagos realizados por cuenta del tesoro<br />
público.<br />
Artículo 66.- Caja única. Todos los ingresos que perciba el<br />
Gobierno de la República, cualquiera que sea la fuente, formarán parte de<br />
un fondo único a cargo de la Tesorería Nacional. Para administrarlos, podrá<br />
disponer la apertura de una o varias cuentas en colones u otra moneda, en<br />
procura del mayor beneficio para la Hacienda Pública.<br />
Los recursos recaudados en virtud de las leyes especiales que<br />
determinen su destino se depositarán en cuentas autorizadas por la<br />
Tesorería Nacional, en cualquiera de los bancos del sector público. Estos<br />
recursos financiarán total o parcialmente, según lo disponga la ley<br />
respectiva, el presupuesto de gastos del ente responsable de la ejecución<br />
del gasto.<br />
Artículo 67.- Cuentas para manejar recursos del crédito externo.<br />
En lo referente a los proyectos financiados con recursos del crédito<br />
externo que reciban los entes y órganos incluidos en los incisos a) y b)<br />
del Artículo 1, la Tesorería Nacional podrá abrir cuentas, en colones u<br />
otras monedas, en el banco cajero general o en los cajeros auxiliares, para<br />
agilizar el recibo de estos recursos y transferirlos a las unidades<br />
ejecutoras respectivas.<br />
Artículo 68.- Información de caja al Ministro de Hacienda.<br />
Periódicamente y según lo defina el Reglamento, la Tesorería Nacional<br />
estará obligada a informar al Ministro de Hacienda sobre la situación de<br />
caja del Gobierno.<br />
Artículo 69.- Limitación a la emisión de pagos. No podrán<br />
emitirse órdenes de pago si no existen fondos para hacerlas efectivas.<br />
Artículo 70.- Desconcentración de los pagos. Sin perjuicio de las<br />
disposiciones legales vigentes, la Tesorería Nacional podrá determinar los<br />
procedimientos y criterios para la ejecución desconcentrada de los pagos<br />
por medio de las dependencias y los entes así como los órganos incluidos en<br />
los incisos a) y b) del Artículo 1.<br />
Artículo 71.- Publicación de los acuerdos de pago. Antes de pagar<br />
las autorizaciones contenidas en los acuerdos respectivos, la Tesorería<br />
Nacional solicitará la publicación en La Gaceta, que deberá concretarse en<br />
un plazo máximo de quince días, contados a partir del recibo de la<br />
solicitud.<br />
Artículo 72.- Caducidad de las órdenes de pago. Durante seis<br />
meses a partir de la emisión de las órdenes de pago, la Tesorería Nacional<br />
las mantendrá a disposición de los interesados; transcurrido este plazo,<br />
procederá a anularlas. No obstante, los interesados conservarán el derecho<br />
de solicitar su revalidación durante el plazo improrrogable de seis<br />
meses. Si el administrado no empleó ambos plazos, deberá acudir a la vía<br />
judicial para solicitar su cancelación. Cuando la orden de pago se haya<br />
materializado mediante giros o cheques, según el caso, y estos se<br />
encuentren en poder de los beneficiarios, se aplicará lo dispuesto en el<br />
Código de Comercio en cuanto a la caducidad de cheques.<br />
Artículo 73.- Operaciones de cobertura de riesgo. En procura del<br />
mayor beneficio para el tesoro público, la Tesorería Nacional, en consulta<br />
con el Banco Central de Costa Rica, podrá adquirir instrumentos formalmente<br />
definidos en los mercados internacionales para la cobertura del riesgo<br />
cambiario o de tasas de interés, o bien adquirir divisas anticipadamente,<br />
de conformidad con la reglamentación que se dictará para el efecto. En<br />
dichas operaciones deberán imperar los principios de publicidad, seguridad<br />
y transparencia.<br />
Artículo 74.- Redención anticipada. La Tesorería Nacional, de<br />
común acuerdo con los tenedores, podrá redimir anticipadamente los títulos<br />
valores colocados, siempre que existan los recursos suficientes y la<br />
operación resulte beneficiosa para las finanzas públicas y que en ellas se<br />
utilicen procedimientos garantes del cumplimiento de los principios de<br />
publicidad, seguridad y transparencia.<br />
Artículo 75.- Letras del tesoro. Cuando por una situación<br />
especial de caja esté amenazado el interés público ante eventuales<br />
incumplimientos de pago por parte del Gobierno, el Ministerio de Hacienda,<br />
por medio de la Tesorería Nacional, previa resolución que lo justifique,<br />
podrá emitir obligaciones de corto plazo a cargo del Estado denominadas<br />
letras del tesoro. El Banco Central de Costa Rica podrá adquirirlas por el<br />
monto necesario para cubrir el déficit temporal. La suma total de dichas<br />
obligaciones pendientes de pago no podrá ser superior a un veinteavo del<br />
presupuesto ordinario de la República.<br />
El pago de los intereses de las letras del tesoro deberá cargarse a<br />
las partidas presupuestarias para el servicio de la deuda interna.<br />
No podrán emitirse letras del tesoro para financiar la cancelación de<br />
otras ya emitidas.<br />
Artículo 76.- Vencimiento de las letras del tesoro. Las letras<br />
del tesoro se emitirán con vencimiento hasta de noventa días; pero, en<br />
ningún caso, su vencimiento podrá exceder del 31 de diciembre del año en<br />
que se emitan.<br />
Artículo 77.- Adquisición de letras del tesoro por parte del Banco<br />
Central de Costa Rica. La solicitud debidamente justificada del Ministerio<br />
de Hacienda para que el Banco Central de Costa Rica adquiera letras del<br />
tesoro, será tramitada conforme a la Ley Orgánica de este y su reglamento.<br />
TÍTULO VII<br />
Subsistema de Crédito Público<br />
Artículo 78.- Definición. El Subsistema de Crédito Público estará<br />
conformado por los mecanismos y procedimientos utilizados, así como por los<br />
organismos que participan en la obtención, el seguimiento y control de los<br />
recursos internos y externos originados por la vía del endeudamiento<br />
público, de mediano y largo plazo.<br />
Artículo 79.- Objetivos del subsistema. Los objetivos del<br />
Subsistema de Crédito Público serán:<br />
a) Promover la utilización adecuada del financiamiento por parte<br />
del sector público, dentro de las limitaciones que la ley<br />
establezca para el efecto y los lineamientos que dicten los órganos<br />
correspondientes.<br />
b) Obtener y controlar los recursos internos o externos<br />
provenientes del endeudamiento público y darles seguimiento.<br />
c) Propiciar la utilización de las fuentes de financiamiento más<br />
favorables para el país, por parte de las dependencias del sector<br />
público.<br />
d) Procurar que se mantenga al día el servicio de la deuda pública<br />
interna y externa.<br />
e) Registrar adecuadamente la deuda pública externa e interna;<br />
asimismo, tener disponible la información sobre los mercados<br />
financieros internacionales.<br />
Artículo 80.- Órgano rector. La Dirección de Crédito Público del<br />
Ministerio de Hacienda será el órgano rector del Subsistema de Crédito<br />
Público. Como tal, tendrá las siguientes competencias:<br />
a) Proponer a la Autoridad Presupuestaria la política de<br />
endeudamiento público, de mediano y largo plazo, considerando,<br />
entre otros, la capacidad de endeudamiento del país.<br />
b) Definir los criterios de elegibilidad de los préstamos.<br />
c) Disponer los procedimientos para la negociación, el trámite y la<br />
contratación del crédito público por parte de la Administración<br />
Central.<br />
d) Recomendar a la Autoridad Presupuestaria la autorización de las<br />
solicitudes de las entidades y los organismos del sector público<br />
para contratar operaciones de crédito público. Sin dicha<br />
autorización, ninguna entidad del sector público, excepto las del<br />
sector financiero bancario, podrá realizar préstamos externos ni<br />
internos.<br />
e) Definir, mediante reglamento, los procedimientos aplicables a la<br />
negociación, contratación, renegociación y amortización de la deuda<br />
externa del Gobierno de la República. Tal reglamento y sus<br />
modificaciones deben someterse a consulta, previo a su<br />
promulgación, ante la Contraloría General de la República.<br />
f) Apoyar y orientar las negociaciones tendientes a la contratación<br />
de préstamos.<br />
g) Mantener un registro actualizado sobre el endeudamiento público,<br />
debidamente separado, desglosado y detallado en sus categorías de<br />
interno y externo e integrado al Sistema de Contabilidad Nacional.<br />
h) Establecer las estimaciones y proyecciones presupuestarias del<br />
servicio de la deuda pública y darles seguimiento.<br />
i) Presentar a la Autoridad Presupuestaria propuestas de medidas<br />
tendientes a enfrentar y reducir el saldo y el servicio tanto de la<br />
deuda pública interna como externa.<br />
j) Todas las demás competencias que le asigne la Ley o su<br />
reglamento.<br />
Artículo 81.- Mecanismos de endeudamiento. El endeudamiento<br />
resultante de las operaciones de crédito público se denominará deuda<br />
pública y podrá originarse en:<br />
a) La emisión y colocación de títulos de deuda y obligaciones de<br />
mediano y largo plazo, es decir, aquellas cuyo vencimiento supere<br />
el ejercicio económico en el cual son contraídas.<br />
b) La contratación de créditos con instituciones financieras, sean<br />
estas nacionales o internacionales.<br />
c) El otorgamiento de avales, fianzas y garantías, cuyo vencimiento<br />
supere el período del ejercicio económico en que se contraen.<br />
d) La consolidación, conversión y renegociación de deudas.<br />
e) La adquisición de bienes y servicios que se paguen total o<br />
parcialmente en el transcurso de un ejercicio económico posterior<br />
al período de su presupuestación.<br />
Artículo 82.- Deuda del tesoro. Las obligaciones adquiridas<br />
durante un ejercicio económico con vencimiento en el mismo período, se<br />
considerarán como deuda del tesoro.<br />
Artículo 83.- Política de endeudamiento. La aprobación de las<br />
políticas de endeudamiento y reducción de la deuda pública tanto interna<br />
como externa, para el corto, mediano y largo plazo, compete al Presidente<br />
de la República, a propuesta de la Autoridad Presupuestaria, la cual<br />
considerará la programación macroeconómica establecida en el título III de<br />
esta Ley. Esta política deberá ser respetada en la formulación de los<br />
presupuestos del sector público.<br />
Artículo 84.- Facultades del Ministerio de Hacienda en negociación<br />
de crédito externo. Sin perjuicio de la participación conjunta de otros<br />
órganos en el proceso de negociación, el Ministerio de Hacienda será el<br />
único agente con capacidad legal de endeudamiento, gestión y control de la<br />
deuda pública de la Administración Central, sin perjuicio de las facultades<br />
de asesoramiento del Banco Central de Costa Rica.<br />
Artículo 85.- Ámbito de aplicación de los lineamientos. Los<br />
procedimientos que conforme a esta Ley determine el órgano rector, serán<br />
aplicables a toda operación del sector público. No obstante, se<br />
exceptuarán los siguientes casos:<br />
a) Los créditos externos que contrate el Banco Central de Costa<br />
Rica como único obligado, de acuerdo con su Ley Orgánica.<br />
b) Los créditos que contraten o garanticen los bancos estatales a<br />
personas y entes privados dentro de su actividad ordinaria, los<br />
cuales serán normados por el Banco Central y la Superintendencia<br />
General de Entidades Financieras en lo que corresponda.<br />
c) Los créditos que contraten las universidades.<br />
d) Los créditos que contraten las municipalidades.<br />
Artículo 86.- Renegociación de la deuda. El Ministerio de<br />
Hacienda podrá efectuar operaciones de crédito público para reestructurar<br />
la deuda pública del Gobierno de la República, mediante su consolidación,<br />
conversión, renegociación o condonación, en la medida que impliquen un<br />
mejoramiento de las finanzas públicas.<br />
Artículo 87.- Nulidad de operaciones irregulares. Las operaciones<br />
de crédito público realizadas contraviniendo las normas de la presente Ley<br />
serán nulas, sin perjuicio de la responsabilidad personal de quienes las<br />
ejecuten.<br />
Artículo 88.- Autorización legislativa. Tratándose del Gobierno<br />
de la República toda emisión de títulos de deuda pública requerirá ser<br />
autorizada por la Asamblea Legislativa.<br />
Artículo 89.- Características de los instrumentos de deuda. Para<br />
negociar los títulos de deuda interna del Gobierno de la República<br />
correspondientes al crédito interno aprobado en la ley de presupuesto<br />
nacional, la Tesorería Nacional podrá utilizar los mecanismos que estime<br />
convenientes, siempre que respete las limitaciones en cuanto al monto y<br />
otros aspectos que disponga dicha ley.<br />
Para ese efecto y mediante la reglamentación correspondiente, podrán<br />
definirse las características, los procedimientos y, al menos, los aspectos<br />
operativos, presupuestarios y contables, para lo cual se considerará el<br />
criterio de los órganos rectores de los restantes subsistemas de la<br />
Administración Financiera en las materias correspondientes. Entre las<br />
características de los títulos podrán establecerse las tasas de interés<br />
fijas o variables, la denominación en colones u otra moneda y la colocación<br />
con descuentos y premios, de conformidad con la política de endeudamiento.<br />
Las renegociaciones de deuda interna que impliquen su conversión a<br />
moneda extranjera requerirán el criterio previo favorable de la Junta<br />
Directiva del Banco Central de Costa Rica.<br />
TÍTULO VIII<br />
Subsistema de Contabilidad<br />
CAPÍTULO ÚNICO<br />
Artículo 90.- Definición. El Subsistema de Contabilidad Pública<br />
estará conformado por el conjunto de principios, normas y procedimientos<br />
técnicos para recopilar, registrar, procesar y controlar, en forma<br />
sistemática, toda la información referente a las operaciones del sector<br />
público, expresables en términos monetarios, así como por los organismos<br />
que participan en este proceso. El objeto será proporcionar información<br />
sobre la gestión financiera y presupuestaria y servir de apoyo al Sistema<br />
de Cuentas Nacionales.<br />
Artículo 91.- Objetivos. El Subsistema de Contabilidad Pública<br />
tendrá los siguientes objetivos:<br />
a) Proveer información de apoyo para la toma de decisiones de los<br />
jerarcas de las distintas instancias del sector público<br />
responsables de la gestión y evaluación financiera y<br />
presupuestaria, así como para terceros interesados.<br />
b) Promover el registro sistemático de todas las transacciones que<br />
afecten la situación económico-financiera del sector público.<br />
c) Proveer la información contable y la documentación pertinente de<br />
conformidad con las disposiciones vigentes, para apoyar las tareas<br />
de control y auditoría.<br />
d) Obtener de las entidades y organismos del sector público,<br />
información financiera útil, adecuada, oportuna y confiable.<br />
e) Posibilitar la integración de las cifras contables del sector<br />
público en el Sistema de Cuentas Nacionales y proveer la<br />
información que se requiera para este efecto.<br />
Artículo 92.- Operaciones interinstitucionales. Además de las<br />
características generales descritas en el Artículo 15, la contabilidad del<br />
sector público considerará los mecanismos técnicos de relación entre las<br />
cuentas contables que correspondan a operaciones inter-institucionales.<br />
Artículo 93.- Órgano rector. La Contabilidad Nacional será el<br />
órgano rector del Subsistema y, como tal, tendrá los siguientes deberes y<br />
funciones:<br />
a) Proponer, al Ministro de Hacienda para su aprobación, los<br />
principios y las normas generales que regirán el Subsistema de<br />
Contabilidad Pública.<br />
b) Establecer procedimientos contables que respondan a normas y<br />
principios de aceptación general en el ámbito gubernamental.<br />
Dentro de este marco, definirá la metodología contable por aplicar,<br />
así como la estructura y periodicidad de los estados financieros<br />
que deberán producir las entidades.<br />
c) Velar porque las instituciones del sector público atiendan los<br />
principios y las normas mencionados en el inciso anterior.<br />
d) Asesorar técnicamente a todas las entidades del sector público<br />
nacional, en las materias de su competencia.<br />
e) Llevar actualizada la contabilidad de la Administración Central.<br />
f) Mantener registros destinados a centralizar y consolidar los<br />
movimientos contables.<br />
g) Preparar cada año el informe correspondiente a la liquidación<br />
del presupuesto y el estado de situación del tesoro público y del<br />
patrimonio fiscal, para que el Ministro de Hacienda pueda cumplir<br />
con lo dispuesto sobre el particular.<br />
h) Aprobar la terminología y los formularios que deban adoptar las<br />
dependencias de la Administración Central para realizar las<br />
transacciones que generen registros contables.<br />
i) Archivar, documentalmente o por otros medios, la información<br />
originada en las operaciones de la Administración Central durante<br />
un lapso de cinco años.<br />
j) Proponer su propia organización la cual se determinará y<br />
regulará mediante reglamento.<br />
k) Ejercer todas las demás funciones que deba cumplir en su<br />
carácter de rector del Sistema de Contabilidad, así como todas las<br />
que le asignen la Ley y sus reglamentos.<br />
Para cumplir con lo establecido en los incisos a), b) y h), deberá<br />
contar con la opinión de la Contraloría General de la República, en lo que<br />
corresponda.<br />
Artículo 94.- Obligatoriedad de atender requerimientos de<br />
información. Las entidades y los órganos comprendidos en el Artículo 1 de<br />
esta Ley, estarán obligados a atender los requerimientos de información de<br />
la Contabilidad Nacional para cumplir con sus funciones.<br />
Artículo 95.- Estados consolidados del sector público. La<br />
Contabilidad Nacional deberá realizar la consolidación requerida para el<br />
efecto de obtener los estados financieros agregados del sector público.<br />
Artículo 96.- Informes contables básicos. La Contabilidad<br />
Nacional presentará al Ministro de Hacienda, a más tardar el último día de<br />
febrero de cada año, los siguientes informes, referidos al 31 de diciembre<br />
del año anterior:<br />
a) La liquidación de la ejecución del presupuesto.<br />
b) El estado de la deuda pública.<br />
c) Los estados financieros de la Administración Central y<br />
consolidados del sector público.<br />
d) El análisis de la gestión financiera consolidada del sector<br />
público.<br />
TÍTULO IX<br />
Sistema de Administración de Bienes<br />
y Contratación Administrativa<br />
CAPÍTULO ÚNICO<br />
Artículo 97.- Definición. El Sistema de Administración de Bienes<br />
y Contratación Administrativa estará conformado por los principios, métodos<br />
y procedimientos utilizados así como por los organismos participantes en el<br />
proceso de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios por<br />
parte de la Administración Central.<br />
Artículo 98.- Objetivos. El Sistema de Administración de Bienes y<br />
Contratación Administrativa tendrá los siguientes objetivos:<br />
a) Propiciar que los bienes y servicios se administren atendiendo<br />
criterios técnicos y económicos.<br />
b) Promover el mantenimiento adecuado de los bienes de la<br />
Administración Central.<br />
c) Favorecer el desarrollo de mecanismos ágiles y eficientes para<br />
disponer de los bienes en desuso u obsoletos.<br />
d) Suministrar información sobre el estado, la ubicación y el<br />
responsable de los bienes muebles e inmuebles de la Administración<br />
Central.<br />
e) Propiciar la integración de los registros de los bienes del<br />
Gobierno al Sistema de Contabilidad.<br />
f) Propiciar que los bienes se adquieran oportunamente y a<br />
satisfacción del interés público, atendiendo los principios de<br />
publicidad y transparencia.<br />
Artículo 99.- Órgano rector. La Dirección General de<br />
Administración de Bienes y Contratación Administrativa será el órgano<br />
rector del Sistema; por tanto, le corresponderán los siguientes deberes y<br />
funciones:<br />
a) Ejecutar las acciones necesarias para establecer políticas en<br />
materias propias del sistema regido por ella.<br />
b) Evaluar los procesos de contratación periódicamente y al cierre<br />
del ejercicio; para esto podrá requerir la información pertinente<br />
de las dependencias públicas o privadas con financiamiento público.<br />
c) Proponer las modificaciones necesarias para que las normas y los<br />
procedimientos utilizados en los procesos del Sistema garanticen la<br />
protección del interés público.<br />
d) Orientar, mediante lineamientos, la elaboración de los programas<br />
de compras de la Administración Central.<br />
e) Supervisar las proveedurías institucionales de la Administración<br />
Central, para asegurarse de la ejecución adecuada de los procesos<br />
de contratación, almacenamiento y distribución o tráfico de bienes.<br />
f) Desarrollar investigaciones tendientes a confirmar los<br />
estándares de calidad; asimismo, promover técnicas que reduzcan los<br />
costos, mejoren los procedimientos y protejan el medio ambiente.<br />
g) Llevar el control de los pedidos al exterior de la<br />
Administración Central y los medios de pago, así como elaborar la<br />
información imprescindible para tramitar las exoneraciones, cuando<br />
procedan según la legislación.<br />
h) Desarrollar codificaciones específicas basadas en los<br />
clasificadores de gasto que sirvan para crear catálogos de<br />
mercancías y registros de proveedores.<br />
i) Acreditar, temporalmente, en las proveedurías institucionales de<br />
la Administración Central a agentes de compra para los fines de su<br />
misión.<br />
j) Proponer su propia organización la cual se determinará mediante<br />
reglamento.<br />
k) Requerir información a las instituciones y dependencias del<br />
sector público para el cumplimiento de sus funciones.<br />
l) Velar porque los responsables ejerzan el control adecuado de los<br />
inventarios de bienes muebles, inmuebles y semovientes.<br />
m) Elaborar un informe anual sobre la situación y las variaciones<br />
de los bienes de la Administración Central, así como sobre las<br />
acciones desarrolladas para la adecuada gestión en esta materia, de<br />
modo que el Ministro de Hacienda pueda informar a la Contraloría<br />
General de la República sobre este particular.<br />
n) Promover el perfeccionamiento catastral y registral de los<br />
títulos de propiedad de la Administración Central y requerir del<br />
organismo técnico competente las acciones necesarias para preservar<br />
el patrimonio inmobiliario del Gobierno Central.<br />
ñ) Los deberes y las funciones que le asignen otras leyes o<br />
reglamentos.<br />
Artículo 100.- Administración de servicios. El órgano rector del<br />
Sistema decidirá los lineamientos para evaluar los servicios contratados<br />
por la Administración.<br />
Artículo 101.- Obligatoriedad de llevar inventario. Los entes y<br />
órganos incluidos en los incisos a) y b) del Artículo 1 estarán obligados a<br />
llevar un inventario de bienes.<br />
Artículo 102.- Bienes dados en concesión. El órgano rector del<br />
Sistema de Administración de Bienes llevará el registro de las obras y los<br />
bienes cedidos por órganos o entes de la Administración Central conforme al<br />
régimen de concesión de obra pública, el de concesión establecido en la Ley<br />
de Contratación Administrativa o de conformidad con otras disposiciones<br />
legales aplicables. Para este efecto, las dependencias y empresas<br />
correspondientes le proporcionarán a este órgano la información que<br />
requiera. Dicha información tendrá carácter público.<br />
Artículo 103.- Trámite de donaciones. Todos los bienes, las<br />
obras o los servicios que la Administración Central reciba en carácter de<br />
donaciones nacionales o internacionales, deberán tramitarse según los<br />
lineamientos que determine para este efecto la Dirección General de<br />
Administración de Bienes.<br />
Artículo 104.- Bienes en mal estado o desuso. Los bienes de los<br />
órganos de la Administración Central que ingresen en las categorías de<br />
bienes en desuso o mal estado, podrán ser vendidos o donados por las<br />
instituciones, atendiendo las regulaciones que se dicten, mediante<br />
reglamento, a propuesta del órgano rector del Sistema.<br />
Artículo 105.- Integración de sistemas de información. La<br />
Dirección de Administración de Bienes dispondrá lo necesario para que sus<br />
sistemas de información se integren a los de la Administración Financiera.<br />
Artículo 106.- Delegación para suscribir contratos. Los jerarcas<br />
de los órganos o entes del sector público podrán delegar la suscripción de<br />
los contratos asociados al proceso de contratación, de conformidad con la<br />
reglamentación que se establezca para el efecto.<br />
TÍTULO X<br />
Régimen de Responsabilidad<br />
Artículo 107.- Principio de legalidad. Los actos y contratos<br />
administrativos dictados en materia de administración financiera, deberán<br />
conformarse sustancialmente con<br />
el ordenamiento jurídico, según la escala jerárquica de sus fuentes. Se<br />
presume la legalidad de los actos y las operaciones de órganos y entes<br />
públicos sujetos a la presente Ley, pero se admitirá prueba en contrario.<br />
Artículo 108.- Criterios de valoración de anomalías. Todo<br />
servidor público responderá, administrativa y civilmente, por el desempeño<br />
de sus funciones, deberes y atribuciones asignados al cargo, cuando en su<br />
conducta medie dolo, culpa o negligencia, sin perjuicio de las<br />
responsabilidades penales. Para tal valoración, se tomarán en cuenta,<br />
entre otros aspectos, los siguientes:<br />
a) El impacto negativo en el servicio público que brinde la entidad<br />
o en el logro de los resultados concretos conforme a la<br />
planificación institucional.<br />
b) El rango y las funciones del servidor. Se entenderá que a mayor<br />
jerarquía y complejidad de las tareas, mayor será el deber de<br />
apreciar la legalidad y conveniencia de los actos que se dictan o<br />
ejecutan.<br />
c) La cuantía de los daños y perjuicios irrogados.<br />
d) La existencia de canales apropiados de información gerencial y<br />
la posibilidad de asesorarse con profesionales especializados.<br />
e) La necesidad de satisfacer el interés público en circunstancias<br />
muy calificadas de urgencia apremiante.<br />
f) La reincidencia del presunto responsable.<br />
g) Si la decisión fue tomada en procura de un beneficio mayor y en<br />
resguardo de los bienes de la entidad, dentro de los riesgos<br />
propios de la operación y las circunstancias imperantes en el<br />
momento de decidir.<br />
También se considerará si la fuerza mayor originó la decisión o<br />
incidió en el resultado final de la operación.<br />
Artículo 109.- Debido proceso. Toda responsabilidad será<br />
declarada de acuerdo con los procedimientos administrativos de la Ley<br />
General de la Administración Pública y demás aplicables a la entidad<br />
competente, asegurando a las partes, en todo caso, las garantías<br />
constitucionales relativas al debido proceso y la defensa previa, real y<br />
efectiva, y sin perjuicio de las medidas preventivas procedentes.<br />
Artículo 110.- Hechos generadores de responsabilidad<br />
administrativa. Además de los previstos en otras leyes y reglamentaciones<br />
propias de la relación de servicio,<br />
serán hechos generadores de responsabilidad administrativa,<br />
independientemente de la responsabilidad civil o penal a que puedan dar<br />
lugar, los mencionados a continuación:<br />
a) La adquisición de bienes, obras y servicios con prescindencia de<br />
alguno de los procedimientos de contratación establecidos por el<br />
ordenamiento jurídico.<br />
b) La omisión, el retardo, la negligencia o la imprudencia en la<br />
preservación y salvaguarda de los bienes o derechos del patrimonio<br />
público o la adopción de acciones dolosas contra su protección,<br />
independientemente de que se haya consumado un daño o lesión.<br />
c) El suministro o empleo de la información confidencial de la cual<br />
tenga conocimiento en razón de su cargo y que confiera una<br />
situación de privilegio que derive un provecho indebido, de<br />
cualquier carácter, para sí o para terceros, o brinde una<br />
oportunidad de dañar, ilegítimamente, al Estado y demás entes<br />
públicos o a particulares.<br />
d) El concurso con particulares o funcionarios interesados para<br />
producir un determinado resultado lesivo para los intereses<br />
económicos de la Administración Pública, o el uso de maniobras o<br />
artificios conducentes a tal fin, al intervenir, por razón de su<br />
cargo, en la adopción de un acto administrativo, la selección de un<br />
contratista o la ejecución de un contrato administrativo.<br />
e) El empleo de los fondos públicos sobre los cuales tenga<br />
facultades de uso, administración, custodia o disposición, con<br />
finalidades diferentes de aquellas a las que están destinados por<br />
ley, reglamento o acto administrativo singular, aun cuando estas<br />
finalidades sean igualmente de interés público o compatibles con<br />
los fines de la entidad o el órgano de que se trate.<br />
Asimismo, los funcionarios competentes para la adopción o puesta en<br />
práctica de las medidas correctivas serán responsables, si se<br />
facilita el uso indebido, por deficiencias de control interno que<br />
deberían haberse superado razonable y oportunamente.<br />
f) La autorización o realización de compromisos o erogaciones sin<br />
que exista contenido económico suficiente, debidamente<br />
presupuestado.<br />
g) La autorización o realización de egresos manifiestamente<br />
innecesarios, exagerados o superfluos.<br />
h) Las actuaciones simuladas o fraudulentas en la administración,<br />
el manejo y la custodia de bienes o fondos públicos.<br />
i) El endeudamiento al margen de lo preceptuado por el ordenamiento<br />
jurídico aplicable.<br />
j) El incumplimiento total o parcial, gravemente injustificado, de<br />
las metas señaladas en los correspondientes proyectos, programas y<br />
presupuestos.<br />
k) La aprobación o realización de asientos contables o estados<br />
financieros falsos.<br />
l) El nombramiento de un servidor con facultades de uso y<br />
disposición de recursos públicos, que no reúna las condiciones<br />
exigidas por el ordenamiento jurídico o los manuales y las<br />
reglamentaciones internas, o darle al servidor posesión del cargo<br />
sin rendir previamente la caución que ordena esta Ley.<br />
m) El ingreso, por cualquier medio, a los sistemas informáticos de<br />
la Administración Financiera y de Proveeduría, sin la autorización<br />
correspondiente.<br />
n) Obstaculizar el buen desempeño de los sistemas informáticos de<br />
la Administración Financiera y de Proveeduría, omitiendo el ingreso<br />
de datos o ingresando información errónea o extemporánea.<br />
ñ) Causar daño a los componentes materiales o físicos de los<br />
aparatos, las máquinas o los accesorios que apoyan el<br />
funcionamiento de los sistemas informáticos de la Administración<br />
Financiera y de Proveeduría.<br />
o) Apartarse de las normas técnicas y los lineamientos en materia<br />
presupuestaria y contable emitidos por los órganos competentes.<br />
p) Causar daño, abuso o cualquier pérdida de los bienes en custodia<br />
que reciba un funcionario público, cuyas atribuciones permitan o<br />
exijan su tenencia y de los cuales es responsable.<br />
q) Permitir a otra persona manejar o usar los bienes públicos en<br />
forma indebida.<br />
r) Otras conductas u omisiones similares a las anteriores que<br />
redunden en disminución, afectación o perjuicio de la<br />
Administración Financiera del Estado o sus instituciones.<br />
Artículo 111.- Delito informático. Cometerán delito informático,<br />
sancionado con prisión de uno a tres años, los funcionarios públicos o<br />
particulares que realicen, contra los sistemas informáticos de la<br />
Administración Financiera y de Proveeduría, alguna de las siguientes<br />
acciones:<br />
a) Apoderarse, copiar, destruir, alterar, transferir o mantener en<br />
su poder, sin el debido permiso de la autoridad competente,<br />
información, programas o bases de datos de uso restringido.<br />
b) Causar daño, dolosamente, a los componentes lógicos o físicos de<br />
los aparatos, las máquinas o los accesorios que apoyan el<br />
funcionamiento de los sistemas informáticos.<br />
c) Facilitar a terceras personas el uso del código personal y la<br />
clave de acceso asignados para acceder a los sistemas.<br />
d) Utilizar las facilidades del Sistema para beneficio propio o de<br />
terceros.<br />
Artículo 112.- Responsabilidad administrativa del máximo jerarca.<br />
Habrá responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos que<br />
ocupen la máxima jerarquía de uno de los Poderes del Estado o las demás<br />
entidades públicas, cuando incurran en la conducta prevista en el inciso j)<br />
del Artículo 110, se determine que las deficiencias o negligencias de la<br />
gestión son resultado de sus decisiones y directrices y no del normal<br />
funcionamiento del órgano o la entidad, o bien, al omitir una decisión<br />
oportuna. En tal caso, la Contraloría General de la República informará de<br />
esta situación al órgano al que le corresponda valorar las<br />
responsabilidades procedentes, así como a la Asamblea Legislativa para el<br />
ejercicio de sus funciones de control.<br />
Artículo 113.- Sanciones administrativas. De conformidad con las<br />
causales del Artículo 110, las sanciones administrativas podrán ser<br />
impuestas por el órgano de la entidad que ostente la potestad<br />
disciplinaria. Asimismo, la Contraloría General de la República podrá<br />
sustanciar el procedimiento administrativo y requerirá, en forma<br />
vinculante, a la entidad respectiva, aplicar la sanción que determine.<br />
Dichas sanciones consistirán, según la gravedad de los hechos, en lo<br />
siguiente:<br />
a) Amonestación escrita.<br />
b) Amonestación escrita publicada en La Gaceta.<br />
c) Suspensión sin goce de salario o estipendio, correspondiente a<br />
un plazo de ocho a treinta días.<br />
d) Destitución sin responsabilidad.<br />
Artículo 114.- Responsabilidad civil. Todo servidor público será<br />
responsable civil por los daños y perjuicios que ocasione, por dolo o culpa<br />
grave, a los órganos y entes públicos, independientemente de si existe con<br />
ellos relación de servicio. Tal responsabilidad se regirá por la Ley<br />
General de la Administración Pública y podrá surgir, sin que esa<br />
enumeración sea taxativa, por la comisión de alguno de los hechos<br />
contemplados en los Artículos 110 y 111 de la presente Ley.<br />
Artículo 115.- Responsabilidad ante terceros. El servidor<br />
público que, a nombre y por cuenta del órgano o ente público donde presta<br />
sus servicios, contraiga<br />
obligaciones o adquiera compromisos al margen del ordenamiento jurídico,<br />
será de ellos el responsable civil ante terceros, sin perjuicio de la<br />
acción de repetición que pueda emprender el Estado o la entidad pública de<br />
que se trate por los pagos efectuados.<br />
Artículo 116.- Responsabilidad solidaria. La responsabilidad<br />
será solidaria cuando los responsables por un mismo acto sean varios, su<br />
grado de participación en los hechos causantes del daño o perjuicio sea<br />
equivalente o se trate de miembros de un órgano colegiado si el daño se<br />
deriva de un acuerdo adoptado por ellos, salvo que conste, de manera<br />
expresa, su voto negativo.<br />
Artículo 117.- Responsabilidad civil de particulares. Además de<br />
lo preceptuado por la Ley Orgánica de la Contraloría General de la<br />
República, incurrirán en responsabilidad civil los particulares, sean<br />
personas físicas o jurídicas, que se beneficien con recursos públicos<br />
cuando estén involucrados en alguno de los supuestos de los Artículos 110 y<br />
111.<br />
Artículo 118.- Cobro judicial. La copia certificada de la<br />
resolución que declare la responsabilidad civil, constituirá título<br />
ejecutivo para su cobro por la vía judicial, si consta suma líquida.<br />
Artículo 119.- Ejecución de la garantía. Una vez firme en vía<br />
administrativa la resolución para el resarcimiento de daños y perjuicios,<br />
la entidad lesionada patrimonialmente podrá ejecutar la garantía que el<br />
funcionario público haya rendido de conformidad con esta Ley. De ser<br />
insuficiente, podrá acudirse a la vía ejecutiva simple por el saldo<br />
insoluto, según el artículo anterior.<br />
Artículo 120.- Plazo de las garantías. Las garantías que rindan<br />
los funcionarios públicos deberán mantenerse por el lapso de prescripción<br />
de la responsabilidad civil o mientras se encuentre pendiente un<br />
procedimiento administrativo por daños y perjuicios. La falta de<br />
presentación de la garantía será causal para el cese en el cargo sin<br />
responsabilidad patronal.<br />
Artículo 121.- Obligatoriedad de traslado. Cuando los hechos<br />
examinados presenten indicios de responsabilidad penal, el servidor público<br />
o el auditor encargado los trasladará a conocimiento de la unidad legal<br />
pertinente, la cual tramitará la denuncia según corresponda.<br />
TÍTULO XI<br />
Disposiciones Finales<br />
CAPÍTULO ÚNICO<br />
Artículo 122.- Prohibiciones. No podrán ser designados jerarcas<br />
de los subsistemas de la Administración Financiera ni de los sistemas<br />
complementarios, quienes sean parientes por consanguinidad o afinidad en<br />
línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, del Ministro de<br />
Hacienda o de los jerarcas de dichos subsistemas. En general, deberán<br />
observarse las prohibiciones o incompatibilidades previstas en cada norma<br />
legal, orgánica o estatutaria de los entes y órganos públicos.<br />
Artículo 123.- Limitaciones al ejercicio de otras funciones. Los<br />
jerarcas de los subsistemas de la Administración Financiera y los demás<br />
funcionarios pertenecientes a ellos no podrán:<br />
a) Ejercer profesiones liberales fuera del cargo, excepto en<br />
asuntos estrictamente personales, en los de su cónyuge,<br />
ascendientes, descendientes y hermanos.<br />
b) Desempeñar otro cargo público, salvo ley especial en contrario.<br />
De esta prohibición se exceptúa el ejercicio de la docencia, de<br />
acuerdo con el Reglamento de esta Ley.<br />
c) Intervenir en el trámite o la resolución de asuntos sometidos a<br />
su competencia, en los que, directa o indirectamente, tengan<br />
interés personal o cuando los interesados sean sus parientes, por<br />
consanguinidad o afinidad, en línea directa o colateral, hasta el<br />
tercer grado inclusive.<br />
Artículo 124.- Cese sin responsabilidad ante sentencia penal.<br />
Cesarán en su cargo sin responsabilidad patronal, los miembros de las<br />
juntas directivas, presidentes ejecutivos y gerentes de los entes<br />
descentralizados y empresas públicas sobre quienes recaiga sentencia penal<br />
firme por la comisión de delitos contra la buena fe en los negocios, los<br />
Poderes públicos y el orden constitucional y contra los deberes de la<br />
función pública.<br />
Artículo 125.- Desarrollo del Sistema Integrado de Información.<br />
El Ministerio de Hacienda promoverá y apoyará el desarrollo y buen<br />
funcionamiento de un Sistema Integrado de Información de la Administración<br />
Financiera, como elemento facilitador del cumplimiento de los objetivos de<br />
esta Ley.<br />
Asimismo, podrá establecer en qué casos y con cuáles requisitos, se<br />
utilizarán medios que faciliten el intercambio de datos y documentos<br />
mediante el empleo de tecnologías de la información y las comunicaciones,<br />
cuyo propósito sea:<br />
a) Agilizar los procedimientos, sustituyendo los soportes<br />
documentales por soportes propios de las tecnologías disponibles en<br />
materia de información y comunicaciones.<br />
b) Reemplazar los sistemas de autorización y control, formalizados<br />
mediante diligencias, firmas manuscritas, sellos u otros medios<br />
manuales o mecánicos, por autorizaciones y controles automatizados,<br />
según los requerimientos de los sistemas de información que se<br />
habiliten para el cumplimiento de esta Ley y sus reglamentos,<br />
siempre que el órgano correspondiente garantice el ejercicio de la<br />
competencia.<br />
TÍTULO XII<br />
Modificaciones y Derogaciones<br />
CAPÍTULO ÚNICO<br />
Artículo 126.- Modificaciones. Modifícanse las siguientes<br />
disposiciones legales:<br />
a) En el Artículo 28 de la Ley Nº 7012, de 4 de noviembre de 1985,<br />
sustitúyese la frase "Contraloría General de la República" por<br />
"entidad bancaria que concedió el crédito".<br />
b) El Artículo 18 de la Ley de Hidrocarburos, N° 7399, de 3 de mayo<br />
de 1994, cuyo texto dirá:<br />
"Artículo 18.- La Dirección General de Hidrocarburos creará una<br />
unidad de auditoría interna, la cual en materia de dependencia,<br />
organización, competencia, atribuciones, responsabilidades y otros<br />
afines, se regirá por lo que establece para tal efecto la Ley N°<br />
7428, de 7 de setiembre de 1994. Corresponderá a la Contraloría<br />
General de la República la fiscalización superior de la Dirección<br />
General de Hidrocarburos."<br />
c) El último párrafo del Artículo 168 del Código de Normas y<br />
Procedimientos Tributarios, Ley Nº 4755, de 3 de mayo de 1971. El<br />
texto dirá:<br />
"Artículo 168.-<br />
[...]<br />
Asimismo, la Oficina de Cobros puede disponer, de oficio o a<br />
petición de parte, la cancelación de los créditos indicados en el<br />
Artículo 157 de este código, cuando los términos de prescripción<br />
correspondientes estén vencidos o se trate de cuentas o créditos<br />
incobrables. La resolución que así lo disponga deberá contar con<br />
la aprobación de la Dirección General de Hacienda y deberá ponerse<br />
en conocimiento de la Contabilidad Nacional y los organismos<br />
correspondientes para que cancelen, en sus registros o libros, las<br />
cuentas o los créditos respectivos. Contra la resolución que<br />
deniegue la cancelación, cabrá recurso ante el Tribunal Fiscal<br />
Administrativo."<br />
d) Los Artículos 8, 18 y 32 de la Ley Orgánica de la Contraloría<br />
General de la República, N° 7428, de 7 de setiembre de 1994. Los<br />
textos dirán:<br />
"Artículo 8°- Hacienda Pública. La Hacienda Pública estará<br />
constituida por los fondos públicos, las potestades para percibir,<br />
administrar, custodiar, conservar, manejar, gastar e invertir tales<br />
fondos y las normas jurídicas, administrativas y financieras,<br />
relativas al proceso presupuestario, la contratación<br />
administrativa, el control interno y externo y la responsabilidad<br />
de los funcionarios públicos.<br />
Respecto a los entes públicos no estatales, las sociedades con<br />
participación minoritaria del sector público o las entidades<br />
privadas, únicamente formarán parte de la Hacienda Pública los<br />
recursos que administren o dispongan, por cualquier título, para<br />
conseguir sus fines y que hayan sido transferidos o puestos a su<br />
disposición, mediante norma o partida presupuestaria, por los<br />
Poderes del Estado, sus dependencias y órganos auxiliares, el<br />
Tribunal Supremo de Elecciones, la administración descentralizada,<br />
las universidades estatales, las municipalidades y los bancos del<br />
Estado. Los recursos de origen distinto de los indicados no<br />
integran la Hacienda Pública; en consecuencia, el régimen jurídico<br />
aplicable a esas entidades es el contenido en las Leyes que las<br />
crearon o los ordenamientos especiales que las regulan.<br />
El patrimonio público será el universo constituido por los fondos<br />
públicos y los pasivos a cargo de los sujetos componentes de la<br />
Hacienda Pública. Serán sujetos componentes de la Hacienda<br />
Pública, el Estado y los demás entes u órganos públicos, estatales<br />
o no, y las empresas públicas, así como los sujetos de<br />
Derecho Privado, en cuanto administren o custodien fondos públicos<br />
por cualquier título, con las salvedades establecidas en el párrafo<br />
anterior."<br />
"Artículo 18.- Fiscalización presupuestaria. Corresponde a la<br />
Contraloría General de la República examinar para su aprobación o<br />
improbación, total o parcial, los presupuestos de los entes<br />
referidos en el Artículo 184 de la Constitución Política, así como<br />
los del resto de la Administración descentralizada, las<br />
instituciones semiautónomas y las empresas públicas. Los entes<br />
públicos no estatales deberán cumplir con tal requisito cuando una<br />
ley especial así lo exija.<br />
En caso de que algún presupuesto sea improbado regirá el del año<br />
inmediato anterior. Si la improbación del presupuesto es parcial,<br />
hasta tanto no se corrijan las deficiencias, regirá en cuanto a lo<br />
improbado el del año anterior.<br />
Los órganos, las unidades ejecutoras, los fondos, los programas y<br />
las cuentas que administren recursos de manera independiente,<br />
igualmente deberán cumplir con lo dispuesto por este artículo. La<br />
Contraloría General de la República determinará, mediante<br />
resolución razonada para estos casos, los presupuestos que por su<br />
monto se excluyan de este trámite.<br />
La Contraloría General de la República fiscalizará que los<br />
presupuestos sean formulados y presentados para cada ejercicio, de<br />
conformidad con las disposiciones legales y técnicas.<br />
Si la Contraloría atrasa la tramitación y aprobación de un<br />
presupuesto, continuará rigiendo el anterior hasta que la<br />
Contraloría se pronuncie.<br />
Cuando se trate de programas o proyectos cuya ejecución se extienda<br />
más allá de dicho período, la entidad que formule el presupuesto<br />
deberá demostrar, a satisfacción de la Contraloría General de la<br />
República, que dispondrá de la financiación complementaria para<br />
terminar el programa y el proyecto respectivo."<br />
"Artículo 32.- Memoria anual. Informes periódicos y<br />
comparecencia. La Contraloría General de la República deberá<br />
presentar a la Asamblea Legislativa un informe acerca del<br />
cumplimiento de sus deberes y atribuciones del año anterior, que<br />
incluya una exposición de opiniones y sugerencias que considere<br />
necesarias para un uso eficiente de los fondos públicos y enviarlo<br />
a cada uno de los diputados, el 1º de mayo de cada año.<br />
Asimismo, la Contraloría General de la República presentará a la<br />
Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Públicos de la<br />
Asamblea Legislativa, informes periódicos de la gestión<br />
presupuestaria del sector público y de las auditorías y denuncias<br />
que tengan repercusión sobre los recursos públicos que se estén<br />
administrando. La periodicidad de los informes será establecida<br />
por la Comisión supracitada. El Contralor General de la República<br />
comparecerá ante la Asamblea Legislativa o ante sus Comisiones,<br />
siempre que sea requerido, según lo dispuesto en el Reglamento de<br />
la Asamblea Legislativa."<br />
e) El Artículo 16 de la Ley de Equilibrio Financiero, Nº 6955, de<br />
16 de febrero de 1984, cuyo texto dirá:<br />
"Artículo 16.- Para propiciar la racionalización del empleo en el<br />
sector público, la Autoridad Presupuestaria fijará los lineamientos<br />
en materia de empleo público, los cuales podrán incluir límites al<br />
número de puestos por institución. El cumplimiento de tales<br />
lineamientos quedará bajo responsabilidad de la máxima autoridad de<br />
la respectiva institución. Asimismo, las instituciones deberán<br />
remitir la información que se les solicite para verificar dicho<br />
cumplimiento."<br />
f) El Artículo 9 de la Ley de Planificación Nacional, Nº 5525, de 2<br />
de mayo de 1974, cuyo texto dirá:<br />
"Artículo 9°- Corresponde al Ministerio de Planificación Nacional<br />
y Política Económica velar porque los programas de inversión<br />
pública, incluidos los de las instituciones descentralizadas y<br />
demás organismos de Derecho Público, sean compatibles con las<br />
previsiones y el orden de prioridad establecido en el Plan Nacional<br />
de Desarrollo."<br />
g) El Artículo 104 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa<br />
Rica, Nº 7558, de 3 de noviembre de 1995, cuyo texto dirá:<br />
"Artículo 104.- Cobro por servicios. El Banco Central<br />
percibirá, por los servicios que preste al Gobierno y sus<br />
dependencias o a las municipalidades o instituciones autónomas en<br />
su caso, las tasas que convinieren, basadas en el cómputo del costo<br />
de operación que tenga el Banco por la ejecución de tales<br />
servicios. El Banco no permitirá, por ninguna circunstancia,<br />
sobregiros en las cuentas que mantengan las mencionadas entidades."<br />
Artículo 127.- Derogaciones. Deróganse las siguientes<br />
disposiciones legales:<br />
a) La Ley de Administración Financiera de la República, N° 1279, de<br />
2 de mayo de 1951, con sujeción a lo establecido en el transitorio<br />
VI de esta Ley.<br />
b) El Artículo 3 de la Ley de Salarios de la Administración<br />
Pública, Nº 2166, de 9 de octubre de 1957.<br />
c) La Ley de Creación de la Autoridad Presupuestaria, Nº 6821, de<br />
19 de octubre de 1982.<br />
d) Los Artículos 17, 18, 19 y 37 de la Ley para el equilibrio<br />
financiero del sector público, Nº 6955, de 24 de febrero de 1984.<br />
e) Las disposiciones que otorguen a órganos de los entes y órganos<br />
incluidos en los incisos a) y b) del Artículo 1 la facultad de<br />
manejar recursos financieros sin que estos ingresen a la caja única<br />
del Estado.<br />
f) Cualquier otra norma referida a la administración de los<br />
recursos financieros del Estado que se oponga a la presente Ley.<br />
Artículo 128.- Cambio de nomenclatura. Al entrar en vigor la<br />
presente Ley, en la legislación vigente toda referencia a la Proveeduría<br />
Nacional corresponderá a la Dirección General de Administración de Bienes y<br />
Contratación Administrativa.<br />
Artículo 129.- Reglamento. El Poder Ejecutivo reglamentará esta<br />
Ley en un plazo de seis meses, contados a partir de su publicación; para<br />
esto considerará la elaboración de un reglamento general y uno especial<br />
para cada subsistema del Sistema de Administración Financiera y los<br />
sistemas complementarios.<br />
TÍTULO XIII<br />
Disposiciones Transitorias<br />
CAPÍTULO ÚNICO<br />
Transitorio I.- De aprobarse esta Ley con posterioridad a la<br />
publicación de los lineamientos de política presupuestaria, las<br />
disposiciones relativas a la formulación del presupuesto se aplicarán en el<br />
ejercicio económico subsiguiente.<br />
Transitorio II.- El Poder Ejecutivo dispondrá de un plazo de nueve<br />
meses para establecer el banco cajero, de conformidad con las disposiciones<br />
del Artículo 63. Mientras se concreta tal designación, los servicios se<br />
prestarán conforme a los contratos vigentes a la publicación de la Ley.<br />
Transitorio III.- La Dirección de Administración de Bienes y<br />
Contratación Administrativa dispondrá de seis meses, posteriores a la<br />
publicación de esta Ley, a fin de realizar las gestiones requeridas para<br />
asumir las nuevas funciones en materia de administración de bienes que se<br />
le asignan en la presente Ley.<br />
Transitorio IV.- El Poder Ejecutivo deberá realizar las acciones<br />
pertinentes para que, en el ejercicio económico posterior a la publicación<br />
de esta Ley, se eliminen los gastos extrapresupuestarios.<br />
Transitorio V.- Para cumplir el principio presupuestario establecido<br />
en el Artículo 6 de la presente Ley, el Poder Ejecutivo dispondrá de un<br />
plazo de tres ejercicios económicos para tomar las medidas necesarias que<br />
permitan su cabal cumplimiento.<br />
Transitorio VI.- En un plazo máximo de dos meses contados a partir de<br />
la entrada en vigencia de la presente Ley, la Contraloría General de la<br />
República presentará a la Asamblea Legislativa un proyecto que contendrá un<br />
capítulo sobre control interno, así como las reformas que, en materia de<br />
responsabilidades, considere pertinentes.<br />
Transitorio VII.- Mientras el legislador ordinario no dicte las<br />
normas sustitutivas de las señaladas como inconstitucionales en la Ley de<br />
Contratación Administrativa, N° 7494, de 2 de mayo de 1995, por el voto de<br />
la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Nº 998-98, de las<br />
once horas treinta minutos, de 16 de febrero de 1998, se aplica el<br />
dimensionamiento establecido por la Sala Constitucional en dicha<br />
resolución, por la cual se da vigencia a los siguientes Artículos<br />
derogados: 93, 94 y 95 de la Ley de Administración Financiera de la<br />
República, Nº 1279, que establecían el sistema de contratación<br />
administrativa, así como el inciso f) del Artículo 102 de la mencionada<br />
Ley, para los efectos de apelación.<br />
Rige a partir de su publicación.<br />
Comunícase al Poder Ejecutivo<br />
Asamblea Legislativa.- San José, a los cuatro días del mes de<br />
setiembre del año dos mil uno.<br />
Ovidio Pacheco Salazar,<br />
Presidente.<br />
Everardo Rodríguez Bastos, Gerardo Medina<br />
Madriz,<br />
Segundo Secretario. Primer<br />
Prosecretario.<br />
Ejecútese y publíquese<br />
Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los dieciocho<br />
días del mes de setiembre del dos mil uno.<br />
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA.<br />
El Ministro de Hacienda, El Ministro de la<br />
Presidencia,<br />
Alberto Dent Zeledón, Danilo Chaverri<br />
Soto.<br />
_____________________________________<br />
Actualizada al: 31-10-2001<br />
Sanción: 18-09-2001<br />
Publicación: 16-10-2001 Gaceta: 198<br />
Rige: 16-10-2001<br />
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