Ley 7399

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7399 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA DECRETA: LEY DE HIDROCARBUROS CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES ARTICULO 1.- El Estado tiene el dominio absoluto, inalienable e imprescriptible, de las fuentes y depósitos de petróleo y de cualesquiera otras sustancias hidrocarburadas existentes en el territorio nacional, sobre este el Estado ejerce soberanía completa y exclusiva o jurisdicción especial, a tenor del artículo 6 de la Constitución Política. ARTICULO 2.- El propósito de la presente Ley es desarrollar, promover, regular y controlar la exploración y la explotación de los depósitos de petróleo y de cualesquiera otras sustancias hidrocarburadas, sin importar el estado físico en que se encuentren; además, se propone preservar y proteger el ambiente, a fin de asegurar su uso racional y garantizar los intereses del Estado. Se exceptúan de las disposiciones de esta Ley, la exploración y la explotación del carbón mineral. Si durante la exploración y la explotación de los hidrocarburos se encuentran otras sustancias asociadas con estos, el Gobierno de la República podrá explotarlas. En caso contrario, el contratista podrá explotarlas, al amparo de las regulaciones que se establecerán al efecto. CAPITULO II DE LA ORGANIZACION Y COMPETENCIA ARTICULO 3.- Créase la Dirección General de Hidrocarburos, como el órgano técnico especializado del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas; a cuyo cargo estarán los trámites y los procedimientos tendientes a formalizar y a ejecutar correctamente los contratos que, el Poder Ejecutivo suscribirá para la exploración y explotación de los hidrocarburos. Sin perjuicio de otras tareas que le sean delegadas, le corresponderán las siguientes funciones específicas: a) Elaborar los carteles de las licitaciones públicas y someterlos a la aprobación del Consejo Técnico. b) Analizar las ofertas para la exploración y la explotación de los hidrocarburos y remitir las recomendaciones técnicas respectivas al Poder Ejecutivo, por medio del Consejo Técnico. c) Fiscalizar las actividades desarrolladas por los contratistas. ch) Analizar la concurrencia de causales de nulidad o de caducidad de los contratos y elevar su recomendación al Poder Ejecutivo, por medio del Consejo Técnico. d) Recomendar al Poder Ejecutivo la procedencia o la improcedencia de la cesión, parcial o total, de los contratos. e) Analizar y recomendar, al Poder Ejecutivo, el otorgamiento de las prórrogas solicitadas por los contratistas. f) Determinar la tasa máxima de eficiencia productiva (MEP). g) Llevar los registros citados en los artículos 20 y 21 de la presente Ley. h) Aprobar la información presentada por los contratistas. i) Dar por satisfechos los requisitos a los cuales se refiere el artículo 22 de esta Ley. ARTICULO 4.- El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, promoverá y fomentará la exploración y la explotación de los hidrocarburos; y podrá efectuar esas actividades, directamente o por medio de contratos de asociación, de operación, de servicio, de concesión o de cualquier otra naturaleza, celebrados por el Poder Ejecutivo con personas jurídicas, nacionales o extranjeras, de reconocida capacidad técnica, financiera y con experiencia e idoneidad en la industria de los hidrocarburos. ARTICULO 5.- El Poder Ejecutivo, en ejercicio de las competencias asignadas en esta Ley, tendrá las siguientes atribuciones y deberes: a) Adoptar los métodos y sistemas de trabajo que aseguren el mayor rendimiento y economía en las actividades reguladas en esta Ley. b) Planificar y llevar adelante la modernización de equipos, así como adquirir nuevos y reemplazar los equipos existentes. c) Adquirir y construir los inmuebles necesarios para el ejercicio de sus actividades. ch) Ejecutar las actividades relacionadas con la industria de los hidrocarburos, conforme se establece en la presente Ley, y celebrar toda clase de actos y contratos en conexión con tales actividades. d) Administrar, explorar, explotar y manejar los campos petroleros y gasíferos, oleoductos, refinerías y, en general, los bienes muebles e inmuebles que le correspondan, de acuerdo con la presente Ley. e) Destinar a la satisfacción de las necesidades del consumo interno todo el petróleo y el gas natural a los que tenga derecho, con ocasión de los contratos que suscriba; asimismo, podrá vender los excedentes en el mercado nacional o internacional. f) Contratar, con entidades nacionales o extranjeras, empréstitos que deberá aprobar la Asamblea Legislativa. Los créditos se aplicarán exclusivamente a las obras, los trabajos y los demás objetivos propuestos en los planes elaborados con anterioridad. g) Vigilar el buen estado de los campos petrolíferos o gasíferos, sus instalaciones y dependencias y tomar las medidas pertinentes para su adecuado mantenimiento. Cuando legalmente proceda, algunas de estas atribuciones podrán delegarse en la Dirección General de Hidrocarburos. ARTICULO 6.- La Dirección General de Hidrocarburos estará integrada por el Consejo Técnico y por el Director General. ARTICULO 7.- El Consejo Técnico estará integrado por cinco miembros, uno de los cuales será el Ministro de Recursos Naturales, Energía y Minas, quien lo presidirá. Los otros miembros, así como sus suplentes, serán designados por el Consejo de Gobierno, por períodos de dos años y deberán reunir los siguientes requisitos: a) Ser costarricenses. b) Ser mayores de edad. c) Estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. ch) Poseer, como mínimo, el grado académico de licenciado o su equiparación académica; además, un amplio conocimiento y experiencia en la materia regulada en la presente Ley. Esos funcionarios podrán ser reelegidos por períodos iguales y removidos de sus cargos en cualquier momento. Los miembros del Consejo Técnico devengarán las dietas que determine el Consejo de Gobierno. ARTICULO 8.- No podrán ser designados como miembros del Consejo Técnico las personas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: a) Ser deudores morosos del fisco. b) Haber sido declarados en estado de quiebra o de insolvencia, salvo que se encuentren rehabilitados. c) Estar suspendidos o inhabilitados para ejercer su profesión, por mandato de la autoridad competente. ch) Estar ligados entre sí con otro miembro del Consejo Técnico, con el Auditor Interno, o con alguno de los jefes de departamento de la Dirección General de Hidrocarburos, por matrimonio o por parentesco, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive. d) Ser funcionarios de la Dirección General de Hidrocarburos. ARTICULO 9.- El Consejo Técnico tendrá las siguientes atribuciones y deberes: a) Desarrollar la política en materia de hidrocarburos dictada por el Poder Ejecutivo, de acuerdo con la política energética del país. b) Aprobar el plan anual de actividades de la Dirección General de Hidrocarburos. c) Recomendar las áreas del territorio nacional que pueden ser contratadas. ch) Aprobar y recomendar, al Poder Ejecutivo, los carteles de licitación pública para la exploración y la explotación de los hidrocarburos. d) Recomendar o no recomendar al Poder Ejecutivo, suscribir los contratos sometidos a su consideración la Dirección General de Hidrocarburos. ARTICULO 10.- Todos los funcionarios de la Dirección General de Hidrocarburos estarán sometidos al régimen de Servicio Civil; consecuentemente su relación laboral con el Estado se regulará por el estatuto de Servicio Civil. ARTICULO 11.- El Director General deberá reunir los siguientes requisitos: a) Ser costarricense. b) Haber cumplido treinta y cinco años de edad. c) Poseer, como mínimo, el grado académico de licenciatura o su equiparación académica. ch) Contar con experiencia suficiente en materia de hidrocarburos, así como en la dirección y el manejo de organismos o empresas públicas o privadas. ARTICULO 12.- El Director General será el funcionario de mayor jerarquía de la Dirección General de Hidrocarburos. A él le corresponderá velar porque se cumplan las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo o por el Consejo Técnico, según corresponda. ARTICULO 13.- El Director General tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones y deberes: a) Presentar al Consejo Técnico, para su aprobación, el plan anual de actividades de la Dirección General de Hidrocarburos. b) Presentar al Consejo Técnico los carteles de licitación, a efecto de que sean aprobados y sometidos al Poder Ejecutivo para su trámite. c) Preparar los contratos de exploración y de explotación de los hidrocarburos y someterlos a la aprobación del Consejo Técnico, el cual los remitirá al Poder Ejecutivo, junto con su recomendación. ch) Recomendar ante el Ministerio de Hacienda las exoneraciones procedentes, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. ARTICULO 14.- Los funcionarios de la Dirección General de Hidrocarburos quedan sometidos al Régimen de Prohibición, conforme a lo dispuesto en la Ley No. 5867 del 15 de diciembre de 1975. ARTICULO 15.- A esta actividad le serán aplicables las prohibiciones establecidas en el artículo 107 de la Ley de la Administración Financiera de la República. ARTICULO 16.- El patrimonio del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, en lo que a esta actividad se refiere, se incrementará con: a) Los bienes, muebles e inmuebles, que se le traspasen en razón de la materia y la competencia que en esta Ley se regulan, por parte de la Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A. y de cualquier otro organismo de la Administración Pública. Para esos efectos, se autoriza a tales entidades para traspasar los citados bienes a título gratuito. b) Los bienes, muebles e inmuebles que pasen a ser propiedad suya, por la reversión pactada en los contratos suscritos. c) Los bienes, muebles e inmuebles, que pasen a ser de su propiedad, mediante contratos celebrados por el Estado, sobre explotación de hidrocarburos distintos de los mencionados anteriormente. ch) Otros aportes del Estado y de sus instituciones. d) Las donaciones que reciba de organismos nacionales o extranjeros, públicos o privados. ARTICULO 17.- Todos los ingresos o rentas generados por la actividad regulada en esta Ley, ingresarán a la caja única del Estado. Estos recursos se destinarán y presupuestarán, prioritariamente, para pagar los gastos de esta actividad, contraídos por la Dirección General de Hidrocarburos y por el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas. ARTICULO 18.- La Dirección General de Hidrocarburos creará una unidad de auditoría interna, la cual en materia de dependencia, organización, competencia, atribuciones, responsabilidades y otros afines, se regirá por lo que establece para tal efecto la Ley N° 7428, de 7 de setiembre de 1994. Corresponderá a la Contraloría General de la República la fiscalización superior de la Dirección General de Hidrocarburos. (Este artículo 18, fue reformado por el inciso b) del artículo 126, de la Ley N° 8131, de 18 de setiembre de 2001.) CAPITULO III DE LA AUTORIDAD Y JURISDICCION ARTICULO 19.- El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas dictará la política en materia de hidrocarburos, respetando las directrices del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Energía. Asimismo, este Ministerio se encargará de la administración, la vigilancia, el control y la fiscalización de las actividades relacionadas con la materia objeto de esta Ley, sin perjuicio de las competencias que la legislación les confiere a otros organismos de la Administración Pública. ARTICULO 20.- La Dirección General de Hidrocarburos llevará un registro especial, en el que se inscribirán los contratos, reducciones, prórrogas, renuncias, nulidades, caducidades, cancelaciones, expropiaciones, servidumbres y, en general, todos los actos referentes a las actividades de exploración y explotación de los hidrocarburos. El registro será público y cualquier persona podrá examinar y solicitar copias autorizadas y certificaciones. El interesado pagará su costo. En el Reglamento de esta Ley se determinarán la forma, las solemnidades y los requisitos de las inscripciones. ARTICULO 21.- La Dirección General de Hidrocarburos llevará un registro de antecedentes con el nombre, las calidades y los atestados de las personas físicas y jurídicas calificadas para elaborar los estudios de impacto ambiental, a los que se refiere esta Ley. En todo caso, esos estudios deberán ser refrendados al menos por un profesional en ciencias relacionadas con el ambiente, incorporado al colegio profesional respectivo. ARTICULO 22.- Todo titular de un contrato obtenido al amparo de esta Ley, está sujeto a la legislación nacional y a la jurisdicción contencioso- administrativa de los tribunales costarricenses. Las compañías cuyo asiento principal de negocios esté en algún país extranjero, que quieran establecerse en Costa Rica para celebrar contratos al amparo de esta Ley, deberán constituir y domiciliar una sucursal en el país, llenando las formalidades establecidas en el Código de Comercio. La sucursal será considerada como costarricense para los efectos nacionales e internacionales, en relación con estos contratos y con los bienes, los derechos y las acciones que sobre ellos recaigan. A la Dirección General de Hidrocarburos le corresponde declarar cumplidos, por las compañías extranjeras, los requisitos a los cuales se refiere esta disposición, previa solicitud de los interesados. La aceptación de un contrato conlleva la renuncia implícita de optar, mediante la vía diplomática, por el reclamo o por la solución de diferendos. CAPITULO IV DE LA EXPLORACION Y LA EXPLOTACION ARTICULO 23.- El período de exploración del área contratada podrá ser hasta de tres años y podrá prorrogarse hasta por tres períodos más, de un año cada uno. Para obtener cada prórroga anual, el contratista presentará, para la aprobación por parte del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, un plan de las actividades que desarrollará durante la prórroga solicitada; en él deberá incluir, como mínimo, la perforación de un pozo exploratorio por año. Por exploración se entiende el conjunto de trabajos geológicos, geofísicos, petroleros y de perforación, tendientes a determinar si en las áreas materia del contrato, existen o no existen yacimientos de hidrocarburos comercialmente explotables. Las operaciones en el terreno deberán iniciarse dentro de los seis meses, contados a partir de la fecha de la suscripción del contrato. ARTICULO 24.- El período de explotación del área contratada podrá ser hasta de veinte años. Cuando se empiece a explotar el área contratada, antes del vencimiento del período de exploración, el período de explotación se aumentará automáticamente por los años no utilizados del período de exploración; pero en ningún caso se considerará prorrogado el término máximo del contrato, que es de veintiséis años. Terminado el contrato por cualquier causa, el contratista dejará en perfecto estado la producción de los pozos productivos; además, deberán quedar en buen estado las construcciones y otras propiedades, muebles o inmuebles, ubicadas en el terreno contratado; todo pasará gratuitamente a constituir propiedad del Estado. El Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas en cualquier momento podrá tomar las medidas necesarias para impedir que se perjudiquen o se inutilicen, por culpa del contratista, los campos petrolíferos o gasíferos, sus instalaciones y sus dependencias. Durante el período de exploración o el de explotación, el contratista podrá renunciar al contrato, siempre que haya cumplido con todas las obligaciones estipuladas en él hasta el día de la renuncia. EL Poder Ejecutivo quedará en plena libertad para celebrar, con otra persona, un nuevo contrato sobre las mismas áreas. ARTICULO 25.- El área objeto de la contratación estará dividida en bloques, cada uno con una superficie máxima de doscientas mil hectáreas. Estos bloques estarán compuestos por lotes de una superficie máxima de dos mil quinientas hectáreas. El máximo de área que puede obtener un contratista, mediante adjudicación o cesión, será: a) Nueve bloques, si se trata de áreas ubicadas costa afuera. b) Seis bloques, si se trata de área terrestre. c) Ocho bloques, si se trata, simultáneamente, de cuatro bloques costa afuera y cuatro del área terrestre. Si, al finalizar el período de exploración y el de sus prórrogas, no se ha demostrado la existencia de hidrocarburos, el contratista devolverá el área contratada y el contrato se tendrá por terminado. Vencidos el período de exploración y el de sus prórrogas, el área se reducirá al cincuenta por ciento de la original. Dos años después, el área se reducirá a una extensión equivalente al veinticinco por ciento de la inicialmente contratada y dos años más tarde, se reducirá al área de campos comerciales que estén en producción o en desarrollo, más una zona de reserva de cinco kilómetros de ancho alrededor de cada campo, que se delimitará por medio de mojones. Los campos comerciales más la zona que rodee a cada uno se llamarán área de explotación y esa será la única parte del área contratada sujeta a los términos del contrato. La devolución que el contratista realice en el período de explotación se efectuará en lotes enteros, los cuales deberán estar unidos al menos por uno de sus lados, excepto que el contratista demuestre que eso no es posible. El contratista que opte por pasar al período de explotación sin haber concluido el de exploración, no estará obligado a devolver, en ese momento, el cincuenta por ciento del área inicial, pero sí debe continuar con el programa de exploración al que se había comprometido. Concluidos el período de exploración y el de sus prórrogas e iniciada la etapa de explotación, el contratista podrá llevar a cabo actividades adicionales de exploración a riesgo suyo, siempre y cuando esa situación no implique un atraso en el programa de explotación al que se había comprometido. ARTICULO 26.- La exploración y la explotación de los hidrocarburos podrán llevarse a cabo en áreas silvestres protegidas, con excepción de los parques nacionales, las reservas biológicas y otras áreas del territorio nacional que gocen de protección absoluta, de conformidad con convenios internacionales, aprobados y ratificados por Costa Rica. Para explorar y explotar hidrocarburos deberá contarse con la autorización de las respectivas autoridades competentes, cuyo pronunciamiento deberá emitirse en un plazo máximo de sesenta días calendario, contados a partir de la presentación de la solicitud. El Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas coordinará la evaluación, el control y el seguimiento de las medidas de conservación que al respecto se señalen. De igual forma, las actividades por desarrollarse en los sitios donde operen proyectos turísticos en el momento de entrada en vigencia de esta Ley, deberán contar con el pronunciamiento del Instituto Costarricense de Turismo y con el de la municipalidad en cuya jurisdicción se encuentre el respectivo proyecto. Ese pronunciamiento deberá comunicarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se solicite; en caso contrario, se considerará operado el silencio positivo. ARTICULO 27.- La Dirección General de Hidrocarburos determinará la tasa máxima de eficiencia productiva (MEP); para ello tendrá en cuenta las características de los yacimientos, la recuperación de las inversiones y la utilización futura de crudos en el país. Esta será la tasa máxima de producción de petróleo que pueda extraerse de un yacimiento, para obtener la máxima recuperación final de las reservas. Esa producción deberá ser revisada por las partes, semestralmente; pero si es necesario la revisión podrá llevarse a cabo en períodos menores y deberá garantizar que, en el territorio nacional, se maximice la relación "reservas nacionales- producción nacional", a fin de asegurar el abastecimiento nacional de hidrocarburos a largo plazo. CAPITULO V DEL ALMACENAJE Y TRANSPORTE DE LOS HIDROCARBUROS ARTICULO 28.- Todo contratista está obligado a proveer, en sus instalaciones y sin costo alguno para el Estado, el almacenaje, por un plazo máximo de treinta días, de los hidrocarburos que el Estado reciba por concepto de regalía. Vencido este plazo, el Estado pagará las tarifas que acuerden las partes y el contratista continuará con la responsabilidad sobre los hidrocarburos que almacene. ARTICULO 29.- Todo contratista, previa autorización del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, tendrá derecho de construir uno o más oleoductos, exclusivamente destinados al servicio de su explotación o al de sus afiliadas. El contratista debe utilizar el sobrante efectivo de su capacidad transportadora, para acarrear el petróleo de terceros, a solicitud de estos y previo aviso a la Dirección General de Hidrocarburos; sin embargo, para él no será obligatorio realizar las inversiones adicionales que demanden las obras necesarias para poner a terceros en capacidad de utilizar ese medio de transporte. El Estado tendrá, sobre terceros, un derecho preferente para el acarreo de sus petróleos procedentes de las regalías y deberá pagar el acarreo de acuerdo con las tarifas vigentes, que determine el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas. Cuando concluya el contrato por cualquier causa, los oleoductos que construyan los contratistas pasarán al Estado, a título gratuito. El Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas podrá construir oleoductos, en forma directa o mediante contrato con terceros, exclusivamente para los propósitos de esta Ley. CAPITULO VI DE LAS CONTRATACIONES ARTICULO 30.- El objeto de los contratos será la exploración del área contratada y la explotación de los hidrocarburos que puedan encontrarse en ella. ARTICULO 31.- Los contratos para la exploración y la explotación de hidrocarburos los suscribirá el Poder Ejecutivo y como mínimo estipularán, lo siguiente: a) El objeto, la aplicación y el área contratada. b) Los términos y las condiciones mediante los cuales se realizarán los trabajos, durante el período de exploración, deberán incluir, como mínimo, la perforación de un pozo exploratorio por año, a partir del segundo año, así como los presupuestos, la devolución de áreas y el suministro de la información. c) Los términos y las condiciones de los trabajos, durante el período de explotación, deberán incluir lo relacionado con el control técnico de las operaciones, los presupuestos, la producción, la regalía, el aprovechamiento del gas y el suministro de la información y cuando las circunstancias lo ameriten, las partes podrán revisarlos y ajustarlos. ch) La duración máxima, los derechos, las obligaciones, las condiciones, las sanciones y la responsabilidad de las partes. d) El impuesto sobre la renta. e) La garantía de cumplimiento, que deberá rendir el adjudicatario, a efecto de asegurar la correcta ejecución del contrato y la protección del ambiente y de los recursos naturales. El monto de la garantía se definirá en el cartel, de acuerdo con el programa mínimo propuesto y la ponderación del eventual daño ambiental que ese programa pueda generar. Esta garantía deberá rendirla el adjudicatario, dentro de los dos meses siguientes a la firmeza del acto de adjudicación. f) El estudio de impacto ambiental, el cual deberá ser evaluado y aprobado por el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas. ARTICULO 32.- A efecto de suscribir contratos para la ejecución de las actividades estipuladas en esta Ley, el Poder Ejecutivo deberá aplicar el procedimiento de licitación pública y regirse por las siguientes regulaciones, además de las normas complementarias que se establezcan en el Reglamento de esta Ley: a) Del cartel se publicarán, en el Diario Oficial y al menos en dos diarios de circulación nacional, las condiciones generales y un extracto de las especificaciones técnicas necesarias para identificar el objeto que se licita. En ese extracto, deberá indicarse también que el texto o los textos que contienen íntegramente esas especificaciones, desde esa fecha quedan en la oficina que se señale, a la orden de los interesados en las condiciones expresadas. Se autoriza a la Dirección General de Hidrocarburos para comunicar directamente el objeto del cartel a las principales empresas petroleras nacionales y extranjeras. b) Por razones de discriminación, por vicios en el procedimiento o por defectos formales graves, el cartel o determinadas condiciones o especificaciones de él pueden ser impugnados ante la Contraloría General de la República, por quien tenga interés legítimo, dentro de un plazo de cinco días hábiles a partir de la publicación del cartel. La Contraloría General de la República dispondrá de treinta días hábiles para resolver el recurso interpuesto. c) Las ofertas y las gestiones posteriores a la presentación del cartel se entregarán, por escrito y en un sobre cerrado, antes del vencimiento del término para recibirlas, el cual en ningún caso podrá ser menor de dos meses, contados a partir de la publicación en el Diario Oficial. Las ofertas, sus anexos y todas las gestiones deberán presentarse en idioma español, salvo la literatura complementaria que podrá permitirse en otro idioma. ch) Los sobres se abrirán en el lugar, en la fecha y a la hora señalados en el cartel. En ese momento se leerán las características sobresalientes de las ofertas, en presencia de los oferentes o de sus representantes autorizados para ese acto. De la apertura, se levantará un acta. d) A partir de la apertura, el Poder Ejecutivo dispondrá hasta de dos meses para decidir sobre la adjudicación; no obstante, queda a salvo su derecho de rechazar la totalidad de las ofertas. e) Para adjudicar las ofertas, el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas deberá ponderar las circunstancias siguientes, además de cualquier otra que suponga mejorar la oferta: 1.- El monto de la inversión y el plazo de ejecución de los respectivos programas. 2.- La experiencia de los oferentes en la exploración y la explotación. 3.- La disposición y la cuantía de los beneficios por reinvertir en Costa Rica. f) Los actos para adjudicar la licitación pública podrán apelarse ante la Contraloría General de la República, según las siguientes disposiciones: 1.- El recurso deberá interponerse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación del acto adjudicatario en el Diario Oficial. 2.- El recurrente deberá demostrar ante el órgano contralor que tiene un interés legítimo en el asunto. 3.- La interposición del recurso suspenderá únicamente la prosecución del trámite en cuanto a los bloques objeto del recurso. 4.- La Contraloría General de la República deberá resolver el recurso, dentro de un plazo de cuarenta y cinco días hábiles, contados a partir de su interposición, a cuyo efecto deberá observar el procedimiento establecido en el Reglamento de la Contratación Administrativa, para el trámite de las apelaciones en materia de licitación pública. El fallo de la Contraloría agota la vía administrativa. Resuelto el recurso, la Contraloría trasladará el expediente administrativo al Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas para lo que corresponda. 5.- Si se acoge el recurso de apelación, declarando la nulidad del acto adjudicatario, el Ministerio citado contará con un plazo de quince días hábiles, contados a partir de la notificación de lo resuelto por el ente contralor para readjudicar la licitación, si existen ofertas válidas y convenientes para los intereses del Estado. En caso contrario, declarará desierto el concurso. 6.- También se podrá apelar la readjudicación, en los mismos términos y condiciones establecidos para la apelación contra el acto adjudicatorio. g) En firme la adjudicación, se suscribirá el contrato dentro de un plazo no mayor de seis meses. ARTICULO 33.- Prohíbense la licitación privada, la contratación directa y cualquier otro medio distinto del procedimiento de licitación pública. Todo acto contrario a lo dispuesto en este artículo se considerará viciado de nulidad absoluta. CAPITULO VII DE LOS DERECHOS Y DE LAS OBLIGACIONES COMPLEMENTARIOS DE LOS CONTRATISTAS ARTICULO 34.- El contratista no podrá ceder, gravar ni disponer en ninguna forma, parcial ni totalmente, de los derechos que le confiere el contrato, sin la autorización previa del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas. El contratista siempre deberá reunir las condiciones y los requisitos suficientes para asumir los derechos, las obligaciones y las responsabilidades del cedente. Cuando la cesión sea parcial, el cedente y el cesionario serán solidariamente responsables por el cumplimiento de los términos del contrato. ARTICULO 35.- El contratista podrá contratar la ejecución de actividades sobre la prestación de servicios en el ramo de los hidrocarburos, tales como estudios geológicos o geofísicos, perforaciones o servicios en las líneas, construcciones de oleoductos y similares; en cuyo caso los contratos respectivos deberán cumplir con los mismos requisitos estipulados en el artículo 22 de la presente Ley. El contratista deberá mantener informada de esas contrataciones a la Dirección General de Hidrocarburos. ARTICULO 36.- La producción nacional de hidrocarburos está destinada a cubrir prioritariamente las necesidades del país y la reserva nacional, según determinación del Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas. Para ese propósito, todo contratista queda obligado a vender al Estado la producción necesaria para satisfacer el mercado interno, a un precio que, a la fecha de la compra, no podrá ser mayor de los precios existentes en el mercado internacional para los crudos equivalentes. En el Reglamento se determinará el procedimiento para fijar el precio. Los contratistas podrán exportar los excedentes, previo cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. ARTICULO 37.- El contratista se obliga a adelantar, a cargo suyo, programas anuales de capacitación, prioritariamente para profesionales del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas. También podrán optar a este beneficio los miembros de los colegios profesionales afines a la actividad aquí regulada. Los términos y las condiciones de estos programas se establecerán en el Reglamento de la presente Ley. Para esos propósitos, el contratista destinará la suma de cinco centavos de dólar estadounidense o su equivalente en moneda nacional, por cada barril de petróleo o metro cúbico de gas natural obtenido en la explotación. Para optar a la renuncia al contrato, el contratista deberá haber cumplido con los programas anuales de capacitación aquí señalados. ARTICULO 38.- El contratista deberá rendir al Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas un informe semestral sobre los trabajos, las operaciones y las inversiones que realice y sobre las producciones que obtenga; además le suministrará los otros datos que se determinen en el Reglamento. Particularmente, está obligado a proporcionar la información que El Ministerio le solicite respecto de las características del yacimiento, así como los informes geológicos y geofísicos referentes a la exploración y la explotación respectivas, que elabore y suscriba el personal técnico calificado. La información aportada por el contratista, que tenga carácter privado o constituya secreto comercial o económico, se considerará confidencial, y no podrá comunicarse a terceros, durante la vigencia del contrato, sin autorización expresa del contratista. Para los efectos de este artículo, el contratista deberá indicar si la información es confidencial o no, cuando la presente al Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas. Si un tercero solicita acceso a información calificada como confidencial por el contratista, a ese ministerio le corresponderá resolver, en definitiva, sobre el carácter de dicha información, previa audiencia otorgada al contratista. En todos los casos, la información geológica y geofísica presentada por el contratista se considerará confidencial. ARTICULO 39.- Las personas que se dediquen a cualquier rama de la industria de los hidrocarburos suministrarán, al Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, los datos obtenidos de carácter científico, técnico, económico y estadístico. El ministerio y sus funcionarios guardarán reserva sobre los datos que, atendida su naturaleza lo requieran en defensa de los legítimos intereses de los contratistas. Cuando el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas lo juzgue necesario, podrá verificar directamente la exactitud de los datos mencionados en el párrafo anterior, utilizando los medios razonables que estime convenientes. Las personas a quienes se refiere este artículo prestarán, a los funcionarios encargados de la inspección, la vigilancia, la fiscalización y la conservación, todas las facilidades necesarias para el buen desempeño de sus cometidos. CAPITULO VIII DE LAS SERVIDUMBRES Y LA EXPROPIACION ARTICULO 40.- Decláranse de interés público la exploración, la explotación, el transporte de los hidrocarburos y las actividades y las obras que su ejecución requiera. Para tal fin, el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas podrá imponer servidumbres y expropiaciones sobre los terrenos de propiedad particular, siempre y cuando sean indispensables para realizar las actividades y las obras respectivas. El Poder Ejecutivo deberá emitir el decreto ejecutivo correspondiente, por medio del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas. Asimismo, el Poder Ejecutivo deberá indemnizar previamente a los propietarios. El monto correspondiente a tal indemnización correrá por cuenta del contratista. Los inmuebles se inscribirán a nombre del Estado. Las indemnizaciones serán fijadas por entendimiento directo con el propietario, previo avalúo de la Dirección General de la Tributación Directa. En ningún caso la indemnización será mayor al monto del referido avalúo. Si no se llega a ningún acuerdo, el contratista podrá realizar los trabajos en cuestión a riesgo suyo, consignando previamente, a la orden del Juez de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, la suma señalada en el avalúo de la Dirección General de la Tributación Directa, sin perjuicio de que el depósito se ajuste en definitiva a lo que resuelvan los tribunales. En todo caso, el propietario podrá retirar el depósito, sin que por ello se entienda que lo considera justo y equitativo. Para los efectos de este artículo, en la estimación del valor del bien inmueble o de los daños y perjuicios que se causen, no se tomará en cuenta la existencia de sustancias hidrocarburadas en el subsuelo, ni se podrán reconocer plusvalías derivadas del proyecto que origina la expropiación. En caso de expropiación, para todo lo que no se encuentre especialmente regulado en este artículo, se aplicarán las disposiciones determinadas en la Ley No. 36 del 26 de junio de 1896. CAPITULO IX DE LA PROTECCION AMBIENTAL ARTICULO 41.- Las actividades de exploración y de explotación deben cumplir con todas las normas y los requisitos legales y reglamentarios sobre la protección ambiental y la recuperación de los recursos naturales renovables. (Los párrafos segundo y siguientes de este artículo fueron anulados por inconstitucionales según sentencia No.2002-01221 de las 14:49 horas del 6 de febrero de 2002 de la Sala Constitucional. La sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe.) CAPITULO X DEL VENCIMIENTO, LAS MULTAS, LA NULIDAD Y LA CADUCIDAD ARTICULO 42.- El contrato se extinguirá por el vencimiento del plazo y de sus prórrogas y por renuncia. También, por nulidad o caducidad, en cuyo caso mediará la resolución motivada del Poder Ejecutivo, la cual dará por agotada la vía administrativa, previo cumplimiento del debido proceso. Asimismo, se tendrá por extinguido en caso de incumplimiento de las disposiciones a las que se refiere el artículo 25 de la presente Ley. La conclusión del procedimiento tendiente a declarar la nulidad o la caducidad no podrá tardar más de sesenta días hábiles. ARTICULO 43.- El apoderado o el representante legal de la compañía debe plantear la renuncia, por escrito y debidamente autenticada. ARTICULO 44.- El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, administrativamente, podrá imponer multas, cuando el incumplimiento de las obligaciones del contratista no deba producir la caducidad o la nulidad de los contratos; tales multas se fijarán en una cuantía no menor de tres mil dólares estadounidenses ($3.000) ni mayor de veinticinco mil dólares estadounidenses ($25.000) o su equivalencia en colones al tipo de cambio libre interbancario. El pago de la multa no exonera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones. Los casos en que proceda la multa se definirán en el Reglamento de esta Ley. ARTICULO 45.- Serán nulos: a) Los contratos que se otorguen con una superficie superpuesta a la de otros contratos suscritos con anterioridad. b) Las cesiones de derechos que no cumplan con las disposiciones que al efecto señala esta Ley. c) Los demás actos y contratos que adolezcan de vicios de forma o de fondo que puedan causar nulidad absoluta, conforme a la legislación vigente. ARTICULO 46.- Serán causales de caducidad: a) El incumplimiento de las obligaciones y de las condiciones estipuladas en el contrato. b) La interrupción, sin razón técnica justificada, de los programas de exploración o de explotación, por más de ciento veinte días en un año, sin la anuencia de la Dirección General de Hidrocarburos. c) El aumento o la disminución de la producción acordada, sin la debida autorización, la cual deberá fundamentarse en razones de orden técnico. ch) El infringir graves daños a los yacimientos. d) El mantenimiento inadecuado de las instalaciones de producción, transporte o almacenamiento. e) El incumplimiento en la entrega de la información solicitada. f) El suministro de información falsa. g) El manejo técnicamente inadecuado de los hidrocarburos, que signifique grave daño al ambiente y a los recursos naturales. h) La negativa de los contratistas a poner en práctica el plan cooperativo de explotación, cuando la estructura de un yacimiento de hidrocarburos corresponda a distintos contratistas y entre ellos ocurran conflictos por tal motivo. i) En caso de quiebra del contratista, declarada judicialmente. El Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, después de estudiar el caso, concederá un período prudencial, no mayor de treinta días hábiles, para que el contratista cumpla con sus obligaciones o formule su defensa, conforme a las reglas que rigen el debido proceso. Cumplido este trámite, podrá declarar la caducidad, si así corresponde. La comunicación se efectuará mediante notificación en el domicilio que los interesados deben señalar dentro del perímetro judicial de San José. Si no se hubiera señalado el domicilio, la resolución se tendrá por notificada a todos los interesados, transcurridas cuarenta y ocho horas desde la fecha de su expedición. Estas notificaciones se efectuarán personalmente en las oficinas del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas o por medio de un funcionario notificador, sujeto a los deberes y a las obligaciones de los notificadores judiciales. CAPITULO XI DE LA TRIBUTACION Y OTROS ASUNTOS FISCALES ARTICULO 47.- Todo contratista está sujeto al pago del impuesto sobre la renta. Para tal efecto, el valor de la regalía a la que se refiere el artículo siguiente, se considerará como un gasto deducible. Todo contratista está exento de cualquier otro tributo, directo o indirecto, que grave sus ingresos o el capital invertido en las actividades objeto de esta Ley. ARTICULO 48.- Durante el período de explotación, el contratista entregará al Estado, por medio del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, una regalía en dinero o en especie, a voluntad del Estado, en las instalaciones del campo de producción donde se efectúe la fiscalización. Se calculará en forma escalonada sobre el volumen bruto de la producción, de la siguiente manera: PRODUCCION DIARIA REGALIA (BARRILES/DIA) (%) De 0 hasta 20 no menos del 1% De 21 hasta 100 no menos del 4% De 101 hasta 300 no menos del 6% De 301 hasta 500 no menos del 8% De 501 hasta 1000 no menos del 10% De 1001 en adelante no menos del 15% Después de que el contratista haga efectiva la regalía en dinero, o después de comercializados los hidrocarburos en especie, a un precio que no podrá ser menor al de los mercados internacionales para crudos equivalentes, la regalía se distribuirá así: hasta un seis por ciento para todas las municipalidades en cuya circunscripción territorial se encuentren campos comerciales en producción. Será proporcional a la extensión del territorio y a la población. Estos parámetros se valorarán de la siguiente forma: cincuenta por ciento (50%) para el territorio y cincuenta por ciento (50%) para la población de cada uno de los cantones. Para tal efecto, se atenderá a la clasificación de regiones, realizada por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Los recursos que por este concepto recauden las municipalidades, deberán incorporarse en el presupuesto por ser aprobado por la Contraloría General de la República. El excedente sobre el seis por ciento (6%) de regalía se destinará al Gobierno Central. Quedan exentos del pago de esta regalía: a) El gas estrictamente necesario para la extracción de petróleo crudo, siempre y cuando el contratista presente un informe completo, demostrativo y aceptado explícitamente por la Dirección General de Hidrocarburos. b) El gas que se confine al yacimiento, de acuerdo con la técnica, previa autorización de la Dirección de Hidrocarburos. c) Los gases que se destinen al consumo interno dentro del área en explotación. El procedimiento de la liquidación de las regalías, a que se refiere este artículo, se definirá en el Reglamento que emitirá el Poder Ejecutivo, por medio de los Ministerios de Hacienda y de Recursos Naturales, Energía y Minas. ARTICULO 49.- Los contratistas gozarán de exoneración total de tributos, generales y locales, incluidas las sobretasas para la importación de equipos, la maquinaria, los vehículos para el trabajo de campo, los instrumentos, los repuestos, los materiales y otros bienes y servicios, estrictamente necesarios para ejecutar correctamente el contrato. Esa exoneración regirá para el período de exploración y para los primeros diez años del período de explotación de los hidrocarburos; siempre y cuando los bienes por importar no se adquieran en el país, en condiciones similares de calidad, cantidad y precio, en cuyo caso serán adquiridos localmente y gozarán de igual exención. Cumplido el objetivo del contrato, los bienes importados con exoneración serán reexportados, salvo los que por su naturaleza sean fungibles o consumibles. Los bienes y servicios a que se refiere este artículo serán definidos en el Reglamento que emitirá el Poder Ejecutivo, por medio de los Ministerios de Hacienda y de Recursos Naturales, Energía y Minas. ARTICULO 50.- El impuesto de transporte, sobre todos los oleoductos, será del seis por ciento del valor resultante al multiplicar el número de barriles transportados por la tarifa vigente para cada oleoducto. CAPITULO XII DISPOSICIONES FINALES ARTICULO 51.- Todo contrato otorgado al amparo de esta Ley deberá llevar un timbre de un colón por hectárea contratada, en favor del Colegio de Geólogos de Costa Rica. Ese monto será cancelado mediante el pago de un entero de gobierno y será ajustado, automática y anualmente, conforme al índice inflacionario promedio del año anterior, determinado por el Banco Central de Costa Rica. Los recursos recaudados por medio de este timbre no podrán utilizarse para actividades ni instalaciones recreativas. ARTICULO 52.- La información que posea RECOPE sobre el potencial de los hidrocarburos del país, será trasladada al Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas y se empleará para atraer inversión externa, según los respectivos mecanismos internacionales y las siguientes reglas: 1.- Todas las empresas, nacionales o extranjeras, tendrán acceso a esa información, en el momento en que la soliciten. 2.- Cuando a solicitud de algún interesado, el Ministerio reproduzca esa información, podrá cobrar una tarifa por el derecho a usarla. 3.- La tarifa para reproducir información la estimará el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas; su valor se ponderará en el nivel internacional, con los objetivos de promoción del país. 4.- La revisión de información de carácter promocional en las oficinas del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas o en otras oficinas autorizadas, dentro y fuera del país, no tendrá ningún costo. ARTICULO 53.- La Ley General de la Administración Pública y la Ley de Administración Financiera de la República serán supletorias de la presente Ley, en todo lo que en ella no se encuentre especialmente regulado. ARTICULO 54.- El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, reglamentará esta Ley en un plazo no mayor de ciento veinte días, contados a partir de su publicación. ARTICULO 55.- Esta Ley es de orden público y deroga toda disposición legal que se le oponga. CAPITULO XIII DE LAS REFORMAS DE OTRAS LEYES Y DE SU VIGENCIA ARTICULO 56.- Adiciónanse dos párrafos al final del artículo 6 de la Ley No. 6588, del 30 de julio de 1981, cuyos textos dirán: "La Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. podrá asignarle al Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, los recursos financieros, humanos, técnicos y logísticos, que se requieran para el cumplimiento de las obligaciones encomendadas a este en la Ley de Hidrocarburos. Asimismo, la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. podrá participar, individualmente o en titularidad compartida, en las licitaciones que promueva la Dirección General de Hidrocarburos, para la exploración y la explotación de los hidrocarburos, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Hidrocarburos." ARTICULO 57.- Refórmase el artículo 94 de la Ley Orgánica del Banco Central, No. 1552, del 23 de abril de 1953, de manera que el inciso g) pase a ser el h). El texto del inciso g) será el siguiente: "g) El cincuenta por ciento (50%) del monto correspondiente a las exportaciones de hidrocarburos que los contratistas realicen, de conformidad con lo que al efecto establece la Ley de Hidrocarburos, siempre y cuando se haya cubierto la demanda local y satisfecho la reserva nacional." ARTICULO 58.- Rige a partir de su publicación. Comunícase al Poder Ejecutivo ASAMBLEA LEGISLATIVA.- San José, a los veintisiete días del mes de abril de mil novecientos noventa y cuatro. Danilo Chaverri Soto PRESIDENTE Manuel Antonio Bolaños Salas Emmanuel Ajoy Chan PRIMER SECRETARIO SEGUNDO SECRETARIO Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los tres días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cuatro. Ejecútese y Publíquese Rafael Angel Calderón F. Los Ministro de la Presidencia, Lic. Rolando Laclé Castro y de Recursos Naturales, Energía y Minas, Dr. Orlando Morales Matamoros. __________________________________ Actualizada al: 22-10-2001.- Sanción: 03-05-1994 Publicación: 18-05-1994 Rige: 18-05-1994 LMRF.-