Ley 6999

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No.6999 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, DECRETA: TÍTULO PRIMERO DE LAS PRÓRROGAS Y LOS NUEVOS INGRESOS CAPÍTULO PRIMERO De los cambios de destino específico (NOTA: El artículo 72 de la Ley de Presupuesto No.7015 del 22 de noviembre de 1985 exceptúa a las municipalidades del país, a los consejos municipales de distrito y al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, de la aplicación y de los alcances de la presente ley. Igualmente, el artículo 14 en su inciso 35 de la Ley de Presupuesto No.7018, del 20 de diciembre de 1985, exceptúa de la aplicación de la presente ley las cuentas especiales del Ministerio de Agricultura y Ganadería y de la Oficina Nacional de Semillas). ARTÍCULO 1.- Únicamente para 1985 y 1986, se varía, a favor del Gobierno de la República, en la forma que a continuación se señala, el destino de los siguientes tributos: a) De lo recaudado por las Leyes No. 4760 del 4 de mayo de 1971 y su reforma y No.6443 del 23 de junio de 1980, el Instituto Mixto de Ayuda Social girará a la caja única del Estado la suma de veinte millones de colones (¢20.000.000,00). b)-Derogado por el artículo 121 de la Ley No.7015 del 22 de noviembre de 1985. c) Se modifica el artículo 9 de la Ley N° 6914 del 28 de noviembre de 1983, reformada por la Ley No. 6955 del 24 de febrero de 1984, transitorio V, inciso 3) y Ley No. 6952 del 29 de febrero de 1984, artículo 3, para que del producto del impuesto general sobre las ventas, establecido en la Ley No. 6826 del 8 de noviembre de 1982, el Banco Central de Costa Rica gire, en forma directa y trimestral, a la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, el quince por ciento (15%), para el fondo creado y administrado según lo indica la Ley No. 5662 del 23 de diciembre de 1974. Lo recaudado por los cinco puntos porcentuales restantes de los veinte establecidos en la Ley No. 6914, ingresarán a la caja única del Estado. ch) De lo recaudado por concepto del impuesto a las exportaciones de café, establecido en la Ley No. 6406 del 18 de diciembre de 1979 y en la Ley No. 6542 del 22 de diciembre de 1980 y sus reformas, el Instituto del Café de Costa Rica girará el veinte por ciento (20%) a la caja única del Estado. d) De lo recaudado por concepto del impuesto a las planillas, establecido en la Ley No. 6868 del 6 de mayo de 1983, se girará a la caja única del Estado la suma de sesenta millones de colones ( ¢60.000.000,00). e) De lo recaudado por concepto del impuesto sobre consumo de licores nacionales, establecido en la Ley No. 2940 del 18 de diciembre de 1961, reformada por las leyes No. 4716 del 9 de febrero de 1971, Ley No. 6282 del 25 de julio de 1979 y Ley No.6820 del 3 de noviembre de 1982, el Banco Central de Costa Rica girará al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal el setenta y cinco por ciento (75%), y el restante veinticinco (25%) a la caja única del Estado. f) Del fondo del Plan Nacional de Desarrollo creado en el artículo 21 de la Ley No. 5525 del 2 de mayo de 1974, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica girará a la caja única del Estado la suma de treinta y cinco millones de colones (¢35.000.000,00). g) De lo recaudado por el impuesto a los pasajes internacionales, establecido en la Ley No. 1917 del 30 de julio de 1955, reformada por las leyes No. 2723 del 20 de febrero de 1961 y No. 2763 del 22 de junio de 1961, el Instituto Costarricense de Turismo girará a favor del Estado la suma de venticinco millones de colones (¢25.000.000,00). h) Del porcentaje de las utilidades netas de los bancos estatales, asignado al Instituto de Fomento Cooperativo en las leyes No. 4179 del 22 de agosto de 1968, N° 5185 del 20 de febrero de 1973 y No. 6756 del 5 de mayo de 1982, el Banco Central de Costa Rica girará al Gobierno de la República la suma de diez millones de colones (¢10.000.000,00). Los entes que recauden los anteriores tributos deberán girar directamente a la caja única del Estado las sumas establecidas en los incisos anteriores, a más tardar treinta días naturales después de su recaudación. El incumplimiento de la presente disposición, de parte de los funcionarios responsables de su ejecución, será falta grave causal de despido. Los ingresos que perciba el Estado por la aplicación de esta disposición, serán incorporados al Presupuesto Nacional mediante la correspondiente modificación. Las modificaciones de destino específico que contempla este artículo rigen únicamente para los años 1985 y 1986. Las instituciones afectadas por el presente artículo deberán presentar, ante la Contraloría General de la República, una modificación a su presupuesto del año 1985, en que se rebaje de sus ingresos el monto que en los anteriores incisos se destina a la caja única del Estado. Para mantener el equilibrio presupuestario, dichas instituciones deberán rebajar sus gastos presupuestados. Estas modificaciones deberán presentarse a la Contraloría General de la República a más tardar treinta días naturales después de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley. No podrán aprobarse presupuestos, o sus modificaciones, de instituciones o empresas públicas que no hayan cumplido con lo que dispone el presente artículo, para lo que deberán obtener una certificación de la Autoridad Presupuestaria CAPÍTULO SEGUNDO De los tributos a instituciones y empresas públicas ARTÍCULO 2.- Para los años 1985 y 1986, se establece un tributo, por una única vez, cuyos sujetos pasivos son las instituciones y empresas públicas estatales que a continuación se indican. Los montos del tributo por institución y empresa son los siguientes: INSTITUCIÓN O EMPRESA MONTO DEL TRIBUTO (en millones de colones) Refinadora Costarricense de Petróleo 300.0 Instituto Nacional de Seguros 300.0 Junta de Protección Social de San José 60.0 Fábrica Nacional de Licores 20.0 Banco Crédito Agrícola de Cartago 11.0 Banco de Costa Rica 50.0 Banco Nacional de Costa Rica 110.0 Banco Central de Costa Rica 100.0 Banco Anglo Costarricense 22.0 TOTAL: 973.0 El tributo que se establece a cargo del Instituto Nacional de Seguros, no afectará la liquidación de participación de utilidades que señalan en los convenios vigentes celebrados por esa institución al amparo del artículo 6°, inciso i), de la ley No.6756 del 5 de mayo de 1982. Los ingresos que perciba el Estado por la aplicación de los anteriores tributos, se utilizarán para financiar necesidades urgentes y prioritarias de gastos del Gobierno de la República. ARTÍCULO 3.- La Autoridad Presupuestaria y la Contraloría General de la República verificarán el cumplimiento de lo que dispone el artículo anterior. La Autoridad Presupuestaria preparará un reglamento, que será emitido por el Poder Ejecutivo, en el que se regularán los procedimientos de control, forma, montos y plazos con los que las instituciones realizarán el pago del tributo al Gobierno de la República. El pago del tributo se realizará en un número de cuotas mensuales iguales y deberá cancelarse en su totalidad a más tardar el 15 de diciembre de 1985 y de 1986, en su caso. No se dará tramite a presupuestos, o sus modificaciones, de las instituciones y empresas que no estén al día en el pago de los tributos. Para cumplir esta disposición, en cada trámite de presupuesto la Contraloría General de la República exigirá a las entidades citadas una certificación de la Contabilidad Nacional de estar al día en el pago del tributo. Se considera falta grave, por parte de los funcionarios responsables, el incumplimiento de lo que establece el presente título. Igual responsabilidad les incumbirá a las juntas directivas, presidentes ejecutivos, gerentes y administradores de la institución respectiva. ARTÍCULO 4.- Las instituciones y empresas a que hace referencia el artículo 2° de la presente ley, deberán enviar a la Contraloría General de la República una modificación de sus presupuestos en la que incorporarán en sus egresos el tributo que establece dicho artículo y en la cual mantendrán el equilibrio presupuestario. Estas modificaciones deberán presentarse al ente contralor a más tardar treinta días naturales después de la entrada en vigencia de la presente ley. No se tramitarán presupuestos, ni sus modificaciones, de entidades que no tengan aprobada la modificación a que se refiere el párrafo anterior. ARTÍCULO 5.- Los ingresos que el Gobierno de la República reciba de las instituciones y empresas públicas por los tributos establecidos en el artículo 2, se incorporarán al Presupuesto Nacional de 1985, mediante la correspondiente modificación. Dichas instituciones y empresas no podrán acreditar a los tributos especificados en el artículo 2 de la presente ley, ninguna cantidad que transfieran o paguen al Gobierno de la República por otros conceptos. El Gobierno que no esté al día en el pago del tributo que fija el artículo 2 de la República no girará partidas presupuestarias a instituciones y empresas. CAPÍTULO TERCERO De la prórroga del Impuesto de Estabilización Económica ARTÍCULO 6.- El impuesto de estabilización económica, creado por la Ley No.4635 del 19 de agosto de 1970 y sus reformas, continuará aplicándose hasta tanto no entre en vigencia el nuevo Arancel de Aduanas. TÍTULO SEGUNDO DE LAS MODIFICACIONES, EXENCIONES Y DEROGACIONES DE TRIBUTOS CAPÍTULO PRIMERO De las modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta ARTÍCULO 7.- Modifícanse los artículos 63 y 64 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, N°. 837 del 20 de diciembre de 1946 y sus reformas, para que digan así: "Artículo 63.- Impuesto sobre los dividendos y rentas de títulos valores El producto bruto de los beneficios o rentas señalados en los incisos 1) y 2) siguientes, estará gravado con impuestos especiales, únicos y definitivos, de acuerdo con los porcentajes y procedimientos que se indican: 1- Los contribuyentes comprendidos en el inciso 2) del artículo 14, que paguen o acrediten a sus socios, personas físicas domiciliadas en el país, dividendos de acciones de cualquier tipo, participaciones sociales y cualquier otra clase de beneficios asimilables a dividendos, están obligados a retener el quince por ciento (15%) de tales sumas, por concepto de impuesto. No corresponde practicar la retención ni pagar el impuesto cuando se distribuyan dividendos en acciones nominativas de la propia sociedad que los paga. 2- Los emisores, agentes pagadores, sociedades anónimas y otras entidades públicas o privadas, que paguen o acrediten intereses de toda clase de títulos valores, deben retener el quince por ciento (15%) de dichas rentas por concepto de impuesto. Se exceptúan de la disposición anterior, las rentas originadas de las letras de cambio, pagarés y cédulas hipotecarias. Esta clase de rentas serán consideradas renta ordinaria, sujeta al impuesto que establece el artículo 14 de esta ley. Sí los títulos valores se inscriben en una bolsa de comercio reconocida oficialmente, o hubieren sido emitidos por entidades financieras debidamente registradas en la Auditoría General de Bancos a tenor de la Ley N° 5044 del 7 de setiembre de 1972 y sus reformas, por el Estado, sus instituciones o los bancos integrados al Sistema Bancario Nacional, el porcentaje por aplicar será el cinco por ciento (5%). No estarán afectos al impuesto sobre la renta, ni al establecido en este inciso, las rentas derivadas de títulos valores en moneda extranjera emitidos por el Estado o los bancos del Estado. Se faculta a la Dirección General de Tributación Directa, para que en aquellos casos en que por la naturaleza del título se dificulte la retención en la fuente, pueda autorizar, con carácter general, otra modalidad de pago. 3- Las retenciones de los impuestos anteriores deben practicarse en la fecha en que se efectúa el pago o crédito, el acto que se realice primero. Asimismo, deben depositarse en el Banco Central de Costa Rica o en sus tesorerías auxiliares, dentro de los primeros quince días del mes siguiente de aquella fecha. Las rentas originadas en los intereses pagados por las organizaciones cooperativas a sus asociados no están afectas al impuesto que establece este artículo, pero sus montos deberán incluirse dentro de los ingresos gravables de sus perceptores, conforme lo establece el inciso 2) del artículo 5° de esta ley. Se mantiene vigente, durante 1985, el transitorio IV de la Ley No. 6955 del 24 de febrero de 1984." "Artículo 64.- Salvo lo dispuesto en el artículo 63 de esta ley, toda persona natural o jurídica que pague o acredite rentas de fuentes costarricenses a personas domiciliadas en el exterior, debe retener sobre el producto bruto las cantidades que resulten de aplicar los porcentajes que se indican a continuación, como impuesto único y definitivo que le corresponde pagar al perceptor de tales rentas: 1.- Diez por ciento (10%) sobre: a) Los pagos o créditos de intereses de depósitos o de préstamos de dinero, de títulos o de bonos y de comisiones sobre préstamos. No se debe practicar retención ni pagar el impuesto, cuando el préstamo sea concedido por un banco oficial del exterior, o contratado directamente en el extranjero por empresas, negocios o explotaciones agropecuarias o industriales para ser utilizado en el giro normal de las mismas y siempre que haya sido concedido por un banco o una institución financiera debidamente reconocida por el Banco Central de Costa Rica. Tampoco procede retener ni pagar el impuesto cuando el prestatario del crédito extranjero sea un Banco del Sistema Bancario Nacional. b) Ingresos provenientes de la producción, de la distribución, de intermediar y de cualquier otra forma de negociar en el país de películas cinematográficas, películas para televisión, videotapes y radionovelas, con excepción de aquellos que tengan carácter educativo, científico, cultural o deportivo con la debida autorización del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. c) Remuneraciones, sueldos, comisiones, dietas y cualquier otra clase de rentas o beneficios que se paguen o acrediten a personas que actúen en el exterior, por servicios prestados a empresas o negocios de Costa Rica y que no tengan en esta ley un tratamiento distinto. d) Asesoramiento técnico, financiero, administrativo o de otra índole, prestado desde el exterior o por personas no domiciliadas en el país. 2) Quince por ciento (15%) sobre los pagos o créditos por concepto de dividendos o participaciones sociales, independientemente del origen y procedencia de las utilidades distribuidas y sobre cualquier otra forma de retribución a capitales extranjeros que operen en el país, excepto las remesas por reaseguros cedidos. A los fines de esta disposición se asimilan a dividendos los créditos que sucursales radicadas en el país, efectúen a sus casas matrices del exterior por concepto de utilidades sobre las cuales ya ha sido pagado el impuesto. En ningún caso corresponde practicar la retención ni pagar el impuesto, cuando se distribuyan dividendos en acciones nominativas o al portador de la propia sociedad que los paga. 3) Veinte por ciento (20%) sobre los pagos o créditos que se realicen, entre otros, por los siguientes conceptos: a) Suministro de noticias por parte de agencias internacionales a personas radicadas o que actúen en el país; b) Producción, distribución, hacer de intermediario y cualquiera otra forma de negociación en el país, de discos fonográficos, tiras de historietas, fotonovelas y todo otro medio similar de proyección, trasmisión o difusión de imágenes o sonidos. c) Uso de patentes, suministro de fórmulas, marcas de fábrica, privilegios, franquicias o regalías. 4) Treinta por ciento (30%) sobre los pagos o créditos que se realicen por los siguientes conceptos: a) Remuneraciones, sueldos, comisiones, honorarios, dietas y cualquier otra clase de rentas que se paguen o abonen a personas miembros de directorios, consejos u otros organismos directivos que actúen en el exterior; b) Intereses pagados o acreditados a favor de: i) Personas físicas domiciliadas en el exterior excepto que el pago o crédito se haya hecho por bancos constituidos de acuerdo con la Ley del Sistema Bancario Nacional y de sociedades de inversión o de crédito especial de carácter no bancario registradas en la Auditoría General de Bancos. ii) Casas matrices de la empresa o sociedad que los paga o acredita, subsidiarias, agencias o sucursales de tales casas matrices, excepto que se trate de bancos constituidos de acuerdo con la Ley del Sistema Bancario Nacional y de sociedades financieras de inversión y de crédito especial de carácter no bancario registradas en la Auditoría General de Bancos. iii) Sociedades o empresas financieras del exterior, cuando alguno de sus socios, dueños o los padres, cónyuge, hijos o hermanos de éstos por consanguinidad o afinidad, sean a su vez socios o dueños de la prestataria en Costa Rica; iv) Entidades financieras creadas por la empresa prestataria o que operen con capital de esta. v) Sociedades o entidades financieras no reconocidas por el Banco Central de Costa Rica. Tratándose de dividendos, participaciones sociales y de las rentas a que se refiere el inciso 1) aparte c) de este artículo, la Administración Tributaria queda facultada para eximir total o parcialmente de la obligación de retener y pagar el impuesto cuando las personas que deban actuar como agentes de retención, o los propios interesados, comprueben a satisfacción de esta, que a los perceptores de tales ingresos no les conceden crédito o deducción alguna en los países donde actúan, por el impuesto total así retenido y pagado en Costa Rica, o cuando el crédito que se les conceda sea inferior a dicho impuesto, en cuyo caso sólo se eximirá la parte del mismo no reconocida en el exterior. No procede eximir de la obligación de retener y pagar el impuesto a que se refiere el párrafo anterior, cuando los ingresos ahí mencionados no se graven en el país en que actúan sus perceptores con un impuesto similar al que establece la presente ley. Las retenciones a que se refiere este artículo deben practicarse y depositarse en los mismos términos del artículo 63 de esta ley. La Administración Tributaria queda facultada para no aceptar total o parcialmente, los pagos o créditos que se realicen por los conceptos a que se refiere este artículo, cuando determine que obedecen a una maniobra para disminuir el impuesto a pagar." ARTÍCULO 8.- Agrégase un párrafo final al artículo 66 y modifícase el inciso e) del artículo 67 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, N°.837 del 20 de diciembre de 1946 y sus reformas, los cuales dirán de la siguiente manera: Artículo 66.- (Párrafo final). "También podrán recibir los beneficios del inciso b) otros contribuyentes que adquieran acciones en las mismas condiciones establecidas en el inciso citado." "Artículo 67.-... e) Certificados de abono tributario, los cuales en virtud de la presente reforma se podrán otorgar hasta por un 30% sobre el valor FOB de las exportaciones de productos no tradicionales a terceros mercados, de conformidad con las regulaciones que al efecto defina el Consejo Nacional de Inversiones, siempre y cuando las regulaciones comerciales lo permitan." ARTÍCULO 9.- Se sustituye el impuesto de ganancias de capital, regulado en el artículo 7° de la Ley del Impuesto sobre la Renta, N°.837 del 20 de diciembre de 1946 y sus reformas, por el impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles, cuyas regulaciones serán las siguientes: IMPUESTO SOBRE LOS TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES CAPÍTULO 1 Del Objeto y del hecho generador "Artículo 1.- Objeto y hecho generador. Se establece un impuesto sobre los traspasos, bajo cualquier título, de inmuebles que estén o no inscritos en el Registro Público de la Propiedad, con las excepciones señaladas en el artículo quinto. (Nota: El artículo 5 de la Ley de Ajuste Tributario, No. 7543, del 14 de setiembre de 1995, establece un impuesto adicional de un centésimo por ciento (0,01%) por traspasos de inmuebles a favor de la Cruz Roja.) Artículo 2.- Definición de traspaso. Para los fines de esta ley, se entenderá por traspaso todo negocio jurídico por el cual se transfiera un inmueble, atendiendo a la naturaleza jurídica del negocio respectivo, y no a la denominación que a este le hayan dado las partes. No constituyen traspasos, a los efectos de esta ley, y por lo tanto no estarán sujetos a sus previsiones, los siguientes, negocios jurídicos: a) Las capitulaciones matrimoniales. b) La renuncia de bienes gananciales. c) El reconocimiento de aporte matrimonial. d) Las adjudicaciones o división de bienes entre cónyuges o entre condueños. e) Las cesiones de derechos hereditarios o de adjudicaciones hereditarias. f) Las cesiones de remates. g) Las expropiaciones de inmuebles. h) La restitución de inmuebles en virtud de anulación, rescisión o resolución de contratos. Artículo 3.- Bienes inmuebles. Se considerarán bienes inmuebles, para los efectos de esta ley, los conceptuados como tales en la Ley del Impuesto Territorial, No.27 del 2 de marzo de 1929 y sus reformas, excepto las maquinarias y demás bienes muebles, aunque se encuentren adheridos a tales inmuebles o sean utilizados en la explotación del establecimiento a que están destinados. Artículo 4.- Momento en que ocurre el hecho generador. Se considerará que ocurre el hecho generador del impuesto en la hora y fecha del otorgamiento de la escritura pública en que se asienta el negocio jurídico de traspaso del inmueble. Artículo 5.- Excepciones. Estarán exceptuados del impuesto a que se refiere esta ley: a) Los traspasos de inmuebles cuyo monto no exceda de seiscientos mil colones (600.000,00), para lote y casa y (400.000,00 para los demás casos. (Así reformado por el artículo 4 de la Ley No.7088, del 30 de noviembre de 1987.) b) Los gananciales y adjudicaciones hereditarias, cuando el inmueble adjudicado no exceda de seiscientos mil colones ( (600.000,00 ), para casa y lote y (400.000,00 para los demás casos. (Así reformado por el artículo 4 de la Ley No.7088, del 30 de noviembre de 1987.) c) Los traspasos de inmuebles a personas físicas, destinadas a vivienda popular. El monto de la exención, así como la lista de las instituciones, serán establecidos conjuntamente por los Ministerios de Hacienda y de Vivienda y Asentamientos Humanos. En el caso de traspasos hechos por empresas privadas se requerirá una certificación del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos en la que conste que los inmuebles por ellas transferidos, cumplen con los requisitos señalados para la construcción de vivienda popular y que su valor se encuentra dentro del límite fijado en el inciso anterior. (Así reformado por el artículo 4 de la Ley No.7088, del 30 de noviembre de 1987 y 115 de la No.7097 del 18 de agosto de 1988.) ch) Los traspasos de inmuebles para destinarlos a habitación familiar, o el traspaso de la parcela rural destinada a subsistencia de la familia, siempre que el valor del inmueble no sobrepase los seiscientos mil colones ( 600.000,00). d) El Estado en la parte que le corresponda. e) Las asociaciones de desarrollo comunal, juntas administrativas y de educación, instituciones de enseñanza superior del Estado y demás entidades que por leyes especiales estén exentas del pago de impuestos en la parte que les corresponda. f) En cuanto al donante, las donaciones al Estado, CCSS, IDA, IMAS, INVU, IFAM, INFOCOOP, INSA, INA, Patronato Nacional de la Infancia, municipalidades, comités cantonales de deportes, Cruz Roja e instituciones de enseñanza superior del Estado. Las excepciones señaladas en los incisos a), b) y ch), serán hasta por el monto indicado en dichos incisos. Los excesos quedarán sujetos al pago del impuesto conforme a la tarifa indicada en el artículo 8° de la presente ley. CAPÍTULO II De los contribuyentes y responsables Artículo 6.- Contribuyentes. Son contribuyentes del impuesto, por partes iguales, los trasmitentes y los adquirentes en los negocios indicados en los artículos primero y segundo del capítulo I de esta ley, quienes para dicho efecto serán responsables solidarios. Sin embargo, en pago de adjudicación en remate, dación en pago o adjudicación en pago de deudas, el o los adquirentes serán responsables por el total del impuesto. CAPÍTULO III De la base imponible Artículo 7.- Base imponible. El impuesto deberá cancelarse dentro de los tres meses siguientes a la fecha del otorgamiento del documento respectivo y se calculará sobre el valor que las partes consignen en la escritura pública en la que se asiente el respectivo negocio. La Dirección General de la Tributación Directa queda facultada para ajustar el valor declarado, utilizando como antecedentes, avalúos anteriores, informaciones bancarias, precio real de mercado por zona, precio de venta de inmuebles similares de la región, índices de precios establecidos por el Banco Central de Costa Rica, el valor de la hipoteca que se consigne en el documento respectivo, cuando proceda, u otros factores que determine. En casos de adjudicación en remate, el impuesto se calculará sobre el precio de la subasta. El reajuste del precio deberá efectuarlo la Dirección General de la Tributación Directa, dentro del plazo de ocho días siguientes a la presentación del documento a que se refiere la ley No.6575 del 20 de abril de 1982, según el cual las partes deben suministrar a la referida Dirección, bajo declaración jurada, los datos físicos del inmueble objeto del traspaso. Si transcurrido el plazo de ocho días, la Administración Tributaria no hiciere objeción alguna, se tendrá por cierto el valor declarado por las partes en la escritura pública. Tratándose de traspasos, los notarios no podrán retirar los documentos presentados antes del plazo de ocho días anteriormente estipulado. El avalúo practicado por la Administración Tributaria se tendrá por notificado al comunicarse el nuevo valor a los interesados y servirá de base para los efectos del cobro del impuesto territorial. En ningún caso, la base imponible para el pago de este impuesto, podrá ser inferior al valor contabilizado en los registros de la Administración Tributaria. Los requisitos en cuanto a notificaciones, plazos y otros antecedentes para que la Administración Tributaria pueda hacer efectivas las normas de este artículo, serán fijados en el reglamento de esta ley. (Así reformado por el artículo 4 de la Ley No.7088, del 30 de noviembre de 1987.) CAPÍTULO IV De la tarifa Artículo 8.- La tarifa del impuesto será del uno y medio por ciento (1,5 %). (Así reformada la tarifa por el artículo 181 de la Ley No.7764, del 17 de abril de 1998.) Quedan exentos los montos señalados en los incisos a), c) y ch) del artículo 5, de esta ley. Los tramos en colones de la escala anterior serán ajustados cada dos años, de acuerdo con las variaciones en los índices de precios que al efecto lleve el Banco Central de Costa Rica. (Así reformado por el artículo 40, inciso 9) de la Ley No.7040 del 25 de abril de 1986.) (NOTA: La Ley No.7040 ibídem, en su artículo 40 inciso 9), erróneamente cita como modificado el artículo 8 de la Ley No.7000, del 30 de agosto de 1985 -ley que está integrada únicamente por seis (6) artículos- cuando en realidad lo que modifica es el artículo 5, de la Ley No.7000, que sí había reformado el presente artículo.) (NOTA: El artículo 5, de la Ley de Ajuste Tributario, No.7543, del 14 de setiembre de 1995, establece un impuesto adicional de un centésimo por ciento (0.01%) por traspaso de inmuebles a favor de la Cruz Roja.) CAPÍTULO V De la liquidación y pago del impuesto Artículo 9.- Declaración jurada. Los valores consignados en los documentos de traspaso de inmuebles tendrán carácter de declaración jurada de los contribuyentes del impuesto. (Así reformado por el inciso 11, artículo 40, de la Ley No.7040 del 25 de abril de 1986.) (NOTA: Este artículo 9 ya había sido derogado en su totalidad por el artículo 121 de la Ley de Presupuesto, No.7015, del 22 de noviembre de 1985.) Artículo 10.- Plazo para el trámite de documentos. Todo documento sujeto a anotación por el departamento respectivo de la Dirección General de la Tributación Directa, deberá ser devuelto al interesado dentro de los ocho días hábiles siguientes al de su presentación ante ella, con el anotado correspondiente, si procediere, o, en su caso, con indicación de los errores o defectos que contuviere. Transcurrido el plazo dicho, si el documento hubiere sido anotado o no se hubieren señalado los errores o defectos, el interesado podrá retirarlo de aquel departamento, y la base para el cálculo de los impuestos y derechos de registro, será el valor contabilizado del inmueble, o el del documento si este fuere mayor. Para este efecto, la Tributación deberá indicar en el propio documento, así como en el comprobante de recibo o boleta que del mismo se extienda, la fecha de su presentación y la de devolución o retiro y el valor consignado en dicha boleta. (Así reformado por el artículo 40, inciso 11), , de la Ley No.7040 del 25 de abril de 1986.) (NOTA: Este artículo 10 ya había sido derogado en su totalidad por el artículo 121 de la Ley de Presupuesto, No.7015, del 22 de noviembre de 1985.) Artículo 11- Plazo para el pago del Impuesto. El impuesto deberá cancelarse dentro del mes siguiente a la fecha de otorgamiento del documento respectivo. (Así reformado por el artículo 181 de la Ley No.7764, del 17 de abril de 1998.) (NOTA: Este artículo 11 ya había sido derogado en su totalidad por el artículo 121 de la Ley de Presupuesto, No.7015, del 22 de noviembre de 1985.) Artículo 12.- Pago del impuesto. Luego de consignado en el documento respectivo el valor sobre el cual deberá de calcularse el impuesto, la Administración Tributaria confeccionará el entero conforme con la tarifa indicada en el artículo 8°. El pago se hará mediante ese formulario en el Banco Central de Costa Rica o en cualquier otro banco del Estado, sus sucursales o agencias, en dinero efectivo o mediante cheque certificado. Estas entidades deberán remitir periódicamente al Banco Central de Costa Rica lo que recauden por este concepto. El pago, en la forma indicada, extingue la obligación de satisfacer el impuesto correspondiente al traspaso de los bienes que indique en el formulario lo mismo que el negocio jurídico a que se refiera el impuesto. (Así reformado por el artículo 4 de la Ley No.7088, del 30 de noviembre de 1987.) Artículo 13.- Porcentaje para la Administración Tributaria. Del producto de este impuesto se destinará anualmente el dos y medio por ciento ( 2.5% ) a la Administración Tributaria, destinado a la agilización y mecanización de dicha dependencia. El Ministerio de Hacienda hará anualmente la asignación presupuestaria en el proyecto de presupuesto ordinario. Artículo 14- La recaudación, producto del impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles, se destinará, con excepción del dos y medio por ciento (2.5%) asignado a la Administración Tributaria, al Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal. Esta disposición no afecta los montos mínimos asignados al Fondo para el Financiamiento de la Educación Superior según el artículo 141 de la ley N°.6975 del 30 de noviembre de 1984. Artículo 15.- Disposiciones finales. La Dirección General de Tributación Directa no concederá el "anotado" a documentos que contengan operaciones sujetas al pago del impuesto sobre inmuebles no inscritos establecido en la presente ley, si no se adjuntare el entero debidamente cancelado por el monto total del impuesto. (Así reformado por el artículo 181 de la Ley No.7764, del 17 de abril de 1998.) El Registro Público de la Propiedad tampoco inscribirá esos documentos si no contuvieren constancia de pago del impuesto o, en su defecto, el entero indicado o exención del impuesto, en su caso. CAPÍTULO VI De la administración y fiscalización Artículo 16.- Organismo de aplicación. Corresponde a la Dirección General de la Tributación Directa la administración y fiscalización del impuesto establecido por la presente ley, con sujeción a las disposiciones del Código Tributario. En caso de duda o de objeción, resolverá, en última instancia, en lo administrativo, el Tribunal Fiscal Administrativo. Tratándose de documentos presentados al Registro Público, en lo relativo a este impuesto, resolverá en caso de duda u objeción, el Tribunal Fiscal Administrativo, con carácter obligatorio para el Registro. Transitorio I.- Derogado por el artículo 121 de la Ley No.7015, del 22 de noviembre de 1985. CAPÍTULO SEGUNDO Otras disposiciones tributarias ARTÍCULO 10.- Derogado por el artículo 37 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, No.7210, del 23 de noviembre de 1990.) ARTÍCULO 11.- Interprétanse auténticamente las leyes N°.5162 del 22 de diciembre de 1972, reformada por la ley No.5909 del 16 de junio de 1976 (Ley de Fomento a las Exportaciones), en sus capítulos III y VII; y los artículos 66 y siguientes de la ley N°. 837 del 20 de diciembre de 1946 (Ley del Impuesto sobre la Renta y sus reformas), adicionados por el artículo 40 de la ley N°.6955 del 24 de febrero de 1984 (ley para el equilibrio financiero del sector público), en el sentido de que pueden otorgarse a las organizaciones cooperativas certificados de abono tributario (CATS), certificados de incremento a las exportaciones (CIEX), e incentivos a la exportación, en tanto se reúnan los demás requisitos que señalan las leyes supracitadas. ARTÍCULO 12.- Modifícase el artículo 57 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, ley No.4755 del 3 de mayo de 1971, para que diga así: "Artículo 57.- Intereses a cargo del contribuyente. El pago efectuado fuera de término hace surgir, sin necesidad de actuación alguna de la Administración Tributaria, la obligación de pagar juntamente con el tributo, un interés que en ningún caso será menor a la tasa activa de interés anual más alta que fije el Banco Central de Costa Rica. El Director General de Hacienda, mediante resolución publicada en el Diario Oficial o en uno de los periódicos de mayor circulación, fijará el tipo de interés que regirá a partir de su publicación, el cual no podrá superar en más de diez puntos, la tasa mínima de interés anual establecida en el primer párrafo de este artículo. No procederá la exoneración de estos intereses excepto cuando se concedan exoneraciones que abarquen a la totalidad de los contribuyentes, mediante resolución razonada. Transitorio.- El aumento en el tipo de interés sobre los tributos que establece este artículo, entrará en vigencia tres meses después de la promulgación de esta ley. El Poder Ejecutivo hará la divulgación correspondiente de este transitorio y lo aplicará también en favor de quienes en ese lapso obtuvieren arreglos de pago con la Administración Tributaria." TÍTULO TERCERO De la contención del crecimiento del gasto público (NOTA: El artículo 14, inciso 35 de la Ley de Presupuesto No.7018, del 20 de diciembre de 1985, exceptúa de lo dispuesto en el presente Título los fondos percibidos por el Consejo Técnico de Aviación Civil, de acuerdo con la Ley No. 5150 del 14 de mayo de 1973 y sus reformas.) (Observaciones: En la publicación original de esta ley, el consecutivo de los artículos del 13 al 43 fue publicada con la numeración del 15 al 45, según la FE DE ERRATAS publicada en La Gaceta No.183, del 26 de setiembre de 1985. A partir de este Título Tercero, se corrió la numeración de modo que el 15 pasó a ser 13 y así sucesivamente hasta el 45, que paso a ser 43.) CAPÍTULO ÚNICO ARTÍCULO 13(*).- Refórmanse los siguientes artículos de la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público, No. 6955 del 24 de febrero de 1984, cuyos textos dirán así: "Artículo 4.- El proyecto de presupuesto preparado por la Oficina de Presupuesto Nacional y sometido a la Asamblea Legislativa por el Poder Ejecutivo y la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, se ajustarán a las siguientes reglas básicas: a) Se ajustará al Plan Nacional de Desarrollo dentro de las posibilidades fiscales reales. b) Deberá ser remitido a la Asamblea Legislativa y comprenderá la totalidad de los gastos previsibles equilibrados con los ingresos probables, debidamente certificados por la Contraloría General de la República en cuanto a su efectividad fiscal. c) Los gastos corrientes del Presupuesto Nacional sólo podrán financiarse con ingresos corrientes. Las instituciones descentralizadas del sector público, excepto las municipalidades, deberán remitir sus presupuestos a la Contraloría General de la República, antes del 30 de setiembre del año anterior al presupuesto respectivo, con copia a la Autoridad Presupuestaria, con la versión del presupuesto por programas y la indicación del costo unitario de los servicios que presten. La Autoridad Presupuestaria informará a la Contraloría General de la República de las rebajas que deban efectuarse en las partidas de los presupuestos de las instituciones, que considere superfluas, y en las que no sean prioritarias de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo. La Autoridad Presupuestaria deberá, en cada caso, consultar el criterio del superior jerárquico de la institución afectada. La Contraloría General de la República ordenará las rebajas en los presupuestos, para que estos se ajusten a lo dispuesto por la Autoridad Presupuestaria." "Artículo 14.- Los funcionarios que sean responsables de decisiones que violen las disposiciones de esta ley, responderán personalmente y con sus propios bienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de la Administración Financiera de la República." "Artículo 16.- El Poder Ejecutivo eliminará del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, las plazas que se encuentran vacantes al 30 de junio y al 31 de diciembre de cada año. Para tal efecto, el Ministerio de Hacienda deberá emitir un decreto a más tardar treinta días hábiles después de cada una de las fechas antes señaladas, y rebajará la emisión de bonos deuda pública autorizada en el presupuesto vigente, a la fecha del decreto, en un monto igual al del ahorro obtenido, o amortizará anticipadamente bonos deuda interna en poder de la Tesorería Nacional. El Poder Ejecutivo, por medio de un acuerdo de la Autoridad Presupuestaria, podrá autorizar nombramientos en plazas de gran necesidad para el buen funcionamiento de la Administración Central, sin sobrepasar el número de plazas a que se refiere el artículo 29 de esta ley." "Artículo 18.- Las instituciones y empresas públicas estatales eliminarán de sus presupuestos las plazas vacantes. Unicamente podrán hacer nombramientos en plazas vacantes de gran necesidad cuando la Autoridad Presupuestaria lo autorice, siempre y cuando no se exceda el límite establecido en el artículo 29 de la presente ley." "Artículo 19.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las instituciones y empresas públicas estatales deberán presentar a la Contraloría General de la República modificaciones presupuestarias eliminando las plazas que se encuentren vacantes al 30 de junio y al 31 de diciembre de cada año. Las modificaciones se presentarán a más tardar treinta días hábiles después de cada una de esas fechas. Las plazas vacantes al 31 de diciembre de cada año deberán rebajarse del presupuesto del año siguiente. Para mantener el equilibrio presupuestario, las instituciones destinarán el ahorro de los recursos únicamente para cubrir faltantes de sueldos y salarios por concepto de la aplicación de la escala salarial de la ley No. 6835, en el servicio de la deuda pública o para aumentar la adquisición de títulos valores de las instituciones estatales." "Artículo 20.- Para la aplicación de lo dispuesto en los artículos 16 y 18, no se considerarán vacantes las plazas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley estén ocupadas por funcionarios nombrados interinamente. A partir de la vigencia de esta ley, no se podrán hacer nuevos nombramientos o prórrogas de anteriores, en plazas interinas, excepto en los siguientes casos: 1) Plazas de naturaleza docente, administrativo-docente y de seguridad e higiene del Ministerio de Educación Pública y del Instituto Nacional de Aprendizaje. 2) Plazas en las que el funcionario nombrado en propiedad tenga un permiso temporal. 3) Plazas de los programas de salud del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense de Seguro Social. 4) Plazas de jefatura y las que se consideren indispensables para los objetivos del programa, institución o empresa, a juicio de la Autoridad Presupuestaria." ARTÍCULO 14.-(*) La Contraloría General de la República, dentro de un plazo de cuarenta y cinco días a partir de la publicación de la presente ley, deberá remitir a la Asamblea Legislativa un informe de lo previsto en el artículo 29 de la ley No. 6955 del 24 de febrero de 1984. (* NOTA: Corrección de numeración por fe de erratas. Véanse las observaciones al Título Tercero.) ARTÍCULO 15.-(*) El Poder Ejecutivo informará semestralmente a la Asamblea Legislativa sobre lo realizado con respecto a lo que establece el artículo 37 de la ley No.6955. El primer informe se deberá presentar dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley. Los informes que elaboren las comisiones evaluadoras que se establezcan con base en las disposiciones de ese artículo, deberán entregarse al Poder Ejecutivo dentro de un plazo de seis meses a partir de la instalación de la comisión. El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, elaborará los proyectos de ley que deberán presentarse a la Asamblea Legislativa para poner en práctica las reformas que se pretendan realizar. Estos proyectos de ley deberán presentarse a la Asamblea Legislativa a más tardar tres meses después de entregado el informe de la comisión respectiva. Además, en un plazo igual al anterior, el Poder Ejecutivo comunicará las directrices a las instituciones y empresas públicas para que éstas pongan en práctica aquellas recomendaciones de las comisiones evaluadoras que no requieran aprobación legislativa. El Poder Ejecutivo deberá concluir la evaluación de todos los programas, instituciones y empresas públicas antes del 31 de diciembre de 1986. (* NOTA: Corrección de numeración por fe de erratas. Véanse las observaciones al Título Tercero.) ARTÍCULO 16.-(*)Interprétanse auténticamente las disposiciones de la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público, No.6955 del 24 de febrero de 1984 y sus reformas, así como la presente ley, en el sentido de que se entenderá por instituciones públicas únicamente las estatales, salvo que expresamente se manifieste lo contrario. (* NOTA: Corrección de numeración por fe de erratas. Véanse las observaciones al Título Tercero.) ARTÍCULO 17.-(*)Queda absolutamente prohibido a todas las instituciones autónomas y semiautónomas, a las municipalidades, así como a las empresas públicas y a sus subsidiarias constituidas como sociedades y a todas aquellas instituciones públicas creadas por ley general o especial, aumentar sus gastos durante 1985 mediante presupuestos extraordinarios, excepto en las siguientes partidas. 1) Sueldos y salarios, siempre y cuando se trate de dar contenido a revaloraciones generales por incremento en el costo de la canasta básica o a la aplicación de los salarios mínimos legales, todo de acuerdo con las directrices que al efecto emita la Autoridad Presupuestaria. 2) Materias primas y productos semielaborados que de acuerdo con el fin de la institución o empresa les sean indispensables para la operación, a juicio de la Autoridad Presupuestaria. 3) Inversión real, en aquellos proyectos que hayan sido aprobados por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, antes del 1° de febrero de 1985, o que no aumenten el gasto total o que se financien con donaciones; todo sin perjuicio de las autorizaciones que por ley deben otorgar la Autoridad Presupuestaria y el Ministerio de Hacienda, en sus respectivos campos de acción. 4) Faltantes en el servicio de la deuda pública o por variaciones en el tipo de cambio. 5) Otros faltantes presupuestarios que representen obligaciones contractuales ineludibles para la institución o empresa, siempre y cuando la obligación se haya formalizado legalmente antes del 1° de febrero de 1985. (* NOTA: Corrección de numeración por fe de erratas. Véanse las observaciones al Título Tercero.) ARTÍCULO 18.-(*) Prohíbase al Banco Central y a los bancos del Sistema Bancario Nacional, adquirir o vender monedas extranjeras a tipos de cambio distintos del tipo de cambio interbancario establecido para los bancos del Sistema Bancario Nacional, y otorgar subsidios al Estado, sus instituciones o empresas públicas organizadas en forma de sociedad, a través de la venta o compra de monedas extranjeras. (NOTA: El artículo 51 de la Ley de Presupuesto, No.7018, del 20 de diciembre de 1985, INTERPRETÓ AUTÉNTICAMENTE este artículo, en el sentido de que lo que disponen estas normas es sin perjuicio de la obligación del Banco Central de Costa Rica de vender divisas al tipo de cambio oficial vigente, al momento de la venta, a los estudiantes costarricenses que se encontraban, al 10 de diciembre de 1981, cursando estudios universitarios de enseñanza superior en el exterior, obligación que tendrá el Banco Central hasta que el estudiante concluya sus estudios, o los interrumpa por más de tres meses, salvo fuerza mayor o caso fortuito. ( * Nota: Corrección de numeración por fe de erratas. Véanse las observaciones al Título Tercero.) ARTICULO 19.-(*) Los ingresos y egresos establecidos por leyes generales y especiales que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley no estén incorporados a la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario del Gobierno de la República, deberán incluirse en dicho presupuesto. A más tardar treinta días después de la entrada en vigencia de esta ley, y para dar inicio a lo señalado en el párrafo anterior, el Poder Ejecutivo someterá a la Asamblea Legislativa un proyecto de modificación a la Ley de Presupuesto del Gobierno de la República para 1985, sin que aquél ni ésta puedan incluir disposiciones ajenas a la materia propia del presupuesto, con excepción de las reformas legales que fueren indispensables para dar cumplimiento a lo que establece este artículo. En este proyecto deberán incorporarse todos los ingresos y egresos de los siguientes programas: 1).-Derogado por el artículo 5 de la Ley No.7028 del 23 de abril de 1986. 2) Los financiados con las sobretasas temporales a la importación establecidas por el Banco Central de Costa Rica y cuya distribución se regula por las disposiciones del artículo 23 de la ley No. 6890 del 14 de setiembre de 1983 y sus reformas. 3) Consejo Técnico de Asistencia Médico Social, incluidos los Centros de Educación y Nutrición (CEN), los Centros Infantiles de Nutrición y Atención Integral (CINAI) y la oficina de Cooperación Internacional de la Salud. El Poder Ejecutivo incorporará en el proyecto de Presupuesto Ordinario y Extraordinario del Gobierno de la República para 1986, todos los demás ingresos y egresos que no estén incorporados en el Presupuesto Nacional. La Oficina de Presupuesto Nacional deberá preparar los proyectos necesarios para cumplir con lo antes señalado y dará a cada gasto e ingreso su clasificación respectiva. Los gastos deberán clasificarse a nivel de subpartida y se incorporarán en los programas que se consideren convenientes de acuerdo con la técnica presupuestaria. En los casos de programas que actualmente reciben subvenciones del Presupuesto Nacional, éstas deberán sustituirse por el desglose de gastos correspondientes. La relación de puestos de cada programa se clasificará según la codificación vigente en el Presupuesto Nacional. La Dirección General del Servicio Civil efectuará los estudios pertinentes para que, a más tardar a la fecha en la que cada programa quede legalmente incorporado al Presupuesto Nacional, se aplique la escala salarial de la ley No. 6835 del 22 de diciembre de 1982 y sus reformas, a las relaciones de puestos de dichos programas. En los casos de ingresos que sean recaudados por instituciones públicas estatales con destino a los programas que por este artículo se incorporarán al Presupuesto Nacional, se autoriza al Poder Ejecutivo para que determine, mediante decreto del Ministerio de Hacienda, cuales continuarán recaudándose de esa forma. En todos los casos los ingresos se depositarán en el Fondo General del Gobierno de la República a cargo de la Tesorería Nacional. Se autoriza al Ministerio de Hacienda para que pague a las entidades recaudadoras de ingresos una comisión que cubra el costo de los servicios prestados, para la cual deberá existir la correspondiente autorización presupuestaria. No se aplicará lo dispuesto en este artículo a los ingresos y egresos de las instituciones autónomas y semiautónomas del Estado. Se derogan las disposiciones que se opongan a las que aquí se establecen. (NOTA: El artículo 62 de la Ley de Presupuesto Extraordinario, No.7015, del 22 de noviembre de 1985, interpreta auténticamente el presente párrafo en el sentido de que el Registro Nacional está comprendido entre las excepciones que aquí se señalan. Véanse además las observaciones de la presente ley sobre la ampliación hecha a este mismo artículo, por el artículo 43 de la Ley de Presupuesto No.7018, del 20 de diciembre de 1985, en el sentido de que los organismos adscritos al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, también está comprendido en las excepciones que aquí se señalan.) Los trabajadores que pertenezcan a alguno de los entes u órganos desconcentrados a que se refiere este artículo y cuyos presupuestos de gastos e ingresos se incorporen a la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, conservarán todos los derechos laborales adquiridos al momento de promulgarse esta ley, que se deriven de leyes o convenciones colectivas de trabajo. Los órganos, entidades y programas estatales que en virtud de esta ley se incorporen a los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República, contarán con una caja especial para gastos hasta por la suma de cincuenta mil colones (¢ 50.000,00), bajo las disposiciones que establezcan la ley y la Tesorería Nacional, la cual podrá modificar el monto de esta caja. Asimismo, podrán realizar compras directas dentro de los límites establecidos en el Reglamento de la Contratación Administrativa. Tales cajas especiales y compras directas se autorizan independientemente de las que correspondan al respectivo ministerio, conforme con la ley y sus reglamentos. (* NOTA: Corrección de numeración por fe de erratas. Véanse las observaciones al Título Tercero.) Transitorio.- En tanto se llenan los trámites y formalidades necesarias para la incorporación en el sistema de pagos de la Oficina Técnica Mecanizada de los sueldos de las personas que laboran en los programas específicos que están siendo incorporados al Presupuesto Nacional, por esta ley se faculta al Ministerio de Hacienda para que durante un período de tres meses, a partir de su vigencia, pueda autorizar a las entidades responsables de dichos programas, el pago directo de esos salarios. Para estos efectos, las entidades mencionadas someterán a la consideración del Ministerio de Hacienda los presupuestos de sueldos correspondientes a tres meses, y el Ministerio autorizará el pago directo con cargo a los fondos que deben integrarse a la caja del Estado. El Poder Ejecutivo podrá complementar la aplicación de esta disposición mediante decreto cuyo texto le sometan conjuntamente la Tesorería Nacional y la Contraloría General de la República. ARTÍCULO 20.-(*) En un plazo no mayor de seis meses, a partir de la promulgación de esta ley, el Ministerio de Hacienda preparará un proyecto de ley que modifique la Ley de la Administración Financiera, No.1279 del 2 de mayo de 1951 y sus reformas, con el propósito de que, sin perder el espíritu original que animó la promulgación de esa ley, se propongan reformas tendientes a agilizar los procedimientos en ella establecidos. (*)NOTA: Sobre la afectación que hace el artículo 51 de la Ley de Presupuesto, No. 7018, del 20 de diciembre de 1985 al presente artículo, véase la fe de erratas sobre la numeración del articulado de la presente ley, en las observaciones al Título Tercero; de allí se deduce que al correrse la numeración, el artículo afectado en realidad correspondería al 18). TÍTULO CUARTO LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO DE LAS FUERZAS DE POLICIA CAPÍTULO PRIMERO De los riesgos extraordinarios ARTÍCULO 21.(*)- Constituyen riesgos extraordinarios del trabajo de las fuerzas de policía: Guardia de Asistencia Rural, Guardia Civil o fuerzas de voluntarios dados de alta por autoridad competente, los accidentes, las enfermedades y la muerte que ocurra a los funcionarios de las fuerzas citadas, con ocasión o por consecuencia del trabajo calificado que desempeñen en forma subordinada y remunerada o voluntaria, así como la agravación o reagravación que resulte como consecuencia directa, inmediata e indudable de esos accidentes y enfermedades. (* NOTA: Corrección de numeración por fe de erratas. Véanse las observaciones al Título Tercero, por lo que la afectación que hace el artículo 43 de la Ley de Presupuesto No.7018, en realidad correspondería al 19, y no al presente artículo.) ARTÍCULO 22.-(*) Se denomina accidente de trabajo calificado todo accidente que le suceda al funcionario como causa de la labor calificada que ejecute como consecuencia de ésta, durante el tiempo que permanezca bajo la dirección y dependencia del patrono o sus representantes, y que pueda producirle la muerte o la pérdida o reducción, temporal o permanente, de la capacidad para el trabajo. (* NOTA: Corrección de numeración por fe de erratas. Véanse las observaciones al Título Tercero.) ARTÍCULO 23.-(*) Se entenderán como labores calificadas todas aquellas que se realicen con ocasión de la prevención, investigación y represión de actos o hechos, directa o indirectamente relacionados con el narcotráfico y el terrorismo. Únicamente para los efectos de esta ley, el Poder Ejecutivo emitirá un reglamento en el cual se detallarán los tipos penales comprendidos bajo esas denominaciones. También se entenderán como labores calificadas aquellas que se efectúen en resguardo y defensa de la soberanía nacional. (* NOTA: Corrección de numeración por fe de erratas. Véanse las observaciones al Título Tercero.) ARTÍCULO 24.-(*) El funcionario al que le sucediere un accidente de trabajo calificado tendrá derecho a que el monto de la prestación establecida en el inciso c) del artículo 218 del Código de Trabajo, según la reforma introducida por la Ley N°.6727 del 9 de marzo de 1982, sea aumentado en un diez por ciento ( 10% ) por dependiente directo o causahabiente, hasta un tope del cincuenta por ciento ( 50% ). (* NOTA: Corrección de numeración por fe de erratas. Véanse las observaciones al Título Tercero.) ARTÍCULO 25.-(*) Para el cumplimiento de los derechos establecidos en los artículos precedentes, el Instituto Nacional de Seguros realizará un convenio con la Sociedad de Socorro Mutuo de los funcionarios de la Guardia de Asistencia Rural y de la Guardia Civil, que comprenderá los estudios técnicos necesarios, con el fin de que el Instituto asuma el gasto del monto adicional establecido, sin que en las pólizas respectivas se cobre recargo alguno por este concepto. (* NOTA: Corrección de numeración por fe de erratas. Véanse las observaciones al Título Tercero.) ARTÍCULO 26.-(*) El porcentaje de los salarios que son cubiertos por el régimen de la Caja Costarricense de Seguro Social será aumentado de un diez por ciento por cada dependiente directo, siempre y cuando el beneficiario se encuentre dentro de lo establecido en los artículos 23, 24 y 25 anteriores, hasta un tope del cincuenta por ciento. (* NOTA: Corrección de numeración por fe de erratas. Véanse las observaciones al Título Tercero.) ARTÍCULO 27.-(*) Los gastos en que incurra la Caja Costarricense de Seguro Social para sufragar el aumento establecido en el artículo anterior serán cubiertos con recursos del Fondo de Asignaciones Familiares. (* NOTA: Corrección de numeración por fe de erratas. Véanse las observaciones al Título Tercero.) CAPÍTULO SEGUNDO De los riesgos normales ARTÍCULO 28.-(*) Amplíanse los fines de la Sociedad de Socorro Mutuo de los funcionarios de la Guardia de Asistencia Rural y de la Guardia Civil, señalados en el artículo 58 de la Ley N°.6982 del 19 de diciembre de 1984, para que también se tengan como tales los siguientes: a) Otorgar aportes para estudios de los hijos del afiliado. b) Cubrir los montos de las fianzas impuestas al afiliado por causa penal seguida en su contra, producto del cumplimiento de sus funciones normales. c) Otorgar aportes al cónyuge o al tutor de los hijos menores de edad que le sobrevivan o a ambos, cuando el afiliado falleciere en el ejercicio de sus funciones normales. (* NOTA: Corrección de numeración por fe de erratas. Véanse las observaciones al Título Tercero.) ARTÍCULO 29.-(*) Para el cabal cumplimiento de los fines establecidos en los incisos b) y c) del artículo anterior, el Instituto Nacional de Seguros creará una póliza de riesgos normales de las funciones policiales, la que será suscrita por la Sociedad de Socorro Mutuo y financiada inicialmente con los fondos referidos en el transitorio de este artículo, todo de acuerdo con el reglamento que para estos alcances deberá emitirse en los próximos treinta días hábiles siguientes a la entrada en vigencia de esta ley. (* NOTA: Corrección de numeración por fe de erratas. Véanse las observaciones al Título Tercero.) Transitorio.- Por una única vez, durante 1985, la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y el Instituto Nacional de Seguros girarán cinco millones de colones, cada uno, a la Sociedad de Socorro Mutuo de los funcionarios de la Guardia de Asistencia Rural y Civil, para dar inicio a los programas que señala esta ley. ARTÍCULO 30.-(*) Los beneficios concedidos en los artículos precedentes se entenderán como complementarios a los establecidos por la legislación laboral y de seguridad social vigente, la cual se aplicará y regirá en lo conducente para el cumplimiento eficaz de los beneficios dichos. (* NOTA: Corrección de numeración por fe de erratas. Véanse las observaciones al Título Tercero.) TÍTULO QUINTO CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES ARTÍCULO 31.-(*) Se autoriza al Poder Ejecutivo para que, por medio del Ministerio de Hacienda, otorgue un aval del Estado hasta por la suma de US$ 10.000.000,00. o su equivalente en otras monedas, sobre los préstamos que contraten con entes financieros internacionales las instituciones estatales de educación superior. El otorgamiento del aval queda sujeto a que se haya cumplido con todos los trámites legales vigentes para el endeudamiento externo. (* NOTA: Corrección de numeración por fe de erratas. Véanse las observaciones al Título Tercero.) ARTÍCULO 32.-(*) Créase como institución cultural especializada del Estado el Teatro Melico Salazar, adscrito al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. El Poder Ejecutivo le asignará los recursos y reglamentará su organización y funcionamiento. (* NOTA: Corrección de numeración por fe de erratas. Véanse las observaciones al Título Tercero.) ARTÍCULO 33.-(*) Modifícase el artículo 1° de la Ley N°. 5867 del 15 de diciembre de 1975 y sus reformas, el cual dirá así: "Artículo 1.- Se establece la siguiente compensación económica mínima sobre el salario base de la escala de sueldos de la Ley de Salarios de la Administración Pública, para el personal de la Administración Tributaria que se encuentre sujeto, en razón de sus cargos, a la prohibición contenida en el artículo 113 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, con excepción de los miembros del Tribunal Fiscal Administrativo: a) De un 50% para los profesionales a nivel de licenciatura en el área específica de la actividad. b) De un 45% para los egresados. c) De un 30% para quienes hayan aprobado el cuarto año de la respectiva carrera. ch) De un 25% para los que tengan aprobado el tercer año o una combinación equivalente de estudios académicos. En todos los casos dentro de la disciplina antes citada. Tendrán derecho a los beneficios que otorga la Ley No.5867, según los porcentajes establecidos en su artículo 1°, sujetos a las mismas obligaciones y prohibiciones de esta ley, los siguientes funcionarios: 1) Los que desempeñen los puestos de jefatura en la organización financiera básica del Estado a que hace referencia el artículo 2° de la Ley de la Administración Financiera de la República, No.1279 del 2 de mayo de 1951 y sus reformas. 2) Los que ocupen puestos de "técnicos" y "técnicos y profesionales" en la Oficina de Presupuesto Nacional, la Tesorería Nacional, la Oficina Técnica Mecanizada del Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Industria del Ministerio de Industria, Energía y Minas y los de la Dirección General Forestal del Ministerio de Agricultura y aquellos funcionarios de la Dirección General de la Tributación Directa que gocen de este beneficio. (Agregada la última frase "y aquellos funcionarios de la Dirección General de la Tributación Directa que gocen de este beneficio" por el artículo 94 de la Ley No.7097 del 3 de setiembre de 1985. Asimismo, el artículo 14, inciso 36 de la Ley No.7018 del 20 de diciembre de 1985, establece que "Los funcionarios del Servicio Aduanero Nacional del Ministerio de Hacienda están comprendidos dentro de los alcances de este inciso 2 ...".) 3) El jefe de la Oficina de Control de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 4) Los administradores de aduanas, conforme con los procedimientos que fijó la norma general No.31 de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario del Gobierno de la República para el año 1982, N° 6700 del 23 de diciembre de 1981. Para los efectos de la aplicación del artículo 1° de la ley N°. 5867, los funcionarios "técnicos" citados en el numeral 2 del párrafo anterior, tendrán derecho al beneficio por prohibición, siempre y cuando reúnan los requisitos que requiere el puesto o cuenten con una combinación equivalente, a juicio de la Dirección General de Servicio Civil. Sin embargo, salvo por requisitos mayores, la compensación para aquellos funcionarios que ocupen puestos de la serie "técnico y profesional", se hará de acuerdo con el requisito primario el puesto que desempeñen. Estos beneficios rigen a partir del 1° de enero de 1984, para aquellos funcionarios que hubieren disfrutado de este beneficio antes de esta fecha." (* NOTA: Corrección de numeración por fe de erratas. Véanse las observaciones al Título Tercero.) ARTÍCULO 34.- (*) Autorizase al Poder Ejecutivo para que, por medio del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, reconozca las diferencias que hayan ocurrido antes de la entrada en vigencia de la presente ley y las futuras entre las tarifas reales y el precio fijado a los usuarios de autobuses. La asignación de fondos se efectuará de las partidas que RECOPE traslada a TRANSMESA de conformidad con la Ley N° 6588 del 30 de julio de 1981. (* NOTA: Corrección de numeración por fe de erratas. Véanse las observaciones al Título Tercero.) ARTÍCULO 35.-(*) Se autoriza al Ministerio de Hacienda para que adquiera los equipos que necesiten la Oficina Técnica Mecanizada y la Dirección General de Tributación Directa a efectos de mejorar los sistemas de información y recaudación de impuestos, así como para contratar los servicios personales, hasta por la suma de un millón de colones (¢1.000.000,00) necesarios para que esta última dependencia pueda mejorar los sistemas de cobro y control de la morosidad. Además, se le autoriza para que cancele el saldo del contrato de gastos locales de asesoría. Los fondos necesarios se tomarán de la cuenta N° 09-029 depósitos diversos. Para dicha compra se seguirán los trámites legales correspondientes, de conformidad con lo que establecen el artículo 96 de la Ley de Administración Financiera de la República y los artículos 200 y 201 del Reglamento de la Contratación Administrativa. ( NOTA: Sobre la afectación del inciso 36) del artículo 14, de la Ley de Presupuesto, No.7018, del 20 de diciembre de 1985, al presente artículo, véase la fe de erratas sobre la numeración del articulado de la presente ley, en el Título Tercero, donde se explica que, al correrse la numeración, el artículo afectado en realidad corresponde al 33.) ARTÍCULO 36.- (*)ANULADO por Resolución de la Sala Constitucional, No.3495- 92, de las 14:30 horas del 19 de noviembre de 1992.) (* NOTA: Corrección de numeración por fe de erratas. Véanse las observaciones al Título Tercero.) ARTÍCULO 37.-(*) Apruébase el convenio suscrito entre el Gobierno de Costa Rica y la People to People Health Fundation, cuyo texto es el siguiente: "Acuerdo celebrado el día 28 de setiembre de 1982 entre la República de Costa Rica y la People to People Health Fundation, Inc (Programa Hope): El Gobierno de Costa Rica a través del Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social (Centro de Docencia e Investigación) y el Programa Hope, quienes de aquí en adelante se denominarán el Ministerio el primero, la Caja el segundo y Fundación, el tercero, celebran el siguiente convenio: Artículo 1.- Propósito. El propósito es unir los esfuerzos del Ministerio, la Caja y la Fundación para fortalecer el desarrollo de los Programas de Adiestramiento para personal de salud impulsados por el Ministerio de Salud, la Caja y otras instituciones educativas. Artículo 2.- Objetivos. Se reconoce la necesidad de ampliar la cobertura de salud y de preparar personal calificado para satisfacer las necesidades de salud inmediatamente y a largo plazo. Para ayudar a satisfacer esta necesidad, la Fundación se une al Ministerio para colaborar en el readiestramiento del personal de salud, existente, mediante el Programa de Educación Continua y para el adiestramiento del nuevo personal técnico y auxiliar necesario para satisfacer la demanda inmediata del Ministerio y de la Caja. Artículo 3.- Obligaciones de la Fundación: a) Prestar asistencia técnica en el desarrollo e implementación de programas de adiestramiento en el campo de salud que sean convenidos y definidos mutuamente con el Ministerio y la Caja. Estos programas estarán basados en las prioridades del Ministerio y la Caja y serán compatibles con los objetivos expresados en el artículo 2°. b) Proporcionar personal debidamente calificado para poner estos programas en marcha en forma efectiva. c) Pagar todos los sueldos al personal de la Fundación. d) Comprometerse a que los miembros del personal de Fundación no cobren ningún honorario o remuneración a instituciones de Costa Rica o terceros durante el desarrollo de sus programas. e) Los miembros de la Fundación no podrán dedicarse a la práctica privada de la medicina. La atención médica como parte de los programas de adiestramiento será prestada solamente a aquellos pacientes que no tengan recursos para pagar los servicios médicos y que según criterio del Ministerio o la Caja se benefician con esa atención. f) Cumplir todas las leyes de Costa Rica al poner en marcha los programas de Fundación. g) Donación de equipos para los proyectos asumidos por este Convenio. Artículo 4.- Obligaciones del Ministerio y la Caja: a) Aceptar a la Fundación como una entidad privada, no lucrativa, cuyo único propósito en la República de Costa Rica es ayudar al desarrollo y la expansión de los servicios de salud, y responder a la necesidad de aumentar el número de personal calificado que presta sus servicios en este campo. b) Cuando sea apropiado, gestionar ante quien corresponda los títulos o diplomas de profesores visitantes al cuerpo docente de la Fundación, así los profesionales de la Fundación puedan desenvolverse dentro de las instituciones a las cuales se les asigne. c) Las personas en adiestramiento estarán bajo la responsabilidad financiera de las organizaciones respectivas o instituciones costarricenses; el Ministerio y la Caja darán seguridad, dentro de sus posibilidades presupuestarias, de usar la experiencia adquirida por ellos durante sus programas de adiestramiento, proporcionándoles la ubicación adecuada de acuerdo con sus conocimientos. ch) Mientras dure el programa de la Fundación, ésta tendrá a su cargo la administración y uso exclusivo de los bienes donados por ella. d) Proporcionar a la Fundación servicios de apoyo apropiados para el desenvolvimiento de las actividades. Estos servicios incluirán servicios de secretariado e impresión de papelería. Ocasionalmente, también el concurso de personal de apoyo, no especializado (ayudantes). e) Proporcionar el siguiente material relacionado con el programa: 1) Espacio apropiado y muebles para oficinas del personal de la Fundación. 2) Teléfonos para la oficina, instalados y funcionando. 3) Utilización de vehículos de la Caja y del Ministerio, conforme con los reglamentos respectivos. 4) Transporte y hospedaje para uso personal de la Fundación por parte de la Caja dentro de sus posibilidades y donde ella indique. f) Gestionar ante el Ministerio de Hacienda, la concesión de licencias para que los bienes (e. g. vehículo, menaje de casa, efectos personales, etc.) de los funcionarios de la Fundación entren al país con permiso de importación temporal; en el entendido que dichos bienes no podrán ser vendidos, o pignorados sin que antes los propietarios no cubran todos los impuestos que la ley señale. Asimismo gestionará ante el Ministerio de Hacienda que los vehículos suministrados, medicinas y otros equipos o materiales que la Fundación destine al programa, entren al país bajo el amparo de tratamiento de importación temporal, en el entendido que todos los bienes serán donados al Ministerio de Salud Pública y la Caja al terminar el programa. g) Gestionar el pago de desalmacenaje y transporte de los equipos de los lugares de destino en el exterior hasta Costa Rica, esto estará a cargo de la Caja. h) Al estar firmado el presente convenio, el Ministerio gestionará ante las autoridades respectivas, el otorgamiento de visas y permisos para el personal de Fundación, mientras estén trabajando en el programa objeto de este acuerdo. i) El Ministerio y la Caja se comprometen a gestionar ante la Asamblea Legislativa la exoneración de toda clase de impuestos para personal técnico extranjero de la Fundación, con base en acuerdos similares anteriores. Se sobreentiende que la gestión queda supeditada a aprobación de la Asamblea Legislativa. Artículo 5.- El presente convenio regirá por un período de tres (3) años desde la fecha de su suscripción, pudiendo cualquiera de las partes unilateralmente rescindir del mismo y ser relevado de toda obligación y responsabilidad adicional, dando aviso escrito con noventa (90) días de anticipación a la otra parte; así como prorrogarlo por mutuo acuerdo mediante el simple cruce de cartas por períodos iguales. En fe de lo anterior, el Ministerio, la Caja y la Fundación, actuando cada uno por medio de su autorización, firman este Convenio en tres tantos de igual tenor en Milwood, Virginia, EEUU, a las diez horas del día veintiocho de setiembre de mil novecientos ochenta y dos. Dr. GUIDO MIRANDA GUTIÉRREZ Dr. JUAN JARAMILLO ANTILLÓN Presidente Ejecutivo Ministro de Salud Caja Costarricense de Seguro Social Dr. ERNEST CROFT LONG Sistema Fundación HOPE" (* NOTA: Corrección de numeración por fe de erratas. Véanse las observaciones al Título Tercero.) ARTÍCULO 38.-(*) Modifícase el artículo segundo de la ley número 6951 del 29 de enero de 1984 para que en adelante su texto diga así: "Artículo 2.- Facúltase al Poder Ejecutivo para autorizar el establecimiento de zonas procesadoras de exportación en las provincias de Puntarenas, Limón Guanacaste, como áreas controladas sin población residente, dedicadas a la manipulación, procesamiento, manufactura y producción de artículos destinados a la exportación o reexportación a terceros mercados, con excepción de lo previsto en el artículo 15. Además, el Poder Ejecutivo podrá autorizar el establecimiento de áreas sin población residente en la zona marítimo-terrestre de las provincias mencionadas, en las cuales podrán instalarse astilleros y diques secos o flotantes para la construcción de embarcaciones destinadas a la exportación o reexportación a terceros mercados, con excepción de lo previsto en el artículo 15, o para la reparación y mantenimiento de embarcaciones. En estas áreas se aplicará el régimen de zonas procesadoras de exportación establecido en esta ley. Se mantienen las zonas procesadoras de exportación establecidas en Santa Rosa de Puntarenas y Moín de Limón, a las cuales se les dará prioridad. Bajo ninguna circunstancia se podrá autorizar el establecimiento de nuevas zonas si éstas no han iniciado operación. Excepcionalmente el Poder Ejecutivo, previa recomendación de la Coorporación de las Zonas Francas, podrá autorizar el establecimiento de empresas en nuevas zonas francas, en las provincias mencionadas o en otras, única y exclusivamente si se demuestra, mediante estudio de la Dirección General de Industrias, que por razones técnicas éstas no pueden establecerse en las zonas francas de Santa Rosa de Puntarenas y Moín de Limón. Corresponderá al Programa de Inversiones y Exportaciones de la Presidencia de la República elaborar un proyecto de reestructuración de las instituciones públicas involucradas en los programas de promoción de exportación e inversión, de manera que se garantice la mayor coordinación de estas instituciones y se fortalezcan los esfuerzos tendientes al desarrollo de un sector exportador moderno y acorde con las necesidades del país. Para la realización de esta tarea se tendrá un plazo máximo de un año, a efecto de que la Asamblea Legislativa conozca y discuta el referido proyecto. Entre tanto, la Corporación de las Zonas Francas queda autorizada para dar en concesión la administración de las zonas francas, pero el Estado mantendrá la potestad de orientar la utilización del régimen por medio de esta coorporación. Asimismo, CODESA y RECOPE deberán capitalizar la totalidad de la acreencias que tienen con la Corporación de las Zonas Francas y trasladar la propiedad de estos activos y patrimonio al Centro para la Promoción de las Exportaciones y las Inversiones (CENPRO). La vigilancia y control del régimen fiscal de dichas zonas corresponderá al Ministerio de Hacienda, conforme con esta ley, sus reglamentos y demás legislación fiscal." (* NOTA: Corrección de numeración por fe de erratas. Véanse las observaciones al Título Tercero.) ARTÍCULO 39.-(*) La Contraloría General de la República aprobará el presupuesto anual del Servicio Nacional de Electricidad (SNE). Asimismo, para darle contenido financiero y presupuestario a las diferentes funciones reguladoras, la Junta Directiva del SNE someterá a la aprobación de la Contraloría General de la República, los cánones, derechos y tasas de las instituciones y empresas de servicios públicos que estén sujetas a su regulación. Estos cálculos deberán ser hechos bajo el principio de servicio al costo y serán enviados en mayo de cada año al ente contralor para su aprobación, para que la nueva fijación entre en vigencia en enero del año siguiente. Para 1985 se aplicarán los mismos cánones o tasas que apruebe la Contraloría. Las instituciones y empresas reguladas por el SNE, deberán cancelar el cánon de regulación en forma anticipada por trimestre adelantado. Los otros derechos o tasas se satisfarán exclusivamente a favor del SNE conforme los usuarios requieran los diferentes servicios de esa entidad. Los cánones correspondientes a las empresas generadoras o distribuidoras de energía eléctrica, se calcularán y aprobarán como fue establecido en el párrafo anterior, pero les será cobrado a prorrata según sea su capacidad instalada de generación o su presupuesto de ingreso, por venta de energía a clientes directos. Las instituciones y empresas de servicio público a las que se refiere este artículo no podrán incrementar a los consumidores el costo de los servicios que presta como consecuencia de los cánones, derechos y tasas que les cobre el SNE. (* NOTA: Corrección de numeración por fe de erratas. Véanse las observaciones al Título Tercero.) ARTÍCULO 40.-(*) Adiciónase el siguiente texto al artículo 3° de la ley N°.5899 del 13 de abril de 1976, que dirá así: "Artículo 3.-... Tampoco se aplicarán las disposiciones de los artículos anteriores a las marcas de productos destinados exclusivamente a la exportación. En estos casos, la marca deberá inscribirse conjuntamente con su traducción oficial en el idioma español, salvo que se trate de nombres de fantasía. Si los productos fueren comercializados en nuestro país, el Registro de Marcas cancelará la inscripción respectiva, sin perjucio de lo que dispone el artículo siguiente." (* NOTA: Corrección de numeración por fe de erratas. Véanse las observaciones al Título Tercero.) ARTÍCULO 41.-(*) Refórmase el artículo 5° de la Ley No. 5292 del 9 de agosto de 1973, para que en adelante diga así: "Artículo 5.- Los empaques, envases y etiquetas, deben expresar la capacidad, longitud, superficie, volumen, peso o cualquier otra característica del producto que constituya la base principal sobre la cual se expende. La medida deberá expresarse en unidades del sistema a que se refiere esta ley, pero podrá utilizarse conjuntamente cualquier otro sistema de medidas. Se exceptúan aquellos casos en que para el expendio o el consumo, o para ambos, no sea determinante ni de interés la fijación de la medida." (* NOTA: Corrección de numeración por fe de erratas. Véanse las observaciones al Título Tercero.) ARTÍCULO 42.-(*) Esta ley es de orden público y deroga las disposiciones que se le opongan. (* NOTA: Corrección de numeración por fe de erratas. Véanse las observaciones al Título Tercero.) ARTÍCULO 43.-(*) Rige a partir de su publicación, excepto en aquellos casos en los que expresamente se indique otra fecha de vigencia. (* NOTA: Corrección de numeración por fe de erratas. Véanse las observaciones al Título Tercero.) Transitorio I.- En un plazo de seis meses, a partir de la promulgación de esta ley, el Ministerio de Hacienda, por medio de su Departamento de Planificación Fiscal y Análisis Administrativo, actualizará el "Compendio de Legislación Fiscal" que elaboró en el año 1978 y, en ese plazo, lo enviará a la Imprenta Nacional para que se imprima, tanto en forma conjunta como por leyes y reglamentos separados, documentos que se pondrán a la venta para el público en las oficinas de la misma Imprenta y en la diferentes dependencias del Ministerio de Hacienda. El indicado Departamento de Planificación Fiscal y Análisis Administrativo hará las revisiones y actualizaciones de los textos contentivos de las normas jurídicas de interés fiscal, durante los meses de enero de cada año, y deberá entregarlos a la Imprenta Nacional antes del primer día del mes de marzo siguiente para su publicación. Comuníca al Poder Ejecutivo Asamblea Legislativa.- San José, a los veintiocho días del mes de agosto de mil novecientos ochenta y cinco. GUILLERMO VARGAS SANABRIA Presidente BENJAMÍN MUÑOZ RETANA GUILLERMO SALAS MONGE Primer Secretario Segundo Prosecretario Presidencia de la República.- San José, a los tres días del mes de setiembre de mil novecientos ochenta y cinco. Ejecútese y publíquese LUIS ALBERTO MONGE ALVAREZ El Ministro de Hacienda PORFIRIO MORERA BATRES __________________________ 2º revisión 19-06-2001 1º revisión 07-07-1999 Sanción 03-99-1985 Rige 17-09-1985 2º JCB. 1º JBC.