Esta normativa fue derogada por el artículo 38 de la Ley Nº 3355, de<br />
07 de agosto de 1964.<br />
N°. 10<br />
EL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE LA<br />
REPÚBLICA DE COSTA RICA<br />
DECRETA:<br />
Artículo 1°.- La obligación de dar alimentos, establecida en el<br />
Capítulo único, Título VI, Libro Primero del Código Civil, es exigible ante<br />
las autoridades de Policía, por la vía de apremio corporal contra los<br />
remisos, mediando querella del alimentario y con arreglo a las<br />
disposiciones de este decreto.<br />
Artículo 2°.- Se tendrá por justificada la negativa a dar alimentos y<br />
no procederá por consiguiente el apremio corporal para exigirlos, solamente<br />
en los casos que siguen:<br />
a) Cuando quien los reclama no los necesita;<br />
b) En caso de injuria atroz, o de falta o daño graves del<br />
alimentario contra el deudor de alimentos;<br />
c) Cuando el deudor no puede darlos sin desatender sus necesidades<br />
precisas, o sin faltar a la misma obligación de alimentos para con<br />
otras personas, que respecto de él tengan título preferente;<br />
d) Cuando el deudor careciere de recursos propios y además se<br />
hallare enfermo o incapacitado para trabajar;<br />
e) En los casos de adulterio, crueldad, concubinato escandaloso o atentado<br />
contra la vida del deudor, imputables al alimentario,<br />
f) En los casos de abandono voluntario del hogar o de la casa<br />
señalada por el Juez, o de embriaguez habitual o escandalosa,<br />
atribuibles al alimentario.<br />
Si alguna de esas causales se probare, será exculpada y absuelta la<br />
persona contra quien se haya exigido la prestación de alimentos.<br />
Artículo 3°.- El reclamo que se haga por incumplimiento de la deuda<br />
de alimentos, será tramitado conforme a las disposiciones del Capítulo<br />
único, Título II, Libro V del Código de Procedimientos Penales, con las<br />
variantes siguientes:<br />
a) La sentencia que se pronuncie, según el caso, absolverá del<br />
cargo al inculpado o requerirá al obligado para que dentro del término<br />
improrrogable de veinticuatro horas cumpla sus deberes de familia<br />
reclamados; en este caso, la sentencia fijará la cuantía y forma en que<br />
hayan de prestarse los alimentos, debiendo ajustarse el requerimiento a<br />
la resolución judicial en que se apoya, si la hubiere, mas si no la<br />
hubiere, la autoridad de policía hará la fijación prudencialmente;<br />
b) Ambas partes tendrán derecho de apelar del fallo de policía,<br />
dentro de las veinticuatro horas siguientes a su notificación formal;<br />
c) Si el término del requerimiento firme trascurriere y el remiso<br />
continuare inobediente, será librada la orden de apremio, y la persona<br />
contra quien se decrete, lo sufrirá todo el tiempo de su omisión o<br />
renuencia a obedecer la orden de policía que motiva su prisión;<br />
d) Derogado por el artículo único, de la Ley Nº 24, de 1 de junio<br />
de 1940.<br />
e) El perdón del querellante suspende o extingue la<br />
responsabilidad, según se exprese; y<br />
f) Si la sustanciación de la querella tardare más de un mes, y el<br />
reclamante fuere notoriamente desvalido, la autoridad podrá ordenar la<br />
prestación provisional de los alimentos, debiendo apremiar al<br />
pensionario para el inmediato cumplimiento del decreto, sin perjuicio<br />
de lo que en sentencia se resuelva.<br />
Artículo 4°.- Los tribunales comunes y las autoridades de policía,<br />
pueden conocer aun simultáneamente en materia de alimentos, sin que esa<br />
promiscua ingerencia pueda dar lugar a conflicto de decisiones, porque la<br />
compulsión o absolución del tribunal de policía no causa ejecutoria, y<br />
porque en todo caso habrán de prevalecer las resoluciones de los Tribunales<br />
Comunes. La intervención de la policía sólo se establece como medida<br />
complementaria para forzar el cumplimiento de resoluciones, provisionales o<br />
definitivas de los jueces, y a falta de ellas, compeler al cumplimiento de<br />
los derechos de los alimentarios, según los reconozca la autoridad de<br />
policía.<br />
Artículo 5°.- Derógase el artículo 21 de la Ley de 12 de julio de<br />
1867, que legislaba sobre la misma materia.<br />
Transitorio<br />
Las resoluciones dictadas con fundamento en la Ley de 12 de julio de<br />
1867 y que se hallaren en ejecución podrán ser reconsideradas en virtud de<br />
instancia del interesado que propusiere prueba de alguna de las<br />
circunstancias que lo autorizan para rehusar el pago de la pensión.<br />
COMUNÍQUESE AL PODER EJECUTIVO<br />
Dado en el Salón de Sesiones del Congreso.- Palacio Nacional.- San<br />
José, a los cinco días del mes de junio de mil novecientos dieciseis.<br />
MÁXIMO FERNÁNDEZ<br />
Presidente<br />
AD. ACOSTA TOBÍAS GUTIÉRREZ V.<br />
Secretario Secretario<br />
San José, seis de junio de mil novecientos dieciseis.<br />
Ejecútese<br />
ALFREDO GONZÁLEZ<br />
El Secretario de Estado<br />
en el Despacho de Gobernación,<br />
C. GONZÁLES RUCAVADO<br />
Fecha de sanción: 06 de junio de 1916.<br />
Fecha de publicación:<br />
Rige a partir: 16 de junio de 1916.<br />
Fecha de actualización: 18 de agosto de 2000.<br />
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