Nº 8083<br />
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA,<br />
DECRETA:<br />
APROBACIÓN DEL ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL<br />
Artículo 1º.- Apruébase, en cada una de las partes, el Estatuto de<br />
Roma de la Corte Penal Internacional, suscrito el 7 de octubre de 1998. El<br />
texto es el siguiente:<br />
"ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL<br />
PREÁMBULO<br />
Conscientes de que todos los pueblos están unidos por estrechos lazos<br />
y sus culturas configuran un patrimonio común y observando con preocupación<br />
que este delicado mosaico puede romperse en cualquier momento,<br />
Teniendo presente que, en este siglo, millones de niños, mujeres y<br />
hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y<br />
conmueven profundamente la conciencia de la humanidad,<br />
Reconociendo que esos graves crímenes constituyen una amenaza para la<br />
paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad,<br />
Afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la<br />
comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a<br />
tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la<br />
cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a<br />
la acción de la justicia,<br />
Decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes<br />
y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes,<br />
Recordando que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal<br />
contra los responsables de crímenes internacionales,<br />
Reafirmando los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones<br />
Unidas y, en particular, que los Estados se abstendrán de recurrir a la<br />
amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la<br />
independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma<br />
incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas,<br />
Destacando, en este contexto, que nada de lo dispuesto en el presente<br />
Estatuto deberá entenderse en el sentido de que autorice a un Estado Parte<br />
a intervenir en una situación de conflicto armado en los asuntos internos<br />
de otro Estado,<br />
Decididos, a los efectos de la consecución de esos fines y en interés<br />
de las generaciones presentes y futuras, a establecer una Corte Penal<br />
Internacional de carácter permanente, independiente y vinculada con el<br />
sistema de las Naciones Unidas que tenga competencia sobre los crímenes más<br />
graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto,<br />
Destacando que la Corte Penal Internacional establecida en virtud del<br />
presente Estatuto será complementaria de las jurisdicciones penales<br />
nacionales,<br />
Decididos a garantizar que la justicia internacional sea respetada y<br />
puesta en práctica en forma duradera,<br />
Han convenido en lo siguiente:<br />
PARTE I<br />
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA CORTE<br />
Artículo 1<br />
La Corte<br />
Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional ("la<br />
Corte"). La Corte será una institución permanente, estará facultada para<br />
ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves<br />
de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y<br />
tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales.<br />
La competencia y el funcionamiento de la Corte se regirán por las<br />
disposiciones del presente Estatuto.<br />
Artículo 2<br />
Relación de la Corte con las Naciones Unidas<br />
La Corte estará vinculada con las Naciones Unidas por un acuerdo que<br />
deberá aprobar la Asamblea de los Estados Partes en el presente Estatuto y<br />
concluir luego el Presidente de la Corte en nombre de esta.<br />
Artículo 3<br />
Sede de la Corte<br />
1.- La sede de la Corte estará en La Haya, Países Bajos ("el Estado<br />
anfitrión").<br />
2.- La Corte concertará con el Estado anfitrión un acuerdo relativo a la<br />
sede que deberá aprobar la Asamblea de los Estados Partes y concluir luego<br />
el Presidente de la Corte en nombre de esta.<br />
3.- La Corte podrá celebrar sesiones en otro lugar cuando lo considere<br />
conveniente, de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto.<br />
Artículo 4<br />
Condición jurídica y atribuciones de la Corte<br />
1.- La Corte tendrá personalidad jurídica internacional. Tendrá también<br />
la capacidad jurídica que sea necesaria para el desempeño de sus<br />
funciones y la realización de sus propósitos.<br />
2.- La Corte podrá ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad<br />
con lo dispuesto en el presente Estatuto en el territorio de<br />
cualquier Estado Parte y, por acuerdo especial, en el territorio de<br />
cualquier otro Estado.<br />
PARTE II<br />
DE LA COMPETENCIA, LA ADMISIBILIDAD Y EL DERECHO APLICABLE<br />
Artículo 5<br />
Crímenes de la competencia de la Corte<br />
1.- La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de<br />
trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte<br />
tendrá competencia, de conformidad con el presente Estatuto, respecto<br />
de los siguientes crímenes:<br />
a) El crimen de genocidio;<br />
b) Los crímenes de lesa humanidad;<br />
c) Los crímenes de guerra;<br />
d) El crimen de agresión.<br />
2.- La Corte ejercerá competencia respecto del crimen de agresión una vez<br />
que se apruebe una disposición de conformidad con los artículos 121 y<br />
123 en que se defina el crimen y se enuncien las condiciones en las<br />
cuales lo hará. Esa disposición será compatible con las disposiciones<br />
pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas.<br />
Artículo 6<br />
Genocidio<br />
A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "genocidio"<br />
cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la<br />
intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico,<br />
racial o religioso como tal:<br />
a) Matanza de miembros del grupo;<br />
b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del<br />
grupo;<br />
c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia<br />
que hayan de acarrear su destrucción física, total o<br />
parcial;<br />
d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo;<br />
e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.<br />
Artículo 7<br />
Crímenes de lesa humanidad<br />
1.- A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "crimen de lesa<br />
humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte<br />
de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y<br />
con conocimiento de dicho ataque:<br />
a) Asesinato;<br />
b) Exterminio;<br />
c) Esclavitud;<br />
d) Deportación o traslado forzoso de población;<br />
e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física<br />
en violación de normas fundamentales de derecho internacional;<br />
f) Tortura;<br />
g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,<br />
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos<br />
sexuales de gravedad comparable;<br />
h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia<br />
fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos,<br />
culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u<br />
otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables<br />
con arreglo al derecho internacional, en conexión con<br />
cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen<br />
de la competencia de la Corte;<br />
i) Desaparición forzada de personas;<br />
j) El crimen de apartheid;<br />
k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen<br />
intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente<br />
contra la integridad física o la salud mental o física.<br />
2.- A los efectos del párrafo 1:<br />
a) Por "ataque contra una población civil" se entenderá una línea<br />
de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados<br />
en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la<br />
política de un Estado o de una organización de cometer esos actos<br />
o para promover esa política;<br />
b) El "exterminio" comprenderá la imposición intencional de<br />
condiciones de vida, la privación del acceso a alimentos o<br />
medicinas entre otras, encaminadas a causar la destrucción de<br />
parte de una población;<br />
c) Por "esclavitud" se entenderá el ejercicio de los atributos del<br />
derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos,<br />
incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas,<br />
en particular mujeres y niños;<br />
d) Por "deportación o traslado forzoso de población" se entenderá<br />
el desplazamiento de las personas afectadas, por expulsión u otros<br />
actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes,<br />
sin motivos autorizados por el derecho internacional;<br />
e) Por "tortura" se entenderá causar intencionalmente dolor o<br />
sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que<br />
el acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, no se<br />
entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven<br />
únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o<br />
fortuita de ellas;<br />
f) Por "embarazo forzado" se entenderá el confinamiento ilícito de<br />
una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la<br />
intención de modificar la composición étnica de una población o de<br />
cometer otras violaciones graves del derecho internacional. En<br />
modo alguno se entenderá que esta definición afecta a las normas<br />
de derecho interno relativas al embarazo;<br />
g) Por "persecución" se entenderá la privación intencional y grave<br />
de derechos fundamentales en contravención del derecho<br />
internacional en razón de la identidad del grupo o de la<br />
colectividad;<br />
h) Por "el crimen de apartheid" se entenderán los actos inhumanos<br />
de carácter similar a los mencionados en el párrafo 1 cometidos en<br />
el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y<br />
dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos<br />
raciales y con la intención de mantener ese régimen;<br />
i) Por "desaparición forzada de personas" se entenderá la<br />
aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado<br />
o una organización política, o con su autorización, apoyo o<br />
aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación<br />
de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de<br />
esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la<br />
ley por un período prolongado.<br />
3.- A los efectos del presente Estatuto se entenderá que el término<br />
"género" se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el<br />
contexto de la sociedad. El término "género" no tendrá más acepción<br />
que la que antecede.<br />
Artículo 8<br />
Crímenes de guerra<br />
1.- La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en<br />
particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como<br />
parte de la comisión en gran escala de tales crímenes.<br />
2.- A los efectos del presente Estatuto, se entiende por "crímenes de<br />
guerra":<br />
a) Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto<br />
de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos contra<br />
personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de<br />
Ginebra pertinente:<br />
i) Matar intencionalmente;<br />
ii) Someter a tortura o a otros tratos inhumanos, incluidos<br />
los experimentos biológicos;<br />
iii) Infligir deliberadamente grandes sufrimientos o atentar<br />
gravemente contra la integridad física o la salud;<br />
iv) Destruir bienes y apropiarse de ellos de manera no<br />
justificada por necesidades militares, a gran escala, ilícita y<br />
arbitrariamente;<br />
v) Obligar a un prisionero de guerra o a otra persona<br />
protegida a prestar servicio en las fuerzas de una Potencia<br />
enemiga;<br />
vi) Privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra<br />
persona de sus derechos a un juicio justo e imparcial;<br />
vii) Someter a deportación, traslado o confinamiento ilegales;<br />
viii) Tomar rehenes;<br />
b) Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los<br />
conflictos armados internacionales dentro del marco del derecho<br />
internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:<br />
i) Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil<br />
en cuanto tal o contra civiles que no participen directamente<br />
en las hostilidades;<br />
ii) Dirigir intencionalmente ataques contra objetos civiles,<br />
es decir, objetos que no son objetivos militares;<br />
iii) Dirigir intencionalmente ataques contra personal,<br />
instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en<br />
una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia<br />
humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas,<br />
siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles<br />
u objetos civiles con arreglo al derecho internacional de<br />
los conflictos armados;<br />
iv) Lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que<br />
causará pérdidas de vidas, lesiones a civiles o daños a<br />
objetos de carácter civil o daños extensos, duraderos y graves<br />
al medio natural que sean claramente excesivos en relación con<br />
la ventaja militar general concreta y directa que se prevea;<br />
v) Atacar o bombardear, por cualquier medio, ciudades,<br />
aldeas, pueblos o edificios que no estén defendidos y que no<br />
sean objetivos militares;<br />
vi) Causar la muerte o lesiones a un enemigo que haya depuesto<br />
las armas o que, al no tener medios para defenderse, se haya<br />
rendido a discreción;<br />
vii) Utilizar de modo indebido la bandera blanca, la bandera<br />
nacional o las insignias militares o el uniforme del enemigo o<br />
de las Naciones Unidas, así como los emblemas distintivos de<br />
los Convenios de Ginebra, y causar así la muerte o<br />
lesiones graves;<br />
viii) El traslado, directa o indirectamente, por la Potencia<br />
ocupante de parte de su población civil al territorio que<br />
ocupa o la deportación o el traslado de la totalidad o<br />
parte de la población del territorio ocupado, dentro o fuera<br />
de ese territorio;<br />
ix) Los ataques dirigidos intencionalmente contra edificios<br />
dedicados al culto religioso, las artes, las ciencias o la<br />
beneficencia, los monumentos, los hospitales y los lugares<br />
en que se agrupa a enfermos y heridos, siempre que no sean<br />
objetivos militares;<br />
x) Someter a personas que estén en poder del perpetrador a<br />
mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos<br />
de cualquier tipo que no estén justificados en razón de un<br />
tratamiento médico, dental u hospitalario, ni se lleven a<br />
cabo en su interés, y que causen la muerte o pongan<br />
gravemente en peligro su salud;<br />
xi) Matar o herir a traición a personas pertenecientes a la<br />
nación o al ejército enemigo;<br />
xii) Declarar que no se dará cuartel;<br />
xiii) Destruir o confiscar bienes del enemigo, a menos que las<br />
necesidades de la guerra lo hagan imperativo;<br />
xiv) Declarar abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un<br />
tribunal los derechos y acciones de los nacionales de la<br />
parte enemiga;<br />
xv) Obligar a los nacionales de la parte enemiga a participar<br />
en operaciones bélicas dirigidas contra su propio país,<br />
aunque hubieran estado a su servicio antes del inicio de la<br />
guerra;<br />
xvi) Saquear una ciudad o una plaza, incluso cuando es tomada<br />
por asalto;<br />
xvii) Veneno o armas envenenadas;<br />
xiii) Gases asfixiantes, tóxicos o similares o cualquier<br />
líquido, material o dispositivo análogo;<br />
xix) Balas que se abran o aplasten fácilmente en el cuerpo<br />
humano, como balas de camisa dura que no recubra totalmente<br />
la parte interior o que tenga incisiones;<br />
xx) Emplear armas, proyectiles, materiales y métodos de guerra<br />
que, por su propia naturaleza, causen daños superfluos o<br />
sufrimientos innecesarios o surtan efectos indiscriminados<br />
en violación del derecho humanitario internacional de los<br />
conflictos armados, a condición de que esas armas o esos<br />
proyectiles, materiales o métodos de guerra, sean objeto de<br />
una prohibición completa y estén incluidos en un anexo del<br />
presente Estatuto en virtud de una enmienda aprobada de<br />
conformidad con las disposiciones que, sobre el particular,<br />
figuran en los artículos 121 y 123;<br />
xxi) Cometer ultrajes contra la dignidad de la persona, en<br />
particular tratos humillantes y degradantes;<br />
xxii) Cometer actos de violación, esclavitud sexual,<br />
prostitución forzada, embarazo forzado, definido en el apartado<br />
f) del párrafo 2 del artículo 7, esterilización forzada y<br />
cualquier otra forma de violencia sexual que constituya una<br />
violación grave de los Convenios de Ginebra;<br />
xxiii) Aprovechar la presencia de civiles u otras personas<br />
protegidas para que queden inmunes de operaciones militares<br />
determinados puntos, zonas o fuerzas militares;<br />
xxiv) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios,<br />
material, unidades y vehículos sanitarios, y contra personal<br />
habilitado para utilizar los emblemas distintivos de los<br />
Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho<br />
internacional;<br />
xxv) Provocar intencionalmente la inanición de la población<br />
civil como método de hacer la guerra, privándola de los objetos<br />
indispensables para su supervivencia, incluido el hecho de<br />
obstaculizar intencionalmente los suministros de socorro de<br />
conformidad con los Convenios de Ginebra;<br />
xxvi) Reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las<br />
fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar<br />
activamente en las hostilidades;<br />
c) En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional,<br />
las violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios<br />
de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los<br />
siguientes actos cometidos contra personas que no participen<br />
directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las<br />
fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y los que hayan<br />
quedado fuera de combate por enfermedad, lesiones, detención o por<br />
cualquier otra causa:<br />
i) Actos de violencia contra la vida y la persona, en<br />
particular el homicidio en todas sus formas, las<br />
mutilaciones, los tratos crueles y la tortura;<br />
ii) Los ultrajes contra la dignidad personal, en particular<br />
los tratos humillantes y degradantes;<br />
iii) La toma de rehenes;<br />
iv) Las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin<br />
sentencia previa pronunciada por un tribunal constituido<br />
regularmente y que haya ofrecido todas las garantías<br />
judiciales generalmente reconocidas como indispensables.<br />
d) El párrafo 2 c) del presente artículo se aplica a los conflictos<br />
armados que no son de índole internacional, y por lo tanto no se<br />
aplica a situaciones de disturbios o tensiones internos, tales<br />
como motines, actos aislados y esporádicos de violencia u otros<br />
actos de carácter similar.<br />
e) Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en<br />
los conflictos armados que no sean de índole internacional, dentro<br />
del marco establecido de derecho internacional, a saber,<br />
cualquiera de los actos siguientes:<br />
i) Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil<br />
como tal o contra civiles que no participen directamente en las<br />
hostilidades;<br />
ii) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios,<br />
material, unidades y vehículos sanitarios y contra el personal<br />
habilitado para utilizar los emblemas distintivos de los<br />
Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho<br />
internacional;<br />
iii) Dirigir intencionalmente ataques contra personal,<br />
instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en<br />
una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia<br />
humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas,<br />
siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles<br />
u objetos civiles con arreglo al derecho de los conflictos<br />
armados;<br />
iv) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios<br />
dedicados al culto religioso, la educación, las artes, las<br />
ciencias o la beneficencia, los monumentos, los hospitales y<br />
otros lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, a<br />
condición de que no sean objetivos militares;<br />
v) Saquear una ciudad o plaza, incluso cuando es tomada por<br />
asalto;<br />
vi) Cometer actos de violación, esclavitud sexual,<br />
prostitución forzada, embarazo forzado, definido en el apartado<br />
f) del párrafo 2 del artículo 7, esterilización forzada o<br />
cualquier otra forma de violencia sexual que constituya<br />
también una violación grave del artículo 3 común a los cuatro<br />
Convenios de Ginebra;<br />
vii) Reclutar o alistar niños menores de 15 años en las fuerzas<br />
armadas o utilizarlos para participar activamente en<br />
hostilidades;<br />
viii) Ordenar el desplazamiento de la población civil por<br />
razones relacionadas con el conflicto, a menos que así lo<br />
exija la seguridad de los civiles de que se trate o por razones<br />
militares imperativas;<br />
ix) Matar o herir a traición a un combatiente enemigo;<br />
x) Declarar que no se dará cuartel;<br />
xi) Someter a las personas que estén en poder de otra parte en<br />
el conflicto a mutilaciones físicas o a experimentos médicos<br />
o científicos de cualquier tipo que no estén justificados en<br />
razón del tratamiento médico, dental u hospitalario de la<br />
persona de que se trate ni se lleven a cabo en su interés, y<br />
que provoquen la muerte o pongan gravemente en peligro su<br />
salud;<br />
xii) Destruir o confiscar bienes del enemigo, a menos que las<br />
necesidades de la guerra lo hagan imperativo;<br />
f) El párrafo 2 e) del presente artículo se aplica a los conflictos<br />
armados que no son de índole internacional, y, por consiguiente,<br />
no se aplica a situaciones de disturbios y tensiones internas,<br />
como motines, actos aislados y esporádicos de violencia u otros<br />
actos de carácter similar. Se aplica a los conflictos armados que<br />
tienen lugar en el territorio de un Estado cuando existe un<br />
conflicto armado prolongado entre las autoridades gubernamentales<br />
y grupos armados organizados o entre tales grupos.<br />
3.- Nada de lo dispuesto en los párrafos 2 c) y d) afectará a la<br />
responsabilidad que incumbe a todo gobierno de mantener y restablecer<br />
el orden público en el Estado y de defender la unidad e integridad<br />
territorial del Estado por cualquier medio legítimo.<br />
Artículo 9<br />
Elementos del crimen<br />
1.- Los Elementos del crimen, que ayudarán a la Corte a interpretar y<br />
aplicar los artículos 6, 7 y 8 del presente Estatuto, serán aprobados<br />
por una mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea de los<br />
Estados Partes.<br />
2.- Podrán proponer enmiendas a los Elementos del crimen:<br />
a) Cualquier Estado Parte;<br />
b) Los magistrados, por mayoría absoluta;<br />
c) El Fiscal.<br />
Las enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por una<br />
mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea de los Estados<br />
Partes.<br />
3.- Los Elementos del crimen y sus enmiendas serán compatibles con lo<br />
dispuesto en el presente Estatuto.<br />
Artículo 10<br />
Nada de lo dispuesto en la presente parte se interpretará en el<br />
sentido de que limite o menoscabe de alguna manera las normas existentes o<br />
en desarrollo de derecho internacional para fines distintos del presente<br />
Estatuto.<br />
Artículo 11<br />
Competencia temporal<br />
1.- La Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos<br />
después de la entrada en vigor del presente Estatuto.<br />
2.- Si un Estado se hace Parte en el presente Estatuto después de su<br />
entrada en vigor, la Corte podrá ejercer su competencia únicamente con<br />
respecto a los crímenes cometidos después de la entrada en vigor del<br />
presente Estatuto respecto de ese Estado, a menos que este haya hecho<br />
una declaración de conformidad con el párrafo 3 del artículo 12.<br />
Artículo 12<br />
Condiciones previas para el ejercicio de la competencia<br />
1.- El Estado que pase a ser Parte en el presente Estatuto acepta por<br />
ello la competencia de la Corte respecto de los crímenes a que se<br />
refiere el artículo 5.<br />
2. En el caso de los apartados a) o c) del artículo 13, la Corte podrá<br />
ejercer su competencia si uno o varios de los Estados siguientes son<br />
Partes en el presente Estatuto o han aceptado la competencia de la<br />
Corte de conformidad con el párrafo 3:<br />
a) El Estado en cuyo territorio haya tenido lugar la conducta de<br />
que se trate, o si el crimen se hubiere cometido a bordo de<br />
un buque o de una aeronave, el Estado de matrícula del buque<br />
o la aeronave;<br />
b) El Estado del que sea nacional el acusado del crimen.<br />
3.- Si la aceptación de un Estado que no sea Parte en el presente<br />
Estatuto fuere necesaria de conformidad con el párrafo 2, dicho Estado<br />
podrá, mediante declaración depositada en poder del Secretario,<br />
consentir en que la Corte ejerza su competencia respecto del crimen de<br />
que se trate. El Estado aceptante cooperará con la Corte sin demora<br />
ni excepción de conformidad con la Parte IX.<br />
Artículo 13<br />
Ejercicio de la competencia<br />
La Corte podrá ejercer su competencia respecto de cualquiera de los<br />
crímenes a que se refiere el artículo 5 de conformidad con las<br />
disposiciones del presente Estatuto si:<br />
a) Un Estado Parte remite al Fiscal, de conformidad con el artículo<br />
14, una situación en que parezca haberse cometido uno o<br />
varios de esos crímenes;<br />
b) El Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en<br />
el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, remite al<br />
Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o<br />
varios de esos crímenes; o<br />
c) El Fiscal ha iniciado una investigación respecto de un crimen de<br />
ese tipo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.<br />
Artículo 14<br />
Remisión de una situación por un Estado Parte<br />
1.- Todo Estado Parte podrá remitir al Fiscal una situación en que<br />
parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la<br />
Corte y pedir al Fiscal que investigue la situación a los fines de<br />
determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o<br />
varias personas determinadas.<br />
2.- En la medida de lo posible, en la remisión se especificarán las<br />
circunstancias pertinentes y se adjuntará la documentación<br />
justificativa de que disponga el Estado denunciante.<br />
Artículo 15<br />
El Fiscal<br />
1.- El Fiscal podrá iniciar de oficio una investigación sobre la base de<br />
información acerca de un crimen de la competencia de la Corte.<br />
2.- El Fiscal analizará la veracidad de la información recibida. Con tal<br />
fin, podrá recabar más información de los Estados, los órganos de las<br />
Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales o no<br />
gubernamentales u otras fuentes fidedignas que considere apropiadas y<br />
podrá recibir testimonios escritos u orales en la sede de la Corte.<br />
3.- El Fiscal, si llegare a la conclusión de que existe fundamento<br />
suficiente para abrir una investigación, presentará a la Sala de<br />
Cuestiones Preliminares una petición de autorización para ello, junto<br />
con la documentación justificativa que haya reunido. Las víctimas<br />
podrán presentar observaciones a la Sala de Cuestiones Preliminares,<br />
de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.<br />
4.- Si, tras haber examinado la petición y la documentación que la<br />
justifique, la Sala de Cuestiones Preliminares considerare que hay<br />
fundamento suficiente para abrir una investigación y que el asunto<br />
parece corresponder a la competencia de la Corte, autorizará el inicio<br />
de la investigación, sin perjuicio de las resoluciones que pueda<br />
adoptar posteriormente la Corte con respecto a su competencia y la<br />
admisibilidad de la causa.<br />
5.- La negativa de la Sala de Cuestiones Preliminares a autorizar la<br />
investigación no impedirá que el Fiscal presente ulteriormente otra<br />
petición basada en nuevos hechos o pruebas relacionados con la misma<br />
situación.<br />
6.- Si, después del examen preliminar a que se refieren los párrafos 1 y<br />
2, el Fiscal llega a la conclusión de que la información presentada no<br />
constituye fundamento suficiente para una investigación, informará de<br />
ello a quienes la hubieren presentado. Ello no impedirá que el fiscal<br />
examine a la luz de hechos o pruebas nuevos, otra información que<br />
reciba en relación con la misma situación.<br />
Artículo 16<br />
Suspensión de la investigación o el enjuiciamiento<br />
En caso de que el Consejo de Seguridad, de conformidad con una<br />
resolución aprobada con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la<br />
Carta de las Naciones Unidas, pide a la Corte que suspenda por un plazo que<br />
no podrá exceder de doce meses la investigación o el enjuiciamiento que<br />
haya iniciado, la Corte procederá a esa suspensión; la petición podrá ser<br />
renovada por el Consejo de Seguridad en las mismas condiciones.<br />
Artículo 17<br />
Cuestiones de admisibilidad<br />
1.- La Corte teniendo en cuenta el décimo párrafo del preámbulo y el<br />
artículo 1, resolverá la inadmisibilidad de un asunto cuando:<br />
a) El asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento en el<br />
Estado que tiene jurisdicción sobre él salvo que este no esté<br />
dispuesto a llevar a cabo la investigación o el<br />
enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo;<br />
b) El asunto haya sido objeto de investigación por el Estado que<br />
tenga jurisdicción sobre él y este haya decidido no incoar<br />
acción penal contra la persona de que se trate, salvo que la<br />
decisión haya obedecido a que no esté dispuesto a llevar a<br />
cabo el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo;<br />
c) La persona de que se trate haya sido ya enjuiciada por la<br />
conducta a que se refiere la denuncia, y la Corte no pueda<br />
incoar el juicio con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3<br />
del artículo 20;<br />
d) El asunto no sea de gravedad suficiente para justificar la<br />
adopción de otras medidas por la Corte.<br />
2.- A fin de determinar si hay o no disposición a actuar en un asunto<br />
determinado, la Corte examinará, teniendo en cuenta los principios de<br />
un proceso con las debidas garantías reconocidos por el derecho<br />
internacional, si se da una o varias de las siguientes circunstancias,<br />
según el caso:<br />
a) Que el juicio ya haya estado o esté en marcha o que la decisión<br />
nacional haya sido adoptada con el propósito de sustraer a la<br />
persona de que se trate de su responsabilidad penal por<br />
crímenes de la competencia de la Corte, según lo dispuesto en<br />
el artículo 5;<br />
b) Que haya habido una demora injustificada en el juicio que, dadas<br />
las circunstancias, sea incompatible con la intención de<br />
hacer comparecer a la persona de que se trate ante la<br />
justicia;<br />
c) Que el proceso no haya sido o no esté siendo sustanciado de<br />
manera independiente o imparcial y haya sido o esté siendo<br />
sustanciado de forma en que, dadas las circunstancias, sea<br />
incompatible con la intención de hacer comparecer a la<br />
persona de que se trate ante la justicia.<br />
3.- A fin de determinar la incapacidad para investigar o enjuiciar en un<br />
asunto determinado, la Corte examinará si el Estado, debido al colapso<br />
total o sustancial de su administración nacional de justicia o al<br />
hecho de que carece de ella, no puede hacer comparecer al acusado, no<br />
dispone de las pruebas y los testimonios necesarios o no está por<br />
otras razones en condiciones de llevar a cabo el juicio.<br />
Artículo 18<br />
Dictámenes preliminares relativos a la admisibilidad<br />
1.- Cuando se haya remitido a la Corte una situación en virtud del<br />
artículo 13 a) y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos<br />
razonables para comenzar una investigación e inicie esa investigación<br />
en virtud de los artículos 13 c) y 15, lo notificará a todos los<br />
Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la<br />
información disponible, ejercerían normalmente la jurisdicción sobre<br />
los crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a<br />
esos Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere<br />
necesario a fin de proteger personas, impedir la destrucción de<br />
pruebas o impedir la fuga de personas, podrá limitar el alcance de la<br />
información proporcionada a los Estados.<br />
2.- Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el<br />
Estado podrá informar a la Corte de que está llevando o ha llevado a<br />
cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas<br />
bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan<br />
constituir los crímenes a que se refiere el artículo 5 y a los que se<br />
refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.<br />
A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia en<br />
favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas<br />
antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares<br />
decida, a petición del Fiscal autorizar la investigación.<br />
3.- El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su<br />
competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la remisión<br />
o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias<br />
en vista de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la<br />
investigación o no puede realmente hacerlo.<br />
4.- El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de<br />
Apelaciones del dictamen de la Sala de Cuestiones Preliminares, de<br />
conformidad con el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en<br />
forma sumaria.<br />
5.- Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con<br />
la investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá<br />
pedir al Estado de que se trate que le informe periódicamente de la<br />
marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados<br />
Partes responderán a esas peticiones sin dilaciones indebidas.<br />
6.- El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya<br />
emitido su dictamen, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de<br />
su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de<br />
Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a<br />
llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando exista<br />
una oportunidad única de obtener pruebas importantes o exista un<br />
riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles<br />
ulteriormente.<br />
7.- El Estado que haya apelado de un dictamen de la Sala de Cuestiones<br />
Preliminares en virtud del presente artículo podrá impugnar la<br />
admisibilidad de un asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer<br />
hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las<br />
circunstancias.<br />
Artículo 19<br />
Impugnación de la competencia de la Corte o de la admisibilidad de la causa<br />
1.- La Corte se cerciorará de ser competente en todas las causas que le<br />
sean sometidas. La Corte podrá determinar de oficio la admisibilidad<br />
de una causa de conformidad con el artículo 17.<br />
2.- Podrán impugnar la admisibilidad de la causa, por uno de los motivos<br />
mencionados en el artículo 17, o impugnar la competencia de la Corte:<br />
a) El acusado o la persona contra la cual se haya dictado una orden<br />
de detención o una orden de comparecencia con arreglo al<br />
artículo 58;<br />
b) El Estado que tenga jurisdicción en la causa porque está<br />
investigándola o enjuiciándola o lo ha hecho antes; o<br />
c) El Estado cuya aceptación se requiera de conformidad con el<br />
artículo 12.<br />
3.- El Fiscal podrá pedir a la Corte que se pronuncie sobre una cuestión<br />
de competencia o de admisibilidad. En las actuaciones relativas a la<br />
competencia o la admisibilidad, podrán presentar asimismo<br />
observaciones a la Corte quienes hayan remitido la situación de<br />
conformidad con el artículo 13 y las víctimas.<br />
4.- La admisibilidad de una causa o la competencia de la Corte sólo<br />
podrán ser impugnadas una sola vez por cualquiera de las personas o<br />
los Estados a que se hace referencia en el párrafo 2. La impugnación<br />
se hará antes del juicio o a su inicio. En circunstancias<br />
excepcionales, la Corte podrá autorizar que la impugnación se haga más<br />
de una vez o en una fase ulterior del juicio. Las impugnaciones a la<br />
admisibilidad de una causa hechas al inicio del juicio, o<br />
posteriormente con la autorización de la Corte, sólo podrán fundarse<br />
en el párrafo 1 c) del artículo 17.<br />
5.- El Estado a que se hace referencia en los apartados b) y c) del<br />
párrafo 2 del presente artículo hará la impugnación lo antes posible.<br />
6.- Antes de la confirmación de los cargos, la impugnación de la<br />
admisibilidad de una causa o de la competencia de la Corte será<br />
asignada a la Sala de Cuestiones Preliminares. Después de confirmados<br />
los cargos, será asignada a la Sala de Primera Instancia. Las<br />
decisiones relativas a la competencia o la admisibilidad podrán ser<br />
recurridas ante la Sala de Apelaciones de conformidad con el artículo<br />
82.<br />
7.- Si la impugnación es hecha por el Estado a que se hace referencia en<br />
los apartados b) o c) del párrafo 2, el Fiscal suspenderá la<br />
investigación hasta que la Corte resuelva de conformidad con el<br />
artículo 17.<br />
8.- Hasta que la Corte se pronuncie, el Fiscal podrá pedirle autorización<br />
para:<br />
a) Practicar las indagaciones necesarias de la índole mencionada en<br />
el párrafo 6 del artículo 18;<br />
b) Tomar declaración a un testigo o recibir su testimonio, o<br />
completar la reunión y el examen de las pruebas que hubiere<br />
iniciado antes de la impugnación; y<br />
c) Impedir, en cooperación con los Estados que corresponda, que<br />
eludan la acción de la justicia personas respecto de las<br />
cuales el Fiscal haya pedido ya una orden de detención en<br />
virtud del artículo 58.<br />
9.- La impugnación no afectará a la validez de ningún acto realizado por<br />
el Fiscal, ni de ninguna orden o mandamiento dictado por la Corte,<br />
antes de ella.<br />
10.- Si la Corte hubiere declarado inadmisible una causa de conformidad<br />
con el artículo 17, el Fiscal podrá pedir que se revise esa decisión<br />
cuando se haya cerciorado cabalmente de que han aparecido nuevos<br />
hechos que invalidan los motivos por los cuales la causa había sido<br />
considerada inadmisible de conformidad con dicho artículo.<br />
11.- El Fiscal, si habida cuenta de las cuestiones a que se refiere el<br />
artículo 17 suspende una investigación, podrá pedir que el Estado que<br />
se trate le comunique información sobre las actuaciones. A petición<br />
de ese Estado, dicha información será confidencial. El Fiscal, si<br />
decide posteriormente abrir una investigación, notificará su decisión<br />
al Estado cuyas actuaciones hayan dado origen a la suspensión.<br />
Artículo 20<br />
Cosa juzgada<br />
1.- Salvo que en el presente Estatuto se disponga otra cosa, nadie será<br />
procesado por la Corte en razón de conductas constitutivas de crímenes<br />
por los cuales ya hubiere sido condenado o absuelto por la Corte.<br />
2.- Nadie será procesado por otro tribunal en razón de uno de los<br />
crímenes mencionados en el artículo 5 por el cual la Corte ya le<br />
hubiere condenado o absuelto.<br />
3.- La Corte no procesará a nadie que haya sido procesado por otro<br />
tribunal en razón de hechos también prohibidos en virtud de los<br />
artículos 6, 7 u 8 a menos que el proceso en el otro tribunal:<br />
a) Obedeciera al propósito de sustraer al acusado de su<br />
responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la<br />
Corte; o<br />
b) No hubiere sido instruida en forma independiente o imparcial de<br />
conformidad con las debidas garantías procesales reconocidas<br />
por el derecho internacional o lo hubiere sido de alguna<br />
manera que, en las circunstancias del caso, fuere<br />
incompatible con la intención de someter a la persona a la<br />
acción de la justicia.<br />
Artículo 21<br />
Derecho aplicable<br />
1.- La Corte aplicará:<br />
a) En primer lugar, el presente Estatuto, los Elementos del Crimen<br />
y sus Reglas de Procedimiento y Prueba;<br />
b) En segundo lugar, cuando proceda, los tratados y los principios<br />
y normas de derecho internacional aplicables, incluidos los<br />
principios establecidos del derecho internacional de los<br />
conflictos armados;<br />
c) En su defecto, los principios generales del derecho que derive<br />
la Corte del derecho interno de los sistemas jurídicos del<br />
mundo, incluido, cuando proceda, el derecho interno de los<br />
Estados que normalmente ejercerían jurisdicción sobre el<br />
crimen, siempre que esos principios no sean incompatibles con<br />
el presente Estatuto ni con el derecho internacional ni las<br />
normas y principios internacionalmente reconocidos.<br />
2.- La Corte podrá aplicar principios y normas de derecho respecto de los<br />
cuales hubiere hecho una interpretación en decisiones anteriores.<br />
3.- La aplicación e interpretación del derecho de conformidad con el<br />
presente artículo deberá ser compatible con los derechos humanos<br />
internacionalmente reconocidos, sin distinción alguna basada en<br />
motivos como el género, definido en el párrafo 3 del artículo 7, la<br />
edad, la raza, el color, la religión o el credo, la opinión política o<br />
de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición<br />
económica, el nacimiento u otra condición.<br />
PARTE III<br />
De los Principios Generales de Derecho Penal<br />
Artículo 22<br />
Nullum crimen sine lege<br />
1.- Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente<br />
Estatuto a menos que la conducta de que se trate constituya, en el<br />
momento en que tiene lugar, un crimen de la competencia de la Corte.<br />
2.- La definición de crimen será interpretada estrictamente y no se hará<br />
extensiva por analogía. En caso de ambigüedad, será interpretada en<br />
favor de la persona objeto de investigación, enjuiciamiento o condena.<br />
3.- Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a la<br />
tipificación de una conducta como crimen de derecho internacional<br />
independientemente del presente Estatuto.<br />
Artículo 23<br />
Nulla poena sine lege<br />
Quien sea declarado culpable por la Corte únicamente podrá ser penado<br />
de conformidad con el presente Estatuto.<br />
Artículo 24<br />
Irretroactividad ratione personae<br />
1.- Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente<br />
Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor.<br />
2.- De modificarse el derecho aplicable a una causa antes de que se dicte<br />
la sentencia definitiva, se aplicarán las disposiciones más favorables<br />
a la persona objeto de la investigación, el enjuiciamiento o la<br />
condena.<br />
Artículo 25<br />
Responsabilidad penal individual<br />
1.- De conformidad con el presente Estatuto, la Corte tendrá competencia<br />
respecto de las personas naturales.<br />
2.- Quien cometa un crimen de la competencia de la Corte será responsable<br />
individualmente y podrá ser penado de conformidad con el presente<br />
Estatuto.<br />
3.- De conformidad con el presente Estatuto, será penalmente responsable<br />
y podrá ser penado por la comisión de un crimen de la competencia de<br />
la Corte quien:<br />
a) Cometa ese crimen por si solo, con otro o por conducto de otro,<br />
sea este o no penalmente responsable;<br />
b) Ordene, proponga o induzca la comisión de ese crimen, ya sea<br />
consumado o en grado de tentativa;<br />
c) Con el propósito de facilitar la comisión de ese crimen, sea<br />
cómplice o encubridor o colabore de algún modo en la comisión<br />
o la tentativa de comisión del crimen, incluso suministrando<br />
los medios para su comisión;<br />
d) Contribuya de algún otro modo en la comisión o tentativa de<br />
comisión del crimen por un grupo de personas que tengan una<br />
finalidad común. La contribución deberá ser intencional y se<br />
hará:<br />
i) Con el propósito de llevar a cabo la actividad o propósito<br />
delictivo del grupo, cuando una u otro entrañe la comisión<br />
de un crimen de la competencia de la Corte; o<br />
ii) A sabiendas de que el grupo tiene la intención de cometer<br />
el crimen;<br />
e) Respecto del crimen de genocidio, haga una instigación directa y<br />
pública a que se cometa;<br />
f) Intente cometer ese crimen mediante actos que supongan un paso<br />
importante para su ejecución, aunque el crimen no se consume<br />
debido a circunstancias ajenas a su voluntad. Sin embargo,<br />
quien desista de la comisión del crimen o impida de otra<br />
forma que se consuma no podrá ser penado de conformidad con<br />
el presente Estatuto por la tentativa si renunciare íntegra y<br />
voluntariamente al propósito delictivo.<br />
4.- Nada de lo dispuesto en el presente Estatuto respecto de la<br />
responsabilidad penal de las personas naturales afectará a la<br />
responsabilidad del Estado conforme al derecho internacional.<br />
Artículo 26<br />
Exclusión de los menores de 18 años de la competencia de la Corte<br />
La Corte no será competente respecto de los que fueren menores de 18<br />
años en el momento de la presunta comisión del crimen.<br />
Artículo 27<br />
Improcedencia del cargo oficial<br />
1.- El presente Estatuto será aplicable por igual a todos sin distinción<br />
alguna basada en el cargo oficial. En particular, el cargo oficial de<br />
una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno, miembro de un gobierno<br />
o parlamento, representante elegido o funcionario de gobierno, en<br />
ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se<br />
motivo para reducir la pena.<br />
2.- Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleve<br />
el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al<br />
derecho internacional, no obstarán para que la Corte ejerza su<br />
competencia sobre ella.<br />
Artículo 28<br />
Responsabilidad de los jefes y otros superiores<br />
Además de otras causales de responsabilidad penal de conformidad con<br />
el presente Estatuto por crímenes de la competencia de la Corte:<br />
1.- El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será<br />
penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte<br />
que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control<br />
efectivo, o su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en<br />
razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas<br />
cuando:<br />
a) Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento,<br />
hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos<br />
crímenes o se proponían cometerlos; y<br />
b) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a<br />
su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner<br />
el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a<br />
los efectos de su investigación y enjuiciamiento.<br />
2.- En lo que respecta a las relaciones entre superior y subordinado<br />
distintas de las señaladas en el apartado a), el superior será<br />
penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte<br />
que hubieren sido cometidos por subordinados bajo su autoridad y<br />
control efectivo, en razón de no haber ejercido un control apropiado<br />
sobre esos subordinados, cuando:<br />
a) Hubiere tenido conocimiento o deliberadamente hubiere hecho caso<br />
omiso de información que indicase claramente que los<br />
subordinados estaban cometiendo esos crímenes o se proponían<br />
cometerlos;<br />
b) Los crímenes guardaren relación con actividades bajo su<br />
responsabilidad y control efectivo; y<br />
c) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a<br />
su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner<br />
el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a<br />
los efectos de su investigación y enjuiciamiento.<br />
Artículo 29<br />
Imprescriptibilidad<br />
Los crímenes de la competencia de la Corte no prescribirán.<br />
Artículo 30<br />
Elemento de intencionalidad<br />
1.- Salvo disposición en contrario, una persona será penalmente<br />
responsable y podrá ser penada por un crimen de la competencia de la<br />
Corte únicamente si actúa con intención y conocimiento de los<br />
elementos materiales del crimen.<br />
2.- A los efectos del presente artículo, se entiende que actúa<br />
intencionalmente quien:<br />
a) En relación con una conducta, se propone incurrir en ella;<br />
b) En relación con una consecuencia, se propone causarla o es<br />
consciente de que se producirá en el curso normal de los<br />
acontecimientos.<br />
3.- A los efectos del presente artículo, por "conocimiento" se entiende<br />
la conciencia de que existe una circunstancia o se va a producir una<br />
consecuencia en el curso normal de los acontecimientos. Las palabras<br />
"a sabiendas" y "con conocimiento" se entenderán en el mismo sentido.<br />
Artículo 31<br />
Circunstancias eximentes de responsabilidad penal<br />
1.- Sin perjuicio de las demás circunstancias eximentes de<br />
responsabilidad penal establecidas en el presente Estatuto, no será<br />
penalmente responsable quien, en el momento de incurrir en una<br />
conducta:<br />
a) Padeciere de una enfermedad o deficiencia mental que le prive de<br />
su capacidad para apreciar la ilicitud o naturaleza de su<br />
conducta, o de su capacidad para controlar esa conducta a fin<br />
de no transgredir la ley;<br />
b) Estuviere en un estado de intoxicación que le prive de su<br />
capacidad para apreciar la ilicitud o naturaleza de su<br />
conducta, o de su capacidad para controlar esa conducta a fin<br />
de no transgredir la ley, salvo que se haya intoxicado<br />
voluntariamente a sabiendas de que, como resultado de la<br />
intoxicación, probablemente incurriría en una conducta<br />
tipificada como crimen de la competencia de la Corte, o haya<br />
hecho caso omiso del riesgo de que ello ocurriere;<br />
c) Actuare razonablemente en defensa propia o de un tercero o, en<br />
el caso de los crímenes de guerra, de un bien que fuese<br />
esencial para su supervivencia o la de un tercero o de un<br />
bien que fuese esencial para realizar una misión militar,<br />
contra un uso inminente e ilícito de la fuerza, en forma<br />
proporcional al grado de peligro para él, un tercero o los<br />
bienes protegidos. El hecho de participar en una fuerza que<br />
realizare una operación de defensa no bastará para constituir<br />
una circunstancia eximente de la responsabilidad penal de<br />
conformidad con el presente apartado;<br />
d) Hubiere incurrido en una conducta que presuntamente constituya<br />
un crimen de la competencia de la Corte como consecuencia de<br />
coacción dimanante de una amenaza inminente de muerte o<br />
lesiones corporales graves para él u otra persona, y en que<br />
se vea compelido a actuar necesaria y razonablemente para<br />
evitar esa amenaza, siempre que no tuviera la intención de<br />
causar un daño mayor que el que se proponía evitar. Esa<br />
amenaza podrá:<br />
i) Haber sido hecha por otras personas; o<br />
ii) Estar constituida por otras circunstancias ajenas a su<br />
control.<br />
2.- La Corte determinará si las circunstancias eximentes de<br />
responsabilidad penal admitidas por el presente Estatuto son<br />
aplicables en la causa de que esté conociendo.<br />
3.- En el juicio, la Corte podrá tener en cuenta una circunstancia<br />
eximente de responsabilidad penal distinta de las indicadas en el<br />
párrafo 1 siempre que dicha circunstancia se desprenda del derecho<br />
aplicable de conformidad con el artículo 21. El procedimiento para el<br />
examen de una eximente de este tipo se establecerá en las Reglas de<br />
Procedimiento y Prueba.<br />
Artículo 32<br />
Error de hecho o error de derecho<br />
1.- El error de hecho eximirá de responsabilidad penal únicamente si hace<br />
desaparecer el elemento de intencionalidad requerido por el crimen.<br />
2.- El error de derecho acerca de si un determinado tipo de conducta<br />
constituye un crimen de la competencia de la Corte no se considerará<br />
eximente. Con todo, el error de derecho podrá considerarse eximente<br />
si hace desaparecer el elemento de intencionalidad requerido por ese<br />
crimen o si queda comprendido en lo dispuesto en el artículo 33 del<br />
presente Estatuto.<br />
Artículo 33<br />
Órdenes superiores y disposiciones legales<br />
1.- Quien hubiere cometido un crimen de la competencia de la Corte en<br />
cumplimiento de una orden emitida por un gobierno o un superior, sea<br />
militar o civil, no será eximido de responsabilidad penal a menos que:<br />
a) Estuviere obligado por ley a obedecer órdenes emitidas por el<br />
gobierno o el superior de que se trate;<br />
b) No supiera que la orden era ilícita; y<br />
c) La orden no fuera manifiestamente ilícita.<br />
2.- A los efectos del presente artículo, se entenderá que las órdenes de<br />
cometer genocidio o crímenes de lesa humanidad son manifiestamente<br />
ilícitas.<br />
PARTE IV<br />
DE LA COMPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA CORTE<br />
Artículo 34<br />
Órganos de la Corte<br />
La Corte estará compuesta de los órganos siguientes:<br />
a) La Presidencia;<br />
b) Una Sección de Apelaciones, una Sección de Primera Instancia y<br />
una Sección de Cuestiones Preliminares;<br />
c) La Fiscalía;<br />
d) La Secretaría.<br />
Artículo 35<br />
Desempeño del cargo de magistrado<br />
1.- Todos los magistrados serán elegidos miembros de la Corte en régimen<br />
de dedicación exclusiva y estarán disponibles para desempeñar su cargo<br />
en ese régimen desde que comience su mandato.<br />
2.- Los magistrados que constituyan la Presidencia desempeñarán sus<br />
cargos en régimen de dedicación exclusiva tan pronto como sean<br />
elegidos.<br />
3.- La Presidencia podrá, en función del volumen de trabajo de la Corte,<br />
y en consulta con los miembros de esta, decidir por cuánto tiempo será<br />
necesario que los demás magistrados desempeñen sus cargos en régimen<br />
de dedicación exclusiva. Las decisiones que se adopten en ese sentido<br />
se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49.<br />
4.- Las disposiciones financieras relativas a los magistrados que no<br />
deban desempeñar sus cargos en régimen de dedicación exclusiva serán<br />
adoptadas de conformidad con el artículo 49.<br />
Artículo 36<br />
Condiciones que han de reunir los magistrados, candidaturas y elección de<br />
los magistrados<br />
1.- Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2, la Corte estará<br />
compuesta de 18 magistrados.<br />
2.-<br />
a) La Presidencia, actuando en nombre de la Corte, podrá proponer<br />
que aumente el número de magistrados indicado en el párrafo 1<br />
y señalará las razones por las cuales considera necesario y<br />
apropiado ese aumento. El Secretario distribuirá prontamente<br />
la propuesta a todos los Estados Partes;<br />
b) La propuesta será examinada en una sesión de la Asamblea de los<br />
Estados Partes que habrá de convocarse de conformidad con el<br />
artículo 112. La propuesta, que deberá ser aprobada en la<br />
sesión por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes,<br />
entrará en vigor en la fecha en que decida la Asamblea;<br />
c)<br />
i) Una vez que se haya aprobado una propuesta para aumentar<br />
el número de magistrados con arreglo al apartado b), la<br />
elección de los nuevos magistrados se llevará a cabo en el<br />
siguiente período de sesiones de la Asamblea de los Estados<br />
Partes, de conformidad con los párrafos 3 a 8 del presente<br />
artículo y con el párrafo 2 del artículo 37;<br />
ii) Una vez que se haya aprobado y haya entrado en vigor una<br />
propuesta para aumentar el número de magistrados con<br />
arreglo a los apartados b) y c) i), la Presidencia podrá en<br />
cualquier momento, si el volumen de trabajo de la Corte lo<br />
justifica, proponer que se reduzca el número de<br />
magistrados, siempre que ese número no sea inferior al<br />
indicado en el párrafo 1. La propuesta será examinada de<br />
conformidad con el procedimiento establecido en los<br />
apartados a) y b). De ser aprobada, el número de<br />
magistrados se reducirá progresivamente a medida que<br />
expiren los mandatos y hasta que se llegue al número<br />
debido.<br />
3.-<br />
a) Los magistrados serán elegidos entre personas de alta<br />
consideración moral, imparcialidad e integridad que reúnan<br />
las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas<br />
funciones judiciales en sus respectivos países;<br />
b) Los candidatos a magistrados deberán tener:<br />
i) Reconocida competencia en derecho y procedimiento penales<br />
y la necesaria experiencia en causas penales en calidad de<br />
magistrado, fiscal, abogado u otra función similar; o<br />
ii) Reconocida competencia en materias pertinentes de derecho<br />
internacional, tales como el derecho internacional<br />
humanitario y las normas de derechos humanos, así como gran<br />
experiencia en funciones jurídicas profesionales que tengan<br />
relación con la labor judicial de la Corte;<br />
c) Los candidatos a magistrado deberán tener un excelente<br />
conocimiento y dominio de por lo menos uno de los idiomas de<br />
trabajo de la Corte.<br />
4.-<br />
a) Cualquier Estado Parte en el presente Estatuto podrá proponer<br />
candidatos en las elecciones para magistrado de la Corte<br />
mediante:<br />
i) El procedimiento previsto para proponer candidatos a los<br />
más altos cargos judiciales del país; o<br />
ii) El procedimiento previsto en el Estatuto de la Corte<br />
Internacional de Justicia para proponer candidatos a esa<br />
Corte.<br />
Las propuestas deberán ir acompañadas de una exposición<br />
detallada acerca del grado en que el candidato cumple los<br />
requisitos enunciados en el párrafo 3;<br />
b) Un Estado Parte podrá proponer un candidato que no tenga<br />
necesariamente su nacionalidad, pero que en todo caso sea<br />
nacional de un Estado Parte;<br />
c) La Asamblea de los Estados Partes podrá decidir que se<br />
establezca un comité asesor para las candidaturas. En ese<br />
caso, la Asamblea de los Estados Partes determinará la<br />
composición y el mandato del comité.<br />
5.- A los efectos de la elección se harán dos listas de candidatos:<br />
La lista A, con los nombres de los candidatos que reúnan los<br />
requisitos enunciados en el apartado b) i) del párrafo 3; y<br />
La lista B, con los nombres de los candidatos que reúnan los<br />
requisitos enunciados en el apartado b) ii) del párrafo 3.<br />
El candidato que reúna los requisitos requeridos para ambas listas<br />
podrá elegir en cuál desea figurar. En la primera elección de<br />
miembros de la Corte, por lo menos nueve magistrados serán elegidos<br />
entre los candidatos de la lista A y por lo menos cinco serán elegidos<br />
entre los de la lista B. Las elecciones subsiguientes se organizarán<br />
de manera que se mantenga en la Corte una proporción equivalente de<br />
magistrados de ambas listas.<br />
6.-<br />
a) Los magistrados serán elegidos por votación secreta en una<br />
sesión de la Asamblea de los Estados Partes convocada con ese<br />
fin con arreglo al artículo 112. Con sujeción a lo dispuesto<br />
en el párrafo 7, serán elegidos los 18 candidatos que<br />
obtengan el mayor número de votos y una mayoría de dos<br />
tercios de los Estados Partes presentes y votantes;<br />
b) En el caso de que en la primera votación no resulte elegido un<br />
número suficiente de magistrados, se procederá a nuevas<br />
votaciones de conformidad con los procedimientos establecidos<br />
en el apartado a) hasta cubrir los puestos restantes.<br />
7.- No podrá haber dos magistrados que sean nacionales del mismo Estado.<br />
Toda persona que, para ser elegida magistrado, pudiera ser considerada<br />
nacional de más de un Estado, será considerada nacional del Estado<br />
donde ejerza habitualmente sus derechos civiles y políticos.<br />
8.-<br />
a) Al seleccionar a los magistrados, los Estados Partes tendrán en<br />
cuenta la necesidad de que en la composición de la Corte<br />
haya:<br />
i) Representación de los principales sistemas jurídicos del<br />
mundo;<br />
ii) Distribución geográfica equitativa; y<br />
iii) Representación equilibrada de magistrados mujeres y<br />
hombres;<br />
b) Los Estados Partes tendrán también en cuenta la necesidad de que<br />
haya en la Corte magistrados que sean juristas especializados<br />
en temas concretos que incluyan, entre otros, la violencia<br />
contra las mujeres o los niños.<br />
9.-<br />
a) Con sujeción a lo dispuesto en el apartado b), los magistrados<br />
serán elegidos por un mandato de nueve años y, con sujeción<br />
al apartado c) y al párrafo 2 del artículo 37, no podrán ser<br />
reelegidos;<br />
b) En la primera elección, un tercio de los magistrados elegidos<br />
será seleccionado por sorteo para desempeñar un mandato de<br />
tres años, un tercio de los magistrados será seleccionado por<br />
sorteo para desempeñar un mandato de seis años y el resto<br />
desempeñará un mandato de nueve años;<br />
c) Un magistrado seleccionado para desempeñar un mandato de tres<br />
años de conformidad con el apartado b) podrá ser reelegido<br />
por un mandato completo.<br />
10.- No obstante lo dispuesto en el párrafo 9, un magistrado asignado a<br />
una Sala de Primera Instancia o una Sala de Apelaciones de conformidad<br />
con el artículo 39 seguirá en funciones a fin de llevar a término el<br />
juicio o la apelación de los que haya comenzado a conocer en esa Sala.<br />
Artículo 37<br />
Vacantes<br />
1.- En caso de producirse una vacante se celebrará una elección de<br />
conformidad con el artículo 36 para cubrirla.<br />
2.- El magistrado elegido para cubrir una vacante desempeñará el cargo<br />
por el resto del mandato de su predecesor y, si este fuera de tres<br />
años o menos, podrá ser reelegido por un mandato completo con arreglo<br />
al artículo 36.<br />
Artículo 38<br />
Presidencia<br />
1.- El Presidente, el Vicepresidente primero y el Vicepresidente segundo<br />
serán elegidos por mayoría absoluta de los magistrados. Cada uno<br />
desempeñará su cargo por un período de tres años o hasta el término de<br />
su mandato como magistrado, si este se produjere antes. Podrán ser<br />
reelegidos una vez.<br />
2.- El Vicepresidente primero sustituirá al Presidente cuando este se<br />
halle en la imposibilidad de ejercer sus funciones o haya sido<br />
recusado. El Vicepresidente segundo sustituirá al Presidente cuando<br />
este y el Vicepresidente primero se hallen en la imposibilidad de<br />
ejercer sus funciones o hayan sido recusados.<br />
3.- El Presidente, el Vicepresidente primero y el Vicepresidente segundo<br />
constituirán la Presidencia, que estará encargada de:<br />
a) La correcta administración de la Corte, con excepción de la<br />
Fiscalía; y<br />
b) Las demás funciones que se le confieren de conformidad con el<br />
presente Estatuto.<br />
4.- En el desempeño de sus funciones enunciadas en el párrafo 3 a), la<br />
Presidencia actuará en coordinación con el Fiscal y recabará su<br />
aprobación en todos los asuntos de interés mutuo.<br />
Artículo 39<br />
Las Salas<br />
1.- Tan pronto como sea posible después de la elección de los<br />
magistrados, la Corte se organizará en las secciones indicadas en el<br />
artículo 34 b). La Sección de Apelaciones se compondrá del Presidente<br />
y otros cuatro magistrados, la Sección de Primera de Instancia de no<br />
menos de seis magistrados y la Sección de Cuestiones Preliminares de<br />
no menos de seis magistrados. Los magistrados serán asignados a las<br />
secciones según la naturaleza de las funciones que corresponderán a<br />
cada una y sus respectivas calificaciones y experiencia, de manera que<br />
en cada sección haya una combinación apropiada de especialistas en<br />
derecho y procedimiento penales y en derecho internacional. La<br />
Sección de Primera Instancia y la Sección de Cuestiones Preliminares<br />
estarán integradas predominantemente por magistrados que tengan<br />
experiencia en procedimiento penal.<br />
2.-<br />
a) Las funciones judiciales de la Corte serán realizadas en cada<br />
sección por las Salas;<br />
b)<br />
i) La Sala de Apelaciones se compondrá de todos los<br />
magistrados de la Sección de Apelaciones;<br />
ii) Las funciones de la Sala de Primera Instancia serán<br />
realizadas por tres magistrados de la Sección de Primera<br />
Instancia;<br />
iii) Las funciones de la Sala de Cuestiones Preliminares serán<br />
realizadas por tres magistrados de la Sección de Cuestiones<br />
Preliminares o por un solo magistrado de dicha Sección, de<br />
conformidad con el presente Estatuto y las Reglas de<br />
Procedimiento y Prueba;<br />
c) Nada de lo dispuesto en el presente párrafo obstará a que se<br />
constituyan simultáneamente más de una Sala de Primera<br />
Instancia o Sala de Cuestiones Preliminares cuando la gestión<br />
eficiente del trabajo de la Corte así lo requiera.<br />
3.-<br />
a) Los magistrados asignados a las Secciones de Primera Instancia y<br />
de Cuestiones Preliminares desempeñarán el cargo en esas<br />
Secciones por un período de tres años, y posteriormente hasta<br />
llevar a término cualquier causa de la que hayan empezado a<br />
conocer en la sección de que se trate;<br />
b) Los magistrados asignados a la Sección de Apelaciones<br />
desempeñarán el cargo en esa Sección durante todo su mandato.<br />
4.- Los magistrados asignados a la Sección de Apelaciones desempeñarán el<br />
cargo únicamente en esa sección. Nada de lo dispuesto en el presente<br />
artículo obstará, sin embargo, a que se asignen temporalmente<br />
magistrados de la Sección de Primera Instancia a la Sección de<br />
Cuestiones Preliminares, o a la inversa, si la Presidencia considera<br />
que la gestión eficiente del trabajo de la Corte así lo requiere, pero<br />
en ningún caso podrá formar parte de la Sala de Primera Instancia que<br />
conozca de una causa un magistrado que haya participado en la etapa<br />
preliminar.<br />
Artículo 40<br />
Independencia de los magistrados<br />
1.- Los magistrados serán independientes en el desempeño de sus<br />
funciones.<br />
2.- Los magistrados no realizarán actividad alguna que pueda ser<br />
incompatible con el ejercicio de sus funciones judiciales o menoscabar<br />
la confianza en su independencia.<br />
3.- Los magistrados que tengan que desempeñar sus cargos en régimen de<br />
dedicación exclusiva en la sede de la Corte no podrán desempeñar<br />
ninguna otra ocupación de carácter profesional.<br />
4.- Las cuestiones relativas a la aplicación de los párrafos 2 y 3 serán<br />
dirimidas por mayoría absoluta de los magistrados. El magistrado al<br />
que se refiera una de estas cuestiones no participará en la adopción<br />
de la decisión.<br />
Artículo 41<br />
Dispensa y recusación de los magistrados<br />
1.- La Presidencia podrá, a petición de un magistrado, dispensarlo del<br />
ejercicio de alguna de las funciones que le confiere el presente<br />
Estatuto, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.<br />
2.-<br />
a) Un magistrado no participará en ninguna causa en que, por<br />
cualquier motivo, pueda razonablemente ponerse en duda su<br />
imparcialidad.<br />
Un magistrado será recusado de conformidad con lo dispuesto<br />
en el presente párrafo, entre otras razones, si hubiese<br />
intervenido anteriormente, en cualquier calidad, en una causa<br />
de la que la Corte estuviere conociendo o en una causa penal<br />
conexa sustanciada a nivel nacional y que guardare relación<br />
con la persona objeto de investigación o enjuiciamiento. Un<br />
magistrado será también recusado por los demás motivos que se<br />
establezcan en las Reglas de Procedimiento y Prueba;<br />
b) El Fiscal o la persona objeto de investigación o enjuiciamiento<br />
podrá pedir la recusación de un magistrado con arreglo a lo<br />
dispuesto en el presente párrafo;<br />
c) Las cuestiones relativas a la recusación de un magistrado serán<br />
dirimidas por mayoría absoluta de los magistrados. El<br />
magistrado cuya recusación se pida tendrá derecho a hacer<br />
observaciones sobre la cuestión, pero no tomará parte en la<br />
decisión.<br />
Artículo 42<br />
La Fiscalía<br />
1.- La Fiscalía actuará en forma independiente como órgano separado de la<br />
Corte. Estará encargada de recibir remisiones e información<br />
corroborada sobre crímenes de la competencia de la Corte para<br />
examinarlas y realizar investigaciones o ejercitar la acción penal<br />
ante la Corte. Los miembros de la Fiscalía no solicitarán ni<br />
cumplirán instrucciones de fuentes ajenas a la Corte.<br />
2.- La Fiscalía estará dirigida por el Fiscal. El Fiscal tendrá plena<br />
autoridad para dirigir y administrar la Fiscalía, con inclusión del<br />
personal, las instalaciones y otros recursos. El Fiscal contará con<br />
la ayuda de uno o más fiscales adjuntos, que podrán desempeñar<br />
cualquiera de las funciones que le correspondan de conformidad con el<br />
presente Estatuto.<br />
El Fiscal y los fiscales adjuntos tendrán que ser de diferentes<br />
nacionalidades y desempeñarán su cargo en régimen de dedicación<br />
exclusiva.<br />
3.- El Fiscal y los fiscales adjuntos serán personas que gocen de alta<br />
consideración moral, que posean un alto nivel de competencia y tengan<br />
extensa experiencia práctica en el ejercicio de la acción penal o la<br />
sustanciación de causas penales. Deberán tener un excelente<br />
conocimiento y dominio de al menos uno de los idiomas de trabajo de la<br />
Corte.<br />
4.- El Fiscal será elegido en votación secreta y por mayoría<br />
absoluta de los miembros de la Asamblea de los Estados Partes. Los<br />
fiscales adjuntos serán elegidos en la misma forma de una lista de<br />
candidatos presentada por el Fiscal. El Fiscal propondrá tres<br />
candidatos para cada puesto de fiscal adjunto que deba cubrirse.<br />
Salvo que en el momento de la elección se fije un período más breve,<br />
el Fiscal y los fiscales adjuntos desempeñarán su cargo por un período<br />
de nueve años y no podrán ser reelegidos.<br />
5.- El Fiscal y los fiscales adjuntos no realizarán actividad alguna que<br />
pueda interferir en el ejercicio de sus funciones o menoscabar la<br />
confianza en su independencia. No podrán desempeñar ninguna otra<br />
ocupación de carácter profesional.<br />
6.- La Presidencia podrá, a petición del Fiscal o de un fiscal adjunto,<br />
dispensarlos de intervenir en una causa determinada.<br />
7.- El Fiscal y los fiscales adjuntos no participarán en ningún asunto en<br />
que, por cualquier motivo, pueda razonablemente ponerse en duda su<br />
imparcialidad. Serán recusados de conformidad con lo dispuesto en el<br />
presente párrafo, entre otras razones, si hubiesen intervenido<br />
anteriormente, en cualquier calidad, en una causa de que la Corte<br />
estuviere conociendo o en una causa penal conexa sustanciada a nivel<br />
nacional y que guardare relación con la persona objeto de<br />
investigación o enjuiciamiento.<br />
8.- Las cuestiones relativas a la recusación del Fiscal o de un fiscal<br />
adjunto serán dirimidas por la Sala de Apelaciones:<br />
a) La persona objeto de investigación o enjuiciamiento podrá en<br />
cualquier momento pedir la recusación del Fiscal o de un<br />
fiscal adjunto por los motivos establecidos en el presente<br />
artículo;<br />
b) El Fiscal o el fiscal adjunto, según proceda, tendrán derecho a<br />
hacer observaciones sobre la cuestión.<br />
9.- El Fiscal nombrará asesores jurídicos especialistas en determinados<br />
temas como, por ejemplo, violencia sexual, violencia por razones de<br />
género y violencia contra los niños.<br />
Artículo 43<br />
La Secretaría<br />
1.- La Secretaría, sin perjuicio de las funciones y atribuciones del<br />
Fiscal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42, estará<br />
encargada de los aspectos no judiciales de la administración de la<br />
Corte y de prestarle servicios.<br />
2.- La Secretaría será dirigida por el Secretario, que será el principal<br />
funcionario administrativo de la Corte. El Secretario ejercerá sus<br />
funciones bajo la autoridad del Presidente de la Corte.<br />
3.- El Secretario y el Secretario Adjunto deberán ser personas que gocen<br />
de consideración moral y tener un alto nivel de competencia y un<br />
excelente conocimiento y dominio de al menos uno de los idiomas de<br />
trabajo de la Corte.<br />
4.- Los magistrados elegirán al Secretario en votación secreta por<br />
mayoría absoluta y teniendo en cuenta las recomendaciones de la<br />
Asamblea de los Estados Partes. De ser necesario elegirán, por<br />
recomendación del Secretario y con arreglo al mismo procedimiento, un<br />
Secretario Adjunto.<br />
5.- El Secretario será elegido por un período de cinco años en régimen de<br />
dedicación exclusiva y podrá ser reelegido una sola vez. El<br />
Secretario Adjunto será elegido por un período de cinco años, o por<br />
uno más breve, si así lo deciden los magistrados por mayoría absoluta,<br />
en el entendimiento de que prestará sus servicios según sea necesario.<br />
6.- El Secretario establecerá una Dependencia de Víctimas y Testigos<br />
dentro de la Secretaría. Esta Dependencia, en consulta con la<br />
Fiscalía, adoptará medidas de protección y dispositivos de seguridad y<br />
prestará asesoramiento y otro tipo de asistencia a testigos y víctimas<br />
que comparezcan ante la Corte, y a otras personas que estén en peligro<br />
en razón del testimonio prestado. La Dependencia contará con personal<br />
especializado para atender a las víctimas de traumas, incluidos los<br />
relacionados con delitos de violencia sexual.<br />
Artículo 44<br />
El personal<br />
1.- El Fiscal y el Secretario nombrarán los funcionarios calificados que<br />
sean necesarios en sus respectivas oficinas. En el caso del Fiscal,<br />
ello incluirá el nombramiento de investigadores.<br />
2.- En el nombramiento de los funcionarios, el Fiscal y el Secretario<br />
velarán por el más alto grado de eficiencia, competencia e integridad<br />
y tendrán en cuenta, mutatis mutandis, los criterios establecidos en<br />
el párrafo 8 del artículo 36.<br />
3.- El Secretario, con la anuencia de la Presidencia y del Fiscal,<br />
propondrá un reglamento del personal que establecerá las condiciones<br />
en que el personal de la Corte será designado, remunerado o separado<br />
del servicio. El Reglamento del Personal estará sujeto a la<br />
aprobación de la Asamblea de los Estados Partes.<br />
4.- La Corte podrá, en circunstancias excepcionales, recurrir a la<br />
pericia de personal proporcionado gratuitamente por Estados Partes,<br />
organizaciones intergubernamentales u organizaciones no<br />
gubernamentales para que colabore en la labor de cualquiera de los<br />
órganos de la Corte. El Fiscal podrá aceptar ofertas de esa índole en<br />
nombre de la Fiscalía.<br />
El personal proporcionado gratuitamente será empleado de conformidad<br />
con directrices que ha de establecer la Asamblea de los Estados<br />
Partes.<br />
Artículo 45<br />
Promesa solemne<br />
Antes de asumir las obligaciones del cargo de conformidad con el<br />
presente Estatuto, los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos, el<br />
secretario y el secretario adjunto declararán solemnemente y en sesión<br />
pública que ejercerán sus atribuciones con toda imparcialidad y conciencia.<br />
Artículo 46<br />
Separación del cargo<br />
1.- Un magistrado, el fiscal, un fiscal adjunto, el<br />
secretario o el secretario adjunto será separado del<br />
cargo si se adopta una decisión a tal efecto de conformidad con lo<br />
dispuesto en el párrafo 2 cuando se determine que:<br />
a) Ha incurrido en falta grave o en incumplimiento grave de las<br />
funciones que le confiere el presente Estatuto y según lo<br />
establecido en las Reglas de Procedimiento y Prueba; o<br />
b) Está imposibilitado de desempeñar las funciones descritas en el<br />
presente Estatuto.<br />
2.- La decisión de separar del cargo a un magistrado, el fiscal o un<br />
fiscal adjunto de conformidad con el párrafo 1 será adoptada por la<br />
Asamblea de los Estados Partes en votación secreta:<br />
a) En el caso de un magistrado, por mayoría de dos tercios de los<br />
Estados Partes y previa recomendación aprobada por mayoría de<br />
dos tercios de los demás magistrados;<br />
b) En el caso del fiscal, por mayoría absoluta de los Estados<br />
Partes;<br />
c) En el caso de un fiscal adjunto, por mayoría absoluta de los<br />
Estados Partes y previa recomendación del fiscal.<br />
3.- La decisión de separar del cargo al secretario o a un secretario<br />
adjunto será adoptada por mayoría absoluta de los magistrados.<br />
4.- El magistrado, fiscal, fiscal adjunto, secretario o secretario<br />
adjunto cuya conducta o cuya idoneidad para el ejercicio de las<br />
funciones del cargo de conformidad con el presente Estatuto haya sido<br />
impugnada en virtud del presente artículo podrá presentar y obtener<br />
pruebas y presentar escritos de conformidad con las Reglas de<br />
Procedimiento y Prueba; sin embargo, no podrá participar por ningún<br />
otro concepto en el examen de la cuestión.<br />
Artículo 47<br />
Medidas disciplinarias<br />
El magistrado, fiscal, fiscal adjunto, secretario o secretario adjunto<br />
que haya incurrido en una falta menos grave que la establecida en el<br />
párrafo 1 del artículo 46 será objeto de medidas disciplinarias de<br />
conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.<br />
Artículo 48<br />
Privilegios e inmunidades<br />
1.- La Corte gozará en el territorio de cada Estado Parte de los<br />
privilegios e inmunidades que sean necesarios para el cumplimiento de<br />
sus funciones.<br />
2.- Los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos y los secretarios<br />
gozarán, cuando actúen en el desempeño de sus funciones o en relación<br />
con ellas, de los mismos privilegios e inmunidades reconocidos a los<br />
jefes de las misiones diplomáticas y, una vez expirado su mandato,<br />
seguirán gozando de absoluta inmunidad judicial por las declaraciones<br />
que hagan oralmente o por escrito y los actos que realicen en el<br />
desempeño de sus funciones oficiales.<br />
3.- El Secretario Adjunto, el personal de la Fiscalía y el personal de la<br />
Secretaría gozarán de los privilegios e inmunidades y de las<br />
facilidades necesarias para el cumplimiento de sus funciones, de<br />
conformidad con el acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la<br />
Corte.<br />
4.- Los abogados, peritos, testigos u otras personas cuya presencia se<br />
requiera en la sede de la Corte serán objeto del tratamiento que sea<br />
necesario para el funcionamiento adecuado de la Corte, de conformidad<br />
con el acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte.<br />
5.- Se podrá renunciar a los privilegios e inmunidades:<br />
a) En el caso de un magistrado o el Fiscal, por decisión de la<br />
mayoría absoluta de los magistrados;<br />
b) En el caso del Secretario, por la Presidencia;<br />
c) En el caso de los Fiscales Adjuntos y el personal de la<br />
Fiscalía, por el Fiscal;<br />
d) En el caso del Secretario Adjunto y el personal de la<br />
Secretaría, por el Secretario.<br />
Artículo 49<br />
Sueldos, estipendios y dietas<br />
Los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos, el secretario y el<br />
secretario adjunto percibirán los sueldos, estipendios y dietas que decida<br />
la Asamblea de los Estados Partes. Esos sueldos y estipendios no serán<br />
reducidos en el curso de su mandato.<br />
Artículo 50<br />
Idiomas oficiales y de trabajo<br />
1.- Los idiomas oficiales de la Corte serán el árabe, el chino, el<br />
español, el francés, el inglés y el ruso. Las sentencias de la Corte,<br />
así como las otras decisiones que resuelvan cuestiones fundamentales<br />
de que conozca la Corte, serán publicadas en los idiomas oficiales.<br />
La Presidencia, de conformidad con los criterios establecidos en las<br />
Reglas de Procedimiento y Prueba, determinará cuáles son las<br />
decisiones que resuelven cuestiones fundamentales a los efectos del<br />
presente párrafo.<br />
2.- Los idiomas de trabajo de la Corte serán el francés y el inglés. En<br />
las Reglas de Procedimiento y Prueba se determinará en qué casos podrá<br />
utilizarse como idioma de trabajo otros idiomas oficiales.<br />
3.- La Corte autorizará a cualquiera de las partes o cualquiera de los<br />
Estados a que se haya permitido intervenir en un procedimiento, previa<br />
solicitud de ellos, a utilizar un idioma distinto del francés o el<br />
inglés, siempre que considere que esta autorización está adecuadamente<br />
justificada.<br />
Artículo 51<br />
Reglas de Procedimiento y Prueba<br />
1.- Las Reglas de Procedimiento y Prueba entrarán en vigor tras su<br />
aprobación por mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea<br />
de los Estados Partes.<br />
2.- Podrán proponer enmiendas a las Reglas de Procedimiento y Prueba:<br />
a) Cualquier Estado Parte;<br />
b) Los magistrados, por mayoría absoluta; o<br />
c) El Fiscal.<br />
Las enmiendas entrarán en vigor tras su aprobación en la Asamblea de<br />
los Estados Partes por mayoría de dos tercios.<br />
3.- Una vez aprobadas las Reglas de Procedimiento y Prueba, en casos<br />
urgentes y cuando estas no resuelvan una situación concreta suscitada<br />
en la Corte, los magistrados podrán, por una mayoría de dos tercios,<br />
establecer reglas provisionales que se aplicarán hasta que la Asamblea<br />
de los Estados Partes las apruebe, enmiende o rechace en su siguiente<br />
período ordinario o extraordinario de sesiones.<br />
4.- Las Reglas de Procedimiento y Prueba, las enmiendas a ellas y las<br />
reglas provisionales deberán estar en consonancia con el presente<br />
Estatuto. Las enmiendas a las Reglas de Procedimiento y Prueba, así<br />
como las reglas provisionales aprobadas de conformidad con el párrafo<br />
3, no se aplicarán retroactivamente en detrimento de la persona que<br />
sea objeto de la investigación o el enjuiciamiento o que haya sido<br />
condenada.<br />
5.- En caso de conflicto entre las disposiciones del Estatuto y las de<br />
las Reglas de Procedimiento y Prueba, prevalecerá el Estatuto.<br />
Artículo 52<br />
Reglamento de la Corte<br />
1.- Los magistrados, de conformidad con el presente Estatuto y las Reglas<br />
de Procedimiento y Prueba, aprobarán por mayoría absoluta el<br />
Reglamento de la Corte que sea necesario para su funcionamiento<br />
ordinario.<br />
2.- Se consultará al Fiscal y al Secretario en la preparación del<br />
Reglamento y de cualquier enmienda a él.<br />
3.- El Reglamento y sus enmiendas entrarán en vigor al momento de su<br />
aprobación, a menos que los magistrados decidan otra cosa.<br />
Inmediatamente después de su aprobación, serán distribuidos a los<br />
Estados Partes para recabar sus observaciones. Se mantendrán en vigor<br />
si en un plazo de seis meses no se han recibido objeciones de una<br />
mayoría de los Estados Partes.<br />
PARTE V<br />
DE LA INVESTIGACIÓN Y EL ENJUICIAMIENTO<br />
Artículo 53<br />
Inicio de una investigación<br />
1.- El Fiscal, después de evaluar la información de que disponga,<br />
iniciará una investigación a menos que determine que no existe<br />
fundamento razonable para proceder a ella con arreglo al presente<br />
Estatuto.<br />
Al decidir si ha de iniciar una investigación, el Fiscal tendrá en<br />
cuenta si:<br />
a) La información de que dispone constituye fundamento razonable<br />
para creer que se ha cometido o se está cometiendo un crimen<br />
de la competencia de la Corte;<br />
b) La causa es o sería admisible de conformidad con el artículo 17;<br />
c) Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en<br />
cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las<br />
víctimas, una investigación no redundaría en interés de la<br />
justicia.<br />
El Fiscal, si determinare que no hay fundamento razonable<br />
para proceder a la investigación y la determinación se basare únicamente en<br />
el apartado c), lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares.<br />
2.- Si, tras la investigación, el Fiscal llega a la conclusión de que no<br />
hay fundamento suficiente para el enjuiciamiento, ya que:<br />
a) No existe una base suficiente de hecho o de derecho para pedir<br />
una orden de detención o de comparecencia de conformidad con<br />
el artículo 58;<br />
b) La causa es inadmisible de conformidad con el artículo 17; o<br />
c) El enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia,<br />
teniendo en cuenta todas las circunstancias, entre ellas la<br />
gravedad del crimen, los intereses de las víctimas y la edad<br />
o enfermedad del presunto autor y su participación en el<br />
presunto crimen.<br />
Notificará su conclusión motivada a la Sala de Cuestiones<br />
Preliminares y al Estado que haya remitido el asunto de<br />
conformidad con el artículo 14 o al Consejo de Seguridad si<br />
se trata de un caso previsto en el párrafo b) del artículo<br />
13.<br />
3.-<br />
a) A petición del Estado que haya remitido el asunto con arreglo al<br />
artículo 14 o del Consejo de Seguridad de conformidad con el<br />
párrafo b) del artículo 13, la Sala de Cuestiones<br />
Preliminares podrá examinar la decisión del Fiscal de no<br />
proceder a la investigación de conformidad con el párrafo 1 o<br />
el párrafo 2 y pedir al Fiscal que reconsidere esa decisión;<br />
b) Además, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá, de oficio,<br />
revisar una decisión del Fiscal de no proceder a la<br />
investigación si dicha decisión se basare únicamente en el<br />
párrafo 1 c) o el párrafo 2 c). En ese caso, la decisión del<br />
Fiscal únicamente surtirá efecto si es confirmada por la Sala<br />
de Cuestiones Preliminares.<br />
4.- El Fiscal podrá reconsiderar en cualquier momento su decisión de<br />
iniciar una investigación o enjuiciamiento sobre la base de nuevos<br />
hechos o nuevas informaciones.<br />
Artículo 54<br />
Funciones y atribuciones del Fiscal con Respecto a las investigaciones<br />
1.- El Fiscal:<br />
a) A fin de establecer la veracidad de los hechos, podrá ampliar la<br />
investigación a todos los hechos y las pruebas que sean<br />
pertinentes para determinar si hay responsabilidad penal de<br />
conformidad con el presente Estatuto y, a esos efectos,<br />
investigará tanto las circunstancias incriminantes como las<br />
eximentes;<br />
b) Adoptará medidas adecuadas para asegurar la eficacia de la<br />
investigación y el enjuiciamiento de los crímenes de la<br />
competencia de la Corte. A esos efectos, respetará los<br />
intereses y las circunstancias personales de víctimas y<br />
testigos, entre otros la edad, el género, definido en el<br />
párrafo 31 del artículo 7, y la salud, y tendrá en cuenta la<br />
naturaleza de los crímenes, en particular los de violencia<br />
sexual, violencia por razones de género y violencia contra<br />
los niños; y<br />
c) Respetará plenamente los derechos que confiere a las personas el<br />
presente Estatuto.<br />
2.- El Fiscal podrá realizar investigaciones en el territorio de un<br />
Estado:<br />
a) De conformidad con las disposiciones de la Parte IX; o<br />
b) Según lo autorice la Sala de Cuestiones Preliminares de<br />
conformidad con el párrafo 3 d) del artículo 57.<br />
3.- El Fiscal podrá:<br />
a) Reunir y examinar pruebas;<br />
b) Hacer comparecer e interrogar a las personas objeto de<br />
investigación, las víctimas y los testigos;<br />
c) Solicitar la cooperación de un Estado u organización o acuerdo<br />
intergubernamental de conformidad con su respectiva<br />
competencia o mandato;<br />
d) Concertar las disposiciones o los acuerdos compatibles con el<br />
presente Estatuto que sean necesarios para facilitar la<br />
cooperación de un Estado, una organización intergubernamental<br />
o una persona;<br />
e) Convenir en que no divulgará en ninguna etapa del procedimiento<br />
los documentos o la información que obtenga a condición de<br />
preservar su carácter confidencial y únicamente a los efectos<br />
de obtener nuevas pruebas, salvo con el acuerdo de quien haya<br />
facilitado la información; y<br />
f) Adoptar o pedir que se adopten las medidas necesarias para<br />
asegurar el carácter confidencial de la información, la<br />
protección de una persona o la preservación de las pruebas.<br />
Artículo 55<br />
Derechos de las personas durante la investigación<br />
1.- En las investigaciones realizadas de conformidad con el presente<br />
Estatuto:<br />
a) Nadie será obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse<br />
culpable;<br />
c) Nadie será sometido a forma alguna de coacción, intimidación o<br />
amenaza, a torturas ni a otros tratos o castigos crueles,<br />
inhumanos o degradantes; y<br />
c) Quien haya de ser interrogado en un idioma que no sea el que<br />
comprende y habla perfectamente contará, sin cargo alguno,<br />
con los servicios de un intérprete competente y las<br />
traducciones que sean necesarias a los efectos de cumplir el<br />
requisito de equidad.<br />
d) Nadie será sometido a arresto o detención arbitrarios ni será<br />
privado de su libertad salvo por los motivos previstos en el<br />
presente Estatuto y de conformidad con los procedimientos<br />
establecidos en él.<br />
2.- Cuando haya motivos para creer que una persona ha cometido un crimen<br />
de la competencia de la Corte y esa persona haya de ser interrogada<br />
por el Fiscal o por las autoridades nacionales, en cumplimiento de una<br />
solicitud hecha de conformidad con lo dispuesto en la Parte IX, tendrá<br />
además los derechos siguientes, de los que será informada antes del<br />
interrogatorio:<br />
a) A ser informada de que existen motivos para creer que ha<br />
cometido un crimen de la competencia de la Corte;<br />
b) A guardar silencio, sin que ello pueda tenerse en cuenta a los<br />
efectos de determinar su culpabilidad o inocencia;<br />
c) A ser asistida por un abogado defensor de su elección o, si no<br />
lo tuviere, a que se le asigne un defensor de oficio, siempre<br />
que fuere necesario en interés de la justicia y, en cualquier<br />
caso, sin cargo si careciere de medios suficientes;<br />
d) A ser interrogada en presencia de su abogado, a menos que haya<br />
renunciado voluntariamente a su derecho a asistencia letrada.<br />
Artículo 56<br />
Disposiciones que podrá adoptar la Sala de Cuestiones Preliminares cuando<br />
se presente una oportunidad única de proceder a una investigación<br />
1.-<br />
a) El Fiscal, cuando considere que se presenta una oportunidad<br />
única de proceder a una investigación, que tal vez no se<br />
repita a los fines de un juicio, de recibir el testimonio o<br />
la declaración de un testigo o de examinar, reunir o<br />
verificar pruebas, lo comunicará a la Sala de Cuestiones<br />
Preliminares;<br />
b) La Sala, a petición del Fiscal, podrá adoptar las medidas que<br />
sean necesarias para velar por la eficiencia e integridad de<br />
las actuaciones y, en particular, para proteger los derechos<br />
de la defensa;<br />
c) A menos que la Sala de Cuestiones Preliminares ordene otra cosa,<br />
el Fiscal proporcionará la información correspondiente a la<br />
persona que ha sido detenida o que ha comparecido en virtud<br />
de una citación en relación con la investigación a que se<br />
refiere el apartado a), a fin de que pueda ser oída.<br />
2.- Las medidas a que se hace referencia en el apartado a) del párrafo I<br />
podrán consistir en:<br />
a) Formular recomendaciones o dictar ordenanzas respecto del<br />
procedimiento que habrá de seguirse;<br />
b) Ordenar que quede constancia de las actuaciones;<br />
c) Nombrar a un experto para que preste asistencia;<br />
d) Autorizar al abogado defensor del detenido o de quien haya<br />
comparecido ante el Tribunal en virtud de una citación a que<br />
participe o, en caso de que aún no se hayan producido esa<br />
detención o comparecencia o no se haya designado abogado, a<br />
nombrar otro para que comparezca y represente los intereses<br />
de la defensa;<br />
e) Encomendar a uno de sus miembros o, de ser necesario, a otro<br />
magistrado de la Sección de Cuestiones Preliminares o la<br />
Sección de Primera Instancia que formule recomendaciones o<br />
dicte ordenanzas respecto de la reunión y preservación de las<br />
pruebas o del interrogatorio de personas;<br />
f) Adoptar todas las medidas que sean necesarias para reunir o<br />
preservar las pruebas.<br />
3.-<br />
a) La Sala de Cuestiones Preliminares, cuando considere que el<br />
Fiscal no ha solicitado medidas previstas en el presente<br />
artículo que, a su juicio, sean esenciales para la defensa en<br />
juicio, le consultará si se justificaba no haberlas<br />
solicitado. La Sala podrá adoptar de oficio esas medidas si,<br />
tras la consulta, llegare a la conclusión de que no había<br />
justificación para no solicitarlas.<br />
b) El Fiscal podrá apelar de la decisión de la Sala de Cuestiones<br />
Preliminares de actuar de oficio con arreglo al presente<br />
párrafo.<br />
La apelación se sustanciará en un procedimiento sumario.<br />
4.- La admisibilidad o la forma en que quedará constancia de las pruebas<br />
reunidas o preservadas para el juicio de conformidad con el presente<br />
artículo se regirá en el juicio por lo dispuesto en el artículo 69 y<br />
la Sala de Primera Instancia decidirá cómo ha de ponderar esas<br />
pruebas.<br />
Artículo 57<br />
Funciones y atribuciones de la Sala de Cuestiones Preliminares<br />
1.- A menos que el presente Estatuto disponga otra cosa, la Sala de<br />
Cuestiones Preliminares ejercerá sus funciones de conformidad con las<br />
disposiciones del presente artículo.<br />
2.-<br />
a) Las providencias u órdenes que la Sala de Cuestiones<br />
Preliminares dicte en virtud de los artículos 15, 18 ó 19, el<br />
párrafo 2 del artículo 54, el párrafo 7 del artículo 61 o el<br />
artículo 72 deberán ser aprobadas por la mayoría de los<br />
magistrados que la componen;<br />
b) En todos los demás casos, un magistrado de la Sala de Cuestiones<br />
Preliminares podrá ejercer las funciones establecidas en el<br />
presente Estatuto, a menos que las Reglas de Procedimiento y<br />
Prueba dispongan otra cosa o así lo acuerde, por mayoría, la<br />
Sala de Cuestiones Preliminares.<br />
3.- Además de otras funciones que le confiere el presente Estatuto, la<br />
Sala de Cuestiones Preliminares podrá:<br />
a) A petición del Fiscal, dictar las providencias y órdenes que<br />
sean necesarias a los fines de una investigación;<br />
b) A petición de quien haya sido detenido o haya comparecido en<br />
virtud de una orden de comparencia expedida con arreglo al<br />
artículo 58, dictar esas órdenes, incluidas medidas tales<br />
como las indicadas en el artículo 56 o solicitar con arreglo<br />
a la Parte IX la cooperación que sea necesaria para ayudarle<br />
a preparar su defensa;<br />
c) Cuando sea necesario, asegurar la protección y el respeto de la<br />
intimidad de víctimas y testigos, la preservación de pruebas,<br />
la protección de personas detenidas o que hayan comparecido<br />
en virtud de una orden de comparencia, así como la protección<br />
de información que afecte a la seguridad nacional;<br />
d) Autorizar al Fiscal a adoptar determinadas medidas de<br />
investigación en el territorio de un Estado Parte sin haber<br />
obtenido la cooperación de este con arreglo a la Parte IX en<br />
el caso de que la Sala haya determinado, de ser posible<br />
teniendo en cuenta las opiniones del Estado de que se trate,<br />
que dicho Estado manifiestamente no está en condiciones de<br />
cumplir una solicitud de cooperación debido a que no existe<br />
autoridad u órgano alguno de su sistema judicial competente<br />
para cumplir una solicitud de cooperación con arreglo a la<br />
Parte IX.<br />
e) Cuando se haya dictado una orden de detención o de comparecencia<br />
con arreglo al artículo 58, y habida cuenta del valor de las<br />
pruebas y de los derechos de las partes de que se trate, de<br />
conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto y las<br />
Reglas de Procedimiento y Prueba, recabar la cooperación de<br />
los Estados con arreglo al párrafo I j) del artículo 93 para<br />
adoptar medidas cautelares a los efectos de un decomiso que,<br />
en particular, beneficie en última instancia a las víctimas.<br />
Artículo 58<br />
Orden de detención u orden de comparecencia dictada por la Sala de<br />
Cuestiones Preliminares<br />
1.- En cualquier momento después de iniciada la investigación, la Sala de<br />
Cuestiones Preliminares dictará, a solicitud del Fiscal, una orden de<br />
detención contra una persona si, tras examinar la solicitud y las<br />
pruebas y otra información presentadas por el Fiscal, estuviere<br />
convencida de que:<br />
a) Hay motivo razonable para creer que ha cometido un crimen de la<br />
competencia de la Corte; y<br />
b) La detención parece necesaria para:<br />
i) Asegurar que la persona comparezca en juicio;<br />
ii) Asegurar que la persona no obstruya ni ponga en peligro la<br />
investigación ni las actuaciones de la Corte; o<br />
iii) En su caso, impedir que la persona siga cometiendo ese<br />
crimen o un crimen conexo que sea de la competencia de la<br />
Corte y tenga su origen en las mismas circunstancias.<br />
2.- La solicitud del Fiscal consignará:<br />
a) El nombre de la persona y cualquier otro dato que sirva para su<br />
identificación;<br />
b) Una referencia expresa al crimen de la competencia de la Corte<br />
que presuntamente haya cometido;<br />
c) Una descripción concisa de los hechos que presuntamente<br />
constituyan esos crímenes;<br />
d) Un resumen de las pruebas y cualquier otra información que<br />
constituya motivo razonable para creer que la persona cometió<br />
esos crímenes; y<br />
e) La razón por la cual el Fiscal crea necesaria la detención.<br />
3.- La orden de detención consignará:<br />
a) El nombre de la persona y cualquier otro dato que sirva para su<br />
identificación;<br />
b) Una referencia expresa al crimen de la competencia de la Corte<br />
por el que se pide su detención; y<br />
c) Una descripción concisa de los hechos que presuntamente<br />
constituyan esos crímenes.<br />
4.- La orden de detención seguirá en vigor mientras la Corte no disponga<br />
lo contrario.<br />
5.- La Corte, sobre la base de la orden de detención, podrá solicitar la<br />
detención provisional o la detención y entrega de la persona de<br />
conformidad con la Parte IX del presente Estatuto.<br />
6.- El Fiscal podrá pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares que<br />
enmiende la orden de detención para modificar la referencia al crimen<br />
indicado en esta o agregar otros. La Sala de Cuestiones Preliminares<br />
enmendará la orden si estuviera convencida de que hay motivo razonable<br />
para creer que la persona cometió los crímenes en la forma que se<br />
indica en esa modificación o adición.<br />
7.- El Fiscal podrá pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares que, en<br />
lugar de una orden de detención, dicte una orden de comparecencia. La<br />
Sala, de estar convencida de que hay motivo razonable para creer que<br />
la persona ha cometido el crimen que se le imputa y que bastará con<br />
una orden de comparecencia para asegurar que comparezca efectivamente,<br />
dictará, con o sin las condiciones limitativas de la libertad<br />
(distintas de la detención) que prevea el derecho interno, una orden<br />
para que la persona comparezca. La orden de comparecencia consignará:<br />
a) El nombre de la persona y cualquier otro dato que sirva para su<br />
identificación;<br />
b) La fecha de la comparecencia;<br />
c) Una referencia expresa al crimen de la competencia de la Corte<br />
que presuntamente haya cometido; y<br />
d) Una descripción concisa de los hechos que presuntamente<br />
constituyan esos crímenes.<br />
La notificación de la orden será personal.<br />
Artículo 59<br />
Procedimiento de detención en el Estado de detención<br />
1.- El Estado Parte que haya recibido una solicitud de detención<br />
provisional o de detención y entrega tomará inmediatamente las medidas<br />
necesarias para la detención de conformidad con su derecho interno y<br />
con lo dispuesto en la Parte IX del presente Estatuto.<br />
2.- El detenido será llevado sin demora ante la autoridad judicial<br />
competente del Estado de detención, que determinará si, de conformidad<br />
con el derecho de ese Estado:<br />
a) La orden le es aplicable;<br />
b) La detención se llevó a cabo conforme a derecho; y<br />
c) Se han respetado los derechos del detenido.<br />
3.- El detenido tendrá derecho a solicitar de la autoridad competente del<br />
Estado de detención la libertad provisional antes de su entrega.<br />
4.- Al decidir la solicitud, la autoridad competente del Estado de<br />
detención examinará si, dada la gravedad de los presuntos crímenes,<br />
hay circunstancias urgentes y excepcionales que justifiquen la<br />
libertad provisional y si existen las salvaguardias necesarias para<br />
que el Estado de detención pueda cumplir su obligación de entregar la<br />
persona a la Corte. Esa autoridad no podrá examinar si la orden de<br />
detención fue dictada conforme a derecho con arreglo a los apartados<br />
a) y b) del párrafo 1 del artículo 58.<br />
5.- La solicitud de libertad provisional será notificada a la Sala de<br />
Cuestiones Preliminares, que hará recomendaciones a la autoridad<br />
competente del Estado de detención. Antes de adoptar su decisión, la<br />
autoridad competente del Estado de detención tendrá plenamente en<br />
cuenta esas recomendaciones, incluidas las relativas a medidas para<br />
impedir la evasión de la persona.<br />
6.- De concederse la libertad provisional, la Sala de Cuestiones<br />
Preliminares podrá solicitar informes periódicos al respecto.<br />
7.- Una vez que el Estado de detención haya ordenado la entrega, el<br />
detenido será puesto a disposición de la Corte tan pronto como sea<br />
posible.<br />
Artículo 60<br />
Primeras diligencias en la Corte<br />
1.- Una vez que el imputado haya sido entregado a la Corte o haya<br />
comparecido voluntariamente o en cumplimiento de una orden de<br />
comparecencia, la Sala de Cuestiones Preliminares se asegurará de que<br />
ha sido informado de los crímenes que le son imputados y de los<br />
derechos que le reconoce el presente Estatuto, incluido el de pedir la<br />
libertad provisional.<br />
2.- Quien sea objeto de una orden de detención podrá pedir la libertad<br />
provisional. Si la Sala de Cuestiones Preliminares está convencida de<br />
que se dan las condiciones enunciadas en el párrafo 1 del artículo 58,<br />
se mantendrá la detención. En caso contrario, la Sala de Cuestiones<br />
Preliminares pondrá en libertad al detenido, con o sin condiciones.<br />
3.- La Sala de Cuestiones Preliminares revisará periódicamente su<br />
decisión en cuanto a la puesta en libertad o la detención, y podrá<br />
hacerlo en cualquier momento en que lo solicite el Fiscal o el<br />
detenido. Sobre la base de la revisión, la Sala podrá modificar su<br />
decisión en cuanto a la detención, la puesta en libertad o las<br />
condiciones de esta, si está convencida de que es necesario en razón<br />
de un cambio en las circunstancias.<br />
4.- La Sala de Cuestiones Preliminares se asegurará de que la detención<br />
en espera de juicio no se prolongue excesivamente a causa de una<br />
demora inexcusable del Fiscal. Si se produjera dicha demora, la Corte<br />
considerará la posibilidad de poner en libertad al detenido, con o sin<br />
condiciones.<br />
5.- De ser necesario, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá dictar una<br />
orden de detención para hacer comparecer a una persona que haya sido<br />
puesta en libertad.<br />
Artículo 61<br />
Confirmación de los cargos antes del juicio<br />
1.- Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2 y dentro de un plazo<br />
razonable tras la entrega de la persona a la Corte o su comparecencia<br />
voluntaria ante esta, la Sala de Cuestiones Preliminares celebrará una<br />
audiencia para confirmar los cargos sobre la base de los cuales el<br />
Fiscal tiene la intención de pedir el procesamiento. La audiencia se<br />
celebrará en presencia del Fiscal y del imputado, así como de su<br />
defensor.<br />
2.- La Sala de Cuestiones Preliminares, a solicitud del Fiscal o de<br />
oficio, podrá celebrar una audiencia en ausencia del acusado para<br />
confirmar los cargos en los cuales el Fiscal se basa para pedir el<br />
enjuiciamiento cuando el imputado:<br />
a) Haya renunciado a su derecho a estar presente; o<br />
b) Haya huido o no sea posible encontrarlo y se hayan tomado todas<br />
las medidas razonables para asegurar su comparecencia ante la<br />
Corte e informarle de los cargos y de que se celebrará una<br />
audiencia para confirmarlos.<br />
En este caso, el imputado estará representado por un defensor<br />
cuando la Sala de Cuestiones Preliminares resuelva que ello redunda<br />
en interés de la justicia.<br />
3.- Dentro de un plazo razonable antes de la audiencia:<br />
a) Se proporcionará al imputado un ejemplar del documento en que se<br />
formulen los cargos por los cuales el Fiscal se proponga<br />
enjuiciarlo; y<br />
b) Se le informará de las pruebas que el Fiscal se proponga<br />
presentar en la audiencia.<br />
La Sala de Cuestiones Preliminares podrá dictar providencias<br />
respecto de la revelación de información a los efectos de la<br />
audiencia.<br />
4.- Antes de la audiencia, el Fiscal podrá proseguir la investigación y<br />
modificar o retirar los cargos. Se dará al imputado aviso con<br />
antelación razonable a la audiencia de cualquier modificación de los<br />
cargos o de su retiro. En caso de retirarse cargos, el Fiscal<br />
comunicará las razones a la Sala de Cuestiones Preliminares.<br />
5.- En la audiencia, el Fiscal presentará respecto de cada cargo pruebas<br />
suficientes de que hay motivos fundados para creer que el imputado<br />
cometió el crimen que se le imputa. El Fiscal podrá presentar pruebas<br />
documentales o un resumen de las pruebas y no será necesario que llame<br />
a los testigos que han de declarar en el juicio.<br />
6.- En la audiencia, el imputado podrá:<br />
a) Impugnar los cargos;<br />
b) Impugnar las pruebas presentadas por el Fiscal; y<br />
c) Presentar pruebas.<br />
7.- La Sala de Cuestiones Preliminares determinará, sobre la base de la<br />
audiencia, si existen pruebas suficientes de que hay motivos fundados<br />
para creer que el imputado cometió cada crimen que se le imputa.<br />
Según cual sea esa determinación, la Sala de Cuestiones Preliminares:<br />
a) Confirmará los cargos respecto de los cuales haya determinado<br />
que existen pruebas suficientes y asignará al acusado a una<br />
Sala de Primera Instancia para su enjuiciamiento por los<br />
cargos confirmados;<br />
b) No confirmará los cargos respecto de los cuales haya determinado<br />
que las pruebas son insuficientes;<br />
c) Levantará la audiencia y pedirá al Fiscal que considere la<br />
posibilidad de:<br />
i) Presentar nuevas pruebas o llevar a cabo nuevas<br />
investigaciones en relación con un determinado cargo; o<br />
ii) Modificar un cargo en razón de que las pruebas presentadas<br />
parecen indicar la comisión de un crimen distinto que sea<br />
de la competencia de la Corte.<br />
8.- La no confirmación de un cargo por parte de la Sala de Cuestiones<br />
Preliminares no obstará para que el Fiscal la pida nuevamente a<br />
condición de que presente pruebas adicionales.<br />
9.- Una vez confirmados los cargos y antes de comenzar el juicio, el<br />
Fiscal, con autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares y<br />
previa notificación al acusado, podrá modificar los cargos. El<br />
Fiscal, si se propusiera presentar nuevos cargos o sustituirlos por<br />
otros más graves, deberá pedir una audiencia de conformidad con el<br />
presente artículo para confirmarlos. Una vez comenzado el juicio, el<br />
Fiscal, con autorización de la Sala de Primera Instancia, podrá<br />
retirar los cargos.<br />
10.- Toda orden ya dictada dejará de tener efecto con respecto a los<br />
cargos que no hayan sido confirmados por la Sala de Cuestiones<br />
Preliminares o hayan sido retirados por el Fiscal.<br />
11.- Una vez confirmados los cargos de conformidad con el presente<br />
artículo, la Presidencia constituirá una Sala de Primera Instancia<br />
que, con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 8 del presente artículo<br />
y en el párrafo 4 del artículo 64, se encargará de la siguiente fase<br />
del procedimiento y podrá ejercer las funciones de la Sala de<br />
Cuestiones Preliminares que sean pertinentes y apropiadas en ese<br />
procedimiento.<br />
PARTE VI<br />
DEL JUICIO<br />
Artículo 62<br />
Lugar del juicio<br />
A menos que se decida otra cosa, el juicio se celebrará en la sede de<br />
la Corte.<br />
Artículo 63<br />
Presencia del acusado en el juicio<br />
1.- El acusado estará presente durante el juicio.<br />
2.- Si el acusado, estando presente en la Corte, perturbare continuamente<br />
el juicio, la Sala de Primera Instancia podrá disponer que salga de<br />
ella y observe el proceso y dé instrucciones a su defensor desde<br />
fuera, utilizando, en caso necesario, tecnologías de comunicación.<br />
Esas medidas se adoptarán únicamente en circunstancias excepcionales,<br />
después de que se haya demostrado que no hay otras posibilidades<br />
razonables y adecuadas, y únicamente durante el tiempo que sea<br />
estrictamente necesario.<br />
Artículo 64<br />
Funciones y atribuciones de la Sala de Primera Instancia<br />
1.- Las funciones y atribuciones de la Sala de Primera Instancia<br />
enunciadas en el presente artículo deberán ejercerse de conformidad<br />
con el presente Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba.<br />
2.- La Sala de Primera Instancia velará por que el juicio sea justo y<br />
expedito y se sustancie con pleno respeto de los derechos del acusado<br />
y teniendo debidamente en cuenta la protección de las víctimas y de<br />
los testigos.<br />
3.- La Sala de Primera Instancia a la que se asigne una causa de<br />
conformidad con el presente Estatuto:<br />
a) Celebrará consultas con las partes y adoptará los procedimientos<br />
que sean necesarios para que el juicio se sustancie de manera<br />
justa y expedita;<br />
b) Determinará el idioma o los idiomas que habrán de utilizarse en<br />
el juicio; y<br />
c) Con sujeción a cualesquiera otras disposiciones pertinentes del<br />
presente Estatuto, dispondrá la divulgación de los documentos<br />
o de la información que no se hayan divulgado anteriormente,<br />
con suficiente antelación al comienzo del juicio como para<br />
permitir su preparación adecuada.<br />
4.- La Sala de Primera Instancia podrá, en caso de ser necesario para su<br />
funcionamiento eficaz e imparcial, remitir cuestiones preliminares a<br />
la Sala de Cuestiones Preliminares o, de ser necesario, a otro<br />
magistrado de la Sección de Cuestiones Preliminares que esté<br />
disponible.<br />
5.- Al notificar a las partes, la Sala de Primera Instancia podrá, según<br />
proceda, indicar que se deberán acumular o separar los cargos cuando<br />
haya más de un acusado.<br />
6.- Al desempeñar sus funciones antes del juicio o en el curso de este,<br />
la Sala de Primera Instancia podrá, de ser necesario:<br />
a) Ejercer cualquiera de las funciones de la Sala de Cuestiones<br />
Preliminares indicadas en el párrafo 11 del artículo 61;<br />
b) Ordenar la comparecencia y la declaración de testigos y la<br />
presentación de documentos y otras pruebas recabando, de ser<br />
necesario, la asistencia de los Estados con arreglo a lo<br />
dispuesto en el presente Estatuto;<br />
c) Adoptar medidas para la protección de la información<br />
confidencial;<br />
d) Ordenar la presentación de pruebas adicionales a las ya reunidas<br />
con antelación al juicio o a las presentadas durante el<br />
juicio por las partes;<br />
e) Adoptar medidas para la protección del acusado, de los testigos<br />
y de las víctimas; y<br />
f) Dirimir cualesquiera otras cuestiones pertinentes.<br />
7.- El juicio será público. Sin embargo, la Sala de Primera Instancia<br />
podrá decidir que determinadas diligencias se efectúen a puerta<br />
cerrada, de conformidad con el artículo 68, debido a circunstancias<br />
especiales o para proteger la información de carácter confidencial o<br />
restringida que haya de presentarse en la práctica de la prueba.<br />
8.-<br />
a) Al comenzar el juicio, la Sala de Primera Instancia dará lectura<br />
ante el acusado de los cargos confirmados anteriormente por<br />
la Sala de Cuestiones Preliminares. La Sala de Primera<br />
Instancia se cerciorará de que el acusado comprende la<br />
naturaleza de los cargos. Dará al acusado la oportunidad de<br />
declararse culpable de conformidad con el artículo 65 o de<br />
declararse inocente;<br />
b) Durante el juicio, el magistrado presidente podrá impartir<br />
directivas para la sustanciación del juicio, en particular<br />
para que este sea justo e imparcial. Con sujeción a las<br />
directivas que imparta el magistrado presidente, las partes<br />
podrán presentar pruebas de conformidad con las disposiciones<br />
del presente Estatuto.<br />
9.- La Sala de Primera Instancia podrá, a petición de una de las partes o<br />
de oficio, entre otras cosas:<br />
a) Decidir sobre la admisibilidad o pertinencia de las pruebas;<br />
b) Tomar todas las medidas necesarias para mantener el orden en las<br />
audiencias.<br />
10.- La Sala de Primera Instancia hará que el Secretario lleve y conserve<br />
un expediente completo del juicio, en el que se consignen fielmente<br />
las diligencias practicadas.<br />
Artículo 65<br />
Procedimiento en caso de declaración de culpabilidad<br />
1.- Si el acusado se declara culpable en las condiciones indicadas en el<br />
párrafo 8 a) del artículo 64, la Sala de Primera Instancia<br />
determinará:<br />
a) Si el acusado comprende la naturaleza y las consecuencias de la<br />
declaración de culpabilidad;<br />
b) Si esa declaración ha sido formulada voluntariamente tras<br />
suficiente consulta con el abogado defensor; y<br />
c) Si la declaración de culpabilidad está corroborada<br />
por los hechos de la causa conforme a:<br />
i) Los cargos presentados por el Fiscal y aceptados por el<br />
acusado;<br />
ii) Las piezas complementarias de los cargos presentados por<br />
el Fiscal y aceptados por el acusado; y<br />
iii) Otras pruebas, como declaraciones de testigos, presentadas<br />
por el Fiscal o el acusado.<br />
2.- La Sala de Primera Instancia, de constatar que se cumplen las<br />
condiciones a que se hace referencia en el párrafo 1, considerará que<br />
la declaración de culpabilidad, junto con las pruebas adicionales<br />
presentadas, constituye un reconocimiento de todos los hechos<br />
esenciales que configuran el crimen del cual se ha declarado culpable<br />
el acusado y podrá condenarlo por ese crimen.<br />
3.- La Sala de Primera Instancia, de constatar que no se cumplen las<br />
condiciones a que se hace referencia en el párrafo 1, tendrá la<br />
declaración de culpabilidad por no formulada y, en ese caso, ordenará<br />
que prosiga el juicio con arreglo al procedimiento ordinario<br />
estipulado en el presente Estatuto y podrá remitir la causa a otra<br />
Sala de Primera Instancia.<br />
4.- La Sala de Primera Instancia, cuando considere necesaria en interés<br />
de la justicia y en particular en interés de las víctimas, una<br />
presentación más completa de los hechos de la causa, podrá:<br />
a) Pedir al Fiscal que presente pruebas adicionales, inclusive<br />
declaraciones de testigos; u<br />
b) Ordenar que prosiga el juicio con arreglo al procedimiento<br />
ordinario estipulado en el presente Estatuto, en cuyo caso<br />
tendrá la declaración de culpabilidad por no formulada y<br />
podrá remitir la causa a otra Sala de Primera Instancia.<br />
5.- Las consultas que celebren el Fiscal y la defensa respecto de la<br />
modificación de los cargos, la declaración de culpabilidad o la pena<br />
que habrá de imponerse no serán obligatorias para la Corte.<br />
Artículo 66<br />
Presunción de inocencia<br />
1.- Se presumirá que toda persona es inocente mientras no se pruebe su<br />
culpabilidad ante la Corte de conformidad con el derecho aplicable.<br />
2.- Incumbirá al Fiscal probar la culpabilidad del acusado.<br />
3.- Para dictar sentencia condenatoria, la Corte deberá, estar convencida<br />
de la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable.<br />
Artículo 67<br />
Derechos del acusado<br />
1.- En la determinación de cualquier cargo, el acusado tendrá derecho a<br />
ser oído públicamente, habida cuenta de las disposiciones del presente<br />
Estatuto, y a una audiencia justa e imparcial, así como a las<br />
siguientes garantías mínimas en pie de plena igualdad:<br />
a) A ser informado sin demora y en forma detallada, en un idioma<br />
que comprenda y hable perfectamente, de la naturaleza, la<br />
causa y el contenido de los cargos que se le imputan;<br />
b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la<br />
preparación de su defensa y a comunicarse libre y<br />
confidencialmente con un defensor de su elección;<br />
c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;<br />
d) Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 63, el<br />
acusado tendrá derecho a hallarse presente en el proceso y a<br />
defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de su<br />
elección; a ser informado, si no tuviera defensor, del<br />
derecho que le asiste a tenerlo y, siempre que el interés de<br />
la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio,<br />
gratuitamente si careciera de medios suficientes para<br />
pagarlo;<br />
e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a<br />
obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que<br />
estos sean interrogados en las mismas condiciones que los<br />
testigos de cargo. El acusado tendrá derecho también a<br />
oponer excepciones y a presentar cualquier otra prueba<br />
admisible de conformidad con el presente Estatuto;<br />
f) A ser asistido gratuitamente por un intérprete competente y a<br />
obtener las traducciones necesarias para satisfacer los<br />
requisitos de equidad, si en las actuaciones ante la Corte o<br />
en los documentos presentados a la Corte se emplea un idioma<br />
que no comprende y no habla;<br />
g) A no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse<br />
culpable y a guardar silencio, sin que ello pueda tenerse en<br />
cuenta a los efectos de determinar su culpabilidad o<br />
inocencia;<br />
h) A declarar de palabra o por escrito en su defensa sin prestar<br />
juramento; y<br />
i) A que no se invierta la carga de la prueba ni le sea impuesta la<br />
carga de presentar contrapruebas.<br />
2.- Además de cualquier otra divulgación de información estipulada en el<br />
presente Estatuto, el Fiscal divulgará a la defensa, tan pronto como<br />
sea posible, las pruebas que obren en su poder o estén bajo su control<br />
y que, a su juicio, indiquen o tiendan a indicar la inocencia del<br />
acusado, o a atenuar su culpabilidad, o que puedan afectar a la<br />
credibilidad de las pruebas de cargo. En caso de duda acerca de la<br />
aplicación de este párrafo, la Corte decidirá.<br />
Artículo 68<br />
Protección de las víctimas y los testigos y su participación en las<br />
actuaciones<br />
1.- La Corte adoptará las medidas adecuadas para proteger la seguridad,<br />
el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida privada de<br />
las víctimas y los testigos. Con este fin, la Corte tendrá en cuenta<br />
todos los factores pertinentes, incluidos la edad, el género, definido<br />
en el párrafo 3 del artículo 2, y la salud, así como la índole del<br />
crimen, en particular cuando este entrañe violencia sexual o por<br />
razones de género, o violencia contra niños. En especial, el Fiscal<br />
adoptará estas medidas en el curso de la investigación y el<br />
enjuiciamiento de tales crímenes. Estas medidas no podrán redundar en<br />
perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial<br />
ni serán incompatibles con estos.<br />
2.- Como excepción al principio del carácter público de las audiencias<br />
establecido en el artículo 67, las Salas de la Corte podrán, a fin de<br />
proteger a las víctimas y los testigos o a un acusado, decretar que<br />
una parte del juicio se celebre a puerta cerrada o permitir la<br />
presentación de pruebas por medios electrónicos u otros medios<br />
especiales. En particular, se aplicarán estas medidas en el caso de<br />
una víctima de agresión sexual o de un menor de edad que sea víctima o<br />
testigo, salvo decisión en contrario adoptada por la Corte atendiendo<br />
a todas las circunstancias, especialmente la opinión de la víctima o<br />
el testigo.<br />
3.- La Corte permitirá, en las fases del juicio que considere<br />
conveniente, que se presenten y tengan en cuenta las opiniones y<br />
observaciones de las víctimas si se vieren afectados sus intereses<br />
personales y de una manera que no redunde en detrimento de los<br />
derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni sea<br />
incompatible con estos. Los representantes legales de las víctimas<br />
podrán presentar dichas opiniones y observaciones cuando la Corte lo<br />
considere conveniente y de conformidad con las Reglas de Procedimiento<br />
y Prueba.<br />
4.- La Dependencia de Víctimas y Testigos podrá asesorar al Fiscal y a la<br />
Corte acerca de las medidas adecuadas de protección, los dispositivos<br />
de seguridad, el asesoramiento y la asistencia a que se hace<br />
referencia en el párrafo 6 del artículo 43.<br />
5.- Cuando la divulgación de pruebas o información de conformidad con el<br />
presente Estatuto entrañare un peligro grave para la seguridad de un<br />
testigo o de su familia, el Fiscal podrá, a los efectos de cualquier<br />
diligencia anterior al juicio, no presentar dichas pruebas o<br />
información y presentar en cambio un resumen de estas. Las medidas de<br />
esta índole no podrán redundar en perjuicio de los derechos del<br />
acusado o de un juicio justo e imparcial ni serán incompatibles con<br />
estos.<br />
6.- Todo Estado podrá solicitar que se adopten las medidas necesarias<br />
respecto de la protección de sus funcionarios o agentes, así como de<br />
la protección de información de carácter confidencial o restringido.<br />
Artículo 69<br />
Práctica de las pruebas<br />
1.- Antes de declarar, cada testigo se comprometerá, de conformidad con<br />
las Reglas de Procedimiento y Prueba, a decir verdad en su testimonio.<br />
2.- La prueba testimonial deberá rendirse en persona en el juicio, salvo<br />
cuando se apliquen las medidas establecidas en el artículo 68 o en las<br />
Reglas de Procedimiento y Prueba. Asimismo, la Corte podrá permitir<br />
al testigo que preste testimonio oralmente o por medio de una<br />
grabación de vídeo o audio, así como que se presenten documentos o<br />
transcripciones escritas, con sujeción al presente Estatuto y de<br />
conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba. Estas medidas<br />
no podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado ni serán<br />
incompatibles con estos.<br />
3.- Las partes podrán presentar pruebas pertinentes a la causa, de<br />
conformidad con el artículo 64. La Corte estará facultada para pedir<br />
todas las pruebas que considere necesarias para determinar la<br />
veracidad de los hechos.<br />
4.- La Corte podrá decidir sobre la pertinencia o admisibilidad de<br />
cualquier prueba, teniendo en cuenta, entre otras cosas, su valor<br />
probatorio y cualquier perjuicio que pueda suponer para un juicio<br />
justo o para la justa evaluación del testimonio de un testigo, de<br />
conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.<br />
5.- La Corte respetará los privilegios de confidencialidad establecidos<br />
en las Reglas de Procedimiento y Prueba.<br />
6.- La Corte no exigirá prueba de los hechos de dominio público, pero<br />
podrá incorporarlos en autos.<br />
7.- No serán admisibles las pruebas obtenidas como resultado de una<br />
violación del presente Estatuto o de las normas de derechos humanos<br />
internacionalmente reconocidas cuando:<br />
a) Esa violación suscite serias dudas sobre la fiabilidad de las<br />
pruebas; o<br />
b) Su admisión atente contra la integridad del juicio o redunde en<br />
grave desmedro de él.<br />
8.- La Corte, al decidir sobre la pertinencia o la admisibilidad de las<br />
pruebas presentadas por un Estado, no podrá pronunciarse sobre la<br />
aplicación del derecho interno de ese Estado.<br />
Artículo 70<br />
Delitos contra la administración de justicia<br />
1.- La Corte tendrá competencia para conocer de los siguientes delitos<br />
contra la administración de justicia, siempre y cuando se cometan<br />
intencionalmente:<br />
a) Dar falso testimonio cuando se esté obligado a decir verdad de<br />
conformidad con el párrafo 1 del artículo 69;<br />
b) Presentar pruebas a sabiendas de que son falsas o han sido<br />
falsificadas;<br />
c) Corromper a un testigo, obstruir su comparecencia o testimonio o<br />
interferir en ellos, tomar represalias contra un testigo por<br />
su declaración, destruir o alterar pruebas o interferir en<br />
las diligencias de prueba;<br />
d) Poner trabas, intimidar o corromper a un funcionario de la Corte<br />
para obligarlo o inducirlo a que no cumpla sus funciones o a<br />
que lo haga de manera indebida;<br />
e) Tomar represalias contra un funcionario de la Corte en razón de<br />
funciones que haya desempeñado él u otro funcionario; y<br />
f) Solicitar o aceptar un soborno en calidad de funcionario de la<br />
Corte y en relación con sus funciones oficiales.<br />
2.- Las Reglas de Procedimiento y Prueba establecerán los principios y<br />
procedimientos que regulen el ejercicio por la Corte de su competencia<br />
sobre los delitos a que se hace referencia en el presente artículo.<br />
Las condiciones de la cooperación internacional con la Corte respecto<br />
de las actuaciones que realice de conformidad con el presente artículo<br />
se regirán por el derecho interno del Estado requerido.<br />
3.- En caso de decisión condenatoria, la Corte podrá imponer una pena de<br />
reclusión no superior a cinco años o una multa, o ambas penas, de<br />
conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.<br />
4.-<br />
a) Todo Estado Parte hará extensivas sus leyes penales que<br />
castiguen los delitos contra la integridad de su propio<br />
procedimiento de investigación o enjuiciamiento a los delitos<br />
contra la administración de justicia a que se hace referencia<br />
en el presente artículo y sean cometidos en su territorio o<br />
por uno de sus nacionales;<br />
b) A solicitud de la Corte, el Estado Parte, siempre que lo<br />
considere apropiado, someterá el asunto a sus autoridades<br />
competentes a los efectos del enjuiciamiento. Esas<br />
autoridades conocerán de tales asuntos con diligencia y<br />
asignarán medios suficientes para que las causas se<br />
sustancien en forma eficaz.<br />
Artículo 71<br />
Sanciones por faltas de conducta en la Corte<br />
1.- En caso de faltas de conducta de personas presentes en la Corte,<br />
tales como perturbar las audiencias o negarse deliberadamente a<br />
cumplir sus órdenes, la Corte podrá imponer sanciones administrativas,<br />
que no entrañen privación de la libertad, como expulsión temporal o<br />
permanente de la sala, multa u otra medida similares establecidas en<br />
las Reglas de Procedimiento y Prueba.<br />
2.- El procedimiento para imponer las medidas a que se refiere el párrafo<br />
1 se regirá por las Reglas de Procedimiento y Prueba.<br />
Artículo 72<br />
Protección de información que afecte a la seguridad nacional<br />
1.- El presente artículo será aplicable en todos los casos en que la<br />
divulgación de información o documentos de un Estado pueda, a juicio<br />
de este, afectar a los intereses de su seguridad nacional. Esos casos<br />
son los comprendidos en el ámbito de los párrafos 2 y 3 del artículo<br />
56, el párrafo 3 del artículo 61, el párrafo 3 del artículo 64, el<br />
párrafo 2 del artículo 67, el párrafo 6 del artículo 68, el párrafo 6<br />
del artículo 87 y el artículo 93, así como los que se presenten en<br />
cualquier otra fase del procedimiento en el contexto de esa<br />
divulgación.<br />
2.- El presente artículo se aplicará también cuando una persona a quien<br />
se haya solicitado información o pruebas se niegue a presentarlas o<br />
haya pedido un pronunciamiento del Estado porque su divulgación<br />
afectaría a los intereses de la seguridad nacional del Estado, y el<br />
Estado de que se trate confirme que, a su juicio, esa divulgación<br />
afectaría a los intereses de su seguridad nacional.<br />
3.- Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a los<br />
privilegios de confidencialidad a que se refieren los apartados e) y<br />
f) del párrafo 3 del artículo 54 ni la aplicación del artículo 73.<br />
4.- Si un Estado tiene conocimiento de que información o documentos suyos<br />
están siendo divulgados o pueden serlo en cualquier fase del<br />
procedimiento y estima que esa divulgación afectaría a sus intereses<br />
de seguridad nacional, tendrá derecho a pedir que la cuestión se<br />
resuelva de conformidad con el presente artículo.<br />
5.- El Estado a cuyo juicio la cooperación de información afectara a sus<br />
intereses de seguridad nacional adoptará, actuando en conjunto con el<br />
fiscal, la defensa, la Sala de Cuestiones Preliminares o la Sala de<br />
Primera Instancia según sea el caso, todas las medidas razonables para<br />
resolver la cuestión por medio de la cooperación. Esas medidas podrán<br />
ser, entre otras, las siguientes:<br />
a) La modificación o aclaración de la solicitud;<br />
c) Una decisión de la Corte respecto de la pertinencia de la<br />
información o de las pruebas solicitadas, o una decisión<br />
sobre si las pruebas, aunque pertinentes, pudieran obtenerse<br />
o se hubieran obtenido de una fuente distinta del Estado;<br />
b) La obtención de la información o las pruebas de una fuente<br />
distinta o en una forma diferente; o<br />
d) Un acuerdo sobre las condiciones en que se preste la asistencia,<br />
que incluya, entre otras cosas, la presentación de resúmenes<br />
o exposiciones, restricciones a la divulgación, la<br />
utilización de procedimientos a puerta cerrada o ex parte, u<br />
otras medidas de protección permitidas con arreglo al<br />
Estatuto o las Reglas.<br />
6.- Una vez que se hayan adoptado todas las medidas razonables para<br />
resolver la cuestión por medio de la cooperación, el Estado, si<br />
considera que la información o los documentos no pueden proporcionarse<br />
ni divulgarse por medio alguno ni bajo ninguna condición sin perjuicio<br />
de sus intereses de seguridad nacional, notificará al Fiscal o a la<br />
Corte las razones concretas de su decisión, a menos que la indicación<br />
concreta de esas razones perjudique necesariamente los intereses de<br />
seguridad nacional del Estado.<br />
7.- Posteriormente, si la Corte decide que la prueba es pertinente y<br />
necesaria para determinar la culpabilidad o la inocencia del acusado,<br />
podrá adoptar las disposiciones siguientes:<br />
a) Cuando se solicite la divulgación de la información o del<br />
documento de conformidad con una solicitud de cooperación con<br />
arreglo a la Parte IX del presente Estatuto o en las<br />
circunstancias a que se refiere el párrafo 2 del presente<br />
artículo, y el Estado hiciere valer para denegarla el motivo<br />
indicado en el párrafo 4 del artículo 93:<br />
i) La Corte podrá, antes de adoptar una de las conclusiones a<br />
que se refiere el inciso ii) del apartado a) del párrafo 7,<br />
solicitar nuevas consultas con el fin de oír las razones<br />
del Estado. La Corte, si el Estado lo solicita, celebrará<br />
las consultas a puerta cerrada y ex parte;<br />
ii) Si la Corte llega a la conclusión de que, al hacer valer<br />
el motivo de denegación indicado en el párrafo 4 del<br />
artículo 93, dadas las circunstancias del caso, el Estado<br />
requerido no está actuando de conformidad con las<br />
obligaciones que le impone el presente Estatuto, podrá<br />
remitir la cuestión de conformidad con el párrafo 7 del<br />
artículo 87, especificando las razones de su conclusión; y<br />
iii) La Corte, en el juicio del acusado, podrá establecer las<br />
presunciones respecto de la existencia o inexistencia de un<br />
hecho que sean apropiadas en razón de las circunstancias; o<br />
b) En todas las demás circunstancias:<br />
i) Ordenar la divulgación; o<br />
ii) Si no ordena la divulgación, establecer las presunciones<br />
relativas a la culpabilidad o a la inocencia del acusado<br />
que sean apropiadas en razón de las circunstancias.<br />
Artículo 73<br />
Información o documentos de terceros<br />
La Corte, si pide a un Estado Parte que le proporcione información o<br />
un documento que esté bajo su custodia, posesión o control y que le haya<br />
sido divulgado por un Estado, una organización intergubernamental o una<br />
organización internacional a título confidencial, recabará el<br />
consentimiento de su autor para divulgar la información o el documento. Si<br />
el autor es un Estado Parte, podrá consentir en divulgar dicha información<br />
o documento o comprometerse a resolver la cuestión con la Corte, con<br />
sujeción a lo dispuesto en el artículo 72. Si el autor no es un Estado<br />
Parte y no consiente en divulgar la información o el documento, el Estado<br />
requerido comunicará a la Corte que no puede proporcionar la información o<br />
el documento de que se trate en razón de la obligación contraída con su<br />
autor de preservar su carácter confidencial.<br />
Artículo 74<br />
Requisitos para el fallo<br />
1.- Todos los magistrados de la Sala de Primera Instancia estarán<br />
presentes en cada fase del juicio y en todas sus deliberaciones.<br />
La Presidencia podrá designar para cada causa y según estén<br />
disponibles uno o varios magistrados suplentes para que asistan a<br />
todas las fases del juicio y sustituyan a cualquier miembro de la Sala<br />
de Primera Instancia que se vea imposibilitado para seguir<br />
participando en el juicio.<br />
2.- La Sala de Primera Instancia fundamentará su fallo en su evaluación<br />
de las pruebas y de la totalidad del juicio. El fallo se referirá<br />
únicamente a los hechos y las circunstancias descritos en los cargos o<br />
las modificaciones a los cargos, en su caso. La Corte podrá<br />
fundamentar su fallo únicamente en las pruebas presentadas y<br />
examinadas ante ella en el juicio.<br />
3.- Los magistrados procurarán adoptar su fallo por unanimidad pero, de<br />
no ser posible, este será adoptado por mayoría.<br />
4.- Las deliberaciones de la Sala de Primera Instancia serán secretas.<br />
5.- El fallo constará por escrito e incluirá una exposición fundada y<br />
completa de la evaluación de las pruebas y las conclusiones. La Sala<br />
de Primera Instancia dictará un fallo. Cuando no haya unanimidad, el<br />
fallo de la Sala de Primera Instancia incluirá las opiniones de la<br />
mayoría y de la minoría. La lectura del fallo o de un resumen de este<br />
se hará en sesión pública.<br />
Artículo 75<br />
Reparación a las víctimas<br />
1.- La Corte establecerá principios aplicables a la reparación, incluidas<br />
la restitución, la indemnización y la rehabilitación, que ha de<br />
otorgarse a las víctimas o a sus causahabientes. Sobre esta base, la<br />
Corte, previa solicitud o de oficio en circunstancias excepcionales,<br />
podrá determinar en su decisión el alcance y la magnitud de los daños,<br />
pérdidas o perjuicios causados a las víctimas o a sus causahabientes,<br />
indicando los principios en que se funda.<br />
2.- La Corte podrá dictar directamente una decisión contra el condenado<br />
en la que indique la reparación adecuada que ha de otorgarse a las<br />
víctimas, incluidas la restitución, la indemnización y la<br />
rehabilitación. Cuando proceda, la Corte podrá ordenar que la<br />
indemnización otorgada a título de reparación se pague por conducto<br />
del Fondo Fiduciario previsto en el artículo 79.<br />
3.- La Corte, antes de tomar una decisión con arreglo a este<br />
artículo, tendrá en cuenta las observaciones formuladas por el<br />
condenado, las víctimas, otras personas o Estados que tengan un<br />
interés, o las que se formulen en su nombre.<br />
4.- Al ejercer sus atribuciones de conformidad con el presente artículo,<br />
la Corte, una vez que una persona sea declarada culpable de un crimen<br />
de su competencia, podrá determinar si, a fin de dar efecto a una<br />
decisión que dicte de conformidad con este artículo, es necesario<br />
solicitar medidas de conformidad con el párrafo 1 del artículo 90.<br />
5.- Los Estados Partes darán efecto a la decisión dictada con arreglo a<br />
este artículo como si las disposiciones del artículo 109 se aplicaran<br />
al presente artículo.<br />
6.- Nada de lo dispuesto en el presente artículo podrá interpretarse en<br />
perjuicio de los derechos de las víctimas con arreglo al derecho<br />
interno o el derecho internacional.<br />
Artículo 76<br />
Fallo condenatorio<br />
1.- En caso de que se dicte un fallo condenatorio, la Sala de Primera<br />
Instancia fijará la pena que proceda imponer, para lo cual tendrá en<br />
cuenta las pruebas practicadas y las presentaciones relativas a la<br />
pena que se hayan hecho en el proceso.<br />
2.- Salvo en el caso en que sea aplicable el artículo 65, la Sala de<br />
Primera Instancia podrá convocar de oficio una nueva audiencia, y<br />
tendrá que hacerlo si lo solicitan el Fiscal o el acusado antes de que<br />
concluya la instancia, a fin de practicar diligencias de prueba o<br />
escuchar presentaciones adicionales relativas a la pena, de<br />
conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.<br />
3.- En el caso en que sea aplicable el párrafo 2, en la audiencia a que<br />
se hace referencia en ese párrafo o, de ser necesario, en una<br />
audiencia adicional se escucharán las presentaciones que se hagan en<br />
virtud del artículo 75.<br />
4.- La pena será impuesta en audiencia pública y, de ser posible, en<br />
presencia del acusado.<br />
PARTE VII<br />
DE LAS PENAS<br />
Artículo 77<br />
Penas aplicables<br />
1.- La Corte podrá, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 110,<br />
imponer a la persona declarada culpable de uno de los crímenes a que<br />
se hace referencia en el artículo 5 del presente Estatuto una de las<br />
penas siguientes:<br />
a) La reclusión por un número determinado de años que no exceda de<br />
30 años; o<br />
b) La reclusión a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema<br />
gravedad del crimen y las circunstancias personales del<br />
condenado.<br />
2.- Además de la reclusión, la Corte podrá imponer:<br />
a) Una multa con arreglo a los criterios enunciados en las Reglas<br />
de Procedimiento y Prueba;<br />
b) El decomiso del producto, los bienes y los haberes procedentes<br />
directa o indirectamente de dicho crimen, sin perjuicio de<br />
los derechos de terceros de buena fe.<br />
Artículo 78<br />
Imposición de la pena<br />
1.- Al imponer una pena, la Corte tendrá en cuenta, de conformidad con<br />
las Reglas de Procedimiento y Prueba, factores tales como la gravedad<br />
del crimen y las circunstancias personales del condenado.<br />
2.- La Corte, al imponer una pena de reclusión, abonará el tiempo que,<br />
por orden suya, haya estado detenido el condenado. La Corte podrá<br />
abonar cualquier otro período de detención cumplido en relación con la<br />
conducta constitutiva del delito.<br />
3.- Cuando una persona haya sido declarada culpable de más de un crimen,<br />
la Corte impondrá una pena para cada uno de ellos y una pena común en<br />
la que se especifique la duración total de la reclusión. La pena no<br />
será inferior a la más alta de cada una de las penas impuestas y no<br />
excederá de 30 años de reclusión o de una pena de reclusión a<br />
perpetuidad de conformidad con el párrafo 1 b) del artículo 77.<br />
Artículo 79<br />
Fondo fiduciario<br />
1.- Por decisión de la Asamblea de los Estados Partes, se establecerá un<br />
fondo fiduciario en beneficio de las víctimas de crímenes de la<br />
competencia de la Corte y de sus familias.<br />
2.- La Corte podrá ordenar que las sumas y los bienes que reciba título<br />
de multa o decomiso sean transferidos al Fondo Fiduciario.<br />
3.- El Fondo Fiduciario será administrado según los criterios que fije la<br />
Asamblea de los Estados Partes.<br />
Artículo 80<br />
El Estatuto, la aplicación de penas por los países y la legislación<br />
nacional<br />
Nada de lo dispuesto en la presente parte se entenderá en perjuicio de<br />
la aplicación por los Estados de las penas prescritas por su legislación<br />
nacional ni de la legislación de los Estados en que no existan las penas<br />
prescritas en la presente parte.<br />
PARTE VIII<br />
DE LA APELACIÓN Y LA REVISIÓN<br />
Artículo 81<br />
Apelación del fallo condenatorio o absolutorio o de la pena<br />
1.- Los fallos dictados de conformidad con el artículo 74 serán apelables<br />
de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, según se<br />
dispone a continuación:<br />
a) El Fiscal podrá apelar por alguno de los motivos siguientes:<br />
i) Vicio de procedimiento;<br />
ii) Error de hecho; o<br />
iii) Error de derecho.<br />
b) El condenado, o el Fiscal en su nombre, podrá apelar por alguno<br />
de los motivos siguientes:<br />
i) Vicio de procedimiento;<br />
ii) Error de hecho;<br />
iii) Error de derecho;<br />
iv) Cualquier otro motivo que afecte a la justicia o a la<br />
regularidad del proceso o del fallo.<br />
2.-<br />
a) El Fiscal o el condenado podrán apelar de una sentencia, de<br />
conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, en<br />
razón de una desproporción entre el crimen y la condena;<br />
b) La Corte, si al conocer de la apelación de una sentencia,<br />
considerase que hay fundamentos para revocar la condena en<br />
todo o parte, podrá invitar al Fiscal y al condenado a que<br />
presenten sus argumentos de conformidad con los apartados a)<br />
o b) del párrafo 1 del artículo 81 y podrá dictar una<br />
decisión respecto de la condena de conformidad con el<br />
artículo 83;<br />
c) Este procedimiento también será aplicable cuando la Corte, al<br />
conocer de una apelación contra la sentencia únicamente,<br />
considere que hay fundamentos para reducir la pena en virtud<br />
del párrafo 2 a).<br />
3.-<br />
a) Salvo que la Sala de Primera Instancia ordene otra cosa, el<br />
condenado permanecerá privado de libertad mientras se falla<br />
la apelación;<br />
b) Cuando la duración de la detención fuese mayor que la de la pena<br />
de prisión impuesta, el condenado será puesto en libertad;<br />
sin embargo, si el Fiscal también apelase, esa libertad podrá<br />
quedar sujeta a las condiciones enunciadas en el apartado<br />
siguiente;<br />
c) Si la sentencia fuere absolutoria, el acusado será puesto en<br />
libertad de inmediato, con sujeción a las normas siguientes:<br />
i) En circunstancias excepcionales y teniendo en cuenta entre<br />
otras cosas, el riesgo concreto de fuga, la gravedad del<br />
delito y las probabilidades de que se dé lugar a la<br />
apelación, la Sala de Primera Instancia, a solicitud del<br />
Fiscal, podrá decretar que siga privado de la libertad<br />
mientras dure la apelación;<br />
ii) Las decisiones dictadas por la Sala de Apelaciones en<br />
virtud del inciso precedente serán apelables de conformidad<br />
con las Reglas de Procedimiento y Prueba.<br />
4.- Con sujeción a lo dispuesto en los apartados a) y b) del párrafo 3,<br />
la ejecución de la decisión o sentencia será suspendida durante el<br />
plazo fijado para la apelación y mientras dure el procedimiento de<br />
apelación.<br />
Artículo 82<br />
Apelación de otras decisiones<br />
1.- Cualquiera de las partes podrá apelar, de conformidad con las Reglas<br />
de Procedimiento y Prueba, de las siguientes decisiones:<br />
a) Una decisión relativa a la competencia o la admisibilidad;<br />
b) Una decisión por la que se autorice o deniegue la libertad de la<br />
persona objeto de investigación o enjuiciamiento;<br />
c) Una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de actuar de<br />
oficio de conformidad con el párrafo 3 del artículo 56;<br />
d) Una decisión relativa a una cuestión que afecte de forma<br />
significativa a la justicia y a la prontitud con que se<br />
sustancia el proceso o a su resultado y respecto de la cual,<br />
en opinión de la Sala de Cuestiones Preliminares o la Sala de<br />
Primera Instancia, un dictamen inmediato de la Sala de<br />
Apelaciones pueda acelerar materialmente el proceso.<br />
2.- El Estado de que se trate o el Fiscal, con la autorización de la Sala<br />
de Cuestiones Preliminares, podrá apelar de una decisión adoptada por<br />
esta Sala de conformidad con el párrafo 3 d) del artículo 57. La<br />
apelación será sustanciada en procedimiento sumario.<br />
3.- La apelación no suspenderá por sí misma el procedimiento a menos que<br />
la Sala de Apelaciones lo dictamine, previa solicitud y de conformidad<br />
con las Reglas de Procedimiento y Prueba.<br />
4.- El representante legal de las víctimas, el condenado o el propietario<br />
de buena fe de bienes afectados por una providencia dictada en virtud<br />
del artículo 73 podrán apelar, de conformidad con las Reglas de<br />
Procedimiento y Prueba, de la decisión por la cual se conceda<br />
reparación.<br />
Artículo 83<br />
Procedimiento de apelación<br />
1.- A los efectos del procedimiento establecido en el artículo 81 y en el<br />
presente artículo, la Sala de Apelaciones tendrá todas las<br />
atribuciones de la Sala de Primera instancia.<br />
2.- La Sala de Apelaciones, si decide que las actuaciones apeladas fueron<br />
injustas y que ello afecta a la regularidad del fallo o la pena o que<br />
el fallo o la pena apelados adolecen efectivamente de errores de hecho<br />
o de derecho o de vicios de procedimiento, podrá:<br />
a) Revocar o enmendar el fallo o la pena; o<br />
b) Decretar la celebración de un nuevo juicio en otra Sala de<br />
Primera Instancia.<br />
A estos efectos, la Sala de Apelaciones podrá devolver una cuestión<br />
de hecho a la Sala de Primera Instancia original para que la examine y<br />
le informe según corresponda, o podrá ella misma pedir pruebas para<br />
dirimirla. El fallo o la pena apelados únicamente por el condenado, o<br />
por el Fiscal en nombre de este, no podrán ser modificados en<br />
perjuicio suyo.<br />
3.- La Sala de Apelaciones, si al conocer de una apelación contra la<br />
pena, considera que hay una desproporción entre el crimen y la pena,<br />
podrá modificar esta de conformidad con lo dispuesto en la Parte VII.<br />
4.- La sentencia de la Sala de Apelaciones será aprobada por mayoría de<br />
los magistrados que la componen y anunciada en audiencia pública. La<br />
sentencia enunciará las razones en que se funda. De no haber<br />
unanimidad, consignará las opiniones de la mayoría y de la minoría, si<br />
bien un magistrado podrá emitir una opinión separada o disidente sobre<br />
una cuestión de derecho.<br />
5.- La Sala de Apelaciones podrá dictar sentencia en ausencia de la<br />
persona absuelta o condenada.<br />
Artículo 84<br />
Revisión del fallo condenatorio o de la pena<br />
1.- El condenado o, después de su fallecimiento, el cónyuge, los hijos,<br />
los padres o quien estuviera vivo al momento de la muerte del acusado<br />
y tuviera instrucciones escritas del acusado de hacerlo, o el Fiscal<br />
en su nombre, podrá pedir a la Sala de Apelaciones que revise la<br />
sentencia definitiva condenatoria o la pena por las siguientes causas:<br />
a) Se hubieren descubierto nuevas pruebas que:<br />
i) No se hallaban disponibles a la época del juicio por<br />
motivos que no cabría imputar total o parcialmente a la<br />
parte que formula la solicitud; y<br />
ii) Son suficientemente importantes como para que, de haberse<br />
valorado en el juicio, probablemente hubieran dado lugar a<br />
otro veredicto;<br />
b) Se acabare de descubrir que un elemento de prueba decisivo,<br />
apreciado en el juicio y del cual depende la condena, era<br />
falso o habría sido objeto de adulteración o falsificación;<br />
c) Uno o varios de los jueces que intervinieron en la sentencia<br />
condenatoria o en la confirmación de los cargos han<br />
incurrido, en esa causa, en una falta o un incumplimiento de<br />
sus funciones de gravedad suficiente para justificar su<br />
separación del cargo de conformidad con el artículo 46.<br />
2.- La Sala de Apelaciones rechazará la solicitud si la considera<br />
infundada. Si determina que la solicitud es atendible, podrá, según<br />
corresponda:<br />
a) Convocar nuevamente a la sala de Primera Instancia original;<br />
b) Constituir una nueva Sala de Primera instancia; o<br />
c) Mantener su competencia respecto del asunto, para, tras oír a<br />
las partes en la manera establecida en las Reglas de<br />
Procedimiento y Prueba, determinar si ha de revisarse la<br />
sentencia.<br />
Artículo 85<br />
Indemnización del detenido o condenado<br />
1.- El que haya sido ilegalmente detenido o recluido tendrá el derecho<br />
efectivo a ser indemnizado.<br />
2.- El que por decisión final hubiera sido condenado por un crimen y<br />
hubiere cumplido la pena correspondiente será indemnizado conforme a<br />
la ley de ser anulada posteriormente su condena en razón de hechos<br />
nuevos que demuestren concluyentemente que hubo un error judicial,<br />
salvo que la falta de conocimiento oportuno de esos hechos le fuera<br />
total o parcialmente imputable.<br />
3.- En circunstancias excepcionales, la Corte, si determina la existencia<br />
de hechos concluyentes que muestran que hubo un error judicial grave y<br />
manifiesto tendrá la facultad discrecional de otorgar una<br />
indemnización, de conformidad con los criterios establecidos en las<br />
Reglas de Procedimiento y Prueba, a quien hubiere sido puesto en<br />
libertad en virtud de una sentencia definitiva absolutoria o de un<br />
sobreseimiento de la causa por esa razón.<br />
PARTE IX<br />
DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y LA ASISTENCIA JUDICIAL<br />
Artículo 86<br />
Obligación general de cooperar<br />
Los Estados Partes, de conformidad con lo dispuesto en el presente<br />
Estatuto, cooperarán plenamente con la Corte en relación con la<br />
investigación y el enjuiciamiento de crímenes de su competencia.<br />
Artículo 87<br />
Solicitudes de cooperación: disposiciones generales<br />
1.-<br />
a) La Corte estará facultada para formular solicitudes de<br />
cooperación a los Estados Partes. Estas se transmitirán por<br />
vía diplomática o por cualquier otro conducto adecuado que<br />
haya designado cada Estado Parte a la fecha de la<br />
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.<br />
Cada Estado Parte podrá cambiar posteriormente esa designación<br />
de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.<br />
b) Cuando proceda, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado<br />
a), las solicitudes podrán transmitirse también por conducto<br />
de la Organización Internacional de Policía Criminal o de<br />
cualquier organización regional competente.<br />
2.- Las solicitudes de cooperación y los documentos que las justifiquen<br />
estarán redactados en un idioma oficial del Estado requerido, o<br />
acompañados de una traducción a ese idioma, o en uno de los idiomas de<br />
trabajo de la Corte, según la elección que haya hecho el Estado a la<br />
fecha de la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.<br />
El Estado Parte podrá cambiar posteriormente esa elección de<br />
conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.<br />
3.- El Estado requerido preservará el carácter confidencial de toda<br />
solicitud de cooperación y de los documentos que las justifiquen,<br />
salvo en la medida en que su divulgación sea necesaria para<br />
tramitarla.<br />
4.- Con respecto a las solicitudes de asistencia presentadas de<br />
conformidad con la presente parte, la Corte podrá adoptar todas las<br />
medidas, incluidas las relativas a la protección de la información,<br />
que sean necesarias para proteger la seguridad y el bienestar físico o<br />
psicológico de las víctimas, los posibles testigos y sus familiares.<br />
La Corte podrá solicitar que toda información comunicada en virtud de<br />
la presente parte sea transmitida y procesada de manera que se proteja<br />
la seguridad y el bienestar físico o psicológico de las víctimas, los<br />
posibles testigos y sus familiares.<br />
5.- La Corte podrá invitar a cualquier Estado que no sea parte en el<br />
presente Estatuto a prestar la asistencia prevista en la presente<br />
parte sobre la base de un arreglo especial, un acuerdo con ese Estado<br />
o de cualquier otra manera adecuada.<br />
Cuando un Estado que no sea parte en el presente Estatuto y que haya<br />
celebrado un arreglo especial o un acuerdo con la Corte se niegue a<br />
cooperar en la ejecución de las solicitudes a que se refieran tal<br />
arreglo o acuerdo, la Corte podrá informar de ello a la Asamblea de<br />
los Estados Partes o al Consejo de Seguridad, si este le hubiese<br />
remitido el asunto.<br />
6.- La Corte podrá solicitar de cualquier organización intergubernamental<br />
que le proporcione información o documentos. Asimismo, la Corte podrá<br />
solicitar otras formas de cooperación y asistencia que se hayan<br />
acordado con cualquiera de esas organizaciones, de conformidad con su<br />
competencia o mandato.<br />
7.- Cuando, en contravención de lo dispuesto en el presente Estatuto, un<br />
Estado Parte se niegue a dar curso a una solicitud de cooperación<br />
formulada por la Corte, impidiéndole ejercer sus funciones y<br />
atribuciones de conformidad con el presente Estatuto, esta podrá hacer<br />
una constatación en ese sentido y remitir la cuestión a la Asamblea de<br />
los Estados Partes o al Consejo de Seguridad, si este le hubiese<br />
remitido el asunto.<br />
Artículo 88<br />
Procedimientos aplicables en el derecho interno<br />
Los Estados Partes se asegurarán de que en el derecho interno existan<br />
procedimientos aplicables a todas las formas de cooperación especificadas<br />
en la presente parte.<br />
Artículo 89<br />
Entrega de personas a la Corte<br />
1.- La Corte podrá transmitir, junto con los antecedentes que la<br />
justifiquen de conformidad con el artículo 91, una solicitud de<br />
detención y entrega de una persona a todo Estado en cuyo territorio<br />
pueda hallarse y solicitará la cooperación de ese Estado. Los Estados<br />
Partes cumplirán las solicitudes de detención y entrega de conformidad<br />
con las disposiciones de la presente parte y el procedimiento<br />
establecido en su derecho interno.<br />
2.- Cuando la persona cuya entrega se pida la impugne ante un tribunal<br />
nacional oponiendo la excepción de cosa juzgada de conformidad con el<br />
artículo 20, el Estado requerido celebrará de inmediato consultas con<br />
la Corte para determinar si ha habido una decisión sobre la<br />
admisibilidad de la causa. Si la causa es admisible, el Estado<br />
requerido cumplirá la solicitud. Si está pendiente la decisión sobre<br />
la admisibilidad, el Estado requerido podrá aplazar la ejecución de la<br />
solicitud de entrega hasta que la Corte adopte esa decisión.<br />
3.-<br />
a) El Estado Parte autorizará de conformidad con su derecho<br />
procesal el tránsito por su territorio de una persona que<br />
otro Estado entregue a la Corte, salvo cuando el tránsito por<br />
ese Estado obstaculice o demore la entrega;<br />
b) La solicitud de la Corte de que se autorice ese tránsito será<br />
transmitida de conformidad con el artículo 87 y contendrá:<br />
i) Una descripción de la persona que será transportada;<br />
ii) Una breve exposición de los hechos de la causa y su<br />
tipificación; y<br />
iii) La orden de detención y entrega.<br />
c) La persona transportada permanecerá detenida durante el<br />
tránsito;<br />
d) No se requerirá autorización alguna cuando la persona sea<br />
transportada por vía aérea y no se prevea aterrizar en el<br />
territorio del Estado de tránsito;<br />
e) En caso de aterrizaje imprevisto en el territorio del Estado de<br />
tránsito, este podrá pedir a la Corte que presente una<br />
solicitud de tránsito con arreglo a lo dispuesto en el<br />
apartado b). El Estado de tránsito detendrá a la persona<br />
transportada mientras se recibe la solicitud de la Corte y se<br />
efectúa el tránsito; sin embargo, la detención no podrá<br />
prolongarse más de 96 horas contadas desde el aterrizaje<br />
imprevisto si la solicitud no es recibida dentro de ese<br />
plazo.<br />
4.- Si la persona buscada está siendo enjuiciada o cumple condena en el<br />
Estado requerido por un crimen distinto de aquel por el cual se pide<br />
su entrega a la Corte, el Estado requerido, después de haber decidido<br />
conceder la entrega, celebrará consultas con la Corte.<br />
Artículo 90<br />
Solicitudes concurrentes<br />
1.- El Estado Parte que haya recibido una solicitud de la Corte relativa<br />
a la entrega de una persona de conformidad con el artículo 89, y<br />
reciba además una solicitud de cualquier otro Estado relativa a la<br />
extradición de la misma persona por la misma conducta que constituya<br />
la base del crimen en razón del cual la Corte ha pedido la entrega,<br />
notificará a la Corte y al Estado requirente ese hecho.<br />
2.- Si el Estado requirente es un Estado Parte, el Estado requerido dará<br />
prioridad a la solicitud de la Corte cuando:<br />
a) Haya determinado, de conformidad con lo dispuesto en los<br />
artículos 18 y 19, que la causa respecto de la cual se<br />
solicita la entrega es admisible y en su decisión haya tenido<br />
en cuenta la investigación o el enjuiciamiento que lleva a<br />
cabo el Estado requirente con respecto a la solicitud de<br />
extradición que este ha presentado; o<br />
b) Adopte la decisión a que se refiere el apartado a) con arreglo a<br />
la notificación efectuada por el Estado requerido de<br />
conformidad con el párrafo 1.<br />
3.- Cuando no se haya adoptado la decisión a que se hace referencia en el<br />
párrafo 2 a), el Estado requerido tendrá la facultad discrecional,<br />
hasta que se dicte la decisión de la Corte prevista en el párrafo 2<br />
b), de dar curso a la solicitud de extradición presentada por el<br />
Estado requirente, pero no la hará efectiva hasta que la Corte haya<br />
resuelto que la causa es inadmisible. La Corte adoptará su decisión<br />
en procedimiento sumario.<br />
4.- Si el Estado requirente no es parte en el presente Estatuto, el<br />
Estado requerido, en caso de que no esté obligado por alguna norma<br />
internacional a conceder la extradición al Estado requirente, dará<br />
prioridad a la solicitud de entrega que le haya hecho la Corte si esta<br />
ha determinado que la causa era admisible.<br />
5.- Cuando la Corte no haya determinado la admisibilidad de una causa de<br />
conformidad con el párrafo 4, el Estado requerido tendrá la facultad<br />
discrecional de dar curso a la solicitud de extradición que le haya<br />
hecho el Estado requirente.<br />
6.- En los casos en que sea aplicable el párrafo 4, y salvo que el Estado<br />
requerido esté obligado por alguna norma internacional a extraditar la<br />
persona al Estado requirente que no sea parte en el presente Estatuto,<br />
el Estado requerido decidirá si hace la entrega a la Corte o concede<br />
la extradición al Estado requirente. Para tomar esta decisión, el<br />
Estado requerido tendrá en cuenta todos los factores pertinentes,<br />
entre otros:<br />
a) Las fechas respectivas de las solicitudes;<br />
b) Los intereses del Estado requirente y, cuando proceda, si el<br />
crimen se cometió en su territorio y cuál es la nacionalidad<br />
de las víctimas y de la persona cuya entrega o extradición se<br />
ha solicitado; y<br />
c) La posibilidad de que la Corte y el Estado requirente lleguen<br />
posteriormente a un acuerdo respecto de la entrega.<br />
7.- Cuando el Estado Parte que reciba una solicitud de la Corte de<br />
entrega de una persona reciba también una solicitud de otro Estado<br />
relativa a la extradición de la misma persona por una conducta<br />
distinta de la que constituye el crimen en razón del cual la Corte<br />
solicita la entrega:<br />
a) El Estado requerido, si no está obligado por ninguna norma<br />
internacional a conceder la extradición al Estado Parte<br />
requirente, dará preferencia a la solicitud de la Corte;<br />
b) El Estado requerido, si está obligado por una norma<br />
internacional a conceder la extradición al Estado Parte<br />
requirente, decidirá si la entrega a la Corte o la extradita<br />
al Estado requirente. En esta decisión, el Estado requerido<br />
tendrá en cuenta todos los factores pertinentes y, entre<br />
otros, los enumerados en el párrafo 6, pero tendrá<br />
especialmente en cuenta la naturaleza y la gravedad relativas<br />
de la conducta de que se trate.<br />
8.- Cuando, de conformidad con una notificación efectuada con arreglo al<br />
presente artículo, la Corte haya determinado la inadmisibilidad de una<br />
causa y posteriormente se deniegue la extradición al Estado<br />
requirente, el Estado requerido notificará su decisión a la Corte.<br />
Artículo 91<br />
Contenido de la solicitud de detención y entrega<br />
1.- La solicitud de detención y entrega deberá formularse por escrito.<br />
En caso de urgencia, se podrá hacer por cualquier otro medio que<br />
permita dejar constancia escrita, a condición de que la solicitud sea<br />
confirmada en la forma indicada en el párrafo 1 a) del artículo 87.<br />
2.- La solicitud de detención y entrega de una persona respecto de la<br />
cual la Sala de Cuestiones Preliminares haya dictado una orden de<br />
detención de conformidad con el artículo 58 deberá contener los<br />
elementos siguientes o ir acompañada de:<br />
a) Información suficiente para la identificación de la persona<br />
buscada y datos sobre su probable paradero;<br />
b) Una copia de la orden de detención; y<br />
c) Los documentos, las declaraciones o la información que sean<br />
necesarios para cumplir los requisitos de procedimiento del<br />
Estado requerido relativos a la entrega; sin embargo, esos<br />
requisitos no podrán ser más onerosos que los aplicables a<br />
las solicitudes de extradición conforme a tratados o acuerdos<br />
celebrados por el Estado requerido y otros Estados y, de ser<br />
posible, serán menos onerosos, habida cuenta del carácter<br />
específico de la Corte.<br />
3.- La solicitud de detención y entrega del condenado deberá contener los<br />
siguientes elementos o ir acompañada de:<br />
a) Copia de la orden de detención dictada en su contra;<br />
b) Copia de la sentencia condenatoria;<br />
c) Datos que demuestren que la persona buscada es aquella a la que<br />
se refiere la sentencia condenatoria; y<br />
d) Si la persona que se busca ha sido ya condenada, copia de la<br />
sentencia y, en el caso de una pena de reclusión, una<br />
indicación de la parte de la pena que se ha cumplido y de la<br />
que queda por cumplir.<br />
4.- A solicitud de la Corte, el Estado Parte consultará con esta, en<br />
general o con respecto a un asunto concreto, sobre las disposiciones<br />
de su derecho interno que puedan ser aplicables de conformidad con el<br />
apartado c) del párrafo 2 del presente artículo. En esas consultas,<br />
el Estado Parte comunicará a la Corte las disposiciones específicas de<br />
su derecho interno.<br />
Artículo 92<br />
Detención provisional<br />
1.- En caso de urgencia, la Corte podrá solicitar la detención<br />
provisional de la persona buscada hasta que se presente la solicitud<br />
de entrega y los documentos que la justifiquen de conformidad con el<br />
artículo 91.<br />
2.- La solicitud de detención provisional deberá hacerse por cualquier<br />
medio que permita dejar constancia escrita y contendrá:<br />
a) Información suficiente para identificar a la persona buscada y<br />
datos sobre su probable paradero;<br />
b) Una exposición concisa de los crímenes por los que se pida la<br />
detención y de los hechos que presuntamente serían<br />
constitutivos de esos crímenes, inclusive, de ser posible, la<br />
indicación de la fecha y el lugar en que se cometieron;<br />
c) Una declaración de que existe una orden de detención o una<br />
decisión final condenatoria respecto de la persona buscada; y<br />
d) Una declaración de que se presentará una solicitud de entrega de<br />
la persona buscada.<br />
3.- La persona sometida a detención provisional podrá ser puesta en<br />
libertad si el Estado requerido no hubiere recibido la solicitud de<br />
entrega y los documentos que la justifiquen, de conformidad con el<br />
artículo 91, dentro del plazo fijado en las Reglas de Procedimiento y<br />
Prueba. Sin embargo, el detenido podrá consentir en la entrega antes<br />
de que se cumpla dicho plazo siempre que lo permita el derecho interno<br />
del Estado requerido. En ese caso, el Estado requerido procederá a<br />
entregar al detenido a la Corte tan pronto como sea posible.<br />
4.- El hecho de que la persona buscada haya sido puesta en libertad de<br />
conformidad con el párrafo 3 no obstará para que sea nuevamente<br />
detenida y entregada una vez que el Estado requerido reciba la<br />
solicitud de entrega y los documentos que la justifiquen.<br />
Artículo 93<br />
Otras formas de cooperación<br />
1.- Los Estados Partes, de conformidad con lo dispuesto en la presente<br />
parte y con los procedimientos de su derecho interno, deberán cumplir<br />
las solicitudes de asistencia formuladas por la Corte en relación con<br />
investigaciones o enjuiciamientos penales a fin de:<br />
a) Identificar y buscar personas u objetos;<br />
b) Practicar pruebas, incluidos los testimonios bajo juramento, y<br />
presentar pruebas, incluidos los dictámenes e informes<br />
periciales que requiera la Corte;<br />
c) Interrogar a una persona objeto de investigación o<br />
enjuiciamiento;<br />
d) Notificar documentos, inclusive los documentos judiciales;<br />
e) Facilitar la comparecencia voluntaria ante la Corte de testigos<br />
o expertos;<br />
f) Proceder al traslado provisional de personas, de conformidad con<br />
lo dispuesto en el párrafo 7;<br />
g) Realizar inspecciones oculares, inclusive la exhumación y el<br />
examen de cadáveres y fosas comunes;<br />
h) Practicar allanamientos y decomisos;<br />
i) Transmitir registros y documentos, inclusive registros y<br />
documentos oficiales;<br />
j) Proteger a víctimas y testigos y preservar pruebas;<br />
k) Identificar, determinar el paradero o congelar el producto y los<br />
bienes y haberes obtenidos del crimen y de los instrumentos<br />
del crimen, o incautarse de ellos, con miras a su decomiso<br />
ulterior y sin perjuicio de los derechos de terceros de buena<br />
fe; y<br />
l) Cualquier otro tipo de asistencia no prohibida por la<br />
legislación del Estado requerido y destinada a facilitar la<br />
investigación y el enjuiciamiento de crímenes de la<br />
competencia de la Corte.<br />
2.- La Corte podrá dar seguridades a los testigos o expertos que<br />
comparezcan ante ella de que no serán enjuiciados o detenidos ni se<br />
restringirá su libertad personal por un acto u omisión anterior a su<br />
salida del Estado requerido.<br />
3.- Cuando la ejecución de una determinada medida de asistencia detallada<br />
en una solicitud presentada de conformidad con el párrafo 1 estuviera<br />
prohibida en el Estado requerido por un principio fundamental de<br />
derecho ya existente y de aplicación general, el Estado requerido<br />
celebrará sin demora consultas con la Corte para tratar de resolver la<br />
cuestión. En las consultas se debería considerar si se puede prestar<br />
la asistencia de otra manera o con sujeción a condiciones. Si,<br />
después de celebrar consultas, no se pudiera resolver la cuestión, la<br />
Corte modificará la solicitud según sea necesario.<br />
4.- El Estado Parte podrá no dar lugar a una solicitud de asistencia, en<br />
su totalidad o en parte, de conformidad con el artículo 72 y<br />
únicamente si la solicitud se refiere a la presentación de documentos<br />
o la divulgación de pruebas que afecten a su seguridad nacional.<br />
5.- Antes de denegar una solicitud de asistencia de conformidad con el<br />
párrafo I l), el Estado requerido considerará si se puede prestar la<br />
asistencia con sujeción a ciertas condiciones, o si es posible hacerlo<br />
en una fecha posterior o de otra manera. La Corte o el Fiscal, si<br />
aceptan la asistencia sujeta a condiciones, tendrán que cumplirlas.<br />
6.- Si no se da lugar a una solicitud de asistencia, el Estado Parte<br />
requerido deberá comunicar sin demora los motivos a la Corte o al<br />
Fiscal.<br />
7.-<br />
a) La Corte podrá solicitar el traslado provisional de un detenido<br />
a los fines de su identificación o de que preste testimonio o<br />
asistencia de otra índole. El traslado podrá realizarse<br />
siempre que:<br />
i) El detenido dé su libre consentimiento; y<br />
ii) El Estado requerido lo acepte, con sujeción a las<br />
condiciones que hubiere acordado con la Corte.<br />
b) La persona trasladada permanecerá detenida. Una vez cumplidos<br />
los fines del traslado, la Corte la devolverá sin dilación al<br />
Estado requerido.<br />
8.-<br />
a) La Corte velará por la protección del carácter confidencial de<br />
los documentos y de la información, salvo en la medida en que<br />
estos sean necesarios para la investigación y las diligencias<br />
pedidas en la solicitud;<br />
b) El Estado requerido podrá, cuando sea necesario, transmitir al<br />
Fiscal documentos o información con carácter confidencial.<br />
El Fiscal únicamente podrá utilizarlos para reunir nuevas<br />
pruebas;<br />
c) El Estado requerido podrá, de oficio o a solicitud del Fiscal,<br />
autorizar la divulgación ulterior de estos documentos o<br />
información, los cuales podrán utilizarse como medios de<br />
prueba de conformidad con lo dispuesto en las partes V y VI y<br />
de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.<br />
9.-<br />
a)<br />
i) El Estado Parte que reciba solicitudes concurrentes de la<br />
Corte y de otro Estado de conformidad con una obligación<br />
internacional y que no se refieran a la entrega o la<br />
extradición, procurará, en consulta con la Corte y el otro<br />
Estado, atender ambas solicitudes, de ser necesario<br />
postergando o condicionando una de ellas;<br />
ii) Si esto no fuera posible, la cuestión de las solicitudes<br />
concurrentes se resolverá de conformidad con los principios<br />
enunciados en el artículo 90;<br />
b) Sin embargo, cuando la solicitud de la Corte se refiera a<br />
información, bienes o personas que estén sometidos al control<br />
de un tercer Estado o de una organización internacional en<br />
virtud de un acuerdo internacional, el Estado requerido lo<br />
comunicará a la Corte y la Corte dirigirá su solicitud al<br />
tercer Estado o a la organización internacional.<br />
10.-<br />
a) A solicitud de un Estado Parte que lleve a cabo una<br />
investigación o sustancie un juicio por una conducta que<br />
constituya un crimen de la competencia de la Corte o que<br />
constituya un crimen grave con arreglo al derecho interno del<br />
Estado requirente, la Corte podrá cooperar con él y prestarle<br />
asistencia;<br />
b)<br />
i) La asistencia prestada de conformidad con el apartado a)<br />
podrá comprender, entre otras cosas:<br />
1.- La transmisión de declaraciones, documentos u otros<br />
elementos de prueba obtenidos en el curso de una<br />
investigación o de un proceso sustanciado por la Corte; y<br />
2.- El interrogatorio de una persona detenida por orden de la<br />
Corte.<br />
ii) En el caso de la asistencia prevista en el apartado b) i)<br />
a:<br />
1.- Si los documentos u otros elementos de prueba se hubieren<br />
obtenido con la asistencia de un Estado, su transmisión<br />
estará subordinada al consentimiento de dicho Estado;<br />
2.- Si las declaraciones, los documentos u otros elementos de<br />
prueba hubieren sido proporcionados por un testigo o un<br />
perito, su transmisión estará subordinada a lo dispuesto<br />
en el artículo 68.<br />
c) La Corte podrá, de conformidad con el presente párrafo y en las<br />
condiciones enunciadas en él, acceder a una solicitud de<br />
asistencia presentada por un Estado que no sea parte en el<br />
presente Estatuto.<br />
Artículo 94<br />
Aplazamiento de la ejecución de una solicitud de asistencia con respecto a<br />
una investigación o un enjuiciamiento en curso<br />
1. Si la ejecución inmediata de una solicitud de asistencia interfiriere<br />
una investigación o enjuiciamiento en curso de un asunto distinto de<br />
aquel al que se refiera la solicitud, el Estado requerido podrá<br />
aplazar la ejecución por el tiempo que acuerde con la Corte. No<br />
obstante, el aplazamiento no excederá de lo necesario para concluir la<br />
investigación o el enjuiciamiento de que se trate en el Estado<br />
requerido. Antes de tomar la decisión de aplazar la ejecución de la<br />
solicitud, el Estado requerido debe considerar si se podrá prestar<br />
inmediatamente la asistencia con sujeción a ciertas condiciones.<br />
2.- Si, de conformidad con el párrafo 1, se decidiere aplazar la<br />
ejecución de una solicitud de asistencia, el Fiscal podrá en todo caso<br />
pedir que se adopten las medidas necesarias para preservar pruebas de<br />
conformidad con el párrafo 1 j) del artículo 93.<br />
Artículo 95<br />
Aplazamiento de la ejecución de una solicitud por haberse impugnado la<br />
admisibilidad de la causa<br />
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 53, cuando<br />
la Corte proceda a examinar una impugnación de la admisibilidad de una<br />
causa de conformidad con los artículo 18 ó 19, el Estado requerido podrá<br />
aplazar la ejecución de una solicitud hecha de conformidad con esta parte<br />
hasta que la Corte se pronuncie sobre la impugnación, a menos que esta haya<br />
resuelto expresamente que el Fiscal podrá continuar recogiendo pruebas<br />
conforme a lo previsto en los artículos 18 ó 19.<br />
Artículo 96<br />
Contenido de la solicitud relativa a otras formas de asistencia de<br />
conformidad con el artículo 93<br />
1.- La solicitud relativa a otras formas de asistencia a que se hace<br />
referencia en el artículo 93 deberá hacerse por escrito. En caso de<br />
urgencia, se podrá hacer por cualquier otro medio que permita dejar<br />
constancia escrita, a condición de que la solicitud sea confirmada en<br />
la forma indicada en el párrafo 1 a) del artículo 87.<br />
2.- La solicitud deberá contener los siguientes elementos o estar<br />
acompañada de, según proceda:<br />
a) Una exposición concisa de su propósito y de la asistencia<br />
solicitada, incluidos los fundamentos jurídicos y los motivos<br />
de la solicitud;<br />
b) La información más detallada posible acerca del paradero o la<br />
identificación de la persona o el lugar objeto de la búsqueda<br />
o la identificación, de forma que se pueda prestar la<br />
asistencia solicitada;<br />
c) Una exposición concisa de los hechos esenciales que fundamentan<br />
la solicitud;<br />
d) Las razones y la indicación detallada de cualquier procedimiento<br />
que deba seguirse o requisito que deba cumplirse;<br />
e) Cualquier información que pueda ser necesaria conforme al<br />
derecho interno del Estado requerido para cumplir la<br />
solicitud; y<br />
f) Cualquier otra información pertinente para que pueda prestarse<br />
la asistencia solicitada.<br />
3.- A solicitud de la Corte, todo Estado Parte consultará con la Corte,<br />
en general o respecto de un asunto concreto, sobre las disposiciones<br />
de su derecho interno que puedan ser aplicables de conformidad con el<br />
párrafo 2 e). En esas consultas, los Estados Partes comunicarán a la<br />
Corte las disposiciones específicas de su derecho interno.<br />
4.- Las disposiciones del presente artículo serán también aplicables,<br />
según proceda, con respecto a las solicitudes de asistencia hechas a<br />
la Corte.<br />
Artículo 97<br />
Consultas con la Corte<br />
El Estado Parte que reciba una solicitud de conformidad con la<br />
presente parte celebrará sin dilación consultas con la Corte si considera<br />
que la solicitud le plantea problemas que puedan obstaculizar o impedir su<br />
cumplimiento. Esos problemas podrían ser, entre otros:<br />
a) Que la información fuese insuficiente para cumplir la solicitud;<br />
b) Que, en el caso de una solicitud de entrega, la persona no<br />
pudiera ser localizada, pese a los intentos realizados, o que<br />
en la investigación realizada se hubiere determinado<br />
claramente que la persona en el Estado de detención no es la<br />
indicada en la solicitud; o<br />
c) Que el cumplimiento de la solicitud en su forma actual obligare<br />
al Estado requerido a no cumplir una obligación preexistente<br />
en virtud de un tratado con otro Estado.<br />
Artículo 98<br />
Cooperación con respecto a la renuncia a la inmunidad y consentimiento a la<br />
entrega<br />
1.- La Corte podrá negarse a dar curso a una solicitud de entrega o de<br />
asistencia en virtud de la cual el Estado requerido deba actuar en<br />
forma incompatible con las obligaciones que le imponga el derecho<br />
internacional con respecto a la inmunidad de un Estado o la inmunidad<br />
diplomática de una persona o un bien de un tercer Estado, salvo que<br />
obtenga la cooperación de ese tercer Estado para la renuncia a la<br />
inmunidad.<br />
2.- La Corte no dará curso a una solicitud de entrega en virtud de la<br />
cual el Estado requerido deba actuar en forma incompatible con las<br />
obligaciones que le imponga un acuerdo internacional conforme al cual<br />
se requiera el consentimiento del Estado que envíe para entregar a la<br />
Corte a una persona sujeta a la jurisdicción de ese Estado, a menos<br />
que esta obtenga primero la cooperación del Estado que envíe para que<br />
dé su consentimiento a la entrega.<br />
Artículo 99<br />
Cumplimiento de las solicitudes a que se hace referencia en los artículos<br />
93 y 96<br />
1.- Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el<br />
procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y,<br />
salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la<br />
solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la<br />
autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes<br />
y prestar asistencia en el trámite.<br />
2.- En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte lo pida, los<br />
documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con<br />
urgencia.<br />
3.- Las respuestas del Estado requerido serán transmitidas en su idioma y<br />
forma original.<br />
4.- Sin perjuicio de los demás artículos de la presente parte, cuando<br />
resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin<br />
necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una<br />
persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun<br />
cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte<br />
requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y<br />
el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio<br />
en él, el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el<br />
territorio de un Estado según se indica a continuación:<br />
a) Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo<br />
territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y<br />
hubiere habido una decisión de admisibilidad de conformidad<br />
con los artículos 18 ó 19, el Fiscal podrá ejecutar<br />
directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas<br />
posibles con el Estado Parte requerido;<br />
b) En los demás casos, el Fiscal podrá ejecutar la solicitud tras<br />
celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con<br />
sujeción a cualquier condición u observación razonable que<br />
imponga o haga ese Estado Parte. Cuando el Estado Parte<br />
requerido considere que hay problemas para la ejecución de<br />
una solicitud de conformidad con el presente apartado,<br />
celebrará consultas sin demora con la Corte para resolver la<br />
cuestión.<br />
5.- Las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o<br />
interrogada por la Corte con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer<br />
las restricciones previstas para impedir la divulgación de información<br />
confidencial relacionada con la defensa o la seguridad nacionales<br />
serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de<br />
asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.<br />
Artículo 100<br />
Gastos<br />
1.- Los gastos ordinarios que se deriven del cumplimiento de las<br />
solicitudes en el territorio del Estado requerido correrán a cargo de<br />
este, con excepción de los siguientes, que correrán a cargo de la<br />
Corte:<br />
a) Gastos relacionados con el viaje y la seguridad de los testigos<br />
y peritos, o el traslado, con arreglo al artículo 93, de<br />
personas detenidas;<br />
b) Gastos de traducción, interpretación y transcripción;<br />
c) Gastos de viaje y dietas de los magistrados, el fiscal, los<br />
fiscales adjuntos, el secretario, el secretario adjunto y los<br />
funcionarios de cualquier órgano de la Corte;<br />
d) Costo de los informes o dictámenes periciales solicitados por la<br />
Corte;<br />
e) Gastos relacionados con el transporte de la persona que entregue<br />
a la Corte un Estado de detención; y<br />
f) Previa consulta, todos los gastos extraordinarios que puedan ser<br />
resultado del cumplimiento de una solicitud.<br />
2.- Las disposiciones del párrafo 1 serán aplicables, según proceda, a<br />
las solicitudes hechas por los Estados Partes a la Corte. En ese<br />
caso, los gastos ordinarios que se deriven de su cumplimiento correrán<br />
a cargo de la Corte.<br />
Artículo 101<br />
Principio de la especialidad<br />
1.- Quien haya sido entregado a la Corte en virtud del presente Estatuto<br />
no será procesado, castigado o detenido por una conducta anterior a su<br />
entrega, a menos que esta constituya la base del delito por el cual<br />
haya sido entregado.<br />
2.- La Corte podrá pedir al Estado que hizo la entrega que la dispense<br />
del cumplimiento de los requisitos establecidos en el párrafo 1 y, si<br />
fuere necesario, proporcionará información adicional de conformidad<br />
con el artículo 91. Los Estados Partes estarán facultados para dar<br />
esa dispensa a la Corte y procurarán hacerlo.<br />
Artículo 102<br />
Términos empleados<br />
A los efectos del presente Estatuto:<br />
a) Por "entrega" se entenderá la entrega de una persona por un<br />
Estado a la Corte de conformidad con lo dispuesto en el<br />
presente Estatuto;<br />
b) Por "extradición" se entenderá la entrega de una persona por un<br />
Estado a otro Estado de conformidad con lo dispuesto en un<br />
tratado o convención o en el derecho interno.<br />
PARTE X<br />
DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA<br />
Artículo 103<br />
Función de los Estados en la ejecución de las penas privativas de libertad<br />
1.-<br />
a) La pena privativa de libertad se cumplirá en un Estado designado<br />
por la Corte sobre la base de una lista de Estados que hayan<br />
manifestado a la Corte que están dispuestos a recibir<br />
condenados;<br />
b) En el momento de declarar que está dispuesto a recibir<br />
condenados, el Estado podrá poner condiciones a reserva de<br />
que sean aceptadas por la Corte y estén en conformidad con la<br />
presente parte;<br />
c) El Estado designado en un caso determinado indicará sin demora a<br />
la Corte si acepta la designación.<br />
2.-<br />
a) El Estado de ejecución de la pena notificará a la Corte<br />
cualesquiera circunstancias, incluido el cumplimiento de las<br />
condiciones aceptadas con arreglo al párrafo 1, que pudieren<br />
afectar materialmente a las condiciones o la duración de la<br />
privación de libertad. Las circunstancias conocidas o<br />
previsibles deberán ponerse en conocimiento de la Corte con<br />
una antelación mínima de 45 días. Durante este período, el<br />
Estado de ejecución no adoptará medida alguna que redunde en<br />
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 110;<br />
b) La Corte, si no puede aceptar las circunstancias a que se hace<br />
referencia en el apartado a), lo notificará al Estado de<br />
ejecución y procederá de conformidad con el párrafo 1 del<br />
artículo 104.<br />
3.- La Corte, al ejercer su facultad discrecional de efectuar la<br />
designación prevista en el párrafo 1, tendrá en cuenta:<br />
a) El principio de que los Estados Partes deben compartir la<br />
responsabilidad por la ejecución de las penas privativas de<br />
libertad de conformidad con los principios de distribución<br />
equitativa que establezcan las Reglas de Procedimiento y<br />
Prueba;<br />
b) La aplicación de normas de tratados internacionales generalmente<br />
aceptadas sobre el tratamiento de los reclusos;<br />
c) La opinión del condenado;<br />
d) La nacionalidad del condenado; y<br />
e) Otros factores relativos a las circunstancias del crimen o del<br />
condenado, o a la ejecución eficaz de la pena, según procedan<br />
en la designación del Estado de ejecución.<br />
4.- De no designarse un Estado de conformidad con el párrafo 1, la pena<br />
privativa de libertad se cumplirá en el establecimiento penitenciario<br />
que designe el Estado anfitrión, de conformidad con las condiciones<br />
estipuladas en el acuerdo relativo a la sede a que se hace referencia<br />
en el párrafo 2 del artículo 3. En ese caso, los gastos que entrañe<br />
la ejecución de la pena privativa de libertad serán sufragados por la<br />
Corte.<br />
Artículo 104<br />
Cambio en la designación del Estado de ejecución<br />
1.- La Corte podrá en todo momento decidir el traslado del condenado a<br />
una prisión de un Estado distinto del Estado de ejecución.<br />
2.- El condenado podrá en todo momento solicitar de la Corte su traslado<br />
del Estado de ejecución.<br />
Artículo 105<br />
Ejecución de la pena<br />
1.- Con sujeción a las condiciones que haya establecido un Estado de<br />
conformidad con el párrafo 1 b) del artículo 103, la pena privativa de<br />
libertad tendrá carácter obligatorio para los Estados Partes, los<br />
cuales no podrán modificarla en caso alguno.<br />
2.- La decisión relativa a cualquier solicitud de apelación o revisión<br />
incumbirá exclusivamente a la Corte. El Estado de ejecución no pondrá<br />
obstáculos para que el condenado presente una solicitud de esa índole.<br />
Artículo 106<br />
Supervisión de la ejecución de la pena y condiciones de reclusión<br />
1.- La ejecución de una pena privativa de libertad estará sujeta a la<br />
supervisión de la Corte y se ajustará a las normas generalmente<br />
aceptadas de las convenciones internacionales sobre el tratamiento de<br />
los reclusos.<br />
2.- Las condiciones de reclusión se regirán por la legislación del Estado<br />
de ejecución y se ajustarán a las normas generalmente aceptadas de las<br />
convenciones internacionales sobre el tratamiento de los reclusos; en<br />
todo caso, no serán ni más ni menos favorables que las aplicadas a los<br />
reclusos condenados por delitos similares en el Estado de ejecución.<br />
3.- La comunicación entre el condenado y la Corte será irrestricta y<br />
confidencial.<br />
Artículo 107<br />
Traslado una vez cumplida la pena<br />
1.- Una vez cumplida la pena, quien no sea nacional del Estado de<br />
ejecución podrá, de conformidad con la legislación de dicho Estado,<br />
ser trasladado al Estado que esté obligado a aceptarlo o a otro Estado<br />
que esté dispuesto a hacerlo, teniendo en cuenta si quiere ser<br />
trasladado a este, a menos que el Estado de ejecución lo autorice a<br />
permanecer en su territorio.<br />
2.- Los gastos derivados del traslado de conformidad con lo dispuesto en<br />
el párrafo 1, de no ser sufragados por un Estado, correrán por cuenta<br />
de la Corte.<br />
3.- Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 108, el Estado de<br />
ejecución también podrá, de conformidad con su derecho interno,<br />
extraditar o entregar por cualquier otra vía a la persona a un Estado<br />
que haya pedido la extradición o entrega para someterla a juicio o<br />
para que cumpla una pena.<br />
Artículo 108<br />
Limitaciones al enjuiciamiento o la sanción por otros delitos<br />
1.- El condenado que se halle bajo la custodia del Estado de ejecución no<br />
será sometido a enjuiciamiento, sanción o extradición a un tercer<br />
Estado por una conducta anterior a su entrega al Estado de ejecución,<br />
a menos que, a petición de este, la Corte haya aprobado el<br />
enjuiciamiento, la sanción o la extradición.<br />
2.- La Corte dirimirá la cuestión tras haber oído al condenado.<br />
3.- El párrafo 1 del presente artículo no será aplicable si el condenado<br />
permanece de manera voluntaria durante más de 30 días en el territorio<br />
del Estado de ejecución después de haber cumplido la totalidad de la<br />
pena impuesta por la Corte o si regresa al territorio de ese Estado<br />
después de haber salido de él.<br />
Artículo 109<br />
Ejecución de multas y órdenes de decomiso<br />
1.- Los Estados Partes harán efectivas las multas u órdenes de decomiso<br />
decretadas por la Corte en virtud de la Parte VII, sin perjuicio de<br />
los derechos de terceros de buena fe y de conformidad con el<br />
procedimiento establecido en su derecho interno.<br />
2.- El Estado Parte que no pueda hacer efectiva la orden de decomiso<br />
adoptará medidas para cobrar el valor del producto, los bienes o los<br />
haberes cuyo decomiso hubiere decretado la Corte, sin perjuicio de los<br />
derechos de terceros de buena fe.<br />
3.- Los bienes, o el producto de la venta de bienes inmuebles o, según<br />
proceda, la venta de otros bienes que el Estado Parte obtenga al<br />
ejecutar una decisión de la Corte serán transferidos a la Corte.<br />
Artículo 110<br />
Examen de una reducción de la pena<br />
1.- El Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que<br />
haya cumplido la pena impuesta por la Corte.<br />
2.- Sólo la Corte podrá decidir la reducción de la pena y se pronunciará<br />
al respecto después de escuchar al recluso.<br />
3.- Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o<br />
25 años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte revisará la<br />
pena para determinar si esta puede reducirse. La revisión no se<br />
llevará a cabo antes de cumplidos esos plazos.<br />
4.- Al proceder a la revisión examen con arreglo al párrafo 3, la Corte<br />
podrá reducir la pena si considera que concurren uno o más de los<br />
siguientes factores:<br />
a) Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera<br />
continua su voluntad de cooperar con la Corte en sus<br />
investigaciones y enjuiciamientos;<br />
b) Si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de<br />
las decisiones y órdenes de la Corte en otros casos, en<br />
particular ayudando a esta en la localización de los bienes<br />
sobre los que recaigan las multas, las órdenes de decomiso o<br />
de reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas;<br />
o<br />
c) Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba<br />
que permitan determinar un cambio en las circunstancias<br />
suficientemente claro e importante como para justificar la<br />
reducción de la pena.<br />
5.- La Corte, si en su revisión inicial con arreglo al párrafo 3,<br />
determina que no procede reducir la pena, volverá a examinar la<br />
cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados<br />
en las Reglas de Procedimiento y Prueba.<br />
Artículo 111<br />
Evasión<br />
Si un condenado se evade y huye del Estado de ejecución, este podrá,<br />
tras consultar a la Corte, pedir al Estado en que se encuentre que lo<br />
entregue de conformidad con los acuerdos bilaterales y multilaterales<br />
vigentes, o podrá pedir a la Corte que solicite la entrega de conformidad<br />
con la Parte IX. La Corte, si solicita la entrega, podrá resolver que el<br />
condenado sea enviado al Estado en que cumplía su pena o a otro Estado que<br />
indique.<br />
PARTE XI<br />
DE LA ASAMBLEA DE LOS ESTADOS PARTES<br />
Artículo 112<br />
Asamblea de los Estados Partes<br />
1.- Se instituye una Asamblea de los Estados Partes en el presente<br />
Estatuto. Cada Estado Parte tendrá un representante en la Asamblea<br />
que podrá hacerse acompañar de suplentes y asesores. Otros Estados<br />
signatarios del Estatuto o del Acta Final podrán participar en la<br />
Asamblea a título de observadores.<br />
2.- La Asamblea:<br />
a) Examinará y aprobará, según proceda, las recomendaciones de la<br />
Comisión Preparatoria;<br />
b) Ejercerá su supervisión respecto de la Presidencia, el Fiscal y<br />
a Secretaría en las cuestiones relativas a la administración<br />
de la Corte;<br />
c) Examinará los informes y las actividades de la Mesa establecida<br />
en el párrafo 3 y adoptará las medidas que procedan a ese<br />
respecto;<br />
d) Examinará y decidirá el presupuesto de la Corte;<br />
e) Decidirá si corresponde, de conformidad con el artículo 36,<br />
modificar el número de magistrados;<br />
f) Examinará cuestiones relativas a la falta de cooperación de<br />
conformidad con los párrafos 5 y 7 del artículo 87;<br />
g) Desempeñará las demás funciones que procedan en virtud del<br />
presente Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba.<br />
3.-<br />
a) La Asamblea tendrá una Mesa, que estará compuesta de un<br />
Presidente, dos Vicepresidentes y 18 miembros elegidos por la<br />
Asamblea por períodos de tres años.<br />
b) La Mesa tendrá carácter representativo, teniendo en cuenta, en<br />
particular, el principio de la distribución geográfica<br />
equitativa y la representación adecuada de los principales<br />
sistemas jurídicos del mundo.<br />
c) La Mesa se reunirá con la periodicidad que sea necesaria, pero<br />
por lo menos una vez al año, y prestará asistencia a la<br />
Asamblea en el desempeño de sus funciones.<br />
4.- La Asamblea podrá establecer los órganos subsidiarios que considere<br />
necesarios, incluido un mecanismo de supervisión independiente que se<br />
encargará de la inspección, la evaluación y la investigación de la<br />
Corte a fin de mejorar su eficiencia y economía.<br />
5.- El Presidente de la Corte, el Fiscal y el Secretario o sus<br />
representantes podrán, cuando proceda, participar en las sesiones de<br />
la Asamblea y de la Mesa.<br />
6.- La Asamblea se reunirá en la sede de la Corte o en la Sede de las<br />
Naciones Unidas una vez al año y, cuando las circunstancias lo exijan,<br />
celebrará períodos extraordinarios de sesiones. Salvo que se indique<br />
otra cosa en el presente Estatuto, los períodos extraordinarios de<br />
sesiones serán convocados por la Mesa de oficio o a petición de un<br />
tercio de los Estados Partes.<br />
7.- Cada Estado Parte tendrá un voto. La Asamblea y la Mesa harán todo<br />
lo posible por adoptar sus decisiones por consenso. Si no se pudiere<br />
llegar a un consenso y salvo que en el presente Estatuto se disponga<br />
otra cosa:<br />
a) Las decisiones sobre cuestiones de fondo serán aprobadas por<br />
mayoría de dos tercios de los presentes y votantes, a<br />
condición de que una mayoría absoluta de los Estados Partes<br />
constituirá el quórum para la votación;<br />
b) Las decisiones sobre cuestiones de procedimiento se tomarán por<br />
mayoría simple de los Estados Partes presentes y votantes.<br />
8.- El Estado Parte que esté en mora en el pago de sus contribuciones<br />
financieras a los gastos de la Corte no tendrá voto en la Asamblea ni<br />
en la Mesa cuando la suma adeudada sea igual o superior al total de<br />
las contribuciones adeudadas por los dos años anteriores completos.<br />
La Asamblea podrá, sin embargo, permitir que dicho Estado vote en ella<br />
y en la Mesa si llegare a la conclusión de que la mora se debe a<br />
circunstancias ajenas a la voluntad del Estado Parte.<br />
9.- La Asamblea aprobará su propio reglamento.<br />
10.- Los idiomas oficiales y de trabajo de la Asamblea serán los de la<br />
Asamblea General de las Naciones Unidas.<br />
PARTE XII<br />
DE LA FINANCIACIÓN<br />
Artículo 113<br />
Reglamento Financiero<br />
Salvo que se prevea expresamente otra cosa, todas las cuestiones<br />
financieras relacionadas con la Corte y con las reuniones de la Asamblea de<br />
los Estados Partes, inclusive su Mesa y sus órganos subsidiarios, se<br />
regirán por el presente Estatuto y por el Reglamento Financiero y<br />
Reglamentación Financiera Detallada que apruebe la Asamblea de los Estados<br />
Partes.<br />
Artículo 114<br />
Pago de los gastos<br />
Los gastos de la Corte y de la Asamblea de los Estados Partes,<br />
incluidos los de su Mesa y órganos subsidiarios, se sufragarán con fondos<br />
de la Corte.<br />
Artículo ll5<br />
Fondos de la Corte y de la Asamblea de los Estados Partes<br />
Los gastos de la Corte y de la Asamblea de los Estados Partes,<br />
inclusive su Mesa y sus órganos subsidiarios, previstos en el presupuesto<br />
aprobado por la Asamblea de los Estados Partes, se sufragarán con cargo a:<br />
a) Cuotas de los Estados Partes;<br />
b) Fondos procedentes de las Naciones Unidas, con sujeción a la<br />
aprobación de la Asamblea General, en particular respecto de<br />
los gastos efectuados en relación con cuestiones remitidas<br />
por el Consejo de Seguridad.<br />
Artículo 116<br />
Contribuciones voluntarias<br />
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 115, la Corte podrá<br />
recibir y utilizar, en calidad de fondos adicionales, contribuciones<br />
voluntarias de gobiernos, organizaciones internacionales, particulares,<br />
sociedades y otras entidades, de conformidad con los criterios en la<br />
materia que adopte la Asamblea de los Estados Partes.<br />
Artículo 117<br />
Prorrateo de las cuotas<br />
Las cuotas de los Estados Partes se prorratearán de conformidad con<br />
una escala de cuotas convenida, basada en la escala adoptada por las<br />
Naciones Unidas para su presupuesto ordinario y ajustada de conformidad con<br />
los principios en que se basa dicha escala.<br />
Artículo 118<br />
Comprobación anual de cuentas<br />
Los registros, los libros y las cuentas de la Corte, incluidos sus<br />
estados financieros anuales, serán verificados anualmente por un auditor<br />
independiente.<br />
PARTE XIII<br />
CLÁUSULAS FINALES<br />
Artículo 119<br />
Solución de controversias<br />
1.- Las controversias relativas a las funciones judiciales de la Corte<br />
serán dirimidas por ella.<br />
2.- Cualquier otra controversia que surja entre dos o más Estados Partes<br />
respecto de la interpretación o aplicación del presente Estatuto que<br />
no se resuelva mediante negociaciones en un plazo de tres meses<br />
contado desde el comienzo de la controversia será sometida a la<br />
Asamblea de los Estados Partes. La Asamblea podrá tratar de resolver<br />
por sí misma la controversia o recomendar otros medios de solución,<br />
incluida su remisión a la Corte Internacional de Justicia de<br />
conformidad con el Estatuto de esta.<br />
Artículo 120<br />
Reservas<br />
No se admitirán reservas al presente Estatuto.<br />
Artículo 121<br />
Enmiendas<br />
1.- Transcurridos siete años desde la entrada en vigor del presente<br />
Estatuto, cualquier Estado Parte podrá proponer enmiendas a él. El<br />
texto de la enmienda propuesta será presentado al Secretario General<br />
de las Naciones Unidas, que lo distribuirá sin dilación a los Estados<br />
Partes.<br />
2.- Transcurridos no menos de tres meses desde la fecha de la<br />
notificación, la Asamblea de los Estados Partes decidirá, por mayoría<br />
de los presentes y votantes, decidir si ha de examinar la propuesta,<br />
lo cual podrá hacer directamente o previa convocación de una<br />
Conferencia de Revisión si la cuestión lo justifica.<br />
3.- La aprobación de una enmienda en una reunión de la Asamblea de los<br />
Estados Partes o en una Conferencia de Revisión en la que no sea<br />
posible llegar a un consenso requerirá una mayoría de dos tercios de<br />
los Estados Partes.<br />
4.- Salvo lo dispuesto en el párrafo 5, toda enmienda entrará en vigor<br />
respecto de los Estados Partes un año después de que los siete octavos<br />
de estos hayan depositado en poder del Secretario General de las<br />
Naciones Unidas sus instrumentos de ratificación o de adhesión.<br />
5.- Las enmiendas al artículo 5 del presente Estatuto entrarán en vigor<br />
únicamente respecto de los Estados Partes que las hayan aceptado un<br />
año después del depósito de sus instrumentos de ratificación o<br />
aceptación. La Corte no ejercerá su competencia respecto de un crimen<br />
comprendido en la enmienda cuando haya sido cometido por nacionales o<br />
en el territorio de un Estado Parte que no haya aceptado la enmienda.<br />
6.- Si una enmienda ha sido aceptada por los siete octavos de los Estados<br />
Partes de conformidad con el párrafo 4, el Estado Parte que no la haya<br />
aceptado podrá denunciar el Estatuto con efecto inmediato, no obstante<br />
lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 127 pero con sujeción al<br />
párrafo 2 de dicho artículo, mediante notificación hecha a más tardar<br />
un año después de la entrada en vigor de la enmienda.<br />
7.- El Secretario General de las Naciones Unidas distribuirá a los<br />
Estados Partes las enmiendas aprobadas en una reunión de la Asamblea<br />
de los Estados Partes o en una Conferencia de Revisión.<br />
Artículo 122<br />
Enmiendas a disposición de carácter institucional<br />
1.- No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 121, cualquier<br />
Estado Parte podrá proponer en cualquier momento enmiendas a las<br />
disposiciones del presente Estatuto de carácter exclusivamente<br />
institucional, a saber, el artículo 35, los párrafos 8 y 9 del<br />
artículo 36, el artículo 37, el artículo 38, el párrafo 1 del artículo<br />
39 (dos primeras oraciones), los párrafos 4 a 9 del artículo 42, los<br />
párrafos 2 y 4 del artículo 43 y los artículos 44, 46, 47 y 49. El<br />
texto de la enmienda propuesta será presentado al Secretario General<br />
de las Naciones Unidas o a la persona designada por la Asamblea de los<br />
Estados Partes, que lo distribuirá sin demora a los Estados Partes y a<br />
otros participantes en la Asamblea.<br />
2.- Las enmiendas presentadas con arreglo al presente artículo respecto<br />
de las cuales no sea posible llegar a un consenso serán aprobadas por<br />
la Asamblea de los Estados Partes o por una Conferencia de Revisión<br />
por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes. Esas enmiendas<br />
entrarán en vigor respecto de los Estados Partes seis meses después de<br />
su aprobación por la Asamblea o, en su caso, por la Conferencia.<br />
Artículo 123<br />
Revisión del Estatuto<br />
1.- Siete años después de que entre en vigor el presente Estatuto, el<br />
Secretario General de las Naciones Unidas convocará una Conferencia de<br />
Revisión de los Estados Partes para examinar las enmiendas al<br />
Estatuto. El examen podrá comprender la lista de los crímenes<br />
indicados en el artículo 5 pero no se limitará a ellos. La<br />
Conferencia estará abierta a los participantes en la Asamblea de los<br />
Estados Partes y en las mismas condiciones que esta.<br />
2.- Posteriormente, en cualquier momento, a petición de un Estado Parte y<br />
a los efectos indicados en el párrafo 1, el Secretario General de las<br />
Naciones Unidas, previa la aprobación de una mayoría de los Estados<br />
Partes, convocará una Conferencia de Revisión de los Estados Partes.<br />
3. Las disposiciones de los párrafos 3 a 7 del artículo 121 serán<br />
aplicables a la aprobación y entrada en vigor de toda enmienda del<br />
Estatuto examinada en una Conferencia de Revisión.<br />
Artículo 124<br />
Disposición de transición<br />
No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 12, un Estado,<br />
al hacerse parte en el Estatuto, podrá declarar que, durante un período de<br />
siete años contados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor<br />
a su respecto, no aceptará la competencia de la Corte sobre la categoría de<br />
crímenes a que se hace referencia en el artículo 8 cuando se denuncie la<br />
comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o en su territorio. La<br />
declaración formulada de conformidad con el presente artículo podrá ser<br />
retirada en cualquier momento. Lo dispuesto en el presente artículo será<br />
reconsiderado en la Conferencia de Revisión que se convoque de conformidad<br />
con el párrafo 1 del artículo 123.<br />
Artículo 125<br />
Firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión<br />
1.- El presente Estatuto estará abierto a la firma de todos los Estados<br />
el 17 de julio de 1998 en Roma, en la sede de la Organización de las<br />
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.<br />
Posteriormente, y hasta el 17 de octubre de 1998, seguirá abierto a<br />
la firma en Roma, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia.<br />
Después de esa fecha, el Estatuto estará abierto a la firma en Nueva<br />
York, en la Sede de las Naciones Unidas, hasta el 31 de diciembre del<br />
año 2000.<br />
2.- El presente Estatuto estará sujeto a la ratificación, aceptación o<br />
aprobación de los Estados signatarios. Los instrumentos de<br />
ratificación, aceptación o aprobación serán depositados en poder del<br />
Secretario General de las Naciones Unidas.<br />
3.- El presente Estatuto estará abierto a la adhesión de cualquier<br />
Estado. Los instrumentos de adhesión serán depositados en poder del<br />
Secretario General de las Naciones Unidas.<br />
Artículo 126<br />
Entrada en vigor<br />
1.- El presente Estatuto entrará en vigor el primer día del mes siguiente<br />
al sexagésimo día a partir de la fecha en que se deposite en poder del<br />
Secretario General de las Naciones Unidas el sexagésimo instrumento de<br />
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.<br />
2.- Respecto de cada Estado que ratifique, acepte o apruebe el Estatuto o<br />
se adhiera a él después de que sea depositado el sexagésimo<br />
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el<br />
Estatuto entrará en vigor el primer día del mes siguiente al<br />
sexagésimo día a partir de la fecha en que haya depositado su<br />
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.<br />
Artículo 127<br />
Denuncia<br />
1.- Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Estatuto mediante<br />
notificación por escrito dirigida al Secretario General de las<br />
Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la<br />
fecha en que se reciba la notificación, a menos que en ella se indique<br />
una fecha ulterior.<br />
2.- La denuncia no exonerará al Estado de las obligaciones que le<br />
incumbieran de conformidad con el presente Estatuto mientras era parte<br />
en él, en particular las obligaciones financieras que hubiere<br />
contraído. La denuncia no obstará a la cooperación con la Corte en el<br />
contexto de las investigaciones y los enjuiciamientos penales en<br />
relación con los cuales el Estado denunciante esté obligado a cooperar<br />
y que se hayan iniciado antes de la fecha en que la denuncia surta<br />
efecto; la denuncia tampoco obstará en modo alguno a que se sigan<br />
examinando las cuestiones que la Corte tuviera ante si antes de la<br />
fecha en que la denuncia surta efecto.<br />
Artículo 128<br />
Textos auténticos<br />
El original del presente Estatuto, cuyos textos en árabe, chino,<br />
español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado<br />
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, que enviará copia<br />
certificada a todos los Estados.<br />
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados<br />
por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Estatuto.<br />
HECHO EN ROMA, el día diecisiete de julio de mil novecientos noventa<br />
y ocho."<br />
Artículo 2.- Las autoridades de policía administrativa y judicial, el<br />
Ministerio Público y la Procuraduría, deberán prestar toda la colaboración<br />
necesaria para atender las gestiones que se formulen respecto de la<br />
aplicación del presente Estatuto.<br />
Los jueces penales de la ciudad de San José tendrán la competencia<br />
para conocer de los actos que, por su naturaleza, deban ser del<br />
conocimiento de un órgano jurisdiccional.<br />
Contra las resoluciones que ordenen la privación de libertad y la<br />
entrega de una persona, cabrá recurso de apelación para ante el tribunal de<br />
juicio correspondiente.<br />
Para la tramitación, el diligenciamiento y la resolución de asuntos<br />
que deban tramitarse en el territorio nacional y requieran la cooperación<br />
internacional o cualquier otro acto en el cual deba aplicarse el presente<br />
Estatuto, las autoridades participantes tendrán, en cuanto sean aplicables,<br />
las mismas facultades que les confieren la Constitución Política, el<br />
derecho internacional vigente en Costa Rica y la ley.<br />
Artículo 3.- El Gobierno de la República de Costa Rica interpreta que<br />
lo preceptuado en el segundo párrafo del numeral 27 del Estatuto de Roma de<br />
la Corte Penal Internacional, no se aplicará en perjuicio de lo dispuesto<br />
en la Constitución Política costarricense, en los artículos 101, 110 y 151,<br />
así como en el inciso 9) de su artículo 121.<br />
Rige a partir de su publicación.<br />
Comuníquese al Poder Ejecutivo<br />
ASAMBLEA LEGISLATIVA.- San José, a los treinta días del mes de enero<br />
del año dos mil uno.<br />
Rina Contreras López<br />
Presidenta<br />
Emanuel Ajoy Chan,<br />
Everardo Rodríguez Bastos,<br />
Primer Secretario.<br />
Segundo Secretario.<br />
Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los siete días<br />
del mes de febrero del dos mil uno.<br />
Ejecútese y publíquese<br />
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA.<br />
El Ministro de Relaciones Exteriores<br />
y Culto, Roberto Rojas López.<br />
____________________________<br />
Actualizada al: 16-04-2001<br />
Sanción: 07-02-2001<br />
Publicación: 20-03-2001<br />
Rige a partir de su publicación.<br />
SSB.
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