No. 6955<br />
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA<br />
Decreta:<br />
LEY PARA EL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL SECTOR PUBLICO (*)<br />
(*) Interpretada auténticamente por el artículo 16 de la Ley No.6999 de l 3<br />
de setiembre de 1985, en el sentido de que se entenderá por instituciones<br />
públicas únicamente las estatales, salvo que expresamente se manifieste en<br />
contrario.<br />
TÍTULO PRIMERO<br />
Reordenamiento de la Hacienda Pública<br />
CAPÍTULO PRIMERO<br />
De la Comisión de Reordenamiento Hacendario<br />
ARTÍCULO 1.- Con el propósito de ordenar, sanear y mantener fortalecida la<br />
Hacienda Pública, deberá dictarse un régimen jurídico moderno, con<br />
regulaciones eficientes para la elaboración y el control del Presupuesto<br />
Nacional, especialmente en sus aspectos de ingresos y egresos.<br />
Para efectos de elaborar los proyectos del ordenamiento requerido, la<br />
Asamblea Legislativa nombrará una comisión especial mixta, denominada<br />
Comisión de Reordenamiento Hacendario, dentro del plazo improrrogable de<br />
quince días hábiles, contados a partir de la vigencia de la presente ley.<br />
Esta comisión estará integrada por trece miembros, de la siguiente<br />
manera: El Contralor General de la República, quien la coordinará; cinco<br />
diputados nombrados por la Asamblea Legislativa; cinco profesionales con<br />
experiencia en materia hacendaria, escogidos por los cinco diputados de la<br />
comisión mencionada; el jefe del Departamento de Estudios Económicos del<br />
Banco Central de Costa Rica; y, el jefe del Departamento de Presupuesto a<br />
que se refiere el artículo 177 de la Constitución Política.<br />
ARTÍCULO 2.- La Comisión de Reordenamiento Hacendario deberá rendir su<br />
informe de labores y elaborar los proyectos de ley correspondientes, antes<br />
del 15 de noviembre de 1984. Tales proyectos, cuando impliquen<br />
modificaciones a la Constitución Política, deberán proponerse conjuntamente<br />
con éstas, a fin de que el ordenamiento jurídico, en sus diversas<br />
jerarquías, permita lograr lo siguiente:<br />
a) Un sistema tributario eficaz desde el punto de vista fiscal,<br />
socialmente justo, que contribuya al desarrollo económico del país y<br />
que permita la competitividad de la economía costarricense en el<br />
comercio internacional.<br />
b) Mecanismos para la calificación de prioridades del sector público,<br />
dentro de las orientaciones del Plan Nacional de Desarrollo, a fin de<br />
establecer programaciones anuales del endeudamiento externo. Tales<br />
programaciones deberán estar acordes con la capacidad de pagos al<br />
exterior y ser aprobadas por las autoridades del Poder Ejecutivo y<br />
por la Asamblea Legislativa al conocerse el presupuesto ordinario de<br />
la República. Se excluyen de esa aprobación los créditos al Sistema<br />
Bancario Nacional.<br />
c) Pautas al sector público en materia de empréstitos.<br />
ch) Normas concretas para hacer efectivo el principio constitucional<br />
de caja única y medidas que impidan el establecimiento de tributos<br />
con destino especifico, los cuales se atenderán mediante subvenciones<br />
legislativas.<br />
d) Reglas para que, dentro de las pautas del Plan Nacional de<br />
Desarrollo, se asignen subvenciones, por iniciativa de los<br />
legisladores, a fin de que sustituyan el sistema de partidas<br />
específicas.<br />
e) Métodos para la revisión periódica de los programas y funciones de<br />
los órganos del Poder Ejecutivo y de las instituciones<br />
descentralizadas, con el propósito de racionalizar el gasto público y<br />
eliminar la duplicidad de los objetivos y programas.<br />
f) Formas de fiscalización del presupuesto por programas de la<br />
Administración Pública, incluidas las descentralizadas y las<br />
subvenciones, y determinación de los costos de operación, a fin de<br />
evaluar los resultados de los programas, establecer costos unitarios<br />
y disponer de un sistema permanente de revisión por parte de la<br />
Contraloría General de la República. A esta institución se le<br />
indicarán los mecanismos para que el sector público descrito cumpla<br />
estrictamente con las orientaciones del Plan Nacional de Desarrollo.<br />
La Contraloría informará de su gestión a la Autoridad<br />
Presupuestaria, y ésta presentara a la Asamblea Legislativa, antes<br />
del treinta de setiembre de cada año, una liquidación del Presupuesto<br />
-Programa, por objetivos, del ejercicio fiscal anterior.<br />
g) Regulaciones vinculantes para que todas las dependencias del Poder<br />
Ejecutivo acaten las directrices y políticas que dispongan para ellas<br />
la Autoridad Presupuestaria.<br />
CAPÍTULO SEGUNDO<br />
De la estructuración del presupuesto<br />
ARTÍCULO 3:.- La preparación del proyecto de presupuesto de ingresos y<br />
egresos, del presupuesto de la República por programas, la hará el<br />
departamento especializado en la materia, al tenor de lo que dispone el<br />
artículo 177 de la Constitución Política. Tal dependencia funcionará bajo<br />
los lineamientos que determine el Ministerio de Hacienda.<br />
Transitorio: Se traslada el Programa 024 del Presupuesto Nacional, Título<br />
04 - Presidencia de la República, al Título 09 -Ministerio de Hacienda. Los<br />
funcionarios de la dependencia trasladada conservarán todos los derechos e<br />
incentivos que tuvieran a la fecha de vigencia de la presente ley.<br />
CAPÍTULO TERCERO<br />
De los presupuestos<br />
ARTÍCULO 4.- El proyecto de presupuesto preparado por la Oficina de<br />
Presupuesto Nacional y sometido a la Asamblea Legislativa por el Poder<br />
Ejecutivo y la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la<br />
República, se ajustarán a las siguientes reglas básicas:<br />
a) Se ajustará al Plan Nacional de Desarrollo dentro de las<br />
posibilidades fiscales reales<br />
b) Deberá ser remitido a la Asamblea Legislativa y comprenderá la<br />
totalidad de los gastos previsibles equilibrados con los ingresos<br />
probables, debidamente certificados por la Contraloría General de la<br />
República en cuanto a su efectividad fiscal.<br />
c) Los gastos corrientes del Presupuesto Nacional sólo podrán<br />
financiarse con ingresos corrientes.<br />
Las instituciones descentralizadas del sector público, excepto las<br />
municipalidades, deberán remitir sus presupuestos a la Contraloría General<br />
de la República, antes del 30 de setiembre del año anterior al presupuesto<br />
respectivo, con copia a la Autoridad Presupuestaria, con la versión del<br />
presupuesto por programas y la indicación del costo unitario de los<br />
servicios que presten.<br />
La Autoridad Presupuestaria informará a la Contraloría General de la<br />
República de las rebajas que deban efectuarse en las partidas de los<br />
presupuestos de las instituciones, que considere superfluas, y en las que<br />
no sean prioritarias de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo.<br />
La Autoridad Presupuestaria deberá, en cada caso, consultar el<br />
criterio del superior jerárquico de la institución afectada.<br />
La Contraloría General de la República ordenará las rebajas en los<br />
presupuestos, para que estos se ajusten a lo dispuesto por la Autoridad<br />
Presupuestaria.<br />
(Reformado por el artículo 13 de la Ley No.6999, del 3 de setiembre de<br />
1985)<br />
ARTÍCULO 5:.- A partir de 1985, en el Presupuesto Nacional, no podrá<br />
disponerse de las partidas destinadas a servicios especiales para el pago<br />
de servicios que puedan ser obtenidos en el sector público, ni a la<br />
contratación de personal a cargo del Estado, excepto que se incluya el<br />
respectivo desglose en el correspondiente presupuesto.<br />
ARTÍCULO 6:.- A partir de 1985, las partidas consignadas en el Presupuesto<br />
para obras especificas no podrán destinarse a la remuneración de personal<br />
permanente de las instituciones que las reciban, y solo podrá pagarse con<br />
ellas personal contratado temporalmente para laborar específicamente en la<br />
obra o servicio que tales partidas financian.<br />
ARTÍCULO 7:.- La Contraloría General de la República deberá presentar a la<br />
Asamblea Legislativa, a partir de 1984 y a más tardar en junio de cada año,<br />
los informes de auditoría correspondientes a las partidas específicas,<br />
transferencias y subvenciones de los diversos presupuestos de la República.<br />
ARTÍCULO 8:.- El Poder Ejecutivo, dentro de los noventa días posteriores a<br />
la entrada en vigencia de esta ley, emitirá un reglamento con disposiciones<br />
precisas sobre la aplicación y control de las partidas para obras<br />
específicas, y no podrá autorizar el cambio de destino de las mismas, salvo<br />
en lo referente a los saldos que se produjeren una vez concluida la obra<br />
financiada con esa partida. La Asamblea Legislativa podrá modificar el<br />
destino de las partidas especificas en los proyectos de presupuesto<br />
extraordinarios.<br />
CAPÍTULO CUARTO<br />
Financiamiento del gasto público<br />
ARTÍCULO 9:.- Con excepción del financiamiento del sistema bancario<br />
nacional, que autoriza con letras del tesoro la Ley No. 4646 del 20 de<br />
octubre de 1970, el Gobierno central solamente podrá obtener crédito con<br />
dicho sistema hasta por el cinco por ciento del saldo de gastos del año<br />
inmediato anterior, de los presupuestos ordinario y extraordinario de la<br />
República.<br />
ARTÍCULO 10.- Constituyen el financiamiento del Gobierno Central, a que se<br />
refiere el artículo anterior, los siguientes conceptos:<br />
a) Créditos directos que los bancos otorguen al Gobierno en virtud<br />
del artículo 61, inciso 5), de la ley Orgánica del Sistema Bancario<br />
Nacional.<br />
b) Toda clase de títulos o valores mobiliarios emitidos por el<br />
Gobierno, que los bancos comerciales o el Banco Central de Costa<br />
Rica, o las instituciones financieras sujetas a la supervisión de la<br />
Superintendencia General de Entidades Financieras (*), adquieran como<br />
inversión, según lo dispone el inciso 7) del citado artículo y el<br />
inciso 10) del numeral 62 de la Ley Orgánica del Banco Central de<br />
Costa Rica.<br />
(* Así modificado el nombre del ente contralor bancario por el artículo 176<br />
de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, No.7558, del 3 de<br />
noviembre de 1995)<br />
c) Avales directos o indirectos, fondos de fideicomiso o cualquier<br />
otra transacción financiera equivalente, celebrados con<br />
financiamiento interno.<br />
ch) Los valores mobiliarios del Gobierno central en poder de las<br />
instituciones antes citadas, que formen parte del encaje mínimo<br />
legal.<br />
ARTÍCULO 11.- Los saldos deudores del Gobierno central al 31 de diciembre<br />
de 1983, señalados en el artículo 9, por cualesquiera de los conceptos<br />
indicados en el artículo anterior, no se tomarán en cuenta para determinar<br />
el límite señalado en el artículo con el cual se inicia el presente<br />
capítulo de esta ley.<br />
ARTÍCULO 12.- La Asamblea Legislativa conocerá, trimestralmente, el monto<br />
de los saldos del financiamiento del Sistema Bancario Nacional, que este<br />
realiza en favor del Gobierno central y del resto del sector público. Para<br />
tales efectos, el Banco Central de Costa Rica enviará oportunamente los<br />
correspondientes informes.<br />
ARTÍCULO 13.- Las instituciones descentralizadas del sector público no<br />
podrán obtener o utilizar crédito externo para sus gastos corrientes de<br />
operación, y únicamente se autoriza la excepción de los destinados a<br />
programas específicos de desarrollo cuyo objetivo requiera gastos<br />
corrientes.<br />
Del mismo modo, ni el Banco Central de Costa Rica ni los otros bancos<br />
del Sistema Bancario Nacional podrán canalizar recursos provenientes de<br />
crédito externo para gastos corrientes de operación del sector público. La<br />
Contraloría General de la República velará por el cumplimiento de esta<br />
disposición, e informará anualmente sobre su observancia a la Asamblea<br />
Legislativa, la cual deberá conocer de inmediato, en su capítulo de<br />
correspondencia, el respectivo informe.<br />
ARTÍCULO 14.- Los funcionarios que sean responsables de decisiones que<br />
violen las disposiciones de esta ley, responderán personalmente y con sus<br />
propios bienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley<br />
de la Administración Financiera de la República.<br />
(Reformado por el artículo 13, de la Ley No.6999, del 3 de setiembre de<br />
1985)<br />
ARTÍCULO 15.- En los casos en que su gravedad lo amerite, el Consejo de<br />
Gobierno, previo dictamen favorable de la Junta Directiva del Banco<br />
Central, con el voto afirmativo de por lo menos cinco directores, podrá<br />
proponer a la Asamblea Legislativa, para ocasiones concretas, la ruptura de<br />
uno o varios de los límites establecidos en los artículos 9 y 13 de esta<br />
ley. Esta propuesta se hará mediante un proyecto de ley que enviará el<br />
Poder Ejecutivo, en el cual deberá establecerse cuantitativamente el monto<br />
de exceso por permitir. Este acto legislativo será de naturaleza<br />
administrativa, según los términos del párrafo final del artículo 124 de la<br />
Constitución Política. Si la Asamblea Legislativa no resuelve sobre el<br />
proyecto de ley en el curso de treinta días hábiles, el límite en cuestión<br />
podrá ser sobrepasado en los términos propuestos en el proyecto de ley, por<br />
una sola vez para el caso en cuestión.<br />
TÍTULO SEGUNDO<br />
De la reducción del gasto del sector público<br />
CAPÍTULO PRIMERO<br />
De las plazas vacantes<br />
ARTÍCULO 16.- Para propiciar la racionalización del empleo en el sector<br />
público, la Autoridad Presupuestaria fijará los lineamientos en materia de<br />
empleo público, los cuales podrán incluir límites al número de puestos por<br />
institución. El cumplimiento de tales lineamientos quedará bajo<br />
responsabilidad de la máxima autoridad de la respectiva institución.<br />
Asimismo, las instituciones deberán remitir la información que se les<br />
solicite para verificar dicho cumplimiento.<br />
(Este artículo 16, fue reformado por el inciso e) del artículo 126, de la<br />
Ley N° 8131, de 18 de setiembre de 2001.)<br />
ARTÍCULO 17.- Derogado.<br />
(Este artículo 17, fue derogado por el inciso d) del artículo 127, de la<br />
Ley N° 8131, de 18 de setiembre de 2001.)<br />
ARTÍCULO 18.- Derogado.<br />
(Este artículo 18, fue derogado por el inciso d) del artículo 127, de la<br />
Ley N° 8131, de 18 de setiembre de 2001.)<br />
ARTÍCULO 19.- Derogado.<br />
(Este artículo 19, fue derogado por el inciso d) del artículo 127, de la<br />
Ley N° 8131, de 18 de setiembre de 2001.)<br />
ARTÍCULO 20.- Para la aplicación de lo dispuesto en los artículos 16 y 18,<br />
no se considerarán vacantes las plazas que a la fecha de entrada en<br />
vigencia de la presente ley estén ocupadas por funcionarios nombrados<br />
interinamente.<br />
A partir de la vigencia de esta ley, no se podrán hacer nuevos<br />
nombramientos o prórrogas de anteriores, en plazas interinas, excepto en<br />
los siguientes casos:<br />
1) Plazas de naturaleza docente, administrativo-docente y de<br />
seguridad e higiene del Ministerio de Educación Pública y del<br />
Instituto Nacional de Aprendizaje.<br />
2) Plazas en las que el funcionario nombrado en propiedad tenga un<br />
permiso temporal.<br />
3) Plazas de los programas de salud del Ministerio de Salud y de la<br />
Caja Costarricense de Seguro Social.<br />
4) Plazas de jefatura y las que se consideren indispensables para los<br />
objetivos del programa, institución o empresa, a juicio de la<br />
Autoridad Presupuestaria.<br />
(Reformado por el artículo 13 de la Ley No.6999, del 3 de setiembre de<br />
1985.)<br />
CAPÍTULO SEGUNDO<br />
De los compromisos pendientes de 1983<br />
ARTÍCULO 21.- A la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, se<br />
tendrán por cancelados, automáticamente, en su totalidad, los compromisos<br />
pendientes del presupuesto del Gobierno de la República de 1983, que no<br />
correspondan a pagos por:<br />
a) obligaciones adquiridas en contratos firmados antes del inicio de la<br />
vigencia de esta ley;<br />
b) compra de mercancías, maquinaria, equipo, construcción de obras,<br />
adiciones, mejoras y prestación de servicios al Estado, siempre y<br />
cuando la mercancía, maquinaria y equipo hayan sido efectivamente<br />
transferidos en propiedad al Gobierno de la República; y siempre que<br />
las obras, el servicio prestado, la construcción, las adiciones o<br />
mejoras, ya se hayan iniciado; todo antes de la entrada en vigencia de<br />
la presente ley. Se exceptúan de los alcances de este artículo las<br />
transferencias corrientes y de capital del Presupuesto de la República<br />
de 1983.<br />
CAPÍTULO TERCERO<br />
De la autorización para pensionar a servidores públicos<br />
NOTA: La Ley No. 7935 del 25 de octubre de 1999, en su artículo 72 deroga<br />
los artículo 22, 23 y 24 de la Ley No. 6955, de los cuales el 22 y 24<br />
habían sido anulados por Resolución de las Sala Constitucional No. 1146-90<br />
del 21 de setiembre de 1990.<br />
ARTÍCULO 22.- ANULADO por Resolución de la Sala Constitucional No. 1146-90<br />
de las 14:30 horas del 21 de setiembre 1990.<br />
ARTÍCULO 23.- Derogado por el artículo 72 de la Ley No. 7935 del 25 de<br />
octubre de 1999.<br />
ARTÍCULO 24.- ANULADO por Resolución de la Sala Constitucional No.1146-90<br />
de las 14:30 horas del 21 de setiembre de 1990.<br />
CAPÍTULO CUARTO<br />
De la autorización para pagar prestaciones a los servidores públicos<br />
ARTÍCULO 25.- La Administración Pública, centralizada y descentralizada, y<br />
las empresas públicas podrán ofrecer el pago de sus prestaciones más una<br />
bonificación a los servidores que ellas estimen conveniente, si estos están<br />
de acuerdo y renuncian para dedicarse a actividades ajenas al sector<br />
público.<br />
Esta bonificación se limitará a los términos y condiciones que se<br />
señalan a continuación:<br />
a) Para pagar el auxilio de cesantía, se reconocerán los años de<br />
servicio laborado en forma continua e ininterrumpida, hasta un máximo<br />
de doce. Este incentivo será una excepción a las reglas para<br />
calcular el auxilio de cesantía.<br />
b) Adicionalmente al reconocimiento que se realice por años de<br />
servicio, podrá otorgarse a cada servidor un incentivo adicional<br />
hasta de cuatro mensualidades del salario promedio de los últimos<br />
seis (6) meses efectivamente laborados.<br />
(Así reformado por el artículo 1 de la Ley No.7560 del 9 de noviembre de<br />
1995. Sobre el pago para funcionarios públicos acogidos a la movilidad<br />
laboral antes de la presente reforma, véase el TRANSITORIO X.)<br />
ARTÍCULO 26.- Serán elegibles para lo que dispone el artículo anterior<br />
únicamente los funcionarios nombrados en propiedad, que no hayan recibido<br />
sus prestaciones legales ni hayan sido despedidos por causa justa.<br />
ARTÍCULO 27.- Los funcionarios que se acojan a los beneficios establecidos<br />
en el artículo 25 de esta ley no podrán ocupar puesto alguno en la<br />
Administración Pública, centralizada o descentralizada, ni en las empresas<br />
públicas, sino después de siete (7) años contados a partir de la fecha de<br />
su renuncia. La Autoridad Presupuestaria reglamentará los procedimientos<br />
para controlar que se cumpla con esta disposición.<br />
(Así reformado por el artículo 1 de la Ley No.7560, del 9 de noviembre de<br />
1995)<br />
ARTÍCULO 28.- Las plazas que quedaren vacantes por el cumplimiento de lo<br />
dispuesto en los artículos 22, 24 y 25 de la presente ley, deberán ser<br />
eliminados del presupuesto respectivo. Los órganos del Estado y las<br />
instituciones públicas deberán suministrar a la Autoridad Presupuestaria la<br />
información que ésta les solicite, para controlar el cumplimiento de lo que<br />
dispone el presente artículo, e informarán a ésta de las plazas que<br />
eliminen de sus presupuestos.<br />
CAPÍTULO QUINTO<br />
De las plazas nuevas y las contrataciones<br />
ARTÍCULO 29.- El número total de plazas ocupadas por cargos fijos, jornales<br />
y servicios especiales, de todas las dependencias del Estado y del sector<br />
público, incluidos los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las<br />
instituciones autónomas y semiautónomas, así como las<br />
empresas públicas y sus subsidiarias constituidas como sociedades, y toda<br />
aquella institución pública creada por ley general o especial, excepto las<br />
municipalidades, durante los ejercicios presupuestarios de los años 1987,<br />
1988 y 1989, no podrá ser mayor al de las ocupadas al 2 de marzo de 1984.<br />
Sin la autorización previa de la Autoridad Presupuestaria, las entidades<br />
públicas no podrán llenar plazas para desarrollar funciones diferentes a<br />
las establecidas en el correspondiente manual descriptivo de puestos.<br />
Las entidades públicas que aquí se señalan estarán obligadas a<br />
registrar ante la Contraloría General de la República, las plazas ocupadas<br />
al primero de enero de 1984, con los nombres, sueldos o salarios y otras<br />
remuneraciones de las personas que los ocupe, así como cualquier otra<br />
información que la Contraloría considere conveniente. En la liquidación de<br />
los presupuestos de 1984, 1985 y 1986, la Contraloría General de la<br />
República solamente podrá tomar en cuenta las plazas que aparezcan en el<br />
mencionado registro.<br />
Tanto la Contraloría General de la República como la Autoridad<br />
Presupuestaria no tramitarán documentos de presupuestos, presupuestos o sus<br />
modificaciones, de entidades o instituciones públicas que no hayan cumplido<br />
con lo que aquí se dispone. A más tardar quince días naturales después de<br />
la entrada en vigencia de la presente ley, las entidades e instituciones<br />
públicas deberán presentar el registro de plazas antes citado ante la<br />
Contraloría General de la República, con copia a la Autoridad<br />
Presupuestaria. La Contraloría General de la República fiscalizará la<br />
aplicación de este artículo.<br />
(Así reformado por el artículo 17 de la Ley No. 7055 del, 18 de diciembre<br />
de 1986.)<br />
ARTÍCULO 30.- Las juntas, consejos, organizaciones adscritas, o entidades<br />
descentralizadas que dependan de los ministerios, únicamente podrán<br />
contratar personal mediante los procedimientos regulares de los respectivos<br />
departamentos de personal, siguiendo los trámites establecidos por la<br />
Dirección General de Servicio Civil.<br />
Para poder recibir transferencias del Gobierno de la República y de<br />
otros entes públicos, en el Presupuesto Nacional de 1985 y de los años<br />
siguientes, deberá incluirse el desglose de las plazas que correspondan a<br />
los organismos a que se refiere el párrafo anterior, como parte de un<br />
programa en el presupuesto del ministerio relevante.<br />
(Texto modificado por Resolución de la Sala Constitucional No. 140-93 de<br />
las 16:05 horas del 12 de enero de 1993).<br />
ARTÍCULO 31.- Cuando en los poderes del Estado, en las instituciones<br />
descentralizadas y en las empresas públicas se hayan consolidado<br />
situaciones laborales, en que un solo individuo trabaja en forma permanente<br />
la jornada ordinaria y una jornada extraordinaria, su superior jerárquico<br />
inmediato, deberá tomar inmediatamente las medidas correspondientes<br />
para que cese tal situación, so pena de ser responsable directo ante el<br />
Estado del monto de las jornadas extraordinarias que así se pagaren. De<br />
inmediato, también, se tomarán medidas por parte del Poder, institución o<br />
empresa, para que las funciones que originaron la jornada extraordinaria<br />
permanente se asignen a un empleado o funcionario específicamente nombrado<br />
para desempeñarlas, cuando tales funciones fueren de carácter<br />
indispensable.<br />
CAPÍTULO SEXTO<br />
De las reducciones en los presupuestos de las instituciones públicas<br />
y de la información financiera<br />
ARTÍCULO 32.- DEROGADO por el artículo 67 de la Ley No. 7064, del 29 de<br />
abril de 1987.<br />
ARTÍCULO 33.- La Autoridad Presupuestaria y la Contraloría General de la<br />
República verificaran el cumplimiento de lo que dispone el artículo 32 de<br />
la presente ley.<br />
La Autoridad Presupuestaria emitirá un reglamento donde se regulen los<br />
procedimientos de control, forma montos, y plazos en los que las<br />
instituciones realizaran el pago de la contribución extraordinaria al<br />
Gobierno de la República.<br />
Por regla general, el pago de la contribución se realizará en un<br />
número de cuotas mensuales iguales.<br />
Se considerará falta grave, por parte de los funcionarios<br />
responsables, el incumplimiento de lo que se establece en el presente<br />
capítulo. Igual responsabilidad les incumbirá a las juntas directivas,<br />
presidentes ejecutivos, gerentes y administradores de la institución<br />
respectiva.<br />
ARTÍCULO 34.- Previa certificación por parte de la Autoridad<br />
Presupuestaria, de que la rebaja cumple con lo dispuesto en el artículo 31,<br />
las instituciones y empresas públicas deberán enviar a la Contraloría<br />
General de la República la modificación presupuestaria correspondiente.<br />
En la modificación, y para mantener el equilibrio en el presupuesto,<br />
se incluirá el monto de la contribución al Gobierno central, y se rebajarán<br />
en esa cantidad los otros gastos, con las excepciones que se señalan en el<br />
artículo 32.<br />
Las instituciones y empresas públicas enviarán la modificación<br />
presupuestaria a la Autoridad Presupuestaria, a más tardar quince días<br />
naturales después de la entrada en vigencia de la presente ley. En un plazo<br />
no mayor de cinco días naturales después de obtenida la certificación de la<br />
Autoridad Presupuestaria, la institución presentará la modificación del<br />
presupuesto ante la Contraloría General de la República.<br />
ARTÍCULO 35.- Los bancos y financieras del Sistema Bancario Nacional<br />
estarán obligados a informar a la Autoridad Presupuestaria y al Banco<br />
Central de Costa Rica, sobre los saldos en las cuentas corrientes y a plazo<br />
que cada institución y empresa pública mantenga en ellos, a la fecha de<br />
entrada en vigencia de la presente ley, lo cual harán a más tardar quince<br />
días naturales después de esa fecha. Además, cuando la Autoridad<br />
Presupuestaria y el Banco<br />
Central lo requieran, deberán ser informados de los saldos en cuenta<br />
corriente y a plazo, y de otras tenencias de títulos valores y de fondos<br />
especiales de reserva, que las instituciones y empresas públicas mantengan<br />
en aquellas instituciones.<br />
ARTÍCULO 36.- Las instituciones públicas estarán obligadas a enviar a la<br />
Autoridad Presupuestaria y al Banco Central de Costa Rica, copia de los<br />
saldos conciliados de las cuentas, depósitos y reservas que mantengan en<br />
los bancos, a más tardar quince días naturales después de recibir el<br />
balance del banco respectivo, e informarán, cuando éstas lo requieran, los<br />
saldos por tenencia de otros títulos valores. La Contraloría General de la<br />
República no dará tramite a los presupuestos y sus modificaciones, de las<br />
instituciones que no se encuentren al día en el suministro de la<br />
información indicada, para lo que deberá obtener una constancia escrita de<br />
la Autoridad Presupuestaria.<br />
CAPÍTULO SÉTIMO<br />
De la evaluación del gasto público<br />
ARTÍCULO 37.- Derogado.<br />
(Este artículo 37, fue derogado por el inciso d) del artículo 127, de la<br />
Ley N° 8131, de 18 de setiembre de 2001.)<br />
TÍTULO TERCERO<br />
De la modificación al Impuesto sobre la Renta<br />
y a los Impuestos Selectivos de Consumo<br />
CAPÍTULO PRIMERO<br />
De la modificación al Impuesto sobre la Renta<br />
de las personas jurídicas<br />
ARTÍCULO 38.- Refórmanse los artículos 14, inciso 2) y 63 de la Ley del<br />
Impuesto sobre la Renta No. 837 del 20 de diciembre de 1946 y sus reformas<br />
y adicionase a la misma un nuevo artículo, que será el número 65. Sus<br />
textos serán los siguientes:<br />
"Artículo 14.-...Inciso 2): En el caso de sociedades de hecho o de<br />
derecho, patrimonios hereditarios indivisos, establecimientos<br />
permanentes, fideicomisos o encargos de confianza, se aplicaran sobre<br />
la renta líquida obtenida la escala progresiva que sigue:<br />
De cero (0) hasta cien mil colones ((100.000) un diez por ciento<br />
(10%) anual.<br />
Sobre el exceso de cien mil colones ((100.000) y hasta doscientos<br />
cincuenta mil colones ((250.000) un veinte por ciento (20%) anual.<br />
Sobre el exceso de doscientos cincuenta mil colones ((250.000) y<br />
hasta quinientos mil colones ((500.000) un veinticinco por<br />
ciento(25%) anual.<br />
Sobre el exceso de quinientos mil colones ((500.000) y hasta<br />
setecientos cincuenta mil colones ((750 000) un treinta y cinco por<br />
ciento (35%) anual.<br />
Sobre el exceso de setecientos cincuenta mil colones ((750.000) y<br />
hasta un millón de colones ((1.000.000) un cuarenta por ciento (40%)<br />
anual.<br />
Sobre el exceso de un millón de colones ((1.000.000) un cincuenta<br />
(50%) anual."<br />
"Articulo 63: Los contribuyentes comprendidos en el inciso 2) del<br />
articulo 14, que paguen o acrediten dividendos de acciones de<br />
cualquier tipo o participaciones sociales a socios, o cualquier otra<br />
clase de beneficios asimilables a dividendos en efectivo, pagados o<br />
acreditados a personas físicas domiciliadas en el país, están<br />
obligados a retener el quince por ciento (15%) de tales sumas.<br />
La retención debe considerarse como pago único y definitivo del<br />
impuesto por tales conceptos y practicarse en la fecha en que se<br />
efectúe el pago o crédito que les den origen.<br />
Las sumas retenidas deben depositarse en el Banco Central de<br />
Costa Rica o en sus tesorerías auxiliares, dentro de los primeros<br />
quince días del mes siguiente a aquella fecha.".<br />
"Artículo 65: Los declarantes del impuesto sobre la renta están<br />
obligados a presentar constancia, exenta del pago de especies<br />
fiscales, expedida por la Dirección General de la Tributación<br />
Directa, de estar al día en la presentación de sus declaraciones en<br />
las gestiones administrativas con instituciones o empresas públicas y<br />
dependencias del Estado, según lo establezca el Reglamento."<br />
ARTÍCULO 39.- El Poder Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Hacienda,<br />
emitirá las disposiciones reglamentarias correspondientes a las normas<br />
modificadas y creadas en el artículo 38 de esta ley, de tal forma que<br />
surtan efecto a partir del período fiscal N° 84 (del 1 de octubre de 1983<br />
al 30 de setiembre de 1984.)<br />
CAPÍTULO SEGUNDO<br />
De los incentivos a la exportación<br />
ARTÍCULO 40.- Se adicionan los siguientes artículos a la Ley del Impuesto<br />
sobre la Renta, N° 837 del 20 de diciembre de 1946 y sus reformas:<br />
"Artículo 66.- Incentivos a las exportaciones<br />
Los beneficios que en adelante se establecen, se concederán durante<br />
doce (12) años a partir del período fiscal del impuesto sobre la<br />
renta N° 84, a aquellas empresas exportadoras de productos no<br />
tradicionales, no amparados a tratados de libre comercio.<br />
a) Deducción del ciento por ciento del impuesto sobre aquella parte<br />
de las utilidades netas del período, obtenidas únicamente por las<br />
exportaciones no tradicionales que efectúe el declarante a terceros<br />
mercados. Esta utilidad nunca podrá ser mayor al resultado de aplicar<br />
la proporción de las ventas totales sobre el valor de las<br />
exportaciones citadas a las utilidades netas del exportador.<br />
En el caso de empresas nuevas, este incentivo se otorgará a<br />
partir del ejercicio fiscal en que efectúen la primera exportación.<br />
b) Deducción del cincuenta por ciento (50%) del monto de lo pagado,<br />
por medio de una bolsa de comercio, por la compra de acciones<br />
nominativas de sociedades anónimas domiciliadas en el país, que<br />
tengan programas de exportación del ciento por ciento (100%) de su<br />
producción o que están exportando ese total.<br />
No podrán deducirse por este concepto, más de un veinticinco<br />
por ciento (25%) de la renta neta del período en el que se realice la<br />
compra; ni las adquisiciones de acciones podrán hacerse<br />
recíprocamente o en cadena, con el propósito de evadir el pago del<br />
impuesto.<br />
Las acciones adquiridas deben quedar en fideicomiso en un banco<br />
del Estado o en una bolsa de comercio, por un plazo no menor de tres<br />
años, sin posibilidades de disponer más que de los dividendos que<br />
produzcan.<br />
c) Las materias primas, insumos y envases no producidos en el país<br />
que formen parte componente de los productos no tradicionales<br />
exportados a mercados nuevos (terceros mercados) estarán exentos de<br />
todos los impuestos de importación, incluidos el impuesto contemplado<br />
en el Protocolo de Estabilización Económica (Protocolo de San José),<br />
y las sobretasas temporales a la importación.<br />
Para disfrutar de los beneficios que se conceden en este<br />
artículo, la empresa deberá aportar lo siguiente:<br />
1)Certificación del monto de las exportaciones realizadas, emitidas<br />
por el Banco Central de Costa Rica.<br />
2)Certificación sobre la aprobación de sus programas de exportación,<br />
emitida por el Consejo Nacional de Inversiones.<br />
3)Además deberá probar que ha cumplido con los controles y normas que<br />
establezca el reglamento de esta ley.<br />
Comete el delito de defraudación fiscal el declarante que para obtener<br />
los incentivos señalados en este artículo, incurra en falsedades o en<br />
maniobras fraudulentas.<br />
Artículo 67.- El contrato de exportación<br />
Se crea el contrato de exportación, como un instrumento para<br />
coordinar las ventajas, y facilitar los beneficios que diversas leyes<br />
otorgan a las empresas exportadoras, tales como:<br />
a) tarifas portuarias especiales;<br />
b) simplificación de procedimientos y trámites;<br />
c) créditos bancarios con tasas de interés preferencial;<br />
ch) reducciones impositivas;<br />
d) depreciaciones aceleradas;<br />
e) certificados de abono tributario, sobre la base de productos y<br />
mercados,<br />
f) certificados de incremento de las exportaciones.<br />
El Consejo Nacional de Inversiones coordinará con los distintos entes<br />
estatales, y de acuerdo con las leyes respectivas, el señalamiento de los<br />
requisitos y condiciones, así como la determinación de los alcances de las<br />
ventajas y beneficios, todo dirigido a la obtención de resultados positivos<br />
en la balanza de pagos, mediante el incremento de las exportaciones.<br />
Artículo 68.- El Consejo Nacional de Inversiones<br />
Se crea el Consejo Nacional de Inversiones, integrado por dos<br />
ministros del sector económico o sus representantes, por el Director<br />
Ejecutivo del Centro para la Promoción de las Exportaciones y las<br />
Inversiones, y por dos representantes del sector privado<br />
pertenecientes a esta última dependencia, escogidos por el Presidente<br />
de la República. El Poder Ejecutivo reglamentará su funcionamiento.<br />
Artículo 69.- Función del Consejo Nacional de Inversiones<br />
Corresponde la Consejo Nacional de Inversiones:<br />
a) Aprobar o improbar los programas y los contratos de exportación.<br />
b) Coordinar con los entes estatales que corresponda, los beneficios<br />
plazos y condiciones que en cada caso otorgará en los contratos de<br />
exportación, de acuerdo con las leyes respectivas.<br />
c) Aprobar y recomendar al Banco Central de Costa Rica el<br />
otorgamiento de los certificados de abono tributario y de incremento<br />
de las exportaciones.<br />
Artículo 70.- El régimen de admisión temporal<br />
Se establece un régimen de admisión temporal, mediante el cual<br />
se permite recibir dentro del territorio aduanero, en suspensión de<br />
toda clase de tributos, las<br />
mercancías destinadas al exterior, después de haber sido sometidas a<br />
procesos de reparación, reconstrucción, montaje, ensamblaje,<br />
incorporación a conjuntos o aparatos de mayor complejidad tecnológica<br />
y funcional, o a uso en equipos de transporte y otros fines.<br />
También podrán ingresar al país mediante el presente procedimiento,<br />
hasta por un plazo de doce meses, muestras, modelos, patrones y artículos<br />
similares, para fines demostrativos de investigación, instrucción o<br />
exportación en ferias.<br />
Asimismo, quedan comprendidos dentro de este régimen, los equipos y<br />
repuestos necesarios para realizar los procesos citados y las mercancías<br />
que desaparezcan total o parcialmente en los mismos, así como los bienes<br />
destinados a ofrecer una mayor comodidad laboral a los empleados de las<br />
plantas, estos últimos de acuerdo con lo que al respecto señale una<br />
reglamentación especial.<br />
Quienes se acojan a este régimen, otorgarán prenda aduanera, sin<br />
necesidad de garantía adicional, y los propietarios de los bienes, por el<br />
simple hecho de remitirlos al país, otorgan poder suficiente al<br />
consignatario para imponer dicho gravamen. Esta prenda se tramitara de<br />
oficio, servirá exclusivamente para los propósitos de este régimen y tendrá<br />
prioridad sobre cualquier otro gravamen o garantía.<br />
El Ministerio de Hacienda velará por la correcta aplicación de este<br />
régimen y reglamentará el destino de las mermas y desperdicios que se<br />
produzcan en los procesos productivos señalados.<br />
CAPÍTULO TERCERO<br />
De las modificaciones a los Impuestos Selectivos de Consumo<br />
ARTÍCULO 41.- Se aumentan en cinco puntos porcentuales, las tarifas ad-<br />
valorem aplicables a las mercancías incluidas en los anexos 1 y 2 de la Ley<br />
de Consolidación de Impuestos Selectivos de Consumo, N° 4961 del 10 de<br />
marzo de 1972 y sus reformas. Se autoriza al Poder Ejecutivo para que,<br />
mediante decreto del Ministro de Hacienda, reduzca las tarifas ad-valorem<br />
aplicables a las mercancías de las listas 1, 2 y 3 de la citada ley.<br />
Se entiende que el aumento de cinco puntos porcentuales que aquí se<br />
establece es adicional a los porcentuales autorizados en el artíulo 5 de la<br />
ley N° 6820 del 3 de noviembre de 1982.<br />
Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigencia a partir<br />
de la fecha de publicación de la presente ley.<br />
TÍTULO CUARTO<br />
DE LAS MODIFICACIONES AL ARANCEL CONSULAR, A LOS<br />
DERECHOS DE RESIDENCIA Y A LOS IMPUESTOS<br />
POR EL USO DE PUERTOS Y FRONTERAS<br />
CAPÍTULO PRIMERO<br />
De las modificaciones al Arancel Consular<br />
ARTÍCULO 42.- Se aumentan en un trescientos por ciento, en cada partida los<br />
derechos fijados en el Arancel Consular, creados por las Leyes N° 46 del 7<br />
de julio de 1925 y sus reformas, N° 29 del 23 de noviembre de 1945 y N°<br />
3872 del 22 de mayo de 1967. Se autoriza al Poder Ejecutivo para que<br />
actualice los ítems del Arancel Consular, en el que podrá incluir aquellos<br />
que considere necesarios y excluir únicamente los que en la actualidad no<br />
tengan función alguna.<br />
ARTÍCULO 43.- El incremento en la recaudación por el aumento establecido en<br />
el artículo anterior se distribuirá, por medio del presupuesto del Gobierno<br />
de la República, de la siguiente manera:<br />
a) Una tercera parte al Instituto Mixto de Ayuda Social, el cual<br />
utilizará estos fondos únicamente para financiar programas sociales.<br />
b) Dos terceras partes a la caja única del Estado, para sufragar<br />
gastos generales del Gobierno.<br />
ARTÍCULO 44.- El Banco Central de Costa Rica venderá los timbres consulares<br />
en dólares, o en colones al equivalente del tipo de cambio libre del día.<br />
CAPÍTULO SEGUNDO<br />
De las modificaciones a los derechos de residencia y a los impuestos por<br />
el uso de puertos y fronteras<br />
ARTÍCULO 45.- Refórmase el artículo 2 de la Ley N° 37 del 7 de junio de<br />
1940, reformada por el artículo 11 de la Ley N° 5358 del 26 de setiembre de<br />
1973, en la siguiente forma:<br />
"Artículo 2:.- Todo extranjero residente en el país por un término de<br />
seis o más meses debe proveerse de una cédula de residencia, que<br />
expedirá el Ministerio de Gobernación, por medio de una oficina<br />
creada con este exclusivo objeto. En esa cédula constarán,<br />
principalmente, los datos de identificación. Deberá renovarse dentro<br />
de los primeros treinta días de cada año, aunque podrá renovarse por<br />
dos años mediante pago adelantado.<br />
Por la expedición o renovación de cada cédula de residencia, el<br />
interesado por cada año, pagará en colones, el equivalente de<br />
veinticinco dólares en timbres fiscales, al tipo de cambio libre del<br />
día. Los timbres se cancelarán en el momento de emitirse el<br />
respectivo documento, no obstante también podrán cancelarse mediante<br />
entero a favor del Gobierno.<br />
Se exceptúan del pago de timbre fiscal los ciudadanos de<br />
aquellos países con los que se tienen tratados de reciprocidad para<br />
el no pago de estas tasas.<br />
Los extranjeros aquí señalados deberán comunicar cada año su<br />
dirección exacta, o cualquier cambio en ella, a más tardar treinta<br />
días naturales después de ocurrido el cambio. El incumplimiento de<br />
este requisito podrá ser motivo para que se cancele la cédula de<br />
residencia."<br />
ARTÍCULO 46.- Refórmanse los artículos 1, 2 y 7 de la Ley No. 5874 del 23<br />
de diciembre de 1975, que dirán así;<br />
"Artículo 1:.- Establécese un impuesto del equivalente en colones de<br />
diez dólares al tipo de cambio libre del día, que deberá pagar cada<br />
persona de nacionalidad extranjera no residente en Costa Rica, cada<br />
vez que salga del territorio de la República utilizando cualquiera de<br />
los puertos marítimos o aéreos o que cruce las fronteras. Se exceptúa<br />
del anterior impuesto a las personas de nacionalidad extrajera que<br />
permanezcan en tránsito en el país, por un período menor de cuarenta<br />
y ocho horas, y a los miembros del cuerpo diplomático, de misiones<br />
internacionales y funcionarios de gobierno de países con los cuales<br />
Costa Rica mantenga relaciones diplomáticas, que viajen en misión<br />
oficial.<br />
Las autoridades de migración se encargarán de que se cumpla con<br />
el pago del anterior impuesto, e impedirán la salida del país a<br />
aquellos que estando obligados a pagarlos no lo hicieren.<br />
Artículo 2:.- Establécese un impuesto del equivalente en colones de<br />
treinta dólares, al tipo de cambio libre del día, que deberá pagar<br />
cada costarricense o extranjero con cédula de residente en Costa<br />
Rica, cada vez que salga del territorio de la República utilizando<br />
cualquiera de los puertos, marítimos o aéreos, o que cruce las<br />
fronteras. Se exceptúa del anterior impuesto a los miembros del<br />
cuerpo diplomático y de misiones internacionales, y a los portadores<br />
de pasaporte diplomático.<br />
Las autoridades de migración se encargarán de que se cumpla con<br />
el pago del anterior impuesto, e impedirán la salida del país a<br />
aquellos que estando obligadas a pagarlo no lo hicieren. Para tener<br />
derecho al régimen de cortesía en las aduanas del país, los<br />
costarricenses y los extranjeros residentes en Costa Rica deberán<br />
cancelar el impuesto que aquí se establece."<br />
"Artículo 7:.- El doce y medio por ciento del producto de los<br />
impuestos indicados en los artículos 1 y 2, será girado mensualmente<br />
por el Banco Central de Costa Rica al Instituto Mixto de Ayuda<br />
Social, el cual destinará dichos recursos única y exclusivamente a la<br />
realización de programas de vivienda popular."<br />
ARTÍCULO 46 bis.- La Dirección General de Hacienda podrá exonerar del<br />
impuesto de salida a que se refiere la reforma al articulo 1 de la Ley N°<br />
5874 del 23 de diciembre de 1975, contenida en el artículo 10 anterior de<br />
la presente ley, a los grupos culturales y deportivos que, oficialmente y<br />
en representación de nuestro país, viajen al exterior, previa recomendación<br />
al respecto del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes; o a los de<br />
promoción turística debidamente acreditados como tales, patrocinados por el<br />
Instituto Costarricense de Turismo.<br />
Quedan exonerados del pago del impuesto de salida, los conductores<br />
costarricenses de furgones de carga y de líneas de transporte internacional<br />
de pasajeros, que se dediquen en forma habitual al transporte de mercancías<br />
o de personas al territorio centroamericano y panameño, y que estén<br />
debidamente acreditados como tales ante la Dirección General de Migración y<br />
Extranjería. Sus homólogos centroamericanos y panameños podrán, asimismo,<br />
ser exonerados del pago del impuesto de salida, siempre y cuando, bajo las<br />
mismas condiciones, demuestren que en sus respectivos países se da un trato<br />
igual para los costarricenses. La Dirección de Migración y Extranjería<br />
informará a la Dirección General de Hacienda sobre lo anterior, para su<br />
debido control.<br />
(Así adicionado por el artículo 11 de la Ley No. 6962 del 26 de julio de<br />
1984)<br />
Transitorio.- La exoneración de pago a que se refiere el párrafo segundo de<br />
este artículo, podrá otorgarse en forma efectiva a partir del 2 de marzo de<br />
1984.<br />
(Así adicionado por el artículo 11 de la Ley No. 6962 del 26 de julio de<br />
1984)<br />
TÍTULO QUINTO<br />
DE LAS MODIFICACIONES AL CÓDIGO FISCAL<br />
Y A LA LEY ORGÁNICA DEL NOTARIADO<br />
CAPÍTULO PRIMERO<br />
De las modificaciones al título VI, "del papel sellado" del Código Fiscal<br />
ARTÍCULO 47.- Modificase el título VI, "Del papel sellado", del Código<br />
Fiscal, en sus artículos 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247,<br />
248, 249, 250, 251, 252 y 253, los cuales dirán así:<br />
"Artículo 238.- Habrá un solo tipo de papel de oficio de buena<br />
calidad, que consistirá en una hoja simple de treinta y dos<br />
centímetros de largo por veintidós de ancho, y que llevará siempre un<br />
sello de agua con el escudo nacional; tendrá el anverso orlado en el<br />
centro de la parte superior con la siguiente inscripción: Papel de<br />
Oficio, e impresas dos líneas verticales colocadas una a tres<br />
centímetros del borde izquierdo y la otra a dos centímetros del borde<br />
derecho; entre ellas tendrá impresas treinta líneas horizontales,<br />
fuera de las cuales no deberá escribirse, y separadas una de otra por<br />
un espacio de ocho y medio milímetros, y colocada la<br />
primera a veinticinco milímetros del borde superior de la hoja. En el<br />
reverso será igual, salvo que no llevará la inscripción anteriormente<br />
indicada.<br />
Artículo 239.- El valor del papel de oficio lo determinará el Poder<br />
Ejecutivo, por medio del Ministerio de Hacienda, previa consulta al<br />
Banco Central de Costa Rica. Los reintegros que se fijan en los<br />
siguientes artículos podrán efectuarse en timbres fiscales, o<br />
mediante pago de un entero a favor del Gobierno de la República, a<br />
conveniencia del contribuyente. Los particulares podrán utilizar<br />
papel de buena calidad, de las mismas dimensiones establecidas en el<br />
artículo anterior, que no sea papel de oficio con el sello de agua<br />
que ordena ese mismo artículo, para la tramitación judicial, los<br />
testimonios de escrituras públicas y certificaciones notariales,<br />
siempre que se reintegre con los timbres de los valores que se<br />
establecen en los artículos siguientes y en las demás disposiciones<br />
legales similares.<br />
Artículo 240.- Se usará papel de oficio con reintegro de quinientos<br />
colones ((500,00) en timbres fiscales:<br />
1) En el primer pliego de todo testimonio de instrumento o<br />
documento público, inscribible o no en el Registro Nacional, sobre<br />
cantidades y obligaciones cuyo principal exceda de un millón<br />
quinientos mil colones ((1.500.000,00); y en el primer pliego del<br />
original de los documentos privados de contratos sobre esa cuantía.<br />
2) En el primer pliego de las ejecutorias no inscribibles en el<br />
Registro Nacional, de sentencias pronunciadas en juicio cuyo valor<br />
exceda de un millón quinientos mil colones ((1.500.000,00).<br />
3) En las patentes de buques de más de doscientas toneladas de<br />
porte.<br />
4) En los títulos de Doctor de cualquier facultad expedidos en el<br />
país.<br />
Artículo 241.- Se usará papel de oficio con reintegro de doscientos<br />
cincuenta colones ((250,00) en timbre fiscal.<br />
En los casos previstos en los incisos 1) y 2) del articulo 240,<br />
cuando el valor del negocio pase de un millón de colones<br />
((1.000.000,00) y no exceda de un millón quinientos mil colones<br />
((1.500.000,00).<br />
Artículo 242.- Se usará papel de oficio con reintegro de ciento<br />
veinticinco colones ((125,00) en timbre fiscal:<br />
1) En los casos determinados en los incisos 1) y 2) del artículo<br />
240, cuando el valor del negocio exceda de quinientos mil colones<br />
((500.000,00) y no pase de un millón de colones ((1.000.000,00).<br />
2) En las licencias para buques de ciento una a doscientas<br />
toneladas de porte.<br />
Artículo 243.- Se usará papel de oficio con reintegro de cien<br />
colones ((100,00) en timbre fiscal:<br />
1) En los casos señalados en los incisos 1) y 2) del artículo 240,<br />
cuando el valor del negocio pase de doscientos cincuenta mil<br />
colones((250.000,00) y no exceda de quinientos mil colones<br />
((500.000,00).<br />
2) En los títulos de Licenciado, de cualquier facultad, y en los de<br />
Arquitecto o Ingeniero, expedidos en el país.<br />
3) En los títulos de Notarios Públicos y de Corredores Jurados.<br />
4) En el primer pliego de todo testimonio de instrumentos o<br />
documentos públicos, inscribibles o no en el Registro Nacional, de<br />
cuantía inestimable, incluidos los poderes generales,<br />
generalísimos, especiales, especialísimos; en el primer pliego del<br />
original de los contratos privados de naturaleza inestimable y en<br />
el primer pliego de las ejecutorias de sentencias no inscribibles<br />
en el Registro citado, dictadas en negocios o asuntos no<br />
susceptibles de estimación pecuniaria, o de cuantía indeterminada,<br />
como los relativos al estado civil de las personas, testamentos y<br />
similares. En cuanto a los poderes especiales judiciales otorgados<br />
apud acta, se estará a lo dispuesto en la ley procesal civil<br />
correspondiente.<br />
5) En las licencias para embarcaciones de diez a cien toneladas.<br />
Artículo 244.- Se usará papel de oficio con reintegro de cincuenta<br />
(( 50,00) en timbre fiscal:<br />
1) En los casos previstos en los incisos 1) y 2) del artículo 240,<br />
cuando el valor del negocio pase de cien mil colones ((<br />
100.000,00)y no exceda de doscientos cincuenta mil colones<br />
((250.000,00).<br />
2) En los títulos de Bachiller universitario, expedidos en el país.<br />
Artículo 245.- Se usará papel de oficio con reintegro de veinticinco<br />
colones ((25,00) en timbre fiscal en los casos previstos en los<br />
incisos 1) y 2) del artículo 240, cuando el valor del negocio pase de<br />
setenta y cinco mil colones ((75.000,00) y no exceda de cien mil<br />
colones ((100.000,00).<br />
Artículo 246.- Se usará papel de oficio con reintegro de veinte<br />
colones ((20,00) en timbre fiscal en los casos previstos por los<br />
incisos 1) y 2) del articulado 240, cuando el valor del negocio sea<br />
mayor de veinticinco mil colones ((25.000,00) y no exceda de setenta<br />
y cinco mil colones ((75.000,00).<br />
Artículo 247.- Se usará papel de oficio con reintegro de diez colones<br />
((10,00) en timbre fiscal:<br />
1) En los casos señalados en los incisos 1) y 2) del artículo 240,<br />
cuando el valor del negocio no exceda de veinticinco mil<br />
colones((25.000,00).<br />
2) En todo vale o pagaré, o contrato de crédito en cuenta<br />
corriente.<br />
3) En los registros de embarcaciones y licencias para navegar.<br />
4) En las autenticaciones de firmas de documentos extranjeros.<br />
5) En la cubierta de los testamentos cerrados.<br />
6) En los segundos y siguientes pliegos de los testimonios de<br />
escrituras públicas o ejecutorias no inscribibles en el Registro<br />
Nacional, o de documentos o contratos privados cuyo primer pliego<br />
deba ser de mayor valor.<br />
7) En los testimonios de escrituras adicionales no inscribibles en<br />
el Registro citado, en que simplemente se rectifiquen errores<br />
materiales o de concepto o se subsanen omisiones de pura forma, que<br />
no alteren el valor principal de la escritura original.<br />
8) En los testimonios de revocatoria o sustitución de poderes y en<br />
los de cualquier cancelación, cuando de los mismos no deba tomar<br />
nota el Registro Nacional.<br />
9) En las certificaciones de actos notariales, de autos, de piezas<br />
de expedientes o documentos que no van a ser aducidos como prueba<br />
en juicio, ni que se destinen a inscripciones, o anotaciones que<br />
deben practicarse en el Registro Nacional. Cuando la certificación<br />
haya de formar parte de un expediente como prueba, se extenderá<br />
precisamente en la clase de papel correspondiente al juicio.<br />
Artículo 248.- En cada folio de los protocolos de los notarios<br />
públicos se utilizará papel de oficio con reintegro de cinco, colones<br />
((5,00) en timbre fiscal. Cada uno de los folios deberá ajustarse al<br />
artículo 238 y la cancelación del timbre fiscal deberá hacerla la<br />
Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, previamente a la apertura<br />
del respectivo tomo del protocolo; el valor correspondiente a un tomo<br />
del protocolo podrá ser cancelado mediante pago de entero a favor del<br />
Gobierno de la República, en cuyo caso la Secretaría de la Corte hará<br />
constar esa circunstancia en la razón de apertura, y archivará el<br />
entero.<br />
Artículo 249.- Para la tramitación judicial en materia civil y<br />
mercantil, se utilizará papel de oficio en los escritos, pedimentos,<br />
pruebas y, en general, en la substanciación de asuntos de la<br />
naturaleza indicada, con reintegro en timbre fiscal de los siguientes<br />
valores:<br />
1) Asuntos en que la cuantía del negocio sea mayor de cincuenta mil<br />
colones ((50.000,00), timbre fiscal de diez colones ((10,00).<br />
2) Asuntos en que la cuantía del negocio sea mayor de veinte mil<br />
colones ((20.000,00) y no exceda de cincuenta mil colones<br />
((50.000,00),<br />
timbre fiscal de ocho colones (( 8,00).<br />
3) Asuntos en que la cuantía sea mayor de cinco mil colones ((<br />
5.000,00) y no supere la de veinte mil colones ((20.000,00, timbre<br />
fiscal de seis colones (( 6,00)<br />
4) Asuntos en que la cuantía del negocio exceda de mil colones<br />
((1.000,00) y no pase de cinco mil colones ((5.000,00), timbre<br />
fiscal de cuatro colones ((4,00).<br />
5) En informaciones fuera de juicio o ad perpetuam, que no estén<br />
regidas por leyes especiales, timbre fiscal de cuatro colones<br />
((4,00).<br />
6) Los asuntos estimables pecuniariamente con una cuantía inferior<br />
a un mil colones no requieren ser tramitados en papel de oficio con<br />
reintegro.<br />
Artículo 250.- Para los memoriales o escritos de toda clase,<br />
dirigidos a las corporaciones, autoridades o funcionarios públicos de<br />
cualquier Poder, categoría o fuero, en materia administrativa, se<br />
utilizara papel de oficio con reintegro de dos colones ((2,00) en<br />
timbre fiscal.<br />
Artículo 251.- Se usará papel de oficio para uso exclusivo de<br />
autoridades:<br />
1) En los negocios civiles en que sea parte el Fisco, en todo lo<br />
que<br />
a su instancia o en su interés se actúe.<br />
2) En todos los casos en que la ley autorice para usarlo y para<br />
proceder de oficio en materia civil.<br />
Artículo 252.- El bastanteo de poderes o mandatos para gestionar,<br />
representar o administrar en nombre ajeno, será extendido en papel de<br />
oficio, reintegrándose el correspondiente timbre fiscal; de tal<br />
manera que el poder alcance hasta la cuantía que corresponde el valor<br />
del timbre, con arreglo a lo que disponen los artículos 240 a 249. Se<br />
observará esta regla, aunque el poderdante haya fijado al mandato una<br />
extensión mayor de la que cabe a la suma reintegrada en timbre<br />
fiscal, o no le haya dado alguna. Los poderes para asuntos que no son<br />
susceptibles de estimación pecuniaria se testimoniarán conforme al<br />
artículo 244 anterior.<br />
Artículo 253.- En los juicios de sucesión o mortuorios, en los de<br />
insolvencia, concurso o quiebra, se usará papel de oficio con el<br />
reintegro de los siguientes valores en timbre fiscal:<br />
1) En asuntos cuya cuantía sea inferior a un mil colones<br />
((1.000,00) no se requerirá reintegro alguno.<br />
2) En asuntos que excedan de un mil colones ((1.000,00) y no<br />
sobrepasen de cinco mil colones ((5.000,00), timbre fiscal de dos<br />
colones (( 2,00).<br />
3) Si la cuantía es mayor de cinco mil colones ((5.000,00) pero no<br />
excede de diez mil colones ((10.000,00), timbre fiscal de cuatro<br />
colones (( 4,00).<br />
4) Si la cuantía supera los diez mil colones ((1.000,00) pero no<br />
sobrepasa los cincuenta mil colones ((50.000,00), timbre fiscal de<br />
seis colones ((6,00).<br />
5) Si la cuantía supera los cincuenta mil colones (( 50.000,00)<br />
pero no sobrepasa de cien mil colones ((100.000,00), timbre fiscal<br />
de ocho colones<br />
(( 8,00)<br />
6) Si la cuantía es superior a cien mil colones ((100.000,00),<br />
timbre fiscal de diez colones ((10,00). En las reivindicaciones,<br />
reclamaciones de acreedores de<br />
la masa o con privilegios, legalizaciones de crédito, incidentes y<br />
juicios incidentales que con motivo de los universales se susciten<br />
por los interesados, se usara el papel de oficio con reintegro que<br />
corresponda según la cuantía de la reclamación que cada uno<br />
entable. Esta misma regla se observará en el uso del papel de<br />
oficio de las tercerías."<br />
CAPÍTULO SEGUNDO<br />
De las modificaciones al Título VII, "Del Timbre", del Código Fiscal<br />
ARTÍCULO 48.- Modificanse los artículos 271, 272, en sus incisos 1) y 5);<br />
273, en sus incisos 1), 12), 13), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22),<br />
23), 24), 25), 27), 28); 286 y 289 del Titulo VII, "Del Timbre", del Código<br />
Fiscal, en la siguiente forma:<br />
"Artículo 271.-Habrá timbres de las denominaciones que determine la<br />
Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, los cuales se<br />
adecuarán a las disposiciones de este Código.<br />
Artículo 272.-El impuesto del timbre será pagado en timbres o<br />
mediante entero a favor del Gobierno de la República, a conveniencia<br />
del contribuyente, y se aplicará sobre:<br />
1) En todo testimonio o certificación de instrumento, o documentos<br />
públicos no sujetos a inscripción en el Registro Nacional.<br />
2) ...<br />
3) ...<br />
4) ...<br />
5) En toda autenticación de firmas que haga cualquier autoridad<br />
judicial o administrativa, se pagará un impuesto de timbre de cien<br />
colones, con excepción de lo dispuesto en el Código Electoral y de<br />
las autenticaciones hechas por abogados o notarios, para efectos<br />
judiciales o administrativos.<br />
Por regla general, esa contribución fiscal de timbre que<br />
grava los documentos se pagará a razón de cuatro por mil, y el<br />
cómputo se hará tomando como base el valor nominal principal o el<br />
precio que el documento determine. El mínimo que se pagará en<br />
cualquier documento será de timbre fiscal de veinte colones. Cuando<br />
las denominaciones aprobadas en el artículo 271 no permitan pagar,<br />
en timbres, la cantidad exacta calculada de acuerdo con lo que se<br />
establece en esta ley, se pagará la cantidad inferior más cercana.<br />
En el artículo siguiente se harán las excepciones.<br />
Artículo 273.- En la aplicación del impuesto de timbre se observarán<br />
las reglas y salvedades siguientes:<br />
1) Por los documentos de actos o contratos cuyo valor sea<br />
indeterminado, o cuya cuantía sea inestimable, se pagará conforme<br />
lo establece el artículo 244.<br />
2) ...<br />
3) ...<br />
4) ...<br />
5) ...<br />
6) ...<br />
7) ...<br />
8) ...<br />
9) ...<br />
10) ...<br />
11) ...<br />
12) Los vales o pagarés satisfarán el impuesto, a razón de cinco<br />
céntimos por cada diez colones o fracción sobre el monto de la<br />
obligación principal. El mínimo que se pagará será de diez colones<br />
((10,00) de timbre.<br />
13) Por letras de cambio y cheques girados sobre plazas extranjeras<br />
se pagarán veinte colones de timbre en cada libranza. Por letras de<br />
cambio y cheques girados en el exterior, sobre plazas en Costa<br />
Rica, se pagarán dos colones de timbre en cada libranza cuando<br />
fueren a la vista. Por letras, pagarés, facturas, que impliquen<br />
créditos girados en el exterior contra entidades en Costa Rica, se<br />
pagarán cinco céntimos por cada diez colones o fracción sobre el de<br />
la obligación principal.<br />
Los timbres deberán adherirse en el momento de la emisión de<br />
las letras o cheques si son girados en Costa Rica, o al de su<br />
presentación para ser pagados o aceptados, si han sido librados en<br />
otro país. Las letras a la vista o a plazo, girados en Costa Rica y<br />
pagaderas en el mismo país satisfarán diez céntimos por cada diez<br />
colones o fracción. El mínimo que se pagará en estos casos será de<br />
diez colones ((10,00) de timbre.<br />
Los cheques que se giren contra cuentas corrientes<br />
establecidas en los bancos del país deberán pagar un impuesto de<br />
treinta céntimos de colón. Este impuesto será cobrado por el Banco<br />
respectivo en el momento de entregar los talonarios. Del monto<br />
recaudado, se girará a la Junta Administrativa del Archivo Nacional<br />
lo indicado en los artículos 7 y 8 de la Ley N°. 5574, en la forma<br />
señalada en esa ley.<br />
Todos los pagarés o hipotecas deberán anotarse en el<br />
Departamento de Anotación de la Tributación Directa, en las<br />
oficinas regionales o en las delegaciones cantonales. Para los<br />
efectos de este artículo, el interesado presentará el documento<br />
original y una copia.<br />
A ambos documentos se les pondrá el "anotado" y el original<br />
deberá devolverse de inmediato al interesado.<br />
El Departamento de Anotación de la Tributación Directa, con la<br />
copia, deberá llevar, para fines fiscales, un registro de<br />
acreedores de estos documentos.<br />
Para el cálculo del pago del impuesto sobre la renta, y únicamente<br />
para este efecto, se presumirá en estos documentos un interés no<br />
menor del uno por ciento (1%) mensual. Los documentos indicados<br />
deberán anotarse dentro de un término no mayor de tres meses<br />
después de su expedición.<br />
El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo dejará sin<br />
efecto el carácter de título ejecutivo de estos documentos, salvo<br />
en lo que se refiere a hipotecas. Se exceptúan de esa disposición<br />
los documentos que suscriban las instituciones estatales, el Banco<br />
Popular y de Desarrollo Comunal y las cooperativas de ahorro y<br />
préstamo.<br />
14) .<br />
15) Por pasaportes y salvoconductos de cualquier índole, que se<br />
expidan o visen a ciudadanos costarricenses y a visitantes<br />
extranjeros, se pagarán mil colones<br />
((1.000,00) de timbres. Por las visas de salida a cualquier parte<br />
del exterior del país se pagarán quinientos colones ((500,00). Los<br />
trabajadores agrícolas que hayan ingresado al país, en razón de su<br />
empleo, pagarán cinco colonos (( 5,00) de timbre.<br />
Por cédulas de residencia que se expidan deberán cancelarse<br />
mil colones ((1.000,00) de timbre fiscal. Los derechos de<br />
residencia correspondientes se pagarán de conformidad con la Ley N°<br />
37 del 7 de junio de 1940 y sus reformas.<br />
16) Por todo aviso, anuncio o edicto en interés particular, que<br />
haya de publicarse en el Diario Oficial y en el Boletín Judicial,<br />
se pagarán diez colones en timbre fiscal.<br />
17) Por documentos de toda acción en sociedades, compañías,<br />
empresas o establecimientos mercantiles o de carácter civil, se<br />
pagará el timbre de diez céntimos por cada diez colones o fracción<br />
que la acción represente. El mínimo que se pagará de timbre fiscal<br />
en este rubro es de veinte colones (( 20,00).<br />
18) Por cada patente de establecimiento de comercio se pagará cien<br />
colones<br />
(( 100,00) de timbres fiscales.<br />
19) Por toda primera certificación de una matrícula o inscripción<br />
de embarcaciones destinadas al cabotaje en aguas costarricenses, se<br />
pagará el timbre a razón de diez colones por tonelada de registro o<br />
fracción.<br />
20) Por toda certificación o constancia extendida por la autoridad<br />
judicial competente de pensiones alimenticias, para efectos de<br />
salida del país, se pagarán cien colones (( 100,00) en timbre<br />
fiscal.<br />
21) Por toda certificación o copia autorizada de piezas de<br />
expedientes, o de actas o asientos de libros, apud acta o extendida<br />
por separado, a solicitud particular, o en virtud de mandamiento o<br />
resolución judicial, se pagarán cinco colones ((5,00) de timbre por<br />
la primera hoja o fracción y dos colones (( 2,00) por cada hoja o<br />
fracción de hoja adicional. Por las certificaciones que extiendan<br />
los registros públicos se pagarán diez colones<br />
(( 10,00) de timbre fiscal por asiento, lo mismo que cuando no<br />
aparezca asiento inscrito. Las certificaciones en materia penal,<br />
las expedidas para efectos o fines<br />
electorales, para efectos de pensión, y las extendidas de oficio<br />
para intereses o servicios públicos, están exentas del impuesto del<br />
timbre.<br />
22) Por patentes de privilegios exclusivos se pagarán timbres de<br />
doscientos cincuenta colones ((250,00). Por cada ejemplar de modelo<br />
de marca de fabrica o de comercio se pagara de timbre fiscal cien<br />
colones (( 100,00). Por toda inscripción o certificación de<br />
inscripciones, traspaso, cancelación o enmienda y otros, de marca<br />
inscritas en el Registro Nacional, se pagarán cien colonos<br />
(( 100,00) de timbres fiscales.<br />
23) Por títulos universitarios o profesionales que se ostenten o<br />
hagan valer en Costa Rica, se pagarán cien colonos (( 100,00) de<br />
timbre fiscal.<br />
24) Por cada libro de contabilidad mercantil se pagarán cien<br />
colonos ((100,00) de timbre fiscal. El timbre se agregará al pie de<br />
la razón que debe poner la Dirección General de la Tributación<br />
Directa, y será cancelado por dicha oficina.<br />
25) Por las ejecutorias no inscribibles en el Registro Nacional se<br />
pagarán timbres así: diez colonos ((10,00) las sentencias dictadas<br />
en negocios de cuantía inestimable; en las demás el impuesto tendrá<br />
como base la estimación de la cuantía del juicio.<br />
26) ...<br />
27) Además, estarán exentos del impuesto de timbre: la revocación<br />
de poderes; los exhortos y mandamientos en lo judicial; los<br />
testimonios de escrituras complementarias o adicionales, que no<br />
aumenten la cuantía ni modifiquen sustancialmente el contenido del<br />
contrato principal; toda garantía-caución, hipoteca, prenda o<br />
fianza, si se otorga en el mismo documento en que consta la<br />
obligación que se garantiza; las pólizas de compañías nacionales de<br />
seguros de<br />
vida; y las cancelaciones o pagos, que se hagan constar en el mismo<br />
documento de la obligación principal o en otro documento, en que el<br />
mismo deudor contraiga nueva obligación.<br />
Todo otro documento en que especialmente se haga constar<br />
cancelación, satisfará el impuesto general de cinco céntimos de<br />
timbre por cada diez colones fracción. Lo anterior, tratándose de<br />
documentos no inscribibles en el Registro de la Propiedad, pues en<br />
cuanto a lo inscribible, se estará a lo dispuesto en la ley<br />
respectiva. Por los endosos, modificaciones y prórrogas por el<br />
total o saldo, en su caso, que se practiquen en el Registro General<br />
de Prendas, se pagará el timbre de acuerdo con la siguiente tabla:<br />
De (1 a (1.000 (2,00<br />
De (1.001 a5.000 (4,00<br />
De (5.001 a 10.000 (10,00<br />
De (10.001 a 20.000 (20,00<br />
De (20.001 a 50.000 (40,00<br />
De (50.001 en adelante (40,00<br />
mas un colón ((1,00) por cada millar o fracción.<br />
28) Por todo documento que deba ser inscrito en el Registro de<br />
Importaciones del Banco Central, se pagarán veinte colones ((20,00)<br />
de timbre fiscal."<br />
"Artículo 286.- No se admitirá ni se recibirá en las oficinas<br />
públicas ningún documento que, debiendo haber pagado timbre, sea<br />
presentado sin el en todo o en parte. El documento en que no se haya<br />
satisfecho ese impuesto del todo, o que no esté completo, o no haya<br />
sido cancelado conforme a las reglas del artículo 285, será inútil e<br />
ineficaz para apoyar en él acción o derecho alguno, mientras no se<br />
pague la multa que se dirá, y los tribunales y funcionarios de la<br />
Administración Pública lo declararán así de oficio.<br />
Sin embargo, tales documentos surtirán efecto legal, si el<br />
interesado agrega los timbres en cantidad de diez veces la que<br />
correspondía, cuando nada se hubiere pagado o estuvieren los timbres<br />
sin cancelar o mal cancelados; y diez veces la cantidad que hubiere<br />
dejado de pagarse si el timbre estuviere incompleto.<br />
Los instrumentos y documentos sujetos a inscripción en el<br />
Registro Nacional quedan excluidos del pago de la multa en<br />
referencia. El Registro no inscribirá documento alguno sujeto al pago<br />
del timbre fiscal que no lo haya satisfecho debidamente."<br />
"Artículo 289.- Los notarios y demás funcionarios públicos o<br />
particulares, que expidieren, libraren o autorizaren testimonios,<br />
certificaciones u otros documentos sujetos al impuesto de timbre, en<br />
que se deje de pagar ese impuesto, o que les reconocieren eficacia<br />
legal sin tenerla, o que de cualquier otra manera infringieren las<br />
disposiciones de este Título, incurrirán en cada caso en una multa a<br />
favor del Tesoro Nacional, equivalente a diez veces el impuesto no<br />
cancelado."<br />
CAPÍTULO TERCERO<br />
De las modificaciones a la Ley Orgánica del Notariado<br />
ARTÍCULO 49.- Derogado por el artículo 190, inciso b), del Código Notarial,<br />
No.7764 del 17 de abril de 1998.<br />
TÍTULO SEXTO<br />
DE LA PROTECCIÓN A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS<br />
PÚBLICOS Y A DEUDORES<br />
CAPÍTULO ÚNICO<br />
ARTÍCULO 50.- Las tarifas por cualquier clase de servicios públicos que<br />
presten las instituciones que deban realizar contribuciones extraordinarias<br />
al Gobierno Central, de conformidad con el anexo de esta ley, no podrán<br />
sufrir aumento alguno por razón de ese<br />
concepto a partir de la fecha de esta ley, y en los aumentos posteriores a<br />
esta fecha no podrán resarcirse las sumas que transfieran al Gobierno<br />
Central durante 1984. Tampoco podrán aumentarse durante 1984 las primas de<br />
los seguros de cosechas y de vehículos que cobra el Instituto Nacional de<br />
Seguros. Esta prohibición se aplicará también a los aumentos en las tasas<br />
de interés que las instituciones públicas cobren sobre sus operaciones<br />
financieras, si estas fueran para financiar las contribuciones de esos<br />
organismos al Gobierno de la República.<br />
ARTÍCULO 51.- Las instituciones del Estado, incluidos los bancos de éste,<br />
el Instituto Nacional de Seguros y el Banco Popular, que hayan otorgado<br />
créditos para la construcción y adquisición de casa y lotes destinados a<br />
habitación familiar, cobraran las cuotas que tengan atrasadas los deudores<br />
a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, después de concluido el<br />
plazo total original, en cuotas iguales a la forma de pago inicial, sin más<br />
recargos que los que correspondan a intereses moratorios causados hasta la<br />
entrada en vigencia de esta ley, más las costas personales y procesales de<br />
las acciones de cobro judicial que hayan sido notificados a los deudores.<br />
Las instituciones comprendidas en esta disposición desistirán, sin<br />
responsabilidad de su parte, de toda acción de cobro judicial sobre los<br />
créditos comprendidos en este artículo.<br />
(Prorrogados sus efectos hasta el 1 de abril de 1986, por el artículo 69 de<br />
la Ley<br />
No. 7015, del 22 de noviembre de 1985.)<br />
TÍTULO SÉTIMO<br />
DISPOSICIONES GENERALES<br />
CAPÍTULO UNICO<br />
ARTÍCULO 52.- A efecto de que la Tesorería Nacional pueda ajustar las<br />
disponibilidades de recursos a los compromisos de pago, surgidos de la<br />
ejecución del presupuesto, los funcionarios responsables de la preparación<br />
y ejecución presupuestaria a que se refiere el artículo 63 de la Ley de la<br />
Administración Financiera de la República, deberán llenar, en los primeros<br />
treinta días de cada año, los cronogramas de ejecución financiera y<br />
presupuestaria que para tal efecto distribuirá la Tesorería Nacional.<br />
ARTÍCULO 53.- La Refinadora Costarricense de Petróleo, S. A., enterará a<br />
favor de la Tesorería Nacional los montos que ingresen por todos los<br />
impuestos, en los que actúe como agente recaudador del Gobierno de la<br />
República, a más tardar diez días hábiles después del día en el que haya<br />
recibido el pago. La Contraloría General de la República y la Autoridad<br />
Presupuestaría no aprobarán el presupuesto, ni sus modificaciones, de la<br />
citada empresa, si no demuestra con una certificación del Director General<br />
de la Tributación Directa, que está al día en el cumplimiento de que aquí<br />
se establece.<br />
Se considera falta grave, por parte del funcionario competente, el<br />
incumplimiento de lo establecido en el presente artículo. Igual<br />
responsabilidad les incumbirá a los gerentes, administradores, directores,<br />
presidentes ejecutivos y juntas directivas de la respectiva institución.<br />
ARTÍCULO 54.- Refórmase el artículo 23 de la Ley No. 6890 del 14 de<br />
setiembre de 1983, para que diga así:<br />
"Artículo 23.- Autorízase al Banco Central de Costa Rica a girar<br />
durante 1983, 1984, 1985 y 1986 el producto de las sobretasas<br />
temporales a las importaciones, a las instituciones y programas que a<br />
continuación se enumeran, según los montos o porcentajes que se<br />
indican: 1983.<br />
1) Instituto de Fomento y Asesoría Municipal: ciento veinticinco<br />
millones de colones<br />
((125.000.000,00), para transferencias a las municipalidades, a fin de<br />
que cubran faltantes presupuestarios correspondientes a salarios y<br />
cargas sociales, para enjugar los déficit presupuestarios de ejercicios<br />
anteriores, para la atención de sus deudas, para la ejecución de obras<br />
y como recurso de contrapartida para el financiamiento de obras y<br />
servicios. Para la utilización de estos recursos no serán aplicables a<br />
las municipalidades los artículos 121, 122, y 123 del Código Municipal.<br />
2) Instituto Mixto de Ayuda Social: diecisiete por ciento (17%). El<br />
treinta por ciento de esos recursos se destinará exclusivamente al<br />
desarrollo del proyecto denominado Los Cuadros y de los proyectos de<br />
los Diques de Cartago.<br />
(Así reformado este inciso por el artículo No. 140 de la Ley No.6995,<br />
del 22 de julio de 1985.)<br />
3) Instituto Agrario: setenta y cinco millones de colones<br />
(( 75.000.000,00), para asentamientos campesinos.<br />
4) Instituto Nacional de Fomento Cooperativo: doce por ciento (12%).<br />
El INFOCOOP destinará los recursos que le correspondan de conformidad<br />
con lo que establece esta ley para los años 1983 y 1984.<br />
Así mismo, el Instituto asignará un mínimo del treinta por ciento de<br />
los ingresos producto de esta ley a la promoción y financiamiento de<br />
programas cooperativos de vivienda, especialmente para grupos<br />
marginados.<br />
(Así reformado este inciso por el artículo No. 140 de la Ley No.6995<br />
del 22 de julio de 1985.)<br />
5) Instituto Nacional de Fomento Cooperativo: cuarenta y cinco millones<br />
de colones<br />
((45.000.000.00), destinados al financiamiento del movimiento<br />
cooperativo, especialmente cooperativas estudiantiles y juveniles y<br />
cooperativas de cogestión y autogestión. Del rendimiento financiero de<br />
estos recursos se destinará un veinticinco por ciento como aporte al<br />
sostenimiento del programa de cooperativas juveniles y estudiantiles,<br />
de conformidad con el decreto ejecutivo No.13924-E. El INFOCOOP<br />
aportará adicionalmente una suma de cinco millones de colones ((<br />
5.000.000,00) al mismo programa para sus gastos generales, a través del<br />
Comité Interinstitucional que<br />
se establece en el mismo decreto. El INFOCOOP destinará cinco millones<br />
de colones (( 5.000.000,00) al Consejo Nacional de Cooperativas para<br />
programas cooperativos; aportará cinco millones de colones<br />
((5.000.000,00) a La Unión Regional de Cooperativas de la Provincia de<br />
Cartago, para programas de comercialización de productos perecederos y<br />
cinco millones de colones (( 5.000.000,00) a la Comisión Nacional de<br />
Cooperativas de Autogestión.<br />
6) Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: cinco por ciento (5%),<br />
para el programa de subsidio a desocupados. Este Ministerio girará a<br />
la Dirección General de Bibliotecas del Ministerio de Cultura, Juventud<br />
y Deportes, la suma de (5.500.000,00 para la construcción de la<br />
Biblioteca Joaquín García Monge de Desamparados, (2.500.000,00 para la<br />
Biblioteca de Heredia, (2.500.000,00 para la de Limón.<br />
(Así reformado este inciso por el artículo No. 140 de la Ley No.6995<br />
del 22 de julio de 1985..<br />
7) Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados: veinticinco<br />
millones de colones (( 25.000.000,00) para dotar de agua los proyectos<br />
mencionados en esta ley.<br />
8) Centro de Promoción para las Exportaciones y las Inversiones:<br />
treinta y cinco millones de colones ((35.000.000,00) para el desarrollo<br />
de sus programas.<br />
Los saldos no cubiertos durante 1983 lo serán en el año 1984.<br />
Durante 1984, para los mismos fines y con las mismas prioridades, se<br />
destinará a las siguientes instituciones los porcentajes que se<br />
indican:<br />
1) Instituto de Fomento y Asesoría Municipal: ocho por ciento (8%).<br />
2) Instituto Mixto de Ayuda Social: siete por ciento (7%).<br />
3) Instituto de Desarrollo Agrario: cinco por ciento (5%).<br />
4) Instituto Nacional de Fomento Cooperativo: cuatro por ciento (4%).<br />
El INFOCOOP destinará los recursos que le correspondan de<br />
conformidad con lo que establece el numeral 5) anterior correspondiente<br />
al año 1983.<br />
5) Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo: ocho por ciento (8%).<br />
6) Instituto Nacional de Aprendizaje: uno por ciento (1%), para la<br />
construcción de talleres públicos y programas de preparación de mano de<br />
obra.<br />
7) Instituto costarricense de Acueductos y Alcantarillados: dos por<br />
ciento (2%).<br />
8) Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad: dos por ciento<br />
(2%), para programas productivos y de desarrollo comunal.<br />
9) Centro de Promoción para las Exportaciones y las Inversiones: cuatro<br />
por ciento (4%), el cual no podrá exceder de treinta y cinco millones.<br />
(Así reformado por el artículo 32 de la ley No. 6962 de 26 de julio<br />
de1984)<br />
10) Comisión Nacional de Emergencia: cuatro por ciento (4%), para el<br />
cumplimiento de los fines que establece la Ley Nacional de Emergencia,<br />
número 4374 del 14 de agosto de 1969 y sus reformas.<br />
El 55% restante se girara a la caja única del Estado.<br />
(Así reformado por el artículo 32 de la Ley No. 6962, del 26 de julio<br />
de 1984)<br />
Durante los años 1985 y 1986, los montos se girarán de acuerdo con el<br />
total recaudado en virtud de las sobretasas temporales a la importación,<br />
menos el monto que deba girarse al Gobierno Central, de conformidad con los<br />
porcentajes siguientes:<br />
1) Instituto de Fomento y Asesoría Municipal: cinco por ciento (5%).<br />
2) Instituto Mixto de Ayuda Social: Diecisiete por ciento (17%). El<br />
treinta por ciento de esos recursos de destinará exclusivamente al<br />
desarrollo del proyecto denominado Los Cuadros y de los proyectos de<br />
Los Diques de Cartago.<br />
(Así reformado por el artículo 140 de la Ley No. 6995 del 22 de julio<br />
de 1985.)<br />
3) Instituto de Desarrollo Agrario: cuatro por ciento (4%).<br />
4) Instituto Nacional de Fomento Cooperativo: doce por ciento (12%).<br />
El INFOCOOP destinará los recursos que le correspondan de<br />
conformidad con lo que establece esta ley para los años 1983 y 1984.<br />
Asimismo, el Instituto asignará un mínimo del treinta por ciento<br />
de los ingresos producto de esta ley a la promoción y financiamiento de<br />
programas cooperativos de vivienda, especialmente para grupos<br />
marginados.<br />
(Así reformado por el artículo 140 de la Ley No. 6995 del 22 de julio<br />
de 1985.)<br />
5) Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo: nueve por ciento (9%).<br />
6) Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cinco por ciento (5%),<br />
para el programa de subsidio a desocupados. El Ministerio girará a la<br />
Dirección General de Bibliotecas del Ministerio de Cultura, Juventud y<br />
Deportes, la suma de<br />
( 5.500.000,00 para la construcción de la Biblioteca Joaquín García<br />
Monge de Desamparados, ( 2.500.000.00 para la Asociación Integral de<br />
Desarrollo de Barrio Corazón de Jesús de Heredia, para compra de<br />
mobiliario, equipo y libros de la<br />
Biblioteca Pública de Heredia, ( 2.500.000.00 para la Biblioteca de<br />
Limón.<br />
(Así reformado por el inciso 33 del artículo 14 de la Ley No. 7018 del<br />
20 de diciembre de 1985.)<br />
7) Instituto Nacional de Aprendizaje: dos por ciento (2%).<br />
8) Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados: tres por<br />
ciento (3%).<br />
9) Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad: dos por ciento<br />
(2%).<br />
10) Centro de Promoción para las Exportaciones y las Inversiones:<br />
cuatro por ciento (4%).<br />
11) DEROGADO por el artículo 140 de la Ley No. 6995 del 22 de julio de<br />
1985.)<br />
Salvo aquellos casos en que se establezca un destino diferente, los<br />
recursos anteriores se utilizarán para los mismos fines y con las mismas<br />
prioridades que en el año 1983.<br />
El treinta y siete por ciento restante se girará a la caja única del<br />
Estado.<br />
Ninguna de las instituciones, con excepción de las municipalidades y del<br />
Centro de Promoción para las Exportaciones y las Inversiones, podrá<br />
utilizar estos fondos para el pago de funcionarios, cargas sociales,<br />
aumentos de salarios, ni para gastos no indicados expresamente en este<br />
artículo, y en ningún caso podrán ser utilizados para la creación de nuevas<br />
plazas.<br />
Las instituciones y programas citados en este artículo canalizarán tales<br />
recursos prioritariamente a través de organizaciones cooperativas,<br />
comunales y otras similares. Previamente a la utilización de tales fondos,<br />
las instituciones que los reciban deberán presentar un presupuesto<br />
detallado de gastos a la Contraloría General de la República, el cual<br />
deberá resolverse en un plazo no mayor de quince días naturales.<br />
La Contraloría incorporará un informe de estos presupuestos en su<br />
memoria anual. Las respectivas instituciones reglamentarán lo necesario<br />
para establecer un trabajo comunal adecuado, como contrapartida de los<br />
subsidios anteriores.<br />
El Banco Central de Costa Rica girará bimestralmente los montos que<br />
correspondan a cada institución o programa y al Gobierno Central, de<br />
conformidad con los porcentajes especificados.<br />
(DEROGADO su párrafo sétimo por el artículo 140 de la Ley No. 6995 del 22<br />
de julio de 1985.)<br />
A más tardar el 30 de junio de 1984, el Poder Ejecutivo deberá rendir<br />
a la Asamblea Legislativa un informe detallado de la marcha del plan de<br />
compensación social, y presentará, junto con ese informe, un proyecto de<br />
desarrollo social integral del país, con propuestas en los campos jurídico,<br />
social, económico e institucional, a fin de ponerlo en ejecución.<br />
En caso de que las instituciones y programas enumerados anteriormente no<br />
programen parte de los recursos que les corresponden, tales montos se<br />
girarán a la Comisión Nacional de Emergencia, la cual los programará de<br />
conformidad con los lineamientos establecidos en este artículo. El<br />
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo traspasará al Instituto Mixto de<br />
Ayuda Social la finca de su propiedad denominada Los Cuadros, sita en el<br />
cantón de Goicoechea. El traspaso se hará por la Notaría del Estado, libre<br />
de todo gravamen, derechos de registro, especies fiscales y honorarios de<br />
notario. El valor de la finca, de acuerdo con el<br />
avalúo de la Dirección General de la Tributación Directa, se cancelará de<br />
la suma asignada en el punto 6) al Instituto Nacional de Vivienda y<br />
Urbanismo.<br />
Se autoriza a las instituciones del Estado para comprar, en forma<br />
directa, tierras para los fines indicados en este artículo, previo avalúo<br />
de la Dirección General de la Tributación Directa, por un precio no mayor a<br />
éste.<br />
Se declara actividad ordinaria del Instituto Mixto de Ayuda Social, la<br />
construcción de vivienda y la adquisición de bienes y servicios para ese<br />
fin, con el objetivo de solucionar los problemas habitacionales de la clase<br />
marginada del país."<br />
ARTÍCULO 55.- Se autoriza a la Corporación Costarricense de Desarrollo, S.<br />
A., para que pueda vender las acciones de sus empresas, previo acuerdo, en<br />
cada caso, del Consejo de Gobierno, en la forma y condiciones que el mismo<br />
establezca, para lo cual se ajustará a las<br />
estipulaciones siguientes:<br />
a) CODESA podrá vender la totalidad de sus acciones en empresas<br />
creadas por escritura pública, salvo lo que se establece en los<br />
incisos h) y l).<br />
b) La Contraloría General de la República rendirá a la Asamblea<br />
Legislativa un informe sobre la venta de cada empresa, a más tardar<br />
treinta días después de realizada la misma.<br />
c) La venta de cualesquiera acciones a que se refiere este artículo<br />
se hará mediante licitación pública, salvo lo que se establece en el<br />
inciso l), y el cartel respectivo deberá ser aprobado previamente por<br />
la Contraloría General de la República dentro de un plazo de quince<br />
días.<br />
ch) Derogado por el artículo 6 de la Ley No 7330 del 17 de marzo de<br />
1993.<br />
d) Las apelaciones de las adjudicaciones se harán ante la Contraloría<br />
General de la República, de conformidad con lo establecido en la Ley<br />
de la Administración Financiera de la República y en el Reglamento de<br />
la Contratación Administrativa. La Contraloría deberá resolver la<br />
apelación en un plazo no mayor de dos meses.<br />
e) Derogado por el artículo 6 de la ley No. 7330 del 17 de marzo de<br />
1993.<br />
f) Los ingresos que CODESA reciba, como producto de la venta de las<br />
acciones de sus empresas, se destinarán, en su totalidad, al pago de<br />
sus obligaciones con el Banco Central de Costa Rica.<br />
(Así reformado por el artículo 1 de la ley No 7330 del 17 de marzo de<br />
1993.<br />
g) Las acciones pertenecientes al Estado, en las empresas<br />
Fertilizantes de Centroamerica S.A. (FERTICA) y Cementos del Pacifico<br />
S.A. (CEMPASA),se venderán de conformidad con las siguientes normas:<br />
i) En la primera licitación que se realice después de la<br />
publicación de esta Ley, las acciones de CEMPASA y de FERTICA se<br />
ofrecerán separadamente. Las acciones de CEMPASA, por un precio<br />
igual al cincuenta por ciento del avalúo No. 94-90 del 12 de julio<br />
de 1990, efectuado por la Contraloría General de la República y las<br />
acciones de FERTICA, por un precio igual al veinticinco por<br />
ciento del avalúo No. 20.486 del 21 de noviembre de 1986, realizado<br />
por la Contraloría General de la República.<br />
ii) Para el remanente de las acciones no vendidas, se efectuará<br />
otra licitación: en el caso de CEMPASA, por un precio que no podrá<br />
ser inferior al cuarenta por ciento del citado avalúo y en el de<br />
FERTICA, por un precio que no podrá ser inferior al quince por<br />
ciento del citado avalúo. El precio en esta etapa, que en ningún<br />
caso podrá ser superior al de la primera licitación, lo determinará<br />
el Poder Ejecutivo con base en estudios técnicos y financieros, de<br />
conformidad con lo que disponga el Reglamento de la presente ley.<br />
iii) El precio de venta de las acciones, en cada licitación, será<br />
fijo e igual para todos los adjudicatarios, aun en el caso de que<br />
alguien ofrezca una suma mayor.<br />
iv) Las acciones no adjudicadas podrán ser adquiridas, a igual<br />
precio, por los mismos oferentes que están legitimados y que tengan<br />
interés en aumentar su<br />
participación, en proporción con las acciones primeramente<br />
adjudicadas, para lo cual no regirán las limitaciones porcentuales<br />
del grupo, excepto las establecidas en el inciso j.<br />
v) Las organizaciones sociales de la zona donde se encuentran<br />
ubicadas las plantas principales tendrán, en igualdad de<br />
condiciones, preferencia sobre los demás oferentes para adquirir el<br />
porcentaje de acciones asignado a ellas.<br />
vi) Si quedare algún remanente de acciones de CEMPASA y de FERTICA,<br />
el Poder Ejecutivo está facultado para vender su totalidad al<br />
"Fondo en Fideicomiso Proyecto CODESA", creado para ayudar a esta<br />
corporación en la venta de sus empresas, sin fines de lucro, y que<br />
administra, como fiduciaria, la sociedad de esta plaza denominada<br />
"Fiduciaria de Inversiones Transitorias S.A." (FINTRA), inscrita en<br />
la Sección Mercantil del Registro Público, tomo 405, folio 255,<br />
asiento 239, cédula de persona jurídica número 3-101-072415-16. En<br />
esta etapa, el precio de las acciones de CEMPASA no podrá ser<br />
inferior al treinta por ciento ni superior al cuarenta por ciento<br />
del citado avalúo, mientras que el precio de las acciones de<br />
FERTICA no podrá ser inferior al diez por ciento ni superior al<br />
quince por ciento del citado avalúo. FINTRA estará obligada a<br />
vender todas las acciones que adquiera, a los grupos citados en el<br />
inciso k) de este artículo, según los porcentajes indicados en él.<br />
Asimismo, FINTRA no podrá vender las acciones a un precio superior<br />
al costo de su adquisición. Cuando en algún grupo no se presenten<br />
suficientes interesados, las acciones no deseadas se distribuirán<br />
entre los otros grupos.<br />
Si en el plazo de dieciocho meses, a partir de la adquisición de<br />
las acciones, por parte de FINTRA, no se concreta la totalidad de<br />
su venta, de acuerdo con las reglas aquí establecidas, tales<br />
acciones podrán venderse sin sujeción a los límites porcentuales o<br />
grupales, en una bolsa de valores, al mejor postor y sin ninguna<br />
limitación, salvo las que se indican en el inciso j.<br />
(Así reformado por el artículo 1 de la Ley No. 7330 del 17 de marzo de<br />
1993.)<br />
h) Ninguna de las empresas que desarrolle cualquiera de las<br />
actividades especificadas en el artículo 121, inciso 14), de la<br />
Constitución Política podrá ser enajenada en ningún porcentaje.<br />
i) El Sistema Bancario Nacional podrá financiar la adquisición de<br />
acciones en las empresas de la Corporación Costarricense de<br />
Desarrollo, S. A., a pequeños inversionistas nacionales y a las<br />
organizaciones sociales de los trabajadores.<br />
j) Los pequeños inversionistas, los productores agrícolas y pecuarios<br />
y los trabajadores de CEMPASA y de FERTICA no podrán, a título<br />
individual, adquirir ni poseer, por sí o por interpósita persona, más<br />
del cuarto del uno por ciento (0,25%) del capital accionario, para lo<br />
cual se aplicarán las disposiciones cualitativas contenidas en el<br />
artículo 128 y las normas conexas de la Ley Reguladora del Mercado de<br />
Valores y Reformas al Código de Comercio, No. 7201 del 10 de octubre<br />
de 1990.<br />
(Así reformado por el artículo 1 de la ley No 7330 del 17 de marzo de<br />
1993)<br />
k) Las acciones de CEMPASA y de FERTICA se venderán, de forma<br />
separada, únicamente a los siguientes grupos nacionales, de acuerdo<br />
con estos porcentajes:<br />
1.- El 30% a las asociaciones de trabajadores de CEMPASA y de<br />
FERTICA y a los trabajadores de CEMPASA y de FERTICA.<br />
2.- El 9% a los sindicatos.<br />
3.- El 8% a las cooperativas.<br />
4.- El 8% a las asociaciones integrales de desarrollo comunal.<br />
5.- El 9% a las asociaciones solidaristas.<br />
6.- El 8% a las asociaciones y miembros de asociaciones de pequeños<br />
productores agrícolas y pecuarios.<br />
7.- El 8% a las cámaras.<br />
8.- El 20% a los pequeños inversionistas.<br />
(Así reformado por el artículo 1 de la Ley No. 7330 del 17 de marzo de<br />
1993)<br />
ARTÍCULO 56.- Se autoriza al Banco Central de Costa Rica para que conceda<br />
financiamiento a los intereses corrientes que la Corporación Costarricense<br />
de Desarrollo,<br />
S. A., debe pagarle durante 1984, por concepto de préstamos otorgados antes<br />
del 1 de enero de 1984. Este financiamiento tendrá las siguientes<br />
características:<br />
1) A los créditos que se otorguen para financiar los intereses sobre<br />
préstamos concedidos a CODESA con recursos externos, se les aplicará<br />
una tasa de interés igual al promedio ponderado de la otorgada en el<br />
principal, a ocho años con tres años de gracia.<br />
2) A los créditos que se otorguen para financiar los intereses de los<br />
préstamos concedidos en recursos internos, se les aplicará una tasa<br />
de interés igual al promedio ponderado de la otorgada en el<br />
principal, a veinte años plazo con tres de gracia.<br />
El Banco Central de Costa Rica exigirá las garantías del caso en los<br />
préstamos que aquí se autorizan.<br />
ARTÍCULO 57.- Todas las instituciones y empresas públicas que compren<br />
títulos valores o que realicen cualquier otra operación bursátil, deberán<br />
hacerlo a través del puesto que CODESA tiene en la Bolsa Nacional de<br />
Valores. Se exceptúan de esta disposición los Bancos del Estado.<br />
ARTÍCULO 58.- El personal nombrado para la vigilancia y mantenimiento del<br />
orden público desempeñará, exclusivamente, las funciones propias de su<br />
cargo. A partir de la vigencia de la presente ley, los códigos<br />
presupuestarios de plazas para el servicio de la seguridad y el orden<br />
público, que se encuentren ocupados por servidores que desempeñen otras<br />
funciones, deberán destinarse a acatar lo dispuesto por el párrafo<br />
anterior. La Contraloría General de la República fiscalizará el exacto<br />
cumplimiento de esta norma.<br />
ARTÍCULO 59.- Los servidores públicos mayores de sesenta y cinco años con<br />
las cuotas cubiertas para pensionarse, podrán continuar laborando, cuando<br />
así lo acuerden mutuamente el servidor y el patrono.<br />
ARTÍCULO 60.- La presente ley es de orden público y deroga cualquier otra<br />
ley o decreto, general o especial, que se le oponga.<br />
ARTÍCULO 61.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley a más tardar<br />
treinta días naturales después de su publicación.<br />
ARTÍCULO 62.- Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación, con<br />
excepción de la derogatoria que se establece en el artículo 46 de la misma,<br />
relativa a los incisos 2) de los artículo 246 a 250 y al artículo 253 del<br />
Código Fiscal, que elimina el impuesto fiscal a todo escrito o pedimento<br />
ante los estrados judiciales, cuya vigencia rige a partir del primer día<br />
del mes siguiente a la fecha de publicación del reglamento en el diario<br />
oficial, el cual lo deberá preparar el Poder Ejecutivo por medio del<br />
Ministerio de Hacienda. No obstante, si el<br />
reglamento no se publicara en un plazo máximo de dos meses, entrará en<br />
vigencia a partir del primer día del tercer mes de publicación de esta ley.<br />
TRANSITORIO I.- Únicamente por el año 1984, se fija un límite máximo de<br />
doscientos cincuenta millones de colones para la contribución que del Fondo<br />
de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares se hace al programa no<br />
contributivo de pensiones por monto básico, establecida en el artículo 4 de<br />
la Ley No. 5662 del 23 de diciembre de 1974. La diferencia entre el monto<br />
correspondiente al veinte por ciento del fondo que el artículo 4<br />
anteriormente citado asigna al programa no contributivo de pensiones y los<br />
doscientos cincuenta millones mencionados, se transferirá, por modificación<br />
presupuestaria, al Gobierno de la República.<br />
TRANSITORIO II.- Únicamente por el año 1984, de la totalidad de la<br />
recaudación del impuesto establecido en el artículo 3° de la Ley N°. 6879<br />
del 21 de julio de 1983 y sus reformas, se destinarán, por medio del<br />
presupuesto de la República, trescientos millones de colones para el<br />
programa, de Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de<br />
Atención Integral del Ministerio de Salud. Cualquier exceso en la<br />
recaudación de dicho impuesto, por encima de los trescientos millones de<br />
colones, se destinará a cubrir faltantes en el presupuesto de la República<br />
por concepto de la aplicación de la escala salarial de la Ley N°. 6835.<br />
TRANSITORIO III.- Únicamente para el ejercicio fiscal No. 84 (del 1° de<br />
octubre de 1983 al 30 de setiembre de 1984), se establece una contribución<br />
extraordinaria, a una tasa del quince por ciento (15%), cuya base gravable<br />
será el monto del impuesto sobre la renta que deban pagar los<br />
contribuyentes mencionados en el numeral segundo, en el citado período,<br />
según el artículo 14 de la Ley N°. 837 del 20 de diciembre de 1946 y sus<br />
reformas.<br />
Cuando los contribuyentes mencionados no tengan que pagar impuesto sobre la<br />
renta en el período fiscal N°. 84, por gozar de exención, en virtud de<br />
contratos concedidos con base en el Convenio Centroamericano de Incentivos<br />
Fiscales al Desarrollo Industrial, de acuerdo con la Ley N°. 3142 del 29 de<br />
julio de 1963, o según la Ley Forestal N°. 4465 del 25 de noviembre de<br />
1969, pagarán una contribución especial del tres por ciento (3%) sobre<br />
aquella parte de las utilidades netas exentas del pago del impuesto sobre<br />
la renta.<br />
La contribución extraordinaria deberá liquidarse en un anexo a la<br />
declaración jurada del impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal No. 84,<br />
y deberá pagarse antes del ultimo día hábil del mes de diciembre de 1984.<br />
Esta contribución no será deducible para determinar el impuesto sobre<br />
la renta. Están exentas de la contribución extraordinaria las utilidades<br />
netas obtenidas por la exportación de productos no tradicionales a terceros<br />
países, producidos por el propio contribuyente.<br />
La Dirección General de la Tributación Directa administrará y<br />
fiscalizará la contribución que aquí se establece.<br />
TRANSITORIO IV.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 63 y en el<br />
inciso 2) del artículo 64 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, N°. 837<br />
del 20 de diciembre de 1946 y sus reformas, el veinticinco por ciento (25%)<br />
de la renta disponible de los contribuyentes comprendidos en el inciso 2)<br />
del artículo 14 de la citada ley, debe considerarse acreditado a los<br />
socios, y por tanto dicha renta estará sujeta a la retención respectiva.<br />
Esta disposición regirá para los periodos fiscales de 1984 y 1985.<br />
TRANSITORIO V.- Únicamente para 1984, se varía, en la forma que a<br />
continuación se señala, el destino especifico de los siguientes impuestos:<br />
1) De lo recaudado según las leyes N°. 4760 del 4 de mayo de 1971 y<br />
su reforma y No. 6443 del 23 de junio de 1980, el Instituto Mixto de<br />
Ayuda Social girará a la caja única del Estado un veinte por ciento.<br />
2) De lo recaudado por concepto del Timbre del Registro Nacional,<br />
establecido en la ley N°. 4656 del 31 de octubre de 1970, reformada<br />
por las Leyes Nos. 5695 del 28 de mayo de 1975 y 6575 del 27 de abril<br />
de 1981, el Banco Central de Costa Rica destinará un cincuenta por<br />
ciento (50%) a la caja única del Estado.<br />
3) Modifícase el artículo 9: de la Ley N°. 6914 del 28 de noviembre<br />
de 1983, para que del producto del impuesto general de las ventas,<br />
establecido en la Ley<br />
N° 6826 del 10 de noviembre de 1982, el Banco Central de Costa Rica<br />
gire, en forma directa y trimestral, a la Dirección General de<br />
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, el diecisiete por<br />
ciento (17%), para el fondo creado y administrado según lo indica la<br />
Ley N° 5662 del 23 de diciembre de 1974. Lo recaudado por los tres<br />
puntos porcentuales restantes de los veinte establecidos en la Ley N°<br />
6914 ingresará a la caja única del Estado.<br />
4) De lo recaudado por concepto del impuesto de cero setenta y cinco<br />
por ciento sobre el valor FOB de las exportaciones de café,<br />
establecido en la Ley N°. 3062 del 14 de noviembre de 1962, reformada<br />
por las leyes No 6406 del 8 de diciembre de<br />
1979 y No. 6542 del 16 de diciembre de 1980, la Oficina del Café<br />
girará un veinte por ciento (20%) a la caja única del Estado.<br />
5) Del porcentaje de utilidades netas de los bancos estatales,<br />
asignado al Instituto de Fomento Cooperativo en las Leyes N° 4179 del<br />
2 de agosto de 1968, N° 5185 del 20 de febrero de 1973 y N°. 6756 del<br />
30 de abril de 1982, las citadas instituciones bancarias girarán la<br />
mitad al Gobierno de la República.<br />
6) De lo recaudado por concepto del impuesto a las planillas,<br />
establecido en la Ley No. 6868 del 6 de mayo de 1983, se girará a la<br />
caja única del Estado la suma de ciento veinticinco millones de<br />
colones ((125.000.000,00).<br />
7) De lo recaudado por concepto del impuesto sobre el consumo de<br />
licores nacionales, establecido en la Ley N°. 2940 del 18 de<br />
diciembre de 1961, reformada por las Leyes No 4716 del 9 de febrero<br />
de 1971, N° 6282 del 14 de agosto de 1979 y N° 6820 del 3 de<br />
noviembre de 1982, el Banco Central de Costa Rica girará al Instituto<br />
de Fomento y Asesora Municipal un setenta y cinco por ciento (75%) y<br />
el restante veinticinco por ciento (25%) pasará a la caja única del<br />
Estado.<br />
8) Del Fondo del Plan Nacional de Desarrollo, creado en el artículo<br />
21 de la Ley No. 5525 del 2 de mayo de 1974, el Ministerio de<br />
Planificación Nacional y Política Económica girará a la caja única<br />
del Estado la suma de treinta millones de colones ((30.000.000,00).<br />
9) De lo recaudado por el impuesto a los pasajes internacionales,<br />
establecido en la Ley N° 1917 del 30 de junio de 1955, reformada por<br />
las Leyes N° 2723 del 20 de febrero de 1961 y N° 2763 del 22 de junio<br />
de 1961, el Instituto Costarricense de Turismo girará el cincuenta<br />
por ciento (50%) a la caja única del Estado.<br />
En aquellos casos en los que las instituciones deban girar<br />
directamente a la caja única del Estado las sumas establecidas en los<br />
incisos anteriores, lo harán a más tardar quince días naturales después de<br />
recaudado el impuesto, o en cuotas quincenales iguales, según corresponda.<br />
El incumplimiento de la presente disposición por parte de los<br />
funcionarios responsables de la ejecución de la misma, será causa grave de<br />
despido.<br />
Los ingresos que perciba el Estado por la aplicación de esta<br />
disposición, serán incorporados al Presupuesto Nacional mediante la<br />
correspondiente modificación.<br />
Las modificaciones de destino específico que contempla este<br />
transitorio rigen únicamente para el año 1984.<br />
Las instituciones afectadas por el presente transitorio deberán<br />
presentar ante la Contraloría General de la República, una modificación de<br />
su presupuesto del año 1984, rebajando de sus ingresos el monto que en los<br />
anteriores incisos se destina a la caja única del Estado. Para mantener el<br />
equilibrio presupuestario, dichas instituciones deberán rebajar sus gastos<br />
presupuestados. Estas modificaciones deberán presentarse a la Contraloría<br />
General de la República, a más tardar quince días naturales después de la<br />
fecha de entrada en vigencia de la presente ley.<br />
TRANSITORIO VI.- Las contribuciones que el Gobierno de la República reciba<br />
de las instituciones públicas, según lo establecido en el artículo 31 de la<br />
presente ley, se incorporarán, mediante la correspondiente modificación, al<br />
Presupuesto Nacional de 1984.<br />
Dichas instituciones no podrán acreditar a las contribuciones<br />
especificadas en el anexo a la presente ley, ninguna cantidad que<br />
transfieran o paguen al Gobierno de la República por otros conceptos.<br />
TRANSITORIO VII.- Se modifica la Ley N° 6837 del 22 de diciembre de 1982,<br />
para que el Poder Ejecutivo entregue al Instituto de Desarrollo Agrario,<br />
durante 1984, ciento cincuenta millones de colones en bonos agrarios. Los<br />
restantes cien millones de colones en bonos agrarios de la partida de 1984,<br />
que dicha ley le asignaba a esa institución, los entregará al Poder<br />
Ejecutivo en dos cuotas de cincuenta millones, una durante 1985 y la otra<br />
en 1986.<br />
Se entiende que estas dos cuotas son adicionales a las sumas de<br />
doscientos cincuenta millones de colones que la citada ley asigna para los<br />
años 1985 y 1986.<br />
TRANSITORIO VIII.- Las entidades públicas, incluidas las instituciones<br />
autónomas, semiautónomas y municipalidades, así como las empresas públicas<br />
y sus subsidiarias constituidas como sociedades, y toda aquella institución<br />
pública creada por ley general o especial, no podrá, durante 1984, mantener<br />
saldos en sus cuentas corrientes y depósitos a plazo en los bancos del<br />
sistema bancario nacional, menores a las que tenían al final del año 1983,<br />
si no es con la aprobación por escrito del Ministerio de Hacienda y del<br />
Presidente Ejecutivo del Banco Central de Costa Rica.<br />
TRANSITORIO IX.- En el caso de las plazas del programa 001 del Presupuesto<br />
de la República, el número total de plazas ocupadas durante los años 1984,<br />
1985 y 1986 no podrá ser mayor al número de plazas ocupadas al 30 de junio<br />
de 1984. También se exceptúa del límite que establece el artículo 29 de la<br />
presente ley las plazas nuevas de los programas de salud rural de la Caja<br />
Costarricense de Seguro Social y del Ministerio de Salud, siempre y cuando<br />
estas plazas tengan la aprobación de la Autoridad Presupuestaria. Queda<br />
entendido<br />
que el límite y la fecha que señala el citado artículo se aplicarán durante<br />
1984, 1985 y 1986 al número total de plazas de los otros programas de la<br />
Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Salud.<br />
ANEXO A LA LEY PARA EL EQUILIBRIO FINANCIERO<br />
DEL SECTOR PUBLICO<br />
A continuación se especifican los montos de la contribución<br />
extraordinaria que las instituciones pagarán al Gobierno de la República<br />
durante 1984, de acuerdo con lo que establece el artículo 32 de la Ley N°<br />
6955 para el Equilibrio Financiero del Sector Público.<br />
------------------------------------------------------------------------<br />
Institución Monto de<br />
la contribución<br />
(millones de colones)<br />
------------------------------------------------------------------------<br />
Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico 20 millones<br />
Junta Administrativa Portuaria de la Vertiente Atlántica . 125 millones<br />
Estaciones Experimentales 10 millones<br />
Junta Administrativa de la Imprenta Nacional. 5 millones<br />
Fabrica Nacional de Licores. 15 millones<br />
Junta de Protección Social de San José 55 millones<br />
Consejo Técnico de Aviación Civil 15 millones<br />
Dirección Nacional de Comunicaciones 15 millones<br />
Instituto Costarricense de Electricidad 100 millones<br />
Consejo Nacional de Producción . 150 millones<br />
Refinadora Costarricense de Petróleo 150 millones<br />
Instituto Nacional de Seguros 250 millones<br />
Banco Crédito Agrícola de Cartago 10 millones<br />
Banco de Costa Rica 45 millones<br />
Banco Nacional de Costa Rica 100 millones<br />
Departamento de Ahorro y Préstamo (DECAP) 5 millones<br />
Banco Anglo Costarricense 20 millones<br />
Banco Central de Costa Rica. 85 millones<br />
TOTAL (1.175 millones<br />
TRANSITORIO X.- Los funcionarios públicos que, instados por el Gobierno, se<br />
acogieron, según las disposiciones incluidas en el artículo 25 de esta ley,<br />
al programa de reducción voluntaria del sector público, durante 1995 y<br />
hasta la fecha de vigencia de la presente reforma, y no recibieron el pago<br />
de sus prestaciones legales o los beneficios adicionales ofrecidos por la<br />
Administración y previstos en el artículo 25 aquí reformado, recibirán una<br />
bonificación adicional o indemnización equivalente al monto de los salarios<br />
dejados de percibir, calculados con base en el salario promedio de los<br />
últimos seis (6) meses laborados efectivamente, desde la fecha del cese<br />
efectivo de sus funciones y hasta la fecha en<br />
que el monto por cancelar se encuentre en la Pagaduría Nacional. Para<br />
estos efectos deberá publicarse la lista de pagos disponibles en un medio<br />
de circulación nacional. El Poder Ejecutivo cubrirá el monto<br />
correspondiente a este último extremo, con una factura adicional<br />
que se tramitará de oficio o a solicitud del funcionario público afectado.<br />
El Poder Ejecutivo cancelará todos los extremos laborales, incluidas las<br />
prestaciones legales hasta por un máximo de doce mensualidades, calculadas<br />
sobre el promedio de los últimos seis (6) meses efectivamente laborados y<br />
hasta cuatro (4) meses adicionales como incentivo salarial.<br />
A los funcionarios a quienes, por convención colectiva o por otra<br />
norma con rango de ley, se les reconozca un tope de auxilio de cesantía<br />
superior a los doce (12) años, aparte de su derecho por concepto de auxilio<br />
de cesantía, se les reconocerá, a título de incentivo salarial, el<br />
equivalente a cuatro mensualidades, calculadas sobre el promedio de los<br />
últimos seis (6) meses efectivamente laborados.<br />
El Poder Ejecutivo cancelará el incentivo salarial a que se refieren<br />
los párrafos anteriores, así como las mensualidades correspondientes al<br />
rompimiento del tope de auxilio de cesantía, independientemente de la<br />
institución o empresa pública para la que laboran los funcionarios<br />
comprendidos en este transitorio.<br />
El Poder Ejecutivo asumirá, inclusive, los montos correspondientes a<br />
las prestaciones legales de acuerdo con el artículo 28 del Código de<br />
Trabajo, las convenciones colectivas o las normas con rango de ley, según<br />
sea el caso, a que tengan derecho los funcionarios de las instituciones y<br />
empresas públicas, cuando estas no cuenten con el financiamiento necesario<br />
para enfrentar ese extremo.<br />
(Así adicionado por el artículo 2 de la Ley No.7560 del 9 de noviembre de<br />
1995.)<br />
Comuníquese al Poder Ejecutivo<br />
Asamblea Legislativa.- San José, a los dieciséis días del mes de<br />
febrero de mil novecientos ochenta y cuatro.<br />
Jorge Luis Villanueva Badilla<br />
Presidente<br />
María Lidya Sánchez Valverde<br />
Carlos Ma. Chajud Calvo<br />
Segunda Secretaria<br />
Primer Prosecretario<br />
Presidencia de la República.- San José, a los veinticuatro días del<br />
mes de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro.<br />
Ejecútese y publíquese<br />
Luis Alberto Monge<br />
El Ministro de Hacienda<br />
Federico Vargas Peralta<br />
_________________________________<br />
Actualización: 23-10-2001<br />
Sanción: 24-02-1984<br />
Publicación: 02-03-1984<br />
Rige: 02-03-1984, con excepción de lo dispuesto en su artículo<br />
62.<br />
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