Ley No.7472<br />
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA<br />
DECRETA:<br />
PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA Y<br />
DEFENSA EFECTIVA DEL CONSUMIDOR<br />
CAPÍTULO I<br />
DISPOSICIONES GENERALES<br />
ARTÍCULO 1.- Objetivo y fines<br />
El objetivo de la presente ley es proteger, efectivamente, los<br />
derechos y los intereses legítimos del consumidor, la tutela y la promoción<br />
del proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención, la<br />
prohibición de monopolios, las prácticas monopolísticas y otras<br />
restricciones al funcionamiento eficiente del mercado y la eliminación de<br />
las regulaciones innecesarias para las actividades económicas.<br />
ARTÍCULO 2.- Definiciones<br />
Las expresiones o las palabras, empleadas en esta ley tienen el<br />
sentido y los alcances que, para cada caso, se mencionan en este artículo:<br />
Agente Económico<br />
En el mercado, toda persona física, entidad de hecho o de derecho,<br />
pública o privada, partícipe de cualquier forma de actividad económica,<br />
como comprador, vendedor, oferente o demandante de bienes o servicios, en<br />
nombre propio o por cuenta ajena, con independencia de que sean importados<br />
o nacionales, o que hayan sido producidos o prestados por él o por un<br />
tercero.<br />
Consumidor<br />
Toda persona física o entidad de hecho o de derecho, que, como<br />
destinatario final, adquiere, disfruta o utiliza los bienes o los<br />
servicios, o bien, recibe información o propuestas para ello. También se<br />
considera consumidor al pequeño industrial o al artesano - en los términos<br />
definidos en el Reglamento de esta ley - que adquiera productos terminados<br />
o insumos para integrarlos en los procesos para producir, transformar,<br />
comercializar o prestar servicios a terceros.<br />
Comerciante o proveedor<br />
Toda persona física, entidad de hecho o de derecho, privada o pública<br />
que, en nombre propio o por cuenta ajena, se dedica en forma habitual a<br />
ofrecer, distribuir, vender, arrendar, conceder el uso o el disfrute de<br />
bienes o a prestar servicios, sin que necesariamente esta sea su actividad<br />
principal.<br />
Para los efectos de esta ley, el productor, como proveedor de bienes,<br />
también está obligado con el consumidor, a respetarle sus derechos e<br />
intereses legítimos.<br />
Administración Pública<br />
Órganos y entes públicos de la administración central y<br />
descentralizada del Estado, a los que esta ley y leyes especiales atribuyan<br />
competencias en materia de restricciones al ejercicio de las actividades<br />
comerciales, la regulación y el control del comercio de determinados bienes<br />
o la prestación de servicios, para su expendio en el mercado interno o para<br />
su exportación o importación, así como en lo concerniente al registro y la<br />
inspección de los productos, la apertura y el funcionamiento de<br />
establecimientos relacionados con la protección de la salud humana, vegetal<br />
y animal; así como con la seguridad, la protección del medio ambiente y el<br />
cumplimiento de estándares de calidad de los productos.<br />
Contrato de adhesión<br />
Convenio cuyas condiciones generales han sido predispuestas,<br />
unilateralmente, por una de las partes y deben ser adheridas en su<br />
totalidad por la otra parte contratante.<br />
Predisponente<br />
Sujeto del contrato de adhesión que dispone, por anticipado y<br />
unilateralmente, las condiciones generales a las que la otra parte deberá<br />
prestar su adhesión total, si desea contratar.<br />
Adherente<br />
Sujeto del contrato de adhesión que debe adherirse, en su totalidad,<br />
a las condiciones generales dispuestas unilateralmente por el<br />
predisponente.<br />
Menor salario mínimo mensual<br />
Remuneración que establezca como tal el Poder Ejecutivo, mediante<br />
decreto, por recomendación del Consejo Nacional de Salarios del Ministerio<br />
de Trabajo y Seguridad Social o de la autoridad competente.<br />
CAPÍTULO II<br />
DESREGULACIÓN<br />
ARTÍCULO 3.- Eliminación de trámites y excepciones<br />
Los trámites y los requisitos de control y regulación de las<br />
actividades económicas no deben impedir, entorpecer, ni distorsionar las<br />
transacciones en el mercado interno ni en el internacional. La<br />
Administración Pública debe revisar, analizar y eliminar, cuando<br />
corresponda, esos trámites y requisitos para proteger el ejercicio de la<br />
libertad de empresa y garantizar la defensa de la productividad, siempre y<br />
cuando se cumpla con las exigencias necesarias para proteger la salud<br />
humana, animal o vegetal, la seguridad, el ambiente y el cumplimiento de<br />
los estándares de calidad. Todo ello deberá concordar con lo establecido en<br />
leyes especiales y convenios internacionales, así como en las exigencias de<br />
la economía en general y una equitativa distribución de la riqueza.<br />
Los estándares de calidad de los productos deben aplicarse a los<br />
bienes nacionales y a los importados, según las normas de calidad<br />
nacionales e internacionales, establecidas previa audiencia a los<br />
interesados.<br />
Los trámites y los requisitos que deban cumplirse para el acceso de<br />
bienes producidos en el exterior al mercado nacional, así como las<br />
regulaciones al comercio que deban mantenerse, se rigen por el principio de<br />
celeridad en el procedimiento administrativo. Cumplidas las formalidades<br />
esenciales a cargo del administrado, la Administración Pública debe<br />
resolver lo pertinente en un plazo máximo de ocho días, según lo establezca<br />
el Reglamento de esta ley. Vencido ese plazo sin que haya resolución<br />
expresa, se tendrá por autorizada la solicitud del interesado.<br />
Un trámite o requisito innecesario es el no esencial o indispensable<br />
al acto administrativo. Es necesario el trámite o el requisito que, de<br />
acuerdo con el interés público, sea insustituible y consustancial para<br />
concretar el acto. En el Reglamento de la presente ley se deben precisar<br />
las características de los requisitos y los trámites esenciales por razones<br />
de salud, seguridad pública, medio ambiente y estándares de calidad, a<br />
tenor de lo dispuesto en este artículo.<br />
La Comisión para promover la competencia, creada en esta ley, debe<br />
velar permanentemente porque los trámites y los requisitos de regulación al<br />
comercio cumplan con las exigencias anteriores, mediante su revisión "ex<br />
post". Además, debe velar, en particular, para que el principio de<br />
celeridad se cumpla y para que las regulaciones y los requisitos, que se<br />
mantengan por razones de salud, medio ambiente, seguridad y calidad, no se<br />
conviertan en obstáculos para el libre comercio.<br />
Cuando los trámites, los requisitos o las regulaciones sean<br />
autorizados mediante silencio administrativo positivo, la Comisión de<br />
desregulación escogerá algunos casos utilizando el mecanismo de muestreo al<br />
azar para exigir una explicación sobre las razones que motivaron ese<br />
silencio a los funcionarios responsables de esos casos. Si se determina una<br />
falta grave del funcionario, se procederá conforme a lo establecido en la<br />
Ley General de la Administración Pública.<br />
ARTÍCULO 4.- Racionalización y eliminación de trámites<br />
Todos los entes y los órganos de la Administración Pública deben<br />
realizar un análisis costo-beneficio de las regulaciones de las actividades<br />
económicas que tengan efectos sobre el comercio, los procedimientos y los<br />
trámites establecidos para permitir el acceso al mercado, de bienes<br />
producidos y servicios prestados en el país o en el extranjero. En virtud<br />
de lo anterior, se deben eliminar todos los procedimientos y los trámites<br />
innecesarios de acuerdo con el estudio y racionalizar los que deban<br />
mantenerse.<br />
La Comisión para promover la competencia goza de plenas facultades<br />
para verificar el cumplimiento de estas obligaciones. Los entes y los<br />
órganos de la Administración Pública, a los que se refiere este artículo,<br />
deben suministrar toda la información que esta requiera para cumplir con su<br />
cometido.<br />
Se faculta al Poder Ejecutivo, previa recomendación de la Comisión<br />
para promover la competencia y el informe técnico-jurídico del órgano o<br />
entidad competente de la Administración Pública, cuyo criterio no es<br />
vinculante para esa Comisión para modificar, simplificar o eliminar<br />
cualquier trámite o requisito para inscribir o registrar productos<br />
farmacéuticos, medicinales, alimenticios, agroquímicos y veterinarios, así<br />
como para inscribir laboratorios y establecimientos donde se puedan<br />
producir o comercializar esos productos. Igualmente, queda facultado el<br />
Poder Ejecutivo, previa recomendación de esa misma Comisión en los términos<br />
expresados, para sustituir los procedimientos, los trámites y los<br />
requisitos de inscripción y registro de esos productos o de los<br />
laboratorios y establecimientos mencionados, por otros medios más eficaces,<br />
a su juicio, que promuevan la libre competencia y, a su vez, protejan la<br />
salud humana, animal y vegetal, el medio ambiente, la seguridad y el<br />
cumplimiento de los estándares de calidad.<br />
ARTÍCULO 5.- Casos en que procede la regulación de precios<br />
La Administración Pública puede regular los precios de bienes y<br />
servicios sólo en situaciones de excepción, en forma temporal; en tal caso,<br />
debe fundar y motivar apropiadamente esa medida. Esta facultad no puede<br />
ejercerse cuando un producto o servicio es vendido o prestado por la<br />
Administración Pública, en concurrencia con particulares, en virtud de las<br />
funciones de estabilización de precios que expresamente se señalen en la<br />
ley.<br />
Para el caso específico de condiciones monopolísticas y<br />
oligopolísticas de bienes y servicios, la Administración Pública regulará<br />
la fijación de los precios mientras se mantengan esas condiciones.<br />
Los bienes y servicios sujetos a la regulación mencionada en el<br />
párrafo anterior, deben fijarse por decreto ejecutivo, previo parecer de la<br />
Comisión para promover la competencia acerca de la conveniencia de la<br />
medida. En ese decreto, se debe establecer el vencimiento de la medida<br />
cuando hayan desaparecido las causas que motivaron la respectiva<br />
regulación, según resolución fundada de esa Comisión, que debe comunicarse<br />
al Poder Ejecutivo para los fines correspondientes. En todo caso, esta<br />
regulación debe revisarse dentro de períodos no superiores a seis meses o<br />
en cualquier momento, a solicitud de los interesados. Para determinar los<br />
precios por regular, deben ponderarse los efectos que la medida pueda<br />
ocasionar en el abastecimiento.<br />
Asimismo, la Administración Pública podrá regular y fijar el precio<br />
mínimo de salida del banano para la exportación.<br />
La regulación referida en los párrafos anteriores de este artículo,<br />
puede realizarse mediante la fijación de precios, el establecimiento de<br />
márgenes de comercialización o cualquier otra forma de control.<br />
Los funcionarios del Ministerio de Economía, Industria y Comercio<br />
están facultados para verificar el cumplimiento correcto de la regulación<br />
de precios mencionada en este artículo.<br />
ARTÍCULO 6.- Eliminación de restricciones al comercio<br />
Se eliminan las licencias y toda otra autorización para el ejercicio<br />
del comercio, así como las restricciones para ejercer actividades<br />
comerciales, en virtud de la nacionalidad y sin perjuicio de la normativa<br />
particular en materia laboral y migratoria.<br />
Se eliminan todas las restricciones que no sean arancelarias y<br />
cualesquiera otras limitaciones cuantitativas y cualitativas a las<br />
importaciones y exportaciones de productos, salvo los casos señalados<br />
taxativamente en el artículo 3 de esta ley y en los términos allí<br />
expresados.<br />
La Administración Pública puede establecer, excepcionalmente, mediante<br />
decreto ejecutivo y previa recomendación favorable de la Comisión para<br />
promover la competencia, licencias de importación o exportación. Esta<br />
medida se propone restringir el comercio de productos específicos, cuando<br />
existan circunstancias anormales o desordenes en el mercado interno o<br />
externo, debidos a fuerza mayor, caso fortuito y toda situación que genere<br />
o pueda generar un problema grave de desabastecimiento en el mercado local,<br />
que no pueda satisfacerse acudiendo a los mecanismos del mercado, o cuando<br />
estos deban aplicarse en virtud de restricciones negociadas o impuestas por<br />
socios comerciales, mientras estas circunstancias excepcionales subsistan,<br />
a juicio de esa Comisión, en los términos expresados en el párrafo<br />
siguiente. En todo caso, las causas que motivaron la medida deben revisarse<br />
dentro de períodos no superiores a seis meses.<br />
En los casos mencionados en el párrafo anterior, la Administración<br />
Pública debe realizar un estudio técnico que sustente esa medida; además,<br />
debe recabar el parecer de la Comisión para promover la competencia y puede<br />
apartarse de ella mediante decisión razonada. Antes de resolver sobre su<br />
procedencia, los términos y las condiciones de la restricción, esa Comisión<br />
debe conceder una audiencia escrita a los interesados, por un término de<br />
cinco días, sobre el citado estudio.<br />
Se reconoce la facultad de las cámaras y las asociaciones privadas<br />
para autorregular su actividad económica, para garantizar la prestación<br />
eficiente de servicios a la sociedad, con estricta observancia de los<br />
principios éticos y de respeto por la libertad de concurrencia de los<br />
agentes económicos y para prevenir las conductas que en esta ley se<br />
prohíben y sancionan. La participación de esas entidades no podrá limitar<br />
el libre acceso al mercado correspondiente ni impedir la competitividad de<br />
nuevos ajustes económicos.<br />
El Poder Ejecutivo reglamentará la presente norma y, en particular, la<br />
facultad de esas entidades para establecer registros de personas y empresas<br />
que se dediquen a la actividad respectiva.<br />
ARTÍCULO 7.- Participación de profesionales y técnicos<br />
La participación de profesionales y técnicos en los trámites o los<br />
procedimientos para el acceso al mercado nacional, de bienes producidos en<br />
el país o en el exterior, así como en otras regulaciones al comercio, solo<br />
es obligatoria en el cumplimiento de requisitos vinculados con el control<br />
de la seguridad, los estándares de calidad y la protección de la salud y<br />
del medio ambiente. Sin embargo, la Comisión para promover la competencia<br />
puede dispensar, total o parcialmente, la participación de ellos, cuando la<br />
considere innecesaria para lograr esas finalidades. Las personas físicas y<br />
las entidades acreditadas en los términos del artículo siguiente pueden<br />
participar en esos trámites y procedimientos, para garantizar el<br />
cumplimiento de los requisitos que se exijan.<br />
ARTÍCULO 8.- Acreditamiento<br />
La Administración Pública puede acreditar a las personas físicas o<br />
jurídicas, públicas o privadas, que cumplan con los requisitos técnicos y<br />
de idoneidad material y profesional, exigidos en las normas reglamentarias<br />
dictadas por el Poder Ejecutivo, para operar como organismos de<br />
certificación y laboratorios de prueba o ensayo, en los campos de la salud<br />
humana, animal y vegetal, el medio ambiente, la seguridad y los estándares<br />
de calidad, a fin de que sus certificados y análisis se reconozcan<br />
oficialmente. De igual manera, la Administración Pública queda facultada,<br />
según lo disponga por decreto el Poder Ejecutivo, para acreditar a las<br />
entidades de verificación y control que fiscalicen la labor de los<br />
organismos acreditados, sin perjuicio de la supervisión y el control<br />
general que la Administración Pública ejerce, como potestad indelegable,<br />
sobre el sistema.<br />
Los entes y los órganos de la Administración Pública que acrediten a<br />
organismos certificadores y laboratorios para realizar ensayos y análisis<br />
acreditados, están obligados a fiscalizar el cumplimiento de la normativa<br />
de acreditamiento aplicable y están facultados para cobrar por esos<br />
servicios de fiscalización.<br />
Asimismo, la Administración Pública puede acreditar a personas físicas<br />
o jurídicas, públicas o privadas, para verificar los productos y los<br />
servicios mencionados en el artículo 42 de esta ley.<br />
CAPÍTULO III<br />
PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA<br />
ARTÍCULO 9.- Campo de aplicación<br />
La normativa de este capítulo se aplica a todos los agentes<br />
económicos, con las salvedades y las previsiones indicadas en este<br />
capítulo:<br />
Se exceptúan de la aplicación de la normativa de este título:<br />
a) Los agentes prestadores de servicios públicos en virtud de una<br />
concesión, en los términos que señalen las leyes para celebrar las<br />
actividades necesarias para prestar esos servicios, de acuerdo con las<br />
limitaciones establecidas en la concesión y en regulaciones especiales.<br />
b) Los monopolios del Estado creados por ley, mientras subsistan por leyes<br />
especiales para celebrar las actividades expresamente autorizadas en ellas,<br />
en áreas como: seguros, depósitos bancarios en cuenta corriente o a la<br />
vista, destilación de alcohol y comercialización para consumo interno,<br />
distribución de combustibles y los servicios telefónicos, de<br />
telecomunicaciones, de distribución eléctrica y de agua.<br />
ARTÍCULO 10.- Prohibiciones generales<br />
Se prohíben y deben sancionarse de conformidad con los artículos 24,<br />
25 y 26 de esta ley, los monopolios públicos o privados y las prácticas<br />
monopolísticas que impidan o limiten la competencia, el acceso de<br />
competidores al mercado o promuevan su salida de él, con las salvedades<br />
indicadas en el artículo 9 de esta ley.<br />
ARTÍCULO 11.- Prácticas monopolísticas absolutas<br />
Las prácticas monopolísticas absolutas son los actos, los contratos,<br />
los convenios, los arreglos o las combinaciones entre agentes económicos<br />
competidores entre sí, con cualquiera de los siguientes propósitos:<br />
a) Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de compra o venta al que<br />
son ofrecidos o demandados los bienes o servicios en los mercados o<br />
intercambiar información con el mismo objeto o efecto.<br />
b) Establecer la obligación de producir, procesar, distribuir o<br />
comercializar solo una cantidad restringida o limitada de bienes o la<br />
prestación de un número, un volumen o una frecuencia restringidos o<br />
limitados de servicios.<br />
c) Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un<br />
mercado de bienes o servicios, actual o futuro mediante la clientela, los<br />
proveedores y los tiempos o los espacios determinados o determinables.<br />
d) Establecer, concertar o coordinar las ofertas o la abstención en las<br />
licitaciones, los concursos, los remates o las subastas públicas.<br />
Para la aplicación de este artículo, la Comisión para promover la<br />
competencia, de oficio o a instancia de parte, ejercerá el control y la<br />
revisión del mercado de los productos cuyos suplidores sean pocos.<br />
Los actos a los que se refiere este artículo serán nulos de pleno<br />
derecho y se sancionará, conforme a esta ley, a los agentes económicos que<br />
incurran en ellos.<br />
ARTÍCULO 12.- Prácticas monopolísticas relativas<br />
Sujeto a la comprobación de los supuestos referidos en los artículos<br />
13, 14 y 15 de esta ley, se consideran prácticas monopolísticas relativas,<br />
los actos, los contratos, los convenios, los arreglos o las combinaciones<br />
cuyo objeto o efecto sea o pueda ser el desplazamiento indebido de otros<br />
agentes del mercado, el impedimento sustancial de su acceso o el<br />
establecimiento de ventajas exclusivas en favor de una o varias personas,<br />
en los siguientes casos:<br />
a) La fijación, la imposición o el establecimiento de la distribución<br />
exclusiva de bienes o servicios, por razón del sujeto, la situación<br />
geográfica o por períodos de tiempo determinados, incluyendo la división,<br />
la distribución o la asignación de clientes oproveedores, entre agentes<br />
económicos que no sean competidores entre sí.<br />
b) La imposición de precio o las demás condiciones que debe observar un<br />
distribuidor o proveedor, al vender o distribuir bienes o prestar<br />
servicios.<br />
c) La venta o la transacción condicionada a comprar, adquirir, vender o<br />
proporcionar otro bien o servicio adicional, normalmente distinto o<br />
distinguible, o sobre la reciprocidad.<br />
d) La venta o la transacción sujeta a la condición de no usar, adquirir,<br />
vender ni proporcionar los bienes o servicios disponibles y normalmente<br />
ofrecidos a terceros.<br />
e) La concertación entre varios agentes económicos o la invitación a ellos<br />
para ejercer presión contra algún cliente o proveedor, con el propósito de<br />
disuadirlo de una conducta determinada, aplicar represalias u obligarlo a<br />
actuar en un sentido específico.<br />
f) La producción o la comercialización de bienes y servicios a precios<br />
inferiores a su valor normal.<br />
g) En general, todo acto deliberado que induzca a la salida de competidores<br />
del mercado o evite su entrada.<br />
ARTÍCULO 13.- Comprobación<br />
Para considerar violatorias de esta ley las prácticas mencionadas en<br />
el artículo anterior, debe comprobarse que a) el presunto responsable tiene<br />
un poder sustancial sobre el mercado relevante y b) se realicen respecto de<br />
los bienes o servicios correspondientes o relacionados con el mercado<br />
relevante de que se trate.<br />
ARTÍCULO 14.- Mercado relevante<br />
Para determinar el mercado relevante, deben considerarse los<br />
siguientes criterios:<br />
a) Las posibilidades de sustituir el bien o el servicio de que se trate,<br />
por otro de origen nacional o extranjero, considerando las posibilidades<br />
tecnológicas, el grado en que los consumidores cuenten con sustitutos y el<br />
tiempo requerido para efectuar tal sustitución.<br />
b) Los costos de distribución del bien mismo, sus insumos relevantes, sus<br />
complementos y sustitutos, desde otros lugares del territorio nacional y<br />
del extranjero; para ello se tendrán en cuenta los fletes, los seguros, los<br />
aranceles y las restricciones que no sean arancelarias, así como las<br />
limitaciones impuestas por los agentes económicos o sus organizaciones y el<br />
tiempo requerido para abastecer el mercado desde otros sitios.<br />
c) Los costos y las posibilidades de los consumidores para acudir a otros<br />
mercados.<br />
d) Las restricciones normativas, nacionales o internacionales, que limiten<br />
el acceso de los consumidores a las fuentes de abastecimiento alternativas,<br />
o el de los proveedores a los clientes alternativos.<br />
ARTÍCULO 15.- Poder sustancial en el mercado<br />
Para determinar si un agente económico tiene un poder sustancial en<br />
el mercado relevante, debe considerarse:<br />
a) Su participación en ese mercado y su posibilidad de fijar precios<br />
unilateralmente o de restringir, en forma sustancial, el abastecimiento en<br />
el mercado relevante, sin que los demás agentes económicos puedan, en la<br />
actualidad o en el futuro, contrarrestar ese poder.<br />
b) La existencia de barreras a la entrada y los elementos que,<br />
previsiblemente, puedan alterar tanto esas barreras como la oferta de otros<br />
competidores.<br />
c) La existencia y el poder de sus competidores.<br />
d) Las posibilidades de acceso del agente económico y sus competidores a<br />
las fuentes de insumos.<br />
e) Su comportamiento reciente.<br />
f) Los demás criterios análogos que se establezcan en el Reglamento de esta<br />
ley.<br />
ARTÍCULO 16.- Concentraciones<br />
Se entiende por concentración la fusión, la adquisición del control o<br />
cualquier otro acto en virtud del cual se concentren las sociedades, las<br />
asociaciones, las acciones, el capital social, los fideicomisos o los<br />
activos en general, que se realicen entre competidores, proveedores,<br />
clientes u otros agentes económicos, con el objeto o efecto de disminuir,<br />
dañar o impedir la competencia o la libre concurrencia, respecto de bienes<br />
o servicios iguales, similares o sustancialmente relacionados.<br />
En la investigación de las concentraciones, deben seguirse los<br />
criterios de medición de poder sustancial en el mercado relevante,<br />
establecidos en esta ley, en relación con las prácticas monopolísticas<br />
relativas.<br />
ARTÍCULO 17.- Competencia desleal<br />
Entre los agentes económicos, se prohíben los actos de competencia<br />
contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles,<br />
generalmente aceptados en el sistema de mercado, que causen un daño<br />
efectivo o amenaza de daño comprobados. Esos actos son prohibidos cuando:<br />
a) Generen confusión, por cualquier medio, respecto del establecimiento<br />
comercial, los productos o la actividad económica de uno o varios<br />
competidores.<br />
b) Se realicen aseveraciones falsas para desacreditar el establecimiento<br />
comercial, los productos, la actividad o la identidad de un competidor.<br />
c) Se utilicen medios que inciten a suponer la existencia de premios o<br />
galardones concedidos al bien o servicio, pero con base en alguna<br />
información falsa o que para promover la venta generen expectativas<br />
exageradas en comparación con lo exiguo del beneficio.<br />
d) Se acuda al uso, la imitación, la reproducción, la sustitución o la<br />
enajenación indebidos de marcas, nombres comerciales, denominaciones de<br />
origen, expresiones de propaganda,<br />
inscripciones, envolturas, etiquetas, envases o cualquier otro medio de<br />
identificación, correspondiente a bienes o servicios propiedad de terceros.<br />
También son prohibidos cualesquiera otros actos o comportamientos de<br />
competencia desleal, de naturaleza análoga a los mencionados, que<br />
distorsionen la transparencia del mercado en perjuicio del consumidor o los<br />
competidores.<br />
Los agentes económicos que se consideren afectados por las conductas<br />
aludidas en este artículo, para hacer valer sus derechos sólo pueden acudir<br />
a la vía judicial, por medio del procedimiento sumario establecido en los<br />
artículos 432 y siguientes del Código Procesal Civil. Lo anterior, sin<br />
perjuicio de los procedimientos administrativos y judiciales, que se<br />
realicen para proteger al consumidor, por los efectos reflejos de los actos<br />
de competencia desleal, en los términos del inciso b) del artículo 50 de<br />
esta ley.<br />
CAPÍTULO IV<br />
COMISIÓN PARA PROMOVER LA COMPETENCIA<br />
ARTÍCULO 18.- Creación de la Comisión para promover la competencia<br />
Se crea la Comisión para promover la competencia, como órgano de<br />
máxima desconcentración; estará adscrita al Ministerio de Economía,<br />
Industria y Comercio. Se encargará de conocer, de oficio o por denuncia, y<br />
sancionar, cuando proceda, todas las prácticas que constituyan impedimentos<br />
o dificultades para la libre competencia y entorpezcan innecesariamente la<br />
fluidez del mercado.<br />
La instancia administrativa ante esta Comisión es obligatoria y de<br />
previo agotamiento para acudir a la vía judicial, salvo lo establecido en<br />
el artículo 17 de esta ley.<br />
ARTÍCULO 19.- Integración de la Comisión y requisitos de sus miembros<br />
La Comisión para promover la competencia estará compuesta por cinco<br />
miembros propietarios y cinco suplentes, nombrados por acuerdo del Poder<br />
Ejecutivo, a propuesta del Ministro de Economía, Industria y Comercio.<br />
Deberán ser personas de prestigio, con vasta experiencia en la materia,<br />
reconocida ponderación e independencia de criterio. Los miembros de la<br />
Comisión deben elegir, de su seno, al Presidente, quien durará en su cargo<br />
dos años.<br />
Cuatro miembros de la Comisión para promover la competencia deben<br />
ser, necesariamente, un abogado, un economista y dos profesionales con<br />
grado universitario en ramas de la ciencia, afines con las actividades de<br />
la Comisión. El otro miembro será libremente elegido por el Poder<br />
Ejecutivo, pero deberá reunir los requisitos establecidos en este artículo.<br />
Los suplentes ocuparán los cargos de los propietarios, en caso de<br />
ausencia temporal, impedimento o excusa, por eso deberán reunir los mismos<br />
requisitos que los propietarios. A las sesiones pueden concurrir los<br />
propietarios y los suplentes, pero solo los titulares votarán.<br />
Todos los miembros permanecerán en sus cargos por cuatro años y podrán<br />
ser reelegidos cuantas veces se disponga. Devengarán una dieta por sesión.<br />
El Consejo de Gobierno fijará el monto de las dietas, tomando como<br />
referencia los establecidos para las instituciones públicas y determinará<br />
el límite de las dietas que pueden pagarse por mes.<br />
Cuando a una sesión asistan el propietario y el suplente, este tendrá<br />
derecho a voz y devengará media dieta.<br />
ARTÍCULO 20.- Causas de remoción<br />
Son causas justas para destituir a los miembros de la Comisión para<br />
promover la competencia las siguientes:<br />
a) Ineficiencia en el desempeño de sus cargos.<br />
b) Negligencia reiterada que atrase la sustanciación de los procesos.<br />
c) Culpabilidad declarada por la comisión de un delito doloso, incluso en<br />
grado de tentativa.<br />
d) Falta de excusa en los casos previstos en el artículo 21 de esta ley.<br />
e) Inasistencia a tres sesiones durante un mes calendario o ausencia del<br />
país por más de tres meses sin autorización de la Comisión.<br />
En ningún caso los permisos pueden exceder de seis meses.<br />
f) Incapacidad física o mental que les impida desempeñar el cargo por un<br />
plazo por lo menos de seis meses.<br />
Este procedimiento de remoción debe tramitarse ante el Consejo de<br />
Gobierno, conforme a lo establecido en la Ley General de la Administración<br />
Pública.<br />
ARTÍCULO 21.- Impedimento, excusa y recusación<br />
Son motivos de impedimento, excusa o recusación los establecidos en<br />
el capítulo V del título I del Código Procesal Civil. El procedimiento por<br />
observar en estos casos, es el establecido en ese Código.<br />
ARTÍCULO 22.- Quórum y votaciones<br />
El quórum estará constituido por cuatro miembros. Las resoluciones<br />
deben dictarse con el voto concurrente de por lo menos tres de ellos.<br />
Quien no coincida debe razonar su voto.<br />
ARTÍCULO 23.- Unidad técnica de apoyo y asesoría externa<br />
La Comisión para promover la competencia debe contar con una Unidad<br />
Técnica de apoyo, formada por profesionales en las materias que se regulan<br />
en esta ley, según se disponga en su Reglamento. Asimismo, puede contratar<br />
a los asesores y los consultores necesarios para el efectivo cumplimiento<br />
de las funciones.<br />
ARTÍCULO 24.- Potestades de la Comisión<br />
La Comisión para promover la competencia tiene las siguientes<br />
potestades:<br />
a) Velar porque los entes y los órganos de la Administración Pública<br />
cumplan con la obligación de racionalizar los procedimientos y los trámites<br />
que deban mantenerse; además,<br />
eliminar los innecesarios, según se dispone en los artículos 3 y 4 de esta<br />
ley. En caso de incumplimiento, le compete recomendar al jerarca imponer<br />
las sanciones administrativas correspondientes a los funcionarios que<br />
cometan faltas graves en el ejercicio de sus funciones.<br />
b) Recomendar, a la Administración Pública, la regulación de precios y el<br />
establecimiento de restricciones que no sean arancelarias, cuando proceda<br />
de conformidad con los artículos 5 y 6 de esta ley.<br />
c) Investigar la existencia de monopolios, carteles, practicas o<br />
concentraciones prohibidas en esta ley, para lo cual puede requerir a los<br />
particulares y los demás agentes económicos, la información o los<br />
documentos relevantes y sancionar cuando proceda.<br />
d) Sancionar los actos de restricción de la oferta estipulada en el<br />
artículo 33 de esta ley, cuando lesionen, en forma refleja, la libre<br />
competencia en el mercado.<br />
e) Establecer los mecanismos de coordinación para sancionar y prevenir<br />
monopolios, carteles, concentraciones y prácticas ilícitas.<br />
f) Cuando lo considere pertinente, emitir opinión, en materia de<br />
competencia y libre concurrencia, respecto de las leyes, los reglamentos,<br />
los acuerdos, las circulares y los demás actos administrativos, sin que<br />
tales criterios tengan ningún efecto jurídico. La Comisión no puede ser<br />
obligada a opinar.<br />
A esta Comisión no le corresponde conocer de los actos de competencia<br />
desleal en los términos estipulados en el artículo 17 de esta ley. Estos<br />
casos son del conocimiento exclusivo de los órganos jurisdiccionales<br />
competentes.<br />
ARTÍCULO 25.- Sanciones<br />
La Comisión para promover la competencia puede ordenar, mediante<br />
resolución fundada y tomando en consideración la capacidad de pago, a<br />
cualquier agente económico que infrinja las disposiciones contenidas en el<br />
capítulo III de esta ley, las siguientes sanciones:<br />
a) La suspensión, la corrección o la supresión de la práctica o<br />
concentración de que se trate.<br />
b) La desconcentración, parcial o total, de cuanto se haya concentrado<br />
indebidamente, sin perjuicio del pago de la multa que proceda.<br />
c) El pago de una multa, hasta por sesenta y cinco veces el monto del menor<br />
salario mínimo mensual, por haber declarado falsamente o haberle entregado<br />
información falsa a la Comisión para promover la competencia, con<br />
independencia de otras responsabilidades en que incurra.<br />
d) El pago de una multa, hasta por cincuenta veces el monto del menor<br />
salario mínimo mensual por retrasar la entrega de la información solicitada<br />
por la Comisión para promover la competencia.<br />
e) El pago de una multa, hasta por seiscientas ochenta veces el monto del<br />
menor salario mínimo mensual, por haber incurrido en una práctica<br />
monopolística absoluta.<br />
f) El pago de una multa, hasta por cuatrocientas diez veces el monto del<br />
menor salario mínimo mensual, por haber incurrido en alguna práctica<br />
monopolística relativa.<br />
g) El pago de una multa, hasta por cuatrocientas diez veces el monto del<br />
menor salario mínimo mensual, por haber incurrido en alguna concentración<br />
de las prohibidas en esta ley.<br />
h) El pago de una multa, hasta por setenta y cinco veces el monto del menor<br />
salario mínimo mensual, a las personas físicas que participen directamente<br />
en las prácticas monopolísticas o concentraciones prohibidas, en<br />
representación de personas jurídicas o entidades de hecho o por cuenta y<br />
orden de ellas.<br />
En el caso de las infracciones mencionadas en los incisos del e) al h)<br />
de este artículo que, a juicio de la Comisión para promover la competencia,<br />
revistan gravedad particular, esta Comisión puede imponer como sanción una<br />
multa equivalente al diez por ciento (10%) de las ventas anuales obtenidas<br />
por el infractor durante el ejercicio fiscal anterior o una hasta por el<br />
diez por ciento (10%) del valor de los activos del infractor. De esas dos<br />
multas se impondrá la que resulte más alta.<br />
Para imponer tales sanciones deben respetarse los principios del<br />
debido proceso, el informalismo, la verdad real, el impulso de oficio, la<br />
imparcialidad y la publicidad, los cuales informan el procedimiento<br />
administrativo estipulado en el Libro Segundo de la Ley General de la<br />
Administración Pública.<br />
Si el infractor se niega a pagar la suma establecida por la Comisión<br />
para promover la competencia, mencionado en los incisos d) a h) de este<br />
artículo, la Comisión certificará el adeudo, que constituye título<br />
ejecutivo, a fin de que, con base en él, se plantee el proceso de ejecución<br />
en vía judicial, en los términos que se dispone en el Código Procesal<br />
Civil.<br />
ARTÍCULO 26.- Criterios de valoración<br />
Para imponer las multas a que se refiere el artículo anterior, la<br />
Comisión para promover la competencia debe tomar en cuenta como criterios<br />
de valoración: la gravedad de la infracción, la amenaza o el daño causado,<br />
los indicios de intencionalidad, la participación del infractor en el<br />
mercado, el tamaño del mercado afectado, la duración de la práctica o<br />
concentración, la reincidencia del infractor y su capacidad de pago.<br />
ARTÍCULO 27.- Caducidad de la acción<br />
La acción para iniciar el procedimiento con el fin de perseguir las<br />
infracciones caduca en un plazo de seis meses, que se debe contar desde que<br />
se produjo la falta o desde su conocimiento efectivo por parte del<br />
agraviado. Sin embargo para los hechos continuados, comienza a correr a<br />
partir del acaecimiento del último hecho.<br />
CAPÍTULO V<br />
DEFENSA EFECTIVA DEL CONSUMIDOR<br />
ARTÍCULO 28.- Sujetos<br />
Los consumidores son beneficiarios de las normas de este capítulo;<br />
los productores y los comerciantes, tanto del sector público como del<br />
privado, quedan obligados a cumplirlas.<br />
ARTÍCULO 29.- Derechos del consumidor<br />
Sin perjuicio de lo establecido en tratados, convenciones<br />
internacionales de las que Costa Rica sea parte, legislación interna<br />
ordinaria, reglamentos, principios generales de derecho, usos y costumbres,<br />
son derechos fundamentales e irrenunciables del consumidor, los siguientes:<br />
a) La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud, su<br />
seguridad y el medio ambiente.<br />
b) La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales.<br />
c) El acceso a una información, veraz y oportuna, sobre los diferentes<br />
bienes y servicios, con especificación correcta de cantidad,<br />
características, composición, calidad y precio.<br />
d) La educación y la divulgación sobre el consumo adecuado de bienes o<br />
servicios, que aseguren la libertad de escogencia y la igualdad en la<br />
contratación.<br />
e) La protección administrativa y judicial contra la publicidad engañosa,<br />
las prácticas y las cláusulas abusivas, así como los métodos comerciales<br />
desleales o que restrinjan la libre elección.<br />
f) Mecanismos efectivos de acceso para la tutela administrativa y judicial<br />
de sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a prevenir<br />
adecuadamente, sancionar y reparar con prontitud la lesión de estos, según<br />
corresponda.<br />
g) Recibir el apoyo del Estado para formar grupos y organizaciones de<br />
consumidores y la oportunidad de que sus opiniones sean escuchadas en los<br />
procesos de decisión que les afecten.<br />
ARTÍCULO 30.- Funciones del Poder Ejecutivo<br />
En los términos establecidos en la presente ley, son funciones<br />
esenciales del Estado las siguientes:<br />
a) Velar porque los bienes y servicios que se vendan y se presten en el<br />
mercado, cumplan con las normas de salud, seguridad, medio ambiente y los<br />
estándares de calidad.<br />
b) Formular programas de educación e información para el consumidor, con el<br />
propósito de capacitarlo para que pueda discernir y tomar decisiones<br />
fundadas acerca del consumo de bienes y servicios, con conocimiento de sus<br />
derechos.<br />
c) Fomentar y promover las organizaciones de consumidores y garantizar su<br />
participación en los procesos de decisión y reclamo, en torno a cuestiones<br />
que afectan sus intereses.<br />
d) Garantizar el acceso a mecanismos efectivos y ágiles de tutela<br />
administrativa y judicial, para defender los derechos y los intereses<br />
legítimos de los consumidores.<br />
e) Estructurar una canasta básica que satisfaga, por lo menos, las<br />
necesidades de los costarricenses cuyo ingreso sea igual o inferior al<br />
salario mínimo establecido por ley y regular, cuando lo considere<br />
necesario, los bienes y servicios que la componen.<br />
ARTÍCULO 31.- Obligaciones del comerciante<br />
Son obligaciones del comerciante y el productor, con el consumidor,<br />
las siguientes:<br />
a) Respetar las condiciones de la contratación.<br />
b) Informar suficientemente al consumidor, en español, de manera clara y<br />
veraz, acerca de los elementos que incidan en forma directa sobre su<br />
decisión de consumo. Debe enterarlo de la naturaleza, la composición, el<br />
contenido, el peso, cuando corresponda, las características de los bienes y<br />
servicios, el precio de contado en el empaque, el recipiente, el envase o<br />
la etiqueta del producto, la góndola o el anaquel del establecimiento<br />
comercial y de cualquier otro dato determinante.<br />
De acuerdo con lo dispuesto en el reglamento de la presente ley,<br />
cuando el producto que se vende o el servicio que se presta se pague al<br />
crédito, deben indicarse, siempre en forma visible, el plazo, la tasa de<br />
interés anual sobre saldos, la base, las comisiones y la persona, física o<br />
jurídica, que brinda el financiamiento, si es un tercero.<br />
(Así modificado por Ley No.7623 de 11 de setiembre de 1996)<br />
c) Ofrecer, promocionar o publicitar los bienes y servicios de acuerdo con<br />
lo establecido en el artículo 34 de esta ley.<br />
d) Suministrar, a los consumidores, las instrucciones para utilizar<br />
adecuadamente los artículos e informar sobre los riesgos que entrañe el uso<br />
al que se destinan o el normalmente previsible para su salud, su seguridad<br />
y el medio ambiente.<br />
e) Informar al consumidor si las partes o los repuestos utilizados en<br />
reparaciones son usados. Si no existe advertencia sobre el particular,<br />
tales bienes se consideran nuevos.<br />
f) Informar cuando no existan en el país servicios técnicos de reparación o<br />
repuestos para un bien determinado.<br />
g) Garantizar todo bien o servicio que se ofrezca al consumidor, de<br />
conformidad con el artículo 40 de esta ley.<br />
h) Abstenerse de acaparar, especular, condicionar la venta y discriminar el<br />
consumo.<br />
i) Resolver el contrato bajo su responsabilidad, cuando tenga la obligación<br />
de reparar el bien y no la satisfaga en un tiempo razonable.<br />
j) Fijar plazos prudenciales para formular reclamos.<br />
k) Establecer, en las ventas a plazos, garantías de pago proporcionales a<br />
las condiciones de la transacción.<br />
l) Cumplir con los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 41 bis de esta<br />
ley.<br />
(Así modificado por el artículo 1, inc. a) de la ley No. 7854 del 14 de<br />
diciembre de 1998.)<br />
m) Cumplir con lo dispuesto en las normas de calidad y las reglamentaciones<br />
técnicas de acatamiento obligatorio.<br />
n) Mantener en buenas condiciones de funcionamiento y debidamente<br />
calibradas las pesas, las medidas, las registradoras, las básculas y los<br />
demás instrumentos de medición, que utilicen en sus negocios.<br />
ñ) Extender la factura o el comprobante de compra, donde conste, en forma<br />
clara, la identificación de los bienes o servicios, así como el precio<br />
efectivamente cobrado. En los casos de ventas masivas, se faculta al<br />
Ministerio de Economía, Industria y Comercio para autorizar el<br />
establecimiento de otros sistemas mediante los cuales se compruebe la<br />
compra.<br />
o) Apegarse a la equidad, los buenos usos mercantiles y a la ley, en su<br />
trato con los consumidores.<br />
Toda información, publicidad u oferta al público de bienes ofrecidos o<br />
servicios por prestar, transmitida por cualquier medio o forma de<br />
comunicación, vincula al productor que la transmite, la utiliza o la ordena<br />
y forma parte del contrato.<br />
El incumplimiento de alguna de las obligaciones enumeradas en este<br />
artículo, faculta al interesado para acudir a la Comisión nacional del<br />
consumidor creada en esta ley, o a los órganos jurisdiccionales competentes<br />
y para hacer valer sus derechos, en los términos que señala el artículo 43<br />
de la presente ley.<br />
ARTÍCULO 32.- Régimen de responsabilidad<br />
El productor, el proveedor y el comerciante deben responder<br />
concurrente e independientemente de la existencia de culpa, si el<br />
consumidor resulta perjudicado por razón del bien o el servicio, de<br />
informaciones inadecuadas o insuficientes sobre ellos o de su utilización y<br />
riesgos.<br />
Sólo se libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño.<br />
Los representantes legales de los establecimientos mercantiles o, en<br />
su caso, los encargados del negocio son responsables por los actos o los<br />
hechos propios o por los de sus dependientes o auxiliares. Los técnicos,<br />
los encargados de la elaboración y el control responden solidariamente,<br />
cuando así corresponda, por las violaciones a esta ley en perjuicio del<br />
consumidor.<br />
ARTÍCULO 33.- Prohibiciones<br />
Se prohíben todas las acciones orientadas a restringir la oferta<br />
(abastecimiento), la circulación o la distribución de bienes y servicios.<br />
La Comisión nacional del consumidor debe sancionar tales acciones sin<br />
perjuicio de las potestades que también tenga la Comisión para promover la<br />
competencia, de conformidad con el artículo 24, inciso d) de esta ley, para<br />
conocer y resolver sobre ellas cuando:<br />
a) Se sustraigan, adquieran, almacenen, oculten o retengan bienes<br />
intermedios o finales, de uso o consumo interno, superiores a los<br />
necesarios para el giro normal de la actividad, con el fin de provocar<br />
escasez o alza en el precio, salvo que se trate de insumos requeridos para<br />
satisfacer necesidades propias de la empresa o que, por causa ajena al<br />
interesado, no se puedan transar (acaparamiento).<br />
b) Se condicione el perfeccionamiento de una venta o la prestación de<br />
servicios a la adquisición de otro producto o a la contratación de otro<br />
servicio, a menos que así se haya ofrecido, públicamente y de manera<br />
inequívoca, a los consumidores (ventas atadas o condicionadas).<br />
c) Se ofrezcan o se vendan bienes o servicios, en los diversos niveles de<br />
la comercialización, a precios superiores a los regulados u ofrecidos de<br />
conformidad con los artículos 5, 31, inciso b); 34 y 38 de esta ley<br />
(especulación).<br />
d) Se niegue a proveer un producto o prestar un servicio, o cuando lo<br />
ofrezca o lo preste en forma irregular o dilatoria, salvo que medie justa<br />
causa, debidamente comprobada por el comerciante o el productor<br />
(discriminación al consumo).<br />
e) Cualquier otra forma de restricción o manipulación injustificada de la<br />
oferta de bienes y servicios.<br />
ARTÍCULO 34.- Oferta, promoción y publicidad<br />
La oferta, la promoción o la publicidad de los bienes y servicios<br />
debe realizarse de acuerdo con la naturaleza de ellos, sus características,<br />
condiciones, contenido, peso cuando corresponda, utilidad o finalidad, de<br />
modo que no induzca a error o engaño al consumidor. No pueden omitirse<br />
tales informaciones, si de ello puede derivarse daño o peligro para la<br />
salud o la seguridad del consumidor.<br />
Deben prevalecer las cláusulas estipuladas en los contratos, si son<br />
más beneficiosas que el contenido de la oferta, la promoción o la<br />
publicidad de los bienes y servicios.<br />
El empleo de términos comparativos en la oferta, la promoción o la<br />
publicidad de los bienes y servicios, sólo se admite respecto a datos<br />
esenciales, afines y objetivamente demostrables, siempre que se comparen<br />
con otros similares, conocidos o de participación significativa en el<br />
mercado. La comparación no es admisible cuando se limite a la proclamación,<br />
general e indiscriminada, de la superioridad de los productos propios; se<br />
tiene por engañosa la que omita cualquier elemento necesario para<br />
determinar el valor real de los productos.<br />
Al productor o al comerciante que, en la oferta, la promoción, la<br />
publicidad o la información, incumpla con las exigencias previstas en este<br />
artículo, se le debe obligar a rectificar la publicidad, costearla y<br />
divulgar la información veraz u omitida, por el mismo medio y forma antes<br />
empleados.<br />
ARTÍCULO 35.- Indeterminación de la especie y la calidad<br />
Si en la venta no se determinan con precisión, la especie ni la<br />
calidad de los productos por entregarse o los servicios por prestarse, el<br />
consumidor no puede exigir los mejores, pero tampoco el comerciante puede<br />
cumplir entregando los peores. En este caso, el consumidor debe conformarse<br />
con los de especie y calidad media.<br />
ARTÍCULO 36.- Bienes usados y reconstruidos<br />
Cuando se vendan productos defectuosos, usados o reconstruidos, antes<br />
de la compra, el comerciante debe indicar al consumidor, de manera precisa<br />
y clara, tales condiciones y dejarse constancia en las facturas o los<br />
comprobantes. El comerciante debe advertir los extremos anteriores si<br />
anuncia la venta de esos productos usando cualquier medio. Si no existe<br />
advertencia sobre el particular, esos bienes se consideran nuevos y en<br />
perfecto estado.<br />
ARTÍCULO 37.- Ventas a domicilio<br />
En las ventas a domicilio que se lleven a cabo fuera del local o el<br />
establecimiento del comerciante o el proveedor, siempre y cuando lo permita<br />
la naturaleza del bien, el consumidor, amparado al derecho de retracto,<br />
puede rescindir, sin su responsabilidad, el contrato en un plazo de ocho<br />
días contados a partir de su perfeccionamiento.<br />
ARTÍCULO 38.- Promociones y ofertas especiales.<br />
Toda promoción u oferta especial debe indicar el precio anterior del<br />
bien o el servicio, el nuevo precio o el beneficio que de aprovecharlas,<br />
obtendría el consumidor.<br />
ARTÍCULO 39.- Cláusulas abusivas en contratos de adhesión.<br />
En los contratos de adhesión, sus modificaciones, anexos o adenda, la<br />
eficacia de las condiciones generales está sujeta al conocimiento efectivo<br />
de ellas por parte del adherente o a la posibilidad cierta de haberlas<br />
conocido mediante una diligencia ordinaria.<br />
(Así modificado este párrafo por el artículo 1, inc. b) de la ley No. 7854<br />
del 14 de diciembre de 1998.)<br />
Son abusivas y absolutamente nulas las condiciones generales de los<br />
contratos de adhesión, civiles y mercantiles, que:<br />
a) Restrinjan los derechos del adherente, sin que tal circunstancia se<br />
desprenda con claridad del texto.<br />
b) Limiten o extingan la obligación a cargo del predisponente.<br />
c) Favorezcan, en forma excesiva o desproporcionada, la posición<br />
contractual de la parte predisponente o importen renuncia o restricción de<br />
los derechos del adherente.<br />
d) Exoneren o limiten la responsabilidad del predisponente por daños<br />
corporales, cumplimiento defectuoso o mora.<br />
e) Faculten al predisponente para rescindir unilateralmente el contrato,<br />
modificar sus condiciones, suspender su ejecución, revocar o limitar<br />
cualquier derecho del adherente, nacido del contrato, excepto cuando tal<br />
rescisión, modificación, suspensión, revocación o limitación esté<br />
condicionada al incumplimiento imputable al último.<br />
f) Obliguen al adherente a renunciar con anticipación a cualquier derecho<br />
fundado en el contrato.<br />
g) Impliquen renuncia, por parte del adherente, a los derechos procesales<br />
consagrados en el Código Procesal Civil o en leyes especiales conexas.<br />
h) Sean ilegibles.<br />
i) Estén redactadas en un idioma distinto del español. Son abusivas y<br />
relativamente nulas, las cláusulas generales de los contratos de adhesión<br />
que:<br />
a) Confieran, al predisponente, plazos desproporcionados o poco<br />
precisos para aceptar o rechazar una propuesta o ejecutar una<br />
prestación.<br />
b) Otorguen, al predisponente, un plazo de mora desproporcionado o<br />
insuficientemente determinado, para ejecutar la prestación a su cargo.<br />
c) obliguen a que la voluntad del adherente se manifieste mediante la<br />
presunción del conocimiento de otros cuerpos normativos, que no formen<br />
parte integral del contrato.<br />
d) Establezcan indemnizaciones, cláusulas penales o intereses<br />
desproporcionados, en relación con los daños para resarcir por el<br />
adherente.<br />
j) Los que no indiquen las condiciones de pago, la tasa de interés anual<br />
por cobrar, los cargos e intereses moratorios, las comisiones, los<br />
sobreprecios, los recargos y otras obligaciones que el usuario quede<br />
comprometido a pagar a la firma del contrato.<br />
(Así adicionado este inciso por el artículo 2, inc. a) de la ley No. 7854<br />
del 14 de diciembre de 1998.)<br />
En caso de incompatibilidad, las condiciones particulares de los<br />
contratos de adhesión deben prevalecer sobre las generales.<br />
Las condiciones generales ambiguas deben interpretarse en favor del<br />
adherente.<br />
ARTÍCULO 40.- Garantía.<br />
Todo bien que se venda o servicio que se preste debe estar<br />
implícitamente garantizado en cuanto al cumplimiento de los estándares de<br />
calidad y los requerimientos técnicos que, por razones de salud, medio<br />
ambiente y seguridad, establezcan las leyes, los reglamentos y las normas<br />
respectivas, dictadas por la Administración Pública.<br />
Cuando se trate de bienes muebles duraderos, tales como equipos,<br />
aparatos, maquinaria, vehículos y herramientas o de servicios de<br />
reparación, montaje o reconstrucción de tales bienes, además de la garantía<br />
implícita de calidad mencionada en el párrafo anterior, la garantía debe<br />
indicar, por lo menos, el alcance, la duración, las condiciones, las<br />
personas físicas o jurídicas que las extienden y son responsables por ellas<br />
y los procedimientos para hacerlas efectivas. Estos extremos de la garantía<br />
deben explicitarse claramente, anotarse en la etiqueta o en algún lugar<br />
visible de los bienes o emitirse en documento separado o en la factura que<br />
debe entregarse al consumidor en el momento de venderle el bien o de<br />
prestarle el servicio.<br />
Los consumidores tienen hasta treinta días, contados a partir de la<br />
entrega del bien o de la prestación del servicio, para hacer valer la<br />
garantía ante la Comisión para promover la competencia. Si se trata de<br />
daños ocultos del bien que no se hayan advertido expresamente, el plazo<br />
comienza a correr a partir del momento en que se conocieron esos daños. Si<br />
el contrato entre las partes establece plazos mayores, estos prevalecen.<br />
ARTÍCULO 41.- Ventas a plazo<br />
Las ventas a plazo de bienes tales como bienes inmuebles,<br />
apartamentos y casas, la prestación futura de servicios, tales como las<br />
ventas de clubes de viaje, acciones, títulos y derechos que den<br />
participación a los consumidores como dueños, socios o asociados y los<br />
proyectos futuros de desarrollo, como centros sociales y turísticos,<br />
urbanizaciones, explotación de actividades industriales, agropecuarias y<br />
comerciales, deben cumplir con lo establecido en este artículo siempre que<br />
concurran las siguientes condiciones:<br />
a) Que se ofrezcan públicamente o de manera generalizada a los<br />
consumidores.<br />
b) Que la entrega del bien, la prestación del servicio o la ejecución del<br />
proyecto constituya una obligación cuya prestación, en los términos<br />
ofrecidos o pactados, esté condicionada a un hecho futuro.<br />
c) Que la realización de ese hecho futuro, en los términos ofrecidos y<br />
pactados, dependa de la persona física o de la entidad, de hecho o de<br />
derecho, según el caso, que debe entregar el bien, prestar el servicio o<br />
colocar a los consumidores en ejercicio del derecho en el proyecto futuro.<br />
Antes de su ofrecimiento público o generalizado, los planes de las<br />
ventas a plazo, en los términos y condiciones indicados en el párrafo<br />
anterior, deben ser autorizados, de acuerdo con la materia de que se trate,<br />
por la oficina o la entidad competente que se señale en el Reglamento de<br />
esta ley, según los usos, las costumbres mercantiles y, en particular, la<br />
necesidad de proteger al consumidor. Antes de autorizar la ejecución del<br />
plan de ventas a plazo, en los términos expresados en este artículo, aquel<br />
debe inscribirse ante las oficinas o las entidades competentes, cumpliendo<br />
con los siguientes requisitos:<br />
a) Descripción detallada de las calidades ofrecidas, los plazos de<br />
cumplimiento, la naturaleza, la extensión y los beneficios, todo en los<br />
términos que se definan en el Reglamento de esta ley, según los bienes y<br />
servicios de que se trate.<br />
b) Comprobación fehaciente de los responsables del cumplimiento de lo<br />
ofrecido y lo pactado.<br />
c) Demostración de la solvencia económica de los responsables del plan. Si<br />
no se comprueba satisfactoriamente esta solvencia, debe rendirse garantía o<br />
caución suficiente para responder, si se incumplen los términos que se<br />
expresen en el Reglamento de esta ley, a juicio de la oficina o ente que<br />
inscriba el plan.<br />
Las oficinas o los entes mencionados en los párrafos anteriores deben<br />
enviar una copia de los planes autorizados a la Comisión nacional del<br />
consumidor.<br />
Las personas o las entidades que se dedican habitualmente a las<br />
actividades indicadas en el primer párrafo de este artículo, quedan<br />
facultadas para inscribirse, por una sola vez, ante la oficina o la entidad<br />
competente. En este caso, deben describir su giro y los planes de venta<br />
generales que ejecutan; además, cumplir con lo estipulado en el párrafo<br />
tercero de este artículo.<br />
La Administración Pública puede acreditar a organismos privados para<br />
inscribir y autorizar diferentes planes futuros, de conformidad con el<br />
artículo 8 de esta ley y las disposiciones que establezca su Reglamento.<br />
Artículo 41 bis.- Tarjetas de crédito<br />
Además de las disposiciones del artículo 39 de esta ley, los emisores<br />
de tarjetas de crédito deberán cumplir con los siguientes requisitos:<br />
a) Entregar, al firmar el contrato, un folleto explicativo que precise el<br />
mecanismo para determinar la tasa de interés, los saldos promedios sujetos<br />
a interés, la fórmula para calcularlos y los supuestos en los que no se<br />
pagará dicho interés.<br />
b) Presentar explícitamente, en los estados de cuenta, el desglose de los<br />
rubros que el usuario debe pagar. En rubros separados deben mantenerse el<br />
principal, los intereses financieros, los intereses moratorios, los<br />
recargos y las comisiones, todos correspondientes al respectivo período del<br />
estado de cuenta.<br />
c) Mostrar la tasa de interés cobrada en el período.<br />
d) Informar a sus tarjetahabientes, en el estado de cuenta inmediato<br />
posterior, acerca de las modificaciones del contrato original y los adenda<br />
o anexos para que puedan determinar si mantienen la relación contractual o<br />
no. Si el tarjetahabiente no mantiene la relación contractual, el emisor<br />
sólo podrá cobrar el pasivo pendiente con la tasa de interés vigente<br />
previa a la modificación propuesta por el emisor.<br />
Conforme a lo dispuesto en el inciso b) del artículo 30 de esta ley,<br />
el Ministerio de Economía, Industria y Comercio estará obligado a publicar<br />
trimestralmemte, en los medios de comunicación colectiva de mayor<br />
cobertura, un estudio comparativo de tarjetas de crédito que incluya como<br />
mínimo: tasas de interés financieras y moratorias, comisiones y otros<br />
cargos, beneficios adicionales, cobertura, plazos de pago y grado de<br />
aceptación.<br />
(Así adicionado por el artículo 2, inc. b) de la ley No. 7854 del 14 de<br />
diciembre de 1998.)<br />
ARTÍCULO 42.- Verificación en el mercado<br />
La Administración Pública debe revisar, periódica y aleatoriamente,<br />
los productos y los servicios ofrecidos en el mercado, para constatar que<br />
cumplan con las normas y reglamentaciones relativas a la salud, el medio<br />
ambiente, la seguridad y la calidad. En las importaciones, la revisión<br />
puede realizarse antes de la nacionalización del producto, pero de manera<br />
excepcional, a fin de que la revisión no se convierta en un obstáculo no<br />
arancelario a las importaciones.<br />
La Administración Pública puede impedir la importación y la<br />
comercialización de productos por razones de seguridad, salud, calidad o<br />
conservación del medio ambiente, cuando exista evidencia comprobada de que<br />
los bienes no cumplen con los reglamentos técnicos respectivos ni con los<br />
estándares de calidad correspondientes.<br />
Estas labores pueden realizarlas las personas o los organismos<br />
acreditados en los términos establecidos en el artículo 8 de esta ley.<br />
ARTÍCULO 43.- Acceso a la vía judicial<br />
Para hacer valer sus derechos, el consumidor puede acudir a la vía<br />
administrativa o a la judicial, sin que estas se excluyan entre sí, excepto<br />
si se opta por la vía judicial.<br />
En la vía judicial debe seguirse el proceso sumario establecido en<br />
los artículos 432 y siguientes del Código Procesal Civil. El juez, en los<br />
procesos por demandas de los consumidores para hacer valer sus derechos,<br />
una vez contestada la demanda y siempre que se trate de intereses<br />
exclusivamente patrimoniales, realizará una audiencia de conciliación con<br />
el fin de procurar avenir a las partes a un acuerdo. De no lograrse, se<br />
continuará con el trámite del proceso.<br />
Los procesos que se entablen para reclamar la anulación de contratos<br />
de adhesión o el resarcimiento de daños y perjuicios en virtud de<br />
violaciones a esta ley, para los cuales la Comisión nacional del consumidor<br />
no tiene competencia, serán conocidos solo por los órganos jurisdiccionales<br />
competentes, de conformidad con este artículo.<br />
CAPÍTULO VI<br />
COMISIÓN NACIONAL DEL CONSUMIDOR<br />
ARTÍCULO 44.- Creación de la Comisión nacional del consumidor<br />
Se crea la Comisión nacional del consumidor, como órgano de máxima<br />
desconcentración, adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Comercio.<br />
Le corresponde velar por el cumplimiento de las disposiciones de los<br />
capítulos V y VI de esta ley y las demás normas que garanticen la defensa<br />
efectiva del consumidor, que no se le hayan atribuido, en forma expresa, a<br />
la Comisión para promover la competencia.<br />
ARTÍCULO 45.- Integración de la Comisión nacional del consumidor y<br />
requisitos de sus miembros<br />
La Comisión nacional del consumidor esta integrada por tres miembros<br />
propietarios y tres suplentes, de nombramiento del Ministro de Economía,<br />
Industria y Comercio. Deben ser personas con título de abogado y de<br />
reconocida experiencia en la materia. Permanecen cuatro años en sus cargos<br />
y pueden ser reelegidos.<br />
Devengarán una dieta por sesión. El Consejo de Gobierno fijará el<br />
monto de las dietas, tomando como referencia los establecidos para las<br />
instituciones públicas y determinará el límite de las dietas que pueden<br />
pagarse por mes.<br />
Los miembros de la Comisión deben elegir al Presidente.<br />
ARTÍCULO 46.- Quórum y votaciones<br />
Para sesionar, la Comisión nacional del consumidor requiere la<br />
presencia de todos sus miembros y las resoluciones pueden tomarse con el<br />
voto de dos de ellos. Quien no coincida, debe razonar su voto.<br />
ARTÍCULO 47.- Causas de remoción<br />
Son causas justas para remover a los miembros de la Comisión nacional<br />
del consumidor las siguientes:<br />
a) Ineficiencia en el desempeño de sus cargos.<br />
b) Negligencia reiterada que atrase la sustanciación de los procesos.<br />
c) Declaratoria de culpabilidad por la comisión de cualquier delito doloso,<br />
incluso en grado de tentativa.<br />
d) Falta de excusa en los casos previstos en el artículo 48 de esta ley.<br />
e) Inasistencia a tres sesiones durante un mes calendario o ausencia del<br />
país, por más de tres meses, sin autorización de la Comisión nacional del<br />
consumidor. El permiso nunca puede exceder de seis meses.<br />
f) Incapacidad física o mental que les impida desempeñar el cargo por un<br />
plazo de seis meses por lo menos.<br />
El procedimiento para remover a los miembros de la Comisión nacional<br />
del consumidor debe ajustarse a los trámites y los principios establecidos<br />
para estos casos en la Ley General de la Administración Pública.<br />
ARTÍCULO 48.- Impedimento, excusa y recusación<br />
Son motivos de impedimento, excusa o recusación los establecidos en<br />
el Capítulo V, del Título I del Código de Procedimientos Civiles. El<br />
procedimiento por seguir en los casos anteriores es el establecido en ese<br />
Código.<br />
ARTÍCULO 49.- Unidad técnica de apoyo y asesoría externa<br />
La Comisión nacional del consumidor debe contar con una Unidad<br />
técnica de apoyo, integrada por funcionarios de las ramas profesionales y<br />
técnicas afines a las materias relacionadas con comercio y el consumidor.<br />
También puede contratar a los asesores y los consultores que estime<br />
convenientes para el desarrollo efectivo de sus funciones.<br />
ARTÍCULO 50.- Potestades de la Comisión nacional del consumidor<br />
La Comisión nacional del consumidor tiene las siguientes potestades:<br />
a) Conocer y sancionar las infracciones administrativas, los<br />
incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Capítulo V y, en<br />
particular, tutelar los derechos de los consumidores, de acuerdo con el<br />
artículo 29 de esta ley.<br />
b) Sancionar los actos de competencia desleal, mencionados en el artículo<br />
17 de esta ley cuando, en forma refleja, dañen al consumidor.<br />
c) Ordenar, de acuerdo con la gravedad de los hechos, las siguientes<br />
medidas cautelares, según corresponda: el congelamiento o el decomiso de<br />
bienes, la suspensión de servicios o el cese temporal de los hechos<br />
denunciados que violen lo dispuesto en esta ley, mientras se dicta<br />
resolución en el asunto.<br />
d) Ordenar la suspensión del plan de ventas a plazo o de prestación futura<br />
de servicios, cuando se viole lo prescrito en el artículo 41 de esta ley.<br />
La parte dispositiva de la resolución debe publicarse para que sea del<br />
conocimiento general.<br />
e) Ordenar, cuando proceda, la devolución del dinero o del producto. Puede<br />
fijar, asimismo, un plazo para reparar o sustituir el bien, según<br />
corresponda.<br />
f) Trasladar, al conocimiento de la jurisdicción ordinaria, todas las<br />
prácticas que configuren los delitos perjudiciales para el consumidor,<br />
establecidos en el artículo 60 de esta ley.<br />
La Comisión nacional del consumidor no tiene competencia para conocer<br />
de la anulación de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión,<br />
conforme al artículo 39 de esta ley, ni del resarcimiento de daños y<br />
perjuicios. Estos casos deben ser conocidos solo por los órganos<br />
jurisdiccionales competentes.<br />
ARTÍCULO 51.- Legitimación procesal<br />
Las organizaciones de consumidores están legitimadas para iniciar<br />
como parte o intervenir, en calidad de coadyuvantes, en los procedimientos<br />
ante la Comisión nacional del consumidor y ante los tribunales de justicia,<br />
en defensa de los derechos y los intereses legítimos de sus asociados. La<br />
coadyuvancia se rige por lo establecido en la Ley General de la<br />
Administración Pública y en el Código Procesal Civil.<br />
ARTÍCULO 52.- Conciliación<br />
Antes del inicio formal del procedimiento y cuando se trate de<br />
intereses puramente patrimoniales, la Unidad técnica de apoyo de la<br />
Comisión nacional del consumidor debe convocar a una audiencia de<br />
conciliación a las partes en conflicto. En casos extraordinarios y según se<br />
autorice en el Reglamento, las partes pueden realizar sus presentaciones<br />
por cualquier medio que lo permita.<br />
En la audiencia de conciliación, el funcionario de la Unidad técnica<br />
de apoyo de la Comisión nacional del consumidor debe procurar avenir a las<br />
partes proponiéndoles un arreglo y sugiriéndoles la conveniencia de él.<br />
En el acta correspondiente, que deben firmar las partes y el<br />
funcionario, se debe dejar constancia de todo acuerdo al que lleguen. En el<br />
mismo acto, el funcionario debe aprobar el arreglo, salvo cuando sea<br />
contrario a la ley. Este arreglo tendrá la misma eficacia de la resolución<br />
de la Comisión para promover la competencia en los términos del artículo 61<br />
de esta ley, pero sin recurso ulterior.<br />
De no lograrse un acuerdo durante la audiencia de conciliación o si<br />
las partes no se presentan a ella, se debe iniciar el procedimiento<br />
indicado en el artículo 53 de esta ley.<br />
ARTÍCULO 53.- Procedimiento<br />
La acción ante la Comisión nacional del consumidor solo puede<br />
iniciarse en virtud de una denuncia de cualquier consumidor o persona, sin<br />
que sea necesariamente el agraviado por el hecho que denuncia. Las<br />
denuncias no están sujetas a formalidades ni se requiere autenticación de<br />
la firma del denunciante. Pueden plantearse personalmente, ante la Comisión<br />
nacional del consumidor, por memorial, telegrama u otro medio de<br />
comunicación escrita.<br />
La Comisión nacional del consumidor siempre evacuará, con prioridad,<br />
las denuncias relacionadas con los bienes y los servicios consumidos por la<br />
población de menores ingresos, ya sea los incluidos en la canasta de bienes<br />
y servicios establecida por el Poder Ejecutivo o, en su defecto, los<br />
considerados para calcular el índice de precios al consumidor. En este<br />
caso, se atenderán con mayor celeridad las denuncias de bienes incluidos en<br />
los subgrupos alimentación y vivienda de ese índice.<br />
La acción para denunciar caduca en un plazo de dos meses desde el<br />
acaecimiento de la falta o desde que esta se conocía, salvo para los hechos<br />
continuados, en cuyo caso, comienza a correr a partir del último hecho.<br />
La Unidad técnica de apoyo debe realizar la instrucción del asunto.<br />
Una vez concluida, debe trasladar el expediente a la Comisión nacional del<br />
consumidor para que resuelva.<br />
La Comisión nacional del consumidor, dentro de los diez días<br />
posteriores al recibo del expediente, si por medio de la Unidad técnica de<br />
apoyo, no ordena prueba para mejor resolver, debe dictar la resolución<br />
final y notificarla a las partes. Si ordena nuevas pruebas, el término<br />
citado correrá a partir de la evacuación de ellas.<br />
Para establecer la sanción correspondiente, la Comisión nacional del<br />
consumidor debe respetar los principios del procedimiento administrativo,<br />
establecidos en la Ley General de la Administración Pública.<br />
ARTÍCULO 54.- Sanciones<br />
La Comisión Nacional del Consumidor debe conocer y sancionar las<br />
infracciones administrativas cometidas en materia de consumo, estipuladas<br />
en esta ley, sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil<br />
correspondiente.<br />
Según la gravedad del hecho, las infracciones cometidas en perjuicio<br />
de los consumidores deben sancionarse con multa del siguiente modo:<br />
a) De una a diez veces el menor salario mínimo mensual establecido en la<br />
Ley de Presupuesto Ordinario de la República, por las infracciones<br />
indicadas en los incisos d), e), f), j) y n) del artículo 31 y en el<br />
artículo 35 de esta ley.<br />
b) De diez a cuarenta veces el menor salario mínimo mensual fijado en la<br />
Ley de Presupuesto Ordinario de la República, por las infracciones<br />
mencionadas en los incisos b), h), i), k), l) y m) del artículo 31 de la<br />
presente ley.<br />
Debe aplicarse el máximo de la sanción administrativa indicada en el<br />
párrafo anterior cuando, de la infracción contra esta ley, se deriven daños<br />
para la salud, la seguridad o el medio ambiente, que ejerzan un efecto<br />
adverso sobre los consumidores.<br />
(Así modificado por el artículo 1, inc. c) de la ley No. 7854 del 14 de<br />
diciembre de 1998.)<br />
ARTÍCULO 55.- Arbitraje<br />
En cualquier momento y de común acuerdo, las partes pueden someter su<br />
diferendo, de forma definitiva, ante un arbitro o tribunal arbitral, para<br />
lo cual deben cubrir los gastos que se originen.<br />
Las partes pueden escoger al arbitro o al tribunal arbitral de una<br />
lista-registro que, al efecto, debe llevar la Comisión nacional del<br />
consumidor. Los árbitros pueden cobrar honorarios por sus servicios.<br />
Las personas incluidas en la citada lista deben ser de reconocido<br />
prestigio profesional y contar con amplios conocimientos en la materia.<br />
ARTÍCULO 56.- Criterios de valoración<br />
Para valorar las sanciones por imponer, la calificación debe atender<br />
los criterios de riesgo para la salud, la seguridad, el medio ambiente, la<br />
gravedad del incumplimiento de estándares de calidad, la posición del<br />
infractor en el mercado, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de<br />
intencionalidad, la gravedad del daño y la reincidencia del infractor.<br />
ARTÍCULO 57.- Publicidad de la sanción<br />
La Comisión nacional del consumidor puede informar a la opinión<br />
pública u ordenar con cargo al infractor, la publicación en un medio de<br />
comunicación social, de la sanción impuesta, el nombre o la razón social<br />
del infractor y la índole de la infracción, cuando se produzca cualquiera<br />
de las siguientes situaciones: pueda derivarse algún riesgo para la salud o<br />
la seguridad de los consumidores, afectarse el medio ambiente, incumplir<br />
con los estándares de calidad respectivos, reincidir en las mismas<br />
infracciones o lesionar, directa o potencialmente, los intereses de la<br />
generalidad de los consumidores.<br />
ARTÍCULO 58.- Medidas cautelares<br />
Como medida cautelar, la Comisión nacional del consumidor puede<br />
ordenar el congelamiento de bienes o la suspensión de servicios, según<br />
corresponda, ante el indicio claro de la existencia de mercadería dañada,<br />
adulterada, vencida, ofrecida a un precio superior al permitido o acaparada<br />
que, de alguna manera, pueda perjudicar gravemente al consumidor o<br />
engañarlo.<br />
Transcurrido el término que se requiere para realizar el estudio<br />
técnico en el cual se determine la necesidad de mantener el congelamiento o<br />
la suspensión de servicios, debe darse audiencia, por un plazo de tres<br />
días, a los particulares afectados con la medida, para que aporten pruebas<br />
y aleguen lo que a bien tengan.<br />
Cumplido ese trámite, la Comisión nacional del consumidor, mediante<br />
resolución fundada, debe resolver si procede o no el decomiso de los<br />
bienes. En el caso de la suspensión de servicios, en el mismo plazo puede<br />
ordenar que esta se mantenga hasta que el asunto no se resuelva finalmente<br />
en su sede.<br />
Cuando medie resolución que ordene el decomiso, las mercaderías<br />
decomisadas deben donarse a una institución de beneficencia o destruirse si<br />
son peligrosas.<br />
ARTÍCULO 59.- Pago de gastos<br />
Los gastos que origine el congelamiento, el decomiso, el análisis,<br />
las pruebas, el transporte y la destrucción de los bienes mencionados en<br />
los artículos anteriores, corren por cuenta del infractor. Si no los cubre<br />
voluntariamente, la Comisión nacional del consumidor debe certificar el<br />
adeudo. Esa certificación constituye título ejecutivo para el cobro<br />
coactivo correspondiente.<br />
ARTÍCULO 60.- Delitos en perjuicio del consumidor<br />
Las penas de los delitos de "usura", "agiotaje" y "propaganda<br />
desleal", indicados en los artículos 236, 238 y 242 del Código Penal, deben<br />
duplicarse cuando se cometan en perjuicio de los consumidores, en los<br />
términos estipulados en el artículo 2 de esta ley. Las mismas penas se<br />
aplicarán cuando el daño causado exceda el monto equivalente a cincuenta<br />
veces el menor de los salarios mínimos mensuales, o cuando el número de<br />
productos o servicios transados, en contravención de los citados artículos,<br />
exceda de cien.<br />
Se reprimirá con la pena prevista en el artículo 216 del Código Penal,<br />
tipificado como "estafa", a quien debiendo entregar un bien o prestar un<br />
servicio, ofrecido públicamente en los términos de los artículos 31, 34 y<br />
38 de esta ley, no lo realice en las condiciones pactadas, sino que se<br />
valga de un engaño o cualquier otra acción manipuladora.<br />
En esos casos, la Comisión nacional del consumidor debe remitir el<br />
expediente a los órganos jurisdiccionales penales, de conformidad con el<br />
inciso f) del artículo 50 de la presente ley.<br />
CAPÍTULO VII<br />
DISPOSICIONES FINALES<br />
ARTÍCULO 61.- Resoluciones de la Comisión para promover la competencia y de<br />
la Comisión nacional del consumidor<br />
Las resoluciones finales, emanadas de la Comisión para promover la<br />
competencia y de la Comisión nacional del consumidor, deben reunir los<br />
requisitos establecidos en los artículos 128 y siguientes de la Ley General<br />
de la Administración Pública. Asimismo, la notificación debe realizarse en<br />
debida forma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 245 de esa misma<br />
ley.<br />
Contra esas resoluciones cabe el recurso de reconsideración o de<br />
reposición, conforme al artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción<br />
Contencioso Administrativa.<br />
Agotada la vía administrativa, las resoluciones finales podrán<br />
impugnarse directamente por ilegalidad, ante la Jurisdicción Contencioso<br />
Administrativa, según el procedimiento que se detalla en el artículo 62 de<br />
esta ley.<br />
Las resoluciones dictadas por ambas Comisiones se ejecutarán desde que<br />
se notifiquen, excepto que contra ellas proceda la suspensión de sus<br />
efectos, en los términos y las condiciones establecidos en el artículo 148<br />
de la Ley General de la Administración Pública.<br />
ARTÍCULO 62.- Procedimiento contencioso administrativo abreviado<br />
Se agrega el artículo 83 bis a la Ley Reguladora de la Jurisdicción<br />
Contencioso Administrativa, No.3667 del 12 de marzo de 1966, cuyo texto<br />
dirá:<br />
"Artículo 83 bis.- Cuando la impugnación tenga por objeto cualquier acto<br />
emanado de la Comisión para promover la competencia o de la Comisión<br />
nacional del consumidor, en las materias atribuidas a ellas en la Ley de<br />
promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, el<br />
procedimiento se ajustará a lo siguiente:<br />
a) El Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Segunda,<br />
conocerá de esa impugnación.<br />
b) El plazo para interponer la acción será de un mes, contado a partir de<br />
la notificación del acto final.<br />
c) El escrito de interposición deberá acompañarse con una copia certificada<br />
de la resolución final que se impugna.<br />
d) El expediente administrativo deberá remitirse en el plazo único de cinco<br />
días, so pena de apercibimiento de apremio corporal.<br />
e) Los plazos de formalización de la demanda y la contestación serán de<br />
diez días.<br />
f) Las defensas previas deberán invocarse en el escrito de contestación de<br />
la demanda.<br />
g) El plazo para evacuar la prueba que habrá de ofrecerse en los escritos<br />
de demanda y contestación, será de diez días.<br />
h) Contra las resoluciones del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección<br />
Segunda, cabrá recurso de segunda instancia ante la Sección Tercera del<br />
Tribunal Superior Contencioso Administrativo."<br />
ARTÍCULO 63.- Ejecución de sentencia<br />
En la materia de ejecución de sentencias, se observarán las<br />
siguientes reglas, según corresponda:<br />
a) Si en la sentencia judicial se condena al Estado al pago de daños y<br />
perjuicios, la ejecución respectiva deberá realizarse conforme a los<br />
artículos 76 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción<br />
Contencioso Administrativa.<br />
b) Si de la sentencia judicial se deriva la obligación del pago por<br />
concepto de daños y perjuicios, cuya satisfacción deba ser realizada por<br />
particulares, se ejecutará de conformidad con el Código Procesal Civil y,<br />
en particular, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 692 y<br />
siguientes de este cuerpo normativo.<br />
ARTÍCULO 64.- Documentos e información<br />
Los comerciantes, a requerimiento de la Comisión para promover la<br />
competencia, de la Comisión nacional del consumidor y del Ministerio de<br />
Economía, Industria y Comercio, están obligados a:<br />
a) Entregar, con carácter de declaración jurada, los informes y los<br />
documentos que se consideren necesarios para garantizar el ejercicio de sus<br />
funciones. La información suministrada es confidencial y el funcionario que<br />
viole el secreto de los datos confidenciales incurre en falta grave en el<br />
ejercicio de sus funciones.<br />
b) Permitir, en forma gratuita, la toma de muestras de los productos para<br />
verificar la calidad o la exactitud de la información suministrada al<br />
consumidor.<br />
La negativa de entrega, la falsedad o la inclusión de datos inexactos<br />
o incompletos, en los documentos requeridos, debe ser sancionada como falta<br />
grave por las respectivas comisiones, según proceda. Cuando las faltas se<br />
cometan en virtud de la solicitud formulada por el Ministerio de Economía,<br />
Industria y Comercio, este remitirá esos documentos a la comisión<br />
competente para la sanción.<br />
Las facturas de las ventas a mayoristas deben consignar el nombre del<br />
vendedor y del comprador, sus respectivos números de cédula, de persona<br />
física o jurídica, así como la identificación de los productos o los<br />
servicios transados.<br />
Los órganos y los entes de la Administración Pública deben suministrar<br />
la información que les solicite la Comisión para promover la competencia y<br />
la Comisión nacional del consumidor, para el ejercicio de sus funciones.<br />
ARTÍCULO 65.- Desobediencia<br />
Constituyen el delito de desobediencia previsto en el Código Penal<br />
las resoluciones o las órdenes dictadas por la Comisión para promover la<br />
competencia y por la Comisión Nacional del Consumidor, en el ámbito de sus<br />
competencias, que no sean observadas ni cumplidas en los plazos<br />
correspondientes establecidos por esos órganos. En tales circunstancias,<br />
los órganos citados deben proceder a testimoniar piezas, con el propósito<br />
de sustentar la denuncia ante el Ministerio Público, para los fines<br />
correspondientes.<br />
(Así modificado por el artículo 1, inc. d) de la ley No. 7854 del 14 de<br />
diciembre de 1998.)<br />
ARTÍCULO 66.- Transferencias de recursos<br />
Se autoriza a los entes y los órganos de la Administración Pública,<br />
cuyas competencias se relacionen con la defensa del consumidor, para<br />
transferir fondos de sus presupuestos al Ministerio de Economía, Industria<br />
y Comercio, el cual, en coordinación con los Ministerios de Justicia y<br />
Gracia y Educación Pública, debe realizar campañas para informar y educar a<br />
los consumidores y promover su organización en todo el territorio nacional.<br />
ARTÍCULO 67.- Interpretación<br />
Para establecer la verdad real, la Comisión para promover la<br />
competencia, la Comisión nacional del consumidor o el tribunal<br />
jurisdiccional correspondiente, podrá prescindir de las formas jurídicas<br />
adoptadas por los agentes económicos que no correspondan a la realidad de<br />
los hechos investigados.<br />
ARTÍCULO 68.- Supletoriedad de la Ley General de la Administración Pública<br />
Para lo imprevisto en esta ley, regirá, supletoriamente, la Ley<br />
General de la Administración Pública.<br />
ARTÍCULO 69.- Alcance<br />
Esta ley es de orden público; sus disposiciones son irrenunciables<br />
por las partes y de aplicación sobre cualesquiera costumbres, prácticas,<br />
usos o estipulaciones contractuales en contrario, especiales o generales.<br />
Asimismo, son nulos los actos realizados como fraude en contra de esta<br />
ley, de conformidad con el artículo 20 del Código Civil.<br />
La presente ley no será aplicable a las municipalidades, tanto en su<br />
régimen interno, como en sus relaciones con terceros.<br />
ARTÍCULO 70.- Derogaciones<br />
Quedan sin efecto las funciones y potestades de regulación del<br />
comercio y, en particular, para otorgar licencias de importación o<br />
exportación, fijar cuotas y otorgar autorizaciones a una actividad<br />
económica, en los siguientes casos:<br />
a) Ley de Fomento de la Producción de Cabuya, No.7153 del 29 de junio de<br />
1993.<br />
b) Ley de Fomento Avícola, No.4981 del 26 de mayo de 1972 y sus reformas.<br />
c) Ley de Fomento a la Actividad Porcina, No.6433 del 22 de mayo de 1978 y<br />
sus reformas.<br />
d) Ley de Fomento Salinero, No.6080 del 30 de agosto de 1977. Además, se<br />
derogan las siguientes normas:<br />
a) El inciso a) del artículo 9, los incisos b), j) y k) del artículo 10<br />
y los artículos 32, 33 y 34 de la Ley de Creación de la Oficina del<br />
Arroz, No.7014 del 14 de noviembre de 1985.<br />
b) Los incisos c) y d) del artículo 443 del Código Fiscal, Ley No.8 del<br />
31 de octubre de 1885 y sus reformas, en lo que a licencias de<br />
exportación de alcoholes se refiere.<br />
c) Los incisos a), b) y q) del artículo 4 de la Ley Reguladora de las<br />
relaciones entre productores e industriales de tabaco, No.2072 del 15<br />
de noviembre de 1956 y sus reformas.<br />
d) El párrafo segundo del artículo 7, párrafos 1 y 3 del artículo 8,<br />
artículos 9, 11, 12, 13, 14, 15 y 17 -en cuanto a lo que a permisos de<br />
exportación se refiere- y el 18 de la Ley de Ganado, No.6247 del 2 de<br />
mayo de 1978.<br />
e) El inciso f) del artículo 20 de la Ley de Semillas, No.6289 del 4 de<br />
diciembre de 1978.<br />
f) El artículo 32 de la Ley de Salud Animal, No.6243 del 2 de mayo de<br />
1978.<br />
g) Los apartes 8.A y 14.B del anexo 4 y el artículo 10 de la Ley<br />
No.7134 del 5 de octubre de 1989, en lo que a licencias de importación<br />
de arroz, frijoles y maíz blanco se refiere.<br />
h) El inciso d) y el párrafo segundo in fine del artículo 361 del<br />
Código de Comercio, en lo que se refiere a la inscripción de las<br />
licencias de representantes de casas extranjeras en el Registro<br />
Mercantil y los artículos 362 y 364 del Código de Comercio.<br />
i) Los artículos 2, 6, 7, 8, 9 y 10, en lo que se refiere al título-<br />
licencia de la agencia de viajes y los artículos 11, 12, incisos e) y<br />
h), 17, 18, 21 in fine, 22, 23 y 24 de la Ley reguladora de las<br />
agencias de viajes, del 23 de agosto de 1973.<br />
j) La Ley de Protección al Consumidor, No.5665 del 29 de febrero de<br />
1975.<br />
ARTÍCULO 71.- Reglamentación<br />
El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley dentro del término de seis<br />
meses, contado a partir de su vigencia.<br />
ARTÍCULO 72.- Vigencia<br />
Rige a partir de su publicación.<br />
TRANSITORIOS<br />
TRANSITORIO I.- Todos los entes y los órganos de la Administración Pública<br />
tienen el plazo de un año, a partir de la vigencia de esta ley, para<br />
realizar los análisis costo-beneficio de los trámites y los requisitos<br />
mencionados en el artículo 4, con el fin de eliminar los innecesarios y<br />
agilizar los que deban mantenerse.<br />
Dentro del plazo previsto en el párrafo anterior, los jerarcas de los<br />
entes y los órganos de la Administración Pública deben comunicar, a la<br />
Comisión para promover la competencia, el resultado del estudio y los<br />
cambios realizados, so pena de incurrir en falta grave en el desempeño de<br />
sus funciones y de ser declarados responsables, de conformidad con los<br />
artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública.<br />
Sin embargo, la obligación se mantiene si dentro de ese plazo no se cumple<br />
con lo estipulado allí.<br />
TRANSITORIO II.- Únicamente para el primer período, dos de los cinco<br />
miembros de la Comisión para promover la competencia cesarán en sus<br />
funciones después de dos años de haberlas iniciado, en virtud del sorteo<br />
que se realice. A partir de esta misma fecha se procederá a nombrar los dos<br />
nuevos propietarios, por el período mencionado en el artículo 19 de esta<br />
ley. Los tres restantes continuarán en sus cargos durante el período para<br />
el cual fueron designados. El mismo procedimiento se seguirá para dos de<br />
los tres miembros de la Comisión nacional del consumidor, quienes, en la<br />
misma fecha, cesarán en sus cargos y deberán nombrarse sus sustitutos. El<br />
tercer miembro continuará en funciones durante el período para el cual fue<br />
nombrado, de conformidad con el artículo 45 de esta ley.<br />
TRANSITORIO III.- Se autoriza al Poder Ejecutivo para trasladar personal<br />
del Ministerio de Economía, Industria y Comercio y de otras instituciones y<br />
ministerios, en este último caso siempre que medie anuencia de los<br />
servidores, a fin de integrar las unidades técnicas de<br />
apoyo y las áreas administrativas de la Comisión para promover la<br />
competencia y la Comisión nacional del consumidor, creadas en esta ley,<br />
quienes conservarán todos sus derechos laborales y las situaciones<br />
jurídicas consolidadas.<br />
TRANSITORIO IV.- El Ministerio de Educación Pública, dentro del plazo de un<br />
año desde la promulgación de esta ley, debe adecuar los planes de estudio<br />
en el primero, segundo y tercer ciclos, incluyendo como contenido el tema:<br />
"Los derechos del consumidor", estipulados en el Capítulo V de esta misma<br />
ley.<br />
TRANSITORIO V.- La Comisión nacional para promover la competencia y la<br />
Comisión nacional del consumidor creadas por su orden, en los artículos 18<br />
y 44 de esta ley, iniciarán funciones a más tardar el 1 de agosto de 1995.<br />
En consecuencia, a partir de la vigencia de esta ley y hasta tanto no<br />
entren en funcionamiento ambas Comisiones, el Ministerio de Economía,<br />
Industria y Comercio ejercerá las potestades atribuidas a ellas según los<br />
artículos 24 y 50 y aplicará las sanciones prescritas en los artículos 25 y<br />
54, todos de la presente ley. En cada caso, las resoluciones que dicte el<br />
Ministro, en el ejercicio de esas potestades, deberán fundamentarse en los<br />
informes técnicos que deberá elaborar la Dirección General de Comercio de<br />
ese Ministerio.<br />
Para todos los efectos legales, hasta la fecha de inicio de funciones<br />
de las Comisiones, esa Dirección asumirá las tareas que esta ley atribuye a<br />
la Unidad técnica de apoyo, citada en los artículos 23 y 49 de esta ley,<br />
sin perjuicio de los asesores y los consultores que se contraten para<br />
cumplir con las funciones establecidas en esta ley, en materia de promoción<br />
de la competencia y de defensa efectiva del consumidor.<br />
(Así adicionado por Ley No.7506 de 9 de mayo de 1995).<br />
Asamblea Legislativa.- San José, a los diecinueve días del mes de diciembre<br />
de mil novecientos noventa y cuatro.<br />
Alberto F. Cañas<br />
Presidente<br />
Juan Luis Jiménez Succar<br />
Mario Alvarez G.<br />
Primer Secretario<br />
Segundo Secretario<br />
Casa Presidencial.- San José a los veinte días del mes de diciembre de mil<br />
novecientos noventa y cuatro.<br />
José M.Figueres Olsen<br />
Presidente<br />
Marco Vargas D.<br />
Ministro Economía Industria y Comercio<br />
Revisada al día 18-2-2000. CT.*EH.*<br />
Sanción 20-12-94<br />
Publicación y Rige 19-1-95
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