Ley 7994

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7994 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA: APROBACIÓN DEL ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA REPÚBLICA DE CHINA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS INVERSIONES Y SU PROTOCOLO ARTÍCULO 1.- Apruébase, en cada una de las partes, el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre el Gobierno de la República de Costa Rica y la República de China, suscrito el 25 de marzo de 1999. El texto es el siguiente: "ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA REPÚBLICA DE CHINA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS INVERSIONES La República de Costa Rica y la República de China, en adelante "las Partes Contratantes", Deseando intensificar la cooperación económica en beneficio recíproco de ambos países, Proponiéndose crear condiciones favorables para las inversiones realizadas por inversionistas de cada una de las Partes Contratantes en el territorio de la otra, y Reconociendo que la promoción y protección de las inversiones con arreglo al presente Acuerdo estimula las iniciativas en este campo, Han convenido lo siguiente: Artículo I Definiciones A los efectos del presente Acuerdo: 1.- Por inversionistas se entenderá, con relación a cualquiera de las Partes Contratantes, los siguientes sujetos que hayan realizado inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante conforme al presente Acuerdo y la legislación de esta última: a) Personas físicas que tengan la nacionalidad de una de las Partes Contratantes con arreglo a su legislación. b) Personas jurídicas, incluidas compañías, asociaciones de compañías, corporaciones, sucursales y cualquier otra organización que se encuentre constituida según el derecho de esa Parte Contratante, y que tenga su sede o domicilio en el territorio de dicha Parte Contratante independientemente de que su actividad tenga o no fines de lucro. 2.- Por "inversiones" se designa todo tipo de bienes, definidos de conformidad con el ordenamiento jurídico del país receptor, que el inversionista de una Parte Contratante invierte en el territorio de la otra Parte Contratante de acuerdo con la legislación de ésta y en particular, aunque no exclusivamente, los siguientes: a) Bienes muebles e inmuebles, así como otros derechos reales tales como hipotecas, derechos de prenda, usufructos y derechos similares. b) Acciones, títulos, obligaciones y cualquier otra forma de participación en sociedades. c) Obligaciones o créditos directamente vinculados a una inversión. d) Derechos de propiedad intelectual, incluidos pero no limitados a derechos de autor, derechos conexos y derechos de propiedad industrial, tales como marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas, dibujos, modelos industriales y patentes. e) Derechos para realizar actividades económicas y comerciales otorgados por ley o en virtud de un contrato, incluidas las concesiones para la prospección, cultivo, extracción o explotación de los recursos naturales. Cualquier cambio en la forma en que estén invertidos los bienes no afectará su calificación de inversión. 3.- El término "territorio" designa el territorio terrestre, el espacio aéreo y el mar territorial de cada una de las Partes Contratantes así como la zona económica exclusiva y la plataforma continental que se extiende fuera del límite del mar territorial de cada una de las Partes Contratantes sobre la cual éstas tienen o pueden tener, de acuerdo con el derecho internacional, jurisdicción y derechos soberanos a efectos de explotación, exploración y preservación de los recursos naturales. Artículo II Promoción y admisión 1.- Cada Parte Contratante promoverá y creará condiciones favorables para la realización de inversiones en su territorio por inversionistas de la otra Parte Contratante y admitirá estas inversiones conforme a sus disposiciones legales. 2.- Con la finalidad de incrementar los flujos de inversión, cada Parte Contratante se esforzará, a petición de la otra Parte Contratante, en informar a esta última de las oportunidades de inversión en su territorio. 3.- Cuando una Parte Contratante haya admitido una inversión en su territorio concederá, de conformidad con sus leyes y reglamentos, los permisos necesarios en relación con dicha inversión así como los requeridos para la ejecución de contratos de licencia, de asistencia técnica, comercial o administrativa. Artículo III Protección 1.- Las inversiones realizadas por los inversionistas de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante deberán recibir en todo momento un tratamiento justo y equitativo y disfrutarán de plena protección y seguridad conforme al Derecho Internacional. 2.- Ninguna de las Partes Contratantes obstaculizará en modo alguno, mediante medidas arbitrarias o discriminatorias, el funcionamiento, la gestión, el mantenimiento, la utilización, el disfrute, o la venta de tales inversiones. Cada Parte Contratante deberá cumplir cualquier obligación que hubiere contraído en relación con las inversiones de inversionistas de la otra Parte Contratante. Artículo IV Trato nacional y cláusula de nación más favorecida 1.- Cada Parte Contratante otorgará, con arreglo a su legislación nacional, a las inversiones de los inversionistas de la otra Parte Contratante, efectuadas en su territorio, un trato no menos favorable que aquel otorgado a las inversiones de sus propios inversionistas o a los inversionistas de un tercer Estado, el que sea más favorable. 2.- Cada Parte Contratante otorgará a las inversiones de los inversionistas de la otra Parte Contratante efectuadas en su territorio, un trato no menos favorable que aquel otorgado a las inversiones de los inversionistas de un tercer Estado. 3.- Entre el trato nacional y el trato de nación más favorecida, cada Parte Contratante concederá el trato que sea más favorable para la inversión del inversionista. 4.- El tratamiento concedido en virtud de este artículo, no se extenderá a los privilegios que una Parte Contratante pueda conceder a los inversionistas de un tercer Estado, en virtud de su asociación o participación, actual o futura, en una zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica y monetaria u otras instituciones de integración económica similar. 5.- El tratamiento concedido con arreglo al presente artículo no se extenderá a deducciones, exenciones fiscales ni a otros privilegios análogos otorgados por cualquiera de las Partes Contratantes a la inversión de los inversionistas de terceros países en virtud de un acuerdo para evitar la doble imposición o de cualquier otro acuerdo en materia de tributación. Artículo V Expropiación e indemnización 1.- Las inversiones de los inversionistas de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante no serán sometidas a nacionalización, expropiación ni a cualquier otra medida de efectos equivalentes (en adelante "expropiación") excepto que cualquiera de esas medidas se adopte por razones de interés público, conforme a las disposiciones legales, de manera no discriminatoria y esté acompañada del pago de una indemnización pronta, adecuada y efectiva. 2.- La indemnización será equivalente al justo precio que la inversión expropiada tenía inmediatamente antes de que se adoptara la medida de expropiación o antes de que la inminencia de la medida fuera de conocimiento público, lo que suceda antes. La indemnización incluirá el pago de intereses calculados desde el día de la desposesión del bien expropiado hasta el día del pago. Estos intereses serán calculados sobre la base de la tasa pasiva promedio del sistema bancario nacional y de los principales instrumentos de captación en los mercados financieros de la Parte en donde se realizó la expropiación. La indemnización se abonará sin demora, en moneda convertible y será efectivamente realizable y libremente transferible. 3.- El inversionista afectado tendrá derecho, de conformidad con la ley de la Parte Contratante que realice la expropiación, a la pronta revisión, por parte de la autoridad judicial u otra autoridad competente e independiente de dicha Parte Contratante, de su caso para determinar si la expropiación y la valoración de su inversión se han adoptado de acuerdo con los principios establecidos en este Artículo. 4.- Nada de lo dispuesto en este Artículo afectará la potestad del gobierno de una Parte Contratante de decidir negociar o no con la otra Parte Contratante, o con terceros Estados, restricciones cuantitativas de sus exportaciones, ni su potestad de definir la asignación de las cuotas eventualmente negociadas a través de los mecanismos y criterios que estime pertinentes. Artículo VI Indemnización por pérdidas A los inversionistas de una Parte Contratante cuyas inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante sufran pérdidas debidas a guerra u otro conflicto armado, revolución, un estado de emergencia nacional, insurrección, disturbio o cualquier otro acontecimiento de conmoción interior similar, se les concederá, a título de restitución, indemnización, compensación u otro acuerdo, un tratamiento no menos favorable que aquel que la Parte Contratante conceda a las inversiones de sus propios inversionistas o a las inversiones de los inversionistas de cualquier tercer Estado. Artículo VII Transferencias 1.- Cada Parte Contratante permitirá a los inversionistas de la otra Parte Contratante, de acuerdo con su legislación, la libre transferencia de todos los pagos relacionados con sus inversiones y en particular, pero no exclusivamente, los siguientes: a) El capital inicial y las sumas adicionales necesarias para el mantenimiento, ampliación y desarrollo de la inversión. b) Los fondos necesarios para el reembolso de préstamos vinculados a una inversión. c) Las indemnizaciones previstas en los Artículos V y VI. d) El producto de la venta o liquidación, total o parcial, de una inversión. e) Los pagos resultantes de la solución de controversias. 2.- Las transferencias a las que se refiere el presente Acuerdo se realizarán en moneda libremente convertible al tipo de cambio vigente el día de la transferencia. Las Partes Contratantes se comprometen a facilitar la realización de las formalidades necesarias para efectuar dichas transferencias sin demora. En particular, no deberá transcurrir más de tres meses desde la fecha en que el inversionista haya presentado debidamente la solicitud necesaria para efectuar la transferencia hasta la fecha en que dicha transferencia se realice efectivamente. 3.- No obstante lo estipulado en el inciso 1 del presente artículo, cada Parte Contratante tendrá derecho en circunstancias de dificultades excepcionales o graves de balanza de pagos, a limitar temporalmente las transferencias, en forma equitativa y no discriminatoria, de conformidad con los criterios internacionalmente aceptados. Las limitaciones adoptadas o mantenidas por una Parte Contratante de conformidad con este párrafo, así como su eliminación, se notificará con prontitud a la otra Parte Contratante. Artículo VIII Condiciones más favorables Si de las disposiciones legales de una de las Partes Contratantes, o de las obligaciones emanadas del derecho internacional al margen del presente Acuerdo, actuales o futuras, resultare una reglamentación general o especial en virtud de la cual deba concederse a las inversiones de inversionistas de la otra Parte Contratante un trato más favorable que el previsto en el presente Acuerdo, dicha reglamentación prevalecerá sobre el mismo, en cuanto sea más favorable. Artículo IX Principio de subrogación Si una Parte Contratante o la agencia por ella designada, realizara un pago en virtud de un contrato de seguro o garantía otorgado contra riesgos no comerciales en relación con una inversión de cualquiera de sus inversionistas en el territorio de la otra Parte Contratante, esta última Parte Contratante reconocerá, de acuerdo con su legislación, la subrogación de cualquier derecho de dicho inversionista en favor de la primera Parte Contratante o de su agencia designada y el derecho de la primera Parte Contratante o de su agencia designada a ejercer, en virtud de la subrogación, cualquier derecho en la misma medida que su anterior titular. Esta subrogación hará posible que la primera Parte Contratante o la agencia por ella designada sean beneficiarias directas de todo tipo de pagos por indemnización a los que pudiese ser acreedor el inversionista inicial. Artículo X Solución de controversias entre las Partes Contratantes 1.- Cualquier controversia entre las Partes Contratantes referente a la interpretación o aplicación del presente Acuerdo será resuelta, hasta donde sea posible, por vía diplomática. 2.- Si la controversia no pudiera resolverse de ese modo en el plazo de seis meses desde el inicio de las negociaciones, será sometida, a petición de cualquiera de las dos Partes Contratantes, a un tribunal de arbitraje. 3.- El tribunal de arbitraje se constituirá del siguiente modo: cada Parte Contratante designará un árbitro y estos dos árbitros elegirán a un ciudadano de un tercer Estado como presidente. Los árbitros serán designados en el plazo de tres meses, y el presidente en el plazo de cinco meses, contados a partir de la fecha en que cualquiera de las dos Partes Contratantes hubiera comunicado a la otra Parte Contratante de su intención de someter el conflicto a un tribunal de arbitraje. 4.- Si dentro de los plazos previstos en el apartado 3 de este Artículo no se hubieran realizado los nombramientos necesarios, cualquiera de las Partes Contratantes podrá, en ausencia de otro acuerdo, invitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia o de la Cámara de Comercio Internacional a realizar las designaciones necesarias. Si el Presidente de la Corte Internacional de Justicia o de la Cámara de Comercio Internacional no pudiera desempeñar dicha función o fuera nacional de cualquiera de las Partes Contratantes, se invitará al Vicepresidente para que efectúe las designaciones pertinentes. Si el Vicepresidente no pudiera desempeñar dicha función o fuera nacional de cualquiera de las Partes Contratantes las designaciones serán efectuadas por el Miembro de la Corte Internacional de Justicia o de la Cámara de Comercio Internacional que le siga en antigüedad que no sea nacional de ninguna de las Partes Contratantes. 5.- El tribunal de arbitraje emitirá su dictamen sobre la base de las normas contenidas en el presente Acuerdo o en otros acuerdos vigentes entre las Partes Contratantes, y sobre los principios universalmente reconocidos de Derecho Internacional. 6.- A menos que las Partes Contratantes lo decidan de otro modo, el tribunal establecerá su propio procedimiento. 7.- El tribunal adoptará su decisión por mayoría de votos y aquella será definitiva y vinculante para ambas Partes Contratantes. 8.- Cada Parte Contratante correrá con los gastos del árbitro por ella designado y los relacionados con su representación en los procedimientos arbitrales. Los demás gastos, incluidos los del Presidente, serán sufragados por partes iguales por ambas Partes Contratantes. Artículo XI Controversias entre una Parte Contratante e inversionistas de la otra Parte Contratante 1.- Toda controversia relativa a las inversiones que surja entre una de las Partes Contratantes y un inversionista de la otra Parte Contratante respecto a cuestiones reguladas por el presente Acuerdo será notificada por escrito, incluyendo una información detallada, por el inversionista a la Parte Contratante receptora de la inversión. En la medida de lo posible, las Partes en controversia tratarán de arreglar estas diferencias mediante un acuerdo amistoso. 2.- Si la controversia no pudiera ser resuelta de esta forma en un plazo de seis meses a contar desde la fecha de notificación escrita mencionada en el párrafo 1, el inversionista podrá remitir la controversia a los Tribunales competentes de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión, o a un procedimiento arbitral de acuerdo con las siguientes disposiciones: a) Al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) creado por el "Convenio sobre el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados", abierto a la firma en Washington el 18 de marzo de 1965, cuando cada Estado parte en el presente Acuerdo se haya adherido a aquel. b) En caso de que una de las Partes Contratantes no fuera Estado Contratante del CIADI, la controversia se resolverá conforme al Mecanismo Complementario para la Administración de Procedimientos de Conciliación, Arbitraje y Comprobación de Hechos por la Secretaría del CIADI. c) A un tribunal de arbitraje ad hoc establecido de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional (CNUDMI), cuando ninguna de las Partes Contratantes sea parte de CIADI. 3.- Una vez que el inversionista haya remitido la controversia al tribunal competente de la Parte en cuyo territorio se hubiese realizado la inversión o un tribunal arbitral, la elección de uno u otro procedimiento será definitiva. 4.- El arbitraje se basará en: a) Las disposiciones del presente Acuerdo y las de otros Acuerdos concluidos entre las Partes Contratantes. b) El derecho nacional de la Parte Contratante en cuyo territorio se ha realizado la inversión, incluidas las reglas relativas a los conflictos de ley. c) Las reglas y los principios generalmente admitidos de Derecho Internacional. 5.- Las decisiones arbitrales serán definitivas y vinculantes para las Partes en la controversia. Cada Parte Contratante se compromete a ejecutar las sentencias de acuerdo con su legislación nacional. 6.- Las Partes Contratantes no podrán tratar por medio de canales diplomáticos, asuntos relacionados con controversias sometidas a proceso judicial o a arbitraje internacional, de conformidad a lo dispuesto en este Artículo, hasta que los procesos correspondientes estén concluidos. Una vez concluido el proceso judicial o el arbitraje internacional, según corresponda, una Parte Contratante no realizará gestión diplomática alguna en relación con la controversia, salvo en caso de que la Parte contendiente no haya dado cumplimiento a la sentencia judicial o a la decisión del tribunal arbitral. Artículo XII Entrada en vigor, prórroga, denuncia 1.- El presente Acuerdo entrará en vigor la fecha en que las Partes Contratantes se hayan notificado recíprocamente que las respectivas formalidades constitucionales requeridas para la entrada en vigor de acuerdos internacionales han sido completadas. Permanecerá en vigor por un período inicial de diez años y será prorrogado indefinidamente salvo que alguna de las Partes Contratantes denuncie el mismo conforme al inciso 3 del presente artículo. 2.- El presente Acuerdo se aplicará a las inversiones efectuadas antes de la entrada en vigor del mismo por los inversionistas de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante. No obstante lo anterior, el presente Acuerdo no tendrá efecto retroactivo. 3.- Cada Parte Contratante podrá denunciar el presente Acuerdo mediante notificación previa por escrito, doce meses antes de la fecha de su expiración. 4.- Con respecto a las inversiones realizadas con anterioridad a la fecha de denuncia del presente Acuerdo, las disposiciones contenidas en los restantes artículos de este Acuerdo seguirán estando en vigor por un período adicional de diez años a partir de la fecha de denuncia. EN FE DE LO CUAL, los representantes de ambos Gobiernos, debidamente autorizados a ello por sus respectivos Gobiernos, suscriben el presente Acuerdo. Hecho en la ciudad de Taipei, a los veinticinco días del mes de marzo del año mil novecientos noventa y nueve, en dos originales en idioma español, chino e inglés, siendo los tres textos igualmente auténticos. En caso de duda en cuanto a la interpretación, el texto en inglés será el que prevalezca. POR LA REPÚBLICA DE COSTA RICA POR LA REPÚBLICA DE CHINA Samuel Guzowski Rose Wang Chih-kang MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR MINISTRO DE ECONOMÍA PROTOCOLO AL ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA REPÚBLICA DE CHINA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES Al firmar el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, la República de Costa Rica y la República de China convinieron en las siguientes disposiciones que constituyen parte integrante del Acuerdo referido. Ad Artículo V Para efectos del artículo V, párrafo 2, las Partes Contratantes acuerdan que el concepto de justo precio será equivalente al monto de la indemnización que se determine de la siguiente manera: El dictamen deberá incluir todos los datos necesarios para individualizar el bien que se valora. Cuando se trate de inmuebles, el dictamen contendrá la valoración independientemente del terreno, los cultivos, las construcciones, los inquilinatos, los arrendamientos, los derechos comerciales, el derecho por explotación de yacimientos y cualesquiera otros bienes o derechos susceptibles de indemnización. Cuando se trate de bienes muebles, cada uno se valorará separadamente y se indicarán las características que influyen en su valoración. Los avalúos tomarán en cuenta sólo los daños reales permanentes. No se incluirán ni se tomarán en cuenta los hechos futuros ni las expectativas de derecho que afecten el bien. Tampoco podrán reconocerse plusvalías derivadas del proyecto que origina la expropiación. Todo dictamen pericial deberá indicar, en forma amplia y detallada, los elementos de juicio en que se fundamenta el valor asignado al bien y la metodología empleada. EN FE DE LO CUAL, los representantes de ambos Gobiernos, debidamente autorizados a ello por sus respectivos Gobiernos, suscriben el presente Acuerdo. Hecho en la ciudad de Taipei, a los veinticinco días del mes de marzo del año mil novecientos noventa y nueve, en dos originales en idioma español, chino e inglés, siendo los tres textos igualmente auténticos. En caso de duda en cuanto a la interpretación, el texto en inglés será el que prevalezca. POR LA REPÚBLICA DE COSTA RICA POR LA REPÚBLICA DE CHINA Samuel Guzowski Rose Wang Chih-kang MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR MINISTRO DE ECONOMÍA" ARTÍCULO 2.- El Gobierno de Costa Rica interpreta que la retroactividad mencionada en el Artículo XII se aplicará cuando implique beneficios para sus inversionistas. Rige a partir de su publicación. ASAMBLEA LEGISLATIVA.- San José, a los veintiún días del mes de febrero del año dos mil. COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO Carlos Vargas Pagán PRESIDENTE Manuel Ant. Bolaños Salas Rafael Ángel Villalta Loaiza PRIMER SECRETARIO SEGUNDO SECRETARIO lrr.-